Un análisis de la situación en Venezuela más allá de los lugares comunes

Venezuela se ha convertido en un Estado mafioso en el cual su cúpula dirigente se enfrenta con una oposición que también responde a intereses claramente espurios, apoyado por unas potencias que continúan con una línea de injerencia y reproducen una historia de siglos de dependencia.

Por Decio Machado / Universidad Nómada del Sur / Centro de Estudios de Geopolítica Crítica en América Latina

El pasado 23 de enero el legislador Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Este joven diputado por el Estado de Vargas, desconocido hasta hace apenas unos días por la mayoría de los venezolanos y especialmente por la comunidad internacional, pertenece al partido Voluntad Popular —organización política fundada en diciembre del 2009 bajo el liderazgo de Leopoldo López— y fue nombrado como presidente de la Asamblea Nacional tan solo 18 días antes de su autoproclamación presidencial.

Guaidó, de apenas 35 años, comenzó a incursionar en política en su etapa universitaria. Fue uno de los dirigentes estudiantiles de la llamada “generación de 2007”, movimiento opositor del entonces presidente Hugo Chávez. De ahí pasó a la política institucional ganando su curul en las elecciones legislativas de 2011 y siendo reelegido en 2016.

El rol asumido por Juan Guaidó implica un cambio en las estrategias de una oposición que, pese a las debilidades del régimen, se ha caracterizado por su fragmentación interna y la pugna entre los distintos líderes. A la postre, esta situación es la que permitió la supervivencia de Nicolás Maduro en el poder pese a su escasa legitimidad política y social. Sin embargo, con gran parte de los liderazgos opositores en condición de exiliados o inhabilitados por la “justicia” bolivariana —caso de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Julio Borges o Henrique Capriles entre otros—, una figura como Guaidó, relegada al segundo plano político en la oposición hasta hace escasos días, ha pasado a tomar un rol protagónico y posiblemente decisivo en la actual coyuntura política del país.

Apenas segundos después de que Juan Guaidó expresara la frase de la autoproclamación —“Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado”—, el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de la OEA, Luís Almagro, entraban en escena cumpliendo un rol estratégicamente preasignado. De esta manera, se inauguraba una cada vez más amplia lista de países y organismos internacionales que han ido paulatinamente reconociendo al nuevo líder opositor en desmedro de Nicolás Maduro.

Analizar el resultado del reciente movimiento de piezas realizado por un sector de la oposición en el tablero político venezolano requiere una objetividad de la que lamentablemente la mayoría de opinadores andan escasos.

En este sentido haremos un esfuerzo aplicado sobre los siguientes cuatro ejes de esta crisis: legitimidad o no de la autoproclamación presidencial de Guaidó; cuál es la realidad tras la injerencia extranjera en el país; cuáles son las estrategias de los actores en conflicto y los escenarios más factibles que podrían generarse; y, por último, cuál sería la resolución más adecuada para los interés populares.

ILEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DE LOS PODERES EN PUGNA

En primer lugar, se debe indicar que el proceso electoral del pasado 20 de mayo, por el cual Nicolás Maduro fue elegido —con el 67,84% de los votos emitidos— por segunda vez como presidente de Venezuela para el período 2019-2025—, se dio en el marco de amplias irregularidades tanto en su convocatoria como durante el proceso electoral. Lo anterior incluye la inhabilitación de diversos candidatos, el impedimento de participación de múltiples partidos opositores, la falta de competencias constitucionales de la Asamblea Constituyente para convocar a elecciones, la falta de tiempo para los lapsos establecidos en la normativa electoral y las múltiples denuncias por compra de votos.

Fueron varios los organismos internacionales que denunciaron la carencia de garantías democracias y transparencia en el proceso electoral, lo que conllevó a que incluso Nacional Unidas desestimara su participación con observadores electorales.

Este cuestionamiento también se dio en el interior de Venezuela, registrándose la abstención más alta en la historia de los comicios presidenciales desde la llegada de la democracia al país en 1958. Mientras la participación electoral en 2006 había sido del 74,7%; en 2012, del 80,5% y en 2013, del 79,6; en 2018, apenas alcanzó el 46% de los electores, es decir, votó menos de la mitad de la población convocada. De un censo electoral de 20,5 millones de ciudadanos tanto solo 9,4 millones se personaron ante las urnas, respaldando al régimen del Nicolás Maduro tan solo 6,2 millones de ellos.

Sin embargo y más allá de lo anterior, la aplicación del artículo 233 del Constitución (en el cual se estable que si un presidente electo no puede juramentar para iniciar su mandato, la presidencia debe encargarse al presidente de la Asamblea Nacional hasta que se designe un nuevo mandatario) no es aplicable en las actuales circunstancias.

Dicho artículo fue diseñado ante la posibilidad de que un presidente electo no pudiera asumir el mando del país, situación muy lejana a la realidad que vive en la actualidad Venezuela. Lo que existe en este momento es un mandatario que no ha sido reconocido por la mayor parte de la sociedad de su país, pero no un vacío de poder.

Así las cosas, la autoproclamación de Guaidó y su reconocimiento internacional obedece a lógicas políticas nacionales e internacionales, pero carece de fundamento jurídico. En lo que respecta al ámbito regional y más allá de la vergonzosa actuación de la OEA, la actual coyuntura se da con una Unasur absolutamente desactivada tras la implementación de una nueva hegemonía neoliberal en Sudamérica.

Lamentablemente quedan en el olvido los precedentes instaurados por este organismo de integración ante la crisis política en Bolivia en 2008, el golpe de Estado contra el presidente Zelaya en Honduras en junio del 2009, la instalación de bases militares de EE UU en Colombia en agosto de 2009, la tensiones fronterizas y geopolíticas fruto de la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela en agosto del 2010, la crisis en Ecuador tras el amotinamiento policial en septiembre de 2010, el derrocamiento del presidente Fernando Lugo en Paraguay en junio del 2012 o los intentos de desestabilización en Venezuela entre abril del 2013 y marzo del 2015, momento en el cual los mandatarios suramericanos convocados en cumbre presidencial reconocieron al presidente Maduro y la legitimidad del proceso electoral de abril del 2013.

INJERENCIA EXTRANJERA EN ASUNTOS INTERNOS DE VENEZUELA

Pese a las dos décadas de gobierno chavista en Venezuela, Estados Unidos sigue siendo el principal importador de petróleo venezolano y también el primer proveedor de divisas a Venezuela. Sin embargo, y pese a los ríos de tinta expresados en sentido contrario por analistas de la izquierda tradicional, el interés estadounidense sobre el petróleo venezolano está estrictamente enmarcado en las actividades de sus compañías transnacionales.

La dependencia estadounidense del petróleo extranjero se ha reducido drásticamente en los últimos años, pasando a ser un país casi autosuficiente fruto del brutal desarrollo de su industria del fracking. Lo anterior no quita que, tal y como ya ha anunciado John Bolton, asesor de Trump en la Casa Blanca, exista un interés de las empresas petroleras estadounidenses en invertir y producir petróleo en Venezuela, condición atada a la salida de Nicolás Maduro del palacio presidencial de Miraflores.

Estados Unidos se ha despreocupado sistemáticamente de Venezuela y del resto del subcontinente desde el año 2001, momento en que la Administración Bush procedió con sus guerras en el Golfo Pérsico y Afganistán. Desde la llegada de Donald Trump al despacho oval, lo que se visualiza en Washington es un fuerte desinterés por diseñar una política estratégicamente bien pensada, ambiciosa, sistemática y enfocada a la defensa de los intereses de los Estados Unidos y el de sus aliados.

La pasada semana incluso el Senado estadounidense votó —con mayoritario apoyo de demócratas y republicanos— en contra de lo que definió como “precipitada retirada” de tropas de Siria y la reducción de sus soldados en Afganistán. En este sentido, parecería que los beligerantes discursos de Trump y las presiones diplomáticas estadounidenses tendrían como objetivo real el resintonizar con el electorado republicano más ideológicamente radical, condición necesaria tras el estancamiento de la propuesta presidencial respecto a construir un gigantesco muro en su frontera con México.

En el lado contrario de la barricada aparecen Rusia y China, quienes son los principales proveedores de armas de Venezuela. El apoyo político ruso a Maduro es meramente pecuniario, pues más allá de los intereses políticos —Venezuela ha expresado su apoyo a Rusia en temas como el reconocimiento de Abjasia, Osetia del Sur y la situación en Ucrania—, soportan en torno al 5% de la deuda pública externa del país, la cual tuvo como finalidad financiar la compra de aviones de combate y un par de submarinos.

