viernes, 4 de febrero de 2011

Fisuras en la coalición correísta

La decisión el Presidente Correa de convocar a consulta popular diez preguntas de las cuales la mitad de ellas conllevan la reforma de la Constitución de Montecristi aprobada en septiembre del 2008, está provocando algunas disidencias y rupturas en la coalición de Gobierno, si bien el carisma y apoyo popular del que goza el primer mandatario semi asegura el resultado del proceso.

Decio Machado / Sociólogo y periodista

Con fecha del pasado 17 de enero, el Presidente Rafael Correa presentaba a la Corte Constitucional un pliego de 10 preguntas con el fin de ser evaluadas, dado que cinco de ellas pretenden transformar la Constitución, por dicha institución para con posterioridad someterlas a consulta popular.

Las temáticas abordas en esta decena de preguntas abarcan los siguientes temas:

- Incrementar los plazos y endurecer el criterio de la prisión preventiva, e intervenir en Consejo de la Judicatura (gobierno de la Justicia) por parte del Estado.

- Imposibilitar que tanto el sector financiero como el de las empresas de comunicación intervengan o participen en empresas de otros sectores empresariales; y normar los contenidos en los medios de comunicación con el fin de responsabilizar a comunicadores y medios sobre las informaciones emitidas.

- Considerar como delito el enriquecimiento no justificado; prohibir los negocios dedicados a los juegos de azar; y prohibir los espectáculos donde se maten animales.

- Obligar a que los trabajadores en relación de dependencia sean afiliados a la Seguridad Social.

Estas diez preguntas seleccionadas por el Presidente Correa formaban parte de un conjunto de dieciocho que inicialmente pretendían ser presentadas ante la ciudadanía ecuatoriana, y donde se abordaban cuestiones tan delicadas como la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní-ITT, uno de los proyectos bandera de este Gobierno, o la eliminación de la consulta previa a las comunidades afectadas de toda decisión que pueda afectar a su medio ambiente, en relación a la explotación de sus recursos naturales. Sin duda, la decisión de sacar dichas preguntas del pliego final tuvo que ver con que el bloque de oposición a la consulta promovida desde el Gobierno no se viera incrementado por el movimiento indígena y los sectores juveniles de todo el país, los cuales apoyan mayoritariamente la Iniciativa Yasuní-ITT..

Aun así, la decisión de intervenir (preguntas 4 y 5) desde el Ejecutivo al Consejo de la Judicatura, ha significado un cisma al interior de la bancada legislativa del Alianza PAIS, partido de Gobierno, e incluso a dentro del gabinete ministerial. De la coalición de corrientes políticas que conformó el apoyo electoral a la candidatura de Rafael Correa, se ha desgajado Ruptura de los 25, lo que significó la renuncia de dos ministros y varios militantes de dicha organización de órganos del Ejecutivo y la disciplina partidista en el Legislativo y otros espacios de poder.

Paralelamente a esto, sectores progresistas vinculados a los derechos humanos también manifiestan su rechazo a que se incrementen plazos y se modifiquen los criterios de a quien aplicar la caducidad de la prisión preventiva, entendiendo con ello que se vulneran de esta manera principios tan básicos como el “derecho a la presunción de inocencia”, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Consulta Sí o consulta No

Sin entrar en debates constitucionalistas sobre si las preguntas del plebiscito violan o no el marco constitucional, esta aún por ver el posicionamiento de la Corte Constitucional en este sentido, es evidente que el Gobierno de la Revolución Ciudadana no midió bien estratégicamente el costo político que le está significando la consulta popular: ruptura en el Gobierno, pérdida de algunos asambleístas en el Legislativo, conformación de un bloque social progresista en defensa de la Constitución de 2008 (considerada como una de las más avanzadas del planeta junto con la boliviana), rearticulación de un frente político común por parte de la derecha (los partidos de la oposición que llamaron al No cuando el pueblo ecuatoriano votó la Constitución se manifiestan “caricaturescamente” hoy por los mayores defensores del texto constitucional), y amplios sectores de militancia decepcionados dentro de la oficialista Alianza PAIS.

Por otro lado, el Presidente Correa tiene todo el derecho a plantear, si así lo considera oportuno, una consulta popular al pueblo ecuatoriano, y será decisión del conjunto de la ciudadanía el reformar o no el texto constitucional, elemento que a veces olvidan los opositores al régimen. La consulta popular es una herramienta de democracia directa, más legítima que la encarnada por la democracia representativa de elegidos durante cuatro años, los cuales en muchas ocasiones olvidan o traicionan las promesas y programas con los que fueron nominados. En este sentido, sorprende ver algunas argumentaciones emanadas desde el bloque de izquierda anticorreísta cuestionando incluso que se haga la consulta popular, y demostrando una enorme incapacidad como para haber planteado iniciativas populares legislativas de carácter progresista, dejando en manos de los partidos y líderes conservadores la promoción de este tipo de iniciativas, como la actual recogida de firmas para el revocatorio del Presidente Correa.

La derecha se queda sin agenda política

Actores externos al Gobierno (líderes de opinión, medios de comunicación,…) posicionaron como elemento principal del debate nacional la temática vinculada a la inseguridad ciudadana. Las argumentaciones sobre las que se apoya el Presidente Correa para plantear la consulta popular, y de hecho las preguntas más conflictivas en dicha consulta, están enmarcadas en la reforma de la Justicia “corrupta y gansteril” mayoritariamente socialcristiana existente en el país, con el fin de combatir el problema de la inseguridad.

El único argumento que ha tenido la oposición conservadora para articular su agenda anticorreísta se ha basado en los incrementos del delito común, sicariato y violencia que se han dado en el país en los últimos cuatros años. La mala gestión de los ministros que se han encargado de la cartera de Gobierno, ministerio llamado ahora del Interior, durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana no solo se expresan en el incremento de la inseguridad, sino también en su ineficacia para detectar el intento de golpe de Estado del pasado 30 de septiembre o incluso en haber sido incapaces de emprender la reforma policial necesaria para depurar un cuerpo que es considerado por la ciudadanía como uno de los más corruptos del Ecuador. Es manifiesta la simbiosis de las fuerzas de orden público con los grupos de delincuencia organizada.

Con la consulta, Correa deja “sin piso” a la derecha opositora, quitándoles su agenda y posicionándola en el centro del “tablero del juego” político nacional. Ganará la consulta, al día de hoy, sin haber todavía empezado su campaña por el Sí, la pregunta menos apoyada por el pueblo ecuatoriano goza de un 53% de apoyo y la que más de un 75%; además carece de rivales con entidad política para aguantarle el “cuerpo a cuerpo” electoral.

En todo caso queda para la reflexión algunas cuestiones básicas: se demuestra un importante nivel de ineficacia en la gestión de las políticas públicas de manera especial en los ámbitos de la seguridad; la derecha se quedó sin agenda política pero a costa de que el Gobierno de la Revolución Ciudadana convierta como eje central de su política la seguridad con todo lo que ello implica; la intromisión del Gobierno en los ámbitos de la Justicia es una vieja reivindicación de la derecha ecuatoriana que al final se plasmará en un hecho real con un gobierno progresista; y se han manifestado las disidencias en el interior del mismo Gobierno, a lo que hay que sumar la salida de varios asambleístas del partido oficialista en la Asamblea Nacional, con las consiguientes dificultades para conformar mayorías en el Legislativo, hecho que podría llevarnos a un proceso electoral anticipado. Dejo para el final una cuestión capital: ¿Desde las políticas progresistas se combate la inseguridad con retrocesos jurídicos en materia de derechos humanos?

Publicado en la revista boliviana La Época

miércoles, 12 de enero de 2011

Calma tensa en la frontera de Colombia y Ecuador

A pesar de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, la situación en la frontera sigue estando marcada por la violencia interna del país presidido por Santos.

- Refugiados: una especie en vías de extinción

Decio Machado / Corresponsal en Quito (Ecuador)
Martes 11 de enero de 2011. Periódico Diagonal Número 141

El 20 de diciembre el presidente Rafael Correa recibió en Quito al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el ex presidente portugués Antonio Guterres, con el fin de analizar la temática de los refugiados colombianos en suelo ecuatoriano.

Ecuador es el país con mayor número de refugiados en América Latina, el registro oficial asciende a cerca de 53.000 personas colombianas con ese estatus, lo que supone el 98% de los refugiados en el país, tras un proceso acelerado de registro desarrollado por el Gobierno de Correa entre marzo de 2009 y abril de 2010 denominado Sistema de Registro Ampliado. Sin embargo, diversos estudios desarrollados por organizaciones no gubernamentales estiman que el número de refugiados se eleva en realidad a unas 135.000 personas, lo cual indica que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, aún faltaría más de la mitad de refugiados por regularizar, dado que el proceso tan sólo se desarrolló en las tres provincias fronterizas del norte del país.

Se estima que el 60% de la población refugiada en territorio ecuatoriano vive en las ciudades –aproximadamente 40.000 en Quito– y la mayoría del 40% restante permanece cerca de la frontera con Colombia, en regiones poco desarrolladas y aisladas, con limitados servicios básicos y carentes de infraestructuras.

Según ACNUR, la situación empeora paulatinamente, dado que se registra un flujo creciente de entrada de población refugiada, unas mil personas al mes, por la frontera con Colombia. Es por ello que Antonio Guterres ha levantado la voz de alarma ante los propios refugiados colombianos en su visita a la frontera norte: “Quiero apelar a la comunidad internacional para que dé más apoyo para mejorar vuestra vida”.

Problemas en la frontera

La migración forzosa de miles de colombianos que todos los meses escapan de la guerra, los secuestros, los “falsos positivos” y los abusos de grupos armados y del Ejército, ha llevado a que el Estado ecuatoriano se vea desbordado a la hora de cubrir las necesidades básicas de este colectivo, a pesar de una política voluntarista en ese sentido.

Consultado por DIAGONAL, el ministro saliente de Seguridad Interna y Exterior ecuatoriano, Miguel Carvajal, declara que la ecuatoriana “es una política de brazos abiertos, pero implica gastos en salud, educación y energía. Calculamos que, por año, sólo en lo que tiene que ver con refugiados, Ecuador invierte entre 39 y 50 millones de dólares”.

Al problema de los gastos que acarrean los refugiados se le suma el problema de seguridad interna que implica para Ecuador su situación fronteriza con Colombia, 700 kilómetros de frontera de los cuales el 80% es zona selvática de difícil control. Los gastos en seguridad y equipamiento militar han aumentado sustancialmente desde que en marzo de 2008 el país fuera atacado en una operación militar colombiana contra un campamento clandestino de las FARC en Angostura, zona selvática a 1.800 metros de la frontera con Colombia. En la llamada Operación Fénix, el operativo militar colombiano con apoyo logístico de EEUU asesinó a 22 guerrilleros insurgentes mientras dormían, entre ellos a Raúl Reyes, segundo comandante en rango de las FARC colombianas. Según Carjaval, desde entonces Ecuador mantiene una presencia militar de diez a once mil efectivos, lo que significa al menos cien millones de dólares al año. “La frontera norte de Ecuador” explica Carvajal “ha visto cómo se han agravado los problemas de seguridad, el tráfico de armas, el narcotráfico, porque hay cerca de 30.000 hectáreas de cultivos de coca frente a Ecuador, y su procesamiento requiere de laboratorios, muchos de los cuales están instalados a ambos lados de la frontera”.

