viernes, 11 de noviembre de 2011

Estados Unidos firma tres nuevos TLC

Por Decio Machado (publicado para el periódico DIAGONAL)


El pasado 12 de octubre tanto el Congreso como el Senado de los Estados Unidos ratificaban de manera definitiva los Tratados de Libre Comercio con Colombia, Panamá y Corea del Sur.
Superadas las antiguas resistencias demócratas a la violación sistemática de derechos humanos en Colombia, apenas hubo debate en las cámaras norteamericanas, donde lo más que se dio fueron reproches desde la bancada republicana a Obama por la demora en enviar estos acuerdos para su ratificación, firmados durante el mandado de George W. Bush.


Tras la ratificación en Legislativo la Casa Blanca anunciaba, no sin cierto optimismo, que con estos tres acuerdos podrán aumentar las exportaciones estadounidenses en 13 millones de dólares al año y generarse 250 mil nuevos empleos en el gigante del Norte.


El TLC visto desde Colombia
Las presiones ejercidas entre otros actores sociales por la Iglesia católica, el grupo civil Misión Salud y OXFAM Internacional sobre la bancada demócrata consiguieron paralizar la ratificación del TLC con Colombia durante cinco años. La falta de resultados en los planes de reanimación económica de Obama llevó a que se priorizara este acuerdo comercial ignorándose que desde la llegada del presidente Juan Manuel Santos al Palacio de Nariño, en agosto 2010, han sido asesinados 38 dirigentes sindicales y la violencia del Estado no ha disminuido en este país andino.

El júbilo gubernamental tras la ratificación del TLC se manifestaba a través del primer mandatario colombiano, cuando afirmaba que con dicho acuerdo Colombia crecerá “1% más de lo que venía creciendo” y se aumentarán las exportaciones en aproximadamente un  6%.
No piensa igual el economista colombiano Rafael Enciso, quien declara que con el TLC se “generará ruina sobre la agricultura y la totalidad de los sectores económicos y empresas no monopolizadas de Colombia, además de aumentar el desempleo, la explotación de los trabajadores y el saqueo de las riquezas naturales del país”. Enciso forma parte de los cuatro millones y medio de colombianos que viven en Venezuela consecuencia de la falta de oportunidades económicas y la violencia interna existente en su país.

También los pequeños empresarios colombianos muestran su preocupación cuando son indagados al respecto. “Con el TLC saldrán favorecidos los compradores, dado que tendrán amplia variedad en donde escoger sus productos. Sin embargo la gente no va a comprar productos colombianos que tengan costos similares o más caros que los que vengan de los EEUU. No podemos competir con la productividad y costos norteamericanos, para los pequeños productores y comerciantes nacionales esto será nuestro fin”, afirma Felipe Zarabanda, comerciante minorista del sector textil.

Para Jorge Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo, “este es un acuerdo que afectará todos los sectores de la economía en el país, pero principalmente en regiones fundamentalmente agrícolas”. Según  el senador colombiano, los productos nacionales  como el maíz, el arroz y la leche quedarán rezagados en el escenario del intercambio internacional en donde, según afirma, los únicos que saldrán beneficiados serán las empresas transnacionales y las minorías importadoras colombianas. Robledo concluye indicando: “invito a los agricultores y ganaderos colombianos a que nos pongamos en pie de lucha para evitar a toda costa que desaparezca la industria nacional y que sólo unas pocas minorías se lleven los beneficios y nos dejen las pérdidas”.

Pero las preocupaciones por el recién ratificado TLC no solo provienen del campo social, el pequeño empresariado o la oposición política colombiana. La médica cirujana de la Universidad Libre de Calí y senadora del oficialista Partido de la U, la Dra. Dilian Francisca del Toro, nos manifiesta también sus reticencias. “Con la puesta en marcha de este TLC sufrimos el riesgo de que las empresas extranjeras puedan van a invadir el mercado nacional con medicinas sin altos estándares de calidad“, alerta la senadora vallecaucana, quien indica que “existe el riesgo de que se generen desventajas considerables frente a las condiciones de EEUU, lo que se reflejaría en un deterioro en la Salud Pública que podría ocasionar una disminución en el acceso a los medicamentos”.

El TLC visto desde Panamá

En el caso panameño, la principal resistencia de los demócratas para la firma de este TLC se argumentó entorno a la crítica a los paraísos fiscales. Esta quedó despejada en noviembre de 2010, cuando EEUU y Panamá suscribían un acuerdo para el intercambio de información tributaria, conocido por su sigla en inglés "TIEA" (Tax Information Exchange Agreement), lo que permite compartir información sobre todo tipo de impuestos tanto en casos civiles como criminales.

Para el presidente panameño, Ricardo Martinelli, la firma de este acuerdo “es un logro de todos los panameños y por qué no mencionarlo, también de las administraciones que nos han antecedido”.

Sin embargo el economista panameño y profesor universitario Adolfo Quintero, nos indica sus dudas debido a las asimetrías del acuerdo. "Panamá no puede competir con los multimillonarios subsidios que el gobierno de EEUU otorga a su sector agropecuario", afirma Quintero, quien asegura que "esto genera problemas en cuanto a los períodos de desgravación arancelaria para determinados productos del agro y la industria".

De igual manera se manifiesta el ex ministro de Desarrollo Agropecuario y ex negociador del TLC Laurentino Cortizo, quien afirma que la falta de políticas que impulsen el desarrollo agropecuario en Panamá, han significado una caída de 35.000 hectáreas sembradas en los últimos cinco años. La agricultura representa el 5% del PIB de Panamá, sin embargo es fuente de ocupación para el 20% de la mano de obra del país.

Más críticos aún se manifiestan los sectores sindicales. Para Samuel Rivera, portavoz del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), "un tratado como este para nuestro país es un simple engaño que además ha sido aprobado a espaldas del pueblo”. De igual manera piensa Gabriel Castillo, histórico líder de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI). “Estos tratados son leoninos y únicamente van en la vía de lo que realmente le interesa y beneficia a EEUU", afirma Castillo, asegurando que "van a exportar productos estadounidenses a mansalva hacia Panamá y van a entregar a las empresas multinacionales todo lo que es el mercado interno y los productos que nosotros estamos dejando de producir”. Entre los grandes beneficiaciones del TLC con los EEUU se encuentran los importadores y exportadores panameños, “entre ellos el presidente Ricardo Martinelli, quien tiene los supermercados y es un gran exportador de productos", concluye denunciando Castillo.

Corea del Sur

La ratificación del TLC entre EEUU y Corea del Sur tendrá un fuerte impacto sobre las economías de Japón y Taiwán en el suroeste asiático. Estas economías son fuertes competidores en productos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones, y las rebajas de aranceles para los productos coreanos afectará seriamente a las exportaciones nipones y taiwanesas.

Los grandes beneficiados de esta situación fueron una vez más los chinos, quienes aprovecharon la situación de Taiwán para firmar en junio del año pasado firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación Económica con la isla y condicionar los conflictos entorno al estrecho de Formosa.

"El enfrentamiento a la agresión que constituyen los TLC es una tarea constante de la práctica política"

Fander Falconí, uno de los fundadores del Movimiento Alianza PAIS ejerció como cargos en el gobierno de Rafael Correa, primero como titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y luego como Canciller de la República. En la actualidad ejerce como académico e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Decio Machado: Los Estados Unidos tienen firmados TLC con todos los países de la costa del Pacifico latinoamericana con excepción del Ecuador. ¿Es posible el Ecuador sostener esta situación durante mucho tiempo?

Fander Falconí: Es factible. Los TLC son mucho más que tratados de comercio: implican sumisiones geopolíticas y disciplinas sociales que sólo competen a cada país de manera soberana, no a una potencia extranjera y menos a un orden internacional, organizado en torno a la omnipotencia del mercado, que pregonó el fin de la historia. Ecuador debe ser consistente con su propuesta de desarrollo endógeno y el buen vivir vigente en la Constitución aprobada en forma mayoritaria por el pueblo ecuatoriano en 2008.

D.M.: ¿Qué impacto tendrá para la economía ecuatoriana la firma del TLC con Colombia?

F.F.: Ecuador no debe asumir como referentes los avances de la negociación logrados por colombianos, pues su política comercial es francamente librecambista y, por lo tanto, diferente a la que requiere una opción comercial de desarrollo endógeno o el énfasis en la producción interna. En consecuencia, Ecuador debe atender sus propios tiempos, sin condicionarse por la dinámica que haya adoptado Colombia.