En este sentido y ante un cambio de régimen, Vladimir Putin corre el riesgo de perder más de 17.000 millones de dólares invertidos en el país caribeño durante las últimas dos décadas. La mayor parte de estos a través de adjudicaciones poco transparentes por parte del establishment bolivariano a la petrolera estatal rusa Rosneft.

En el caso de China, su relación con Venezuela deviene del plan del presidente Xi Jinping para extender la influencia de Beijing a nivel internacional. Pese a que varios países se han ido retirando de hacer negocios con Caracas en los últimos años, la República Popular China ha duplicado su apoyo. Durante la última década, Venezuela ha recibido más de 62.000 millones de dólares de China, principalmente en créditos, lo que representa el 53% del total de montos prestados por el gigante asiático en América Latina.

China posee en la actualidad un valor de 23.000 millones de dólares de la deuda externa de Venezuela, lo que les convierte en el mayor acreedor del país y el actor que hace todavía sostenible —gracias a su billetera— al régimen de Nicolás Maduro. Un cambio de gobierno con tendencia pro-estadounidense podría complicar los mecanismos de pagos de la deuda externa venezolana.

ESTRATEGIA DE LOS ACTORES EN CONFLICTO Y ESCENARIOS PREVISIBLES

El escenario político abierto tras la autoproclamación presidencial de Juan Guaidó tiene objetivos claros y concretos: incrementar aun más el actual desgaste y deslegitimación política a la que está sometido Nicolás Maduro y su camarilla al interior de Venezuela; posicionar un nuevo liderazgo político en el país buscando unificar a los partidos opositores bajo una misma estrategia; terminar de aislar globalmente al régimen bolivariano mediante la implementación de sanciones internacionales; y, ante la potencialidad del actual envite, resquebrajar el apoyo de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro.

En este sentido, Donald Trump ya articuló medidas que van directamente al punto más frágil de la economía venezolana sancionando a la petrolera estatal PDVSA y bloqueando sus activos y cuentas. Citgo, una empresa venezolana que opera en Estados Unidos con miles de instalaciones, refinerías y gasolineras será entregada a la oposición política. A partir de ahora los fondos que debe pagar Estados Unidos al gobierno venezolano serán abonados a un pretendido Gobierno de Juan Guaidó. Se busca terminar de colapsar económicamente al régimen de Maduro —el FMI proyecta para este año una hiperinflación del 10.000.000%— sin importar el impacto que dicho tipo de acciones tienen sobre una sociedad venezolana, la cual vive inmersa en la escasez de alimentos y medicinas.

Esta condición se da con una PDVSA en condición de default y una producción petrolera —fruto de la ineficiencia gubernamental y la corrupción institucional— al nivel más bajo de las últimas tres décadas: 1,3 millones de barriles diarios.

Lo anterior se hace posicionando un liderazgo nuevo, buscando superar la frustración que sintió una parte de la población venezolana tras los cuatro meses de protestas desarrollados en 2017 y que se saldaron con 125 muertos. De momento, líderes opositores tradicionales como Henrique Capriles o Henry Ramos Allup no están apareciendo en busca de protagonismo y tampoco cuestionan la nueva estrategia opositora, lo que parece indicar un pacto transitorio pese a que hay descontento por el apoyo explícito de Estados Unidos a la estrategia diseñada desde Voluntad Popular.

Por su parte, Nicolás Maduro y la boliburguesía instalada en el poder no parece tener una estrategia que vaya más allá de buscar una lógica de estancamiento en la resolución del conflicto. Para ello es posible que se opte por una opción de dialogo con la oposición bajo el objetivo de ganar tiempo.

Una vez agotado la estrategia del culto a la personalidad de Hugo Chávez, al régimen de Maduro tan solo le queda dotar de instrucción militar a los sectores de la población más incondicionales con su régimen. Con el objetivo anunciado de llegar a dos millones de milicianos reclutados y armados para defender su gobierno, el régimen busca hacer una demostración de fuerza que atemorice la iniciativa política opositora y desmovilice, bajo la estrategia del miedo, las presumibles y permanentes movilizaciones en las calles que se avecinan. De hecho, un estudio de la firma Torino Capital —un banco de inversiones y broker de bolsa con sede en Nueva York y amplias inversiones en América Latina— asigna tan sólo el 40% de probabilidades y el 30% de posibilidades a un escenario donde el Gobierno de Maduro se vea obligado a convocar elecciones presidenciales anticipadas.

En paralelo, Maduro busca diminuir el impacto de las sanciones estadounidenses sobre PVDSA incrementando la venta de petróleo a intermediarios que luego revenderían los barriles en Estados Unidos u otros países, así como mediante el aumento de la exportación de crudo a China e India. En paralelo, se ha lanzado una iniciativa que busca nuevos proveedores para adquirir los diluyentes que permiten comercializar los crudos pesados de la Faja del Orinoco y los combustibles que compran en el exterior por las fallas permanentes en las refinerías del país.

Proyectando al corto plazo, el gobierno de Maduro debe gastar de forma inmediata unos 3.000 millones de dólares para poder atender las necesidades en importación de productos básicos —buena parte de ellas han sido reorientadas hacia México, Rusia y Turquía— como harina, arroz, pasta y leche en polvo que vende a precios subsidiados a la población de menos ingresos y la compra de combustible para evitar fallas en las bombas de gasolina e interrupciones en el servicio eléctrico. En todo caso, se prevé que baje el suministro de alimentos, que haya problemas con el abastecimiento de gasolina y es muy probable que aumenten los apagones y otro tipo de fallas eléctricas.

Por último, ante la inminente caída en el ingreso de divisas, el Banco Central de Venezuela implementa medidas de emergencia para evitar la escalada del dólar y una mayor devaluación del bolívar. En este sentido, se pretende recortar severamente el crédito y aumentar de manera sustancial la porción del dinero que las entidades financieras tienen que congelar como reservas. En todo caso, es previsible que la hiperinflación no se vaya a detener, dado que la causa fundamental de esta es que el Gobierno crea dinero sin respaldo para cubrir en grandes cantidades sus gastos. Incluso lo más probable es que la contracción del crédito profundice la actual recesión económica que tuvo su punto de arranque en 2013 y se agudizó a partir del 2015.

Si la oposición política venezolana no lograra resquebrajar el apoyo militar a Maduro, condición inevitable para sacarle del poder, lo previsible es que la reducción en el ingreso de divisas obligue a recortar severamente las importaciones de materia prima e insumos en el país. Un reciente análisis de compañía Credit Suisse sentencia que las sanciones estadounidenses sobre Venezuela, debido a la restricción en divisas empujará al tipo de cambio y la inflación, traerá una mayor recesión.

En todo caso, pudiera ocurrir que la estrategia estadounidense y opositora convierta al gobierno de Nicolás Maduro en una especie de big brother que lo mantenga en el poder con un país aún más empobrecido donde el único que tenga algo que repartir sea él gracias a sus negociaciones con China, Rusia, Turquía y México.

LA MEJOR SOLUCIÓN POSIBLE

Lo primero que hay que entender es que ya no se trata de una disputa ideológica o de clase. El Gobierno actual en Venezuela tiene más que ver con prácticas fujimoristas que con las implementadas por el chavismo durante sus momentos de mayor legitimidad político-social. Ser chavista hoy en Venezuela no tiene por qué significar el apoyo al régimen de Nicolás Maduro. A la par, han sido los barrios populares de Caracas los que han protagonizado las movilizaciones populares durante estas últimas noches, precisamente aquellos anteriormente bajo control del régimen.

Venezuela se ha convertido en un Estado mafioso en el cual su cúpula dirigente se enfrenta con una oposición que también responde a intereses claramente espurios. Lo ideal, pero poco factible, sería que en este contexto se constituyera una tercera fuerza, en este caso de carácter social y con protagonismo de la sociedad civil, con el fin de imponer la voluntad mayoría que implicaría una salida política alejada del derramamiento del sangre y el intervencionismo extranjero.

En la práctica, la salida política más adecuada es la convocatoria de unas elecciones libres, lo que implica cuestiones colaterales como la implementación inmediata de un nuevo Consejo Nacional Electoral —órgano rector de la democracia actualmente en manos del partido de gobierno— conformado estrictamente para este momento por académicos y figuras con reconocimiento nacional no vinculados a intereses partidistas.

No cabe duda que Nicolás Maduro debe marcharse del país, posiblemente con destino a algún país aliado que le brinde —al menos inicialmente— protección. En paralelo, los militares de tropa deberían entender que pese a los actuales privilegios de los que gozan sus mandos no deben ejercer la represión sobre la mayoría disidente de su sociedad, y tampoco deben ser cómplices de la represión que en la actualidad ejercen los grupos paramilitares que responden al régimen. De acuerdo a los registros levantados por Provea —organización social dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela—, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana son responsables del asesinato de 205 ciudadanos entre los meses de enero y diciembre de 2018.