Oswaldo Padilla, refugiado colombiano ubicado en el poblado fronterizo de Mataje, ha explicado a este periódico que los refugiados viven en un territorio que, “a pesar de ser Ecuador, sufre el azote de la guerra civil existente en nuestro país”. Padilla refiere que la frontera es frecuentemente violada por los grupos armados –FARC, ELN y paramilitares– que se disputan el control del territorio en el sur del departamento colombiano de Nariño. “A pesar de la inseguridad a la que seguimos sometidos, el documento de identidad de refugiado ha sido una bendición para nosotros; ahora se lo podemos enseñar a la policía ecuatoriana para que vea que somos legales en este país y respeten nuestros derechos” concluye Padilla.

Violencia contra los refugiados

A pesar de ello, el Comité contra la Tortura de la ONU denunció en un dictamen presentado el 19 de noviembre en Ginebra, “continuos abusos y actos de violencia contra la población civil –en particular solicitantes de asilo y refugiados de nacionalidad colombiana– por parte de grupos armados ilegales y miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas”, en zonas de frontera. En el ámbito de responsabilidad de Ecuador, el informe da cuenta de “agresiones sexuales a refugiadas y solicitantes de asilo, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas ecuatorianas”; y, aunque reconoce que no es la política impulsada desde el Gobierno, en la práctica mujeres y niñas, en su gran mayoría de nacionalidad colombiana, son acosadas sexualmente y amenazadas por los uniformados ecuatorianos.

martes, 4 de enero de 2011

Crece el número refugiados colombianos en Ecuador

Decio Machado // Ecuador

A pesar de la normalización de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia el pasado mes de diciembre y la nueva imagen que pretende desarrollar el gobierno del presidente Santos, la situación de violencia interna en Colombia sigue generando el incremento constante de desplazados forzosos en territorio ecuatoriano.

El pasado 20 de diciembre el presidente Rafael Correa recibió en Quito al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el ex presidente portugués Antonio Guterres, con el fin de analizar la temática de los refugiados colombianos en el país.

Ecuador es el país con mayor número de refugiados en América Latina, registrando oficialmente unas 53 mil personas colombianas con ese estatus (el 98% de los refugiados existentes en el país), tras un proceso acelerado de registro desarrollado por el gobierno de Correa entre marzo del 2009 y abril del 2010 denominado Sistema de Registro Ampliado. Sin embargo, diversos estudios desarrollados por organizaciones no gubernamentales estiman que el número de refugiados se eleva en realidad a unas 135 mil personas, lo cual indica que a pesar de los esfuerzos gubernamentales aun faltaría más de la mitad de refugiados por regularizar, dado que el proceso tan sólo se desarrolló en las tres provincias fronterizas del norte del país.

Se estima que el 60% de la población refugiada en territorio ecuatoriano vive en zonas urbanas –aproximadamente 40.000 en Quito- y la mayoría del 40% restante permanece en torno a la frontera con Colombia, en regiones poco desarrolladas y aisladas, con limitados servicios básicos y carentes de infraestructuras.

Según el ACNUR, la situación paulatinamente empeora dado que se registra un flujo creciente de entrada de población refugiada, unas mil personas al mes, por la frontera con Colombia. Es por ello que Guterres ha levantado la voz de alarma ante los propios refugiados colombianos en su visita a la frontera norte: “Quiero apelar a la comunidad internacional para que dé más apoyo para mejorar la vida de vosotros”.
La migración forzosa de miles de colombianos que todos los meses escapan de la guerra, los secuestros, los “falsos positivos” y los abusos de grupos armados y del Ejército, genera que el Estado ecuatoriano se vea imposibilitado de asegurar sus necesidades básicas a pesar de una política voluntarista en ese sentido.

Consultado por Diagonal, el ministro saliente de Seguridad Interna y Exterior ecuatoriano, Miguel Carvajal, declara: “La nuestra es una política de brazos abiertos, solidaria, pero implica gastos en salud, educación y energía. Calculamos que, por año, sólo en lo que tiene que ver con refugiados, Ecuador invierte entre 39 y 50 millones de dólares”. Por si esto fuera poco, al problema de refugiados se le suma el problema de seguridad interna que implica para Ecuador su situación fronteriza con Colombia, 700 kilómetros de frontera de los cuales el 80% es zona selvática de difícil control. Dichos gastos en seguridad y equipamiento militar ha aumentado sustancialmente desde que el primero de marzo de 2008 el país fuera agredido en una operación militar colombiana contra un campamento clandestino de las FARC en Angostura, zona selvática a 1.800 metros de la frontera con Colombia (en la llamada Operación Fénix, el operativo militar colombiano con apoyo logístico de los EEUU asesinó a 22 guerrilleros insurgentes mientras dormían, incluyendo el segundo comandante en rango de las FARC, Raúl Reyes). Según Carjaval, desde entonces “Ecuador mantiene una presencia militar de 10 a 11 mil efectivos, lo que significa al menos 100 millones de dólares al año”, y prosigue, “la frontera norte de Ecuador ha visto agravarse los problemas de seguridad, el tráfico de armas, el narcotráfico, porque hay cerca de 30.000 hectáreas de cultivos de coca frente al Ecuador, y su procesamiento requiere de laboratorios, muchos instalados en la misma frontera, a ambos lados”.

Según denuncia a Diagonal Oswaldo Padilla, refugiado colombiano ubicado en el poblado fronterizo de Mataje: “Vivimos en un territorio que a pesar de ser Ecuador, sufre el azote de la guerra civil existente en nuestro país, la frontera es frecuentemente violada por los grupos armados –FARC, ELN y paramilitares- que se disputan el control del territorio en el sur del departamento colombiano de Nariño. A pesar de la inseguridad a la que seguimos sometidos, el documento de identidad de refugiado ha sido una bendición para nosotros; ahora se lo podemos enseñar a la policía ecuatoriana para que vea que somos legales en este país y respeten nuestros derechos”.

A pesar de ello, el Comité contra la Tortura de la ONU denunció en un dictamen presentado en Ginebra el pasado 19 de noviembre, “continuos abusos y actos de violencia contra la población civil, en particular solicitantes de asilo y refugiados de nacionalidad colombiana, por parte de grupos armados ilegales y miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas”, en zonas de frontera. En el ámbito de responsabilidad de Ecuador, el informe da cuenta de “agresiones sexuales a refugiadas y solicitantes de asilo, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas ecuatorianas”; y aunque reconoce que no es la política impulsada desde el gobierno, en la práctica “mujeres y niñas, en su gran mayoría de nacionalidad colombiana, serían acosadas sexualmente y amenazadas” por los uniformados.

Voluntarios del Servicio Jesuita a Refugiados que trabajan en la zona manifiestan que: “En el caso de las mujeres existe violencia multiplicada, por una lado la proveniente del mismo Plan Colombia del que huyen, por otro su inseguridad económica, a su vez la violencia intrafamiliar a las que muchas están sometidas y por último el acoso a la que están sometidas por determinados miembros de los cuerpos de seguridad”.

Si bien no existen estudios fiables sobre la violencia sexual a la que están sometidas las refugiadas colombianas, un informe desarrollado por UNICEF en el año 2003 ya indicaba que “la explotación sexual en la zona de frontera, particularmente en la provincia de Sucumbíos, por la presencia de trabajadores petroleros y militares, así como en la provincia de Esmeraldas por la presencia del turismo, es una realidad”, y existen redes de explotación que están utilizando a menores de edad y aprovechando la particular situación de vulnerabilidad que viven las mujeres colombianas en la zona de frontera. En este sentido, un estudio desarrollado por la Fundación Esperanza en el año 2004, denominado “Naturaleza y Entorno de la Explotación Sexual de Niñas y Adolescentes en el Ecuador” señala que ya en esas fechas existían 25.000 trabajadoras sexuales, de las cuales un 20% eran adolescentes de entre 15 y 17 años. Según fuentes policiales consultadas, todos los indicadores apuntan a que “dicha situación ha ido creciendo con los años”.

Según Melardo Acosta, afrocolombiano refugiado irregular, “No solamente nuestras mujeres están sometidas a la explotación laboral, muchos de los hombres trabajamos en condiciones lamentables y con salarios de miseria en las camaroneras que están destrozando los manglares, en las madereras y en las plantaciones de Palma Africana en la zona de frontera”. Según indica un miembro de las comunidades afroecuatorianas que resisten el avance de las palmicultoras en la provincia de Esmeraldas, y que nos manifiesta su voluntad de anonimato: “La consecuencia del avance de las palmicultoras no solamente está generando explotación laboral, acentuada en el caso de los refugiados colombianos, sino extensión del monocultivo con una especie extraña a la zona y de gran impacto ambiental; pero además estas empresas en muchos de los casos están vinculadas al sicariato y al narcotráfico y por extensión a paramilitares colombiano. Estos compran las tierras a los pequeños propietarios locales -ejerciendo en muchos casos presiones y amenazas- a través de testaferros, transformando nuestras formas de vida, desplazando a la población afro de sus territorios ancestrales y comprando incluso voluntades políticas locales”.

lunes, 15 de noviembre de 2010

La corrupción policial guatemalteca, pendiente de la justicia española

JUNTO AL EX MINISTRO VIELMAN, HAY NUMEROSOS CARGOS POLÍTICOS Y POLICIALES ACUSADOS

Por Decio Machado

Carlos Vielman está acusado de delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita por las muertes de siete reos en 2006 y de tres diputados salvadoreños en 2007.

Desde el 13 de octubre, Vielman, ex ministro del Interior guatemalteco, está en una prisión española, a la espera o no de su extradición a Guatemala. Un principio básico internacional en las extradiciones es que los ciudadanos con nacionalidad del país donde son detenidos se juzgan allí. Y Vielman tiene ciudadanía española, por lo que es muy posible que no sea extraditado, sino juzgado en el Estado español.

El ex ministro del interior Carlos Vielman aparece imputado, al menos, en dos casos emblemáticos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales. En septiembre de 2006 fueron asesinados siete reos en la Granja de Rehabilitación Pavón en Guatemala. La versión oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) es que los fallecimientos fueron resultado del intercambio de disparos entre policías y amotinados. Sin embargo, las declaraciones de 60 testigos presenciales indican que los reclusos murieron por disparos a quemarropa de miembros de la PNC encapuchados, los cuales antes los habían torturado.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) –dependiente de la ONU– investiga este caso desde primeros de 2009 y ha solicitado entre otras la captura de Vielman. Entre la lista de implicados destacan también el ex ministro de Gobernación, Alejandro Giammettei –candidato a las últimas elecciones presidenciales y detenido hace dos meses en Guatemala tras negarle el asilo político el Gobierno de Lobo en Honduras– y Edwin Sperisen, ex director de la PNC –en la actualidad en paradero desconocido.

Según declaró a DIAGONAL Nelson Villarroel, jurista cercano a la Cicig, “la acusación original del Ministerio Público se planteó contra los hermanos Henry Danilo y José Luis Benítez Barrios, integrantes de un grupo especial de la PNC que participó en el operativo. Pero, como suele ser habitual en este tipo de casos en nuestro país, ambos fueron acribillados en una gasolinera de la zona 11, en junio de 2008”. En septiembre de 2010 fueron asesinados también otros dos testigos, Anthony Alexander Cruz García y Sindy Janeht Alvarado, colaboradores de la Cicig en la investigación.

Asesinato de diputados

En febrero de 2007 tres diputados salvadoreños, William Pichinte, Eduardo D’Aubuisson y Jorge González, del Parlamento Centroamericano (Parlacen) fueron secuestrados, torturados y posteriormente asesinados por miembros de la PNC guatemalteca cuando iban en sus vehículos hacia el Parlacen, en Ciudad de Guatemala.