D.M.: Ecuador está negociando un Acuerdo de Asociación con la Union Europa. Para muchos sectores de la izquierda social y política ecuatoriana el AdA de la UE no es más que un TLC encubierto. ¿Qué opinión le merece esto?

F.F.: Este es el peor momento para una negociación comercial con Europa. La geopolítica global atraviesa un acelerado proceso de cambio, en el que se esbozan como factores clave la ralentización del liderazgo estadounidense en lo político, económico y cultural; la crisis económica de la Unión Europea en especial a partir de la crisis de las hipotecas subprime, que tiene a varios países como Grecia, al borde de la quiebra y a otros bajo el rígido monitoreo (ajustes estructurales neoliberales, reducción del gasto y consumo público) del FMI: Portugal, Irlanda, España, Italia.

De otro lado, el encargado de negocios del bloque europeo en el Ecuador, Peter Schwaiger, anunció que la reanudación de las negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE) -el acuerdo “multipartes”- se postergaría para el año 2012.

Visto en forma constructiva, la dilación planteada por la UE es conveniente para consolidar una posición ecuatoriana articulada a la noción de desarrollo endógeno; para evaluar las costuras de lo aprobado en el “multipartes” por Colombia y Perú; para analizar más en profundidad la crisis del banano (hay que considerar que Ecuador tuvo ingresos de US$ 2.032 millones por las exportaciones de banana y plátano en 2010) ; para realizar estudios de impacto; en fin, para consensuar con los actores sociales una auténtica posición nacional.

El aplazamiento debería servir para trazar la línea demarcatoria entre los aspectos comerciales (en especial desgravación arancelaria y acceso a mercados) y los servicios (inversión en sectores estratégicos). Así como para incorporar con entereza los temas migratorios y definir en forma clara la posición en aspectos sensibles (tratamiento de la  propiedad intelectual, soberanía alimentaria y compras públicas).

De lo que se ha podido estudiar, para Ecuador los resultados del Multipartes serían pobres, como lo han advertido los investigadores de Flacso Hugo Jácome y Martín Cicowiez, al evaluar, bajo supuestos realistas, sus impactos macroeconómicos: en el período 2011-2015, 0,32% de incremento en la tasa de crecimiento del PIB y tasas de crecimiento de las importaciones (1,1% del PIB) mayores a las de las exportaciones (0,8% del PIB). Esto debilitaría la balanza comercial (ya deficitaria) del país, y pondría en riesgo la dolarización.

D.M.: Usted formó parte de los autores de un libro que hizo historia en el Ecuador, “El rostro oculto del TLC”. ¿Cuál es su opinión del rostro oculto de los TLC en América Latina?

F.F.: El enfrentamiento a la agresión que constituyen los TLC es una tarea constante de la práctica política. Los grupos articulados al gran capital son los mismos que intentaron imponernos en Ecuador, sin beneficio de inventario, un TLC con los Estados Unidos. Esa negociación se inició en el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005). Este proceso careció de legitimidad. Estuvo conducido, en forma vertical, por un puñado de sectores empresariales que saldrían favorecidos, como alertamos en El rostro oculto del TLC.

Esto se aplica para América Latina. Los TLC son mucho más que tratados de comercio: implican sumisiones geopolíticas y disciplinas sociales que sólo competen a cada país de manera soberana, no a una potencia extranjera y menos a un orden internacional, organizado en torno a la omnipotencia del mercado, que pregonó el fin de la historia.

martes, 18 de octubre de 2011

Derivas del régimen correísta

Por Decio Machado

A las 4,30 horas del día de hoy, 18 de octubre de 2011, aproximadamente 300 efectivos de la Policía Nacional Ecuatoriana incluidos miembros de las fuerzas de élite incursionaban en Río Grande (Chone) de manera violenta, ocasionando lesiones sobre mujeres, niños y el anciano líder de la comunidad campesina montubia que habita en este territorio.

El operativo policial estuvo comandado por el coronel Wilmer Cuellar, jefe de la Policía Rural de Manabí, y fue apoyado por operativos policiales llegados desde Quito y dotaciones militares, según denuncian las víctimas.

Se reportaron entre los heridos dos mujeres vecinas de la comunidad, una de ellas embarazada; el líder comunitario Alfredo Zambrano -de 73 años-, quien tuvo que ser atendido en el Hospital General de Chone por lesiones en su cabeza; y dos niños de 6 y 10 años resultaron desaparecidos durante el operativo policial y militar, habiéndose encontrado a tan solo uno de ellos avanzada la tarde de los sucesos.
En la actualidad aproximadamente 500 efectivos, tanto militares como policiales, mantienen rodeado los territorios de Río Grande impidiendo el acceso a sus casas a la población local que se vio obligada a abandonar la zona, y habiendo dejado incomunicados en su interior a los pobladores que quedaron cercados. El único personal autorizado para entrar en la zona son los funcionarios de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA)[1] y el personal de la compañía contratista de la obra, la empresa china Tiesiju.

Mientras los operarios de la empresa contratista entran y salen cabizbajos del territorio ocupado militarmente, y los funcionarios estatales se bañan públicamente en su ignominia, un millar de pobladores se agrupan en los entornos del territorio violentado. La tensión se mantiene y hay riesgos de que se desate un nuevo brote de violencia contra los moradores de la zona.

¿Por qué se desarrolló este operativo de las fuerzas represivas del Estado?

El territorio ocupado policial y militarmente será inundado por una represa que forma parte del Proyecto Propósito Múltiple Chone, entendido por el gobierno de Correa como un “estandarte” para el desarrollo local de Chone (provincia de Manabí).

El Proyecto Propósito Múltiple Chone implica una represa en el río Grande que deberá almacenar 113,24 Hm3 de agua y tendrá una altura de 57,50 metros. El polémico proyecto cuenta con la oposición de los pobladores de Río Grande, campesinos montubios que cultivan una fértil tierra que produce para Chone cerca de 20 millones de dólares al año en productos agrícolas y da de comer a unas 1.700 familias.

El gobierno del presidente Correa a través de la SENAGUA puso en marcha este proyecto con la concesión definitiva de la obra el año pasado. La concesionaria, la empresa china Tiesiju, se encontró con la resistencia de la población local al proyecto de la represa, lo cual ha significado sustantivos retrasos en la ejecución de la obra.

El aparato de propaganda gubernamental falseaba la realidad el pasado mes de septiembre cuando indicaba que la resistencia local al proyecto había disminuido “y cada vez son más los choneros que ven al Proyecto Propósito Múltiple Chone (PPMCH), como un sinónimo de desarrollo y progreso”[2]. La realidad se plasmaba en esta violenta acción emprendida contra la población local, cuando ante la oposición de los moradores han sido las fuerzas represivas del Estado las encargadas de atemorizar, gasear, agredir y detener a pobladores locales con el fin de infundir el miedo entre los pobladores y desalentar la resistencia pacífica emprendida por estos desde hace más de un año.

La lógica economicista del régimen ha convertido la resolución de este tipo de conflictos en una dinámica que prioriza la violación de derechos humanos por encima de la justicia social. El socialmente cuestionado Proyecto Propósito Múltiple Chone es un ejemplo de ello. Justificado el proyecto por las inundaciones que se producen desde hace años en la zona, se prefiere agredir a los pobladores locales e inundar más de 5.000 hectáreas de tierras fértiles cultivadas por humildes campesinos montubios, antes que actuar sobre la fuente real de conflicto.

Las graves inundaciones en Chone se dan a raíz de en los años 70 se desarrollara fuertemente la industria del camarón en la Costa ecuatoriana. La represa Simbocal, la cual se encuentra aguas debajo de la unión entre los ríos Carrizal y Chone, se ha transformado en un obstáculo para el desagüe rápido del río. Esta represa, la cual destruyó el entorno natural del humedal La Segua, está destinada al beneficio de criaderos de Chame río arriba manteniendo agua dulce represada, y de igual manera al beneficio de camaroneras situadas río abajo, controlando los desbordes crecientes del río.

La disminución de la zona de inundación, debido a los muros construidos por las camaroneras y la destrucción de los manglares generados a partir de dicha actividad, redujo de forma notable la capacidad de evacuación del río Chone. Esto sumado al almacenamiento de sedimentos en las compuertas de las 12 compuertas del Simbocal, hace que el río Chone quede gravemente obstaculizado en zonas de desembocadura, inundando a comunidades vecinas y prolongando estas inundaciones a la ciudad de Chone.

