Por Decio Machado
Estamos al inicio de un
nuevo ciclo electoral en Ecuador. A pesar de que las próximas elecciones
presidenciales no tendrán lugar hasta dentro de 20 meses, febrero del 2017, es
evidente que ya se mueven en clave estratégica las principales piezas del
tablero político ecuatoriano.
Análisis de situación y contexto
Desde que comenzara a
notarse en la economía nacional los impactos derivados de la caída de los precios
de petróleo, el régimen correísta viene sufriendo un paulatino desgaste
político, el cual acompañado del deterioro de la imagen presidencial –principal
eje estratégico sobre el que se ha articulado la legitimidad del gobierno-, se abre
la puerta a un panorama político diferenciado a lo hemos asistido durante los
ocho años anteriores.
La caída con posterior
recuperación y estabilización de precios del crudo, muy por debajo del
contemplado en la proforma fijada por el gobierno para el Presupuesto General
del Estado del 2015, ha marcado el cambio de ciclo económico respecto al boom de los commodities que acompañó
hasta ahora la gestión correísta.
La actual situación
económica requeriría autocrítica por parte del Gobierno reconociendo errores de
gestión y una apuesta equivocada por un modelo que en la actualidad desnuda sus
límites políticos en los planos económicos y sociales. Los errores de
conducción en un proceso dirigido por burócratas tecnocráticos con escasa base
ideológica han generado distintos vaivenes en las políticas públicas,
conllevando escasa efectividad en materia de diversificación productiva,
rentabilidad en el sector agropecuaria y políticas claras respecto a la
redistribución de la riqueza nacional. Las políticas de desarrollo implementadas
por el correísmo durante estos ocho años conllevaron la profundización de la
dependencia nacional respecto al mercado internacional de commodities y han
demostrado la falta de valentía o voluntad oficialista para afrontar cambios
estructurales reales en el país.
Gran parte de los logros
políticos desarrollados por el régimen, la mayoría de ellos sostenidos gracias
a las elevadas exportaciones petroleras desarrolladas en estos últimos ocho
años (57 mil millones de dólares descontados los costos de los combustibles
importados), están ahora en riesgo. Resultó que al “jaguar latinoamericano” le
dieron de comer los dueños del circo y llegado en momento de su vuelta a la
selva por quiebra del negocio este se muestra incapaz de cazar.
Como dato relevante, basta
evidenciar que las exportaciones de bienes procesados no petroleros en 2006
significaron un 4,9% del PIB nacional mientras que en el 2014 dicho porcentaje
descendió al 3,9%. Todo ello a pesar del “discurso vanguardia” del régimen
basado en el cambio de matriz productiva y la transformación del régimen de
acumulación heredado de la “larga noche neoliberal”.
Incapaces durante ocho
años de diversificar de manera significativa la producción nacional, se
profundizó un proceso de reprimarización donde el petróleo alcanzó al 55% de
las exportaciones totales ecuatorianas. Consciente del impacto político y
económico que la bajada de precios del crudo significa para su gobierno, el
presidente Rafael Correa anunciaría a comienzos del 2015 que “estamos empezando
un año difícil (…) pero pueden estar seguros que hemos tomado todas las
precauciones y las estrategias del caso”. Cinco meses después, y ante el
estancamiento de la capacidad de recuperación del precio del barril de crudo,
el mandatario volvería a hacer declaraciones -en este caso de acentuada
graduación volumétrica- indicando el mantenimiento del dinamismo económico
nacional y que el país está preparado para “escenarios extremos” como una caída
de hasta 20 dólares por barril.
Sin embargo la realidad es
tozuda y la estimación de crecimiento de la economía ecuatoriana pasó del 3.5%
estimado por el FMI en su informe del abril del pasado año (4,1% en el caso del
Banco Central del Ecuador) al 1,9% en exactamente
un año después (abril de 2015). Para una economía con un PIB per cápita de USD
6.002,9 (Producto Interno Bruto año dividido por la población, datos Banco
Mundial a 2013) no estamos hablando de una tasa de crecimiento de perfil alto y
por lo tanto tampoco de un gran dinamismo en la economía nacional. Citando a
Anatole France, premio nobel de literatura en 1921, “sin mentiras la humanidad
moriría de desesperación y aburrimiento”.
