Por Decio Machado
El final de la era correista fue dantesco respecto a la gestión realizada durante el primer período de mandato de Rafael Correa. Ese fue el momento en que la sociedad ecuatoriana comenzó a comprender la enorme distancia existente entre la realidad actual del país y la imagen que de este se había forjado a través del fuerte aparato de propaganda del régimen, tanto dentro como fuera del Ecuador.
Más allá de que el poder Ejecutivo hubiera sometido al resto de poderes del Estado bajo su control, lógica propia de cualquier gobierno de perfil autoritario, la corrupción institucional históricamente existente en el país se tecnificó y la protesta social fue brutalmente criminalizada. Diversos líderes indígenas en territorios resistentes a la presión extractivista fueron asesinados bajo la más absoluta impunidad, ejerciéndose la represión más brutal del régimen en el paro nacional convocado por el movimiento indígena y las organizaciones sindicales en agosto del año 2015. En lo económico y terminado el boom de los commodities, Rafael Correa entregó un país donde el gasto público era ampliamente superior a los ingresos permanentes necesarios para sostenerlo, lo que implicaba reformas de carácter estructural que abría la posibilidad a diferentes opciones para el nuevo gobierno de Lenín Moreno.
La investidura presidencial de Lenín Moreno se dio en mayo del 2017; sin embargo, la producción en el país se había estancado desde el año 2014, no consiguiendo reactivarse desde entonces hasta ahora. El ingreso promedio por habitante en estos seis años apenas se ha movido en una franja de 20 dólares hacia abajo, alcanzando el empleo adecuado -eufemismo inventado en la era correista para señalar a quienes al menos perciben el equivalente al salario mínimo (394 dólares)- a tan solo el 37,9% de la población económica activa.
El deterioro de la capacidad adquisitiva de la sociedad ecuatoriana tiene como grupos más afectados a los asalariados privados y trabajadores por cuenta propia, quienes en los últimos seis años han visto un crecimiento prácticamente nulo de sus salarios. Sin embargo, durante lo que va de período de la gestión morenista y en aras a reducir el volumen de un Estado al que se calificó como obeso, se eliminaron 20 ministerios y 23 mil funcionarios públicos fueron cesados. En las actuales condiciones de estancamiento económico del país y con un sector empresarial que invierte muy por debajo del promedio latinoamericano en la economía nacional, lo cual ya de por sí es irrisorio, el mercado laboral privado ha sido incapaz de absorber a los servidores públicos cesados, incorporándose estos al ejercito de reserva del mercado de trabajo ecuatoriano.
En paralelo, la banca y otros grupos del gran capital que operan en la economía ecuatoriana continuaron obteniendo utilidades millonarias -tal como ya sucedía durante el período de gestión correista- pese al estancamiento. Entre 2015 y 2018 la banca obtuvo utilidades por 1.777 millones de dólares, mientras apenas 30 compañías obtuvieron casi cinco mil millones de dólares en el mismo concepto. En contraste, la elevada desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra se mantuvo.
Con una economía dolarizada desde principios de siglo, lo que anula cualquier capacidad de soberanía monetaria, y a falta de ingresos permanentes pese a las soflamas propagandísticas de industrialización por sustitución de importaciones y cambio de matriz productiva enarboladas durante el régimen de Correa, la deuda comenzó a dispararse de forma desmesurada. Entre 2010 y 2019 la deuda por ecuatoriano creció 7 veces, pasando de 538,81 dólares a 3.582 dólares; el pago de intereses por ecuatoriano creció 11 veces, de 38,31 dólares a 435,29 dólares; y el gasto en deuda creció 12 veces, evolucionando de 613 millones de dólares a 7.400 millones de dólares. En términos comparativos, el gasto de deuda actual (intereses y amortizaciones por 7.400 millones de dólares) supera casi dos veces el presupuesto de educación (4.970,9 millones de dólares) y el casi tres veces del presupuesto en salud (2.882,9 millones de dólares).
Así, mientras la propaganda correista en manos de jóvenes tecnócratas de la comunicación y la publicidad -aprendices andinos de Goebbels- definía económicamente al país como el jaguar latinoamericano, la sociedad ecuatoriana terminó descubriendo que Ecuador no pasaba de ser un desdentado oso perezoso que vivió de las rentas petroleras bajo una economía rentista que funcionó adecuadamente tan solo mientras duró el boom de los commodities.
