jueves, 26 de noviembre de 2020

Elecciones en Brasil: TSE registra 264 crímenes contra candidatos desde el pasado mes de enero


Por Decio Machado

Desde el mes de enero a la fecha de hoy en Brasil se registraron 264 crímenes contra candidatos y precandidatos a las elecciones de 2020. Este tenebroso indicador es cinco veces mayor que el existente en 2016, cuando fueron cometidos 46 asesinatos vinculados a las elecciones municipales de aquel entonces.

Los datos divulgados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) muestran que la violencia ejercida contra los candidatos en la actualidad incluyen: tentativas de homicidios, amenazas de agresión corporal, además de asesinatos. En pronunciamiento público, el presidente del TSE, Luís Roberto Barroso, reseñó que la violencia de género fue una de las más altas en el transcurso de este último período. «Este tipo de agresiones a mujeres, físico o psicológica, es peor que lo que representa en sí mismo el machismo, es un acto de cobardía. Necesitamos de más mujeres en la política y enfrenta esta cultura de atraso, de discriminación, de prejuicios y de descalificación».

En este año, 100 casos -intentos o consumados- de homicidios se desarrollaron contra candidatos y per-candidatos. Apenas entre octubre y noviembre, tras la confirmación de las candidaturas, 12 postulantes fueron asesinados. La amenazas se generalizaron sobre el candidatos electorales contabilizándose oficialmente 146 durante este periodo electoral de 2020. Para Luís Roberto Barroso, las fuerzas de seguridad desempeñan un papel determinante para desalentar las tramas de atentados. «La violencia es incompatible con la democracia. Es necesario que existe juego limpio en la política y que este sea civilizado. Las instituciones vinculadas a la seguridad pública están vigilantes en relación a las acciones del crimen organizado», afirma. El presidente del Tribunal reforzó la idea de que están por verse seguramente crímenes electorales a boca de urna, por compra de voto e transporte ilegal de electorales del día de las votaciones.

 

lunes, 26 de octubre de 2020

Bolivia: Una nueva oportunidad para el progresismo latinoamericano


Por Decio Machado / Miembro del Consejo Editorial de Ecuador Today y Director Ejecutivo de la Fundación Nómada

Con más de dieciséis puntos de diferencia el Movimiento al Socialismo (MAS) recuperó su hegemonía política en Bolivia tras la jornada electoral del pasado 18 de octubre. La votación alcanzada por el binomio Lucho Arce y David Choquehuanca se sitúa ocho puntos por encima del cuestionado resultado obtenido por Evo Morales un año antes y que desencadenó la instalación de un gobierno de facto.

El resultado electoral del MAS pondría en cuestión la tesis del fraude electoral posicionada un año atrás desde la Organización de Estados Americanos (OEA), al igual que lleva al traste la estrategia diseñada entre élites económicas nacionales y el Departamento de Estado norteamericano de instaurar un período de cuatro años de estabilidad política postmasista con el ex presidente Carlos Mesa a la cabeza.

Queda por ver si realmente el nuevo Ejecutivo, que será encabezado por Arce y Choquehanca, serácapaz de implementar lógicas de renovación al interior del Gabinete tal y como se comprometieron con el pueblo boliviano, así como sacar al país de la crisis en la que se hundió tras la breve instancia del gobierno transitorio en el poder. Ni David Choquehuanca es Evo Morales, de hecho cuestionó la repostulación de este en 2019, ni Luis Arce tiene la intención de someterse al líder carismático de su movimiento. El MAS actual es un espacio en disputa y habrá que ver como se reparten las nuevas posiciones de poder para entender el pulso interno de estas nuevas corrientes.

De igual manera, el actual triunfo del MAS se da en condiciones distintas a las del 2005. Hay múltiples errores durante las gestiones gubernamentales anteriores que deben ser subsanados. De hecho, han sido múltiples los voceros de organizaciones sociales y campesinas, indígenas y no indígenas, que han manifestado profundas críticas respecto al accionar de la izquierda tradicional en el gobierno y a sus lógicas de cooptación del poder. Según muchas organizaciones del tejido social que han apoyado con el voto la candidatura de Arce y Choquehuanca, la clave de la revitalización para un nuevo proceso de cambio viene de la mano de lograr reimpulsar la capacidad de autogestión y autonomía perdida desde el frente popular durante los últimos años bajo lógicas clientelares, retomando viejas propuestas alternativas y articulando otras nuevas tanto en el ámbito político participativo como productivo, organizativo y cultural.

Pero hagamos memoria…

El 20 de octubre de 2019 se habían realizado los anteriores comicios presidenciales y legislativos en Bolivia. Aquel proceso venía cuestionado desde que Evo Morales perdiera dos años y medio antes el referéndum por una modificación constitucional mediante la cual pretendía aspirar a una nueva reelección, siendo posteriormente habilitado -bajo una lectura sumamente forzada del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos- como candidato presidencial por el Tribunal Supremo Electoral en diciembre de 2018.

El proceso electoral del año pasado fue cuestionado bajo acusaciones de fraude electoral tanto por partidos de oposición como por diversas organizaciones del tejido social boliviano. Este hecho tiene su origen en la interrupción abrupta por casi 24 horas de la transmisión de resultados rápidos cuando el recuento alcanzaba ya el 83,76 pro ciento de los votos y Morales, pese a liderar la votación, no alcanzaba la diferencia porcentual necesaria para ganar en primera vuelta. Cuatro días después, el mismo Tribunal Supremo Electoral que había validado la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera como binomio presidencial, pese a los resultados del referéndum de 2016, anunciaba con el total de votos escrutados que el MAS se imponía sin necesidad de segunda vuelta con el 47,08 por ciento de los votos frente al 36,51 por ciento de su principal opositor (en Bolivia se gana en primera vuelta si se alcanza el 40 por ciento de los votos con una diferencia del 10 por ciento sobre el segundo más votado). En paralelo, grupos opositores liderados por el líder ultraconservador santacruceño Luis Fernando Camacho se tomaban las calles y protagonizaban choques con simpatizantes del MAS que pretendían defender la legitimidad del proceso. A primeros de noviembre, ya sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, Evo Morales se veía obligado a renunciar y abandonaba el país.

Sería a mediados de ese mismo mes cuando la vicepresidenta segunda del Senado, la abogada Jeanine Añez, asumiría -biblia en mano- la poltrona presidencial tras la renuncia de los masistas Evo Morales como presidente de la República, de Álvaro García Linera como vicepresidente, de Adriana Salvatierra como presidenta del Senado y de Victor Borda como presidente de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios del MAS, bloque legislativo mayoritario, no participarían de aquella votación significando su rechazo a esta sucesión. Quince días después quedaban restablecidas las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Bolivia, suspendidas por once años tras la expulsión -en septiembre de 2008- del embajador estadounidense en La Paz, Philip Golberg, por conspirar junto a la oposición política nacional contra Evo Morales.

La resistencia desde sectores populares a la investidura de Añez no se mantuvo por mucho tiempo, lo que fue interpretado como un debilitamiento del músculo movilizador del MAS tras catorce años de gobierno ininterrumpido. Sin embargo, en la algarabía inicial se produjeron las masacres de Sacaba y Senkata (15 y 19 de noviembre respectivamente) protagonizadas por efectivos policiales y militares sobre la población civil y respecto a las cuales Jeanine Añez tiene responsabilidad por delitos de lesa humanidad según reciente informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Durante su gestión, el gobierno dirigido por la conservadora Añez no pudo conducir el país de forma más desastrosa durante estos once meses de mandato. Si bien es cierto que la pandemia agravó una crisis económica que ya estaba en curso debido a la inestabilidad política generada en el país, el gobierno transitorio fue incapaz de impulsar políticas que amortiguasen el impacto de dicha crisis sobre los sectores más humildes de la población. En ese contexto, las grandes mayorías de la sociedad boliviana llegaron a las recientes elecciones añorando el crecimiento y bonanza económica que tuvo lugar durante los catorce años consecutivos de gobierno masista y especificamente bajo la gestión de Luis Arce en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Durante este período el PIB nacional pasó de 11.520 millones de dólares a 41.196 millones de dólares, habiéndose conseguido reducir la pobreza del 60 al 34 por ciento según datos del Banco Mundial.