La SENAGUA priorizó la construcción de este proyecto hidráulico, cuestionados por técnicos y habitantes de la zona, antes de la eliminación de las camaroneras ubicadas en el estuario del río –verdaderos responsables de las inundaciones- y la correspondiente restauración de los manglares extinguidos por esta destructiva actividad productiva.

¿Cómo se entiende una actuación militar y policial tan desmedida?

Han sido múltiples las ocasiones en las que el presidente Correa ha descalificado la resistencia de la población local de Río Grande, asociándola con políticos opositores a su gobierno, definiéndolos como socialmente violentos, y acusándolos de estar opuestos al progreso de la nación. Su última “perla” dialéctica tuvo lugar en el último Enlace Ciudadano –programa sabatino protagonizado por el presidente Correa- en el cual se volvió a amenazar con sacar por la fuerza a la población local opositora al proyecto. Apenas dos días y medio después se desencadenaba la represión en Río Grande.

La actitud presidencial vulnera el artículo 98 de la Constitución de Montecristi, en el cual se indica: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

La presencia en el operativo de unidades de operaciones especiales de la Policía Nacionales es un sinsentido, como lo es también la utilización de operativos militares contra la población civil, máxime cuando los ministerios del Interior y Defensa son parte de un gobierno que se define a sí mismo como el “gobierno de la Revolución Ciudadana”.

La tendencia por parte de los poderes del Estado ecuatoriano hacia una lógica represiva es incuestionable, por poner tan solo unos ejemplos: cerca de doscientos líderes sociales –mayoritariamente indígenas- sufren acusaciones de sabotaje y terrorismo en un país donde el terrorismo no existe; en este mismo momento un estudiante, Édison Cocíos de 17 años, se debate entre la vida y la muerte fruto del impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza consecuencia de los operativos policiales articulados ante la protesta social de los estudiantes de secundaria el mes pasado; o la existencia de siete defensores de los derechos humanos y de la Naturaleza que se han visto obligados a pasar a la clandestinidad por resistir a la empresa Minera Explosur SA –propiedad de la oligárquica familia Eljuri-, quienes realizaron una actividad de exploración extractiva sin contar con los permisos necesarios en el cantón Nabón –provincia del Azuay-.

Según las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos existentes en el Ecuador, dicha situación se verá agravada con la aprobación del nuevo Código Penal auspiciado por el Gobierno, en el cual se pretende sancionar con pena privativa de libertad (de uno a tres años) a actos tan pueriles como cortar una carretera o resistir la ejecución de una obra. En definitiva, el mal llamado gobierno de la “Revolución Ciudadana” trata de neutralizar de forma definitiva el tan violentado artículo 98 de la Constitución de Montecristi.

La falta de autocrítica gubernamental

A diferencia de lo sucedido en Bolivia el mes pasado, donde tras violenta agresión de fuerzas policiales sobre los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el presidente Evo Morales pidió perdón a la nación entera y convocó un referéndum popular sobre las obras de infraestructura vial que afectarán gravemente a este territorio indígena, el caso ecuatoriano se convierte en su antítesis.

De la agresividad verbal, el presidente Correa ha pasado a imponer un régimen que cada vez genera más miedos. Miedos a los cooperantes internacionales que trabajan y colaboran con poblaciones indígenas locales, miedos a organizaciones sociales que desarrollan su labor en el marco de la defensa de los derechos humanos, miedo en las organizaciones que tienen como eje de intervención la defensa de la Pachamama, o miedo en las comunidades que cuestionan y ejercen resistencia pacífica contra los megaproyectos o la actividad extractiva auspiciada por el Gobierno bajo un criterio más que cuestionable de desarrollo.

Mientras en Bolivia la acción policial generaba la dimisión de varios altos funcionarios públicos, entre ellos algunos ministros; en Ecuador, acciones de similar envergadura generan tan solo la justificación de políticos mediocres que forman parte de las élites del poder en un régimen con tendencias cada vez más autoritarias.

Esta situación explica porque estratégicamente el aparato de propaganda del gobierno correísta insiste de manera “machacona” y demencial en calificar los sucesos del 30 de septiembre del año pasado como un golpe de Estado.

Que el 30-S fuese un intento por parte de las fuerzas reaccionarias ecuatorianas de tomar el poder ha pasado a ser lo de menos en la coyuntura actual. La estrategia oficialista consiste simplemente en erigir al Gobierno como el único defensor de la democracia ecuatoriana (tanto la derecha como la izquierda estaban involucradas en el golpe de Estado según la versión oficial), cuando en la práctica lo que realmente está sucediendo es precisamente lo contrario.




[1] La Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) es el órgano institucional rector del agua en el Ecuador. Tiene rango de ministerio.
[2] http://www.senagua.gob.ec/?p=6889

martes, 11 de octubre de 2011

Chone: el Estado arrasa con todo

Por Decio Machado / Especial para Revista Vanguardia 3 al 9 de octubre 2011

Desde mediados de año el Presidente Rafael Correa insiste una y otra vez en sus descalificaciones a la población montubia moradora en la micro cuenca de Río Grande, zona situada a unos ocho kilómetros de la manabita ciudad de Chone, donde se pretende instalar una represa con capacidad de almacenar 113,24 Hm3 (hectómetros cúbicos) de agua como parte del Proyecto Propósito Múltiple Chone, en la provincia de Manabí.

Mientras según el Jefe de Estado, la oposición a la represa de la población de Río Grande obedece a la manipulación política ejercida por “politiqueros” que tratan de hacerle daño al Gobierno y “ahí están los lucios, Prian, el grupo de Gustavo Larrea, Pachakutik y el MPD tratando de evitar que se haga el proyecto Multipropósito Chone”; la Secretaría Nacional del Agua anunciaba el pasado 22 de septiembre que las tensiones en Río Grande estaban bajando y que cada vez son más los choneros que ven en este megaproyecto un sinónimo de desarrollo y progreso.
Para Lenin Alcívar, un joven formado académicamente en Chone que decidió acompañar a su abuelo en su vida campesina en Río Grande, “el Gobierno miente de forma sistemática cada vez que hace alusión a Río Grande y Chone”. Como el resto de moradores de Río Grande, este joven montubio piensa que al Presidente Correa “ya no le engañan sobre esto, sino que es él el que nos trata de engañar” y prosigue indicando “pensábamos que le daban la información mal, que sus asesores eran incompetentes o tenían algún tipo de interés oculto, pero la última vez que estuvo en Chone conseguimos entregarle una carpeta llena de documentos que explicaban el porqué de nuestra oposición al proyecto y que es lo que la SENAGUA está haciendo aquí. A pesar de ello nos sigue amenazando y descalificando sin atender a razones. Para nosotros este Presidente es una gran decepción”.

La zona en fuerte tensión
El pasado 19 y 20 de septiembre se emitieron varias cadenas gubernamentales sobre los presuntos beneficios de la represa de Chone para la población local; entrando el 21 de septiembre la maquinaria de obra pesada en la zona, junto a un nutrido contingente de la Policía Nacional. Para el intendente de Policía, Luis Córdova, dicho operativo se justifica por bajo la finalidad de “prevenir cualquier incidente”. Pero “si como dice el Presidente de la República y los funcionarios de la SENAGUA apenas somos unos pocos habitantes los que estamos en contra de la represa, porque es que solo han podido comprar, y a precio de oro, dos pequeños predios en los que han instalado la maquinaria de obra en lugar de las seis mil hectáreas que pretenden inundar”. Quien hace la pregunta es Antonio Álvarez, campesino de la comunidad de Sánchez ubicada en las tierras altas de Río Grande.

Álvarez no relata su caso: “Para mi familia la cosa es más grave, en caso de materializarse el proyecto de represa, quedaríamos aislados en tierras altas de Río Grande, sin embargo y a pesar de ello, la SENAGUA no nos pagaría nada, dado que nuestras tierras no serían inundadas. ¿Usted entiende algo? Necesitaríamos barcas o helicópteros para poder sacar nuestro ganado, nuestra cosecha o viajar a Chone para cualquier cuestión de urgencia”.
Naiser Vera Guerrero es profesor de una de las 13 escuelas de primaria donde estudian aproximadamente 1.500 alumnos, que también quedarán bajo el agua. Él cuenta que desde la firma del contrato entre la SENAGUA y la empresa china, el 24 de julio del año pasado, todos los pobladores del lugar nos turnamos mañana, tarde y noche, para la vigilancia permanente de los caminos que permiten al acceso a sus tierras. "Sabemos que nos enfrentaríamos a la Policía o el Ejército en caso de invasión, nosotros no tenemos armas y eso no nos importa, defenderemos con nuestra sangre nuestra tierra, la cual es a su vez la tierra de nuestros ancestros”.