Una escenario de guerra al interior de Venezuela fruto de una hipotética invasión extranjera al país, escenario poco probable, pero argumento sobre el cual se ha intentado legitimar desde hace años el régimen, no le daría la más mínima posibilidad de victoria a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) pese a las importantes inversiones en armamento realizadas en los últimos años.

Más allá de los enardecidos discursos pretendidamente heroicos y patrióticos de Nicolás Maduro, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar del planeta y dispone de una amplia capacidad para realizar operaciones militares quirúrgicas con menor exposición que en sus contiendas durante el pasado siglo, mientras Venezuela ocupa el puesto 45 del ránking militar entre 131 países. Una guerra en Venezuela se parecería más a lo sucedido en Iraq y Libia que al tan recurrido ejemplo de Vietnam.

Lo más probable es que los hoy valientes y patrióticos mandos del ejército bolivariano busquen mecanismos por los cuales negocien amnistías y sobreseimientos en las investigaciones que pudieran iniciarse sobre ellos por casos de corrupción y acciones represivas contra la población civil, momento en el cual podrían abandonar a Maduro a su suerte si es que lo consideran como el perdedor de la actual disputa.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/la-ruta-del-jaguar/analisis-de-la-situacion-en-venezuela-maduro-guaido-lugares-comunes

ELN le da una mano al gobierno de Duque

Decio Machado / La Brecha

“La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, es una instalación militar; allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social. Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas, es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente…”

Lo anterior es un extracto del comunicado emitido por la dirección nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pocos días después de la explosión del pasado 17 de enero de un carro bomba en la escuela policial General Santander, al sur de Bogotá, donde fallecieron 21 personas y que quedaron además 68 heridos.

Es así que el ELN decidió romper de forma definitiva los diálogos con el gobierno colombiano, los cuales llevaban meses estancados dado que el presidente Iván Duque condicionaba su restablecimiento a la liberación de todos los secuestrados por parte de la guerrilla y el cese total de actividades insurgentes.

La reacción inmediata del gobierno de Colombia ha sido desconocer los protocolos pactados en caso de ruptura de la negociaciones de paz (donde se establecen 15 días para planear y concretar -con marcos de seguridad- el retorno a Colombia de la delegación del ELN) y exigirle a Cuba la entrega de los negociadores elenos. Esta condición genera en la actualidad un conflicto diplomático entre Bogotá y La Habana, dada la posición cubana de respetar los acuerdos previamente pactados con el ex mandatario colombiano Juan Manuel Santos.

El atentado de Bogotá era relativamente previsible como desenlace del estado de bloqueo existente en la relación guerrilla y gobierno colombiano. La mesa de negociación no funcionaba desde los momentos finales del mandato de Juan Manuel Santos, y menos aún desde la investidura del gobierno de Duque. Por su parte, tampoco la insurgencia ha puesto por su parte los gestos necesarios para destrabar el estancamiento del dialogo.

El propio Iván Duque se mostraba partidario -hace apenas unas semanas- de finalizar el proceso de negociación, sin embargo prefirió darse un plazo a ver que sucedía en lugar de ser él quien rompiera formalmente la mesa de diálogo. Para el gobierno no se trataba de reanudar dicho diálogo, sino de crear las condiciones para que se generase unas nuevas reglas de juego y por lo tanto un nuevo marco de diálogo en condiciones más favorables para sus posiciones. En paralelo, los sectores más políticamente duros al interior del ELN se radicalizaban y se hacían más resistentes a hacer concesiones. Sin duda, la estructura federada que gobierna el ELN -donde desde el primer día se visualizan tendencias claramente resistentes al diálogo- complejiza mucho la coordinación con los 10 comisionados como negociadores en La Habana. 

El atentado en la escuela de cadetes de la policía inaugura una nueva fase de recrudecimiento de la guerra interna en Colombia. Si bien el ELN es un guerrilla con una capacidad operativa notablemente inferior a lo que fueron las FARC, también es cierto que su eliminación es más compleja para el ejército regular colombiano, dado que sus militantes se articulan mejor con las poblaciones de los territorios donde operan.

En todo caso, ante un gobierno que comenzaba a ser acusado de no tener rumbo por parte de los sectores más duros del uribismo y en caída libre en sus indicadores de popularidad, cabe decir que las últimas acciones del ELN le dan un balón de oxígeno, permitiéndole justificar nuevamente el predominio de la vía militar sobre la política en el marco de un horizonte de paz para Colombia.

Imagen y Reputación

Por un 2019 donde el aborto sea legal

Por Decio Machado

En América Latina y Caribe aproximadamente el 90% de las mujeres en edad reproductiva viven en países con leyes de aborto restrictivas. Ecuador no es una excepción.

El panorama legislativo latinoamericano es diverso aunque mayoritariamente propone causales y limitantes de diverso tipo que provocan diferentes niveles de criminalización y persecución sobre las mujeres que buscan abortar. De hecho coincide que es en los países con legislaciones más atrasadas en este sentido donde las mujeres sufren mayores tipos de privación de derechos, discriminación y violencia.

Es por ello que el movimiento de mujeres, caracterizado por su perfil intergeneracional e internacionalista, no se limitó a esperar pasivamente a que los espacios legislativos o ejecutivos de sus respectivos países normaran sobre despenalización o interrupción voluntaria del embarazo. Sus movilizaciones y estrategias han permitido que la tendencia mundial en estos últimos años haya sido relativamente positiva pese a la involución ideológica en la que está sumido el planeta.

En el subcontinente hay tres países -Haití, Nicaragua y El Salvador- donde la interrupción voluntaria del embarazo está completamente prohibida. En el resto de la región el aborto está permitido bajo alguna de las tres siguientes causales: violación, deformación del feto o riesgo en la vida de la madre. En el caso de Ecuador el aborto es ilegal salvo en caso de riesgo para la vida o salud de la mujer, o si el embarazo resulta de la violación a una mujer disminuida psíquica.

El Artículo 66, numeral 10, de nuestra Constitución reconoce el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud y la vida reproductiva, así como decir cuándo y cuántos hijos se desea tener. Sin embargo, en su estúpida misoginia y dinámica de conflicto con el movimiento de feminista el expresidente Rafael Correa se caracterizó por mantener posiciones ultraconservadoras en el campo de los derechos de las mujeres. Así, encabezó una cruzada contra lo que definió como “ideología de género”, término inventado y utilizado desde posiciones fundamentalistas conservadoras tras la declaración de la Convención de Beijing (1995), donde se reemplazó el término sexo por género y se reconoció este último como expresión de diferencias y roles socialmente constituidos a partir del sexo biológico.

Bajo ese criterio moral ultraconservador devenido de la poltrona presidencial el rodillo correista entonces existente en la Asamblea Nacional aprobó, en el año 2014, un Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipificó el aborto como delito, dando continuidad a la anterior legislación vigente en el país desde 1938. En el COIP se estableció que la mujer que cause su aborto tendrá una sanción de pena privativa de libertad de seis meses hasta dos años, legislándose también en contra de las personas que hagan abortar -considerados como proveedores de servicios- bajo el consentimiento de la mujer embarazada con penas de entre uno y tres años.

Bajo este criterio represivo y disciplinario en varios hospitales públicos del país el personal médico fue impulsado a denunciar mujeres sospechosas de haber interrumpido sus embarazos. Hasta 326 casos de judicialización de mujeres por aborto denuncia la abogada Ana Vera -vocera de la organización Surkuna- entre enero del 2013 y enero del 2018, y aún se sigue criminalizando con cárcel a las mujeres que deciden abortar pese a que muchas de ellas son víctimas de violación.

De esta manera el COIP viola la libertad reproductiva que emana del texto constitucional, al no permitir a las mujeres decidir en qué momento tener un hijo o cuantos tener por imposición obligada a seguir con un embarazo no deseado.

El asunto es grave, pues se da en un país donde la Unidad de Género de la Fiscalía recibe al mes entre 40 y 50 casos de violencia de genero. Ecuador contabiliza en los últimos cuatro años (al corte de abril de 2018) más de 18 mil casos de violaciones, siendo consciente el aparato judicial que la mayoría de estos delitos no son denunciados por las mujeres que los sufren.