Los cuerpos de los tres diputados salvadoreños, del partido ultraconservador Arena, aparecieron calcinados, al igual que el cadáver de su chófer, en las afueras de la capital guatemalteca. Horas después fueron detenidos cuatro policías de un grupo especial de la PNC como responsables directos de las ejecuciones y trasladados a un penal de alta seguridad donde fueron asesinados violentamente por un grupo de exterminio que operó con toda impunidad dentro de prisión.

Las investigaciones sobre el caso demuestran que los diputados arenistas, entre los que destaca uno de los hijos del ya fallecido Roberto D’Aubuisson –máximo dirigente de los escuadrones de la muerte salvadoreños y fundador de Arena–, llevaban un importante alijo de droga en su coche aprovechando la ausencia de control sobre los coches y personas pertenecientes al órgano legislativo centroamericano. Esta situación provocó que bandas organizadas en coordinación con miembros de la PNC hubieran articulado el asesinato de los diputados con el fin de hacerse con el clandestino cargamento de estupefacientes.

El juicio de este caso comenzó el 21 de octubre en Guatemala. En su primera declaración, el ex diputado Manuel Castillo, también entre los acusados, declaró: “Quienes los cuidaban eran policías, quienes los secuestraron eran policías y quienes los mataron eran policías, díganme qué hago yo aquí. Quienes deberían estar acá son el ex ministro de Gobernación (Carlos Vielman), el ex director de la Policía (Erwin Sperisen) y el ex director de investigación (Javier Figueroa). Ellos dirigían el grupo de ejecuciones en la Policía”.

Quien conoce Guatemala no necesita tener mucha imaginación para atar cabos entre redes de narcotráfico, grupos paramilitares, narcopolítica, sicariato y PNC. Según Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización de derechos humanos: “Todo esto indica que esas organizaciones criminales son manejadas desde muy altas esferas”. La existencia de mafias organizadas en la PNC ha sido reiteradamente denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos, pero “nunca ha pasado nada”.

Redes de corrupción en PNC

Para Polanco, durante el actual Gobierno de Colom la estrategia de “aparentar hacer algo, pero no hacer nada” ha sido aplicada repetidas veces. A mediados de enero de 2008, días después de conformarse su Gobierno, 269 agentes de la PNC fueron despedidos por actos de corrupción. El entonces ministro de Interior, Vinicio Gómez, explicó que la destitución era un claro mensaje a los miembros de la Policía implicados en corrupción. Entre los destituidos se incluían cinco comisarios, ocho inspectores y varios oficiales. “La finalidad es devolver la credibilidad a la institución, blanco de denuncias de corrupción y de limpieza social”, afirmó entonces Gómez.

Para Claudia Miracán, del movimiento indígena guatemalteco, “las medidas de Colom tampoco pueden ser calificadas de muy novedosas o valientes. En el Gobierno anterior de Óscar Berger, en el cual Vielman, Giammetei o Sperisen ocuparon altos cargos, fueron destituidos al menos 2.245 agentes de la PNC por diversos delitos similares, nunca nada cambió y ellos eran la cabeza real de la corrupción interna en la PNC”.

A primeros de marzo de este año, la Cicig, en coordinación con las autoridades del país centroamericano, desarticuló “una estructura criminal” incrustada en la PNC dirigida por su propio director. Según fuentes cercanas a la policía, la forma de operar de esta red era simple gracias a la información que manejaba la policía. Robaban armas y droga, para luego venderlas a diversos grupos de narcotráfico dentro y fuera del país.

A Baltazar Gómez ya se le abrió una investigación en 2002, cuando un comando armado robó 1.604 kilos de cocaína de las bodegas del Departamento de Operaciones Antinarcóticas, incluso se le destituyó y luego fue reinstalado por no haber pruebas en su contra. Gómez fue nombrado director de la PNC el 7 de agosto de 2009 –en el Gobierno de Colom– en sustitución de Porfirio Pérez Paniagua, a quien también se detuvo por sindicación del robo de droga y dinero del narcotráfico. Incluso, el propio presidente Colom ha sido acusado en varias ocasiones de recibir financiación de estos sectores, pero nunca ha sido probada ninguna de estas acusaciones.

“El PNC al descubierto”

En marzo era desestructurado un grupo criminal en la propia PNC, con la implicación de altos cargos policiales. Según el jurista español Carlos Castresana, entonces jefe de la Cicig: “Con esas capturas quedó al descubierto que el director de la PNC, Baltazar Gómez, la principal responsable del combate del tráfico de estupefacientes, Nelly Bonilla y el oficial Fernando Carrillo, destacado en la Dirección de Puertos y Aeropuertos de esa institución, formaban parte de la cúpula responsable de varios robos de droga”.

Publicado en el periódico Diagonal, 15 de noviembre de 2010

viernes, 12 de noviembre de 2010

Brasil: interrogantes para el próximo ciclo político

Por Decio Machado

La actual presidenta electa de la República Federal de Brasil, ganadora en segunda vuelta con el 56% de votos válidos frente al 43% de su opositor José Serra, tomará posesión de la presidencia del gigante latinoamericano el próximo 1 de enero.

La Dilma Rousseff que ejercerá como primer mandataria de una de las economías emergentes más importantes del sistema mundo, hace ya mucho tiempo que no tiene nada que ver con la mítica militante revolucionaria contra la dictadura castrense de los años 60, imagen venerada durante la campaña electoral por sectores de la izquierda europea y estadounidense con sensibilidad latinoamericanista. Sobre su pasado, como integrante del movimiento revolucionario Política Operária (1) y la posterior “Juana de Arco de la revolución” (2) del grupo armado insurgente Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, la propia Dilma renuncia, habiendo sido muy escueta cuando los medios le han hecho mención a esta cuestión durante toda su carrera política institucional.

Si hubiese que definir en la actualidad una impronta ideológica para la actual Dilma Rousseff, esta sería una tan difusa como la de pensamiento “social-desarrollista”. A pesar de lo confuso del término, no es baladí una definición de estas características para la futura presidenta del actual Brasil, dado que su principal desafío será mantener el crecimiento económico a la par que articular soluciones a los problemas sociales de carácter estructural que azotan a un país que según el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y Caribe – 2010 elaborado por el PNUD, es uno de los más desiguales del mundo (3).

La futura mandataria brasileña deberá como primer objetivo llevar adelante la segunda fase del Programa de Aceleración del Crecimiento (Programa de Aceleração do Crescimento – PAC), el cual fue diseñado con la finalidad de impulsar el crecimiento económico brasileño con el compromiso de la superación de la miseria.

El pasado 29 de marzo Lula lanzó la segunda fase del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC 2), anunciando inversiones estimadas en US$ 526 mil millones (R$ 958,9 mil millones) durante el período 2011 al 2014. El PAC 2 incluye nuevos proyectos de inversión para los períodos 2011-2014 y pos-2014, como también proyectos iniciados durante PAC 1 cuyas actividades concluirán después de 2010. Para el período posterior a 2014, la inversión estimada es de US$ 346,4 mil millones (R$ 631,6 mil millones). Sumados los dos períodos, hablamos de un monto de inversión de US$ 872,3 mil millones (R$ 1,59 mil millón).

El PAC se trata de un programa de inversión estratégica que combina iniciativas gerenciales y obras públicas. En su primera fase el programa demandó inversiones de US$ 349 mil millones (R$ 638 mil millones), de los cuales ya se habían concretado el 63.38% en el momento del lanzamiento del PAC 2 (finales de marzo).

Por su parte, el PAC 2 (4) se asemeja a la primera fase del programa, enfocándose en inversiones en las áreas de logística, energía y desarrollo social, organizadas en 6 grandes iniciativas: Ciudades Mejores (infraestructura urbana); Ciudadanía para la Comunidad (seguridad e inclusión social); Mi Casa, Mi Vida (vivienda); Agua y Luz Para Todos (saneamiento y acceso a la energía eléctrica); Energía (energía renovable, petróleo y gas); y Transportes (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos).

Para este proyecto de continuidad desarrollista, Dilma se verá acompañada en su nuevo gobierno por ministros de pasado izquierdista que han desarrollado virajes ideológicos, algunos de ellos asombrosos, hacia el liberalismo económico (caso del ex ministro de Hacienda, Antonio Palocci, o del actual ministro de Planificación, Paulo Bernardo Silva, entre otros). Otro de los acompañantes de Dilma durante su campaña electoral y que tendrá peso en su gobierno es el actual asesor para Asuntos Internacionales de la presidencia, Marco Aurelio García, considerado por muchos como el “Maquiavelo de la política exterior brasileña” (5) y verdadero ideólogo del proyecto de Brasil como potencia mundial durante la etapa Lula.

A pesar de que Dilma fue una apuesta contra “viento y marea” del presidente Lula, quien consciente de la evaluación positiva hacia su gobierno, modificó la lógica tradicional de las elecciones brasileñas, convirtiendo la elección de 2010 en un plebiscito entre sus dos períodos de gobierno y los de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso del PSDB (6) (1995-2002), gobierno en el cual el opositor de Dilma, José Serra, fue ministro de Planificación y Salud.

Diseñada esa cancha de juego, la victoria del PT estaba asegurada: Lula disfruta de índices de popularidad del 80% al final de su mandato mientras Cardoso salió del Palacio de Planalto con menos del 40%.

Curiosamente, como una suerte de círculo taoísta de la vida, en el mismo punto donde se encuentra la explicación del triunfo de Dilma Rousseff y su fortaleza, se encuentra también su mayor debilidad: la futura primera mandataria brasileña será permanentemente comparada con su antecesor, Lula de Silva, quien aparte de gozar de una popularidad enorme y estar muy bien evaluado socialmente por su gestión, dispone de una experiencia y liderazgo no comparable a la de su sucesora.

Algunos apuntes sobre la biografía de la primera mujer que ejercerá la presidencia de Brasil

La biografía de Dilma Rousseff se resume en que una vez liberada de la cárcel (1973) en la que estuvo tres años por militar contra la dictadura militar, se graduó en 1977 como economista en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, a la par que participaba en la reestructuración del Partido Trabajador Brasileño, que más tarde pasaría a denominarse Partido Democrático Laborista (Partido Democrático Trabalhista-PDT) (7).

Durante el gobierno de Alceu Collares en Rio Grande do Sul (1991-1995), fue nombrada secretaria de Energía. En 1998, Olivio Dutra, miembro del PT, ganó las elecciones estatales con el apoyo de Partido Democrático Trabajador y Rousseff volvió a ocupar ese mismo puesto. Un año después, con la ruptura de la coalición, PDT pidió a sus miembros que abandonaran sus cargos, situación frente a la cual Rousseff optó por abandonar el partido y se integró al Partido de los Trabajadores, continuando su gestión en este gobierno local.

Es desde entonces que Dilma Rousseff se integra en la estructura de un pujante PT, dirigido por Luiz Inácio Lula da Silva, carismático ex obrero metalúrgico y líder sindical que desarrollando un fuerte discurso socialista había aupado al PT como segunda fuerza política en las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998. En ese momento Lula y la dirección del PT preparaban su cuarto asalto a la presidencia brasileña, las elecciones del 6 de octubre de 2002. La decisión de la dirección “petista” era clara, aunque el programa del partido se había ido moderando proceso electoral tras proceso electoral, en esta ocasión se lanzarían a una lógica de pragmatismo decidido, dulcificando de igual manera la imagen de su líder, concebido socialmente aun como un dirigente revolucionario y radical proveniente de los polígonos industriales del cinturón productivo paulista.