De esta forma el gasto de consumo ha ido decayendo tanto en términos públicos como privados, visualizándose claramente como los servicios públicos se han ido paulatinamente deteriorando. Terminada la gran fiesta propiciada por los excedentes petroleros, nunca hubo una redistribución de la riqueza durante el período correista sino la transferencia de los excedentes del Estado para sostener políticas de subsidios e inversión pública en infraestructura -modernización del Estado capitalista-, se apagó el motor de la economía nacional. Incluso las importaciones de maquinaria se han reducido al día de hoy, reflejándose así la limitada capacidad de sostener la tan anhelada tecnificación productiva con la que todo el establishment político y empresarial sueña en el país. Consecuencia de todo ello: desaceleración económica.
De esta manera, al aumento del déficit fiscal le siguió el incremento del endeudamiento, a lo que le siguió a su vez problemas de acceso al financiamiento, lo que hizo que comenzaran a bajar la reservas internacionales del país. Con créditos internacionales chinos a tasas de interés que recuerdan a El Avaro de Molière, el gobierno de Moreno decidió entregarse, en cuerpo y alma, al FMI.
En este contexto el Ecuador de Lenín Moreno, quien hasta mayo del 2018 -fecha de nombramiento del ministro de Economía y Finanzas actual- no tuvo claro su hoja de ruta económica, decidió adecuarse a las recetas fondomonetaristas para equilibrar la economía nacional. A cambio de 4.200 millones de dólares que el FMI debe desembolsar en el transcurso de tres años y 6.000 millones de dólares más provenientes de otros organismos multilaterales, Moreno se comprometió a emprender un fuerte ajuste económico con el objetivo de lograr equilibrios de carácter fiscal y externo a corto plazo, liberalizando y flexibilizando todo lo posible la economía nacional, mientras a medio y largo plazo se profundizaría el carácter primario-exportador que ha acompañado la historia económica del Ecuador. El discurso fue el que siempre se aplica previo a este tipo de medidas: “Nos vemos obligados a pedirle al pueblo ecuatoriano un sacrificio debido a las condiciones en las que hemos recibido el país…”.
El antecedente al Paro Nacional
Con territorios claramente olvidados en la periferia del nacional debido a la carencia de recursos por parte del Estado, estalló el paro en la provincia del Carchi. Allí, en un territorio con un PIB per cápita de casi la mitad de lo que tiene Pichincha -provincia donde está instalada la capital del país-, de los 34.853 millones de dólares del Presupuesto General del Estado en el año 2018 tan solo le correspondieron 64 millones, alcanzando su índice de necesidades básicas insatisfechas al 45% de la población. Con una tasa de empleo digno de apenas el 26% frente la 37,9% promedio del país, la población del Carchi se lanzó a las calles, cortando carreteras y con sus gobiernos municipales y provincial a la cabeza de las movilizaciones junto a gremios y movimientos sociales.
Inicialmente el gobierno se negó a negociar mientras se mantuviera el paro. Tras siete días de movilizaciones continuas y con el principal acceso fronterizo con Colombia cortado por los manifestantes -cientos de camiones quedaban varados pudriéndose los alimentos perecederos que transportaban-, Lenin Moreno se vio obligado a negociar con los huelguistas aceptando una parte importante de sus reivindicaciones. Todo ello no sin antes emprender una fuerte represión por parte de las fuerzas de orden público que tuvo como respuesta popular el asalto al edificio de la Gobernación -sede del gobierno central en el territorio- en la ciudad de Tulcán, capital de la provincia.
Sería el 30 de septiembre cuando se solucionara el paro en el Carchi, apenas dos días antes de que comenzará las jornadas de lucha a nivel nacional. Su resolución fue fruto de que los dirigentes carchenses del paro detectaron las operaciones de actores externos a la provincia vinculados al correísmo que intentaban hacer con la movilización local una estrategia ajena a las demandas de los movilizados y dividiendo al movimiento.
Cabe indicar que el gobierno nacional y especialmente su frente político demostró no haber aprendido nada de los sucesos acaecidos durante la semana de cortes de carretera y conflicto constante entre la población carchense y aparatos represivos del Estado.