Además de lo anterior, otro agravante irresponsable de ignorar esta realidad por parte del Estado se da en la medida en que Ecuador es el tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos adolescentes -tan solo por debajo de Nicaragua y República Dominicana-, un dato que genera la alerta de las autoridades de salud. En los últimos 10 años el incremento de partos de adolescentes de entre 10 y 14 años fue del 78%, mientras que entre 15 y 19 años dicho indicador también creció en un 11%.

Tanta miopía cobarde por parte de la casta política nacional sumado al hecho de que la penalización a las mujeres que quieren abortar las aleja de los servicios de salud, motivó que desde el movimiento de mujeres se hayan generado respuestas autogestionadas y autónomas para paliar la desatención estatal y proteger a las afectadas. Estas basan sus estrategias en tres ejes fundamentales: informar a las mujeres sobre aborto seguro  con pastillas y estrategias para evitar la criminalización; facilitar a las mujeres contacto con organizaciones internacionales que trabajan por el acceso a los medicamentos; y, finalmente acompañarlas durante todo el proceso de aborto -antes, durante y después- como una estrategia de despenalización social y prevención a la criminalización de las mujeres.

Según el informe “Abortion Wordwide 2017 Uneven Progress and Access” publicado por el Instituto Guttmacher, América Latina es la región con mayor tasa de abortos en el mundo. El promedio de mujeres latinoamericanas que realizan este procedimiento es de 44 de cada mil, seguida de Asia con 36, África con 34, Europa con 29 y América del Norte con sólo 17 de cada mil mujeres. Ese mismo reporte advierte que aún persiste la inseguridad con los abortos clandestinos: cada año 6,9 millones de mujeres son atendidas por complicaciones derivadas de abortos inseguros.

Lo anterior significa que las timoratas reformas legales introducidas en los países latinoamericanos durante lo que va de siglo no son suficientes para garantizar el acceso a un aborto seguro. Esto implica la necesidad de aumentar la voluntad política, incrementar las acciones de vigilancia, capacitar a más profesionales de la salud y trabajar en eliminar el estigma que persiste sobre las mujeres que abortan, así como prevenir retrocesos frente a este derecho.

En Ecuador, consecuencia de la ilegalidad del aborto, se mantienen prácticas de aborto clandestino que en muchos casos ponen en riesgo la vida de las mujeres -fundamentalmente de sectores populares- o las expone a diversos tipos de abusos. Se genera así la construcción de una economía ilegal y criminal que lucra con la necesidad, la desesperación y la precariedad de las mujeres sin importar el riesgo para sus vidas.

De igual manera al no existir más presencia del Estado en este ámbito que su intervención punitiva, el  acceso a la información sobre donde y con qué médicos poder realizar un aborto en el país suele ser escaso. En general las mujeres de estratos más humildes acceden a esta información mediante contactos de amigos o personas cercanas que ya han pasado por ese episodio. Esta suma de obstáculos hace que haya mujeres que lleguen a abortar en períodos de gestación más avanzados, lo que incide en el costo económico y la seguridad para las mismas. El aborto representa la segunda causa de morbilidad femenina (enfermedades, discapacidades o lesiones) y una causa significativa de mortalidad materna en Ecuador.

Al menos 10% de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se deben a abortos inseguros. Anualmente unas 760.000 mujeres en la región reciben tratamiento por complicaciones derivadas de intervenciones clandestinas según indica un estudio publicado en el International Journal of Obstetrics & Gynaecology.

Ya es hora que el Estado ecuatoriano deje de mirar hipócritamente a otro lado. En febrero de 2015, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exhortó al Ecuador a despenalizar el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto. El hecho de que el COIP prohiba el aborto es un tema que debe ser urgentemente abordado por las y los legisladores nacionales. No se debe permitir que siga vigente una ley que perjudica a víctimas de violación sexual y a las mujeres que enfrentan la dura realidad de un embarazo no deseado, ya que eso demuestra una notable falta de respeto por los Derechos Humanos de las Mujeres.

Los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran que la prohibición legal a abortar no implica que su práctica disminuya, sino que hace que los abortos inseguros sean más frecuentes donde hay restricciones legales (31%) y menos frecuentes en países donde el aborto es legal y hay condiciones que favorecen el acceso (1%). Según esta agencia de Naciones Unidas, se estima a nivel global que un 56% de los embarazos no planeados terminan en aborto.

Así las cosas, va siendo hora que el Estado ecuatoriano asuma sus responsabilidades en esta cuestión y deje de ser cómplice de la violación del derecho de las mujeres. En un país donde hoy se canta a la libertad tras una década en la que el gobierno se fue haciendo por momentos cada vez más autoritario, se debería entender que ser dueño de uno mismo es un componente directo de la libertad a diferencia de otros derechos de propiedad. Los mal llamados “pro-vida” -organizaciones sociales de perfil fundamentalista que hacen apología de la restricción de derechos a las mujeres- se oponen al aborto planteando el derecho a la vida y la autoridad que el Estado tiene para defenderla, sin embargo, se ignora que un embarazo no deseado es atentar contra la libertad individual y reproductiva de la mujer que lo sufre.

Hablando claro, la libertad reproductiva debería estar en el mismo nivel de consideración legal que la libertad de expresión, de asociación, de ocupación y de movimiento, ya que se le considera al cuerpo humano como una propiedad privada donde solo la persona dueña de ese cuerpo puede decidir qué hacer o dejar de hacer con él. La libertad reproductiva es hoy una de las principales luchas del movimiento de mujeres en la región y también en Ecuador, implica el núcleo de la identidad de una mujer, su organización social, sus procesos de autoformación, sus proyectos de vida y la comprensión que tiene de sí misma. Seguir ignorando esto, más allá de manchar de sangre la política pública, implica ponerse del lado de activismo religioso conservador, algo que ya hizo Rafael Correa pero que atenta contra el principio constitucional de Estado laico asumido por el Ecuador en el Artículo 1 de su Carta Magna.

Fuente: http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/un-2019-donde-el-aborto-sea-legal

Decio Machado: “La izquierda hace tiempo ya que dio la espalda a buscar la playa bajo los adoquines”

Entrevista a Decio Machado / analista político e impulsor de diversos proyectos editoriales independientes

Por Ángela Pastor / Colectivo Oveja Negra (Colombia)

En el actual momento de crisis en el que están sumidas las izquierdas ¿cómo consideras que estas deban reconstruirse en la actualidad?

No creo que la construcción de respuestas contra-hegemónicas al poder global y sus respectivos poderes locales pasen en este momento por reconstruir estructuras que se alineen con el pensamiento tradicional de la izquierda… Pese a que Walter Benjamin durante la primera mitad del pasado siglo fuera el primer partidario del materialismo histórico en romper radicalmente con la ideología del progreso, cabe indicar que esto que llamamos izquierdas ya en el siglo XXI sigue sin comprender de manera generalizada el momento en el que estamos. La izquierda dio la espalda a buscar la playa bajo los adoquines, a abolir el trabajo alienante, a la imaginación y la creatividad, e incluso a cuestionar una sociedad alienada en la que solo importa trabajar sin más criterio que el de la ganancia y consumir -quien pueda- hasta reventar.

La pobreza en materia política y político-económica del ciclo progresista latinoamericano, donde la carencia de transformaciones reales pretendió ser justificada intelectualmente bajo la dicotomía weberiana priorizando la ética de la responsabilidad -lo que se puede hacer- frente a la ética de las convicciones -lo que se debería hacer- demuestra estas carencias. La izquierda transformó en la última década y media en América Latina, y también en Europa y otros lugares del planeta, a los actores de oposición en parte del aparato de poder. De hecho sigue sin comprender que para que exista realmente una revolución o un proceso de transformación anti-capitalista no se debe simplemente sustituir a los agentes detentadores del poder, sino una generar una profunda y total subversión cultural.

En este sentido es reseñable el movimiento de mujeres. Con consignas de alta radicalidad en la medida en la que cuestionan el patriarcado, es decir, el sistema, han logrado conformar un gran movimiento de masas. Es emancipador, revolucionario y no necesariamente de izquierdas… El concepto revolución no tiene nada que ver con las metas de una supuesta evolución histórica del progreso, tal y como lo entendió la ortodoxia marxista, sino que debe ser concebido como una disrupción radical en la historia de dominación de la humanidad.

Los sucesos políticos más interesantes que se han dado en lo que llevamos de siglo son movilizaciones donde las estructuras horizontales y asamblearias se han impuesto sobre el protagonismo de los partidos políticos y sus dirigencias. Ahí están las primaveras árabes, el 15-M de los indignados en el Estado español, el Junio del 2013 brasileño, los diferentes Occupy o en Francia el Nuit Debout y las actuales movilizaciones de los Gilet Jaunes. Esto demuestra que se ha ido fraguando a nivel global un fuerte desprecio por las instituciones estatales y el sistema de partidos, los cuales, volviendo a Benjamin, podríamos decir que nos ofrecen un “deplorable espectáculo”. Ninguna de estas expresiones de rechazo al sistema imperante se reivindicó de la tradición de las izquierdas, son otra cosa.

