lunes, 28 de septiembre de 2009

Los apoyos del Gobierno de Micheletti desde el exterior

Países como Colombia, Panamá, Taiwán o Israel y personalidades como Aznar o el presidente de la cadena Globovisión no han dudado en mostrar su apoyo al golpe de Estado.

Decio Machado

A pesar de que la comunidad internacional en su conjunto ha expresado su rechazo al golpe de Estado en Honduras, así como al gobierno ilegítimo encabezado por Roberto Micheletti, el régimen ha ido desarrollando sus estrategias internacionales y recabando los apoyos de los sectores políticos más conservadores del planeta. Algunos de ellos estuvieron involucrados, incluso, en la conspiración que llevó al derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya.

El 20 de julio, en una reunión con representantes hondureños en Bogotá, la delegación golpista encabezada por el canciller de facto, Carlos López, se entrevistó con el presidente colombiano Álvaro Uribe. El eje principal de esta reunión fue “la situación en Honduras, la situación interna que estamos viviendo”, según relataba días después el propio López a los medios de comunicación hondureños.

En aquella ocasión, y a pesar del rechazo internacional a su gobierno, López no tuvo reparos en indicar que Uribe expresó su “simpatía” por el Gobierno de Micheletti y que la reunión se debió a que ambas naciones son “víctimas de agresores externos comunes, como Hugo Chávez”, a quien consideró “una amenaza”. Por su parte, el Gobierno colombiano nunca emitió ninguna declaración para confirmar o desmentir dicha reunión.

Un día después de esa reunión, el vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, alabó a las Fuerzas Armadas golpistas de Honduras por el manejo “responsable” y “profesional” de la crisis. “En Honduras he visto un Ejército responsable de acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y estar metidos en la mitad de una crisis que ellos no la formaron”, dijo
Varela, olvidando que el ejército hondureño no está sometido a las órdenes de la Corte Suprema, pero sí a la orden del Comandante en Jefe Manuel Zelaya.

Sectores ultraconservadores

Pero a nivel oficial, según una nota de prensa publicada recientemente por El Heraldo de Honduras, las embajadas de Taiwán e Israel, son las únicas naciones que hasta el momento han reconocido al Gobierno de Roberto Micheletti.

Tal y como denunciaron los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, también muchos sectores
ultraconservadores del continente han manifestado su apoyo al gobierno de facto en Honduras. Entre ellos destacan las declaraciones públicas realizadas por el presidente de la cadena de televisión venezolana Globovisión, Guillermo Zuloaga, el pasado 17 de julio: “El gobierno de Micheletti está ajustado a la Constitución, y nosotros quisiéramos, nos encantaría que aquí en Venezuela se respetara la Constitución como se está respetando en Honduras”.

En Europa, dos fundaciones han sido las voceras del gobierno golpista. Por un lado la alemana Friedrich Naumann Stiftung (FNS) vinculada la FDP (Partido Demócrata Liberal), que fue denunciada por ello ante el parlamento germano por el grupo Die Linke. La FNS da cobertura en Europa a Carlos Alberto Montaner y desarrolla operaciones propagandísticas en contra
de los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, estando vinculada a la Red
Liberal de América Latina (RELIAL), a la que está vinculado entre otros el grupo FULIDE del terrateniente Branko Marinkovic quien lidera el Comité separatista pro Santa Cruz en Bolivia. Paralelamente, la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, que emitió un comunicado fechado el 15 de julio en el que defiende el derrocamiento por las armas del presidente Zelaya, afirmando que de esta manera se frenó el “afán expansionista” del “proyecto totalitario
del Socialismo del Siglo XXI”.

Apoyo en los Estados Unidos

MITCH MCCONELL
Líder conservador de la Cámara Alta, encabeza a un grupo de 17 legisladores ultraconservadores cuya máxima es que a raíz del golpe en Honduras, “Obama y el Departamento de Estado se unieron a Chávez y sus aliados”. Claramente vinculado a John Negroponte y a Otto Reich.

JIM DEMINT
Senador del grupo ultraconservador religioso ‘La Familia’, con conexiones en la CIA y el Depto. de Defensa. DeMint es uno de los enlaces con los golpistas hondureños y en la actualidad bloquea
desde el legislativo el nombramiento de Arturo Valenzuela como responsable para América Latina del Departamento de Estado.

ILEANA ROS-LEHTINEN
Congresista del Partido Republicano de origen cubano, otra de las conexiones golpista en EE UU. Es conocida en Cuba como la “Loba Feroz” a raíz de su apoyo al secuestro del niño cubano
Elián González y por dar su voto a todas las causas contra Cuba y los movimientos progresistas latinoamericanos.