Según indican los moradores, la SENAGUA habría pagado 250 mil dólares por una propiedad de 23,2 hectáreas y otros 80 mil dólares por otra de 12 hectáreas, en las cuales se ha iniciado recientemente el movimiento de tierras con maquinaría de la constructora china Lu Zheng Lai.
Según Alfredo Zambrano, un veterano propietario de 40 hectáreas de terreno ubicadas estratégicamente donde se supone estará el dique de la represa, “han pagado a un precio desorbitado las pocas tierras que han podido comprar de las 6.000 hectáreas que pretenden inundarnos en Río Grande”. A esto, Lenin Alcívar le complementa, “mientras a algunos nos han ofrecido sobreprecios para la compra de nuestras tierras, a otros propietarios no les pagarían las suyas por quedar sus tierras en áreas de protección de la represa, vegas y zonas que quedarían aisladas tras la inundación, pero no por debajo del nivel del agua. Todo el proyecto de SENAGUA es un sin sentido”.

Los pobladores dudan
El proyecto consiste en la construcción de una represa en el río Grande y su desagüe en la parroquia San Antonio. Su presupuesto referencial en la adjudicación realizada en abril del 2010 era de 46,5 millones de dólares sin IVA, y la construcción debería estar lista en 36 meses contados a partir de la entrega del anticipo del 35 %  del valor de la obra.
La represa de río Grande deberá almacenar 113,24 Hm3 (hectómetros cúbicos) de agua, y tendrá una altura de 57,50 metros y una longitud de 276 metros. Los caudales vertidos desde El Olimpo serán conducidos hasta la laguna de inundación de La Sabana situada en la margen derecha del tramo inferior del río Carrizal, la longitud total de este canal es de 5.520 metros. Se inundarán entre cinco y seis mil hectáreas pero el impacto será mucho mayor, alcanzado este según técnicos del Municipio de Chone un radio de 19 mil hectáreas.

El proyecto se justificó por la necesidad de dotar de agua zonas adyacentes ubicadas en torno a lo que será la represa; dotar de agua potable a la ciudad de Chone en los meses de sequía y controlar las graves inundaciones que se generan en Chone.
 Alfredo Zambrano, reconocido por los pobladores como el "padre” o “hombre sabio” de Río Grande no lo cree así: “todo es una falacia, pretender regar 2.200 hectáreas de sembradíos que se extienden desde la parroquia Ricaute hasta la entrada de San Andrés, sin embargo estas tierras son de por sí fértiles, dado que su nivel freático se encuentra entre 3 y 5 metros por debajo del nivel del suelo. ¿Usted puede entender que se inunden 6.000 hectáreas de la tierra más fértil para regar apenas 2.200? Es evidente que alguien está mintiendo”.

El médico Elvis Suárez, quien tiene un consultorio particular en Chone cuestiona el segundo objetivo de la represa, “el problema de Chone con el agua potable es consecuencia de la antigüedad de su planta de tratamiento, la cual no tiene capacidad de procesar más que 10 mil metros cúbicos de agua al día, cuando las necesidades actuales de nuestra querida Chone son de 30 mil metros cúbicos diarios, el proyecto de represa en Río Grande no va a solucionar esta cuestión”.

Pero cuando los habitantes de Río Grande más se indignan es abordando la cuestión del necesario e indiscutible control de inundaciones.
“Si quieren actuar adecuadamente sobre el control de inundaciones deben actuar sobre sus responsables, no sobre el río Grande. Las imágenes dantescas convertidas en gigantografías por la SENAGUA en la ciudad de Chone para convencer a su población sobre las bondades de la represa son ciertas, pero no cuentan toda la verdad”, indica Zambrano. El problema, según su versión, viene desde que en los años 70 se instalaron en la parte baja del río Chone las empresas camaroneras, quienes a parte de destruir nuestros manglares y cortar el libre acceso del río al mar, les obsequiaron con la represa de Simbocal la cual está a su servicio y cuyas doce compuertas se obstruyen con facilidad debido a los sedimentos que arrastra la corriente.

Katherine Heredia, portavoz de la Asociación de Montubias Agroproductivas del Río Grande, enfatiza en esta cuestión: “La solución pasa por dragar el río, limpiar sus cauces para que Chone sea navegable, sacar a las camaroneras que obstaculizan su desembocadura e incluso dragar la Bahía de Caráquez, puesto que en breve cruzaremos andando de Bahía a San Vicente por la cantidad de sedimentos depositados en su fondo, el río ya no tiene fuerza para expulsarlas mar adentro. Si esto sigue así, en pocos años el flamante puente de Bahía de Caráquez valdrá para nada”.
En las comunidades de Río Grande se piensa que el proyecto oculta otra realidad distinta a la versión oficial. Zambrano cree “que el Gobierno tiene una carta bajo la manga que no se atreve a decir públicamente debido a los riesgos que para la población de Chone y sus alrededores entraña la construcción de una represa de estas características en territorio con alta intensidad sísmica. Sabemos por fuentes extraoficiales que nos llegan desde el propio Gobierno que el agua de esta represa está pensada más para las necesidades de la Refinería del Pacífico, donde se procesaran alrededor de 300 mil barriles diarios de crudo, que para las necesidades locales del cantón Chone”.

Mientras la SENAGUA prosigue con sus acciones legales para la expropiación de determinados predios entre los que destaca las 40 hectáreas dedicadas al cultivo de cacao, platanales, pastizales y bosque primario de Don Alfredo Zambrano, las dotaciones de la Policía Nacional se visualizan a escasos metros de su finca.
 Los moradores mantienen la calma, incluso después de que el territorio en disputa haya sido declarado “Zona de Seguridad Nacional” por el Presidente Correa y algunas represalias que ya han sufrido sus habitantes.

Según Elvis Suárez la población local ya sufre las consecuencias de este desencuentro con el Presidente de la República y sus política desarrollistas basada en grandes obras faraónicas: “Le puedo hablar en nombre propio, soy el único doctor especializado en medicina deportiva en la zona, sin embargo y consecuencia de mi posición en defensa de Río Grande, el Municipio me ha excluido como profesional en mis labores para la Liga Cantonal en Chone”. De momento solo se oyen tambores de guerra en Río Grande: presencia de maquinaría de obra no deseada en la zona, creación de puestos de la Policía Nacional zonas cercanas a los predios en litigio o las contra manifestaciones organizadas por militantes de Alianza PAIS ante las concentraciones en apoyo a Zambrano frente a los juzgados durante los procesos de expropiación auspiciados por SENAGUA.
Los moradores de Río Grande aseguran no haber sido previamente consultados sobre la obra, la licitación y el contrato con la empresa constructora china. De igual manera ha sido ya durante este mes de septiembre (más de un año después de firmar el contrato de obra) cuando la SENAGUA, acompañada de otras instituciones públicas ha comenzado a desarrollar actos de socialización del proyecto con la población local. Los pobladores consideran violentado su derecho constitucional a la resistencia y a la defensa de sus tierras y viviendas, de manera específica cuando en su Enlace Ciudadano No.228 Correa les acusaba de que forman parte de conspiraciones políticas y tramas palaciegas, diciendo que “la oposición reúne gente para boicotear, oponerse y obstaculizar los grandes proyectos que ejecuta el Gobierno”. Pero ellos creen que aún se puede dialogar con el gobierno pero no después de las imposiciones.

Mientra tanto, las mujeres de Río Grande preparan alegremente una olla popular para dar de comer a sus vecinos que hacen guardia frente a la Policía. Una de ellas, Carmen Alcívar, lamenta que el Presidente Correa no nos haya querido dar audiencia, "si nos conociera pienso que opinaría otra cosa sobre nuestras gentes. Nosotras consideramos que quien no defiende la tierra donde están enterrados sus ancestros es un maldito”.

sábado, 1 de octubre de 2011

Aznar, nuevo fichaje de la minera Barrick Gold

El expresidente José María Aznar se incorpora de la mano de George H. W. Bush, su hijo George W. Bush y Gustavo Cisneros como director del área internacional de Barrick Gold, la empresa más cuestionada del sector minero. Las explotaciones de la multinacional minera más poderosa han provocado graves impactos ambientales en sus explotaciones.
- El truco de la Barrick Gold / Vía Los movimientos contraatacan

Decio Machado / Quito (Ecuador)

“En el actual mundo globalizado hablar de oro es hablar de Barrick Gold Corporation”. Con esta contundencia se expresaba Jamie Sokalsky, vicepresidente ejecutivo de la transnacional canadiense, en una conferencia realizada en 2010 ante círculos empresariales londinenses.
En dicho evento, Sokalsky posicionaba los objetivos a corto plazo de la compañía minera más poderosa del planeta: “Esperamos alcanzar mediante el desarrollo de proyectos y la ampliación de las minas que ya poseemos, una producción anual de nueve millones de onzas de oro antes de cinco años”.
Pocos meses después de esta declaración, Barrick Gold fichó como directivo estrella en su área internacional al expresidente español, José María Aznar, quien ha llegado a la compañía a través de George Bush, quien figura en el directorio de la transnacional como “asesor honorario de la junta internacional de la empresa” y es miembro destacado en su junta de accionistas.

