En los últimos quince años, Estados Unidos consolidó su sistema de bases militares en un nuevo sistema global de control planetario. Según datos del Pentágono, hay más de 735 bases militares estadounidenses en 130 países, lo cual constituye una estrategia global de expansión y control de naciones, recursos naturales y seres humanos. En este listado, no se incluyen instalaciones proporcionadas por otras naciones en el exterior, por lo cual si se tomara en cuenta todas las bases, el ejército estadounidense contaría con más de 1000 bases en otros tantos países. Según denuncia el presidente del Japan Policy Research Institute, Chalmers Johnson (1), las bases extranjeras tienen 5 misiones:
- Mantener la supremacía militar absoluta en el mundo.
- Interferir comunicaciones.
- Intentar controlar el mayor número posible de fuentes petroleras.
- Dar trabajo e ingresos al complejo industrial militar.
- Asegurar que los militares y sus familias vivan con comodidad.
Bajo su “Programa de Transformación de Defensa”, EE.UU. ha convertido el noreste asiático en una gran plataforma para sus operaciones militares globales y regionales, y en la actualidad tiene la mayor concentración militar en el Golfo Pérsico y en el área andina en América Latina.
La militarización de América Latina
Richard Burton, estratega del Comando Conjunto de Estados Unidos, señalaba en los años 90 que existían 16 áreas de “real trouble” (verdaderos problemas) en el mundo, y comenzaba su lista por aquel entonces con Haití, Colombia y Brasil-Argentina.
Quizás por eso, EE.UU. mantiene una compleja red de instalaciones militares y de operaciones en América Latina y el Caribe, denominada por el Comando Sur estadounidense, como su “arquitectura del teatro”. Desde allí desarrolla la lucha antinarcóticos, no enfrentándolo como un problema de salud pública, sino como un ataque a la oferta. Desde mediados de los 80, se comenzó a transformar la lucha antinarcóticos en la región andina en un asunto de orden militar. Para ello se utilizan los Forward Operanting Locations (FOL, Centro Operativos de Avanzada), antes considerados simplemente bases militares.
En el norte de América Latina y en el Caribe las instalaciones militares estadounidenses son oficialmente reconocidas:
- 17 sitios con instalaciones de radar (principalmente Colombia y Perú).
- 4 bases miliares FOL, situados en Ecuador, El Salvador, Aruba y Curazao.
- La base de “Tres Esquinas” en Colombia juega un papel fundamental en la implementación del Plan Colombia.
- La base Puerto Buchanan en Puerto Rico.
- 2 bases militares: Guantánamo en Cuba y Toso Cano/Palmerola en Honduras.
La estrategia militar estadounidense hacia América Latina y el Caribe se controla desde el Comando Sur con base en Key West, Florida. Este Comando Sur tiene más empleados trabajando sobre América Latina que la suma de los Departamentos de Estado, Agricultura, Comercio, Tesoro y Defensa.
La presencia militar directa en la región se ha incrementado desde el cierre en 1999 de la Base Howard (Panamá) que utilizaba el ejército de los EEUU para las operaciones anti-drogas. EEUU instaló 4 FOL, hoy redefinidas bajo el eufemismo de Puestos de Seguridad Cooperativa (CSL), entre las cuales se incluye Manta. A esto se suma la Base de Guantánamo (sin fecha de expiración), Cuba, como base logística para operaciones antinarcóticos, y hoy universalmente conocida como uno de los espacios donde se han cometido mayor número de violaciones de los Derechos Humanos en el planeta (2).
Pero los FOL/CSLs tienen objetivos más allá de la lucha contra las drogas, e incluyen la migración, el “terrorismo” y una estrategia de control sobre la zona. En efecto, en las FOL/CLSs funcionan la DEA (Departamento Anti-narcóticos), la Guardia Costera y la Aduana de EEUU.
Base de Manta (Ecuador).
Ecuador ha sido un lugar estratégico para el control del Pacífico desde hace dos siglos. En 1812, EEUU estableció en las Islas Galápagos una primera base naval para atacar a barcos ingleses en el Océano Pacífico. Luego quiso comprar o arrendar las islas, y, en la Segunda Guerra mundial, levantó allí una nueva base militar, que abandonó en 1946.
Manta es el segundo puerto más grande de Ecuador, con una población de 200.000 habitantes, ubicada en la provincia de Manabí, se encuentra a solo 20 minutos en avión de la frontera colombiana, país en el cual se implementa el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y la insurgencia.
