Colombia ante el fin del uribismo

Decio Machado (Colombia)

Hacemos un recorrido por la campaña presidencial colombiana -salpicada por los “falsos positivos”, la parapolítica, el narco y la guerra-, así como por principales candidatos

Diagonal, 29 de abril de 2010

A pesar de todos los intentos del presidente Álvaro Uribe, no consiguió obtener la habilitación de la Corte para volver a presentarse a las elecciones del 30 de mayo y reelegirse para su tercer mandato. Impedido de celebrar un triunfo que tenía asegurado, las últimas encuestas le dan un 70% de apoyo, Uribe nombró a su controvertido ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, para sucederlo en la presidencia.

Junto a Santos, compiten en esta campaña la “partidocracia” clásica colombiana (Partido Conservador y Partido Liberal), aunque en esta ocasión, una organización de corte nuevo, el Partido Verde, la llamada popularmente “marea verde”, tiene serias posibilidades de ocupar el sillón presidencial en la Casa de Nariño.

Santos, el ala dura del uribismo

El candidato uribista, Juan Manuel Santos, ha sido fundamental para implementar la política de “seguridad democrática” diseñada por Uribe y los logros en el campo militar que se han tenido en los últimos años frente a las FARC.

Santos, envalentonado por un triunfo que preveía fácil, abandonó a mediados de mayo del año pasado el ministerio de Defensa con la finalidad de ser el candidato uribista en estas elecciones. Las elecciones legislativas del 14 de marzo, le daban la razón, la coalición uribista, fundamentalmente la alianza Partido de la U de Uribe y el Partido Conservador, barrió tanto en el Senado y Congreso. En Colombia, muchos analistas y medios de comunicación hablaban de que Juan Manuel Santos sería el presidente de Colombia sin necesidad de balotage (segunda vuelta).

Para sorpresa del uribista, el pasado 14 de abril, surge un inesperado acuerdo político entorno a dos ex alcaldes, Antanas Mockus, que fue alcalde de Bogotá, y Sergio Fajardo, quien lo fue de Medellín. La alianza entre ellos ha dado pie a que una campaña electoral que se preveía muy aburrida se anime en medio de una “fiesta verde” del Partido Verde que nadie esperaba.

Aun así, Santos es el aspirante oficialista, goza del apoyo de Uribe y corre sólo en esta primera vuelta, dato que el otro gran partido de la coalición de gobierno, el Partido Conservador, presenta candidata propia, Naomí Sanín.

A pesar de que Santos sea el candidato del Partido de la U, ha tenido fricciones importantes con Uribe, consecuencia de las declaraciones públicas del candidato recomendándole que proceda de inmediato con la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto colombiano) consecuencia de su corrupción interna y su tesis con respecto a la “seguridad preventiva”, con la que Santos se justifica así por el conflicto diplomático y la amenaza de guerra con Venezuela y el bombardeo de marzo del 2008 de un campamento clandestino de las FARC en territorio ecuatoriano que conllevó ruptura de relaciones diplomáticas. En plena campaña, Santos declaró que “se sentía muy orgulloso” de haber protagonizado el bombardeo en territorio ecuatoriano que acabó con la vida de entre otros, Raúl Reyes, olvidando que Uribe había pedido perdón a la comunidad internacional por este hecho.

Santos genera problemas

En el 2007, el líder paramilitar Salvatore Mancuso declaró en una audiencia que Santos en 1997 había planeado derrocar al entonces presidente Ernesto Samper. Mancuso también dio datos sobre las vinculaciones del vicepresidente y Juan Manuel Santos con los grupos paramilitares. Uribe tuvo que aparecer públicamente a apoyar a sus ministros y amigos.

Ya iniciada la campaña, Mancuso ha vuelto de denunciar esto a través de un teleconferencia desde la cárcel de Washington, donde está desde el 2008, cuando el gobierno colombiano lo extraditó a los EEUU. Según Mancuso, Santos fue a los campamentos de los paramilitares para pedir respaldo al golpe contra Samper, y reunirse con el que en aquel momento era el líder máximo de los “paras”, Carlos Castaño.

Paralelamente, el fiscal general ha puesto en marcha un investigación y ordenes de captura sobre media docena de agentes del DAS, consecuencia de intercepciones telefónicas y de correos electrónicos a opositores, periodistas, jueces, militares y funcionarios. El actual director del DAS es cuota política de Juan Manuel Santos.

Consultado el ex presidente César Gaviria se limitó a decir: “estamos viendo lo que sucede cuando la inteligencia de un Estado está en manos de criminales y la convierten en una policía política”.

La “marea verde” de Mockus y Fajardo

Mockus ha subido diariamente en los sondeos y ya está igualado con Santos, dejando a la líder conservadora Naomí Sanín en el tercer puesto.

Para el analista Juan Felipe Cardona, “Mockus y Fajardo representan la nueva política”. Por eso suben, pero a su vez, el Partido Verde “no cuentan con el aparato necesario y tienen poca presencia en los ámbitos rurales”.

Lo cierto es que la preocupación es tan grande por parte de Santos y Uribe, que el mismo presidente ha salido a confrontar con Mockus. “Aquellos que nunca combatieron al terrorismo, a la guerrilla, al paramilitarismo, ni en sus ciudades ni en el país, ahora se presentan como las candidaturas de los independientes y de los honestos”, dijo Uribe sobre Mockus, en una emisora local.

Marcela Prieto, directora del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga, nos indicó que Uribe “está incurriendo en un delito al pronunciarse a favor y en contra de una campaña”, cuestionando a su vez el porqué que las autoridades electorales no se hayan pronunciado aún.

Para el ex magistrado Carlos Gaviria, miembro del Polo Democrático Alternativo, la opción Mockus no es una alternativa al uribismo: “Cuando se crea un mito en torno a una persona, es a la leyenda y no a la persona a la que se remiten todos sus hechos. Como la leyenda que se inventó es impecable, la persona no puede equivocarse. Entonces, no se confrontan sus opiniones, sino que se aceptan sin crítica”, y prosigue “existe una gran distancia entre el Polo y Mockus. Nosotros consideramos que es necesario un cambio de modelo económico en Colombia, dado que el actual ha permitido un crecimiento de la riqueza muy significativo, pero no ha generado empleos ni reducido la brecha entre ricos y pobres”.

¿Desapareció la izquierda en Colombia?

Gustavo Petro registra en torno al 5% de intención de voto. Así, se hace improbable que el Polo Democrático Alternativo consiga los 2.7 millones de votos que obtuvo en 2006 cuando el candidato era el ex magistrado Carlos Gaviria.

Según Carlos Gaviria, “el partido perdió en estos cuatro años lo que ganó en la pasada contienda presidencial. En ese momento, a pesar de ser un partido de izquierda, logró conquistar una buena parte del centro democrático. Ahora, muchos de esos votos van a ir a parar al Partido Verde y por tanto a Mockus”. Otros miembros del Polo nos indican: “Mockus es una farsa mediática, no denunció el Acuerdo militar con los EEUU, no denunció la violación de soberanía de Ecuador, y no ha abierto sobre el conflicto con Venezuela, pero que tipo de cambio puede encarnar…”.

Los llamados de unidad

Ante el riesgo de que Santos por sí mismo no gane las elecciones, Álvaro Uribe solicitó públicamente a los 90 congresistas de la coalición de gobierno que busquen una fórmula para ir unidos a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 30 de mayo próximo.