Sin duda este tipo de
afirmaciones entre otras tantas vertidas en los últimos meses, son las que han
hecho que el presidente ecuatoriano haya bajado notablemente sus niveles de
credibilidad ante la opinión publica, dato que según la encuestadora CEDATOS
pasó 53% en enero del presente año al 45% dos meses después, habiéndose elevado
el número de las personas que no le creen del 40% al 49% en ese mismo período.
La supuesta preparación
del gobierno nacional para afrontar esta ralentización económica y
semi-descapitalización del Estado se ha basado en las siguientes líneas de
acción: recorte de 1.420 millones de dólares (un 3,91% el presupuesto general
del Estado) sobre el cual se aplican 839.9 millones en recortes del gasto de
inversión y 580 millones en gasto corriente –salarios, bienes y servicios-;
incremento de impuestos a un tercio de las importaciones con el fin de evitar
salida de divisas al exterior; un incremento agresivo de la deuda interna y
externa de país, la cual al cierre del ejercicio 2014 totalizó 30 mil millones
de dólares y representó el 30% PIB, a lo cual hay que sumar otros 8.807
millones de dólares de déficit fiscal por cubrir en base a las necesidades
presupuestarias del país (subirá el volumen de deuda a unos 39.000 millones de
dólares) lo cual significa algo más del 35% de endeudamiento respecto al PIB
sobre un límite fijado en la Constitución de Montecristi del 40% (se espera en
el próximo año una nueva modificación del texto constitucional con el fin de
ampliar los niveles de endeudamiento permitidos), a lo que habría que añadir
también otros 2.142 millones de dólares en preventa de petróleo a empresas
chinas de los cuales mil millones han de abonarse en el presente año y que son
contabilizados como operaciones de venta anticipada por la empresa pública
Petroecuador en un alarde ingeniería financiera que busca camuflar el
incremento en deuda externa; la eliminación del aporte del 40% que hasta ahora
estaba obligado a desembolsar el Estado para asegurar el pago de pensiones del
Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, lo que viene a significar 700
millones de dólares de ahorro este año al Estado con la consiguiente puesta en
riesgo del futuro de las pensiones a los trabajadores del país; la emisión por
dos veces –marzo y mayo del presente año- de bonos en los mercados
internacionales para financiamiento interno, colocando 750 millones de dólares
en cada ocasión, la primera a cinco años y al 10,5% de interés y la segunda con
vencimiento en 2010 y un rendimiento del 8,5%, lo cual demuestra la carencia de
fiabilidad del país en el mercado internacional de deuda (países como Perú
logran financiamiento a 35 años al 5,63% de interés); así como otras medidas
improvisadas, entre las que destaca el reciente asalto al Fondo de Cesantía del
Magisterio ecuatoriano, lo que en términos económicos son 405 millones dólares
en fondos previsionales de sus afiliados enfocados a productos solidarios,
especialmente en inversión para vivienda (otros fondos privados de pensiones
que ya han pasado a manos del Estado son lo que pertenecen a los trabajadores
de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, los de la Universidad Técnica de
Ambato, los de la Politécnica del Ejército y el de los servidores públicos del
Ministerio del Interior y de los gobierno provinciales de El Oro y Morona
Santiago).
En la actualidad el
régimen está difiriendo gran parte sus gastos hacia futuro, dado que ya comienza
a tener un servicio de deuda alta –destina en la actualidad un 4,7% del PIB a
atender el servicio-, todo ello en medio de un panorama mundial que no resulta muy halagüeño.