Como decía anteriormente, Manta forma parte de un estructura militar estratégica de interrelación entre Centros Operativos de Avanzada (FOL/CSL), junto a Comalapa, en El Salvador; Reina Beatriz en Aruba; y Hato Rey en Curazao. Así, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, “los cuatro sitios juntos cubren un área geográfica más grande que la Base Aérea Howard… y ofrecen una cobertura más profunda”.
Manta forma parte de las estrategias de control desarrolladas por el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de proteger sus intereses e inversiones militares y comerciales a nivel mundial.
La mayor inversión entre las cuatro FOL/CSL antes mencionadas, se realizó en Manta, con un montante de 80 millones de dólares, habiéndose convertido el aeropuerto de la base aérea en uno de los mejores equipados de América Latina.
En la región andina, el Plan Colombia es el que define las operaciones militares, como se evidencia en la interrelación entre la Base de Manta y la frontera ecuato-colombiana. Desde 1999, la Base de Manta se constituyó en un enclave ilegítimo de militares estadounidenses, que gozan de inmunidad y cuyas acciones vulneran la soberanía nacional. Desde 2002, se crearon 16 nuevos puestos militares ecuatorianos en la frontera con Colombia, para la vigilancia fronteriza, los cuales aún se mantienen. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, en 2003, se unificaron las operaciones aeronavales que establecían a Manta como un “nuevo eje de seguridad de la frontera norte”. EE.UU. aprobó fondos en ese mismo año para la adquisición de 18 helicópteros, 150 vehículos y la construcción de una base antidrogas en Manta, en un lateral de la pista de la FOL/CSL.
“La Base de Manta es muy importante dentro del Plan Colombia. Estamos muy bien ubicados para operar en esta área”, declaró el teniente coronel Javier Delucca, Comandante del Puesto de Avanzada de Operaciones de EEUU en la Base Aérea Ecuatoriana de Manta (17 de agosto de 2006).
Afirmaciones como la del coronel Jorge Brito reafirman esta cuestión: “la Base de Manta es como los ojos y los oídos del Plan Colombia. Con el sofisticado sistema integrado de inteligencia electrónica, la base proporciona los datos de inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de la guerrilla de las FARC para que sean utilizados por los tres batallones contrainsurgentes que está entrenando EE.UU. y que estarían integrados por 1000 hombres cada uno”.
La actuación de la Base de Manta en el asesinato de Raúl Reyes.
Los últimos sucesos acaecidos en el pasado primero de marzo, en el que fueron asesinados casi una treintena de guerrilleros mientras dormían, entre ellos el número 2 de las FARC, el comandante Raúl Reyes, y el comportamiento posterior del mandatario colombiano vienen a determinar que EE.UU. se mantiene firme en sus objetivos de internacionalizar el conflicto interno de Colombia.
La continua provocación del presidente Uribe a su homólogo ecuatoriano, viene a indicar que EE.UU. pretende un mayor involucramiento del Ecuador en el conflicto colombiano y para ello intentará desplegar todos los medios posibles.
Aunque el director de prensa de la embajada estadounidense, Michael Geernnald, decía que la base de Manta nada tenía que ver con el operativo militar colombiano, fue el comandante de la FOL/CSL –Base de Manta-, el coronel Bud Leonard, quien aseguró que una avión C 130 de la Base de Manta se encontraba en el aire en el momento de la operación colombiana. El comandante Leonard dijo que efectivamente el FOL/CSL proporciona información a los estamentos militares y reconoció que esa información es recabada por un “centro de inteligencia en Dey West, Florida, donde tienen acceso diferentes departamentos del gobierno estadounidense y se la entrega en caso de ser requerida a 14 países latinoamericanos”.
Existen muchas posibilidades que las labores de información y localización del campamento clandestino de la FARC en territorio ecuatoriano hayan sido facilitadas por ese C 130 que se encontraba en vuelo. Lamentablemente este tipo de operaciones de información no dejan rastro, lo que excluye la posibilidad de poder demostrar tal actuación, lo que significaría la implicación del Ecuador en el conflicto. Si se diera este caso, la soberana Asamblea Nacional Constituyente actualmente en vigor en el Ecuador, tendría la posibilidad de determinar la salida inmediata de las fuerzas militares estadounidenses de Manta.
Antecedentes históricos del acuerdo para la utilización estadounidense de la Base de Manta.
