PANORAMA LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS PROVOCAN EL ENFRENTAMIENTO ENTRE GRUPOS MEDIÁTICOS Y GOBIERNOSLa pelea por los cambios políticos en América Latina se debate y realiza desde los medios de comunicación.
Decio Machado / Quito (Ecuador)
http://www.diagonalperiodico.net/ Número 117
Los grupos tradicionales luchan por no perder el oligopolio que durante años han disfrutado. Sus mayores amenazas, según sus propias respuestas, son los cambios legislativos y las decisiones de unos gobiernos que no consiguen poner a su favor, como puede pasar en Venezuela, Ecuador o Bolivia. Mientras, estos procesos gubernamentales no consiguen atraer a los sectores más populares, que ven insuficiente la apuesta por la configuración de medios comunitarios y alternativos de desarrollo popular.
Los procesos democráticos de América Latina se enfrentan a un debate en profundidad que debe servir para repensar las relaciones entre capital, poder político y mediático. Los medios se han consolidado como herramientas y actores de defensa de los intereses y objetivos de los conglomerados financieros y políticos a los que pertenecen.
La oligarquía latinoamericana ha empleado los medios como su arma principal para el control de sus ciudadanos. Los años ‘70 y a principios de los ‘80, bajo las dictaduras militares, son el mejor ejemplo de esta realidad. Según la investigadora Eva Golinger, “en este modelo, el pueblo está excluido del poder y su acceso al conocimiento y a la información está rígidamente limitado por una minoría elitista que mantiene acaparado el poder económico, mediático y político”.
Para el escritor uruguayo Fernando Arellano Ortíz, “la realidad de los medios en el continente es que son dispositivos de control social que controlan, restringen y clasifican los flujos de información”.
En todos los países en proceso de cambio, los medios de comunicación han intervenido como un actor militante claramente opuesto a los gobiernos progresistas. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil en un primer momento, Paraguay o más recientemente Uruguay son ejemplos de un periodismo político militante que goza de impunidad sobre la información que publican. En Honduras, los medios de comunicación formaron parte de la trama golpista, y en la actualidad son el principal valedor del Gobierno de facto de Micheleti.
Información o poder En el caso de Venezuela, los medios de comunicación fueron la herramienta para crear una atmósfera pregolpista y el principal vocero del golpe de Estado en abril del 2002; en Ecuador, han relacionado a Rafael Correa con el narcotráfico o con fraudes electorales, llegándose a los insultos a través de editoriales y columnas de opinión; en Paraguay vincularon al presidente Lugo con la guerrilla de las FARC; en Bolivia definen al Gobierno como “terrorista” e incluso han acusado al presidente Evo Morales de contrabandista; o recientemente en Uruguay quisieron vincular el descubrimiento de una alijo de armas a una supuesta rearticulación del brazo armado del Movimiento Revolucionario Tupamaro, en complicidad con el electo José Mujica. En todos y cada uno de los casos, no han existido sanciones penales sobre los responsables de la intoxicación informativa.
En cada país, los grupos mediáticos pertenecen a un pequeño grupo de familias, las cuales tradicionalmente han dominado la vida económica. Los objetivos mediáticos son claros: erosionar a los gobiernos progresistas; polarizar a las sociedades; deslegitimar la restitución de los Estados tras la época neoliberal y al propio sistema democrático.
Según el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, “la libertad de expresión es un imperativo categórico en democracia, pero estos grupos no tienen legitimidad democrática. Por consiguiente, no pueden llevar una política sistemática de acoso y derribo de gobiernos”.
Sin embargo, la decisión del presidente Chávez de no renovar la concesión de frecuencia a Radio Caracas Televisión que venció en 2007 o las tres sanciones recibidas por Globovisión en Venezuela o la decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones de suspender por tres días las emisiones de Teleamazonas en Ecuador por falta de veracidad en sus noticias son interpretadas por los conglomerados mediáticos como medidas autoritarias que restringen la libertad de expresión y la libertad de prensa.
El debate sobre una legislación que regule los sistemas de comunicación comenzó en Venezuela con la aprobación en diciembre del 2004 de la Ley RESORTE. Su objetivo, establecer una serie de controles y sanciones para frenar los abusos en la manipulación de la información. En Uruguay, en diciembre de 2007, se aprobó la Ley de Radiodifusión Comunitaria gracias a la cual se otorgaron 38 licencias a radios comunitarias y están pendientes otras 200. Recientemente se aprobó una nueva ley de medios en Argentina [ver página 29], y en la actualidad la Asamblea Nacional de Ecuador y el Parlamento brasileño debaten sendos proyectos de ley con la finalidad de articular leyes acordes con sus constituciones y democratizar el acceso a la información.
El propio presidente Correa, en el ejercicio de la presidencia pro tempore de la Unidad de Naciones Suramericanas (UNASUR), ha llegado a proponer la creación de un organismo regional que controle a los medios de UNASUR. Propuesta que está pendiente de debatir por los presidentes sudamericanos.
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