En este contexto, la frase
favorita del régimen y su mandatario es “lo más duro ya pasó, los precios del
petróleo se están recuperando”. Una vez más se mezcla deseo con realidad y se
ignora que recientemente el Bank of America Merrill Lynch emitió un informe en
el cual se expresa que debido al exceso de suministro, la debilidad de la
demanda en mercados emergentes, el retorno de la producción de esquisto en EEUU
y las expectativas de una acuerdo nuclear con Irán, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) al que se
sujeta la cotización del crudo ecuatoriano con una penalización de mas/menos 10
dólares por barril no superará el promedio de los US$ 53 en 2015. Por su parte
Goldman Sachs, en una nota de prensa emitida el pasado 18 de mayo, estima que
los precios del petróleo cotizarán entre 50 y 60 dólares el barril hasta finales
de la presente década como consecuencia de la lucha entre los estados miembros
de la OPEP y EEUU para ganar cuota de mercado. Para esta banca de inversión y
valores vinculada a la élite financiera, empresarial y política de los EEUU -uno
de los ladrones más grandes de Wall Street con quien el gobierno ecuatoriano
negoció el pasado año la entrega de 466.000 onzas de sus reservas de oro por un
derivado financiero que le rinde 0,85% anual y le sirve como aval de garantía
para un crédito de 400 millones de dólares a un interés del 4,3% anual, muy por
debajo de la usura china al que país se ha visto obligado a recurrir en los
últimos años-, el agua de shale en
EEUU continuará a pesar de que la OPEP está dispuesta a mantener su producción
y con ello no apoyar una subida de las cotizaciones del crudo internacional.
Según la institución fundada por el empresario de origen judío-alemán Marcus
Goldman en 1869 y que hoy es uno de los bancos más grandes del mundo con un
capital bursátil de 55,54 mil millones de dólares, el WTI cotizará en los 57
dólares el año que viene, y en 60 dólares en 2017 y 2018. Esta condición
mantendría lejos los precios del crudo respecto a los 79,7 dólares por barril presupuestados
en la proforma del Presupuesto General del Estado del 2015 o los 102 dólares de
valor promedio del West Texas
Intermediate en abril del 2014. Si las cosas son así, el presupuesto
público de inversión social e infraestructuras se ve necesariamente obligado a
reformularse con el impacto que esto conlleva.
Llegado el final de “época
dorada” de los commodities el gobierno ecuatoriano vive de inaugurar obras que
ya estaban en curso, habiendo quedado en carpeta cualquier nuevo emprendimiento
hasta que no se aclare la situación económica a la que se ha visto abocado el
país. En este sentido, el gobierno comienza a demostrar sus carencias respecto
a estrategias eficientes e innovadoras en materia social y económica destinadas
a la disminución de la desigualdad y el desarrollo del país en este período.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la pobreza
nacional habría aumentado entre junio del 2013 y junio del 2014 de 23,69% al
24,53%; y de igual manera, el empleo inadecuado –quienes no llegan a completar
la jornada legal de trabajo de 40 horas y/o quienes ganan menos del salario
básico unificado- subió del 49,41% de la Población Económicamente Activa (PEA)
del Ecuador en marzo del 2014 a 52,06% en marzo del 2015; mientras que el
coeficiente de GINI –índice que mide la desigualdad de los ingresos entre la
población- se estancó desde el 2013, rompiéndose la evolución positiva que
había mantenido en los últimos años.
En este contexto, cabe
reseñarse como principal factor de riesgo a la población vulnerable. Si bien la
pobreza medida por ingresos (usando la línea de pobreza nacional: quien percibe
menos de 2,63 dólares diarios) disminuyó del 37,6% al 22,5% entre 2006 y 2014, la
población vulnerable (ingresos entre 4 y 10 dólares diarios) es del 43% de la
población ecuatoriana según datos de la CEPAL, año 2012. Esta situación hace
que este amplio sector de la población ecuatoriana esté expuesta a serios
riesgos de volver a caer en la pobreza ante situaciones de crisis derivadas de
la alta dependencia de la economía nacional respecto del sector petrolero.
La percepción generalizada
de incremento de la corrupción en el país, la pérdida de credibilidad acelerada
del presidente Correa, el incremento de la inseguridad ciudadana, el
estancamiento respecto a incremento de capacidad adquisitiva y mejora en las condiciones
de trabajo, y fundamentalmente el descontento respecto al estado de la economía
de un país donde el régimen sustentó sus estrategias de captación sobre
políticas clientelares, posicionan al gobierno correísta en una condición nueva
ante las elecciones de febrero del 2017.
Si bien los indicadores de
tendencia electoral se enfocan con alta probabilidad en la continuidad del
régimen, dicha victoria electoral tendría rasgos diferenciados respecto a los
períodos anteriores: menor apoyo político al régimen y pérdida del control
total en el Legislativo.