El 27 de octubre de 2002 el PT, con el apoyo de prácticamente toda la izquierda brasileña gana las elecciones en la segunda vuelta ante al oficialista José Serra del PSDB. A mediados de noviembre Rousseff se integraba en el equipo técnico de transición entre los gobiernos saliente y entrante, ejecutando la responsabilidad de coordinadora de una de las seis áreas de transición, en concreto la de Infraestructuras. El 1 de enero de 2003, Lula asume la presidencia de la república.

En enero del 2003, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva la nombró Ministra de Energía (8), cargo que ocupó hasta el 21 de junio del 2005 (9), día en que fue nombrada Jefa de la Casa Civil (un cargo equivalente a la jefatura de Gabinete), después de que su antecesor José Dirceu renunciara tras fuertes acusaciones de corrupción, generándose el momento más débil por el que atravesó el gobierno de Lula (10). Dilma hasta su presentación como candidata presidencial ejerció paralelamente como presidenta del consejo de directores de la empresa semi-pública petrolera brasileña Petrobras (la cuarta mayor empresa de energía del mundo y la segunda petrolera del continente americano tras la Exxon).

Durante toda su gestión, tanto en Energía como en la Casa Civil, Dilma Rousseff siempre fue considerada una ministra más técnica que política, situación que no se modificó hasta bien entrada la campaña electoral del 2010.

En su primera aparición pública como presidenta electa, la noche del pasado 31 de octubre, la futura mandataria brasileña recalcó como el primero de sus compromisos, su intención de "honrar a todas las mujeres, para que este hecho inédito de hoy se multiplique" en toda la sociedad. "Quiero que los padres y las madres miren hoy a sus hijas y les digan que una mujer puede ser presidenta de Brasil", declaró.

Indicó a su vez, su voluntad de garantizar el derecho a la opinión y la expresión, el empleo, la distribución de renta, la vivienda digna, la paz social, las más absolutas libertades de prensa, religiosa y de culto y que velará por el estricto respeto a la Constitución.

También se comprometió con la meta de "erradicar la pobreza", siguiendo la senda iniciada por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y terminó haciendo un llamamiento a los "empresarios, trabajadores, iglesias, a la prensa y a todas las personas de bien del país" a colaborar con un Gobierno que será "para todos, sin exclusión".

El IV Congreso del PT y la consagración de Dilma como sucesora de Lula

El Partido de los Trabajadores se fundó por un grupo bastante heterogéneo de personalidades, entre los que destacaban líderes sindicales, intelectuales progresistas y católicos ligados a la Teología de la Liberación. Nacido de las luchas de 1979 y 1980, su fundación oficial se dio el 10 de febrero de 1980 en el Colegio Sión en Sao Paulo. El partido es fruto de la aproximación entre diferentes movimientos sindicales de la Conferencia de las Clases Trabajadoras-CONCLAT (que vino a ser el embrión de lo que posteriormente conoceríamos como Central Única de los Trabajadores-CUT), con antiguos sectores de la izquierda política y social brasileña. En las elecciones de 1982, el PT fue la única organización que se construyó de abajo hacia arriba, arraigándose en sectores populares, en la lucha de los movimientos sociales y el frente sindical. Desde su origen el PT fue un partido distinto en América Latina, desarrollando una fuerte democracia interna con permisibilidad para la existencia de tendencias, y un sistema de elección por voto directo de sus dirigentes, con representación proporcional en todos los órganos de decisión internos.

El PT nació con una postura muy crítica al reformismo de los partidos políticos socialdemócratas. En su programa original podemos leer: "Las corrientes socialdemócratas no presentan hoy ninguna perspectiva real de superación histórica del capitalismo imperialista". De esta manera el PT se organizó y asumió liderazgo en la lucha política y social, partiendo desde estas formulaciones de marcado carácter ideológico marxista. Esta realidad no le eximió que fruto de su pluralidad interna (diversas corrientes y sectores), el PT desde su inicio dispusiera de posicionamientos políticos provenientes especialmente desde sectores sindicales (los cuales además constituyeron el “núcleo duro” de la organización) que apuntaban a una aceptación del orden social burgués, y cuya importancia interna fue creciendo en la misma medida en que el PT creció en aspiraciones electorales.

En el IV Congreso del PT que tuvo lugar entre el 18 y el 20 de febrero en el Centro de Convenciones Ulisses Guimarães de Brasilia, Dilma Rousseff fue aclamada por unanimidad como candidata presidencial por los mismos compañeros y compañeras que hasta hacía poco no habían visto clara su candidatura más allá del empecinamiento de su presidente y líder del partido, Luíz Inacio Lula da Silva.

Es de señalar que la deriva ideológica del PT hacia posiciones cada vez más pragmáticas ha tenido una agudización importante durante la gestión presidencial de Lula, desarrollándose una alianza con sectores de la burguesía tradicional brasileña que se ha ido incrementando desde el primer al segundo mandato lulista, generándose una alianza con el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) (11).

En ese sentido, el mismo IV Congreso del PT es sintomático de la evolución del partido, en él sus delegados aprobaron resoluciones como la siguiente: “El objetivo estratégico es transformar a Brasil en un país desarrollado, con indicadores de bienestar social aproximados a la media de los países desarrollados e indicadores de sustentabilidad ambiente superiores a la media de los practicados por los países de la OCDE”. Los objetivos marcados durante la jornada congresual fueron: ensanchar el mercado, integrar a millones de excluidos, disminuir las distancias entre pobres y ricos y crear grandes empresas nacionales que generen apertura de nuevos mercados en América Latina. En resumen, “reformar el capital”, lo cual fue la política de Lula desde el primer día de su gestión, y que a partir de febrero de este año se institucionaliza como la hoja de ruta política del Partido de los Trabajadores para el ciclo político venidero. Para el PT, oficialmente, el socialismo ha dejado de ser la tarea central para el próximo período histórico. Dicha posición política que se agudiza tras la alianza política formalizada en ese congreso con el PMDB, situación que sienta en la vicepresidencia del gobierno de Dilma al presidente de dicho partido, Michel Temer (12).

El futuro vicepresidente de la república es un experimentado político de 70 años, quien a pesar de haber declarado recientemente, "Seré un vice en los límites de la Constitución Federal. Seré extremadamente discreto, como conviene a un vicepresidente", ha realidad política manifiesta lo contrario. Varios dirigentes del PMDB, entre ellos Sarney, ya han manifestado públicamente que en esta ocasión “el PT no gobernará solo”.

Michel Temer, que ha presidido la Cámara de Diputados brasileña en tres ocasiones, está avalado por José Sarney, quien fue el primer presidente brasileño en el retorno de la democracia entre 1985 y 1990, y que en la actualidad ejerce como presidente del Senado. El binomio de Dilma con Temer responde al pago político efectuado por Lula como contraprestación al respaldo político recibido por el PMDB durante sus dos mandatos como jefe de Estado (13). De hecho, el PMDB continúa siendo el partido más grande del Brasil, habiendo obtenido en estas últimas elecciones cinco gubernaturas, 17 senadores frente a los 14 del PT y 79 diputados frente a 88 petistas.

Retos para la agenda política 2011-2014


Las tensiones al interior del PT están manifestándose en la conformación de lo que será en nuevo ejecutivo de Dilma Rousseff. Desde la izquierda del PT se apuesta por una lógica más social-desarrollista que apueste por un sistema más productivo y menos economicista-liberal, es decir, menos financiero.

Las perspectivas de superación de la crisis económica mundial son otro factor que preocupa fuertemente al interior del PT, dado que a pesar de los buenos resultados iniciales de superación de la crisis, la economía brasilera es cada vez más dependiente del mercado mundial y de los capitales extranjeros.

Por su parte, la futura primer mandataria es consciente de que las políticas de subsidio social desarrolladas durante los gobierno de Lula da Silva, solo podrán mantenerse si la economía brasileña crece por encima del 5% (lo que permitirá que el Estado pueda redistribuir una parte de la riqueza sin afectar los intereses de sus élites económicas), evitando así conflictos con los sectores sociales y posibilitando una política de “pax social” frente a los antagónicos intereses de una sociedad de marcada estructura de clases.

La necesidad de una reforma política institucional (normativizar adecuadamente los mecanismos de financiamiento de campañas electorales o la generación de mecanismos para que a través de iniciativas populares legislativas, la ciudadanía pueda convocar por sí mismo plebiscitos, referéndums, consultas sobre temas de interés, o revocar cargos electos, sin necesidad de aprobación de los parlamentarios, se ha convertido en asuntos urgentes) y una ley que democratice la propiedad de los medios de comunicación y regule su accionar cotidiano (los siete grupos mediáticos existentes en Brasil reaccionan ante cualquier propuesta democratizante acusando al gobierno de coartar la libertad de expresión, impidiendo la participación y control ciudadano), se han convertido en temas necesarios de abordar en la agenda política inmediata.

Desde la izquierda social, el debate se centra en la necesidad de articular frentes de lucha que empujen al nuevo gobierno de coalición a tomar medidas resolutorias en cuestiones como el desempleo, a elevación de los salarios, la jornada de 40 horas, el acceso a vivienda digna por parte de los sectores populares, el reparto de la tierra y el acceso de los y las jóvenes de extractos humildes a una formación adecuada y a la enseñanza superior. Pensar que este tipo de derechos, privilegios hoy en manos de las élites dominantes brasileñas, van a ser conquistados por la mera acción gubernamental sin necesidad de presión por parte de los movimientos sociales, podría ser definido como “izquierdismo infantil”, término cada vez más utilizado por los gobiernos progresistas latinoamericanos lamentablemente de manera muy inadecuada. A este respecto, preocupan unas recientes declaraciones del vicepresidente electo, en las cuales declaró que la solución para la educación superior es el cobro de aranceles en las universidades públicas (14).

Derechos fundamentales como la educación y la salud siguen siendo asuntos por resolver adecuadamente desde la perspectiva de lo público, a pesar de los ocho años de gobierno de Lula. En Brasil una atención sanitaria eficaz o una educación cualificada sigue siendo un ámbito acotado al sector privado, y en ese sentido, convertido en un privilegio que tan solo lo puede disfrutar una minoría con capacidad de costeárselo.

Una política fiscal adecuada que permita una mayor redistribución de la riqueza, se convierte en una exigencia de primer orden desde una perspectiva de izquierdas. Esta situación que se agudiza cuando hablamos de un país, que según indica un estudio (15) presentado el pasado mes de marzo por Naciones Unidas, es uno de los líderes del ranking de desigualdad a nivel planetario.

Según el estudio referenciado, las ciudades brasileñas de Goiâna, Fortaleza y Belo Horizonte solo tienen por delante en niveles de desigualdad de renta a ciudades sudafricanas y a la capital nigeriana, Lagos. Las tres ciudades brasileñas presentaron un Indice Gini (que mide la desigualdad) igual o superior a 0.61, en una escala de 0 a 1, en que los números más altos muestran mayor desigualdad. Las nueve metrópolis sudafricanas analizadas presentaron índices entre 0,67 y 0,75, y Lagos 0,64.