Las sistémicas crisis capitalistas y sus salidas de carácter regresivo para los intereses populares, la estructuración de la economía mundial por las empresas transnacionales, así como esta falta de legitimación social por parte del sistema político global determina inevitablemente un nuevo ciclo de luchas. Posiblemente disperso… pero a su vez global. En ellas es responsabilidad de las gentes que tenemos posiciones racionalistas y humanistas impedir que la tendencia dominante se escore hacia las posiciones de perfil neofascista que en este momento parecen estar tomando cierta ventaja.

¿Se quedó Marx sin vigencia en el siglo XXI?

Claro que tiene vigencia, en su obra están perfectamente descritos los procesos de producción, circulación y distribución que se generan al interior del sistema capitalista. Sin embargo el capitalismo vive en permanente transformación, la tecnología 3G permitió que hoy la transnacional más importante de transporte en el planeta se llame Uber y no tenga un solo vehículo o choferes entre sus activos, o que la principal compañía hostelera a nivel global se llame Airbnb y no disponga ni de hoteles ni de servicio de habitaciones. Lo que vendrá con la tecnología 4G y la cuarta revolución industrial ahora en curso ni siquiera lo imaginamos en este momento. Incluso los pensum de las más emblemáticas escuelas de negocios del planeta hoy están siendo renovados porque ya no son funcionales para el nuevo capitalismo y la economía digital. Además, mediante las nuevas tecnologías hoy se aplica una máxima de Michel Foucault que indica que los métodos del poder ya no funcionan por el derechos sino por la técnica; ya no por la ley sino por la normalización; ya no por el castigo sino por el control. Todo esto en su conjunto hace que la forma más válida para trabajar a Karl Marx al día de hoy no consista ya en rezarle, sino en utilizarlo, en deformarlo, en torturarlo hasta hacerlo gemir, que grite y proteste.

El marxismo clásico tiene una visión instrumental del Estado, entiende que lo único realmente importante es en manos de quien está dicho Estado. Sin embargo, el propio Marx afirmó en su obra el carácter clasista del Estado y apuntó a la necesidad de destruir el viejo aparato estatal y crear algo nuevo como primer escalón en la revolución desenajenante… La izquierda históricamente nunca entendió nada respecto a este concepto pese a que Gramsci, en algún momento, criticó la visión instrumentista del Estado/Poder en sus Quaderni del Carcere.

Los marxistas clásicos nunca terminaron de entender la tesis foucaltiana sobre el poder o más bien sobre los micropoderes y sus lógicas relacionales, desde su visión estatista consideran que dicha tesis diluye y dispersa el concepto de poder. Todavía no comprenden, pese a que Gramsci trabajará también lógicas vinculadas a las redes de relaciones que afianzan la dominación, que el ejercicio del poder consiste en conducir conductas, en disponer el campo de alternativas probables de acción presentadas al individuo, es decir, en estructurar el campo de la acción eventual de los otros. Desde mayo de 1968 tenemos claro que la construcción de la subjetividad no es un proceso ni libre ni espontáneo, estamos hablando de un estadio superior a la coartación o a la prohibición pese a que el sistema político y económico capitalista requiera también de formas de control y regulación concebidas bajo técnicas represivas y disciplinarias. Históricamente la gestión del capitalismo ha requerido de estos mecanismos, los cuales han sido aplicados con independencia de que sus gestores transitorios fueran conservadores o de izquierdas. Es una lógica de Estado, citando al historiador francés Fernand Braudel, “el capitalismo sólo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando es el Estado”. Quizás desde otras culturas esta visión sea más clara que desde nuestra óptica de modernidad eurocentrista. Por ejemplo Abdullah Öcalan tiene desarrollada la tesis de que es un error intentar delimitar la lucha por la emancipación del ser humano al terreno de la economía, cuando el capitalismo es poder y no economía… en fin, desde Mijail Bakunin y sus primeros anarquistas al mundo occidental le ha faltado una idea radical de la libertad.

Ahora bien y pese a ello, como dice Raúl Zibechi, debemos leer correctamente el discurso oculto de los dominados. Para ello, los viejos manuales ya no son tan útiles, necesitamos una nueva inventiva. Este posiblemente es otro de los problemas que heredamos de la base cultural formativa de la que venimos, dado que el propio Marx no fue capaz de reinventar determinados conceptos del pasado. Por ponerte un ejemplo: Marx planteaba en sus momentos de dirigencia del movimiento obrero internacional la necesidad de una “revolución social del siglo XIX”, buscando encontrar su poesía en el futuro más que en el pasado, sin embargo nunca superó el esquema estratégico de la toma de poder propio de la Revolución Francesa con la toma inicial de la Bastilla. Incluso en su obra del 18 Brumario dice respecto a la revolución alemana de 1848 “será como la revolución francesa, pero radicalizada…”. Lo mismo sucedió con Lenin y Trotsky aunque en este caso con un resultado existoso, el formato de la Revolución Bolchevique de 1917 no es más que una copia de la estrategia utilizada en 1789.

Tu libro con Raúl Zibechi, “Cambiar el mundo desde arriba, los límites del progresismo” ha sido todo un éxito, publicado en múltiples países y traducido en diversos idiomas. ¿Habrá más trabajo conjunto entre ustedes?

Trabajar con Raúl para mi siempre es un gustazo además de un reto. Compartimos muchos criterios y en otros divergimos, pero para mi es un referente de coherencia e integridad intelectual además de un buen amigo. Tenemos un trabajo conjunto pendiente y recientemente hablamos de remangarnos y ponernos en breve a cuatro manos en la obra.

Tras leer la fuerte crítica que se le hace a los regímenes progresistas latinoamericanos en vuestro libro ¿ni siquiera consideras rescatables la mejora de indicadores sociales en materias tales como la reducción de la pobreza?

Decía Gilles Deleuze que la izquierda necesita que la gente piense, sin embargo, al menos en América Latina la izquierda en el poder buscó todo lo contrario. Fruto de esa estrategia propiciada desde criterios laclaunianos neopopulistas y la puesta en marcha de fuertes aparatos de propaganda al servicio de lo que fueron partidos-Estados y liderazgos caudillescos, se producen imprecisiones como la que en este momento planteas.

Aclaro esto. La reducción de la pobreza en América Latina durante el período del boom de los commodities no es un proceso exclusivo de los regímenes progresistas. Te pongo un ejemplo, siguiendo datos oficiales entre 2007 y 2014 -momento de la caída del precio de los commodities y comienzo de la recesión en varios países de la región- la pobreza medida por ingresos en el Ecuador correista se redujo del 36.7% al 22.5% mientras que en la Colombia neoliberal de Uribe y Santos pasó del 45.06% al 28.5%. Analizados los datos, Colombia redujo su indicador de pobreza en 3.25 puntos porcentuales más que Ecuador.

En términos globales podríamos decir que la combinación de lo fue una creciente demanda global de recursos naturales por parte de la economía china y una serie de sucesivas reducciones de los tipos de interés estadounidenses, en aras a mantener una recuperación económica tras la burbuja tecnológica del 2001, determinó que ingentes cantidades de dinero aterrizasen en los países del Sur. Esto hizo crecer los mercados emergentes a partir de mediados del 2003. De hecho, a nivel global se asistió a la racha de crecimiento económico más extendida que el mundo ha vivido en el transcurso de su historia. Entre los años 2003 y 2007 la tasa de crecimiento medio del PIB en los países del Sur pasó del 3.6% en las dos décadas anteriores al 7.2%, no quedando casi ningún país en desarrollo fuera de ese fenómeno. En 2007, punto álgido de este crecimiento, prácticamente todas las economías del mundo crecieron por encima del 5% con excepción de Fiji, República del Congo y Zimbabue.

Esto ya se acabó. En la actualidad, la economía estadounidense maneja datos alarmantes: la deuda de las familias actualmente alcanza los 13,3 billones de dólares, una cifra superior a la de la crisis del 2008, los créditos universitarios superan notablemente los 611.000 millones que alcanzaron una década atrás, los créditos por compras de autos y los saldos de las tarjetas de crédito también han superado los montos de hace una década. Fruto de esta deriva la Reserva Federal ha incrementado desde diciembre del 2015 nueve veces el precio de dinero.