En paralelo, durante los actuales once meses de gestión del gobierno de facto estallaron múltiples casos de corrupción y nepotismo en medio de la crisis sanitaria derivada por la Covid-19, lo que hizo que las denuncias de corrupción que se habían vuelto permanentes en la prensa y los juzgados contra el gobierno del MAS perdiesen valor negativo ante la ciudadanía boliviana. Tanto la gestión de la pandemia como la gestión económica del gobierno transitorio fueron en extremo deficientes. En medio del sufrimiento de la gente, con oficialmente cerca de nueve mil fallecidos por la pandemia en una población de 11.6 millones de habitantes, la vieja política retornada al poder no escatimó en escándalos de corrupción, siendo el entorno inicialmente más cercano a Jeanine Añez destituido y estando en la actualidad investigado Arturo Murillo, ministro del Interior y hombre duro del gobierno.

De igual manera, la persecución política emprendida desde el gobierno transitorio sobre altos funcionarios del gobierno de Evo Morales, líderes populares y cuadros dirigenciales del MAS convirtieron al hasta entonces partido hegemónico boliviano en víctimas y generaron inquietud y solidaridad entre el sector fundamental indígena y las clases más empobrecidas. La vuelta a las políticas neoliberales, a la inestabilidad económica y a gobiernos de corte racista existente en Bolivia antes de la llegada de Evo Morales al Palacio Quemado determinó que un amplio voto indeciso y oculto, todavía existente días antes de la jornada electoral, se inclinara definitivamente por el MAS.

Aciertos estratégicos de campaña

Frente a los analistas políticos de los grandes medios hegemónicos, quienes teorizaban un triunfo insuficiente del MAS en primera vuelta para posteriormente ser derrotados en la segunda frente a toda la oposición unida bajo el clivaje anti-Evo vs MAS, la campaña de Arce-Choquehuanca apostó por consolidar su voto fidelizado y rural. Esto implicó un modelo de campaña muy vinculado a organizaciones sociales y sindicales y con claro corte movilizador y popular. Algo que no había hecho Evo Morales en 2019 y mucho menos las oligarquías conservadoras bolivianas desde su histórica posición de desprecio a todo aquello que les pareciese indígena y/o plebeyo.

Además, Arce marcó diferencias y llegó a cuestionar en sus discursos de campaña determinadas decisiones tomadas en el gobierno de Evo Morales. Prometió un gobierno de renovación y no mantenerse en el poder por más de una legislatura, lo que a la postre implica una hoja de ruta marcadamente diferente a la de su predecesor. Lucho Arce, quien tiene más de tecnócrata que de líder caudillista, habló de conciliación nacional y desterró cualquier posibilidad de revanchismo -incluso contra quienes diseñaron el supuesto golpe de estado- durante su gestión de gobierno.

Su discurso estuvo dirigido a los fuertemente golpeados actores de la economía informal y a las clases medias bajas en riesgo de volver a caer en la pobreza, fruto del impacto económico de la pandemia. De igual manera, se azuzó en redes sociales el conflicto existente entre las tres principales candidaturas antagonistas encabezadas por Carlos Mesa, Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho, agudizándose la división del voto conservador. La tardía retirada de la candidatura de Añez no implicó un crecimiento del voto de Mesa, el principal opositor, sino que más bien fue rentabilizado por Camacho. El Departamento de Santa Cruz, segundo bolsón más importante de votos en Bolivia y de perfil político claramente antimasista, nunca apoyó la candidatura de Carlos Mesa.

Retos inmediatos

El retroceso económico de Bolivia durante este último año, sumado al impacto en materia de salud y economía de la pandemia, el desmantelamiento de las empresas estatales, la paralización de las plantas industriales creadas por el MAS, así como la disminución de las reservas internacionales implican la necesidad de medidas inmediatas en materia económica que permitan rearticular la senda de crecimiento estable en la que estaba anteriormente el país. Bolivia está obligada a dotar de recursos al erario público para atender las múltiples demandas incumplidas en los últimos meses provenientes desde la sociedad. Se desfondaron las arcas públicas durante la gestión del gobierno transitorio y está por ver la capacidad de atracción de recursos externos por parte del nuevo gobierno masista en la próxima etapa. Replantear una política de corte neokeynesiano, sin por ello caer en las viejas lógicas hiperextractivistas  que generan conflicto social propias del pasado ciclo progresista, implica medidas creativas con ciertas dosis de pragmatismo que han de ser diseñadas por el nuevo gobierno.

A diferencia de los gobiernos de Evo y de Añez, ambos aliados tácticamente al sector del agronegocio, el Ejecutivo que encabecerá Luis Arce debe dar fin a los repetidos ecocidios de 2019 y 2020 que significaron la quema de millones de hectáreas de bosque en Bolivia. Esto implica control sobre las plantaciones comerciales destinadas a la exportación y el control sobre el cultivo de transgénicos, pese a que Arce ha planteado como pilar estratégico de su economía la producción masiva de biocombustibles.

El respeto a la autonomía de las organizaciones sociales mediante la no cooptación clientelar de estas implica una dinámica social popular democrática no existente durante la pasada gestión del poder por parte del MAS. En paralelo, desde el ámbito de la democracia formal, la independencia y separación de poderes del Estado debe ser respetada, siendo su incumplimiento uno de los pilares sobre los que armó la oposición su estrategia de desestabilización política.

Por último, es un deber de las izquierdas recuperar el discurso de la ética y la lucha contra la corrupción. Durante el ciclo progresista estas banderas se perdieron y fueron captadas de forma mentirosa por una derecha sin trayectoria histórica en este sentido. Los nuevos gobiernos progresistas en el subcontinente, Bolivia no es una excepción, deben gestionar de forma transparente y estar prestos a no caer en nuevos idilios tanto con grupos de capital nacional como internacional.

En definitiva, el progresismo latinoamericano tiene una segunda oportunidad en Bolivia. Si bien es cierto que lo que más ayudó al MAS a recuperar el poder fue la desastrosa gestión del Estado implementada durante casi once meses de gobierno transitorio, hecho que hizo que la sociedad boliviana perdonara antiguos errores en la gestión de Evo, hoy la izquierda boliviana tiene una segunda oportunidad. Dependerá de sus aprendizajes y de la capacidad de presión que se ejerza desde el tejido social organizado que esta segunda etapa de gestión masista del poder vaya a buen fin.

Fuente: https://vientosur.info/una-nueva-oportunidad-para-el-progresismo-latinoamericano/


viernes, 18 de septiembre de 2020

“El ecosistema político ecuatoriano carece en estos momentos de actores que aporten valor agregado”

 


Por Isabella Silva y Victor Sepúlveda / Compas del Sur

Decía Vinicius de Moraes que “la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida”. Pues bien, encontrarse con Decio Machado en uno de nuestros aeropuertos latinoamericanos se convirtió en una oportunidad que no podíamos desaprovechar. Presentamos por lo tanto una entrevista improvisada pero profunda sobre la coyuntura global y regional de nuestro continente.

Decio Machado es un analista y consultor político hispanobrasileño residente en Ecuador, director de la Fundación Nómada y vinculado a medios de comunicación alternativa y diversos movimientos sociales latinoamericanos. Es coautor junto a Raúl Zibechi de una obra referencial, “Cambiar el mundo desde arriba: los límites del progresismo” editado en nuestro país por la editorial Quimantú, donde se analiza de forma crítica desde una visión autonomista el reciente período progresista que vivió el subcontinente. 

Empezando por una mirada desde lo global todo parece indicar que no volveremos al mundo en el que vivíamos antes del Covid-19. Habrá un antes y un después, esto que llaman “nueva normalidad” será una realidad diferente… ¿Hacia dónde vamos?

Hemos implementado a escala global un modelo productivo, de consumo y formas de gobierno que atentan directamente contra la Naturaleza, eso tiene su costo y comenzamos a sentirlo de forma directa sobre nuestros propios cuerpos y también sobre el orden político-social imperante.