Entre otras observaciones, el informe indica que el país podría haber invertido mayores recursos en dignificar las zonas de favelas y sus autoridades podrían haberse esforzado más con el objetivo de haber mejorado al progreso promedio de América Latina. A favor de Lula hay que indicar que, siendo cierto lo que indica la ONU, el índice de desigualdad en Brasil se redujo cerca del 9,2% en los últimos diez años, de manera más acelerada en los años de mandato petista. En el Brasil actual, el 10% de los operarios con los mejores ingresos concentra hasta el 42,7% del total de la renta del país (datos oficiales). Brasil es un teatro que combina escenas como que Sao Paulo -17 millones de habitantes- sea la ciudad con mayor número de helicópteros privados del planeta, dedicados a liberar a su élite con mayor capacidad adquisitiva de calles saturadas de tráfico y los riesgos derivados de los altos niveles de inseguridad ciudadana; junto a escenarios decorados por cientos de miles de favelas arracimadas como uvas, que componen un paisaje que invita a la reflexión.

Dilma dispone de las herramientas para emprender una profundización en las reformas estructurales que la sociedad brasileña necesita. Durante la próxima legislatura, en la Cámara de Diputados gozará de una mayoría de 311 diputados sobre los 513 existentes, y de igual manera gozará también de mayoría en el Senado (59 de los 81 senadores existentes). Ahora, entender que por ello la dirección del PT esté dispuesta a entrar en una dinámica de conflictividad importante con el capital nacional e internacional, elemento que podría afectar a sus niveles de crecimiento económico interno (aunque sea tan injustamente distribuido) y por ende, a su cada vez mayor hegemonía económica y política en la región, al igual que en el contexto mundial, ya se convierte en cosa algo más que dudable.

Queda por ver cual será la capacidad política y de liderazgo de Dilma, la necesitará para sostener los niveles de conflictividad social en indicadores similares a los desarrollados en la gestión de Lula.

Notas:

(1) Organización de la izquierda revolucionaria surgida de rupturas juveniles en los partidos comunista (PCB), socialista (PSB) y trabalhista (PTB).

(2) Dilma Rousseff fue detenida en 1970, siendo condenada por un tribunal militar sin ningún tipo de garantías legales. Estuvo detenida durante 3 años de 1970 a 1973, durante sufriendo severas torturas durante su cautiverio.

(3) Según el V Foro Urbano Mundial desarrollado por NNUU en Río de Janeiro el pasado mes de marzo, la mitad de la riqueza en el Brasil está en manos del 10% de los más adinerados, mientras que los más pobres ganan apenas un 0,8%.

(4) INVERSIONES PAC 2: En US$ mil millones (R$ mil millones)
INICIATIVAS PAC 2 2011-2014 POS-2014 TOTAL
CIUDADES MEJORES 31,3 (57,1) - 31,3 (57,1)
CIUDADANÍA PARA LA COMUNIDAD 12,6 (23,0) - 12,6 (23,0)
VIVIENDA 152,5 (278,2) - 152,5 (278,2)
AGUA Y LUZ PARA TODOS 16,6 (30,6) - 16,6 (30,6)
TRANSPORTE 57,3 (104,5) 2,4 (4,5) 59,7 (109,0)
ENERGÍA 255,3 (465,5) 343,9 (627,1)599,2 (1.092,6)
TOTAL 526,0 (958,9) 346,4 (631,6)872,3 (1.590,5)

(5) Marco Aurelio García, quien ha reconocido públicamente que llega a reunirse con el presidente Lula cinco o seis veces al día, es considerado por muchos como el verdadero canciller brasileño en la sombra.

(6) PSDB son las siglas del Partido de la Social Democracia Brasileña, fundado el 25 de junio de 1988 de ideología política de centro derecha, democracia cristiana y social-liberalismo, surgido de una escisión del mayor partido de la burguesía brasileña, el PMDB).

(7) El PDT fue fundado en 1980 por un grupo de políticos de izquierda liderado por Leonel Brizola, principal figura del partido hasta su muerte en 2004. Reivindicando el legado de Getúlio Vargas, es el único partido brasileño que pertenece a la Internacional Socialista. Durante la década de 1990, junto al Partido dos Trabalhadores (PT) eran las mayores fuerzas de izquierda del país, siendo los principales opositores al gobierno del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso. En ese periodo también hubo una polarización de fuerzas dentro del partido, teniendo a de un lado a Leonel Brizola y del otro al ex gobernador de Rio de Janeiro Anthony Garotinho. Al final de la década, fue avasallado por el PT, que pasó a ser la fuerza más dominante de la izquierda.

(8) Como ministra de Energía combinó la inversión pública y privada para construir plantas hidroeléctricas, centrales térmicas y parques eólicos a lo largo y ancho del país, buscando acabar con el crónico déficit de generación energética brasileño. El Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica (PROINFA), instituido en 2004, se enmarcó en este esfuerzo. De igual manera, Dilma dio un fuerte impulso a la producción de combustibles obtenidos de la biomasa, convirtiendo a Brasil en un referente mundial en esta materia. Se trataban del bioetanol, o alcohol etílico producido por la fermentación de cosechas (en el caso de Brasil, la caña de azúcar), alternativo a la gasolina, y del biodiésel, sintetizado a partir del tratamiento industrial de diversos aceites vegetales obtenidos de oleaginosas, como la soja y el ricino, alternativo al gasoil. El Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiésel (PNPB) fue inaugurado por el Ministerio de Minas y Energía el 6 de diciembre de 2004.

(9) Si bien aplaudida por Lula y la dirección del PT, su gestión ministerial en Energía le acarrearon múltiples confrontaciones con Marina Silva, en aquel momento titular de Medio Ambiente, y con la que tuve que verse en las recientes elecciones del 2010. Por otro lado, su gestión produjo fuertes conflictos con los grupos conservacionistas, ONG sociales y algunos medios gubernamentales, en los cuales se formularon serias dudas y denuncias de diverso calibre en torno a las supuestas bondades del etanol: cuestionamiento sobre su vertiente ambiental y sostenible (pues si bien se trataba de un carburante renovable, no era en absoluto "limpio", ya que su proceso de fabricación y su misma combustión, pese a las menores emisiones carbónicas en comparación con la gasolina, producen abundantes agentes contaminantes del suelo y el aire), cuestionamiento sobre su impacto en superficies cultivable (exige el cultivo exclusivo de vastas superficies de terreno susceptibles de ser arrebatadas a la selva virgen -recicladora por excelencia del anhídrido carbónico atmosférico- y empujaba al alza el precio de los alimentos agrícolas), y el perjuicio social (en este tipo de producción proliferan violaciones de derechos humanos, condiciones laborales y en materia de salud). En cualquier caso, Rousseff gozó en todo momento del apoyo del presidente Lula y de sus colaboradores del ala más conservador del PT -Antonio Palocci, José Dirceu,…-.

(10) El escándalo del mensalão, llamado así porque los sobornos se pagaban a los legisladores corruptos cada mes, abrió una crisis sin precedentes en el PT y puso a Lula, exonerado por Roberto Jefferson (diputado federal y presidente de PTB) de cualquier culpa, en un tremendo aprieto.

(11) El Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) está entre los mayores partidos brasileños, teniendo una orientación de centro derecha en su época congregó al grueso de la oposición política a la organización política pro régimen militar, la Alianza Renovadora Nacional (ARENA). Es uno de los partidos con mayor representación en todo el territorio nacional, y ha desarrollado un rol destacado en todos los gobiernos desde el fin del régimen militar y donde han destacado figuras de perfil ideológico conservador como José Sarney, Jader Barbalho o Renan Calheiros. En el libro “Políticos do Brasil”, cuyo autor es el periodista Fernando Rodríguez, y que fue publicado por Publifolha en 2006, aparecen los políticos del PMDB, del PFL y del PSDB como los que lideran el ranking de los políticos brasileños más ricos.

(12) En la llamada 'Operación castillo de arena', que investiga supuestas corruptelas en el sector de la construcción, el nombre del vicepresidente electo aparece en 21 ocasiones en listas de contabilidad paralela de una empresa. Evidentemente es acusación ha sido negada por Temer. En otra operación de la Policía Federal en Brasilia, la 'Operación Caja de Pandora', el político aparece señalado como beneficiario de un esquema de corrupción que involucraba a políticos y empresas.

(13) Durante el segundo mandato de Lula, el PMDB colocó a sus miembros en las carteras ministeriales de Defensa, Salud, Agricultura, Integración Nacional, Comunicaciones y Minas y Energía.

(14) Ante el conflicto interno generado en el PT, Temer tuvo de desdecirse con posterioridad.

(15) Estudio divulgado el pasado 19 de marzo por la ONU-Habitat (Agencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos).

jueves, 4 de noviembre de 2010

Redes de corrupción policial en Guatemala

El pasado 13 de octubre fue detenido en Madrid el ex ministro del interior guatemalteco, Carlos Vielman, a solicitud de una petición de extradición de Guatemala por delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita.

Por Decio Machado

Con excepción del gobierno de Colombia, quienes han extraditado ciudadanos colombianos a los EEUU, un principio básico internacional es que los ciudadanos que tienen nacionalidad del país donde son detenidos son juzgados en él. Vielman tiene la ciudadanía española, por su abuelo, lo que significa que muy posiblemente no será extraditado a Guatemala, aunque sí será juzgado en el Estado español por los delitos que se le imputan.

El ex ministro del interior Carlos Vielman, aparece imputado al menos en dos casos emblemáticos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales en Guatemala.

Caso Pavón

El 25 de septiembre de 2006 fueron asesinados siete reos en la Granja de Rehabilitación Pavón en Guatemala. Aunque la versión oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) fue que las víctimas habían sido fruto del intercambio de disparos entre policías y amotinados, las declaraciones de 60 testigos presenciales indican que los siete reclusos murieron por disparos a quemarropa aplicados por miembros de la PNC encapuchados, los cuales previamente les habían torturado.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -dependiente de Naciones Unidas- que investiga este caso desde primeros de 2009, solicitó fruto de las pesquisas del caso la captura no solo de Carlos Vielman. Entre la lista de implicados, destacan también el ex ministro de gobernación, Alejandro Giammettei –quien fue candidato en las últimas elecciones presidenciales y quien tras la negación de darle “asilo político” por parte del gobierno de Porfirio Lobo de Honduras, fue detenido hace dos meses en Guatemala- y de Edwin Sperisen, ex director de la PNC –en la actualidad en paradero desconocido-.

Según declaró a DIAGONAL Nelson Villarroel, jurista cercano al CICIG, “la acusación original del Ministerio Público se planteó contra los hermanos Henry Danilo y José Luis Benítez Barrios, integrantes de un grupo especial de la PNC que participó en el operativo. Pero como suele ser habitual en este tipo de casos en nuestro país, ambos fueron acribillados en una gasolinera de la zona 11, en junio de 2008”.

En septiembre de este año fueron asesinados también otros dos testigos –Anthony Alexander Cruz García y Sindy Janeht Alvarado- que colaboraban con el CICIG en estas investigaciones, evitando con ello sus declaraciones ante el juez encargado del caso.

Asesinato de los diputados salvadoreños del PARLACEN

El 19 de febrero de 2007 tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) fueron secuestrados, torturados y posteriormente asesinados por miembros de la PNC guatemalteca cuando se dirigían en sus vehículos hacia el PARLACEN, ubicado en Ciudad de Guatemala.

Los cuerpos de los tres diputados salvadoreños (William Pichinte, Eduardo D´Aubuisson y Jorge González), miembros del partido ultraconservador ARENA, y aparecieron calcinados con claros signos de haber sido previamente torturados junto a su vehículo y el cadáver de su chofer en las afueras de la capital guatemalteca.

Detenidos horas después cuatro policías de un grupo especial de la PNC como responsables directos de las ejecuciones, estos fueron trasladados a un penal de alta seguridad donde fueron asesinados violentamente por un grupo de exterminio que operó con toda impunidad dentro del recinto penitenciario.