Estrategias opositoras
Los sectores conservadores
son conscientes de que si bien Rafael Correa llegó al poder tras las elecciones
del 2006 siendo un referente para la juventud –la aparición de un personaje
nuevo y de perfil rompedor que significaba una bocanada de aire fresco en la
decadente politiquería nacional-, en la actualidad estos apenas distinguen
diferencias entre el mandatario y sus contendores. Para los jóvenes
ecuatorianos todo el espectro político nacional son “astillas del mismo palo”,
motivo por el cual demandan la aparición de nuevas identidades políticas con
capacidad de sintonizar con nuevas demandas e inquietudes.
Conscientes de que la
política consiste en agudizar las contradicciones del enemigo, algunos perfiles
opositores pretendieron aprovecharse del acelerado proceso de envejecimiento del
correísmo -quien se transformó de crítico de la partidocracia en el paradigma
de la nueva partidocracia del siglo XXI- para ubicar en el centro del tablero
de juego a figuras políticas como Mauricio Rodas o Paul Carrasco, conservador
alcalde de Quito el primero y socialdemócrata liberal prefecto del Azuay el
segundo. Hasta ahora ninguno de los dos demuestra tener la talla política
necesaria para el reto encomendado. Más que ganar Mauricio Rodas la Alcaldía de
Quito fue Augusto Barrera –ex alcalde del oficialismo- quien las perdió en 2014
tras una gestión decepcionante como burgomaestre capitalino. Tras su primer año
de gestión municipal, Rodas no ha pasado de desarrollar una gestión errática y
confusa en el municipio, la cual además se ha visto inmersa en contiendas
internas con sus aliados políticos. En el caso de Paul Carrasco y más allá de
sus ambiciones personales, el personaje sigue sin conseguir penetrar en la
ciudadanía ecuatoriana existente más allá del Azuay, mostrándose apenas como
una pieza política funcional al reciclado conservadurismo socialcristiano.
Ante este sumatorio de
incapacidades, los sectores conservadores del país se han visto obligados a
seguir apostando por la figura de Guillermo Lasso como la alternativa de
“cambio” frente al oficialismo. Sin duda Lasso, segundo banquero más importante
del país con un pasado vinculado a la vieja partidocracia, no es el mejor
candidato para confrontar con perspectivas de victoria al régimen. Sin embargo
su capacidad de generar recursos económicos para una campaña electoral, sumado
a los sistemáticos errores estratégicos que se va acumulando el régimen consecuencia
de políticas impopulares que se ha visto obligado a desarrollar para financiar
las arcas públicas, le han convertido en un candidato con posibilidades de al
menos alterar la lógica política actualmente existente en el país. En ese
contexto, en entendimiento a medio plazo entre Lasso y Nebot –las dos
principales facciones de la derecha- será un hecho en función de que se vaya
calentado el escenario político electoral. Por su parte, dependerá del nivel de
deterioro interno de la figura del presidente Correa –lo cual se vincula a la
coyuntura económica que el país deba afrontar hasta abril del 2017- quien será la
figura que el partido de gobierno presente a las próximas elecciones
presidenciales. Disponen de las opciones de Lenin Moreno y Jorge Glas (ex
vicepresidente y actual vicepresidente de la República), con binomios duros
como podría ser el de Nathalie Cely, quien ya mostró su capacidad de adaptación
política pasando de cargo de confianza en el gobierno de Jamil Mahuad puestos
similares en el de Rafael Correa.
Una parte de la estrategia
actual de la política instituida desde el poder consiste en despolitizar a la
ciudadanía. Esta estrategia es apreciable a través de la generación del Decreto
16 y otras medidas similares, las cuales buscan la desactivación de cualquier
acción que pueda considerarse como política por parte de instituciones no
profesionalizadas de la política, es decir, desde el tejido social. Al igual
que la política de disciplina carcelaria busca producir y gestionar la
delincuencia, la política gubernamental persigue despolitizar a la ciudadanía,
dejándole tan solo dos opciones posibles de gestión gubernamental: o la vuelta
de los políticos vinculados al pasado neoliberal o el mantenimiento del actual
régimen a pesar del cada vez mayor desencanto ciudadano. En resumen, la estrategia se enfoca en
generar impotencia social y encauzar el voto hacia posiciones gobernistas,
bloqueando cualquier posibilidad para la aparición de opciones nuevas y realmente
transformadoras que puedan promover cambios significativos que cuestionen en
esencial al capitalismo.