La superficie de los glaciares afectados por als actividades de la Barrick Glod disminuyó entre un 56% y un 70%.

Otro notable de la Junta Directiva de Barrick Gold es el venezolano Gustavo Cisneros, uno de los hombres más ricos del continente, propietario de más de 30 compañías que operan en todo el planeta. Cisneros fue vinculado a la trama del fallido golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela por la revista Newsweek, donde se afirma que el golpista Pedro Carmona “fue visto salir de la oficina de Cisneros” antes de ir al Palacio de Gobierno para jurar como presidente provisional, cargo que ostentó tan solo un día. En febrero de este año, George H. W. Bush, junto a su hijo George W. Bush, José María Aznar y Álvaro Uribe, compartían vacaciones con el ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, en la mansión residencial de Gustavo Cisneros, ubicada a 96 kilómetros de Santo Domingo (República Dominicana).

Para Marcelo Caumán, dirigente local comunitario de Santo Domingo,“es más que posible que en la reunión de expresidentes organizada en la casa de campo de Cisneros se decidiera la incorporación de Aznar al lobby de Barrick Gold, sin embargo, lo más grave para nosotros, es que decidieron, tras su reunión con nuestro presidente Leonel Fernández, la explotación de yacimientos mineros en la provincia de Monseñor Nouel, lo que tendrá un impacto irreversible sobre nuestra agua, vegetación, producción agrícola y ganadera”.
Esta provincia dominicana ya tiene experiencia en los daños que ocasiona la explotación minera, motivo por el cual en la actualidad se está creando un frente de organizaciones sociales para resistir la actividad extractiva que pretende iniciar Barrick Gold antes de final año. “No vamos a permitir que estos criminales que usan elementos tóxicos en su actividad productiva nos generen más tragedias como el desplazamiento forzoso, la deforestación, la destrucción de nuestras producción agrícola y la contaminación del medioambiente”, advierte Caumán.
 
MINA NORTH MARA. La multinacional Barrick Gold cuenta con gran cantidad de explotaciones, una de ellas en Tanzania, en la imagen. ZAHRA MOLOO
“Operación Aznar”
En Argentina, la compañía canadiense opera sobre dos proyectos de gran envergadura: el yacimiento Veladero, que comenzó su producción en octubre de 2005, y cuyas reservas de oro alcanzan los 18.200 millones y Pascua Lama, primer proyecto minero entre dos Estados que se realiza en el mundo y que consiste en desarrollar una mina de oro en la frontera entre Chile y Argentina. Las denuncias sobre violación de derechos sindicales e impacto ambiental han acompañado ambas explotaciones.
Según los representantes de Greenpeace en Argentina, “un informe técnico del año 2005 indica que la superficie de los glaciares afectados por las actividades de la Barrick disminuyó entre un 56% y un 70%”. Y prosiguen: “En febrero de este año se sancionó a la empresa por continuar afectándolos”.Tanto los yacimientos de Pascua Lama como Veladero se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera San Guillermo de la UNESCO y “están emplazados en ambiente periglacial, algo prohibido por la Ley de Glaciares”.
En ese contexto, José María Aznar se entrevistaba en julio con la presidenta Cristina Fernández Kirchner. Los resultados fueron inmediatos: un mes después, el juez Federal de San Juan procedía a la suspensión de la aplicación de la Ley de Preservación de Glaciares que había sido sancionada tras un intenso debate en el Congreso argentino. La Ley había llegado al Legislativo auspiciada por un centenar de organizaciones de la sociedad civil y hubiese supuesto la paralización de las actividades extractivas de Barrick Gold en la cordillera andina.
Barrick Gold es la transnacional minera dedicada a la extracción de oro a cielo abierto más grande del mundo. Con sede en Toronto (Canadá), fundada y dirigida por el polémico magnate de origen judío Peter Munk, la empresa opera en 27 minas de una quincena de países. Desde su constitución en 1983, las actividades de la Barrick Gold han venido acompañadas por constantes denuncias de irregularidades y violación de derechos humanos. Según el director cinematográfico y actual diputado argentino, Fernando‘Pino’ Solanas, la “historia negra” de la Barrick se remonta a sus orígenes, dado que “Munk fundó la empresa con dinero del principal traficante de armas de la tierra Adnan Kashogui, socio de personajes como Monzer al Kassar”.
Entre las denuncias contra Barrick Gold, destacan los sucesos de 1996 en Tanzania. Allí, la compañía estuvo involucrada en la masacre de más de medio centenar de mineros artesanales (pirquineros) de la mina Bulyanhulu, que fueron enterrados vivos por el apuro del Gobierno en desalojar el lugar y rellenar los pozos con tierra. La empresa primero intentó censurar un libro que denunciaba los hechos (Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique de A. Deneault, D. Abadie y W. Sacher), impidió su distribución y denunció a los autores.

18 millones de onzas de oro

El 4 de junio varias organizaciones ambientales convocaron una manifestación en el valle de Huasco, enla frontera de Chile y Argentina, contra la extracciones en la mina Pascua Lama. El valle de Huasco es barrera natural contra el avance del desierto de Atacama. Se estima que en esa mina existen un 14% de las reservas de oro mundiales por explotar.
La cantidad de reservas calculadas es de 18 millones de onzas de oro, 731 millones de onzas de plata y 662 millones de libras de cobre, hay, además, otros minerales. Un 75% de esos recursos se encuentran en el lado chileno y el resto en Argentina. Para extraer el oro se emplea gran cantidad de cianuro que ponen en peligro el entorno natural.

martes, 27 de septiembre de 2011

Río Grande y la resistencia de sus pobladores al megaproyecto Multipropósito Chone

Por Decio Machado

El pasado 22 de septiembre la SENAGUA anunciaba a “bombo y platillo” que las maquinarias del Consorcio Tiesiju-Manabí, iniciaban los trabajos de desbroce y excavación en el lugar donde está previsto se construya el cuerpo de la represa.

Esa misma mañana cinco volquetas, una excavadora, dos payloader y un tractor ingresaban en la zona, comenzando a realizar los trabajos de limpieza de la capa vegetal y las primeras excavaciones dentro de los terrenos adquiridos por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).

El comunicado de SENAGUA indica que “las tensiones en Río Grande están bajando y cada vez son más los choneros que ven al Proyecto Propósito Múltiple Chone (PPMCH), como un sinónimo de desarrollo y progreso”[1], y se hacía un llamamiento para que la constructora china Lu Zheng Lai, procediese de inmediato a dotar de personal y maquinaria la obra.

Los pobladores de la zona cuestionaban el comunicado oficial, explicando que si las “tensiones” han bajado, porque son visibles en el entorno diversos puestos policiales, sobre lo que el intendente de Policía, Luis Córdova, indica que se da cobertura policial con el fin de “prevenir cualquier incidente”, dando “apoyo a los funcionarios que están realizando los trabajos que son no solo de interés provincial sino nacional”.

¿Qué es el Proyecto Multipropósito Chone?

El Proyecto Multipropósito Chone es una construcción que implica una represa en el río Grande y el desagüe en la parroquia San Antonio. Su presupuesto referencial en la adjudicación realizada en abril del 2010 era de 46,5 millones de dólares sin IVA, y la construcción debería estar lista en 36 meses contados a partir de la entrega del anticipo del 35 por ciento del valor de la obra.

La represa de río Grande deberá almacenar 113,24 Hm3 (hectómetros cúbicos) de agua, y tendrá una altura de 57,50 metros y una longitud de 276 metros.

Los caudales vertidos desde El Olimpo serán conducidos hasta la laguna de inundación de La Sabana situada en la margen derecha del tramo inferior del río Carrizal, la longitud total de este canal es de 5.520 metros.