Es evidente que el presidente Lenín Moreno encabeza un gobierno extremadamente débil, sin base social y sin inteligencia política. El apoyo a su gestión está por debajo del 16%, gran parte de sus ministros intencionadamente apenas tienen aparición pública y quien maneja el frente político del gobierno es María Paula Romo -ministra del Interior-, quien junto a Juan Sebastián Roldán -secretario particular del presidente y portavoz oficial del Ejecutivo- provienen de una organización llamada Ruptura de los 25, la cual se autodefinió años atrás como una “organización política moderna y contemporánea” pero que en la actualidad ejerce la vieja política a través de sus jóvenes dirigentes.
Si la gestión de la crisis del Carchi fue patética por parte de los responsables gubernamentales, que decir de lo que vendría inmediatamente después…
Y llegó el Paro Nacional
Así se llegó al día 1 de octubre, momento en el que Lenín Moreno mediante cadena gubernamental televisada anunciaría lo que las organizaciones sociales definirían como un paquetazo neoliberal con base en las exigencias de ajuste presupuestario implementadas por el FMI. El mandatario anunciaría en aquel momento que mediante Decreto Presidencial 883 se eliminaría el subsidio al combustible, a la par que la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que se vayan renovando, la reducción del período anual de vacaciones de los empleados públicos de 30 a 15 días, así como obligación por parte de los trabajadores de las empresas públicas de aportar obligatoriamente un día de salario mensual al erario público. En paralelo, se decretaban una serie de medidas laborales que implican la flexibilización del mercado de trabajo privado, justificándolo bajo el argumente de la necesidad de implementar un modelo acorde con los nuevos tiempos.
Al día siguiente la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) junto a otras organizaciones sindicales y sociales del país anunciaban la convocatoria de un gran paro nacional contra las medidas económicas del gobierno.
Entre ese mismo miércoles 2 y el domingo 6 de octubre se sucedieron múltiples asambleas populares fundamentalmente en provincias de fuerte ascendía indígena, zonas de Sierra Centro y territorio amazónico. En paralelo comenzaban los cortes de carretera y las movilizaciones en diferentes localidades. El sábado y el domingo, los cortes de carretera tenían ya paralizado todo el Ecuador. De la misma manera, en Quito, los estudiantes universitarios salían a las calles en solidaridad al llamamiento indígena reivindicando la derogación del Decreto 883 y el resto de medidas económicas anunciadas por el presidente de la República. La respuesta gubernamental fue la represión acompañada por una sorpresiva declaración del estado de excepción (limitación de los derechos de tránsito, asociación y reunión, libertad de información, inviolabilidad de domicilio y correspondencia).
Un evidentemente nervioso presidente Lenín Moreno anunciaría dicho estado de excepción en una nueva cadena gubernamental televisiva en la cual aparecería rodeado por su vicepresidente, Otto Sonnenholzner (un joven empresario sin experiencia política y llegado de las élites costeñas que fue nombrado a dedo tras la detención por vinculación en el caso Odebrecht de su primer vicepresidente -Jorge Glass- y de la destitución de la que fuera su segunda vicepresidenta -María Alejandra Vicuña- por cobro de coimas), su ministro de Defensa y los principales mandos de los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas.
Para sorpresa de la sociedad ecuatoriana la emisión de dicho espacio televisivo se hacía desde Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. El gobierno nacional había abandonado, con nocturnidad y alevosía, la capital del país. Lo que pretendía ser un acto de fuerza con la declaración del estado de excepción se convirtió comunicacionalmente en la visualización más palpable de debilidad gubernamental.
El gobierno había abandonado el Palacio de Carondelet porque tenía miedo de que las instalaciones presidenciales fuesen tomadas por los manifestantes. Pensar en esa posibilidad, era pensar a su vez en que sus fuerzas armadas permitieran el acceso de los manifestantes, evidenciando su desconfianza respecto a que el propio ejército ecuatoriano apostase por una cambio de mando en el país dada la incapacidad gubernamental demostrada.
Esa misma noche y durante los días siguientes, Oswaldo Jarrín, actual ministro de Defensa y quien en 2012 calificara la desvinculación del Ecuador con la Escuela de las Américas de muestra del “fundamentalismo ideológico” del Gobierno de Rafael Correa, amenazó en reiteradas ocasiones a los movilizados de usar armamento letal si es que se ocupaban sobre instalaciones que el Gobierno considerase como estratégicas. Nada importó y las movilizaciones continuaron a escala nacional.