Por su parte, la actual desaceleración de la economía china ha supuesto el fin de un ciclo económico global que, para bien y para mal, significó un ciclo económico insólito en la historia de la humanidad. Sus demandas de commodities a nivel global implicaron un excedente en los países del Sur que permitió la reducción de la pobreza global al mismo tiempo que aceleró las amenazas de destrucción ambiental, el calentamiento global y la forja de un nuevo modelo de imperialismo pese a que muchos analistas afines al progresismo pretendan negarlo.

En América Latina la principal razón por la que no se logra reducir la desigualdad es debido al precario sistema impositivo que tenemos y su escasa fuerza redistributiva. El propio Banco Mundial reconoce la escasa presión fiscal existente en el subcontinente. Sin impuestos no puede haber igualdad. Durante el ciclo progresista las mejoras en la distribución de la riqueza no se dieron gracias a progresos en los sistemas tributarios, no transformaron esta realidad pese a que pudieron hacerlo, sino por los subsidios financiados mediante los excedentes de la exportación de commodities. Muy patético, pues terminado el boom los subsidios comienzan a desaparecer y la desigualdad vuelve a crecer.

En resumen, el hecho de que el llamado ciclo progresista latinoamericano se encuadre en este período histórico hace que se hayan construido intencionadamente axiomas que no se ajustan a la realidad y que no reflejan más que la tremenda orfandad ética e intelectual del progresismo.

Te he leído en varias ocasiones que uno de los grandes problemas de la izquierda institucional latinoamericana es haber entregado el discurso de la ética a la derecha. Hablemos de eso…

El problema no es estrictamente latinoamericano, pese a que en efecto ha sido uno de los problemas de las nuevas tecno-burocracias latinoamericanas durante el último período. Ya en su fase de decadencia, el progresismo sufrió una fuerte embestida desde el periodismo de investigación en cada uno de los países en los que gobernaban, cuando diariamente se iban haciendo públicos diferentes casos de corrupción institucional a gran escala. Esto, sumado al fin de la economía fácil, terminó de deteriorar la legitimación social de la que gozó el progresismo latinoamericano durante su primera fase. La corrupción evidentemente existió también en los gobiernos que se mantuvieron conservadores durante el ciclo progresista, pero precisamente porque el progresismo decía encarnar lo contrario la mayoría de la sociedad no le perdonó esta deriva.

En todo caso y desde una perspectiva más global, tal y como indica el ensayista Georges Didi-Huberman, el capitalismo puede aceptar la crítica siempre y cuando esté en condición de convertirla en ineficaz, lo que a la postre constituye una innovadora forma de censura. Así y pese a estas denuncias puntuales de los grandes mass media, la transformación permanente en el que está inmerso el capitalismo desde la década de los setenta hace posible que se compren las políticas de Estado mediante inyecciones de capital privado en los mecanismos legislativos, ejecutivos, campañas electorales y demás. Esto legitima una lógica de corrupción que enferma a los Estados y que determina que la corrupción pase a ser el Estado en sí mismo. Lo hemos visto recientemente con la transnacional brasileña Odebrecht en diversos países de América Latina. Podríamos decir que estamos ante una nueva versión de la necroeconomía.

¿Qué hacer entonces desde los espacios de acción y pensamiento contra-hegemónicos en un momento donde las posiciones ultraconservadoras y neofascistas avanzan por doquier?

Si uno lee los resultados del Latinobarómetro verá que en América Latina, aunque realmente el proceso es global, los votantes tienen cada vez menos en cuenta el mundo que les rodea y basan sus comportamientos en el entorno inmediato en el que viven sus experiencias cotidianas. No es que haya habido una transformación de la ideología dominante en la región, discurso por cierto al que se suscribió el progresismo en busca de respuestas carentes de autocrítica, sino que lo que estamos viviendo corresponde a un alejamiento ciudadano de las ideologías. Vivimos una indiferencia creciente de la ciudadanía respecto a sus gobiernos e instituciones públicas, motivo por el cual la gente está dispuesta a sacrificar espacios del régimen democrático liberal a cambio de prosperidad económica y seguridad.

Desde esta perspectiva, grandes franjas de nuestras sociedades entienden que democracia, crecimiento económico y seguridad no van de la mano. Estamos ante una democracia diabética donde no existe insulina que permita que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En el fondo, esto responde a que la inmensa mayoría de la sociedad cree que se gobierna para unos pocos y que no se defienden los intereses de la mayoría.

Lo anterior genera una demanda de ruptura, situación frente a la cual las izquierdas en este momento no tiene nada que ofrecer a la sociedad, pues ante la búsqueda de una nueva protección y un nuevo pacto social la izquierda representa una caduca continuidad. Ni se tiene un proyecto alternativo de gobierno, es decir, una reformulación de lo que es el Estado y su mecanismo para la toma de decisiones; ni se propone una alternativa al capitalismo y su modelo de acumulación económica. Ante estos retos la izquierda global apenas ofrece una amalgama de narrativas prefabricadas, mientras en la región -tras el triunfo de Jair Bolsonaro- se arman los discursos desde la retórica de la alerta al fascismo ignorando que el rascismo, el caudillismo, el nacionalismo, el autoritarismo, el antiliberalismo e incluso -en el caso venezolano- el militarismo ya fueron características propias del ciclo progresista. Como bien indica en un análisis post-electoral brasileño el compañero Bruno Cava, cuando el progresismo se coloca como opción democrática frente a la derecha más es retroalimentado el desbordamiento.

Estamos en un momento donde es creciente la falta de legitimidad social del sistema democrático liberal, y todos sabemos que la representación democrática no es más que una función teatral donde la cosa funciona si los supuestos representados ocupan su lugar y aplauden desde el patio de butacas. Ante eso hoy es la derecha, concretamente la nueva derecha, la que a nivel global se significa como un movimiento anti-sistémico que ofrece protección y seguridad a las mayorías frente a las minorías marginales; una nueva lógica de conflicto geopolítico Occidente vs Oriente; promesas de protección del mercado laboral para los trabajadores en un mundo con cada vez mayor desempleo, salarios cada vez más bajos e incremento global de la desigualdad; y, tras el fiasco de la gestión de las izquierdas en América Latina, un empoderado discurso de lucha contra la corrupción institucional.

Pero… ¿tenemos alternativas?

Según Immanuel Wallerstein en el sistema mundo tan solo han habido dos revoluciones mundiales. Una en 1848, en la cual nace el movimiento obrero, y otra en las sublevaciones de 1968, momento de la creación de los llamados nuevos movimientos sociales. Ambas fracasaron y por lo tanto no son referencia para el qué hacer al día de hoy. En este sentido, con sinceridad confieso que no soy optimista respecto al futuro inmediato pese a que sigo creyendo en aquella cita de Herbert Marcuse que decía que “es un deber del individuo luchar contra el sistema”.

Estamos obligados a rastrear las posibilidades de las nuevas subjetividades, pensando en ellas como la base de nuevas alternativas de transformación política. Por ahí deberíamos encontrar el camino hacia una nueva crítica radical desde planteamientos alternativos al fundamentalismo conservador y la recuperación de nuevas formas de acción colectiva. Hablo de una nueva ontología revolucionaria que tenga forma de autonomía del sujeto frente al Estado, al capital, al patriarcado y a las estructuras de poder sistémico. Hay que generar la capacidad de que nuevas organizaciones sociales con una nueva propuesta y discurso puedan presentarse ante la sociedad como alternativa a lo que hoy lamentablemente se significa como lo alternativo.

Al ultraconservadurismo creciente hay que hacerle frente, pero es un error pensar que lo de hoy es similar al fascismo que conocimos en la primera mitad del siglo pasado. Lo que tenemos hoy en expansión es un proceso en el cual una gran parte de la sociedad está delegando a nuevos salvadores sus expectativas respecto a una sociedad securitizada, donde prime el orden y la protección de targets más o menos acomodados y étnicamente dominantes. En términos post-estructuralistas hablo de una mayoría desplegando sus fuerzas represivas cuando las minorías se desterritorializan amenazando el lugar mismo de lo mayoritario. Creo que este fenómeno no ha hecho más que empezar y no veo razones para que no siga creciendo a nivel global.