No creo que esta pandemia haya actuado como un punto de inflexión que marque un antes y un después, sino más bien como un nuevo capítulo derivado de la crisis multidimensional -social, económica, ambiental y cultural- que transversaliza al sistema mundo. En este caso concreto y ciñéndonos estrictamente a la Covid-19, hablamos que una pandemia originariamente vinculada al colapso de la biodiversidad, la destrucción planetaria y el cambio climático; pero con impacto derivado en la economía, lo social y lo cultural.

No es la primera pandemia a la que se enfrenta la Humanidad, pero el alto desarrollo tecnológico y comunicacional existente en el mundo de hoy ha permitido que su impacto desnude las altas desigualdades sociales existentes en el planeta, así como el nivel de vulnerabilidad de nuestra población mayor y de los sectores socio-económicamente más débiles. Esto último se evidenció en los países del Norte desarrollado, donde tras haberse alcanzado un nivel importante de cobertura social durante el pasado siglo hoy hemos podido ver de forma brutal como las políticas de austeridad implicaron la actual crisis de los cuidados en sus sistemas de salud y una cobertura social cada vez mas insuficiente, precaria e insatisfactoria. Respecto al Sur global ni hablamos, los muertos los ponen los pobres, quienes viven en espacios urbanos sin infraestructura adecuada, hacinados en micro viviendas y en muchos casos sin agua que permita un adecuado nivel de higiene personal y familiar.

En fin, es la consecuencia del modelo capitalista que se comenzó a experimentar a partir de 1973 en Chile y en Argentina a partir de 1976 tras sus respectivos golpes de estado, y que comenzó a imperar a nivel planetario a partir de la década de 1980. Si quieres buscar el origen de todo esto, posiblemente esté en la abolición unilateral que hizo Estados Unidos en agosto de 1971 del acuerdo que fijaba el valor de todas las demás monedas al dólar, y el dólar al oro. A partir de entonces, el sistema de monedas global pasaría a ser sostenido por el dinero fiduciario y se introducirían las bases sobre las que se sustentó la fe neoliberal en la creación expansiva de dinero por parte de los bancos, la suposición de que todas las crisis son solucionarles y la idea de que las ganancias generadas en el marco de la especulación se pueden mantener de forma indefinida.

¿Cómo se sale de esta crisis económica?

El crack de 1929 y el miedo a que en aquellas condiciones hubiera un significativo ascenso del movimiento obrero generó que las élites capitalistas del mundo económicamente desarrollado se vieran obligadas a aceptar un pacto multipartes que involucró también a los Estados, élites gerenciales tanto del sector privado como de las empresas públicas y a las clases populares. Hago referencia a aquello que tuvimos a bien definir como “socialdemocracia» y que determinó que el establishment aceptara en aquel momento una limitación de sus prerrogativas sin necesariamente eliminarlas como clase. Aquello permitió, tras la crisis de 1929, la estimulación de la actividad económica bajo políticas keynesianas de recuperación y un importante impulso a los sistemas de protección social. Un proceso que duró desde el periodo entre guerras hasta la primera mitad de la década de 1970, momento en el que la productividad del trabajo dio señales de estancamiento y tasa de beneficio empresarial comenzó a descender. 

Teniendo en cuenta que la actual crisis económica implica que unos 170 países ya registren contracciones económicas de diversos orden y que estamos ante la peor situación económica mundial detectada en la historia del capitalismo desde la quiebra bursátil de 1929, se hace urgente la necesidad de articular un nuevo pacto social que al menos contemple mínimos similares al que generó los estados-providencia durante el pasado siglo. Digo esto siendo consciente que el capitalismo es un sistema evolutivamente dinámico, lo que implica mutaciones permanentes, y por lo tanto articular hoy un pacto de aquellas características conlleva dificultades y condicionantes diferentes.

Pero te diría más, incluso a nivel global y teniendo en cuenta que el poder económico actual se ubica en la región Asia-Pacífico, donde se concentra aproximadamente la mitad de la actual población mundial, se hace necesario también consensuar un nuevo orden mundial superador de viejo pacto establecido en 1945 y que situaba como eje referencial de aquel sistema mundo al entorno geopolítico aledaño al Atlántico Norte.

¿Y tienen hoy las élites dominantes un miedo similar al que tenían en la segunda década del pasado siglo de que las mayorías sociales se organicen y pongan en riesgo sus privilegios?

Si y no, me explico… Lo que desde las ciencia política hemos denominado tradicionalmente izquierda no ha sido capaz de adaptarse a la nueva situación generada por la creciente automatización de las industrias que devaluó la fuerza de trabajo obrera, desplegando a escala mundial una crisis aguda y estructural del trabajo asalariado.

El nuevo capitalismo tecnológico se articula sobre un inmenso poder de procesamiento digital que tiene la capacidad de metabolizar nuestras fuerzas vitales con una voracidad no conocida antes, lanzando y relanzando constantemente al mercado nuevas subjetividades. Esto implica que en nuestras sociedades actuales, tanto la noción de masa como la de individuo se han transformado. Hoy vivimos una lógica de integración social más asociada a la perspectiva individual y colectiva del consumo, nichos de mercado, filiación a marcas, segmentos de públicos y bancos de datos, que desde la óptica ciudadana. Incluso en este nuevo modelo de capitalismo donde las plataformas digitales y redes sociales captan nuestros datos, el producto comprado y vendido en los mercados digitales es el consumidor en sí mismo y básicamente sus sentimientos y datos. En paralelo, la virulencia de los dispositivos de exclusión socioeconómica está en aumento y tiene su efecto sobre el cada vez mayor sobrante de sociedad sin capacidad de insertarse en el nuevo sistema productivo.

Ante todo este contexto en acelerada evolución/mutación del capitalismo actual la izquierda tradicional se mueve extremadamente lento y no sabe insertar su discurso en una nueva realidad donde desapareció el viejo “sujeto revolucionario”, lo cual implica pérdida de capacidad seductora en su discurso. En paralelo, esa misma izquierda sigue sin entender que sus viejas formas organizativas de partidos de masas o del partido de cuadros/vanguardia carecen en la actualidad de validez y efectividad. En este sentido, las élites están tranquilas…

Ahora bien, lo que sí genera miedo entre las élites es que desde la llegada del presente siglo existe un cuestionamiento cada vez mayor al viejo modelo de representación democrático liberal sobre el que se sostuvo el sistema de dominación durante el pasado siglo. La cumbre de la OMC en Seattle a finales de noviembre de 1999 es el principio de una serie de movilizaciones ciudadanas de descontento que dejan a un lado la institucionalidad y el sistema organizacional de partidos, prolongándose posteriormente a través de las primaveras árabes; movimiento de los indignados; los ocuppy Wall Street, Londres y Hong Kong; junio del 2013 en Brasil; chalecos amarillos; las movilizaciones nacidas en octubre y noviembre del pasado año en Ecuador, Chile y Colombia… o las más recientes en Estados Unidos bajo la consigna black life matter.

Estos movimientos tienen un fuerte perfil horizontal y digitalmente asambleario, están desligados de la política tradicional y por lo tanto del sistema, poniendo por igual en cuestión al establishment político como al económico, y al carecer de liderazgos personales son difícilmente cooptables. Aquí las elites y su sistema de dominación si sienten un problema…

En todo caso, la disputa por el poder político aún se mantiene en el marco de lo electoral. ¿Cómo ves la coyuntura electoral de Bolivia ante los comicios presidenciales del próximo 18 de octubre?

Lo ocurrido en Bolivia durante los últimos meses refleja una coyuntura excepcional que por un lado pone en cuestión al masismo y por otro le beneficia. Ambas condiciones deben ser evaluadas en el momento actual. 