El lunes 7 de octubre comenzaron a llegar a Quito columnas de miles de manifestantes provenientes de las provincias indígenas. Las entradas a la capital estaban fuertemente resguardas por contingentes de operativos especiales de la Policía Nacional. Pese a ello y ante el número cada vez mayor de manifestantes los indígenas entraron en Quito, no sin que previamente hubiese fuertes altercados e incluso tanquetas y patrulleros quemados. Los detenidos y heridos en las reyertas comenzaban a contabilizarse por centenares.
Pese a la fuerte campaña de miedo articulada en las redes sociales por influencers de perfil conservador, entre los barrios humildes quiteños de la periferia de la ciudad hubo multitud de gestos solidarios ante la llegada de los indígenas. Los indígenas se congregaron en El Arbolito, parque céntrico de la capital ecuatoriana donde han tenido lugar históricos episodios que terminaron derrocando diversos gobiernos durante la década de inestabilidad política que precedió a la llegada de Rafael Correa al palacio presidencial de Carondelet.
Durante el martes 8 y miércoles 9 de octubre siguieron llegando numerosos grupos indígenas a la capital, mientras en el resto del territorio nacional eran tomados diversas instalaciones gubernamentales por parte de los indígenas, se mantenían los cortes de carretera e incluso se eran ocupados pozos petroleros en la zona amazónica clausurándose su bombeo. El último grupo en llegar a la capital fue en la noche del jueves, momento en el que arribaron unos mil indigenas más llegados de territorios amazónicos.
El grito era unísono en todo el país: “La movilización es indefinida hasta que el gobierno nacional derogue el Decreto 883 y el paquetazo neoliberal”. Mientras, en Quito, las movilizaciones se daban por doquier y a todas horas, intensificándose paulatinamente la represión policial sobre los manifestantes. En territorios indígenas e incluso en la capital fueron retenidos distintos destacamentos militares y efectivos de la Policía Nacional, todos fueron entregados posteriormente a las autoridades del Estado sin daños ni lesiones, mientras en paralelo las detenciones de manifestantes se elevaban por encima de mil, se socorría a más de medio millar de heridos y se contabilizaban hasta la noche del 12 de octubre cinco víctimas mortales. Algunos de los uniformados retenidos fueron obligados a cargar sobre sus hombros los féretros de los indígenas caídos durante las jornadas de movilización bajo la consigna de que “sientan sobre sus hombres el peso de nuestros muertos”.
Dos condiciones interesantes se dieron en la capital ecuatoriana: por un lado era palpable la estrategia de twitteros, generadores de opinión pública en diversos medios de comunicación y varios periodistas descalificando al movimiento indígena en las redes sociales; mientras por otro lado, en la vida real, la solidaridad con los manifestantes era más que palpable. Mientras la redes sociales no dejan de ser aún un espacio para las élites ecuatorianas dada la aun escasa democratización digital existente en el país; estudiantes universitarios de todo tipo de disciplinas, especialmente de medicina y enfermería, practicaban la asistencia médica diaria a los heridos en los recintos universitarios. En paralelo, amplios sectores de la sociedad quiteña entregaban mantas, ropa, zapatos, víveres y agua en los recintos en los que pernoctan los recién llegados a la capital. Por último, se creó un amplio despliegue de medios alternativos para dar cobertura a las movilizaciones que estaban siendo criminalizadas en los medios de comunicación tradicionales. Se vio un Quito solidario con los históricamente olvidados frente a un Quito imperante en el mundo digital que lleno de perjuicios y con una estrategia claramente diseñada pretendía criminalizar a los más pobres de la sociedad ecuatoriana. Vale decir que no funcionó la estrategia de enfrentar a blancos urbanitas con cobrizos habitantes de las zonas rurales del país, como tampoco les funcionó atemorizar a las clases acomodadas quiteñas para enfrentarles a los pobres venidos de otras tierras. De hecho, según la encuestadora CEDATOS, nada sospechosa de ser de tendencia izquierdista, el 76% de los ecuatorianos apoya la consigna indígena de derogar el Decreto 883.