Las investigaciones sobre el caso demuestran que los diputados arenistas, entre los que destaca uno de los hijos del ya fallecido Roberto D´Aubuisson -máximo dirigente de los escuadrones de la muerte salvadoreños y fundador de ARENA-, llevaban un importante alijo de droga en su vehículo aprovechando la ausencia de control sobre los vehículos y personas pertenecientes al órgano legislativo centroamericano. Esta situación provocó que bandas delincuenciales en coordinación con miembros de la PNC hubieran articulado el asesinato de los diputados con el fin de hacerse con el clandestino cargamento de estupefacientes.

El juicio de este caso comenzó el pasado 21 de octubre en Guatemala. En su primera declaración, el ex diputado Manuel Castillo, también en el banquillo de los acusados declaró: "Quienes los cuidaban eran policías, quienes los secuestraron eran policías y quienes los mataron eran policías, díganme qué hago yo aquí. Quienes deberían estar acá son el ex ministro de gobernación (Carlos Vielman), el ex director de la policía (Erwin Sperissen) y el ex director de investigación (Javier Figueroa). Ellos dirigían el grupo de ejecuciones en la policía".

Redes de corrupción en la PNC de Guatemala

Quien conoce Guatemala no necesita tener mucha imaginación para atar cabos entre redes narcotraficantes, grupos paramilitares, narcopolítica, sicariato y PNC. Según Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización de derechos humanos: "Todo esto indica que esas organizaciones criminales se están manejando desde muy altas esferas".

La existencia de redes delincuenciales en la PNC han sido reiteradamente denunciadas desde hace años por diversas organizaciones de derechos humanos, sin embargo “nunca ha pasado nada”.

Para Polanco, durante el gobierno de Álvaro Colon la estrategia de “dar la apariencia de estar haciendo algo pero no hacer nada", ha sido aplicado repetidas veces. A mediados de enero del 2008, apenas unos días después de haberse instalado su gobierno, 269 agentes de la PNC fueron despedidos por actos de corrupción. El entonces ministro del Interior, Vinicio Gómez, explicó a la prensa que la destitución era un claro mensaje a los miembros de la policía que incurran en actos de corrupción. Entre los destituidos se incluían a cinco comisarios, ocho inspectores y varios oficiales. "La finalidad es devolver la credibilidad a la institución, blanco de denuncias de corrupción y de limpieza social", afirmó Gómez.

Para Claudia Miracán, perteneciente al movimiento indígena guatemalteco, “las medidas de Colon tampoco es que puedan ser calificadas de muy novedosas o valientes. En el gobierno anterior de Oscar Berger, en el cual Vielman, Giammetei o Sperisen ocuparon altos cargos, fueron destituidos al menos 2.245 agentes de la PNC por diversos delitos similares, nunca nada cambió y ellos eran la cabeza real de la corrupción interna en la PNC.”

A primeros del pasado mes de marzo, la CICIG en coordinación con las autoridades del país centroamericano, desarticuló “una estructura criminal” incrustada en la PNC dirigida por el mismo director de esta institución.

Según el jurista español Carlos Castresana, entonces todavía jefe de la CICIG: "Con esas capturas quedó al descubierto que el director de la PNC, Baltazar Gómez, la principal responsable del combate del tráfico de estupefacientes, Nelly Bonilla y el oficial Fernando Carrillo, destacado en la Dirección de Puertos y Aeropuertos de esa institución, formaban parte de la cúpula responsable de varios robos de droga."


Los tres están acusados de ''asociación ilícita, almacenamiento ilícito de drogas, tenencia y depósito ilegal de armas de fuego ofensivas, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, experimentales y trampas."


Según fuentes cercanas a la policía, la forma de operar de esta red era simple y se facilitaba a través de la información que manejaba la policía. Robaban armas y droga, para luego venderlas a diversos grupos de narcotráfico dentro y fuera del país.


A Baltazar Gómez, ya se le abrió una investigación en el 2002, cuando un comando armado robó 1.604 kilos de cocaína de las bodegas del Departamento de Operaciones Antinarcóticas, incluso se le destituyó y luego fue reinstalado por no encontrarse pruebas en su contra. Gómez fue nombrado director de la PNC el 7 de agosto de 2009 –en el gobierno de Colom- en sustitución de Porfirio Pérez Paniagua, a quien también se detuvo por sindicación del robo de droga y dinero del narcotráfico.

El propio presidente Álvaro Colom ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por haber recibido financiamiento de sectores oscuros del país, por grupos corruptos e incluso ligados al narcotráfico. Estos hechos nunca pudieron ser clarificados, no obstante, han ido mermando la credibilidad del mandatario.

jueves, 28 de octubre de 2010

Barak Obama contra las cuerdas ante los comicios electorales del 2 de noviembre

Barak Obama accedió al poder posicionando mensajes de una nueva esperanza y cambios en la política estadounidense. Casi dos años después, la sociedad norteamericana expresa cada vez mayores síntomas de decepción y desencanto.

La pérdida de las mayorías en las dos cámaras, situación similar a la que vivió Bill Clinton en 1994, a la par que ver reducido el número de gobernadores demócratas, podría significar el fin de la carrera política de Obama, al cual le quedarían todavía dos años de “via crucis” en la Casa Blanca.

Por Decio Machado

Desde que el 3 de junio de 2008 concluyeran las elecciones primarias del Partido Demócrata con la proclamación del legislador afroamericano Barack Obama como candidato para las presidenciales de noviembre de ese mismo año, el hasta entonces senador por Illinois, no ha dejado de estar presente en los medios de comunicación del planeta, como una referencia de esperanza tras la senda de terror, guerras y muertes dejadas por George Bush durante las dos legislaturas de su mandato.

Durante el primer semestre del 2008, Obama había tenido como rival a Hillary Clinton, la cual dispuso de ocho años para prepararse cara a esta contienda electoral. La Clinton había creado bases de apoyo financiero, redes de voluntarios, apoyo en los estados y a pesar de ello, Obama terminó las primarias con una mejor organización, recaudó más dinero, más gente trabajando por él en las calles, y realizó un trabajo de creación y organización semi perfecta en los cincuenta estados.

Posteriormente, en las elecciones generales del 4 de noviembre de 2008, derrotó a su rival republicano, John McCain, el cual no era mal candidato teniendo en cuenta los valores del pueblo norteamericano. McClain gozaba de ciertas ventajas: era considerado héroe de guerra, pasó cinco años preso en Vietnam, tenía reputación de hombre honesto e independiente, se había caracterizado por un trabajo democrático y no era demasiado partidario, aunque claramente posicionado con las políticas xenófobas al interior de los EEUU.

La victoria de Obama y su investidura como el 44 presidente de los EEUU el 20 de enero de 2009 significó un halo de esperanza que se proyectaba en dos sentidos al interior de los EEUU: por un lado, como la posibilidad de reunificar un país que había quedado dividido políticamente entre partidarios y no partidarios de una lógica militarista que tenía rasgos de “demencia” (guerra global permanente, Guantánamo convertido en el mayor campo de concentración del mundo occidental con permanentes violaciones de los derechos humanos, Abu Ghraib, las detenciones y vuelos secretos con secuestrados por los servicios secretos norteamericanos, las cárceles clandestinas para la detención e interrogatorio de sospechosos de pertenecer a la Yihad…), y que por otro lado, como la posibilidad de cambiar estructuras básicas en una economía interna que recibía el azote de una crisis sin precedentes desde la época de la Gran Depresión en 1929.

El gobierno de dos legislaturas, encabezado por George W. Bush había sido un fracaso absoluto para los EEUU como país, para los estándares de vida de la sociedad estadounidense y sus valores éticos y morales, y también para el propio Partido Republicano (McCain se cuidó y mucho de no aparecer junto a Bush durante la campaña electoral).

Con la llegada de Barak Obama a la Casa Blanca se encarnaba un casi imposible, para muchos era la posibilidad de cambiar tanto interna como externamente las políticas desde dentro del “corazón de la bestia”.

Este artículo pretende recoger un análisis de la situación política interna estadounidense y valorar, a falta de tres meses para que Obama cumpla su segundo año de mandato, la situación real en la que se encuentra su gobierno y su imagen pública.

La coyuntura actual de Obama

La popularidad del presidente Obama, caracterizada por una fluctuación con permanentes descensos abruptos combinados con austeras recuperaciones parciales, es el fruto de una situación compleja: aún persiste una estructura de la cual el mismo Barak Obama es parte, que ha restringido notablemente la capacidad de generar rupturas en las formas de hacer política desde la Casa Blanca, lo cual hace que a pesar del discurso de “cambio” que el actual presidente estadounidense mantiene, en realidad se desarrolle en la práctica una “continuidad” sostenida con el período anterior.

El análisis de la realidad política interna actual de los EEUU, permite afirmar que la popularidad de Obama en estos momentos, tiene importantes implicaciones respecto a tres temas de carácter interno y que son los que de alguna manera han definido estos 21 meses de gobierno: las consecuencias del manejo de la crisis financiera, las políticas migratorias, y la reforma del sistema de Salud.

Consecuencias del manejo de la crisis financiera y el tema del desempleo


La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en EEUU en el año 2006, lo que provocó en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de forma grave desde inicios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense, y después al internacional, generando como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando indirectamente, otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles (crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil mundial de octubre de 2008) y, en conjunto, una crisis económica a escala internacional.

Esta crisis financiera se ha manifestado fuertemente sobre de la economía estadounidense, la cual se ha evidenciado a través de varios indicadores, entre los que cabe mencionar que:

a.) El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo un 6,2% en el cuarto trimestre de 2008 (momentos en que la crisis se agudizó) con respecto al trimestre anterior; en 2009 la economía estadounidense registró una contracción del 2,4%, su peor lectura desde 1946.

b.) La producción industrial en EEUU en términos anuales resultó 10% menor a la observada en enero de 2008; la tasa de crecimiento de la producción industrial da el porcentaje de incremento anual en la producción industrial (incluye manufactura, minería y construcción), en 2007 fue del 4,2%, en 2008 fue de –1,7% y en 2009 fue de –2%.

c.) La tasa de desempleo llegó en septiembre de 2010 a alcanzar un 9,6%, lo que implica que en los últimos doce meses el número de desempleados aumentara en torno a los 5,3 millones de personas, de ellas, aproximadamente 4,4 millones de personas reciben ayuda estatal de algún tipo.

d.) Las ventas de autos y camionetas se contrajeron un 37% en el primer mes del 2009 (Chrysler vendió 55% menos con respecto a enero de 2008, mientras en General Motors la caída fue de 49% y para la Ford de 40%); de igual manera, para las empresas japonesas tampoco fue un buen mes (las ventas de Toyota, Nissan y Honda se redujeron 35%, 29% y 28%, respectivamente); con la caída de enero, las ventas de la industria acumulan 15 meses a la baja; y actualmente la tendencia ha aumentado pero sigue demorando su recuperación;

e.) El mercado de la vivienda aún no ha recuperado su fuerza original, la actividad crediticia aún no ha aumentado y la disponibilidad de crédito sigue siendo escasa.

- La gestión de la crisis por parte del gobierno de Obama:

Sectores cada vez mayores de la población estadounidense cuestiona la polarización existente entre los beneficiarios directos de las políticas emanadas en materia económica desde la Casa Blanca y los afectados por la crisis económica desde la recesión de 2008. Según las diversas encuestas que se realizan en los Estados Unidos, la mayoría de los estadounidenses piensa que estas políticas han ayudado a grandes bancos, grandes corporaciones y a los ciudadanos más ricos, al tiempo que se proporciona poca o ninguna ayuda para los pobres, las clases media o pequeñas empresas.