Si bien el correísmo se
ofreció como una solución a la crisis multifacética que vivía el Ecuador en
2006, defendiendo la autonomía de lo político sobre el contexto social y
reinstitucionalizando un régimen de representación política muy deslegitimado
al momento de su llegada, en la actualidad demuestra su incapacidad para
desvincularse de la viejas formas de hacer política, permaneciendo atado a las
categorías tradicionales de generación de redes clientelares y sin capacidad
para producir otro estilo de gobierno o amenazar a la triste realidad
existente. En Alianza PAIS nunca se entendió que dar otro sentido a la realidad
no significa cambiarla. Lo alternativo quedó limitado a la políticas públicas
enfocadas a implementar tecno-ciencia y cierto control sobre el mercado
interno, renunciándose así a un auténtico cambio social.
El reposicionamiento
electoral del CREO con Guillermo Lasso a la cabeza, demuestra que la
incapacidad del régimen de patear el tablero político de forma estructural,
volviéndose a generar años después una agudizada deslegitimación social del
sistema de representación de los partidos. Más del 50% de las y los
ecuatorianos desaprueban la política emanada del Legislativo y sus índices de
credibilidad están por debajo del 25% (Fuente: Cedatos/marzo del 2015). No hay
una sola figura en el Legislativo ecuatoriano que pueda referenciarse como
ejemplo de brillantez parlamentaria ni que tenga posibilidades de proyección
política a futuro. La mediocridad es generalizada y compartida entre las
distintas corrientes políticas que calientan estos curules.
En este contexto, el
conservadurismo ecuatoriano juega a la misma estrategia que se ha considerado
como viable para el derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: la
conformación de una alianza en formato “abanico” en aras al restablecimiento de
un “supuesto” régimen democrático y de libertades en el Ecuador. Para ello se
han desarrollado estrategias como Compromiso Ecuador, que incorporando a
amplios sectores sociales, busca erosionar al régimen en su punto más débil: la
pretensión de mantener al presidente Correa en el sillón presidencial más allá
de la manifiesta voluntad popular a ser consultados. Es esta la condición que
permite a Lasso encontrar apoyos coyunturales en sectores “progresistas”,
buscando situarse como una opción política de transición para el
re-establecimiento del tan discutible “Estado de derecho”. En la práctica, lo
que están haciendo los sectores de la derecha ecuatoriana es buscar los mejores
escenarios para el enfrentamiento con el régimen correísta en las próximas
elecciones generales, provocando las mayores contradicciones posibles en el
adversario y desplazando dichos escenarios a lógicas distintas al 2006 y
elecciones posteriores.
Y la izquierda…
Resulta evidente que el
fenómeno correísta es el resultado del fracaso de la izquierda ecuatoriana en
desarrollar un diagnóstico real de lo que ha sucedido en el país durante los
últimos 15 años –pereza intelectual-. Este drama se acentúa en la actualidad
debido al hecho de que la gestión correísta del poder ha laminado cualquier significado
digno del término izquierda para la próxima década.
Sin embargo, hacer
política implica dotar de inteligencia a circunstancias y contextos de los cuales
no se ha sido protagonista. Esto significa moverse en un territorio
desfavorable y que como consecuencia de la creciente polarización política que
vive el país, hace que los actores tendentes al cambio no necesariamente tengan
la comprensión de cuales son las claves de transformación del régimen político
existente.
Mientras la mayoría de las
organizaciones populares y sociales existentes en el país continúan en una
lógica de alianzas bajo esquemas de “sopa de letras”, disputas internas y
caracterizando al régimen como neoliberal –reflexión que la ciudadanía no
entiende dado que son evidentes las diferencias existentes entre el régimen
correísta y los gobiernos anteriores-, condiciones que poco o nada le ayudan
respecto a su posicionamiento estratégico ante la sociedad, quienes canalizan
la rabia digna -especialmente en las grandes ciudades- son los sectores más
conservadores. Las élites continúan trabajando en base a intereses propios y en
este escenario político, con la complicidad de los medios de comunicación
masivos –los cuales les permiten seleccionar cuales son los problemas sociales de
envergadura y cuales no tienen presencia mediática-, mezclan discursos contra
las políticas gubernamentales desde posiciones críticas a Cuba o Venezuela con
la defensa utilitarista de la aportación del 40% del Estado al IESS o cuestionando
la criminalización a organizaciones sociales disidentes y líderes sociales bajo
vigilancia del régimen.