El año 1999 fue clave para el norte de Sudamérica, pues en este año, los Estados Unidos inician una arremetida político-militar para consolidar su hegemonía en la región; éste es el año de la implementación del Plan Colombia, con el afán de desarticular a los movimientos subversivos colombianos; paralelamente, en el plano comercial, se intenta consolidar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); también se inician conversaciones en Centroamérica para la implementación del denominado Plan Puebla Panamá, como una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que vinculaba a México, Estados Unidos y Canadá.
A pesar de la ofensiva de EE.UU. en el plano comercial, perdía terreno en el geopolítico (consolidación del régimen de Chávez y emergencia del PT en Brasil). También pasaba a ser indispensable buscar una compensación a la pérdida de la Base Howard (pese a los esfuerzos de última hora, los norteamericanos se vieron obligados a abandonar esta referencial base militar) para mantener su presencia militar en la zona.
Tras una serie de visitas y evaluaciones, donde especialistas militares norteamericanos consideraron las posibilidades de ubicar la base militar diferentes puntos estratégicos, se miró al Ecuador, dominado entonces por el conservador partido Democracia Popular, y con Jamil Mahuad en la presidencia de la República. Además de Manta, se consideró la posibilidad de ubicar la base en el puerto de Guayaquil y la base de Salinas. En enero de 1999 se inician conversaciones entre miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y algunos oficiales ecuatorianos. Este primer sondeo resultó positivo para los estadounidenses y, en febrero, ya el cabildeo involucró a la Cancillería ecuatoriana, el Ministro de Defensa y la Embajada de los Estados Unidos. El 19 de febrero estaba listo un borrador de acuerdo que fue avalado por el embajador estadounidense Richard Brown, Negociador Especial de Asuntos del Hemisferio Occidental.
El primer acuerdo de acceso estadounidense a la Base de Manta se firmó el 1 de abril de 1999. Hasta entonces, todo el proceso se había mantenido en secreto, tan solo con notas diplomáticas en las que la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos acordaban firmar un primer documento, que tendría vigencia por seis meses y en el que se concedía el acceso y uso de las instalaciones de la Base Aérea Eloy Alfaro, de Manta, a militares y personal civil estadounidense, con el fin de realizar una serie de operaciones incluyendo la operación de aeronaves para controlar el narcotráfico.
El acuerdo que logró Estados Unidos con Ecuador y Holanda para acceder a las bases de Manta, Aruba y Curazao se diseñó con el fin de reemplazar a la Base Howard y mantener sus operaciones militares en la región. En los acuerdos se hablaba de Puestos de Operaciones de Avanzada (FOL – Forward Operating Location), y no de una base militar; esto se hizo con el fin de evitar que dichos convenios pasasen a revisión de los Congresos de los países implicados, tal y como lo establecían los principios constitucionales.
Así, el 12 de noviembre de 1999 se firmó el convenio entre ambos países que otorgaba al ejército estadounidense el acceso a la Base de Manta por diez años, renovables. Dicho acuerdo se estableció con suma rapidez, con el fin de sortear las voces disidentes de varios oficiales del ejército ecuatoriano, algunos miembros de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y de las principales organizaciones de la sociedad civil, incluyendo partidos políticos de la izquierda.
Para estas fechas, Ecuador entraba en una profunda espiral inflacionaria, la economía liberal presentaba su verdadero rostro profundizando la pobreza; las instituciones del Estado empezaban a desgajarse y el gobierno se veía fuertemente deslegitimado.
En diciembre de 1999, el país es conminado a aceptar una serie de decisiones económicas que permiten el saqueo de los dineros depositados en la banca nacional. Un total de ocho mil millones de dólares (3) se licuaron en las arcas de banqueros que habían llevado a la quiebra al sistema financiero nacional, lo que provocó una grave crisis entre la población, dado que todos los usuarios de la banca nacional vieron esfumarse sus ahorros.
Las movilizaciones populares inmediatas que se dieron encaminadas a derrocar al gobierno de Mahuad enfocaron sus argumentos en la economía, convirtiendo el tema de la Base de Manta en un punto secundario y poco relevante ante la situación nacional que se vivía. La sublevación popular de enero del 2000 que derrocó a Mahuad, fue manipulada por la derecha, que logró mantenerse en el poder, manteniendo la dolarización, sin sentar en los banquillos a los responsables del fraude bancario y consolidando a los estadounidenses en la Base de Manta.
La Base de Manta desde el ámbito local.