En el primero de los casos cabe señalar el desgaste acelerado y la pérdida de sustento social que vivió el gobierno de Evo Morales durante su última etapa. Este momento tiene su origen en la consulta popular por la reforma constitucional en el cual los postulados del régimen fueron derrotados y que termina en el cuestionamiento, por parte de amplios sectores de la sociedad boliviana, de su victoria electoral en las últimas elecciones presidenciales. Desde mi punto de vista, el elemento más esclarecedor de este proceso se da cuando en pleno conflicto post-electoral quienes primero se movilizan son sectores de gente muy joven para posteriormente ser ocupado ese espacio por sectores santacrucenses muy reaccionarios, mientras en paralelo el régimen no tuvo la capacidad de sostener una movilización potente por parte de las orlas que aún expresaban -al menos verbalmente- su apoyo a Evo. Sin embargo y pese a lo anterior, Bolivia ha vivido un segundo momento posterior que tiene que ver con una gestión desastrosa por parte del gobierno transicional encabezado por Jeanine Añez, lo que llevó a la institucionalidad democrática y economía nacional al traste, esto último ahora agudizado por el impacto de la Covid-19. Esto ha hecho que, pese al agotamiento del régimen anterior, en la actualidad mucha gente añore la estabilidad política y económica existente durante el periodo del masismo en el poder.

Lo anterior implica que pese a que los números cambien en función de las fuentes, la candidatura del MAS, encabezada por el binomio Luís Arce y David Choquehuanca, goza en la actualidad de la mayor intención de voto para la primera vuelta según señalan el conjunto de encuestadoras que operan en dicho país. A esta le sigue la candidatura de la alianza Comunidad Ciudadana encabezada por Carlos Mesa y bastante más atrás quedaría la actual presidenta del país,  Jeanine Añez, quien está utilizando ilegítima y desesperadamente medios y recursos del Estado para intentar reposicionar su imagen ante esta contienda.

El conflicto y la división de voto existente entre Mesa, Añez y Luis Fernando Camacho -líder de la movilizaciones santacruceñas contra Evo Morales del pasado año-, quienes rivalizan por ser la opción conservadora contra el MAS en segunda vuelta beneficia estratégicamente a la candidatura auspiciada desde el masismo. Sin embargo, también es cierto que diversas denuncias sobre actos de corrupción que implican a miembros del anterior gobierno y las recientes denuncias de pedofilia contra Evo Morales podrían estar afectando negativamente durante estas últimas semanas a la intención de voto de Luís Arce.

Para el MAS es fundamental ganar el primera vuelta, necesitan para ello llegar al 40% del voto y una ventaja de 10 puntos sobre su más cercano rival, pues en segunda vuelta sería previsible una alianza de todo el resto del abanico electoral contra ellos. Para lograr esos objetivos, el MAS, cuyo voto duro es indígena, necesita establecer una estrategia de comunicación que le permitan conectar de manera favorable con los sectores jóvenes, clases medias y profesionales urbanos. Ahí está el quid estratégico electoral de la cuestión ante el escenario político inmediato.

Faltan cinco meses para el proceso electoral presidencial y legislativo en Ecuador, país en el que resides. ¿Cómo ves la situación en un momento en el que ya se vive en fase de precalentamiento de la campaña electoral?

Ecuador vive una crisis de perfil orgánico y agotamiento del marco institucional. Digamos muy resumidamente que el conjunto de lo existente ya no es capaz de ofrecer soluciones institucionales ni una integración cultural y simbólica que satisfaga los deseos de la mayoría de la sociedad dentro del orden actualmente existente.

Si en algún momento hubo, más allá de alharacas dirigidas a la platea, un equilibrio pactado entre grupos e intereses durante la década correísta este dejó de existir tras el primer año de gestión del actual gobierno. Hoy, el discurso de los de arriba ya no convence a los de abajo…

En Ecuador tenemos un gobierno extremadamente mediocre. No es algo nuevo, pasó antes de Rafael Correa, pasó durante el último período de gestión de la década correísta y también pasa ahora aunque de forma más agudizada. Cualquier sistema político necesita de liderazgos rectores, destinados a promover el consenso multinivel de acciones colaborativas, y eso en este momento no existe en Ecuador. La política es conflicto y en las condiciones actuales no hay por donde evacuar dichos conflicto, estamos ante una olla a presión donde el deterioro económico se convierte en un látigo que azota al conjunto de la sociedad y con especial crueldad a sus capas más vulnerables.

A lo anterior debemos sumar que el fuerte divorcio existente entre ciudadanía y establishment político a lo largo y ancho del continente es aun más profundo en el caso ecuatoriano. De hecho, las movilizaciones del pasado mes de octubre reflejan un conflicto que quedó no resuelto entre el Estado y amplios sectores de la sociedad ecuatoriana. Ni los partidos políticos, ni los liderazgos convencionales, ni la influencia política de los grandes grupos económicos, ni el concubinato existente entre gobierno nacional y prensa  pudieron aplacar el furor de miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país… La pandemia y el confinamiento salvó al gobierno de Lenín Moreno, pero gran parte de esa rabia sigue viva y tendrá una expresión electoral en febrero.

¿Un pronostico para las elecciones de febrero y abril?

El ecosistema político institucional del Ecuador carece en estos momentos de actores que aporten algún tipo de valor agregado. Existe mucha fragmentación en la intención de voto porque la gente está normativamente obligada a votar pero votará sin convicción. Faltan cinco meses para que la ciudadanía se encuentre con las urnas y en la situación actual aventurarse a hacer pronósticos es temerario pese a la gran cantidad de “analistas» que en formato hilo de 140 caracteres andan en estos momentos haciendo futurología en nuestro ecosistema digital.

En todo caso y siendo muy imprudente, mi visión en este momento es que más de la mitad de los candidatos presidenciales terminarán haciendo el ridículo obteniendo un porcentaje de voto muy marginal. De este pelotón de rezagados podría sobresalir algo la candidatura de César Montúfar, quien carente de propuestas políticas para el país se sostiene sobre ese sector del voto duro anticorreista al que le encanta el show y el espectáculo mediático amarillista. Arriba, a la cabeza de la carrera electoral, parece que habrá tres o cuatro candidaturas en disputa de los que pasarán a segunda vuelta solo dos y posiblemente por muy poco margen de diferencia. Estos serían Guillermo Lasso, quien lleva unos ocho años en campaña permanente y que pese a no haber aprendido casi nada de política en esta ocasión cuenta con el apoyo del aparato institucional del Estado; Yaku Pérez, quien perdió perfil indígena para asumir una imagen más hipster en la búsqueda del voto millenials y muy vinculado a causas especialmente ambientales; y Andrés Arauz, quien en el caso de que se imponga una posición democrática en el Consejo Nacional Electoral que le permita correr, basará su campaña en la defensa de lo que fue la gestión de la década correista pero al que no le veo con capacidad de emocionar y crecer sostenidamente entre sectores más allá a los que ya forman parte del voto decidido por la revolución ciudadana.

Sobre esto un apunte final. Teniendo en cuenta el “cabreo” generalizado de la sociedad ecuatoriana con su establishment político y teniendo en cuenta que ninguno de los políticos en cabeza se posiciona sobre el clivaje “lo nuevo frente a lo viejo” o “la antipolítica frente a la política”, todavía podría haber sitio para un cuarto candidato en discordia.

Más allá de diferencias políticas… ¿dónde ves los problemas en la candidatura de la revolución ciudadana’

Andrés Arauz es un hombre brillante pero carece de experiencia en campañas electorales. En paralelo, es presumible que el equipo que toma las decisiones en el ámbito estratégico esté fuera del país, lo que puede implicar que pierdan el pulso sobre la realidad nacional. Por último, el correísmo puede verse tentado a  repetir la matriz central de la campaña del 2006, donde le ganó a una partidocracia que entonces manejaba el poder tal y como sucede en la actualidad. Sin embargo, ya no estamos en 2006. La estrategia política se determina por el contexto y está por verse si los estrategas correistas comprenden bien esta cuestión…

jueves, 23 de abril de 2020

Moreno occulta i dati, ma a Guayaquil non ci sono più bare


 Nella Wuhan latinoamericana 10mila morti, cinque volte in più della media. L’Oms lancia l’allarme sull’Ecuador, dove il governo dei tagli non ha i tamponi. Nella sanità stop agli investimenti, mentre l’attività estrattiva prosegue indisturbata

Entrevista a Decio Machado por 

Il Manifesto

Negli ultimi due mesi le morti in Ecuador sono cresciute in modo anomalo. Nella sola regione di Guayas, di cui la capitale è Guayaquil, sono oltre 10mila, contro una media del periodo di circa 2mila. 6700 sono i morti solo nella prima metà di aprile.

