Ecuador: Crisis Orgánica

 

Por Decio Machado / Semanario La Brecha

El pasado 19 de abril la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento del Ecuador) inauguro el proceso, aun en curso, de recepción de testimonios y pruebas enmarcado en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos.

Dicha Comisión de Fiscalización, compuesta por nueve legisladores, tendrá hasta el próximo 6 de mayo para aprobar su informe, el cual debe recomendar o no que el proceso vaya al pleno de la Asamblea Nacional, donde una mayoría calificada (92 votos de los 137 legisladores que la componen) podría destituir de sus funciones al presidente Lasso.

La iniciativa legislativa, impulsada desde las bancadas correísta y socialcristiana con el apoyo de otras facciones políticas representadas en el parlamento, enfrenta un escenario complejo: no hay mayorías políticas claramente establecidas en el actual legislativo y la debilidad de los argumentos por parte de los promotores del juicio político ha generado que la acusación inicial por peculado en torno a una contratación pública mutara hacía la legitimidad del mecanismo de renovación automática aplicada sobre dicho contrato. Entre tanto, maniobras destinadas a la “compra de voluntades” por parte de operadores políticos gubernamentales restan paulatinamente votos a una mayoría inicial de 104 legisladores que se pronunciaron el pasado 4 de marzo a favor de que tuviera lugar dicho proceso.

Mientras y en paralelo a esta disputa político institucional entre oficialismo y oposición que incendia en estos momentos las redes sociales, una sociedad ecuatoriana cada vez más distanciada del establishment político que dice representarla ve como entre 2021 y 2022 las muertes violentas crecieron un 82% en el país y como este indicador se mantiene espectacularmente al alza durante el año en curso. Tan solo en la ciudad de Guayaquil, cuyo puerto se ha convertido en el principal hub logístico de la región para la cocaína que va a Europa y norte del continente, se registraron más de 800 muertes violentas en lo que va de año, casi el doble de las contabilizadas en este mismo período en 2022.

Incapaz de controlar el avance de las redes delincuenciales y el incremento de la inseguridad ciudadana en el país, cuestión que se tornó de máxima preocupación para la sociedad ecuatoriana, el Gobierno Nacional centra su discurso en haber logrado poner en orden las finanzas públicas y bajo políticas de austeridad haber equilibrado el déficit fiscal. Todo ello, mientras siguen deteriorándose los servicios públicos especialmente en los ámbitos de salud, educación y atención a sectores históricamente olvidados.

Ecuador es uno de los pocos países de la región que aún no recuperó sus indicadores sociales y económicos existentes previos a la pandemia. La carencia de políticas públicas enfocadas a la dinamización del mercado interno hace que no se estén creando fuentes de empleo reales y inversión pública en infraestructuras es prácticamente inexistente, lo que ha derivado en una nueva ola de migración regular e irregular -arriesgando su vida vía selva del Darién- hacia Estados Unidos. Entre 2021 y 2022 más de 189 mil ecuatorianos salieron del país, cifra que supera el saldo migratorio de los últimos doce años en el país.

En estas condiciones y en términos gramscianos, con un Gobierno cuya popularidad apenas alcanza el 16% y una Legislativo con una credibilidad inferior al 6%, Ecuador se encamina de forma acelerada hacia una crisis orgánica donde ya comenzó a reposicionarse en la narrativa popular la vieja consigna “¡Que se vayan todos!”.