Para convencer a la población de Manta de la aceptación de la presencia militar estadounidense en la Base y por ende en la ciudad, las élites mantenses esgrimieron argumentos tales como:
- La presencia de los militares estadounidenses en Manta, es una oportunidad para romper la dependencia de Guayaquil y constituirse en un polo autónomo de desarrollo.
- Los sectores oligárquicos de la ciudad, esperaban acceder a los beneficios de la construcción del puerto de transferencia y aeropuerto internacional. También pretendían que la presencia de la Base, permitiera el financiamiento del plan maestro de agua potable y alcantarillado de Portoviejo y Manta. Se habló de modernización de la ciudad al conjunto de los mantenses.
- Con respecto al empleo, se dijo que la Base de Manta generaría cientos de empleos. Incluso periódicos de corte conservador como El Mercurio indicaban que se trabajaría en Ecuador, pero se ganaría como en Estados Unidos.
- También se esgrimió el argumento de que la presencia estadounidense significaría mayor seguridad frente a la delincuencia y la lucha contra el narcotráfico.
- Se desarrolló la tesis de que la base militar dinamizaría el comercio, se incrementaría el turismo (vendrían familiares y amigos de los militares) y la inversión.
- E incluso se llegó a enunciar, que con el matrimonio entre estadounidenses y ecuatorianas, se llegaría a alcanzar un mejoramiento de la raza.
La realidad se ha convertido en una dura decepción. Las promesas realizadas por las élites matenses no se cumplió, ni para la población de escasos recursos, ni para la clase media; éstos últimos habían invertido mucho dinero para mejorar sus negocios a la espera de los nuevos consumidores, los cuales nunca llegaron.
Con respecto al empleo, tampoco se creó apenas nada, siendo la única excepción de importancia el tiempo que duró la reconstrucción de la pista del aeropuerto y fue la empresa ABB Susa la que subcontrató a empresas locales esta tarea.
Tampoco los norteamericanos han participado en los planes de seguridad de la ciudad, ni han evitado el narcotráfico. Es más, en ese sentido es de destacar la presencia en Manta de la empresa de seguridad norteamericana Dyn Corp (4), relacionada con el tráfico de personas y drogas en otros países, así como por la contratación de mercenarios ecuatorianos y colombianos para Irak.
La Base de Manta ha desarrollado un papel importante en el control del flujo migratorio a los Estados Unidos, interceptando y hundiendo barcos de inmigrantes en altamar, a pesar de presentarse ante la opinión pública como “salvadores de inmigrantes” de “barcos averiados, a la deriva, a punto de hundirse…” (5). En el mar, también los pescadores artesanales han denunciado en innumerables ocasiones los abusos cometidos por los soldados gringos en contra de sus embarcaciones (el caso más emblemático fue el hundimiento del pesquero Jorge IV y la desaparición de su tripulación) (6).
Por último, la página web de la Embajada de los Estados Unidos, indica que la FOL/CSL aporta a la economía de Manta 6,5 millones de dólares, cifra que hay que relativizar porque en estos rubros se encuentran los gastos operacionales de la base, sobre todo combustible, mantenimiento y atención de los militares. La base sólo ha contratado de manera directa a 167 personas encargadas de la limpieza y de los servicios con sueldos promedio de 300 dólares mensuales (aproximadamente 200 euros). El propio alcalde de la ciudad, Jorge Zambrano, ha relativizado la incidencia económica de la Base en Manta. Según él, el cambio de la ciudad se debe a las inversiones en el sector pesquero, las indemnizaciones por la caída del avión de Million Air (7) y las remesas de los inmigrantes.
La Base de Manta en el contexto de la política exterior ecuatoriana.
Si bien la Base de Manta se presentó como necesaria para el control del narcotráfico y la migración, enseguida quedó desvelado que sus instalaciones servían para la intervención militar estadounidense en cualquier parte de la región, pues el aeropuerto está en capacidad de recibir aeronaves que pueden transportar tropas y pertrechos militares, incluidos tanques y helicópteros (material poco apropiado para la lucha antinarcóticos o para el control de flujos migratorios). El conocimiento público en el año 2003 del denominado “Convenio Operativo” desveló la certeza de que la Base de Manta se había convertido en una base militar operativa con capacidad para recibir contingentes y material de guerra aerotransportado.