Las movilizaciones fueron sorprendidas por hordas que no respondían al llamado de los movimientos sociales y que se infiltraron en las movilizaciones. Aquí se combinaron grupos delictivos que buscaban usufructuar de bienes ajenos, grupos organizados por la sensibilidad política correista y población que llegaba de barrios urbano marginales ya no solo a reclamar el fin de las medidas económicas sino la salida del gobierno. Ambos grupos coincidieron en sembrar el caos en diferentes momentos de las movilizaciones.
La CONAIE, en varias ocasiones, se desvinculó de estas acciones vandálicas, llegando incluso a conformar una guardia indígena que puso orden en las manifestaciones que se daban en la capital. La turba no perteneciente a las movilizaciones impulsadas por los movimientos sociales se vio obligada a actuar en zonas por donde no recorrían las manifestaciones, terminando por quemar la Controlaría General del Estado, lugar donde se guardan los expedientes de investigación de tramas de corrupción institucional que tuvieron lugar durante la década correista. Sospechosamente dicho atentado se dio ante la pasividad de las fuerzas de orden público.
En la tarde del 12 de octubre, “Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad” en Ecuador, el Gobierno Nacional, quien en innumerables ocasiones se reiteró en afirmar que no discutiría sobre el Decreto 883, se vio obligado a acceder a analizar su contenido con los movilizados. Horas antes, el movimiento de mujeres quiteño había salido a las calles junto a las mujeres indígenas declarando a María Paula Romo, ministra del Interior y quien se auto define como feminista, responsable de la represión y traidora al movimiento de mujeres.
Bastó el anuncio de que la CONAIE estaba reuniendo a sus dirigencias para analizar la propuesta de diálogo de Lenín Moreno, exigiendo garantías mínimas (realizar la negociación en un lugar independiente bajo el auspicio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y NNUU) y que dicho diálogo fuera público y retransmitido por los medios de comunicación, para que se incrementara aún más la algarabía en las calles de Quito. A partir de ese momento diversos grupos incontrolados, muchos de ellos posiblemente impulsados por actores ajenos a las convocatorias, sembrarían el caos en toda la ciudad.
Ante la incapacidad de gestión por parte del Ministerio del Interior, el aparato militar presionó al presidente Lenín Moreno para que se decretara el toque de queda. A partir de las 15:00 horas se prohibió el transito en las calles y los recintos en los que los indígenas se concentraron para desvincularse de la trama desestabilizadora fueron rodeados por los aparatos represivos del Estado. En las universidades los estudiantes se vieron obligados a armar cadenas humanas frente a militares y policía interponiendo sus cuerpos en defensa de los indígenas acogidos.
El movimiento indígena denunció inmediatamente la actividad de grupos correistas tras estos disturbios. Ya en la noche, CONAIE emitía un comunicado reconociendo la conmovedora e incansable voluntad del pueblo ecuatoriano de luchar contra el retorno de las políticas neoliberales al país, a la par que denunciaba la decisión del Estado por seguir asesinando indígenas y gente en las calles hasta derrotar la movilización. Pese a ello, la CONAIE se comprometió en sostener la movilización a nivel nacional, rechazando cualquier intención de desprestigiar la lucha histórica que se está llevando a cabo en estos momentos.
La noche quiteña cerró con un fuerte y confuso cacerolazo que se expandió por toda la ciudad. Unos reclamaban paz, otros la derogación de las medidas económicas implementadas por el Gobierno, pero en ambos casos la población capitalina le decía al presidente de la República que estaban haciendo sentir su voz crítica respecto a la gestión gubernamental.
En la tarde del domingo 12 de octubre se dio la mesa de diálogo entre diferentes dirigentes sociales con los pueblos y nacionalidad indígenas a la cabeza y el gobierno nacional. Bajo el título “mesas para un acuerdo de paz”, el gobierno nacional se vio obligado previamente a cumplir cada una de las exigencias indígenas: fue retransmitido en directo por diversas cadenas de televisión, se dio en un complejo hotelero a las afueras de la ciudad -lugar imparcial- y estuvo auspiciado con Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador.
Tras tres horas de debate el pueblo ecuatoriano asistía a un episodio insólito. La CONAIE le decía al presidente Moreno que si quería de verdad la paz retirase el Decreto 883 o de lo contrario la movilización se mantendría en Quito y en todo país. El presidente Moreno y su gabinete de ministros terminarían aceptando. La noche de ayer en Quito y en todo el país se convirtió en una fiesta donde militares, policías y el pueblo se abrazaban en cada una de las barricadas de Quito, cortes de carreteras por todo el país e instalaciones públicas tomadas.