Non si conoscono i motivi dei decessi: non vengono fatti test. L’Ecuador riesce a fare poche centinaia di tamponi al giorno per il Covid-19. Il sistema sanitario (dov’è presente), anche a causa dei tagli degli ultimi anni, è al collasso e in un paese dove non mancano povertà, malnutrizione, dengue, malaria, tubercolosi e altre malattie tropicali la morte è all’ordine del giorno.

Ma mai con i ritmi di questi giorni, in città così come nelle zone indigene e amazzoniche perché l’estrazione di petrolio e di altre materie prime non si ferma con lavoratori in continuo movimento tra territori. Cos’è cambiato? L’arrivo del Covid.19.

Il governo Moreno, pur essendo stato obbligato a certificare i numeri di deceduti a Guayas, continua a dichiarare cifre di contagio basse. Le immagini di Guayaquil, con i morti ammassati per le strade hanno fatto il giro del mondo e, nonostante questo, il governo fino a venerdì scorso dichiarava solo qualche centinaio di deceduti e poche migliaia di infetti.

Ora anche nelle cifre ufficiali si vede una costante accelerazione: in tutto il paese, per il ministero della salute, ci sarebbero poco più di 10mila casi accertati e circa 500 morti.

Ma nella sola Guayaquil non ci sarebbero più bare e spazio per i cadaveri. Decio Machado, politologo ecuadoregno, sostiene di vivere «in un paese di 17 milioni di persone che potrebbe essere tra gli Stati con più vittime e contagiati, a livello percentuale del mondo, per quanto le cifre non sono chiare un po’ ovunque. Senza dubbio è quello con il peggiore dato per abitante dell’America latina. Guayaquil è l’epicentro di questa pandemia, è conosciuta come la Wuhan latinoamericana».

Secondo quanto dichiarato dal presidente Moreno, martedì scorso l’Organizzazione mondiale della Sanità ha inserito l’Ecuador tra i paesi prioritari per ricevere assistenza sanitaria per combattere la pandemia. Il governo ha richiesto, e a quanto dice il presidente ottenuto, di poter utilizzare i fondi dell’Oms per acquistare materiale medico/sanitario.

Decio Machado però ricorda: «Prima della pandemia il governo Moreno aveva un indice di approvazione tra il 4 e il 7%, adesso il dato è ancora peggiore. È sceso di almeno due punti. C’è una disapprovazione generalizzata da parte della popolazione nei confronti della gestione della crisi».

Il governo ha disposto a livello nazionale il coprifuoco tra le 14 e le 8 del mattino seguente, la possibilità di muoversi con la macchina solo un giorno a settimana e la chiusura di molte attività economiche e produttive.

L’emergenza sanitaria unita al crollo dei prezzi del petrolio, secondo la Banca mondiale, costerà all’economia dell’Ecuador almeno sei punti percentuali di Pil nel 2020. E proprio la crisi petrolifera diventa l’occasione per Moreno per addossare tutte le responsabilità al suo predecessore Correa.

Ma secondo il docente universitario Francesco Manigio, da oltre cinque anni nel paese, «il disastro che viviamo è la conseguenza delle politiche neoliberali imposte da Moreno. Ha congelato gli investimenti nella sanità pubblica e inasprito l’austerità. Il governo cerca di mantenersi ancora al potere censurando sistematicamente i dati, con la discriminazione del diritto alla salute e la persecuzione, con arresti delle forze sociali e di opposizione».

sábado, 4 de abril de 2020

Ética, Política Y Comunicación En El Ecuador Del COVID-19

 


Autor: Decio Machado

CEO de Equilicuá

La relación entre ética, política y comunicación al interior del ecosistema democrático ecuatoriano por lo general e históricamente ha dejado mucho que desear.

¿El motivo? Posiblemente porque la política moderna ha introducido en el país un fuerte relativismo moral a la hora de las disputas por el poder y la gestión de este.

¿Tiene el poder una dimensión ética y se plasma esta en la comunicación política estratégica? Pues visto lo visto hasta ahora, más bien el discurso de la ética se ha convertido en una mera forma de justificación del poder y no lo contrario, lo cual sin duda tiene una articulación característica en el tipo de mensajes y narrativa que articulan los actores políticos nacionales.

Si la pandemia global de COVID-19 que sufre el planeta se transversaliza desde el punto de lo político por algo, es por la necesidad de analizarse -ahora más que nunca- la singular relación que entabla la política con la ética y como está se convierte luego en narrativa, relato y discurso político.

El debate es viejo y lo comenzó a poner sobre la mesa Max Weber cien años atrás. Sin embargo, las condiciones actuales, enmarcados en la más grave crisis que ha conocido la Humanidad desde la Segunda Gran Guerra, hacen aflorar los elementos más pertubadores respecto a la escasa práctica de la ética que se hace en la política y como luego esta es transforma en modelo de comunicación pública de los actores políticos respecto a sus correspondientes sociedades.

Weber nos dice que al generalizarse el desarrollo del mercado, en los inicios de la modernidad, comienza a diferenciarse una esfera privada y una pública que termina demarcando lo que es la ética púbica respecto a los valores de la moral, lo que se justificará a la postre en un modelo de mensaje hacia la sociedad. Siguiendo esta tesis, ya no sería posible calificar a los gobiernos en función de las categorías éticas que definían antaño en qué medida se aproximaban o no al bien común; sino que ahora esta medición debe hacerse sobre la eficacia demostraba por la capacidad del gobernante para conquistar y mantener el poder del Estado, así como de la forma en que esto se plasma posteriormente en comunicación. En fin, la política ha pasado -desde Maquiavelo a nuestros días- a tener una especificidad propia y que es definida por la disputa por poder y el poder en sí mismo, haciendo de la comunicación una herramienta al servicio de dicho objetivo. Todo ello pese a que Immanuel Kant pretendiese filosóficamente racionalizarlo en algún momento de la historia.

Llegados a este punto, es un hecho poco discutible que la democracia actual es un mito. Lejos de promoverse una práctica de participación real de los ciudadanos en la instancia efectiva de gobierno y un modelo de comunicación transparente hacia los teóricos «mandantes», en realidad se extiende un tupido velo sobre la sociedad que oculta las verdaderas y muy asimétricas relaciones de poder existentes en nuestra sociedad -«gubernamentalidad» lo llamaría Michael Foucault-, así como los intereses en juego por los actores que se disputan el poder político.

Esto es lo que se está viendo en Ecuador durante los presentes días. Un Gobierno Nacional con una popularidad inferior a dos dígitos que articuló un modelo de comunicación complaciente consigo mismo y que descaradamente desinforma a su población respecto a la realidad del impacto del COVID-19 en el país. De esta manera se construyó una ficción respecto a la capacidad de reacción gubernamental frente a esta crisis y se responsabiliza a la ciudadanía del impacto de la pandemia sobre sí misma, articulando una confusión de datos respecto al número de contagios y su incidencia en muertes en el país. Todo ello enmarcado en un juego de disputas políticas entre posicionamientos de imagen de actores gubernamentales, posicionamiento de los líderes políticos de oposición e intereses estratégicos político partidistas definidos en el ámbito de como mejor cada uno de ellos se sitúa ante a la contienda electoral del próximo mes de febrero.

La comunicación gubernamental en tiempos de COVID-19

Cabe comenzar indicando que si el anterior gobierno del Ecuador se caracterizó, entre otras cuestiones, por articular un modelo de comunicación muy efectivo durante al menos su primeros siete años de gestión de cara al posicionamiento de imagen del entonces primer mandatario, el actual ha carecido de este criterio durante todo su período de mandato.

Sin embargo, llegada la crisis del COVID-19 al Ecuador, existe un encuentro entre la política comunicación del gobierno del ex presidente Rafael Correa y la del actual presidente Moreno. Ambos distorsionaron la comunicación gubernamental transformándola en un aparato de publicidad al servicio del posicionamiento de altos funcionarios públicos, lo que supone en la práctica una cuestionable apropiación de fondos públicos destinada a un fin muy poco democrático: antaño para la apología del culto a la personalidad del ex presidente Correa y en la actualidad la pretendida identificación del Vicepresidente Otto Sonnenholzner con una figura heroica que lucha sin cuartel por la defensa de la salud de los ecuatorianos.