El incumplimiento de las ofertas de desarrollo y nuevos ingresos, empezó a molestar a Manta, al punto que su alcalde, Jorge Zambrano, en repetidas ocasiones afirmó que Manta no le debe nada al FOL/CSL; pero el descontento se agudizó por las acciones que realizaban los militares estadounidenses (8), y también por lo que no hacían.
Una muestra de que la seguridad de Manta no estaba en manos de los militares estadounidenses fue el incendio del 21 de julio del 2005, el cual consumió casi una manzana de edificaciones históricas de Manta, en el que la FOL/CSL, a pesar de sus equipos avanzados tecnológicamente, no prestó la ayuda oportuna para controlar el incendio.
El derrocamiento de Lucio Gutiérrez, en abril del 2005, puso en el escenario político a Alfredo Palacio, y con él, a un nuevo canciller: Antonio Parra Gil. Las declaraciones del nuevo canciller ecuatoriano desataron una serie de críticas en los círculos políticos estadounidenses y colombianos, enfriando las relaciones diplomáticas. Colombia y Ecuador retiraron sus embajadores titulares por largos periodos y de manera intermitente.
Antonio Parra, siguiendo las directrices de Palacio, definió la política que guiaría la gestión diplomática: soberanía nacional y no intervención en asuntos internos de otros Estados.
Estas directrices, que han sido postulados tradicionales del Ecuador, han permitido al Ecuador mantenerse al margen de los conflictos de los países vecinos. Dichos posición fue violentada por Mahuad, al ceder la Base de Manta a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y, paralelamente votar en el seno de las Naciones Unidas a favor de una resolución contra Cuba contrariando incluso a los mismos funcionarios de carrera de la diplomacia ecuatoriana. De igual manera actuó Lucio Gutiérrez, al comprometer al país con una estrategia militar ajena y convertirse, tras el presidente colombiano, en el principal portavoz latinoamericano de los estadounidenses y de los intereses del gobierno colombiano.
La nueva realidad política del Ecuador.
La elección de Rafael Correa como Presidente de la República, puso en apuros a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, e inmediatamente inició una agresiva campaña de relaciones públicas con las élites mantenses para evitar el anunciado cierre de la Base de Manta. Este proceso de lobby le llevó a reunirse con las cámaras de producción de Manta, ofrecer ayuda para obras, los soldados estadounidenses salieron a la ciudad para jugar beisbol con algunos jóvenes ciudadanos aficionados; además pintaron escuelas y regalaron equipos nuevos a los bomberos locales, a los mismos que no ayudaron durante el incendio en el centro histórico de Manta.
El más agresivo plan de lobby político de los estadounidenses se desarrolló fuera de territorio ecuatoriano, generando dudas sobre la palabra del Presidente Correa. El jefe del Comando Sur de los EE.UU., realizó declaraciones en Perú y Colombia, asegurando que se estaba negociando la renovación del convenio con Ecuador. La entonces canciller, María Fernanda Espinoza, tuvo que aclarar que el Ecuador no renovará el Convenio.
Para generar una opinión pública favorable, la Embajada invitó a periodistas a visitar sus instalaciones en la Base de Manta, incluso los hizo subir a sus aviones, y se llevó a algunos de ellos a las oficinas centrales del Comando Sur, en Florida.
El proceso de lobby político de los EE.UU. se extendió a sectores de fuerte incidencia en la población, como lo es la Iglesia Católica, especialmente, las parroquias. Así, los curas párrocos de Manta también fueron invitados a la base. Con excepción de aquellos vinculados a las bases sociales, la mayoría de los párrocos quedaron convencidos que en la base no hay nada que huela a militarización, al contrario, son varios los beneficios sociales de la base y lo que en adelante puede aportar.
Pero el proceso de transformación social en el Ecuador ha dejado definitivamente cerrado el camino a cualquier posible renovación al convenio de la FOL/CSL.
El pasado 1 de abril, la Asamblea Nacional Constituyente aprobaba los 5 primeros artículos que tendrá la nueva Carta Magna ecuatoriana. En esta nueva redacción, el artículo 5 de la nueva Constitución dirá: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
El Movimiento PAIS, organización que llevó a Correa a la presidencia, se impuso con 89 votos a favor sobre el total de 130. Además de los asambleístas de PAIS, también votaron a favor de dicha redacción los dos asambleístas presentes de la RED (Luís Hernández y Martha Roldós). Tanto el partido de Lucio Gutiérrez, Partido Sociedad Patriótica, como el Partido Social Cristiano y Futuro Ya, fueron incapaces de impedir que en noviembre de 2009, las fuerzas militares estadounidenses se vean obligadas a abandonar el país.