Desde el gobierno del presidente Rafael Correa se ha pretendido posicionar la idea de que esta represa es una reivindicación de los habitantes de Chone, debido a que a través de esta obra se  impedirá que la zona urbana se inunde en época de invierno con el crecimiento de los ríos Chone, Mosquito, Garrapata y Carrizal, circunstancia causante millonarias pérdidas económicas.

Río Grande

Río Grande es una micro-cuenca de más de 60 Km2 ubicada a ocho kilómetros de la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí. Hablamos de una zona biótica correspondiente al bosque tropical húmedo con pluviosidad media anual de 2500 mm[2].  Río Grande carece de representación política mediante una Junta Parroquial, y según datos proporcionados por el personal contratado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) para el Censo 2010, se estima que su población abarca algo más de 1.700 familias.

Es el río Grande quien da nombre a este territorio, naciendo en las montañas del Arroyo y juntándose al río Mosquito unos 30 kilómetros más abajo, para seguir su curso hacia la ciudad de Chone donde se confluye con el río Garrapata. Río Grande forma parte de las cuatro micro-cuencas (junto a las del río San Lorenzo, el río Garrapata y el río Mosquito) que conforman la cuenca del Río Chone.

Desde 1997 las comunidades de Río Grande están representadas por el Comité Central de Comunidades Campesinas de Río Grande, que agrupan  las comunidades de: El Espejo, Camarones, La Balsa, Cañitas, El Naranjo, Betillal, La Palma, Juan Cayo, Boca de Coñaque, Coñaque, El Cerezo, El Japón, La Mina, El Aguacate, El Achiote, El Ceibo, El Jaboncillo, Solesté, Sánchez, Boca de Sánchez, Platanales, Estero El Rancho, La Capilla, La Tola, El Guabillo, La Piedra, San Roque, Zapote, La Ñarusa, Limón, El Jobo de Río Grande.

La zona es muy fértil, produciendo cítricos, cacao, ganado vacuno porcino y avícola, leche y sus derivados, a la par que yuca, maíz, maní y plátanos. Incluso algunos de sus productos –como la mandarina- son exportados a países como Perú, Colombia y Venezuela[3]. Esta producción agrícola ganadera de Río Grande genera puestos de empleo a más de cuatro mil personas, estimándose en cerca de 20 millones de dólares anuales su aportación a la economía local de Chone.

Pero no solo al ámbito económico se ciñen las riquezas de Río Grande. A mediados de este mes de septiembre, el personal técnico del Instituto de Patrimonio Cultural inició trabajos para el rescate de osamentas encontradas por las excavaciones que el Consorcio chino Tiesiju-Manabí –adjudicatario de la obra- viene realizando en la construcción del canal de desagüe que forma parte de la obra.

La Dirección Regional de Patrimonio Cultural procedió a enviar al lugar un equipo de rescate arqueológico, los cuales iniciaron las labores pertinentes para salvaguardar las piezas correspondientes a dos tumbas tipo chimenea.

Esta actuación de los funcionarios de Patrimonio Cultural es apenas una pequeña muestra de lo que alberga el subsuelo de la zona. Basta recorrer la micro-cuenca y entablar relación con sus pobladores para visualizar la enorme abundancia existente de restos arqueológicos –vasijas, vasos, platos, reposacabezas…- en la zona. De hecho, una de las aficiones de las y los más jóvenes en el lugar es la arqueología amateur, supliéndose así las enormes carencias institucionales en este sentido[4].  

A pesar de ello, ni Patrimonio Cultural, ni la SENAGUA, ni el Departamento de Cultura del Municipio de Chone se han cuestionado en ningún momento la paralización de este megaproyecto, priorizando un “supuesto” factor económico por encima de la investigación arqueológica y rescate patrimonial ecuatoriano en Río Grande.

SENAGUA y la posición gubernamental

Para el mal llamado gobierno de la Revolución Ciudadana, el Proyecto Propósito Múltiple Chone será un icono para el desarrollo de Chone, planteando que con este proyecto no sólo se solucionará el inconveniente de las inundaciones, sino también se dotará de agua a la región cuando llegan los períodos de sequía. También el ingeniero en hidráulica, Euclides Andrade, quién fue el creador  del proyecto cuando era estudiante en la década de los ochenta y ahora promocionado por la SENAGUA, indicaba en alusión al costo social y ambiental del megaproyecto: “hay ocasiones que se pierde y otra se gana y en el balance gana una gran mayoría urbana y rural según los estudios la  rentabilidad de  producción se elevaría 11 veces más”[5].

Por su parte, desde la visión del mandatario ecuatoriano, es “la oposición reúne gente para boicotear, oponerse y obstaculizar los grandes proyectos que ejecuta el Gobierno”. Así lo afirmó Rafael Correa, durante el Enlace Ciudadano No. 228.

Según Correa el Proyecto Multipropósito Chone es la obra más esperada por 40 años para la población local,  y pese a que están listos los estudios y pagado el anticipo económico respectivo, aún no puede ejecutarse por la oposición de “unas pocas familias”.

Con una visión extremadamente simplista, el Jefe de Estado ecuatoriano indicaba, “que me digan cómo se evitan inundaciones sino es construyendo un embalse aguas arriba. Pero así es el egoísmo y la falta de visión”.

Tras estas continuas descalificaciones sobre la población montubia local de Río Grande, Correa agregó que en buena medida esta situación obedece a la manipulación política porque si hay 15 0 30 campesinos hay 30 politiqueros tratando de hacerle daño al Gobierno: “Ahí están los lucios, Prian, el grupo de Gustavo Larrea, Packakutik y el MPD tratando de evitar que se haga el proyecto Multipropósito Chone”, recriminó.

 Además indicó que dichos grupos ya acuden con acciones de violencia, amenazan a los técnicos, intentan agredir a la empresa china que ganó el concurso, incluso afirmó que hay amenazas de muerte contra los funcionarios encargados de impulsar la obra y contra el alcalde de Chone.

Y terminó exhortando a los ciudadanos de Chone a que asuman su responsabilidad y responsan ante esta situación: “¡Este es el único Gobierno que ha cumplido con esto y que una docena de familias, guiada por un grupo de politiqueros irresponsables, se oponga al bien común…!”[6]

Debido a la resistencia local, Río Grande ha sido declarado por el gobierno de la Nación “Zona de Seguridad Nacional”, con la finalidad de avanzar con el Proyecto Multipropósito Chone.

El decreto 2010-194 de SENAGUA (diciembre/2010) indica: “Declárase de utilidad pública con fines de expropiación urgente y ocupación inmediata, los inmuebles necesarios para la construcción del canal de desagüe en San Antonio, que forma parte del Proyecto Multipropósito Chone, Fase 1.”[7]

Desde la perspectiva gubernamental se ignora la oposición de los pobladores de la zona afectada, asumiéndose una suerte de legitimidad para arrasar y violar los derechos colectivos fundamentales del pueblo montubio habitante de este territorio.

De esta manera el presidente Correa amenazó con la militarización de la zona, pese al riesgo de enfrentamiento con los habitantes del sector, no aplicando el art. 398 de la Constitución de Montecriste, en el cual se indica que “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad…”.  De igual manera, las autoridades gubernamentales ignoran el derecho constitucional a la resistencia, y dejan de lado el legítimo derecho a participar a la población en la toma de decisiones bajo acuerdos y consensos, al igual que su legítimo derecho a defender a la Madre Tierra, derecho a la vivienda o el Sumak Kawsay.

De hecho, no fue hasta el pasado 8 de septiembre cuando apenas un centenar de personas de los sitios Cerro de Mosquito, Cerro de Río Grande, Vaca de Monte, La Ñarusa, Come Tierra y Tablada de Sánchez, conocieron el plan de reasentamiento para las familias afectadas con la construcción de la represa de Río Grande.

Al encuentro, y con ánimo de justificar sus actuaciones, acudieron  un nutrido grupo de autoridades gubernamentales entre los que destacaban la gobernadora Susana Dueñas, el subsecretario de la SENAGUA Benhur Rodríguez Párraga, el líder zonal de Chone Richelieu Mendoza, Sofía Espín y Juan Ronquillo del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, Javier Navia director provincial del MIDUVI, Elizabeth Molina coordinadora territorial del INFA, Katiuska Miranda Subsecretaria de SENPLADES, Ramón Jiménez de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones entre otros funcionarios de instituciones estatales que tienen que ver con el Multipropósito Chone en su primera fase .

Previo a esto y con el fin de ganarse el apoyo de la población chonera, la SENAGUA colocó gigantografías en la ciudad de Chone sobre los desastres que supusieron las inundaciones de 1982, 1997 y 1998.