Desde que comenzara el
reflujo económico y se incrementaran el número de asistentes a las
movilizaciones convocadas básicamente por el Frente Unitario de Trabajadores
(FUT) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie),
estas han ido perdiendo hegemonía sobre los manifestantes. Es un hecho la
presencia de sectores conservadores en la última y exitosa movilización del
Primero de Mayo no oficialista, auspiciados por sectores de la clase media
alta, líderes de opinión y la burguesía comercial de las grandes urbes, bajo el
grito de coincidencia multiclasista “Fuera
Correa, fuera!!”.
El creciente ambiente de
polarización social con carencia de consciencia política que se visualiza en el
Ecuador en ambos lados de la barricada, viene a demostrar la necesidad de
desarrollar un trabajo político más allá del ámbito estrictamente ideológico.
En la práctica, la mayoría de población no entiende que el rasgo político fundamental
del correísmo ha sido el desarrollo de un proceso de tardo-modernización capitalista
impulsada desde la planificación estatal, y que en ese marco de contradicciones
generadas se mueve la contienda actual. Las contradicciones cada vez mayores
entre discurso y praxis oficialista (revolución, socialismo del siglo XXI,
poder popular, gobierno de los trabajadores entre otras, frente al aumento de
los beneficios empresariales de los grandes capitales -nacionales y
transnacionales- y la agudización de la explotación laboral en el país) no esta
siendo el eje de acumulación política de las organizaciones sociales con
pretendido perfil transformador.
El protagonismo político
readquirido por las centrales sindicales no supeditadas al régimen no está
implicando una reconversión de estas, manteniéndose las mismas viejas formas
heredadas de la escuela tradicional burocrática sindical en una lógica que a la
postre significará su desplazamiento de esa parte de la centralidad política
que en la actualidad de forma sorprendente ocupan. No se está desarrollando ni
nuevas formas de intervención sindical ni se están expandiendo los ámbitos de
acción a nuevos sectores que se han generado en los últimos años en el mercado laboral
ecuatoriano. Por su parte, la Conaie sigue viviendo un mar de contradicciones
internas que posiciona la crítica gubernamental de sus bases más en el ámbito
de la coyuntura económica –las comunidades se acostumbraron a negociar sus
apoyos al régimen en base a contraprestaciones monetarias, infraestructuras y
erráticas políticas agropecuarias que en la actualidad se encuentran en
retroceso debido a los recortes presupuestarios- que en la homogenización de
criterios sobre el modelo de sociedad y Estado plurinacional que caracterizó
sus reivindicaciones en el pasado. Los sectores anti-gubernamentales de perfil
progresistas ni siquiera cuentan hoy con organizaciones políticas con capacidad
de capitalizar electoralmente el descontento social, lo que implica carencias
en táctica y estrategia, así como dificulta la posibilidad de disputar en
términos hegemónicos el liderazgo post-correísta. Esta condición genera el
riesgo de convertirlos en funcionales a la rearticulación del proyecto político
de las élites conservadoras nacionales, algo que ya ha sucedido en reiteradas
ocasiones en el pasado reciente.
Lo significado
anteriormente es grave, dado que demuestra el anquilosamiento existente entre
gran parte de las organizaciones de izquierda. Se ignora reiterativamente el
hecho de que el cambio de régimen no es de carácter cuantitativo, sino
cualitativo. Se trata de generar nuevas coordenadas en el juego político,
generando nuevos escenarios donde las condiciones dejen de ser tan
desfavorables; dentro de un contexto donde los consensos políticos, sociales y
económicos desarrollados en base a un fuerte crecimiento económico comienzan a
dejar de ser viables. Un indicador palpable de esta realidad es el crecimiento
de los conflictos sociales y laborales existentes en el país.
Ante la puesta en cuestión
del pretendido horizonte correísta basado en el concepto “gramsciano” de
hegemonía ideológica y construcción de instrumentos políticos organizados con
incidencia protagónica en la sociedad, el nuevo reto de la izquierda
ecuatoriana es desarrollar a través de ejercicios de inteligencia colectiva una
nueva forma de intervención que supere el exclusivo ámbito ideológico.