Notas:
(1) Chalmer Johnson es autor de libros como “Blowbak: The Costs and Consequuences of American Empire” o “The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and teh End of the Republic”, entre otros.
(2) Estas bases albergan o pueden albergar el siguiente personal militar:
- Guantánamo, Cuba 8100
- Soto Cano, Honduras 550
- Manta, Ecuador 475
- Puerto Buchanan, Puerto Rico 118
- Comalapa, El Salvador 100
- Aruba y Curazao 450
A esto se suman las bases que pertenecen a ejércitos latinoamericanos, construidas o utilizadas por militares de EE.UU., como el Centro de Capacitación conjunto Riverino de Perú en Iquitos y el ingreso de militares estadounidenses para entrenamientos y las denominadas acciones cívicas.
(3) Datos de la Comisión Especial de Investigación del Feriado Bancario.
(4) La empresa Dyn Corp mantiene una plantilla entorno a 134 empleados en Manta, desde marzo de 2002. Esta empresa estadounidense que mantiene un contrato con el Comando Sur de EE.UU., ha sido cuestionada en muchos países por sus actividades de paramilitarismo, trata de blancas, narcotráfico, secuestro y explotación infantil. La Dyn Corp presta “servicios de apoyo” en los FOL/CSL de Ecuador, Aruba y Curazao. Y aunque el contrato con Dyn Corp se limitaría a tareas relacionadas con infraestructura, mantenimiento y apoyo técnico, sin incluir actividades operativas, en Colombia esta misma empresa realiza las aspersiones con glifosato en Putumayo y la frontera colombo-ecuatoriana, con lo cual no solo destruye los cultivos ilícitos, sino la vida misma. También entrena pilotos y, “maneja sitios operativos de avanzada en varias bases aéreas de la policía y del ejército colombianos”. Según el Acuerdo de la Base de Manta, EE.UU. puede contratar cualquier compañía nacional o extranjera cuando así lo estime conveniente a sus intereses, sin que el gobierno ecuatoriano pueda opinar. Más aún, el personal de Dyn Corp goza de inmunidad diplomática.
(5) Pese a que el Convenio de la Base de Manta establece que las acciones de interdicción marítima sólo serán realizadas por la Armada del Ecuador, buques militares estadounidenses han desarrollado del orden de 45 abordajes ilegales a barcos que llevaban migrantes o estaban en faenas de pesca, hundiendo o causando destrozos al menos a ocho embarcaciones ecuatorianas desde el 2001 hasta junio del 2005.
(6) EE.UU. aborda barcos pesqueros donde no encuentran ni drogas ni migrantes y hunden los barcos que consideran peligrosos para el tráfico marítimo. Uno de estos casos fue el Buque Pesquero “Santa María” que fue hundido el 3 de marzo de 2004 en faenas de pesca en aguas ecuatorianas. Otro caso referente, fue el barco “Don Ignacio”, el 2 de diciembre de 2002, según testimonio de los marineros: “los marinos gringos nos hicieron bajar del barco y luego hundieron la nave de nueve cañonazos” (la nave ecuatoriana no llevaba droga, según el expediente judicial en el Tribunal Sexto de lo Penal de Manabí. Los casos de los barcos “Guayaipe”, “Tiwintza”, “Santa Martha”, “Santa María” y “Challenger”, también pasaron por situaciones similares. El “Santa María” fue interceptado y hundido por torpedos lanzados desde una fragata estadounidense. El maltrato a los pescadores durante las interdicciones es permanente.
(7) El 22 de octubre de 1996, el avión cayó en el barrio de La Dolorosa, las indemnizaciones a los moradores del barrio, a los familiares de las víctimas, así como a la Alcaldía y a la Curia manabita, fueron millonarias y permitieron en embellecimiento de la ciudad de Manta.
(8) Desde la instalación de la Base de Manta, se han devenido algunos conflictos que afectan a la población local, entre ellos: la afectación a la población de Chorrillos por la explotación de canteras para aprovisionar el material necesario para la construcción de la pista del aeropuerto, el acelerado crecimiento de los registros de trabajadoras sexuales, y el desalojo desde hace 30 años a más de 800 familias campesinas para consolidar el actual territorio de la Base Naval de Jaramijó (también involucrada en el convenio de la Base de Manta).
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