De igual manera, sectores pro uribistas del Partido Conservador acusan a su candidata de estar distanciándose de Juan Manuel Santos, y haciendo aproximaciones a Antanas Mockus.

El uribismo está movimiento los resortes de cara a la recomposición de su coalición con el Partido Conservador y otros partidos más pequeños, siendo conscientes que la alianza Mockus y Fajardo y los apoyos que reciban del antiuribistas en la segunda vuelta, pueden sorprendentemente dejar fuera de la Casa de Nariño.

Principales candidatos

Juan Manuel Santos / Partido de la U

Pertenece a una de las familias más poderosas e influyentes de Colombia, que además es dueña del diario El Tiempo, el principal periódico de la nación. Desde hace muchos años, Santos ha estado siempre en espacios de poder: ocupó la cartera de Defensa con Álvaro Uribe, Hacienda con Andrés Pastrana y Comercio Exterior con César Gaviria. Su hermano Francisco, en la actualidad funge como Vicepresidente de la República.

Políticamente ha evolucionado desde posiciones socialdemócratas liberales como “La Tercera Vía” hasta posiciones mucho más conservadoras y reaccionarias. Bajo su gestión, Uribe ha obtenidos logros importantes en su política de guerra, dejando a tras, 7.000 desaparecidos, bombardeo de territorio ecuatoriano para matar de Raúl Reyes y los “falsos positivos”

Cuadros de pie de página:

Antanas Mockus / Partido Verde

Hijo de inmigrantes lituanos, este excéntrico académico, fue alcalde de Bogotá en dos ocasiones (1995-1997 y 2001-2003). En su gestión, redujo en un 40% la tasa de homicidios, saneó en parte las finanzas, introdujo el presupuesto participativo y mejoró la calidad de la educación, salud e infraestructura

Noemí Sanín / Partido Conservador

Fue ministra de Comunicaciones en el gobierno de Belisario Betancourt, cuando en 1985 el M-19 ocupó el Palacio de Justicia en una acción guerrillera, ordenó televisar un partido de futbol en lugar de la crisis política. Ha sido embajadora en Venezuela, España y Reino Unido, y canciller con César Gaviria

Rafael Pardo / Partido Liberal

Ocupó cargos públicos durante los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, siendo ministro de Defensa con este último. Fue nombrado Consejero Presidencial para la Paz, lo que hizo que guiarse los procesos de paz con el M-19, EPL, PRT y Movimiento Quintín Lame. Participó también en los procesos de Paz de Guatemala

Gustavo Petro / Polo Democrático Alternativo

Fue senador de 1991 a 1994 y de 1998 a 2006, destacándose por su valentía en denunciar las complicidades entre paramilitares, militares y gobierno, así como las violaciones de Derechos Humanos y la corrupción. Estuvo dos años en la cárcel, donde fue torturado, por ser miembro del grupo guerrillero M-19

Germán Vargas Lleras / Cambio Radical

Desde 1994, ha sido cuatro veces elegido para el Senado colombiano. Preside uno de los partidos con más nexos e implicaciones con los paramilitares, teniendo varios miembros expulsados o privados de libertad por los procesos de la parapolítica. Ha sido editor y director del Semanario Nueva Frontera

La lucha por el control del cuarto poder

PANORAMA LOS CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS PROVOCAN EL ENFRENTAMIENTO ENTRE GRUPOS MEDIÁTICOS Y GOBIERNOS

La pelea por los cambios políticos en América Latina se debate y realiza desde los medios de comunicación.

Decio Machado / Quito (Ecuador)

http://www.diagonalperiodico.net/ Número 117

Los grupos tradicionales luchan por no perder el oligopolio que durante años han disfrutado. Sus mayores amenazas, según sus propias respuestas, son los cambios legislativos y las decisiones de unos gobiernos que no consiguen poner a su favor, como puede pasar en Venezuela, Ecuador o Bolivia. Mientras, estos procesos gubernamentales no consiguen atraer a los sectores más populares, que ven insuficiente la apuesta por la configuración de medios comunitarios y alternativos de desarrollo popular.

Los procesos democráticos de América Latina se enfrentan a un debate en profundidad que debe servir para repensar las relaciones entre capital, poder político y mediático. Los medios se han consolidado como herramientas y actores de defensa de los intereses y objetivos de los conglomerados financieros y políticos a los que pertenecen.

La oligarquía latinoamericana ha empleado los medios como su arma principal para el control de sus ciudadanos. Los años ‘70 y a principios de los ‘80, bajo las dictaduras militares, son el mejor ejemplo de esta realidad. Según la investigadora Eva Golinger, “en este modelo, el pueblo está excluido del poder y su acceso al conocimiento y a la información está rígidamente limitado por una minoría elitista que mantiene acaparado el poder económico, mediático y político”.

Para el escritor uruguayo Fernando Arellano Ortíz, “la realidad de los medios en el continente es que son dispositivos de control social que controlan, restringen y clasifican los flujos de información”.

En todos los países en proceso de cambio, los medios de comunicación han intervenido como un actor militante claramente opuesto a los gobiernos progresistas. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil en un primer momento, Paraguay o más recientemente Uruguay son ejemplos de un periodismo político militante que goza de impunidad sobre la información que publican. En Honduras, los medios de comunicación formaron parte de la trama golpista, y en la actualidad son el principal valedor del Gobierno de facto de Micheleti.

Información o poder En el caso de Venezuela, los medios de comunicación fueron la herramienta para crear una atmósfera pregolpista y el principal vocero del golpe de Estado en abril del 2002; en Ecuador, han relacionado a Rafael Correa con el narcotráfico o con fraudes electorales, llegándose a los insultos a través de editoriales y columnas de opinión; en Paraguay vincularon al presidente Lugo con la guerrilla de las FARC; en Bolivia definen al Gobierno como “terrorista” e incluso han acusado al presidente Evo Morales de contrabandista; o recientemente en Uruguay quisieron vincular el descubrimiento de una alijo de armas a una supuesta rearticulación del brazo armado del Movimiento Revolucionario Tupamaro, en complicidad con el electo José Mujica. En todos y cada uno de los casos, no han existido sanciones penales sobre los responsables de la intoxicación informativa.

En cada país, los grupos mediáticos pertenecen a un pequeño grupo de familias, las cuales tradicionalmente han dominado la vida económica. Los objetivos mediáticos son claros: erosionar a los gobiernos progresistas; polarizar a las sociedades; deslegitimar la restitución de los Estados tras la época neoliberal y al propio sistema democrático.

Según el director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, “la libertad de expresión es un imperativo categórico en democracia, pero estos grupos no tienen legitimidad democrática. Por consiguiente, no pueden llevar una política sistemática de acoso y derribo de gobiernos”.

Sin embargo, la decisión del presidente Chávez de no renovar la concesión de frecuencia a Radio Caracas Televisión que venció en 2007 o las tres sanciones recibidas por Globovisión en Venezuela o la decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones de suspender por tres días las emisiones de Teleamazonas en Ecuador por falta de veracidad en sus noticias son interpretadas por los conglomerados mediáticos como medidas autoritarias que restringen la libertad de expresión y la libertad de prensa.

El debate sobre una legislación que regule los sistemas de comunicación comenzó en Venezuela con la aprobación en diciembre del 2004 de la Ley RESORTE. Su objetivo, establecer una serie de controles y sanciones para frenar los abusos en la manipulación de la información. En Uruguay, en diciembre de 2007, se aprobó la Ley de Radiodifusión Comunitaria gracias a la cual se otorgaron 38 licencias a radios comunitarias y están pendientes otras 200. Recientemente se aprobó una nueva ley de medios en Argentina [ver página 29], y en la actualidad la Asamblea Nacional de Ecuador y el Parlamento brasileño debaten sendos proyectos de ley con la finalidad de articular leyes acordes con sus constituciones y democratizar el acceso a la información.

