El Juicio de la Historia

Decio Machado (Ecuador)

El pasado 14 de febrero, el juez Nicolás Zambrano de la Corte de Nueva Loja, provincia Sucumbíos (Ecuador), dictaminó que la transnacional norteamericana Chevron, adquirente de las acciones de Texaco en 2001, es culpable de la contaminación que provocó en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.

Texaco explotó durante esos años una concesión de un millón de hectáreas en zona selvática, ocasionando un desastre ecológico considerado por muchos expertos como 10 veces superior al derrame ocasionado por la BP en el Golfo de México en abril del año pasado.

El Juez dictaminó que la petrolera debe pagar 8.646 millones de dólares por los daños causados y adicionalmente el 10 por ciento que impone la Ley de Gestión Ambiental, lo cual eleva la multa a 9.150 millones de dólares.

En su vertiente moral, la sentencia señala que Chevron-Texaco "debe pedir disculpas públicas" a las víctimas por el crimen cometido, debiendo pagar el doble en caso de que se niegue a hacerlo. “Esta es una oportunidad para la empresa de reconocer su culpa, y de no hacerlo, demostraría que lo hizo intencionalmente”, indica el fallo.

En la sentencia, queda demostrada la presencia de sustancias contaminantes en la zona, siendo estas "las causantes de los daños reportados al ecosistema y a la salud de las personas".

En este sentido, hay que recordar que Texaco operó sobre 356 pozos de petróleo en la zona, construyendo fosas que utilizó como “piscinas” sin revestimiento y al aire libre, para depositar los desechos tóxicos. La compañía norteamericana explotó también 22 estaciones de producción donde el petróleo y el agua de producción fueron vertidos directamente en arroyos, ríos y pantanos cercanos sin tratamiento previo. Pobladores de la zona denuncian a DIAGONAL que “Texaco vertió al ambiente más 18.000 galones de aguas contaminadas y produjo derrames del entorno de 17.000 galones durante el tiempo que estuvieron aquí”.

Según datos del Ministerio de Salud Pública ecuatoriano, la tasa de leucemia donde operó Texaco es tres veces más alta en niños de cero a cuatro años que en el resto del país. De igual manera, la tasa de cáncer se eleva un 150% con respecto a los datos nacionales, los abortos espontáneos son 2.5 veces más y se dan altas tasas de morbilidad, problemas respiratorios, digestivos y afecciones de la piel. Hay que tener en cuenta también que, “el 98% de las muestras de agua extraídas de los ríos de la región nororiental del Ecuador, muestran niveles de contaminación y toxicidad que sobrepasan el límite aceptable para la salud humana”, nos indica, Alberto Valero, biólogo colaborador de la Universidad de Cuenca.

Doña Matilde Sintú, que reside en la actualidad en las barriadas del sur de Quito recuerda aquellos años, “los animales se morían, nos quedamos sin caza, los peces yacían muertos en los ríos, se echaron a perder nuestras cosechas. Mucha gente que nacimos allí tuvimos que marcharnos abandonando nuestras tierras”.

Jurisprudencia en materia ambiental

La demanda ha sido respaldada por unos 30.000 ecuatorianos organizados en el Frente de Defensa de la Amazonía (FEDAM), los cuales acusaron a la Texaco (hoy Chevron) de contaminar sus tierras, matar sus animales y afectar gravemente a la salud de las personas con los vertidos de su material tóxico.

Pese al fallo del tribunal, la petrolera consiguió que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya declárese temporalmente inaplicable la sentencia, lo que quiere indica que el proceso no ha llegado a su fin, y que quedan aun años de litigio en los juzgados y cortes internacionales.

Según nos indica Pablo Fajardo, abogado de los afectados, los pueblos de la Amazonía Norte "hemos batallado jurídicamente para lograr que la empresa Chevron, antes Texaco, responda por su crimen y pague el costo económico para la reparación del daño ambiental causado", añadiendo, “si bien la cantidad no es significativa frente a los daños causados por Texaco, esta sentencia recoge jurisprudencia de avanzada respecto a los derechos ambientales y a la responsabilidad de las empresas con la naturaleza, y esto es lo que hace de esta sentencia un paso histórico en la defensa de la vida”. Para este joven abogado, hijo de familia humilde cuyo primer trabajo fue en una petrolera en labores de limpieza, “se trata de una buena sentencia y sienta bases muy sólidas para la justicia ambiental”.

En este sentido, el FEDAM ha apelado la sentencia alegando que, “consideramos que la sentencia ha omitido la reparación de algunos daños relacionados con impactos ambientales reconocidos en la misma, y más grave aún, se ha omitido reconocer otros daños que han sido probados en el expediente”.

Por su parte, el presidente del FEDAM, Luís Yanza, nos indica que a diferencia de lo ocurrido en el Golfo de México, “en este juicio no hablamos de daños provocados por accidentes, hablamos de daños a las personas y a la ecología de forma deliberada”. Con respecto a la apelación de los afectados, Yanza enfatiza, “esta cifra no nos permitiría realizar una eficiente remediación, si bien no hay dinero alguno que pueda devolver el daño en la flora y fauna y principalmente en las personas, este monto es insuficiente para reparar el daño”.

Para Chevron, compañía que con este periódico no quiso comunicar, "el fallo de la corte ecuatoriana es ilegítimo e inaplicable. Es producto de un fraude y totalmente contrario a lo que aduce la evidencia científica y legítima”. Según sus portavoces, "tanto las cortes en EEUU como tribunales internacionales ya han tomado medidas para prevenir la aplicación de la sentencia emitida por la corte ecuatoriana".

Con respecto a las puertas que abre esta sentencia cara al futuro, Diocles Zambrano, dirigente de la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre (RLCAS), afirmó que las transnacionales petroleras europeas que actúan en la zona, “Perenco y Repsol ya deben estar preocupadas”.

La RLCAS, que toma el nombre de un activista campesino muy activo en la campaña contra la Texaco y que murió tras ser secuestrado y acribillado en noviembre del 2003, ha estado monitoreando los daños generados por las dos transnacionales petroleras en la provincia amazónica de Orellana y se apresta a seguir el camino de denuncia abierto por el FEDAM.

Nota:

Las afectaciones que los demandantes solicitan tomar en cuenta se refieren al crudo que Texaco esparció en carreteras de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, y las pérdidas económicas sufridas por campesinos de esas regiones. Cinco pueblos originarios –Cofán, Siona, Secoya, Kichwa y Huaorani- se vieron afectados perdiendo su cultura. Esta situación implica no solo la restauración de tierras y ríos, también un programa de reafirmación étnica. “El juez reconoce que la contaminación agrava la pobreza en la zona; es justo, razonable, que disponga una cifra económica a fin de reparar ese daño", señala Fajardo sobre la apelación realizada por el FEDAM al fallo judicial. Así mismo, le pedimos al juez que "disponga de una cifra para recompra de tierras de los pueblos indígenas", que "debieron abandonar sus territorios invadidos para alejarse de la contaminación".