Pero más allá de esto, basta un análisis del modelo comunicacional implementado por el Gobierno del Presidente Lenín Moreno para identificar falencias estratégicas claves. La primera de ella viene desde tiempo atrás y consiste en justificar su existencia en base a la «demonización» de todo lo que tiene que ver con el gobierno anterior.

Una estrategia tan pobre y sostenida de forma permanente durante 35 meses, incluso en la actual situación político-social que se vive en el país, evidentemente hace aguas y demuestra la limitaciones técnico-estratégicas de quienes componen y asesoran el frente político gubernamental.

Pero más allá de lo anterior, la Administración Moreno está transversalizada en al actual crisis por un problema estructural. Si la comunicación gubernamental en la práctica no es más que la política que desarrolla un gobierno expresada en forma pública, llegada la pandemia del COVID-19 al Ecuador difícilmente el Gobierno Nacional puede aparecer como un estado protector si lo que ha hecho durante sus tres años de mandato es desfinanciar el sistema público de salud.

A partir de ahí la estrategia comunicacional del Gobierno entra en crisis y genera una enorme desconfianza hacia el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Es ahí donde las llamadas a restringir la movilización humana y el confinamiento en nuestras casas, enfocados al miedo de la población para posicionar un cambio de conducta social, carecen de credibilidad y confianza especialmente entre los sectores más empobrecidos y golpeados por la gestión del actual gobierno. Superar esta realidad requiere de estrategias blitz -término con el que se conoce a los bombardeos sostenidos en el Reino Unido por parte de la Alemania nazi- por parte de Gobierno Nacional para recuperar legitimación social, algo imposible de conseguir cuando la gestión de esta crisis destaca entre las peores realizadas por los gobiernos de todo el planeta.

El posicionamiento de mensajes de autosuficiencia para afrontar la crisis por parte del Ejecutivo carece de rigor y esto es percibido socialmente.

Ecuador apenas tiene 2 médicos por cada mil habitantes, menos de la mitad del indicador existente en países como Uruguay y Argentina; y 1.5 camas también por cada mil habitantes, lo que equivale a menos de un tercio en relación a países Argentina, la mitad de las existentes en Uruguay y sustancialmente menos que en Brasil o Chile (datos Banco Mundial). En paralelo, todavía está por verse la articulación de grandes espacios en coliseos, hoteles y pabellones universitarios para ubicar camas con dotación de ventiladores que sean efectivos como unidades de transitorias de cuidados intensivos.

Ante la angustia social existente la estrategia del Gobierno Nacional se basó en articular elementos de distracción comunicacional, buscando mostrar ante la ciudadanía lógicas innovadoras y disruptivas destinadas a paliar la crisis.

Y anunciado en paralelo medidas económicas de escaso calado que permitiesen demostrar preocupación respecto a los targets sociales más -en términos gubernamentales- «indisciplinados».

Todo ello en un país donde la gestión gubernamental durante estos últimos años ha conllevado un retroceso en materia de indicadores sociales más que evidente.

Pero con un impacto como el que vive el país en estos momentos, la realidad se hace difícil de ocultar por demasiado tiempo. La presión social ante este hecho ha sido tal que el propio Presidente Lenín Moreno tuvo que salir en cadena nacional, más de un mes después de que comenzará la crisis, a admitir que la información implementada desde su Ejecutivo no era real y llamaba desesperadamente a sus ministros a solventar el maquillaje de datos hasta ahora realizado.

Pese a ello la farsa continuó, especialmente por parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien siguió falseando la realidad -muchas veces quedando sin argumentos especialmente ante medios internacionales- tal y como se pudo apreciar a nivel mundial en su entrevista con Fernando del Rincón.

La realidad respecto a lo que declaraba Romo se muestra muy distinta tal y como demuestra el Gráfico a continuación.

La inversión en materia de Salud en Ecuador pasó en realidad de USD 306 millones de dólares en 2017 a 201 millones en 2018, para terminar en USD 110 millones al cierre del pasado año 2019. Si además consideramos la subejecución del presupuesto en esta materia, las cifras serían aún peores.

En este contexto, la viralización de imágenes en medios internacionales sobre lo que sucedía especialmente en Guayaquil, hospitales atestados de bolsas de fallecidos -muchos de ellos sin identificar- y la aparición de cadáveres por las calles de la segunda ciudad más importante del país, ha hecho que recientemente la comunicación gubernamental haya dado un giro estratégico de 180 grados.

Sería el Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien por cierto que había anunciado un par de meses antes como posible pre-candidato oficialista a las elecciones presidenciales de febrero de 2021, quien aparecería en una nueva cadena gubernamental el 4 de abril indicando que «la cifra de fallecidos que nos muestra el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el mes de marzo en Guayaquil es alarmante».

Quedaban atrás las falacias mantenidas por la Secretaría Nacional de Riesgos donde hasta ese momento se indicaban tan solo 172 fallecidos por coronavirus en el país y apenas 3.465 contagiados.

Con la segunda ciudad más importante del país convertida en un caos y con un sistema de salud nacional incapaz de atender a la población, también los líderes de los demás partidos existentes en la cartografía política ecuatoriana intentaban pensando principalmente en las próximas presidenciales que tendrán lugar en apenas diez meses.

Nebot, Viteri y el Partido Social Cristiano

Quizás los más golpeados por su accionar político en esta crisis haya sido el Partido Social Cristiano. Fundado en 1951 por Camilo Ponce Enriquez y Sixto Durán Ballén como Movimiento Social Cristiano y convertido en partido político a partir de 1967, los socialcristianos tienen como feudo político la hoy tan castigada ciudad de Guayaquil, la cual gobiernan de forma continuada desde el año 1992.

El Partido Social Cristiano, en línea con su tradición histórica apoyó al actual Gobierno Nacional durante gran parte de la presente legislatura, llegando esta alianza estratégica a su fin durante las protestas populares de octubre del pasado año. Es decir, Nebot canceló su acuerdo político con el Presidente Lenín Moreno a partir del momento que entendieron que este políticamente ese acuerdo ya no le beneficiaba.

Desde que Jaime Nebot, máximo líder de esta tendencia política, dejó su cargo como burgomaestre de la ciudad ha modulado estratégicamente su aparición y pronunciamientos públicos. Pretendido candidato presidencial para las elecciones de febrero del 2021 por parte de los sectores conservadores del país y fundamentalmente el empresariado costeño, Nebot se vio fuertemente golpeado a raíz de ganarse la enemistad del movimiento indígena tras sus declaraciones durante las movilizaciones de Octubre del pasado año. A partir de entonces y hasta mediados del mes de enero limitó sus declaraciones a temas concernientes a la ciudad Guayaquil, buscando consolidar el apoyo de su target más incondicional con mensajes como los que se muestran a continuación.

La necesidad de reposicionarse estratégicamente ante el mundo indígena, con fuerte peso en el ámbito rural del país, conllevó que desde mediados de enero en adelante se posicionase una estrategia basada en mensajes segmentados para este ámbito.

Con buena producción de piezas audiovisuales intercaladas con mensajes claros dirigidos al sector agropecuario y el mundo rural en general, se articuló la plataforma de reposicionamiento estratégico de Jaime Nebot cara a febrero del 2021. Se intentaba así convertir su candidatura en algo que fuera capaz de superar estrictamente la región Costa y penetrar en la realidad serrana del país. Proyecto por cierto fallido en las últimas elecciones seccionales que vivió el país.

Igual que todo político de hoy en día en Ecuador, Nebot intentó dirigir un mensaje directo al sectores jóvenes y al ámbito de la mujer, consciente de que es ahí donde se dirimen las elecciones.

Sin embargo y pese a ir bien encaminada su estrategia comunicacional, esta quedó en suspenso cuando hizo público que posiblemente no sería candidato presidencial. Ni sus números ni parece ser su salud le acompañan para asegurarse el triunfo ante tal reto. Con el criterio político que da la experiencia, Jaime Nebot no quiere arriesgarse a cargar una nueva derrota en campaña electoral presidencial, llegado ya el tramo final de su carrera política.