En este sentido una de las condiciones que determinan en gran medida la caída de popularidad del presidente Obama son los elevados índices de desempleo.

Después de cuatro trimestres consecutivos de contracción la economía de EEUU, retornó al crecimiento a mediados de 2009, pero a pesar de ello, más de un año después persisten las altas tasas de desempleo. Según el gobierno, aunque la reactivación sigue se ha aminorado el ritmo de crecimiento, de una tasa del 3,7% entre enero y marzo a una del 1,6% entre abril y junio. Desde el comienzo de esta crisis, considerada la peor recesión en siete décadas, EEUU ha tenido una pérdida neta de 8,4 millones de empleos, y los analistas economicos calculan que la economía debería crear por lo menos 150.000 empleos mensuales para absorber el crecimiento natural de la fuerza laboral, cosa que está muy lejos de suceder en estos momentos.

Al respecto el presidente Obama dijo: “Hay una gran preocupación por los ocho millones de empleos que se perdieron en el transcurso de estos últimos dos años, y tenemos que fomentar continuamente el ritmo del crecimiento económico para que las personas puedan volver a trabajar. En definitiva, para la mayoría de los estadounidenses, esa es la medida para saber qué tan bien está la economía”.

La sociedad estadounidense percibe según estudios sociales desarrollados que la administración Obama ha beneficiado a través de sus políticas económicas, en primera instancia a las grandes bancos e instituciones financieras, en segunda instancia a las corporaciones comerciales de diversa índole; y en último lugar, se reconoce que las acciones de política económica han sido beneficiosas para los pequeños negocios, a la clase media y a la gente más pobre.

Ante estas percepciones y conscientes de sus impactos negativos en el potencial electorado que constituye la clase media, el equipo económico de Obama ha planteado un reajuste a la reforma financiera teniendo en cuenta varios factores encaminados a potenciar la dinámica económica doméstica. En esa línea, el presidente Obama anunció recientemente recortes impositivos a la clase media y a las pequeñas y medianas empresas, en el marco de un plan para promover el crecimiento económico que se está diseñando. Tras reconocer que la economía estadounidense tiene ralentizado su ritmo de recuperación, Obama señaló que estas bonificaciones podrían extenderse a la inversión, a la reconstrucción de infraestructuras y al desarrollo de proyectos de energía renovable.

Obama ha asegurado que gran parte de las medidas irán destinadas a las pequeñas y medianas empresas, puesto que ha sido en este sector donde se ha producido el 60% de las pérdidas de empleo desde el inicio de la crisis. El plan busca generar facilidades para que los pequeños negocios contraten empleados mediante el recorte de ciertos impuestos y entrega de más créditos.

- El manejo financiero y las elecciones de noviembre:

Obama recibió las calificaciones más bajas por su manejo de la economía en una nueva encuesta realizada el pasado mes de agosto por la Associated Press-GfK. Según la encuesta, la gran mayoría de los estadounidenses considera malas las perspectivas económicas de EEUU.

Los electores descargarán su frustración contra el Partido Demócrata en las elecciones legislativas de noviembre. Cuando falta menos de una semana para los comicios del 2 de noviembre, el 54% de las personas entrevistadas desaprobó el desempeño del presidente en materia economía, y el 61% dijo que la economía ha empeorado.

Sin embargo, tres cuartas partes de los encuestados consideran irrealista esperar una mejoría económica notable en los primeros 18 meses del mandato del presidente. El nivel de aprobación general sobre Obama permaneció sin cambio, en 49%. Estas encuestas, ponen nerviosos a los demócratas que intentan conservar sus mayorías cómodas en la Cámara de Representantes y en el Senado. "La verdad es que va a tomar algunos años para que salgamos totalmente de esta recesión. Va a tomar tiempo recuperar ocho millones de empleos", admitió el presidente Obama recientemente mientras hacía campaña por los candidatos demócratas en Seattle. "Quien les diga otra cosa sólo está buscando su voto".

Políticas Migratorias

Asistimos en la actualidad a importantes desencuentros públicos entre demócratas y republicanos, con respecto a las políticas migratorias a implantar en los EEUU. Sin embargo, analizadas con seriedad, las posiciones sobre el tema migratorio entre republicanos y demócratas, estas no se muestran tan distantes. Hasta ahora, la administración Obama no ha mostrado ninguna diferencia con respecto a las políticas migratorias de las administraciones anteriores.

Entre uno de los objetivos de la estrategia de seguridad nacional se contempla el consolidar la reforma integral de la inmigración, lo que viene a indicar que las políticas migratorias siguen en el contexto de la “securitización” diseñada en administraciones anteriores y agudizada en la gestión de George W. Bush.

El punto crítico de este proceso de reforma legislativa se encuentra en la imposibilidad de conciliar un régimen que concibe la seguridad nacional como un tema integral de prevención mediante acciones penitenciarias y persecutorias severas, frente a un gobierno que sin tomar partido en el tema con solvencia, admite al mismo tiempo que la reforma migratoria es un riesgo pero también una alternativa de futuro. La explicación de esta ambigüedad política, vuelve a situar el tablero de juego en el ámbito electoral (que te da y que te puede quitar votos), lo que va conformando una lógica, que hasta ahora tiene mucho que ver, con el perfil que está caracterizando a la administración Obama.

- El efecto administrativo de la Ley Arizona SB 1070:

El estado de Arizona aprobó una ley que criminaliza a quienes se encuentren en este territorio en condición de indocumentados. La gobernadora de Arizona, Jean Brewer, firmó y por tanto promulgó esta ley que ya entró en vigencia. El nuevo ordenamiento legal SB 1070, cuya denominación formal es “Apoya a nuestras fuerzas del orden público y los vecindarios seguros” tiene varios efectos internos que deben ser tomados en cuenta.

Cuando los demócratas y Obama hablan de inconstitucionalidad de la ley SB 1070, de lo que se esta hablando no es de la violación de los derechos a las personas migrantes. El asunto de la inconstitucionalidad radica en la violación de la precedencia de las leyes federales sobre las estaduales, dado que se legisla sobre materia que concierne al Congreso Federal y se obstaculiza a través de esta ley, la actividad de varias instituciones federales, especialmente: la Secretaria de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interna. Por otra parte, ni el estado de Arizona ni ningún otro, tiene la potestad de regular la actividad del Servicio de Guardacostas y el Departamento de Emigración de los EEUU, a cargo de tales asuntos. Por todo esto, el contenido de la ley migratoria no es el problema de fondo, lo que se discute es realmente quién adquiere las competencias sobre el diseño, aprobación y aplicación de la ley.

Desde esta perspectiva, se presenta una crisis estructural del Estado inédita en el país más poderoso del mundo moderno. Desde la Casa Blanca preocupa más el riesgo que este desfase administrativo supone entre las políticas estaduales y las federales, así como la extensión que esto tenga hacia otros estados, generando graves consecuencias sociopolíticas en la estructura del Estado federal, situación mucho más preocupante para ellos que los aspectos graves aspectos nocivos para los y las inmigrantes. Lo que está en cuestión es la arquitectura institucional de los EEUU, nada más.

Una de las consecuencias inmediatas de la aprobación de la ley SB 1070 de Arizona es que otros estados han replicado el procedimiento. Legisladores mayoritariamente republicanos, en otros 10 estados -Utah, Oklahoma, Colorado, Ohio, Missouri, Georgia, South Carolina, Mississippi, Texas y Maryland- han marcado un camino común para crear leyes similares a la ley SB 1070. Estas nuevas disposiciones legales dan autorización a detener, interrogar y exigir documentos a las personas que los policías sospechen que podrían ser migrantes sin documentos. Siendo los indicadores de sospecha, el color de la piel, las vestimentas o por la lengua hablada por el o la sospechosa.

La ley de Arizona ha dejado ya sentir sus efectos sobre varias cuestiones. Tendrá efecto sobre las condiciones laborales de los inmigrantes, las cuales serán condicionadas, aún más, por los empleadores. La importancia económica que reviste para EEUU la mano de obra migrante es objetivamente visible. El sueldo que reciben estos trabajadores es visiblemente menor al que obtienen los trabajadores estadounidenses, y resultan relegadas sus demandas laborales, siendo mermada claramente su capacidad de reclamo. La ley generará condiciones para que se vulnere aún más los derechos de los y las trabajadoras inmigrantes, los cuales se verán obligados a mal abaratar su trabajo a fin de obtener un empleo y no ser denunciados ante la fuerza pública; de hecho, ya se está empleando una suerte de compra de condiciones a cambio de trabajo.

Por otra parte, el costo social de la persecución y criminalización de los inmigrantes tiene su rostro en materia educativa, sanitaria y de desajuste social debido a la movilización que se está dando desde Arizona hacia otros estados norteamericanos. Como consecuencia de esta realidad, otros estados están poniendo en marcha iniciativas que establecen leyes similares a la de Arizona con el fin de detener ese flujo. De generarse un flujo aun mayor de migración desde Arizona hacia otros estados, estaremos presenciando una especie de “efecto colador” dentro de EEUU; donde por un lado los migrantes deberán repensar no solamente sus nuevas rutas de ingreso al país, sino encontrar nuevos destinos a partir de este estado fronterizo.

Las políticas punitivas frente a fenómenos sociales propios de una estructura socioeconómica mundial desigual no implican para nada una solución efectiva del problema de movilidad humana.

El costo fiscal que tendrán que asumir los departamentos de policías y alguaciles para llevar a cabo actividades que hoy en día no les competen, como son detener, procesar y deportar a inmigrantes indocumentados, no solamente será muy alto, sino que por obvias razones serán recursos que se tomarán de otras partidas presupuestarias, lo que impactará en la calidad de los servicios públicos en Arizona y demás estados que están poniendo en marcha estas medidas coercitivas de forma unilateral.

Adicionalmente el tema migratorio tendrá una afectación directa al turismo a nivel local, de hecho ya se promueven diversos mensajes que perjudicarán directamente el nombre de Arizona como destino turístico afectando severamente a su economía. La Asociación de Turismo de Arizona dio a conocer recientemente, que el sector comenzó a experimentar pérdidas inmediatas a consecuencia de la ley SB 1070, y afirman que esta ley está “pasando de un asunto de migración a uno de turismo”.

Tomando en cuenta estos costos tan altos que tendrá la ley anti-migrante ¿cómo podemos explicar su promulgación? Resulta evidente que los motivos de la promulgación de la ley SB 1070 son eminentemente político-electorales. Arizona hoy es un estado republicano, pero que tenía pocas posibilidades de mantenerse así tras el próximo proceso electoral; ello llevó a los republicana a desarrollar esta estrategia descabellada con el fin de recuperar a los grupos más radicales a través de leyes como esta.

- ¿Qué hay en el trasfondo político del asunto migratorio?

El tema de la política migratoria en los EEUU esta transversalizado definitivamente por la cuestión electoral, contraponiéndose el planteamiento republicano clásico frente a una oferta demócrata ambigua.

Para entender esta cuestión, es relevante analizar las actuaciones de Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos (Department of Homeland Security), además de las declaraciones y actuaciones del presidente Obama.