CONAIE desconvocaba en vivo y en directo en esa misma retransmisión el paro nacional.
Análisis final
En la agenda del movimiento indígena, los sindicatos y las organizaciones sociales que apoyan el paro no está derrocar al actual gobierno. La izquierda social e incluso la política no ganaría nada en estos momentos con la salida de Lenín Moreno del palacio presidencial.
Una convocatoria de elecciones anticipadas tan solo beneficiaría en estos momentos la llegada al poder de una derecha aun más reaccionaria o del correísmo. Desde los mundos más reivindicativos que conforman el tejido de los movimientos sociales ecuatorianos, fundamentalmente los indios y las mujeres, ambas opciones son consideradas como aun peores que el mantenimiento del gobierno actual pese a su paulatina derechización.
Por su lado, el correísmo, con una agenda política de urgencia que busca como sea desestabilizar al actual gobierno en aras a que se proceda con la convocatoria de elecciones anticipadas, demostró durante estas movilizaciones que su estrategia esta basada en una política de tierra quemada. Frente a un gobierno que al medio día de sábado 11 de octubre estaba a punto de ceder respecto al Decreto 883, objetivo fundamental de la movilización, optó por provocar la caotización de Quito en aras a sus interés político institucionales. Rompiendo, al igual que lo intentó hacer anteriormente en la provincia del Carchi, la estrategia de lucha de los impulsores del paro nacional. Rafael Correa desde el exterior del país intentó protagonizar la lucha de un movimiento al que él mismo había criminalizado y reprimido durante la década de gestión de su gobierno.
En el ámbito de la política institucional la derecha esta dividida. Una parte de ella apoyó a Lenín Moreno durante lo que lleva de mandato, mientras la otra se declara abiertamente opositora, pese a que durante esta crisis ambas se unieran contra el movimiento indígena. Para el sector empresarial Moreno no es más que una cabeza de puente, es el mandatario que debe aplicar las políticas impopulares para que no recaiga sobre su futuro recambio dicho costo político y social. Conscientes las corrientes conservadoras de que la debilidad gubernamental les permite aspirar en febrero del 2021 al poder, una vez restituida la normalidad marcarán de forma inmediata diferencias con el mandatario, entendiendo que nada de lo que se sienta cercano al actual gobierno nacional tiene la más mínima posibilidad de ganar las próximas elecciones.
De igual manera, una nueva generación de políticos ecuatorianos que pretendían ser el recambio de la actual vieja derecha nacional ha quedado quemada en la gestión de esta crisis. Personajes con notables aspiraciones políticas como María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán o el propio Otto Sonnenholzner han demostrado falencias notables a la hora de administrar el Estado en una coyuntura como la actual, quedando con escasas posibilidades de reconfigurar su maltrecha imagen ante la sociedad ecuatoriana.
En paralelo, la actual crisis desnudó determinados problemas de carácter estructural que transversalizan desde la constitución de la República al Estado ecuatoriano: sigue vigente la vieja matriz colonial, el racismo y una indignante inequidad social basada en una marcada estructura de clases. En Ecuador el 42% de la población indígena viven en condiciones de pobreza, el 18% vive en pobreza extrema y solo el 3% de este target social tiene títulos universitarios.
Este triunfo del movimiento indígena desde el ámbito de las organizaciones sociales se contrapone a una cada más envejecida izquierda política e institucional que se muestra incapaz de generar el más mínimo elemento de atracción entre la sociedad ecuatoriana. Mientras en el movimiento indígena se ha hecho visible una nueva camada de dirigentes jóvenes con grandes dotes de organización para futuras luchas reivindicativas, la izquierda político institucional sigue aferrada a un discurso del pasado siglo y liderada por dirigentes con escasa voluntad de recambio.
El triunfo indígena liderado por sus nuevas estructuras dirigentes, sumado a interesantes cuadros entre las jóvenes militantes del movimiento de mujeres, permiten atisbar con optimismo cierto horizonte en las lucha por la emancipación de los pueblos en este pequeño país andino. En paralelo y a su derecha, que un gobierno débil y derrotado que tendrá serias dificultades para gestionar el país en lo que le queda de mandato hasta las elecciones de febrero de 2021.
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