El propio presidente Correa, en el ejercicio de la presidencia pro tempore de la Unidad de Naciones Suramericanas (UNASUR), ha llegado a proponer la creación de un organismo regional que controle a los medios de UNASUR. Propuesta que está pendiente de debatir por los presidentes sudamericanos.

¿Por qué América Latina no debe firmar los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea? (Parte II)

Autor: Decio Machado // Quito (Ecuador)

Comparativo sobre Propiedad Intelectual

Marco general

La propiedad intelectual es un tema que se resuelve en varios niveles que convergen desde lo multilateal a lo nacional, pasando por acuerdos regionales, declaraciones conjuntas y acuerdos interbloques. El marco general que define los estándares mínimos y las categorías generales surgió desde la OMC (1) a través del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Además, existe un enorme conjunto de compromisos suscritos por distintos grupos de países que se someten en distinta medida a proteger los derechos de propiedad intelectual.

Algunos de estos Acuerdos se refieren específicamente a categorias de materias específicas y principios de derecho articulados a marcos de arbitraje bilaterales.

En este contexto, durante las dos últimas décadas, los países desarrollados desplegaron una estrategia más agresiva para afianzar el modelo global de control de la propiedad intelectual, mediante la realización de los Tratados de Libre Comercio bilaterales (estimados por el Banco Muncial en màs de 200 acuerdos sólo a nivel regional) que definen las reglas específicas de la nueva economía del conocimiento.

Sin duda, el prinpical promotor de estos acuerdos en la región ha sido EEUU, sin embargo, la UE logró consolidar tambièn importantes avances. Dada la actual crisis económica, para los países europeos es vital asegurar beneficios para sus principales empresas y tomando especialmente en cuenta la importancia que tienen la industria farmacéutica en la composición de sus exportaciones.

La economía del conocimiento se cimienta en el sistema de propiedad intelectual, que comprende un conjunto de derechos a cumplirse mediante la aplicación de un sistema de control compuesto por instrumentos legales e institucionales que defienden los intereses de las compañías llamadas innovadoras. Dicha economía protege no solo los inventos, sino tambièn la inversión que se hace para lograrlos. "Desde un punto de vista económico, los derechos de propiedad intelectual otorgan al objeto protegido una restricción importante de movilidad, apropiación, utilización, aprovechamiento económico y, por consiguiente, de la posibilidad de ser transzada en el mercado" (2).

Marco multilateral

Principales características del ADPIC

- Las decisiones que se tomaron con respecto a este acuerdo fueron un requerimiento para el ingreso en la OMC.
- La solución de diferencias fue sometida al Mecanismo de Solución de Diferencias del ADPIC.
- Las flexibilidades sobre las normas de propiedad intelectual dejan de ser un asunto interno de cada país y pasan a definirse en un marco multilateral.
- No admisión de exclusiones de la aplicación del sistema de patentes a sectores industriales como el farmacéutico (3) y (4).
- Reconoce los principios del GATT (TN y NMF).
- Establece estándares mínimos de protección para cada una de las categorías de propiedad intelectual. A partir de los cuales los países pueden normar en su legislación una protección más amplia.
- Contempla el principio de libertad de los miembros para establecer "el método adecuado" para aplicar las disposiciones del ADPIC.

Marco Bilateral (los TLCs)

En general, los acuerdos de este tipo siguen un patrón definido de negociación en donde la mayoría de temas se repiten sin importar con que país o grupo de países se suscriban. En cuanto a propiedad intelectual, sin duda los esfuerzas más significativos de avance del sistema de regulación y control son los TLCs firmados por EEUU. La característica principal de los mismos es que definen normativas para todas las categorías de derechos de propiedad intelectual contempladas en el ADPIC ampliando sus niveles de protección y observancia.

Por otro lado, la UE que, como ya se indicó, también ha realizado mùltiples acuerdos en la región, sigue una estructura de negociación distinta con respecto a propiedad intelectual. En lugar de trabajar las categorías de propiedad intelectual una por una y por capítulos diferenciados, como lo hacen los EEUU, la UE "sigue una aproximación que se apoya en la arquitectura internacional de los tratados existentes en la materia, buscando diferentes grados de compromiso y adhesión a ellos" (5). Al respecto, la estrategia consisten en tres pasos: primero reiterar el compromiso con acuerdos ya firmados; segundo, se compromete a los países a asumir ciertos tratados multilaterales y, tercero, se establece, de manera facultativa, el compromiso de adherir a otros tratados.

La Propiedad Intelectual en los acuerdos entre UE-México y UE-Chile

En estos dos acuerdos se incorpora la propiedad intelectual de manera sucinta, limitándose a la confirmación de adhesión y al cumplimiento de otros acuerdos de carácter multilateral. En el caso de Chile, se establece el compromiso de "conceder y garantizar una protección adecuada y efectiva a los derechos de propiedad intelectual acorde con las más elevadas normas internacionales". Esto último abre la discusión acerca de qué se entiende por "las más elevadas normas internacionales", por un lado hay quienes consideran que esto pone a Chile y México bajo los mismos estándares europeos, norteamericanos y japoneses; y por otro se sostiene que esto supedita a los latinoamericanos solamente a los estándares que tengan una aceptación generalizada cómo es el caso de ciertos acuerdos.

Convenios ratificados por Chile

- Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial (Acta de Estocolmo, 1967).
- Convenio de Berna, para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París, 1971).
- Convención de Roma, convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.
- Convenio para la Protección de Obtenciones Vegetales ("Convenio UPOV 1978") o Convenio Internaconal para la protección de las obtenciones vegetales 1991 ("Convenio UPOV 1991").
- Acuerdo sobre los ADPIC.

Convenios adheridos por Chile (desde el 1ro de enero de 2007)

- Arreglo de Niza: Referido a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de Marcas. Es un tratado de clasificación que formaliza prácticas generalmente ya adoptadas por los países ADPIC.
- Tratado de Derecho de Autor de la OMPI (TODA-Ginebra, 1996). Este acuerdo no causó mayores problemas a Chile ya que lo había ratificado previamente a la negociación.
- Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas de la OMPI (TOIEF- Ginebra, 1996). Este acuerdo no causó mayores problemas a Chile ya que lo había ratificado previamente a la negociación.
- Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT): Esta es la convención que causó mayores debates en Chile, ya que “permite al solicitante de una patente que una única solicitud en formato estándar, sea presentada en la oficina Internacional (OMPI) y que sea aceptada por todos los países miembros del PCT que el mismo solicitante haya designado”. Permite a la empresa innovadora pedir, en un solo movimiento, protección para la misma invención en todos los países que este quisiera. También concede plazos adicionales para el registro.
- Arreglo de Estrasburgo: Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes. Es un tratado de clasificación que formaliza prácticas generalmente ya adoptadas por los países ADPIC.

Además y siguiendo perfectamente la estrategia europea, Chile se comprometió a acceder a otros acuerdos, muy polémicos para antes del 2009, cómo por ejemplo el Tratado de Budapest, sobre el reconocimiento Internacional del depósito de microorganismos a los fines de procedimiento en materia de patentes. “que permite que el depósito de un microorganismo efectuado en un solo banco de cultivos satisfaga el requisito de divulgación en todos los países adscritos al tratado (7)". Además Chile se comprometió a ser parte del Convenio para las Protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada (Ginebra 1971) y al Arreglo de Locarno en que se establecen clasificaciones sobre diseños industriales y el Tratado sobre el Derecho de Marcas.