El silencio de Nebot posicionó a la otra voz de reconocimiento nacional en el ámbito socialcristiano. Como es natural, los posicionamientos públicos de Cynthia Viteri, actual Alcaldesa de Guayaquil, se basan fundamental en temas vinculados a la ciudad que gobierna… o al menos gobernaba hasta la llegada del COVID-19.

Fue precisamente con la llegada del coronavirus a la ciudad donde comenzaron los posicionamiento protagónicos de Viteri buscando aparecer como parte protagónica de las soluciones que Guayaquil necesitaba y como referente de gestión local a nivel nacional.

El posicionamiento mediático de la Alcaldesa Viteri se hizo fuerte, basta ver un ejemplo, especialmente a partir de las desaveniencias políticas que se dieron al interior del Municipio de Guayaquil con respecto a los equipos de mandos medios dejados por su predecesor.

Viteri incluso intentó, comenzada la crisis pero antes de que los indicadores de contagio y muertes se dispararan, protagonizar la gestión de esta en su ciudad por encima de las competencias del Gobierno Nacional.

Pero sus errores, cuando ya en Quito se estaban tomando las medidas oportunas, junto a los errores de los responsables del Ejecutivo en la gestión de esta crisis fueron muy graves, tal y como lo demuestran mensajes de este tipo.

Cuando el Municipio de Guayaquil quiso reconducir la situación la cosa se había complicado tan severamente que ya no tenía solución.

Comenzado el cuestionamiento popular a la gestión socialcristiana de la crisis en Guayaquil, Viteri intentó desmarcarse del Gobierno Nacional con un golpe de populismo que le congraciase con los target más incondicionales de su electorado. Es así que el 18 de marzo la Alcaldesa de Guayaquil -en contra de cualquier lógica racional- impidió el aterrizaje en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de un avión cuyo objetivo era repatriar a cooperantes españoles varados en el país. En términos médicos, podríamos decir que fue peor el remedio que la enfermedad, pues Viteri se puso en ridículo y puso en generó amplias críticas internacionales en torno a su ciudad… especialmente por parte de los grandes medios de comunicación europeos.

Es discutible si esta estrategia política a la desesperada funcionó ante los target «duros» de voto socialcristiano en Guayaquil, pero sobre lo que no cabe duda es que aisló al Partido Social Cristiano respecto al resto del país.

El desacierto fue tal que al día siguiente la Alcaldesa de Guayaquil tuvo que protagonizar una melodramática escena comunicativa en el cual anunciaba que estaba contagiada por coronavirus.

De error en error hasta la derrota final la reacción inmediata visualizada en redes sociales, un mecanismo de medición poco fiable pero en este momento el único del que disponemos para el análisis, indicaría una gran pérdida de credibilidad por parte de la Alcaldesa. Ante esto su reacción fue la implementación compulsiva de mensajes diarios en redes sociales (tal y como se puede ver mediante el ejemplo del día 20 de marzo), buscando un posicionamiento público que ya no volvería a obtener hasta el día de hoy pese a que todo el país hable cotidianamente de lo que sucede en su ciudad.

Castigada a cierto aislamiento al interior del COE Provincial del Guayas por parte del Gobierno Nacional, quien no exteriorizó su malestar tras el episodio del Aeropuerto de Guayaquil pero que evidentemente tomó sus correspondientes represalias, Viteri entró en una lógica comunicacional de enfrentamiento con los actuales inquilinos del Palacio de Carondelet.

La estrategia de conflicto a la desesperada llegaba tarde. Viteri no volvería a tener penetración a nivel nacional durante la actual crisis, y de igual forma se mostraba incapaz de arrogarse la voz el descontento de la población local respecto a la incapacidad demostrada por parte del Gobierno Nacional para gestionar la crisis.

Es en este contexto en el que reaparecería el desaparecido Nebot, buscando para paliar en parte la suma consecutiva de errores de su heredera política.

La primera acción en este sentido fue alinearse a la posición mantenida por su rival de misma trinchera, Guillermo Lasso, quien por cierto le había tomado la delantera respecto al debate surgido en torno a los fondos de campaña para las elecciones de 2021.

La siguiente medida fue articularse a la cabeza de un «Comité Especial de Emergencia Coronavirus» que buscaba impulsar medidas que el Municipio de Guayaquil ha sido capaz de articular. De esta manera, Cynthia Viteri volvía, en este caso indirectamente, a ser golpeada políticamente.

Jorge Yunda y su posicionamiento político a nivel nacional

Yunda, como todo Alcalde, basa su comunicación en temáticas que conciernen a su ciudad. Sin embargo, con una visión de la política más intuitiva que técnica salió de los eventos del Carnaval de Quito ya posicionando algunos mensajes de alerta promonitoria respecto al coronavirus. Desde el primer momento le ganaba de largo en anticipación a los voceros del Ejecutivo Nacional.

Posiblemente por su formación médica, Yunda entendió lo que en Guayaquil nunca se llegó a entender, logrando capitalizar social y políticamente en la ciudad de Quito la lucha contra la pandemia.

El 11 de marzo, tras varios casos de contagio en el país y a raíz de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al COVID-19 pandemia, el Gobierno Nacional lanzaría la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en Ecuador. Tres días después el Municipio de Quito ya implementaba mecanismos de teletrabajo para sus funcionarios; todo ello mientras el Alcalde de Quito asumía el rol de consejero médico hacia la sociedad quiteña y tomaba medidas drásticas respecto a la cuarentena.

Jorge Yunda se adelantaría a las acciones gubernamentales decretando suspender el transporte público en la ciudad, medida que fue cuestionada por voceros de la Administración Moreno, pese a que posteriormente el Ejecutivo se viera obligado a implementarla a nivel nacional. Este hecho fue reconocido también por la ciudadanía quiteña e incluso por sensibilidades políticas antagonistas al Alcalde Yunda.

Así mientras en Guayaquil las cifras de contagio se disparaban y los registros oficiales sobre número de fallecidos iban siendo paulatinamente cuestionados por amplios sectores de la sociedad y la prensa internacional, en Quito las cifras han ido creciendo hasta ahora bajo cierto control.

En pocas palabras, la campaña de concienciación en Quito emprendida por el Municipio fue éxito y al contrario de lo sucedido en Guayaquil, permitió al alcalde Yunda obtener un reconocimiento nacional inexistente con anterioridad y afianzar un liderazgo social en su ciudad con el que anteriormente no contaba.

César Montúfar y la personalización del oportunismo político

Montúfar es un académico de reconocimiento limitado y con escaso éxito en el ámbito de la política. Su estrategia de posicionamiento ha sido participar como acusación particular en causas de corrupción que involucran al régimen anterior, buscando aparición pública con la complicidad de los grandes mass media del país mediante iniciativas impulsadas por la Fiscalía General del Estado. Candidato marginal en las elecciones presidenciales de las que participó, quedó en cuarto lugar en las últimas elecciones municipales a la Alcaldía de Quito.

Ante la popularidad adquirida por el Alcalde Yunda en el marco de esta crisis, César Montúfar decidió articular una pobre estrategia de posicionamiento en torno a una causa. Daba igual si esta era sincera y real o apenas un ficción, el objetivo se basaba una vez más obtener posicionamiento a costa coyunturas no impulsadas por él o por su limitada estructura política.

Es así que Montúfar, consciente de la escasa capacidad de articulación lanzó una iniciativa pública basada en la reivindicación de incautación transitoria de un edificio en ruinas tal y como es en la actualidad la ex Clínica Pichincha.

La situación catastrófica en la que se encuentra este predio fue aclarada por la Universidad UTE, actual propietaria del inmueble en ruinas, y por el Rector de esta institución mediante mensajes en redes sociales incluso con aporte de documentación pertinente. De igual manera, a través de otras voces que se involucraron en el debate digital en redes se transparentó el ofrecimiento -hecho semanas antes- por parte de la UTE de su coliseo al Ministerio de Salud para la instalación de camas destinada a la atención de futuros contagiados por COVID-19 en la ciudad de Quito.