Días antes, el 30 de agosto SENAGUA anunciaba la compra de 27 terrenos en San Antonio y 7 en Río Grande para la construcción de obras y desarrollo del proyecto. Por esos 34 predios SENAGUA pagó 815.950 dólares, indicándose también que faltan por carcelarse 62,80 Ha a propietarios con problemas de enajenación de bienes con el Banco Nacional de Fomento (BNF), en trámites de solucionarse. Según Ben Hur Rodríguez, subsecretario de SENAGUA, el proyecto se hallaba en un 6,5 % de avance, cuando por fechas de ejecución este debía corresponder al 18%.

Para el presidente Correa es necesario “que se organicen la gran mayoría de choneños y digan basta a esta gente que por todos lados quieren inmovilizar al país (…) ya es momento de realizar las cosas de manera seria, honesta y profesional.”[8]

Cuestionamientos al Proyecto Multipropósito Chone

Sin embargo, la visión desarrollista del presidente Correa no es compartida por otra mucha gente. Miles de grupos sociales en todo el planeta cuestionan la viabilidad de las represas. Para estos, las presas nos son sustentables social, económica ni ambientalmente y las comunidades tienen el derecho a decidir sobre el destino de sus territorios y el modelo de desarrollo que desean para sus pueblos.

En los estudios de impacto ambiental que se realizan para este tipo de proyectos es habitual desconsiderar que la materia orgánica en las represas producen cantidades significativas de gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. El impacto de las represas en áreas tropicales puede ser mucho más alto incluso comparado con las plantas más contaminantes de combustibles fósiles.

“El dióxido de carbono (CO2) se forma por la descomposición del carbono orgánico presente en los embalses. Las principales fuentes de este carbono son la vegetación y los suelos inundados al llenarse las represas por primera vez, la materia orgánica transportada por el río (proveniente de ecosistemas naturales, granjas o aguas residuales de las ciudades), el plancton y las plantas acuáticas que crecen y mueren en el embalse, y la vegetación que crece en el suelo temporalmente expuesto durante periodos en los que el embalse se encuentra con poco agua. Los embalses absorben CO2 atmosférico mediante el proceso de fotosíntesis de las plantas acuáticas y el plancton, lo que en ocasiones puede superar las emisiones de CO2.

El metano (CH4), un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2, está formado por bacterias que descomponen la materia orgánica de aguas con bajo contenido de oxígeno y de los sedimentos presentes en el fondo del embalse. La capa de agua que se encuentra en la parte más profunda de los embalses tropicales tiene cantidades reducidas de oxígeno. Una porción del metano se oxida convirtiéndose en CO2 al subir a la superficie de embalse. Los embalses tropicales con poca cantidad de agua en los que las burbujas tienen menos tiempo para oxidarse tienden a aportar las más altas emisiones de metano. Nuevas investigaciones sugieren que la producción de metano podría ser mayor en los pequeños embalses de zonas templadas.

El óxido nitroso (N2O) es un potente gas de efecto invernadero formado por la ruptura bacteriana del nitrógeno. Se han realizado solamente algunas mediciones cuantificando los flujos de óxido nitroso en los embalses. Se descubrió que las emisiones eran inferiores en las regiones boreales, 1,2 pero significativas en los embalses tropicales. Debido a que el N2O es casi 300 veces más potente que el CO2 se necesitan más estudios para una mejor cuantificación de estas emisiones.”[9]

En el caso del Ecuador, a la larga historia de afectaciones contra el ambiente, los ríos y el agua, se suma una situación grave en materia de derechos humanos, consecuencia de la violenta represión y criminalización contra los defensores de la naturaleza que en ejercicio de sus derechos y responsabilidades han levantado su voz de protesta y resistencia contra los agresores a la Madre Tierra.

En este sentido, el presidente Correa no solo declara el territorio de Río Grande “Zona de Seguridad Nacional”, con lo que todo ello implica militarmente, sino que además arenga a la población urbana de Chone a enfrentarse con los pobladores resistentes al megaproyecto en las zonas rurales afectadas.

Los estudios de costos del megaproyecto Multipropósito Chone, desde su concepción neodesarrollista, ignoran lo que podríamos definir como internalización de las externalidades, cuyo impacto más grave en este sentido tiene que ver con el desplazamiento de la población existente en la zona y todas las consecuencias psicosociales, culturales y económicas que ello significa. Para situar bien este ámbito hemos de tener en cuenta que la afectación directa del Multipropósito Chone es sobre unos 6.000 personas que pueblan la zona que se verá inundada, con el consiguiente despojo de tierras, afectación de las formas de vida tradicionales montubia en la zona y la más que previsible expulsión de esta población a zonas del extrarradio urbano marginal en la ya problemática ciudad de Chone.

Los antecedentes de proyectos de estas características en el lugar tampoco auspician nada especialmente fructífero, cosa que hace desconfiar fuertemente a las poblaciones afectadas. En este sentido, es de destacar el estudio publicado en el mes de agosto del presente año, el cual fue auspiciado por el Centre for Water and Climate de la Wageningen University de Holanda, la Fundación Heifer y el Consorcio Camaren. En él se indica que el Sistema de Riego Carrizal Chone, que usa las aguas de la Represa Multipropósito La Esperanza ubicada en la provincia Manabí del Ecuador, afectó a muchos agricultores, los cuales aún afirman ser tratados injustamente. Según este informe, “los resultados sobre el funcionamiento del sistema Carrizal Chone exponen una total falta de involucramiento de los usuarios en la toma de decisiones, en la distribución de derechos de agua e incluso en la operación y manteniendo del sistema, lo cual es considerada por éstos injusta”[10].

El Proyecto Multipropósito Chone se justifica bajo la siguiente arenga institucional: proporcionará agua a territorios agrícolas con esta necesidad situados en zona adyacente, suministrará agua a la ciudad de Chone y evitará las inundaciones históricamente conocidas en el lugar.

Veamos cada una de estas cuestiones:

1.)    Bajo la justificación de regar 2.200 Ha de tierra situadas desde la parroquia Ricaute hasta la entrada de San Andrés, se pretende inundar 6.000 Ha de los terrenos más fértiles de Chone. Río Grande es un lugar donde diariamente salen del entorno de medio centenar de camiones cargados de productos agropecuarios, donde la producción se estima cercana a 20 millones de dólares anuales y donde el peonaje apenas existe, dado que existe una forma de explotación agraria basada en el apoyo colectivo entre los vecinos de la comunidad, todos por cierto propietarios de pequeñas cantidades de tierra.



A su vez, basta con observar el territorio que pretende ser regado por la represa de Chone para constatar la fertilidad también de estas tierras, cuyo nivel freático reposa apenas entre 3 y 6 metros por debajo del nivel del suelo.



2.)    El suministro de agua potable a Chone se encuentra con un obstáculo capital, este tiene que ver con la antigüedad de su planta de tratamiento de aguas –construida hace más de 30 años- la cual no tiene capacidad para más de 10 mil m3 al día. Las necesidades actuales de la población de Chone, la cual ha crecido ostentosamente en los últimos años, requiere una planta con capacidad de unos 30 mil m3, situación no contemplada en el Multipropósito Chone.



3.)    En lo concerniente al control de inundaciones, Chone está ubicada en zona de Costa a 14 metros sobre el nivel del mar, situación que hace a priori inexplicable porque se inunda periódicamente. La ciudad se encuentra ubicada entre dos elevaciones, trazando un camino fácil para el recorrido del agua en caso de algún tipo de desastre natural –Ecuador es un territorio con alta tendencia sísmica- que impactara sobre la represa.



Esta situación se agrava debido a que “el diseño geotectónico de la presa en Río Grande es inadecuado, dada la complejidad geológica del sitio: en el estribo izquierdo de la presa, las recientes remociones del suelo indican que allí no tienen estratos de roca base bien definidos, se aprecia materiales deslizados (coluviales) de grandes dimensiones, que tal vez sean de origen marino. El Estudio reconoce la heterogeneidad del material del sitio, pero el diseño de la presa no refleja esa realidad. A la hora de sostener 50+m de altura de agua este estribo requerirá tratamientos especiales muy costosos, lo que encarecerá la obra más, tal como ha sucedido en otros proyectos en el Ecuador”[11].



Las graves inundaciones en Chone se dan a raíz de en los años 70 se desarrollara fuertemente la industria del camarón en la Costa ecuatoriana. La represa Simbocal, la cual se encuentra aguas debajo de la unión entre los ríos Carrizal y Chone, se ha transformado en un obstáculo para el desagüe rápido del río. Esta represa, la cual destruyó el entorno natural del humedal La Segua, está destinada al beneficio de criaderos de Chame río arriba manteniendo agua dulce represada, y de igual manera al beneficio de camaroneras situadas río abajo, controlando los desbordes crecientes del río.