Siendo así, estamos ante la necesidad de que los “anillos más débiles” de la cadena capitalista asuman nuevamente su protagonismo sociopolítico, reivindicando los axiomas del intercambio equitativo y de los derechos democráticos con los que hemos de solidarizarnos de forma activa. Mientras esto no suceda, mientras a esta tendencia reaccionaria no se le contrapongan líneas de fuga activas y positivas, ese protagonismo seguirá recayendo sobre quienes pretenden desaparecerlos, es decir, los Bolsonaro, Trump, Orbán o Salvini de turno. Ellos son quienes se aúpan políticamente sobre la intolerancia de sociedades miedosas que buscan condenar a quienes consideran “los otros” a permanecer en su miseria sin poder salir de ella bajo lógicas de zonificación o incluso exterminarlos mediante periódicas batidas de limpieza social.

Aquí toca trabajar en lo micro, algo que las izquierdas de hoy abandonaron hace ya mucho tiempo en Latinoamérica. Sin embargo, toda posición de deseo contra la opresión, por local y pequeña que sea, termina por cuestionar el conjunto del sistema capitalista y sus relaciones de poder, contribuyendo a abrirle una nueva línea de fuga.

¿Qué opinión te merece la reciente creación de una internacional progresista liderada por tres figuras, desde diferentes geografías del planeta, como son Fernando Haddad, Bernie Sanders y Yanis Varoufakis?

Respeto mucho la valentía demostrada por Yanis Varoufakis al momento de enfrentar a la triada financiera (Banco Central Europeo, Comisión Europea y FMI) en su época de ministro de Finanzas del primer gobierno de Syriza en Grecia. Sin embargo, las experiencias de las Internacionales Comunistas o Socialdemócratas, sus antecedentes en la Asociación Internacional de Trabajadores, e incluso la Cuarta Internacional de León Trotsky nacida en París en 1938, fueron el fruto de procesos reales de lucha globales. No veo ese acumulado en esto a lo que me haces referencia, sino que más bien me viene a la cabeza una frase de un prestigioso ejecutivo de marketing norteamericano que dice que “el buen marketing hace que una marca parezca importante y el gran marketing hace que hasta el usuario parezca inteligente”.

¿Ese pesimismo político tuyo se enmarca en un “No Future” del que te oí hablar alguna vez en Bogotá?

No, más bien corresponde a mi percepción respecto al momento que vivimos. Sin embargo, como ya indicó Marc Legasse, aquel anarquista romántico francés que fue encarcelado por impulsar un estatuto de autonomía para Iparralde, “el viento de la derrota transporta la semilla de la subversión”. Todo es cuestión de tiempo, y toda subversión social comienza el día que la gente se declara capaz de hacer aquello de lo que no se le consideraba capaz anteriormente.

Rememorando al filósofo francés Jacques Rancière, la política se ha vuelto un asunto de imaginación. Es desde esa imaginación desde la cual hemos de construir, reorganizar y liberar espacios, construyendo así incluso nuevas formas de organización sociopolítica y cultural. Mira las movilizaciones que hoy se suceden en Francia, nacen de un punto focal -aparentemente de escasa importancia política- que crea una condensación de relaciones sociales donde convergen intereses y relaciones sociales diversas que terminan por unir a gran cantidad de gente en el marco de una lucha específica. Es desde ahí desde donde luego parte a un cuestionamiento global al sistema de sus protagonistas.

Pese al proceso de globalización, pese a los G7, G20, Foro de Davos y Club de Bilderberg, no existe un Estado global, sino más bien micro-sociedades, en términos foucaultianos microcosmos que se instauran pese a que entre ellos existan conexiones globalizadas. Amador Fernández-Savater escribía recientemente un texto muy bonito en el que se indica que la lucha es un aprendizaje, una transformación de la atención, la percepción y la sensibilidad. Esa espoleta volverá a estallar, ¿cómo no va a ser así si la insatisfacción en inherente al ser humano? y en esa búsqueda desesperada de las izquierdas huérfanas por encontrar un nuevo sujeto político que sea motor de su ansiada revolución lo volverán a encontrar, porque es la situación de lucha quien lo crea y no un supuesto devenir histórico preestablecido bajo leyes del capital. Será entonces cuando resurja el pensamiento crítico superando la decadente mediocridad intelectual hoy visible en entornos como el de la CLACSO. En ese sentido, no se trata de construir vanguardias revolucionarias sino de territorializar las luchas bajo lógicas focalistas -algo guevarista aunque en esta ocasión no guerrilleras- con carácter y capacidad de contagio.

Pero ojo!, coincido con la compañera feminista boliviana Maria Galindo cuando dice que las demandas son un error porque terminan definiendo a los movimientos en base a su relación con el Estado, lo que produce a la postre una especie de demanda-concesión en la relación con dicho Estado. Es necesario trabajar en la autoorganización como fórmula de rechazo a la delegación o sistema de representación política, así como trabajar también en los ámbitos sociales más que en los institucionales. Esto es muy importante, pues el peligro de las nuevas derechas es que determinan sobre el “pensamiento perezoso” de la izquierda clásica una idealización de lo anterior. Esto hace que movimientos político-culturales pretendidamente innovadores como Podemos en el Estado español terminen planteando pactos con la socialdemocracia liberal en aras a facilitar la alternancia en el poder de partidos funcionales al sistema. Son lógicas que cercionan cualquier posibilidad de transformación social profunda y desilusionan al acumulado político que les hizo inicialmente posibles.

Lo anterior vuelve de demostrar que la crisis real de las izquierdas es una crisis de imaginación. Hay una incapacidad de generar cambios estructurales cuando gestionan el poder político y una incapacidad también a la hora de crear narrativas de futuro mínimamente ilusionantes. Es por ello que son movimientos conservadores los que hoy se convierten en alternativa.

Si para ti el término izquierda ha perdido valor ¿consideras que hemos de generar una nueva ideología que nos sea útil para la transformación social?

No, que pereza… Hay que ser muy masoquista para plantearse hoy la creación de un nuevo “ismo” que nos segregue o sectarice nuevamente. El marxismo en su versión pseudo-religiosa se hizo fuerte en la teoría, revestido de una fuerte carga científica durante largas décadas del pasado siglo. Creo que gente como Walter Benjamin acertaba cuando buscaba complementar esa sobriedad marxista con lo que llamaba “embriaguez” libertaria, buscando superar el histórico anti-intelectualismo anarquista.

El mundo libertario desde su perspectiva más amplia, me refiero a las experiencias de lucha de las mujeres kurdas en Rojava o incluso en su vertiente neozapatista, ha rescatado viejas formas de horizontalidad, asamblearismo y crítica a las estructuras jerárquicas y de autoridad. En América Latina esto se cruza con la tradición indígena asamblearia y la cultura “minga” de lo comunitario. Algo de esto vimos representado en diferentes geografías durante las ocupaciones de plazas y calles desarrolladas entre 2010 y 2013, y hoy reactualizadas en las movilizaciones de Paris. Esto es en términos gramscianos lo nuevo pese a que no sea históricamente tan nuevo, y debe reincorporarse al diálogo continuo como la principal experiencia de construcción de alternativas contrahegemónicas al capitalismo. Hablo desde una perspectiva que abarca desde lo comunitario rural hasta experiencias de autoorganización barrial en periferias marginales o la ocupación de espacios urbanos.

Pero aquí quiero expresar una tesis provocadora pero de la que estoy convencido. Precisamente por la pérdida de la referentes y legitimidad de las izquierdas clásicas e institucionales, considero que el discurso de la unidad en el campo popular es una falacia que termina beneficiando exclusivamente al micro-establishment de la política autoreferenciada como revolucionaria, lo que termina tirando abajo cualquier propuesta radical de intervención/movilización/construcción.

Históricamente las sublevaciones populares nunca nacieron de aparatos con intereses inmersos en el mundo de la política institucional, más bien todo lo contrario. Lo antagónico nunca ha necesitado estructuras unitarias para rebelarse, tenemos ejemplos de eso que van desde la Comuna de París hasta movilizaciones del presente siglo tales como el 15M indignado en España, las primaveras árabes, el Junio del 2013 brasileño o este último episodio de los Giles Jaunes que se vive actualemente en Paris. Las multitudes se aglutinan bajo procesos de movilización seductores, pero las sopas de letras de organizaciones sociales o políticas que representan lo “viejo” resultan muy poco sexy para la rearticulación del tejido social.

Hacia una nueva guerra fría

Por Decio Machado

Revista PlanV

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos manifestó hace apenas unos días que se plantea la posibilidad de suspender las exportaciones de tecnologías en el ámbito de la inteligencia artificial. Productos basados en redes neuronales, el deep learning(técnicas de inteligencia artificial con las cuales las computadoras aprenden a hacer algo sin ser programadas para ello), la visión artificial, el procesamiento del lenguaje natural y la manipulación de audio y video estarían dentro de paquete de tecnologías restringidas.