En el caso específico de Chile, la UE establece un marco regulatorio para la producción y exportación de vinos referido fundamentalmente a indicaciones geográficas.

De esta forma la UE utiliza el marco multilateral sobre PI para la regulación de la mayor parte de derechos referidos al tema.

Convenios ratificados por México

El documento final acordado entre México y la UE es muy similar al chileno. Sin embargo no menciona el Convenio UPOV.

Principales avances de los TLC (ADPIC plus) en cuanto a Propiedad Intelectual en la región

El principal objetivo que buscan los acuerdos bilaterales de libre comercio llevados a cabo desde la UE y los EEUU es extender y enraizar su propio marco jurídico con respecto a derechos de propiedad intelectual, mediante una normativa bastante agresiva que se conoce como “ADPIC-plus”.

A nivel temático los principales intereses de los países desarrollados y de las empresas transnacionales son:

- Uno de los temas (ya trabajado anteriormente en un informe de la UAP-C) de mayor impacto para los países en desarrollo es la recategorización como materia protegida de los datos de prueba e información no divulgada relativos a medicamentos, agroquímicos y productos digitales. Tanto los EEUU como la UE exigen el uso exclusivo por al menos 5 a 10 años de los datos de prueba, condicionando el uso de terceros a la autorización del titular de la Patente. Según lo planteado, las autoridades nacionales de reglamentación en los países en cuestión no podrían utilizar, durante largos periodos, los datos proporcionados por una empresa titular de la patente de un medicamento para autorizar la fabricación de una versión genérica de dicho fármaco, en el caso andino el período se extendería a once años.

Con respecto al ámbito de la negociación con los países andinos, existen una serie de estudios de impacto realizados en el Ecuador y otros países suscriptores de TLC que estiman los costos que tendría para la economía el adoptar estas resoluciones. Los resultados son dispares, sin embargo, en general se prevé que las pérdidas por cuanto aumento de precios de los medicamentos y agroquímicos serían cuantiosas. Por ejemplo, un estudio realizado por el Sistema de la Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador (SIPAE) (8), determina pérdidas para la producción agropecuaria mayores de 90 millones por año. Por otro lado, en Colombia se han realizado estudios que estiman costos por 290 millones de dólares, como resultado del decreto 2085 (de corte ADPIC plus), equivalente al acceso a medicamentos de casi 500 mil personas (9).

- Otras implicaciones fundamentales fueron la ampliación del periodo de duración de una patente (10) por demoras injustificadas en su concesión y la ampliación del espectro de patentabilidad (11).
- Extensión de la protección a segundos usos.
- Limitación a los países suscriptores a la aplicación de la política comercial, mediante la interdicción al uso de instrumentos como las licencias obligatorias (12) y las importaciones paralelas.
- Conformación de mecanismos más estrictos en cuanto a observancia de derechos de PI. Basta con observar que Chile fue considerado uno de los tres países -después de China- con mayor incumplimiento de las normas antipiratería en el mundo, y el mayor de Sudamérica cuando es evidente que es en Colombia donde hay mayor piratería en la región.
- Establecimiento de nuevos marcos de arbitraje para la resolución de controversias, incluyendo las reclamaciones no basadas en infracciones.
- Reducción de la posibilidad de aplicación de flexibilidades que incluso el ADPIC admitía, como a los medicamentos y a los derechos de autor.

También es importante tener en cuenta la influencia que ha generado en la región la política de PI norteamericana. Un caso emblemático es el DR-CAFTA en donde se contempló que los centroamericanos debían adoptar medidas internas que mitigasen los efectos restrictivos de su articulado para que autoricen expresamente el inicio de trámites para la elaboración productos farmacéuticos y agroquímicos antes de la expiración del período de exclusividad de los datos de prueba, incluir excepciones a la exclusividad de datos para casos de emergencia y disponer la caducidad del plazo de exclusividad en caso que el producto no se comercialice dentro de un período determinado. A consecuencia de lo cual se aprobó en 2006 una ley de propiedad intelectual que define el mecanismo de concesión de plazos de exclusividad para datos no divulgados y que abre la posibilidad de conceder efectos extraterritoriales a un registro sanitario concedido en el extranjero.

El interés de los EEUU y la UE es el diseño de un sistema global que aumente las exigencias y las sanciones para que se cumpla con las normas de "propiedad intelectual". El objetivo es establecer ventajas monopólicas para las empresas llamadas innovadoras.

Para la UE es vital lograr ponerse a la par a nivel comercial y administrativo con EEUU en la región, a fin de mantener su categoría de “Centro”. Su estrategia es marcar mínimas diferencias con los norteamericanos tanto a nivel retórico como práctico, mostrándose como un bloque más conciliador nombrando los acuerdos bilaterales como de asociación y no como TLCs, incluyendo elementos como diálogo político y cooperación y evocando el establecimiento de un proceso de integración interregional orientado al desarrollo a pesar que su propuesta no se diferencia de manera esencial de la propuesta aperturista de los EEUU.

No se consideran estrategias de mitigación de los impactos de la protección de los derechos de propiedad intelectual, tales como subsidios, importaciones paralelas, utilización de estrategias de carteles de consumidores a nivel nacional o regional o preferencias en las compras estatales a productos genéricos.

Notas:
(1) Antes el GATT, se daba libertad a los países de aplicar según su criterio las resoluciones de las convenciones internacionales.
(2) Los Derechos de Propiedad Intelectual en los Acuerdos de Libre Comercio celebrados por apíses de Amèrica Latina con países desarrollados, Pedro Roffe y Maximiliano Santa Cruz, CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, Serie Comercio Internacional, Santiago de Chile, Abril de 2006.
(3) Los países desarrollados aplicaron estas exluciones para desarrollar sus industrias cuando las mismas estaban en formación inicial.
(4) Según la CEPAL "La decisión 385 del Acuerdo de Cartagena no permitía el otorgamiento de patentes para, entre otros, los productos farmacéuticos y medicamientos. Sin embargo muchos países de la región mantuvieron desde su primera ley de patentes la exclusión a los medicamentos, la que fue prohibida a partir de los ADPIC".
(5) Ídem.
(6) Ver art. 179 del AdA UE Chile
(7) Implementación de la Potrección de Datos de Prueba de Productos Farmacéuticos y Agroquímicos en DR-CAFTA-ley modelo, Carlos Correa, Universidad de Buenos Aires, Octubre 2006.
(8) El TLC y los Plaguicidas, Antonio Gaybor S., Carlos Nieto, Ramiro Velasteguí, Sistema de Investigación de la Problemática Agrícola del Ecuador -SIPAE-, Quito, 2007.
(9) Modelo Prospectivo de Impacto de la Protección a la Propiedad Intelectual sobre el Acceso a Medicamentos en Colombia, Ernesto Cortes G, Alvaro Zerda S, Devis Sarmiento, Augusto de la Hoz, Organización Panamericana de la Salud, -Oficina regional de la OMS, Fundación Instituto para la investigación del medicamento en los sitemas de Salud, Bogota, 2004.
(10) Según el estudio de la OMS ya citado, en Colombia, la prolongación de la duración de las patentes causaría un impacto estimado de 420 millones, perceptibles desde el 2025, correspondientes al 14% del valor de mercado y afectando el acceso a medicamentos a 2,5 millones de personas. El mismo estudio prevé una mortalidad estimada que va desde 90 eventos en el año 2005 hasta más de 4500 muertes en el 2022.
(11) Ídem: Impacto económico estimado por ampliación del espectro de patentabilidad: 1200 millones de dólares (15% del mercado y 2 millones de personas). Estos impactos se materilizarían principalmente en los estratos sociales más bajos.
(12) Se refiere a la autorización pública.