La disminución de la zona de inundación, debido a los muros construidos por las camaroneras y la destrucción de los manglares generados a partir de dicha actividad, redujo de forma notable la capacidad de evacuación del río Chone. Esto sumado al almacenamiento de sedimentos en las compuertas de las 12 compuertas del Simbocal, hace que el río Chone quede gravemente obstaculizado en zonas de desembocadura, inundando a comunidades vecinas y prolongando estas inundaciones a la ciudad de Chone.



En este sentido, y bajo la responsabilidad que debe acompañar al órgano rector del Agua en Ecuador, la SENAGUA debería plantear como solución a las inundaciones de Chone no un Multipropósito cuyos propósitos están más que cuestionados por técnicos y los habitantes de la zona, sino la eliminación de las camaroneras en el estuario y la correspondiente restauración de los manglares por ellas extinguidos.

Por último, se debe contemplar también otras acciones propuestas por la población local que son alternativas a la construcción de un megaproyecto de acero y hormigón en un territorio tan complejo como el afectado. Entre ellas destacan: la reforestación, la instalación de diques de cheque con ramas y troncos en quebradas pequeñas, la excavación de zanjas de infiltración en campos de cultivo, el desarrollo de terrazas de formación lenta en terrenos de pendientes suaves y la construcción de albarradas pequeñas y medias en las cabeceras de las quebradas.

Estas soluciones no solo ayudan a retener agua de lluvia más tiempo en las cabeceras, sino también: reducen las pérdidas de suelo en los predios y la sedimentación en los ríos; retienen la humedad y los nutrientes en el campo de los cultivos; y aumentan los caudales de las manantiales[12].

Una licitación problemática

La obra del Proyecto Propósito Múltiple Chone tuvo cuatro empresas interesadas para su construcción.

Entre las empresas oferentes se encontraba la actual adjudicataria, la china Tiesiju, quien ya había ganado un proceso anterior, pero cuya licitación fue anulada y declarada “desierta por errores jurídicos y falta de garantía”[13]. En segunda ocasión, esta entidad china apareció con la empresa Manabí, presentando la segunda oferta más alta. La cifra fue de 51’889.103 dólares. La oferta de mayor inversión correspondió a la empresa Licosa con un monto de 57’728.759 dólares. Otro aspirante y que también participó en la anterior licitación fue la mayor constructora del país, Hidalgo e Hidalgo, que ofertó 49’747.355 dólares; y, la oferta más baja la hizo el consorcio de empresas ecuatorianas y colombianas San Antonio Grande, con un monto de 43’263.648 dólares.

Si el director general en Ecuador de la empresa Tiesiju, Hu Jie, había impugnado ante la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la anulación de la adjudicación del proyecto Múltiple Chone, realizada el 30 de diciembre de 2009[14], de igual manera procedió el Consorcio San Antonio Grande el 20 de abril del 2010, alegando como causa para la impugnación un error en la sumatoria de valores.

La alegación ecuatocolombiana no prosperó, lo que muchos entendieron como una concesión del gobierno ecuatoriano a la empresa china dentro del marco de acuerdos binacionales establecidos entre los dos países.

Situación actual

Mientras la SENAGUA desarrolla una pelea legal, calificada por los pobladores de Río Grande como violentatoria de sus derechos jurídicos, para la expropiación de los terrenos del morador Don Alfredo Zambrano –unas 40 Ha situadas en lo que será el dique de la represa-, los moradores afectados guardan vigilancia día y noche en los caminos de acceso a sus pequeñas propiedades.

Los pobladores montubios de Río Grande han hecho de las tierras que el gobierno del presidente Correa pretende inundar, un manantial de abundancia agrícola y ganadera. No utilizan químicos para sus cultivos, la fertilidad de sus tierras, incluso en las terrazas más altas generan un nivel alto de productividad. De igual manera, sus mujeres e hijas, agrupadas en torno a la Asociación de Montubias Agroproductivas de Río Grande desarrollan de forma paralela a su actividad agraria, micro emprendimientos enmarcados en el turismo comunitario. Las y los jóvenes del lugar, manifiestan su voluntad de quedarse a vivir la misma vida que han vivido sus padres, ignorando las “supuestas bondades” que les ofrece la ciudad de Chone.

Algunos de ellos ya pagan por su convicción y reivindicación de sus formas de vida. El doctor Elvis Suárez, quien ostenta un consultorio particular en Chone nos indica: “Claro que defender nuestros derechos tiene un costo, en mi caso y siendo el único especialista en medicina deportiva en la ciudad de Chone, me dejaron fuera como médico para la Liga Cantonal por defender Río Grande”.

Por su parte, el poblador Alfredo Zambrano, el poblador más respetado de la zona, al que se le considera como el “padre de las comunidades afectadas” nos manifiesta: “¿a donde nos vamos a ir?, nuestras manos son expertas en cultivar los campos, esta es nuestra vida, no queremos otra cosa. Además, quien no defiende la tierra de sus ancestros es un maldito, no se trata de plata, estamos defiendo nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra forma de vida”.

“Estamos dispuestos a morir si es necesario por defender nuestras tierras, aquí tenemos a nuestros ancestros enterrados, aquí hemos nacido y criado la mayoría de nosotros, y aquí moriremos si es menester”. De esta rotunda manera se expresan las mujeres, hombres y jóvenes de Río Grande al ser consultados sobre qué pasará si entran las fuerzas de seguridad del Estado en su territorio.

Lo que pase a partir de aquí será responsabilidad de las autoridades institucionales que tienen competencias sobre el caso, desde el presidente Rafael Correa hasta los funcionarios de la SENAGUA en la demarcación de Portoviejo, pasando evidentemente por el llamado ministro del Agua, Don Cristóbal Punina –conocido en la estructura de Alianza PAIS por haber sido el responsable de Finanzas y Tesorería en diversas campañas electorales del presidente Correa-.



[1] http://www.senagua.gob.ec/?p=6889
[2] Datos estimativos dado que no hay estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en la zona.
[3] En 2010 solo la cosecha de mandarinas estimada en 160 millones de unidades que se vendió en casi cuatro millones de dólares en el mercado local y a comparadores de Perú, Colombia y Venezuela.
[4] El problema de la capacitación académica de los arqueólogos no es un problema legal. La convalidación de los títulos no es un problema serio, dado que implica a un número muy limitado de profesionales. Sin embargo, en Ecuador existe una carencia enorme de especialistas en esta temática, y la formación teórica y práctica de los pocos estudiantes ecuatorianos en esta materia es más que cuestionable. En los diseños de planificación estratégica para la Enseñanza Superior del país andino, la SENPLADES olvidó, entre otras muchas carreras universitarias, la arqueología; así como la obligación moral de los Estados para coordinar y desarrollar planes nacionales adecuados en esta materia, según la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico adoptada por la Asamblea General del ICOMOS en Lausana en 1990.
[5] http://www.senagua.gob.ec/?p=6945
[6] http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=25987:oposicion-boicotea-el-proyecto-multiproposito-chone&catid=40:actualidad&Itemid=63
[7] http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6021:registro-oficial-no-351-miercoles-29-de-diciembre-de-2010&catid=343:diciembre&Itemid=602
[8] http://www.radioelnuevosol.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45:presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone-&catid=38:nacionales&Itemid=56
[9] International Rivers. “Represas sucias. Las represas y las emisiones de gases de efecto invernadero”. México, 2008.
[10] http://www.iwe.wur.nl/NR/rdonlyres/76AE196F-E01A-473E-A538-F2F682329772/147308/IW1119AbstractMinorThesisCarolinaMendozaBruckner.pdf
[11] http://manabinoticiasenlinea.blogspot.com/2011/08/la-represa-de-rio-grande-es-la-peor.html
[12] http://manabinoticiasenlinea.blogspot.com/2011/08/la-represa-de-rio-grande-es-la-peor.html
[13] http://www.eluniverso.com/2010/01/25/1/1447/senagua-anuncia-proyecto-chone.html
[14]  “Pido se deje sin efecto la resolución y se respete la adjudicación efectuada a favor del consorcio Tiesiju Chone efectuada el 24 de agosto del 2009, y se proceda a negociar a la negociación de los términos del compromiso de financiamiento presentado por el Bank of China Limited”, señala Hu Jie en un documento fechado el 9 de enero de 2010.