Napolitano ha criticado varias veces la ley anti-inmigrante de Arizona, por considerar que desviará recursos federales del combate a crímenes serios como el pandillerismo hacia tareas migratorias. Sin embargo no ha dejado de hablar de la reforma migratoria integral, sosteniendo que la legalización de indocumentados no significa una amnistía migratoria sino que implica una serie de sanciones que tendrán que cumplir los inmigrantes. En este sentido, las políticas migratorias que apoya Napolitano no son diferentes en el fondo, a las que se definen desde las filas republicanas.

Napolitano apoyó la prohibición en Arizona de matrimonios del mismo sexo, se opuso a las restricciones sobre la propiedad de armas y apoyó la pena de muerte. El Partido Republicano recibió gratamente su nominación a Secretaria de Seguridad Interna cuando el presidente Obama posicionó su nombre. Napolitano fue quien desplegó la Guardia Nacional de Arizona a lo largo de la frontera con México, ganándose los elogios de los fanáticos en contra de la inmigración. De hecho, Napolitano estableció su fama política en Arizona cuando se opuso a la inmigración y firmó como ley, la legislación reaccionaria que facilita el enjuiciamiento de inmigrantes irregulares como delincuentes culpables de delitos mayores.

Como consecuencia de esta coyuntura personal y del lobby político directo de la funcionaria Napolitano sobre el presidente Obama, este firmó una ley que militariza aún más la frontera entre Estados Unidos y México. Esto incluye el despliegue de aviones Drone sin piloto como los utilizados en Afganistán y Pakistán, para llevar a cabo la vigilancia contra los migrantes que cruzan la frontera.

Obama como explicación a la firma de la ley de militarización frente a las anteriores críticas a la ley SB 1070 dijo: “He sido muy claro. Creo que la ley de Arizona fue un error. Y mi Departamento de Justicia está analizando muy detalladamente la naturaleza de dicha ley. Pero comprendo las frustraciones de esa gente de Arizona. El hecho es que durante décadas pasamos hablando sobre la solución de problemas en la frontera y no los solucionamos. La verdad es que tenemos centenares de miles de trabajadores indocumentados que vienen del otro lado de la frontera y eso tensiona a la gente".

El presidente Obama ha demostrado un permanente ostracismo frente a la ejecución de una ley integral que flexibilice las acciones contra los inmigrantes y que plantee una reforma que garantice derechos laborales y derechos de legalización a los indocumentados. Su silencio respecto a cualquier vía de regularización no hace sino poner de relieve que la legislación de la frontera forma parte de un giro a la derecha del gobierno, en el periodo previo a las elecciones de noviembre de 2010. El Partido Demócrata se prepara para competir con los Republicanos en convertir a los emigrantes en chivos expiatorios vanagloriándose de su récord de persecución policial e incremento de las deportaciones.

En ese mismo contexto la secretaria de Seguridad Nacional de Obama, Janet Napolitano, compareció recientemente en la Casa Blanca para elogiar la nueva legislación sobre la frontera por proporcionar “recursos permanentes” para hacer cumplir la ley y calificó esta campaña de “cuestión de seguridad nacional”. Mientras que Napolitano hacía una breve referencia a la “reforma de la inmigración” no indicaba un calendario para la promulgación de dicha legislación y afirmaba que la cuestión estaba “en manos del Congreso”.

En otras palabras, habiendo incumplido su promesa electoral de presionar por una reforma legal en materia de migración durante su primer año de gobierno, la Casa Blanca de Obama está dejando claro que no hará nada para llevar adelante la normalización del estatuto de los indocumentados. En lugar de ello, cada vez se aproxima más a las posiciones de la derecha republicana en materia migratoria, la cual desarrolla notables campañas de opinión pública en las cuales responsabiliza a los inmigrantes del aumento de la criminalidad, de la desaparición de empleos y de las amenazas a la seguridad nacional.

Los miedos de Obama en aplicar sus compromisos electorales en esta materia, son la consecuencia sin duda de que según las encuestas desarrolladas por los medios de comunicación estadounidenses, en términos generales la sociedad norteamericana es favorable a las lógicas implementadas en la nueva ley de Arizona. El 73% de los encuestados dice que se debe exigir a las personas portar documentos para verificar su situación legal. De igual manera, 67% aprueba que se permita a la policía que detengan a cualquier persona que no pueda comprobar su situación jurídica, mientras que el 62% aprueba el permitir que la policía indague a las personas que piensan que pueden ser indocumentadas.

La Reforma de Salud. ¿Éxito o fracaso político?

Ya en los noventa, el ex presidente Bill Clinton intentó llevar adelante una reforma del régimen de salud, con la implementación de la cobertura sanitaria universal. Se trataba de una reforma de las mismas características que ahora propuso Obama y que generó la resistencia de grupos económicos y del Partido Republicano, que siempre han obstaculizado cualquier intento de intervención del Estado en esta materia.

Obama se jugó su mayor carta política con la reforma sanitaria frente a un descenso significativo de su popularidad, aún hoy transcurridos ya algunos meses de la aprobación de esta ley, el tema sigue siendo de gran importancia en la agenda electoral para las próximas elecciones de noviembre de 2010.

Aunque el proyecto inicial del presidente Obama pretendía crear un sistema de salud público que competiría con el privado, la polarización que generó la reforma entre la propia población estadounidense, sumado a la presión de las compañías aseguradoras que veían como podrían ser perjudicados sus negocios, y las movilizaciones que llevaron adelante movimientos ultra conservadores como Tea Party, lograron que se adoptaran importantes cambios en la ley que han sido interpretados de muy diferentes maneras por los analistas políticos y los expertos en la materia. El sistema se mantuvo finalmente en manos de empresas privadas, aunque con mayor injerencia y control del Estado.

La reforma sanitaria impulsada por Obama incluye las siguientes líneas de acción:

- Nuevas y más estrictas reglas para las aseguradoras: La propuesta prohíbe a las empresas de seguros negar cobertura a personas con enfermedades, dejar fuera a personas cuando enferman o limitar la cobertura de por vida, al igual que restringe la aplicación de límites anuales.

- No habrá "opción pública": Tras una disputa política que duró todo un año, los aliados demócratas de Obama optaron por no incluir un programa apoyado por el gobierno que competiría con las aseguradoras privadas, que los analistas y sus defensores de la propuesta inicial de Obama pensaban que era la mejor manera de reducir los costos.

- Nuevos mercados de seguros: En lugar de la "opción pública" la propuesta crea nuevos mercados estatales donde los ciudadanos estadounidenses sin cobertura de salud pagada por el empleador pueden adquirir una.

- Requerimientos, subsidios: Por primera vez en la historia de EEUU la mayoría de sus ciudadanos deberán comprar un seguro de salud o enfrentar multas, y las empresas más grandes están expuestas a sanciones si no ofrecen cobertura.

- Beneficios en medicamentos para los ancianos: El proyecto ofrece una devolución para los ancianos que quedan fuera del pago de medicamentos previsto en el programa Medicare.

Según datos de los medios de comunicación estadounidenses, el 58% de la población cree que la reforma de salud les favorece mientras que un 36% piensa lo contrario. De manera paradójica, estas encuestas reflejan a su vez que el 51% de la población cree que la ley será perjudicial para el Estado, mientras que un 38% cree que la ley es favorable para el país.

Un dato importante es que la clase política se opone al impulso de la ley; lo que permite visualizar que gran parte del establishment político "gringo" está ligado al manejo de corporaciones que administran sistemas de salud privados. Adicionalmente se debe tener en cuenta que una porción significativa del bloque parlamentario demócrata responden a tendencias sumamente conservadoras, y además han quedado hipotecados por el financiamiento de privados en sus campañas electorales; el tema de la “opción pública” fue condicionado directamente por un sector muy importante de los demócratas, lo que impidió que se aprobase esta condición.

- Estado de los escaños de cara a las elecciones de noviembre:

El Senado actual está compuesto por 59 demócratas y 41 republicanos. De esos, 44 escaños parecen estar asegurados para los demócratas y 35 lo estarían de igual manera para los republicanos. De los 21 que se estiman en disputa, hay 4 en los que el electorado se inclina a favor de los candidatos del Partido Demócrata y 9 en los que se inclina hacia los candidatos del Partido Republicano. Esta situación definiría que habría 48 senadores demócratas y 44 senadores republicanos. Los 8 restantes aparecen con empate técnico en las encuestas de sus respectivos estados. Si los demócratas pierden 7 de ellos, los republicanos quedarían con una mayoría de 51-49.

Por otro lado, el Congreso está conformado en la actualidad por 255 demócratas, 178 republicanos y 2 vacantes. En las elecciones de noviembre los demócratas tendrían 144 representantes asegurados y los republicanos 163. Ahora bien, el electorado se inclina hacia los demócratas en el caso de 51 representantes adicionales y hacia los republicanos en el caso de otros 43 representantes, con lo que quedarían 194 demócratas y 206 republicanos. Los 35 restantes se encuentran empatados en las encuestas. Si los demócratas pierden 12 o más escaños de esos 35, los republicanos se quedarían con la mayoría en el Congreso.

En el caso de las gobernaciones, actualmente hay 26 gobernadores demócratas y 24 republicanos. Siguiendo con el análisis de encuestas desarrollado anteriormente, 8 parecerían seguros en manos de los demócratas, mientras que 15 lo estarían para los republicanos. Hay 7 gobernaciones en las que el electorado se inclina hacia los demócratas y 11 por los que inclinan hacia los republicanos, con lo que quedarían 15 gobernaciones demócratas y 26 republicanas. Las 9 gobernaciones restantes están con empate técnico según las encuestas.

A menos de una semana de las elecciones del 2 de noviembre, el panorama luce oscuro para el Partido Demócrata.

El desencanto de los ciudadanos estadounidenses

El desencanto con el gobierno y los políticos ha crecido a niveles sin precedente en los EEUU; crecen la incertidumbre y el pesimismo, así como la desconfianza hacia la Casa Blanca. El fruto de esta frustración social lo recogen sectores conservadores de perfil antisistémico.

El sentimiento antigubernamental se ha incrementado entre la sociedad, según encuestas realizadas en el mes de abril, sólo el 22% dice confiar plenamente en el gobierno (sondeos del Pew Research Center).

Una vez más y siguiendo datos de la prensa estadounidense, se han duplicado numéricamente los segmentos de la sociedad que dicen estar muy enojados con el gobierno federal: de 10 por ciento en 2000 a 21 por ciento hoy. El 30 por ciento de los estadounidenses dicen sentir que el gobierno es una amenaza para su libertad personal.

Esta situación ha dado pie a construcción del llamado movimiento Tea Party, expresión ultraconservadora que surgió hace algo más de un año en protesta por el proyecto de estímulo económico y que creció en visibilidad en la campaña contra la reforma de salud impulsada por el gobierno de Barack Obama. Son considerados como el sector más activo del conservadurismo estadounidense, y tienen como finalidad no sólo obstaculizar las propuestas de Obama, sino también de atacar a políticos republicanos considerados no suficientemente conservadores.

Encuestas recientes del New York Times/CBS News, revelaron que 18 por ciento de los estadounidenses se identifican como simpatizantes del Tea Party; este movimiento político podría arrebatarle a los demócratas los estados de Illinois, Carolina del Norte y Virginia Occidental en las próximas elecciones.

Para analistas como Noam Chomsky, la situación “es muy similar a la Alemania Weimar, los paralelismos son notables (…) de igual manera existe un desilusión tremenda con el sistema parlamentario…”. Según Chomsky, “Estados Unidos tiene mucha suerte en que no ha surgido una figura honesta y carismática, ya que si eso sucediera, este país estaría en verdaderos apuros por la frustración, desilusión y la ira justificada y la ausencia de una respuesta coherente”.