La frontera de Colombia llegó hasta Caracas

VENEZUELA-COLOMBIA INFILTRACIÓN PARAMILITAR EN TERRITORIO VENEZOLANO

La penetración del paramilitarismo en Venezuela se ha ido extendiendo a lo largo de toda la cordillera andina, acercándose a la costa, donde se encuentran los polos industriales del país y su capital.

Decio Machado. Maracaibo (Venezuela)

23 de diciembre de 2009. Periódico DIAGONAL número 116

El 3 de noviembre, tras el asesinato de dos agentes de la Guardia Nacional por paramilitares colombianos, el Gobierno de Venezuela movilizó a 15.000 militares con el fin de cerrar su frontera con Colombia. Ese mismo día, el vicepresidente y ministro de Defensa venezolano, Ramón Carrizález, declaraba: “Los militares fueron vilmente asesinados por bandas paramilitares que intentan posicionarse en esta región del país, todo dentro del plan de desestabilización que nosotros hemos venido denunciando desde hace tiempo”.

La frontera colombo-venezolana tiene una extensión de 2.219 kilómetros, de los cuales la mitad es zona selvática. Es un territorio donde los habitantes de las dos naciones han mantenido históricamente relaciones de comercio, familiares o de servicios, y basta recorrer la región para constatar que los ciudadanos de uno y otro lado burlan diariamente la vigilancia fronteriza.

Desde Colombia, analistas y columnistas indican que Chávez tiene “necesidad de contar con un conflicto externo para distraer la atención de la población de sus problemas internos”. Sin embargo, nadie en ese país duda del coste económico de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y el propio empresariado colombiano ha reconocido que “esto significa una reducción de la producción industrial del 10% por la disminución de exportaciones”. En los pasillos del senado colombiano, miembros de la coalición uribista miran hacia el Norte mientras confiesan que “es el precio que tenemos que pagar a cambio de convertirnos en un muro de contención al proyecto expansionista y totalitario del presidente Chávez”.

Pero la realidad de la frontera colombo- venezolana es que por ella transitan más de cien rutas de la droga controladas por los grupos paramilitares Águilas Negras y Águilas Doradas, además de ser una zona de actuación del Frente 33 de las FARC y algunos comandos del ELN. A todo ello hay que agregar la existencia de unos 1.500 contrabandistas de gasolina y un número indeterminado de miembros de grupos que desarrollan diversas actividades delictivas.

Para Wilfredo Barragán –uno de los promotores del primer encuentro juvenil ‘Catatumbo en Marcha’, que tuvo lugar el pasado septiembre, donde se cuestionó el acuerdo para la utilización de bases militares entre EE UU y Colombia–, el problema viene de lejos. Según Barragán, “desde hace tiempo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) consideran al presidente Hugo Chávez objetivo militar. Todos acá sabemos que líderes ‘paracos’ han cruzado y cruzan la frontera venezolana de forma continuada realizando actividades delictivas, siendo el propio Carlos Castaño (uno de los fundadores de las AUC) quien inició este proceso. Desde hace años, el Décimo Frente de las AUC ha mantenido poderosos vínculos en el suroeste andino de Venezuela y han ejercitado desde entonces crímenes, secuestros y cobro de vacunas (extorsiones)”.

Barragán nos recuerda que el Catatumbo colombiano, norte del fronterizo Departamento de Santander, ha sido una de las regiones más golpeadas por la violencia social y política en Colombia. “Se calcula en unas 5.000 las víctimas mortales en los últimos diez años y unos 40.000 los desplazados”, denuncia este líder juvenil. De igual manera, portavoces de la Asociación Campesina del Catatumbo colombiano, que piden mantener su anonimato, denuncian que más de diez años después de la primera masacre protagonizada por las AUC en la zona –en el pequeño poblado de La Gabarra, en agosto de 1999, fueron asesinados 120 campesinos por operativos paramilitares al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso– siguen a la espera de justicia.

“Oficialmente no hay responsables y nuestro Gobierno tiene la osadía de apenas reconocer 36 víctimas en aquella masacre. Desde entonces hasta hoy nuestra región se convirtió en un infierno”, afirman.

Unos kilómetros más allá, en territorio venezolano, Jennifer Galpón, una de las voluntarias de la Misión Bolívar en la zona nos detalla que “ya en diciembre de 1997, incluso antes de la llegada del presidente Chávez a Miraflores, los comandos rurales de nuestra policía detuvieron a siete colombianos paramilitares en esta provincia (Táchira), esto viene de lejos y es la verdadera operación de penetración colombiana en nuestra patria, posiblemente diseñada por los gringos”. Incluso sectores críticos con el Gobierno de Hugo Chávez denuncian haber sido víctimas del paramilitarismo.

Ése es el caso de Rafael Uzcategui, ex guerrillero que luchó clandestinamente en Nicaragua, El Salvador y Honduras, actual secretario de organización del partido Patria Para Todos: “Hemos perdido gente de nuestra organización a manos de los paramilitares, un ejemplo de ello fue el compañero Jorge Nieves, que murió baleado en abril de 2003, mientras dirigía una manifestación a favor de los campesinos en Guasdualito, en Apure, provincia fronteriza con Colombia”.

En mayo de 2004, las fuerzas de orden público venezolanas anunciaron su principal actuación contra los paramilitares en territorio bolivariano. En ella fueron detenidos 120 ‘paracos’ provenientes de Colombia que vestían indumentaria militar venezolana, la mayor parte de ellos en una hacienda cercana a Caracas, propiedad del opositor Robert Alonso, ubicado en aquel momento en Miami.

Según fuentes de la Policía Nacional Bolivariana, “de las confesiones realizadas por los paramilitares detenidos, se deduce una coordinación entre estos y el Bloque Democrático”, pequeño grupo opositor desgajado hace dos años de la Coordinadora Democrática, coalición que reúne la mayoría de partidos y grupos opositores en Venezuela.

A mediados de 2007, Chávez liberó a los paramilitares que quedaban detenidos para entregarlos a Colombia, en un gesto de buena voluntad que pretendía apoyar el proceso de diálogo democrático e intercambio humanitario en Colombia. Otra de las operaciones importantes contra el paramilitarismo fue en enero de 2009, cuando un grupo de 31 colombianos relacionados con los paramilitares fueron detenidos en Petare, barriada populosa y humilde de Caracas. Unos días antes se habían incautado armas, granadas y dos kilos de explosivos C4 en Maracay a 80 kilómetros de la capital venezolana.