Todo dio igual, sin más estrategia política que su puntual posicionamiento público como adalid de una causa inconsecuente, la adecuación de la ex Clínica Pichincha podría llevar unos seis meses de trabajo y una inversión por parte del Estado absolutamente inapropiada en momentos como este, Montúfar mantuvo su estrategia hasta el ridículo intentando incluso involucrar en esta contienda al Presidente de la República.

Al calor del ruido generado en redes sociales, donde este político quiteño fue altamente cuestionado, la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) decidió personarse en las instalaciones en conflicto dando fe de las condiciones inadecuadas del edificio y llamando al orden a Montúfar, quien pese a desistir de esta causa nunca rectificó ni pidió perdón por la polvareda levantada en medio del dolor de las familias que en la actualidad pierden seres queridos.

El reposicionamiento político de Guillermo Lasso en el marco de la crisis

Consciente de la situación de deslegitimación social que vive el Presidente de la República y que el conflicto con el régimen anterior forma parte del escaso patrimonio político del que se ha dotado el gobierno actual y carece ya de réditos políticos, Guillermo Lasso lleva meses manteniendo una línea de discurso enfocada al empleo, revitalización económica y el emprendimiento, así como el cuestionamiento a la calidad de los servicios de educación y salud.

Como otros tantos políticos nacionales, buscó a partir del mes de enero sintonizar con los sectores más jóvenes de la sociedad cuestionando la existencia de la SENESCYT o de la prueba “Ser Bachiller”, mientras en paralelo intentaba conectar con el segmento electoral femenino.

Pese a sus críticas respecto a la gestión de la Administración Moreno, Lasso y su organización política CREO mantendrían el apoyo puntual al Ejecutivo en la Asamblea Nacional, alianza estratégica que llegaría a su fin tras el espaldarazo gubernamental a Diana Atamaint en la crisis interna del Consejo Nacional Electoral (CNE). El asunto era sencillo, para que seguir apoyando al Gobierno Nacional si llegado el momento político dicho gobierno era incapaz de devolverles el favor político alguno.

El 29 de febrero, momento en el que sería público el primer caso de contagio por coronavirus en Ecuador, Lasso posicionaría su primer mensaje respecto a esta pandemia global.

Posiblemente más consciente que el Gobierno Nacional y el resto de sus antagonistas políticos de la gravedad de esta crisis, Guillermo Lasso iría incrementando el voltímetro de sus mensajes según se agudizaba dicha crisis y se visualizaba la ineptitud institucional.

Consciente de que el manual de marketing político conlleva la regla de no alterar la esencia personal de los candidatos electorales, Lasso no ocultó su alineamiento político respecto a las medidas propuestas por desde el sector financiero nacional y los grandes grupos de capital.

Y en ese sentido, incorporó también a su institución financiera a las iniciativas de carácter filantrópico que se están emprendiendo desde diferentes grupos de capital que operan en la economía ecuatoriana frente a las carencias de la gestión gubernamental.

Con solvencia personal suficiente para afrontar un proceso electoral sin duda anómalo como el que se vivirá en febrero del 2021, Lasso no dudo en posicionarse como adalid de una iniciativa que -populistamente- sin duda genera simpatías entre amplios sectores de la sociedad ecuatoriana.

Llegando a posicionar un modelo de mensaje que coincide sin duda con lo que la ciudadanía quiere en estos momentos escuchar por parte de sus dirigentes políticos, pese a que en ningún momento explicase como hacerlo.

De igual manera, mientras el Gobierno Nacional atendía muy inoportunamente sus obligaciones en el ámbito del servicio de deuda, Guillermo Lasso daba un giro respecto a su posición habitual en este eje discursivo, sintonizando de esta manera con el sentir popular mayoritario: la vida antes que el pago de la deuda.

Buscando incluso estratégicamente conectar con los presidentes que mejor se han situado políticamente respecto a sus respectivas sociedades en el marco de esta crisis, tal y como es el caso de Nayib Bukele en El Salvador.

Rafael Correa y su actuar político desde la distancia

Con varios procesos judiciales abiertos y siendo objetivo «militar» del conjunto de sus antagonistas políticos, poderes fácticos y medios de comunicación masivos que buscan su inhabilitación como candidato a cualquier dignidad en las próximas elecciones de febrero de 2021, posiblemente Rafael Correa ha sido el político ecuatoriano que menos margen de maniobra ha tenido durante la presente crisis. Esta condición se traslada de forma lineal al conjunto de su organización, todavía presa de la relación líder-masa que se mantuvo durante su periodo presidencial correista y que mermó las formas de democracia orgánica al interior de esta estructura política.

Correa lleva los últimos tres años inmerso en una estrategia política y comunicacional basada en defender los logros de su gobierno, hacerle frente a las acusaciones de corrupción impulsadas desde el actual Ejecutivo y posicionar al Presidente Moreno como un traidor que ejerce un plan de gobierno distinto al que votaron los ecuatorianos. Fue ese el modelo de comunicación que se mantuvo durante la actual crisis, apenas con retoques puntuales ante coyunturas políticas determinadas.

En ese contexto sus mensajes han seguido la línea de los que vemos a continuación.

Sin duda, el voto migrante ecuatoriano es correísta y gran parte de sus mensajes se han enfocado a asegurar que dicho electorado se mantenga fiel a sus convicciones actuales.

Sin embargo e inteligentemente al arranque de la actual crisis, Correa y el correísmo en su conjunto plantearon inicialmente mensajes pretendidamente superadores del conflicto político que se vive internamente en el país.

Aunque la distancia no le permite protagonizar campañas caritativas o de solidaridad económica y material con los sectores vulnerables inmersos en la actual crisis, Correa y sus partidarios no han dejado de denunciar lo que como corriente política consideran acciones inconsecuentes del Gobierno Nacional y de su sucesor Lenín Moreno.

Sin embargo, llegado el 22 de marzo Rafael Correa lanzó un mensaje claramente inconsecuente con lo que se vive a nivel nacional. Mediante un mensaje claramente inconsecuente respecto a la realidad que en la actualidad vive el Ecuador, el ex mandatario posicionaría la necesidad de la renuncia de todo el Ejecutivo y la urgencia de conformar un nuevo gobierno con supuesta capacidad de gestión.

Mientras el Gobierno Nacional atendía su servicio de deuda contra los consejos de las propias instituciones internacionales acreedoras, Correa y el progresismo internacional se lanzaban a una campaña internacional por la condonación de la deuda externa. De esta manera el correísmo volvería a posicionarse en condición de ventaja frente al sentir popular.

Mientras, paulatinamente el correísmo volvió a ir radicalizando sus posiciones de crítica a la gestión desarrollada por Moreno en el ámbito de la crisis, todo ello según la ineficiencia gubernamental fue incrementando su visibilidad ante la sociedad.

Viéndose obligado también a golpear a los políticos nacionales que mejor estrategia de comunicación política y posicionamiento han logrado hasta el momento durante la actual crisis.

El 30 de marzo el Gobierno Nacional con la complicidad de varios periodistas y medios de comunicación afines lanzarían una campaña de respuesta buscando una vez más desprestigiar al correísmo, responsabilizándolos de orquestar una campaña de fake news respecto a lo que se vive en estos momentos en Guayaquil. Correa y la sensibilidad correista respondería de siguiente manera.

Sin embargo y más allá de la disputa política por el poder en el que se instalan los diferentes actores políticos ecuatorianos, las propuestas económicas planteadas en el ex presidente Correa en el ámbito de la actual crisis se muestran como las de elaboración más acabada y serías frente a sus antagonistas políticos.

Pese a ello es predecible que el correísmo no tenga la capacidad de acumular políticamente el descontento social acumulado durante la gestión del gobierno actual, dado los negativos que tal sensibilidad política ha acumulado durante los últimos años. Lo anterior implica una dosis de humildad e inteligencia política no acorde con el accionar habitual de esta corriente política, obligada a entender que no existen las condiciones políticas que les permitan correr en condición de ganar en las próximas elecciones presidenciales frente al conjunto de organizaciones y partidos políticos antagonistas, lo que les obliga a negociar con otros espacios políticos y en toda negociación se deben hacer concesiones con quienes se pretende articular consensos.