Según Washington estas medidas tratarían de proteger la seguridad nacional en un momento de guerra comercial con China, cuando el gigante asiático está invirtiendo notablemente en el campo de la inteligencia artificial. De hecho, el presidente Donald Trump está intentando convencer a los proveedores de servicios tecnológicos de sus países aliados para que dejen de usar a toda costa cualquier dispositivo de Huawei o de otra marca china, comenzando por países como Alemania, Italia y Japón —donde tienen bases militares—, planteando que posiblemente estas compañías les espíen. En la actualidad, ninguna de las tiendas minoristas que surten de smartphones a las bases militares norteamericanas puede vender celulares chinos al personal allí desplegado. De igual manera, todas las entidades que conforman el aparato gubernamental de Estados Unidos tienen prohibido el uso de cualquiera de estos dispositivos.

En el ámbito de la inteligencia artificial ya vemos algunos avances en las nuevas capacidades diseñadas en dispositivos móviles, el impulso de tendencias en altavoces inteligentes o coches autónomos propiciados por compañías estadounidenses, aunque hay otros usos aun bien guardados pertenecientes al campo de la industria militar.

La guerra comercial entre Estados Unidos y la República Popular China ha evolucionado desde el ámbito comercial al tecnológico. China tiene como objetivo, en su agenda estratégica nacional, liderar el campo de las tecnologías a escala mundial en torno al año 2030. Es por ello que Google va a construir su primer centro de investigación de inteligencia artificial en dicho país.

Fei-Fei Li, investigadora jefa de inteligencia artificial y aprendizaje automático de Google Coud, indica en un anuncio de Google Al China Center (filial china de Google):

“China es el hogar de muchos de los principales expertos mundiales en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los tres equipos ganadores del ImageNet Challenge en los últimos tres años han estado compuestos, en su mayoría, por investigadores chinos. Los autores chinos contribuyeron con el 43% de todo el contenido de las cien principales revistas de Inteligencia Artificial en el 2015 y cuando la Association for the Advancement of Artificial Intelligence descubrió que su reunión anual se superponía con el Año Nuevo Chino este año, reprogramaron la reunión.”

Las autoridades chinas tienen la intención de construir una gran industria nacional de inteligencia artificial con un valor de USD 150.000 millones, la cual pretende ser la más importante del planeta. Estas ambiciones tuvieron su punto de partida cuando, según narraba un artículo del The New York Times en marzo del año pasado, la inteligencia AlphaGo (programa informático de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind para jugar al juego de mesa Go) derrotó al mejor jugador mundial, Ke Jie, en el juego Go (juego de estrategia que se desarrolla en un tablero y que tiene su origen hace más de 2500 años en China).

Siguiendo su hoja de ruta para tal propósito, el gobierno chino refuerza en la actualidad sus empresas tecnológicas, su industria militar y la propia administración a través de software de gestión propios y plataformas tecnológicas. En paralelo, apoya fuertemente a sus empresas emergentes, investigaciones de I+D en universidades y proyectos en marcha en el ámbito de la inteligencia artificial y la robótica.

Para el 2020, según fuentes de su Ministerio de Ciencia y Tecnología, China habrá igualado en tecnología e instalaciones de investigación sobre inteligencia artificial a Estados Unidos. Será entonces cuando su producción se elevará hasta los USD 22.000 millones, llegando al año 2030 con un rendimiento estimado de USD 147.000 millones. Obras como Fundamentos de la inteligencia artificial, del profesor Xiaoou Tang, presidente de SenseTime Group —la startup de inteligencia artificial más valiosa del mundo—, ya ha comenzado a estudiarse en unas cuarenta escuelas secundarias chinas ubicadas en las ciudades de Beijing y Shangai.

Para ello, según MIT Technology Review, China no ha dejado de contratar a ingenieros y científicos especializados en el campo de la inteligencia artificial. Las escasas trabas impuestas a las compañías tecnológicas en China para recopilar y analizar datos de usuarios —algo necesario para el desarrollo de las inteligencias artificiales— hace que firmas como Google sientan interés por instalarse en dicho país.

En realidad la guerra comercial impulsada desde Estados Unidos contra la República Popular China preocupa tan solo de forma relativa a Beijing. Conscientes de que la estrategia estadounidense inicialmente tan solo buscaba encarecer los productos chinos importados en Estados Unidos, con el objetivo de promocionar el producto local, el gigante asiático se mantenía contra-replicando el incremento de aranceles de forma más o menos tranquila. Esto ha sido así hasta que este fin de semana pasado, en Buenos Aires durante el cierre de la cumbre del G20, Xi Jinping consiguió un acuerdo con Donald Trump para que en los próximos 90 días no existan más incrementos arancelarios, congelándose de forma transitoria el encarecimiento de aranceles en el actual 10% por valor de USD 200.000 millones. Xi se comprometió también en adquirir una cantidad respetable de productos agrícolas, energéticos, industriales y otros a Estados Unidos, generando las pautas para reducir en parte el desequilibrio comercial actualmente existente entre ambos países.

Sin embargo y más allá de los acuerdos de Buenos Aires, lo que ahora levanta las alarmas en Beijing son las directrices político-tecnológicas de carácter más duradero que pueden afectar gravemente sus intereses estratégicos. En concreto, las actuales preocupaciones disparadas en Zhongnanhai —sede oficial del gobierno chino— se fundamentan en que el conflicto con Trump puede terminar por limitar las inversiones de empresas chinas en sectores de alta tecnología en Estados Unidos y las implicaciones que derivan de esto. Es por ello que Xi Jinping se vio obligado a aceptar en los acuerdos de Buenos Aires algunos ítems vinculados a la transferencia forzada de tecnologías, protección de propiedad intelectual y obstáculos a las intrusiones cibernéticas. Pese a que se mantiene el bloqueo a los smartphones chinos por parte de Washington, Xi se vio obligado a aceptar la compra de la holandesa NXP por parte del fabricante de chips estadounidense Qualcomm, operación que había sido anteriormente bloqueada desde Beijing mediante el manejo de su paquete accionario.

Los think tanks chinos creen, con razón, que el país debe desarrollar mayor peso en la tecnología, frente al antiguo binomio que regía sus mercados: mano de obra y capital. De ahí deviene el interés de Beijing por dominar estos campos estratégicos, espacios en disputa donde se va a dirimir de manera inmediata el futuro liderazgo económico mundial. Al trasladar las capacidades industriales de China a áreas de alta tecnología, Beijing pretende evitar la “trampa de ingresos medios” —situación en la cual la economía de un país se adentra en períodos sostenidos en los que no crece— a la que sucumbieron tantas y tantas economías emergentes.

Conscientes de lo anterior, Estados Unidos ya ha dejado claro que considera a China como un competidor tecnológico estratégico, y con base en ello ha establecido un plan que busca obstaculizar el acceso de China a las tecnologías de vanguardia norteamericanas. De prolongarse esta situación se transformará el escenario económico y de inversión a nivel planetario, generándose una crisis global que abarcará desde las grandes empresas transnacionales hasta sus proveedores a pequeña escala.

En todo caso, si las tensiones actuales entre Estados Unidos y China continúan podría llegarse al caso de que los asiáticos desarrollen sus propios ecosistemas tecnológicos, lo que obligaría al resto del mundo a tener que elegir entre ambos. Lo anterior implicaría menos innovación a escala global y un crecimiento más reducido, dado que la alta tecnología ya no se compartiría y las economías de escala dejarían de estar globalizadas. Además, el sector tecnológico encabeza el ranking de los principales índices bursátiles tanto en Estados Unidos como en Asia, lo que implica que cualquier distorsión en el sector podría significar una grave crisis en los mercados internaciones.

A lo anterior cabe añadir que la ruptura de dependencias y complementariedades globales a nivel tecnológico interrumpiría las cadenas de suministro más importantes del planeta, implicando a varios países y regiones por las cuales estas discurren. La ruptura de un solo eslabón en dichas cadenas causaría efectos imprevisibles y en cascada, lo que afectaría tanto a inversionistas globales como locales de forma sumamente grave. En todo caso y analizando estos escenarios bajo metodologías de prospectiva estratégica, una coyuntura así terminaría golpeando más fuertemente a Estados Unidos que a China, dado que el gigantes asiático goza de un fuerte potencial de crecimiento y acceso a los mercados periféricos en auge de Asia y el Pacífico.

En resumen, la irracionalidad trumpiana podría terminar por acelerar el fin de la hegemonía planetaria estadounidenses o lo que es peor, llegada esta situación el desencadenamiento de un gran conflicto bélico basado en la lógica de que “cuando te ataquen, devuelve como puedas el golpe”.