Según nos indica el ex ministro de Interior y Justicia venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, “uno de los actores que ha generado mayor violencia en Venezuela es la presencia de paramilitares colombianos, incluidos algunos sectores de Caracas”. Para el militar y dirigente nacional del PSUV, “a partir de 1999, como parte del conflicto social y armado de Colombia, integrantes de uno de los cuatro bloques paramilitares instalados en la línea fronteriza se infiltraron en el país. No es casual que a partir de 2002, año en que se recrudece la guerra, se dispararan los homicidios y secuestros en Venezuela”, advirtiendo que el fenómeno paramilitar es consecuencia de una nueva doctrina que puso en marcha el gobierno de los EE UU. “Estamos en una guerra de cuarta generación, que ya fue declarada, abierta y públicamente, al afirmarse que Venezuela es una amenaza para los intereses de EE UU, tal como lo dijeron en su día Bush, Condolezza Rice y altos mandos militares del Departamento de Estado”, afirma.

Los ‘paras’ llegan a Caracas

Según Juan Carlos Tanus, director de la organización Colombianos en Venezuela, un colectivo de apoyo al inmigrante colombiano, el paramilitarismo colombiano avanza en Venezuela por dos vías: a través de la economía informal, y de la mano de los sectores antichavistas más recalcitrantes. Tanus denuncia que “el paramilitar que viene a hacer el trabajo político se presenta como vendedor. Compra algunas pequeñas propiedades, como los abastos, vende en los puestos de perros calientes, en la buhonería, lo que le permite irse afianzando en el plano social. Ésta es una dimensión del paramilitarismo. En otra, va haciendo acercamientos con las bandas y los distribuidores de drogas, para tener el control de la distribución y el consumo en las barriadas populares, incluso en los sectores de la capital… Llegan, entregan, reparten droga, van afectando a un grueso de la población y, al final, terminan matando a los que estaban controlando, para asumir ellos el control total”.

Para Tanus, el informal es uno de los sectores donde los ‘paracos’ se mueven con mayor impunidad. “Hemos detectado que los famosos ‘presta diario’ son fundamentalmente paramilitares que se hacen llamar ‘compra-venta bolivariana’. Operan en Caracas, en el municipio de Sucre y otras ciudades como Valencia, y es la misma red de paramilitares que presta dinero al sector buhonero. Terminan asesinando a quien le prestan dinero cuando no cumplen, los intereses se mueven entre el 10% y el 100%”.

El periodista y ex vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, relata a DIAGONAL que el paramilitarismo ha creado frentes en varias regiones del país. “Estos tienen nexos con el narcotráfico en Zulia, con el abastecimiento de armas en Táchira, con el adiestramiento y reclutamiento en Carabobo y el lavado de dinero en Nueva Esparta, entre otros”, y prosigue indicando que sólo en Caracas operan el Frente El Hatillo, Frente Miranda, Frente Urbano Petare y el Frente de Avanzada Chacao.

EL ESPIONAJE COLOMBIANO

La crisis interna en el DAS (inteligencia colombiana) permitió la filtración de documentación que revela la existencia de una llamada “Operación Salomón” de espionaje en Ecuador, y los proyectos “Fénix” de espionaje en Cuba y el “Falcón” de espionaje en Venezuela. En estos documentos, que son fruto de un proceso interno y secreto del DAS por “fuga de información”, uno de los declarantes, Carlos Orguela, con cédula colombiana 79.596.402, indica que “los gastos corren por cuenta del DAS y la Embajada Americana a través de la CIA”.

DEL CAMPO A LA CIUDAD

Para Dario Azzellini, politólogo de origen italiano, la penetración del paramilitarismo en Venezuela se ha compuesto de dos fases. En la primera, se desarrolla en el marco legal de lucha contra el latifundio y la distribución de las tierras (Ley de Tierras 2001 y Reforma Agraria). Los paramilitares son utilizados por los terratenientes para actuar en formato sicariato contra los líderes y organizaciones campesinas venezolanas.

Consecuencia de aquel periodo, los paramilitares penetraron fuertemente en los Estados de Zulia y Táchira, implantando cobros de vacunas (pago por protección) y haciéndose con el control del contrabando de gasolina y alimentos, llegando incluso a instalar el toque de queda en algunas poblaciones, supuestamente para combatir la inseguridad ciudadana. La segunda es más reciente, y tiene que ver con su penetración en las grandes urbes. Este fenómeno tiene apenas entre uno y dos años. Los paramilitares se van apropiando del control de barrios periféricos y populares, haciéndose con importantes espacios de la economía informal y la venta de droga. También se erigen como guardianes del orden público, proyectándose como frente de choque contra la inseguridad ciudadana y haciéndose con el control del “prestamismo”. El objetivo de los EE UU en Venezuela no es una invasión militar, lo que podría conllevar incluso un fortalecimiento del proceso revolucionario. El objetivo es que el proyecto bolivariano se caiga solo, y el paramilitarismo, al igual que lo fue la ‘contra’ en Nicaragua, es una de las estrategias, quizás la más importante, de erosión del proceso bolivariano.

IMPLICAN AL MINISTRO DE DEFENSA

El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Ramón Carrizález, aseguró el 17 de diciembre que paramilitares, narcotraficantes y espías colombianos presos en este país vincularon con sus actividades al ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva. Según el dirigente, se ha podido constatar que aparece el nombre de Silva en acciones contra la soberanía venezolana.

“LIMPIEZA SOCIAL” EN TÁCHIRA

El 30 de octubre pasado Venezuela detuvo a ocho paramilitares en el Estado fronterizo Táchira. “Estas personas estaban repartiendo una especie de panfletos propios de las prácticas paramilitares, donde indicaban que se iba a comenzar con una limpieza social, es decir asesinatos, desapariciones”, dijo el ministro de Interior de Venezuela, Tarek El Aissami.

¿TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO?

El 9 de mayo de 2004 fueron capturados y enjuiciados 55 presuntos paramilitares colombianos, descubiertos en la hacienda Daktarí, en las inmediaciones de la ciudad de Caracas, propiedad del cubano anticastrista Robert Alonso. En esa ocasión se acusó al dirigente de preparar un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. 71 personas fueron detenidas posteriormente en el cercano rancho de Gustavo Cisneros, empresario mediático opositor.

¿Por qué América Latina no debe firmar los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea? (Parte I)

Decio Machado / Quito. Ecuador

Los Acuerdos de Asociación (AdA) impulsados por la Unión Europea (UE) son instrumentos jurídicos que buscan en teoría el “fortalecimiento de las relaciones entre las partes contratantes, basándose en los principios de reciprocidad y de intereses comunes”, contemplando tres apartados básicos: la institucionalización del diálogo político, el reforzamiento y ampliación de la cooperación, y el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales a través de la liberalización del comercio.


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¡Yo acuso!

Decio Machado
Sociólogo y periodista

Hiperpresidencialismo, control de la ciudadanía, imposición del comunismo, fraude electoral, ley mordaza, vínculos con las Fuerzas Revolucionaras Armadas de Colombia (FARC) y narcotráfico, talante dictatorial, cercenar la autonomía universitaria o llevar al Ecuador a la bancarrota... son algunas acusaciones que enfrenta el Gobierno a diario.

La crisis de la “partidocracia” hizo que Ecuador se encuentre en un tránsito del poder que existió durante las últimas décadas a un nuevo esquema social, en el cual ya no gobiernan las cámaras del alto empresariado ni la vieja clase política. Esto provoca una brutal reacción de la oligarquía y, en ese sentido, “¡Yo acuso!”.

Yo acuso a las grandes empresas mediáticas del país de no defender el principio de democratización de la información y la construcción de una instancia de poder discursivo ciudadano. De no defender la información veraz como herramienta para discernir, elegir o discrepar, facilitando el debate y la construcción de sociedad. Les acuso de tener lazos con grupos de poder en la oposición, generando intención y direccionalidad en la información, olvidando los principios básicos de la ética periodística. Les acuso de no hacer periodismo, sino política, apostando por nuevos liderazgos en la decadente derecha ecuatoriana con el fin de derribar al gobierno democráticamente elegido.

