Redes de corrupción policial en Guatemala

El pasado 13 de octubre fue detenido en Madrid el ex ministro del interior guatemalteco, Carlos Vielman, a solicitud de una petición de extradición de Guatemala por delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita.

Por Decio Machado

Con excepción del gobierno de Colombia, quienes han extraditado ciudadanos colombianos a los EEUU, un principio básico internacional es que los ciudadanos que tienen nacionalidad del país donde son detenidos son juzgados en él. Vielman tiene la ciudadanía española, por su abuelo, lo que significa que muy posiblemente no será extraditado a Guatemala, aunque sí será juzgado en el Estado español por los delitos que se le imputan.

El ex ministro del interior Carlos Vielman, aparece imputado al menos en dos casos emblemáticos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales en Guatemala.

Caso Pavón

El 25 de septiembre de 2006 fueron asesinados siete reos en la Granja de Rehabilitación Pavón en Guatemala. Aunque la versión oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) fue que las víctimas habían sido fruto del intercambio de disparos entre policías y amotinados, las declaraciones de 60 testigos presenciales indican que los siete reclusos murieron por disparos a quemarropa aplicados por miembros de la PNC encapuchados, los cuales previamente les habían torturado.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -dependiente de Naciones Unidas- que investiga este caso desde primeros de 2009, solicitó fruto de las pesquisas del caso la captura no solo de Carlos Vielman. Entre la lista de implicados, destacan también el ex ministro de gobernación, Alejandro Giammettei –quien fue candidato en las últimas elecciones presidenciales y quien tras la negación de darle “asilo político” por parte del gobierno de Porfirio Lobo de Honduras, fue detenido hace dos meses en Guatemala- y de Edwin Sperisen, ex director de la PNC –en la actualidad en paradero desconocido-.

Según declaró a DIAGONAL Nelson Villarroel, jurista cercano al CICIG, “la acusación original del Ministerio Público se planteó contra los hermanos Henry Danilo y José Luis Benítez Barrios, integrantes de un grupo especial de la PNC que participó en el operativo. Pero como suele ser habitual en este tipo de casos en nuestro país, ambos fueron acribillados en una gasolinera de la zona 11, en junio de 2008”.

En septiembre de este año fueron asesinados también otros dos testigos –Anthony Alexander Cruz García y Sindy Janeht Alvarado- que colaboraban con el CICIG en estas investigaciones, evitando con ello sus declaraciones ante el juez encargado del caso.

Asesinato de los diputados salvadoreños del PARLACEN

El 19 de febrero de 2007 tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) fueron secuestrados, torturados y posteriormente asesinados por miembros de la PNC guatemalteca cuando se dirigían en sus vehículos hacia el PARLACEN, ubicado en Ciudad de Guatemala.

Los cuerpos de los tres diputados salvadoreños (William Pichinte, Eduardo D´Aubuisson y Jorge González), miembros del partido ultraconservador ARENA, y aparecieron calcinados con claros signos de haber sido previamente torturados junto a su vehículo y el cadáver de su chofer en las afueras de la capital guatemalteca.

Detenidos horas después cuatro policías de un grupo especial de la PNC como responsables directos de las ejecuciones, estos fueron trasladados a un penal de alta seguridad donde fueron asesinados violentamente por un grupo de exterminio que operó con toda impunidad dentro del recinto penitenciario.

Las investigaciones sobre el caso demuestran que los diputados arenistas, entre los que destaca uno de los hijos del ya fallecido Roberto D´Aubuisson -máximo dirigente de los escuadrones de la muerte salvadoreños y fundador de ARENA-, llevaban un importante alijo de droga en su vehículo aprovechando la ausencia de control sobre los vehículos y personas pertenecientes al órgano legislativo centroamericano. Esta situación provocó que bandas delincuenciales en coordinación con miembros de la PNC hubieran articulado el asesinato de los diputados con el fin de hacerse con el clandestino cargamento de estupefacientes.