Yo acuso a los empresarios que especulan con los productos de primera necesidad castigando a la población a fin de desestabilizar al Gobierno.

Acuso a los evasores de impuestos y capitales, por incumplir conscientemente con la normativa fiscal defraudando a la sociedad. Acuso a los empresarios que se resisten al salario de $320 para sus trabajadores, olvidando que de ellos extraen su plusvalía. Acuso a la banca privada que siembra el pánico con falsas alertas de desestabilización del sistema financiero, a la vez que niega créditos a la ciudadanía. También acuso a los caciques del agua, que camuflados en proyectos comunitarios mantienen la potestad de decidir clientelarmente a quienes suministran, resistiéndose a la nueva Ley del Agua.

Yo acuso a la Federación Interamericana Empresarial y a su presidenta Joyce de Ginatta, de mentir cuando dice que este es un país “sin libertad de prensa, sin Cortes independientes, sin seguridad energética”, y de olvidar que las actuales tasas de pobreza vienen heredadas de la era neoliberal.

De igual manera, acuso a los analistas económicos neoliberales, Walter Spurrier, entre otros, que con doctrinas que han generado en los últimos 30 años cada vez más desigualdad, cuestionan la política económica olvidando que este país es de los de mayor crecimiento en la región a pesar de la crisis mundial.

Yo acuso por último, a los empresarios de la educación superior y a las élites de la enseñanza universitaria, que priorizando sus negocios y status quo, han desarrollado un patético sistema educativo como demuestra el informe del Conea. Les acuso de mentir cuando denuncian el intento violar la autonomía universitaria y de manipular a los estudiantes en clara connivencia con organizaciones políticas de la izquierda sectaria.

Parafraeando a Émile Zola, ¡yo los acuso!

Publicado en El Telégrafo de Ecuador, el 14 de diciembre de 2009

Los fantasmas de la represión claman Justicia en El Salvador

Decio Machado / San Salvador (El Salvador)

A raíz de la llegada de Mauricio Funes y el Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN) al gobierno de la República de El Salvador, múltiples voces de la sociedad salvadoreña se levantan clamando investigaciones y justicia ante los numerosos casos de represión y genocidio que han permanecido ocultos en algunos casos hasta treinta años.

La guerra civil salvadoreña, que se prolongó entre 1980 y 1992, dejó un legado de 70.000 muertos y 7.000 desaparecidos, la mayoría civiles a manos de las fuerzas militares, policía y los escuadrones de la muerte organizados desde ARENA, partido político que gobernó durante los últimos 20 años consecutivos hasta el 1 de junio del presente año, fecha en la que tomó posesión como presidente de la República Mauricio Funes por el FMLN.

Asesinatos que marcaron una década

El asesinato del arzobispo de San Salvador

El asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, es un asunto que atraviesa la historia de El Salvador. Este sacerdote, quien fue definido popularmente como “la voz de los que no tienen voz”, fue asesinado mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospitalito de la Divina Providencia el 24 de marzo de 1980. El informe de la Comisión de la Verdad, auspiciado por Naciones Unidas, implicó a los escuadrones de la muerte en su asesinato y en especial a su fundador, Roberto D´Aubuisson.

Sobre su legado queda entre otras la famosa frase: “Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismo hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: No Matar”. “Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla”, dijo el sacerdote un día antes de su asesinato.

Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III nos recordaba: “Mientras la Iglesia era perseguida y sus líderes mas representativos, asesinados, ¿cuál fue la actitud del Vaticano? Yo creo que puede hablarse de cierta complicidad, ya que desde el comienzo condenó la teología de la liberación, impuso silencio a algunos de sus principales cultivadores y los acusó –también a los jesuitas de la UCA- de marxistas sin sentido crítico, de desviarse de la doctrina católica, de politizar la fe y ponerla al servicio de la subversión e incluso de apoyar la violencia”.

En este sentido, se hace interesante recordar las frases cruzadas en la última visita al Vaticano de Monseñor Romero con Juan Pablo II, en las que el ya fallecido Papa le indicaba: “Cuidado, monseñor, que el comunismo ha entrado en la Iglesia!”, a lo que el arzobispo de San Salvador contestó con firmeza: “Santidad, no son los comunistas quienes asesinan a los sacerdotes en El Salvador”.

Para el padre José María Tojeira, rector de la UCA, “el asesinato de Monseñor Romero fue el signo de la apertura de la guerra civil, precisamente el intento de destruir en su persona la misericordia y la racionalidad pacífica que él representaba”.

El actual gobierno salvadoreño ha manifestado su voluntad de poner en marcha la construcción de una plaza estatal en homenaje a Romero y la realización de un video “sobre su vida y legado moral espiritual” con el objetivo de “rescatar su invaluable aporte humanista y preservarlo para futuras generaciones”, al mismo tiempo que indica que estudiará una reparación económica a sus familiares. Todo ello en el marco de cumplimiento de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas en el año 2000 y que ningún gobierno de la derecha quiso acatar.

Adelaída Estrada, portavoz de Concertación Monseñor Romero, coordinación de organizaciones sociales que reivindican la figura del sacerdote, nos indica que su organización exige que el presidente Funes pida perdón en nombre del Estado el próximo 24 de marzo (a los 30 años del asesinato) frente a la catedral metropolitana.

Pero más allá de ello, los responsables gubernamentales no han querido definirse sobre la posibilidad de abrir investigaciones y juzgar a los responsables del crimen.

El asesinato de seis jesuitas y dos asistentes en la UCA

El reconocido catedrático salvadoreño y actual Viceministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Funes, Henry Campos, así como el Magistrado de la Corte Suprema, Sidney Blanco, declararon ante la Audiencia Nacional española el pasado 26 de noviembre por los asesinatos de los seis jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) acontecido el 16 de noviembre de 1989. Ambos fueron los fiscales encargados de la acusación en el proceso que se llevó a cabo en El Salvador contra nueve militares por este caso. Dicha querella fue promovida por el Center For Justice & Accountability de San Francisco (EEUU) y la Asociación Pro Derechos Humanos en el Estado español.

En estos hechos fueron brutalmente asesinatos los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, Ignacio Martín Baró, vicerector, junto a otros tres religiosos españoles y uno salvadoreño, al igual que una trabajadora doméstica y su hija de 16 años que en aquel momento se encontraba en la residencia de estos.

Ambos ex fiscales declararon que el proceso tuvo claros “obstáculos en la investigación hacia arriba”, añadiendo que “la investigación se limitó a buscar responsables desde el coronel (Guillermo Alfredo) Benavides hacia abajo”.

A pesar de que en los primeros días tras el asesinato, el gobierno salvadoreño acusó de los homicidios a la guerrilla del FMLN, llegando a decir el entonces presidente Cristiani que los guerrilleros habían reinvidicado los crímenes a través de Radio Venceremos; el coronel Benavides, director de la Escuela Militar de San Salvador y el teniente Yussy Mendoza, fueron condenados a treinta años, aunque ambos liberados catorce meses después, en 1993, tras promulgarse la Ley de Amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en El Salvador.

Pero la declaración de los dos notables ante la Audiencia Nacional es contundente: “el juicio fue controlado y se hizo responsable a los intermediarios exculpando a los autores y a los dirigentes de los asesinatos”.

Según documentos desclasificados por la CIA en el 2001, dicho asesinato se gestó premeditadamente durante los tres días previos, la orden fue emitida por el general René Emilio Ponce, entonces Jefe del Estado Mayor, tras una reunión el día de antes con el presidente salvadoreño entre 1989 y1994, Alfredo Cristiani, y el ministro de Defensa, general Rafael Humnero Larios en las dependencias del Estado Mayor, según consta en el informe de la Comisión de la Verdad (elaborado por NNUU), permaneciendo en el interior del lugar hasta después de que se hubiesen cometido los crímenes (ubicado a unos 500 metros de la UCA). Los documentos de la CIA indican que el Departamento de Estado norteamericano tenía constancia previa de la masacre, a través de un informe denominado “Ellacuría assassination” emitido el día antes por William Walker, quien era embajador de los EEUU en El Salvador cuando se perpetró la masacre. Al hacer relación dicho informe a aliados de los EEUU en El Salvador, el documento iba precedido por clasificaciones de “Secret” y “Nodis” (No Distribution).

De igual manera, del estudio de los documentos desclasificados se deduce, según analistas consultados, que el CESID (la agencia de inteligencia española en aquel momento) también tenía conocimiento o barajaba la misma información que los estadounidenses. El gobierno de Felipe González no cambió a su responsable de inteligencia en El Salvador hasta cinco meses después de los sucesos.

En la trama, según en jefe de la misión diplomática estadounidense, también estaba el mayor del ejército Roberto D´Aubuinson. Según el informe de Walker, D´Aubuison había dado orden implícita de “limpiar el nido de subversivos en la UCA”.

Estos asesinatos se dieron en el marco de la ofensiva guerrillera lanzada por el FMLN en la capital salvadoreña, conocida como operación “Hasta el Tope” y planificada como el asalto final, que no se consumó, debido a que la guerrilla decidió retirarse de San Salvador ante la enorme matanza de civiles en los barrios más humildes que emprendió el ejercito.

El proceso de investigación en el que intervinieron los dos ex fiscales estuvo viciado desde el primer momento. El abogado Mauricio Eduardo Colorado, quien había sido nombrado fiscal general siete meses antes, tras el ajusticiamiento por la guerrilla a su antecesor, llegó a tener profundas diferencias con Blanco y Campos, indicándoles según narran los declarantes que no se tomaran tan a pecho su trabajo, pues en aquella atmósfera de suma tensión era mejor no asomar mucho la cabeza. Según los declarantes en la Audiencia Nacional, “el doctor prácticamente amenazaba a los fiscales con que no insistiéramos en la investigación”. Nos decía: “Miren, los acusados son coroneles y estos no perdonan, no son pollos a los que estén asustando. Son coroneles. Yo les pido que se mantengan al margen y que dejen al juez hacer lo que él quiera”.

El 16 de noviembre del presente año, en el marco del aniversario de los 20 años de la llamada “Masacre de la UCA”, el gobierno de Funes homenajeó póstumamente a los jesuitas asesinados, por su labor académica y su contribución al proceso de paz culminado en 1992. Según Funes, “hoy, 20 años después de su cruel asesinato, poner en las manos de los familiares y compañeros (…) el mayor reconocimiento que concede este país, como es la Orden José Matías Delgado, significa, para mí, retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad”.

El padre Jon Sobrino, compañero jesuita de los mártires de la UCA, que salvó su vida por estar en ese momento de viaje a Tailandia para dictar unas conferencias, revelaba sobre sus compañeros asesinados 20 años atrás: “reprodujeron en forma real, no intencional o devocionalmente, la vida de Jesús. Su mirada se dirigió a los pobres reales, aquellos que viven y mueren sometidos a la opresión del hambre, la injusticia, el desprecio, y la represión de torturas, desaparecimientos, asesinatos, muchas veces con gran crueldad”.

Por su parte, Roberto D´Aubuinson murió en 1992 de cáncer sin que fuese juzgado por la justicia, es más, los gobiernos arenistas le levantaron un monumento en la zona noble de San Salvador donde reza la leyenda: “El Salvador será la tumba de los comunistas”.

La impunidad en El Salvador

Estos dos crímenes cometidos contra sacerdotes marcaron los extremos de la guerra salvadoreña: en 1980 con el asesinato de Monseñor Romero, se definía el nivel de violencia y brutalidad que evidenciaba la oligarquía salvadoreña en aras a mantenerse en el poder; y con el de los jesuitas de la UCA, en 1989, se obligó ante el estupor internacional a que los EEUU cerraran gran parte de la ayuda al ejercito salvadoreño, lo que significó la apertura de puertas a la vía de negociación.

Entre ambos, miles de asesinatos y masacres cometidos son suma violencia sobre la población civil, sin juicios ni castigos para los responsables.

La retórica de no abrir puertas al pasado ha convertido en infructuosos todos los intentos de investigar. Todos ellos fueron obstaculizados por la jerarquía militar y política, y el Estado ha negado y sigue negando su obligación de averiguar la realidad y la responsabilidad de estos hechos.

Según Benjamín Cuéllar, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), “la aptitud de las Fuerzas Armadas es cuestionable porque siempre se ha negado a colaborar con la Justicia para la suspensión de la impunidad, un punto que si estaba en los Acuerdos de Paz; lo que no estaban eran las amnistías y las prescripciones de delitos para no investigar”, indicando a su vez que, “la Ley de Amnistía debe ser derogada por tres razones: primero, por razones éticas y de dignidad de las víctimas, porque esa ley siempre ha sido el argumento para no hacer nada; segundo, porque el Estado tiene que cumplir con el mandato de la Comisión Interamericana que exige su derogación; y tercero, porque la ley impide la reconciliación nacional, es la piedra que impide que avancemos hacia una sociedad de paz, con justicia y conciliada”.

Con la Ley de Amnistía General, el Estado ha violado el artículo 2 de la Convención Americana, violando igualmente el derecho a conocer la verdad en perjuicio de los familiares de las víctimas y de la sociedad salvadoreña en su conjunto.

El nuevo gobierno llegó de la mano de un candidato que hizo campaña repitiendo que su inspiración era Monseñor Romero, pero que hasta la fecha ha rehuido de su obligación moral de exigir la apertura de investigaciones, de ordenar que se abran los archivos del ejército y de buscar mecanismos para aclarar los crímenes de guerra. Funes, por miedo, se aferra a contradecir las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exige a El Salvador que derogue la Ley de Amnistía.

Hoy, los fantasmas del arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, así como los de los seis jesuitas mártires de la UCA, junto a su empleada e hija, se levantan del pasado reclamando justicia. Justicia no solo para ellos, sino para los miles y miles de campesinos, sacerdotes, enseñantes, juristas, académicos, universitarios, niños y mujeres asesinados por los escuadrones de la muerte y por el ejército, con la intención de crear el pánico y evitar así cualquier apoyo a la guerrilla, que hoy es gobierno en el pequeño país salvadoreño.

Romero, Ellacuría y Martin-Baró, entre otros, son mártires de un pueblo, y un símbolo a nivel internacional. El símbolo de la atrocidad que es capaz de cometer el fascismo. Para ello, basta una muestra…

Al cumplir este marzo pasado 80 años el profesor e intelectual Noam Chomsky, un periodista le preguntó qué le daba fuerza para continuar en la lucha. “Imágenes como ésa”, respondió, señalando con la mano un cuadro en el que aparece el arzobispo Romero y los seis jesuitas de la UCA.