El juicio de este caso comenzó el pasado 21 de octubre en Guatemala. En su primera declaración, el ex diputado Manuel Castillo, también en el banquillo de los acusados declaró: "Quienes los cuidaban eran policías, quienes los secuestraron eran policías y quienes los mataron eran policías, díganme qué hago yo aquí. Quienes deberían estar acá son el ex ministro de gobernación (Carlos Vielman), el ex director de la policía (Erwin Sperissen) y el ex director de investigación (Javier Figueroa). Ellos dirigían el grupo de ejecuciones en la policía".

Redes de corrupción en la PNC de Guatemala

Quien conoce Guatemala no necesita tener mucha imaginación para atar cabos entre redes narcotraficantes, grupos paramilitares, narcopolítica, sicariato y PNC. Según Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización de derechos humanos: "Todo esto indica que esas organizaciones criminales se están manejando desde muy altas esferas".

La existencia de redes delincuenciales en la PNC han sido reiteradamente denunciadas desde hace años por diversas organizaciones de derechos humanos, sin embargo “nunca ha pasado nada”.

Para Polanco, durante el gobierno de Álvaro Colon la estrategia de “dar la apariencia de estar haciendo algo pero no hacer nada", ha sido aplicado repetidas veces. A mediados de enero del 2008, apenas unos días después de haberse instalado su gobierno, 269 agentes de la PNC fueron despedidos por actos de corrupción. El entonces ministro del Interior, Vinicio Gómez, explicó a la prensa que la destitución era un claro mensaje a los miembros de la policía que incurran en actos de corrupción. Entre los destituidos se incluían a cinco comisarios, ocho inspectores y varios oficiales. "La finalidad es devolver la credibilidad a la institución, blanco de denuncias de corrupción y de limpieza social", afirmó Gómez.

Para Claudia Miracán, perteneciente al movimiento indígena guatemalteco, “las medidas de Colon tampoco es que puedan ser calificadas de muy novedosas o valientes. En el gobierno anterior de Oscar Berger, en el cual Vielman, Giammetei o Sperisen ocuparon altos cargos, fueron destituidos al menos 2.245 agentes de la PNC por diversos delitos similares, nunca nada cambió y ellos eran la cabeza real de la corrupción interna en la PNC.”

A primeros del pasado mes de marzo, la CICIG en coordinación con las autoridades del país centroamericano, desarticuló “una estructura criminal” incrustada en la PNC dirigida por el mismo director de esta institución.

Según el jurista español Carlos Castresana, entonces todavía jefe de la CICIG: "Con esas capturas quedó al descubierto que el director de la PNC, Baltazar Gómez, la principal responsable del combate del tráfico de estupefacientes, Nelly Bonilla y el oficial Fernando Carrillo, destacado en la Dirección de Puertos y Aeropuertos de esa institución, formaban parte de la cúpula responsable de varios robos de droga."

Los tres están acusados de ''asociación ilícita, almacenamiento ilícito de drogas, tenencia y depósito ilegal de armas de fuego ofensivas, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, experimentales y trampas."

Según fuentes cercanas a la policía, la forma de operar de esta red era simple y se facilitaba a través de la información que manejaba la policía. Robaban armas y droga, para luego venderlas a diversos grupos de narcotráfico dentro y fuera del país.

A Baltazar Gómez, ya se le abrió una investigación en el 2002, cuando un comando armado robó 1.604 kilos de cocaína de las bodegas del Departamento de Operaciones Antinarcóticas, incluso se le destituyó y luego fue reinstalado por no encontrarse pruebas en su contra. Gómez fue nombrado director de la PNC el 7 de agosto de 2009 –en el gobierno de Colom- en sustitución de Porfirio Pérez Paniagua, a quien también se detuvo por sindicación del robo de droga y dinero del narcotráfico.

El propio presidente Álvaro Colom ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por haber recibido financiamiento de sectores oscuros del país, por grupos corruptos e incluso ligados al narcotráfico. Estos hechos nunca pudieron ser clarificados, no obstante, han ido mermando la credibilidad del mandatario.