Publicado en el periódico DIAGONAL el 1 de octubre de 2009

sábado, 5 de septiembre de 2009

Tensión regional en América Latina por las siete bases en Colombia

El acuerdo entre Álvaro Uribe y Barak Obama para la utilización por parte del ejército de EEUU de siete bases en territorio colombiano ha levantado una ola de protestas lideradas por los países del ALBA y Brasil

Decio Machado (desde Bariloche/Argentina)
El pasado 14 de agosto, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llegaron a un pacto provisional sobre el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa ya existente entre ambos países para la utilización de siete bases colombianas por parte de fuerzas militares estadounidenses.
El acuerdo establece el uso norteamericano de las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Malambo, las bases navales de Málaga y Cartagena, y las terrestres de Larandia y Tolemaida. De todas ellas, la que más temor causa en la región es la base de Palanquero, denominada en términos militares como una "base estacional", con una longitud de pista de 3.500 metros, con capacidad simultánea para decolaje de tres aviones de combate supersónicos cada dos minutos. Sus instalaciones tienen capacidad de albergar 120 aviones y 2.000 personas.
Según informes de las Fuerzas Armadas colombianas, dicha base está adecuada para recibir los aviones C-17, destinados al transporte de efectivos militares y material bélico. Se prevé que en 2025 dicha base tenga la capacidad de recibir y movilizar hasta 175.000 efectivos militares con sus correspondientes pertrechos en 72 horas, como una herramienta más para el control por parte de los EEUU de la ruta estratégica del Pacífico. Esta base tiene como finalidad la movilización de ejércitos enteros en un radio que abarca desde Cabo Verde hasta zonas de Oceanía, pasando por todos los países de América Latina y Caribe a través de los C-17 sin necesidad de recibir abastecimiento de combustible.
El acuerdo negociado por ambos países recoge una cláusula de inmunidad para los soldados estadounidenses desplazados al territorio colombiano, lo cual impediría que cualquiera de ellos fuese juzgado por órganos de justicia del país receptor en caso de violación de derechos humanos, crímenes de guerra o cualquier otra trasgresión del derecho nacional o internacional por parte de estos contingentes militares.
La presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región, sólo puede ser explicada en el contexto de los intereses norteamericanos y su estrategia de movilidad global, control de rutas globales y presencia en lugares que permitan la proyección de la fuerza hacia sitios en los que han sido identificados recursos estratégicos, o países cuya "debilidad" pongan en peligro a la "seguridad de la región".
El presidente colombiano Álvaro Uribe definió como objetivos de este acuerdo con los EEUU la lucha contra el narcotráfico y el combate de lo que desde su gobierno se denomina "narcoguerrilla".
Plan Colombia
Tras diez años de aplicación del Plan Colombia, sus resultados aparecen en la actualidad como claramente insuficientes. El plan fue diseñado en 1998, en la época del gobierno del presidente Andrés Pastrana, con el objeto declarado de disminuir el tráfico de estupefacientes, reducir a la mitad las zonas de cultivo ilícito y resolver el conflicto armado interno en esta nación sudamericana.
El Plan Colombia se proponía reducir en 50.000 hectáreas las zonas de cultivo de coca -en aquel momento la mitad del total-, pero pasado el tiempo la reducción se ha limitado a 10.000 hectáreas. La extensión actual de plantaciones de coca en Colombia se calcula en 92.000 hectáreas.
En diciembre de 2005, un informe de la Comisión de Investigación del Senado estadounidense compuesto entre otros por John Kerry y Barak Obama declaraba su preocupación ante estos hechos: "La falta de pruebas evidentes de progresos documentados en la guerra contra la droga y en la neutralización de los paramilitares es desconcertante considerando los millones de dólares aprobados por el Congreso destinados a financiar el Plan Colombia...".
En este sentido, el último informe publicado por la Oficina Nacional contra la Droga y el Delito (ONUDD), órgano vinculado a las Naciones Unidas, titulado Drogas 2009 y publicado a mediados del presente año, señala a Colombia como el mayor productor de cocaína del planeta, con 430 toneladas de producción, el 51% de la producción mundial, seguido de Perú, otro país aliado de los EEUU en la región, con una producción de 303 toneladas, el 36% de la producción mundial.
Publicado en el periódico Diagonal, el 3 de septiembre de 2009

jueves, 6 de agosto de 2009

Colombia, herramienta de desestabilización en la región andina y el diario El País como herramienta de manipulación mediática

Decio Machado

Dentro del despliegue militar del Pentágono en Latinoamérica, la cual incluye maniobras conjuntas, los operativos “humanitarios”, la reactivación desde julio del pasado año de la IV Flota, el Plan Colombia, modernización de FOLs ya existentes y la ubicación de bases militares en distintos puntos del continente, la utilización de siete bases militares sobre territorio colombiano ha abierto una nueva crisis en la región.

Bases militares de EEUU en territorio colombiano

Desde mayo de este año, declaraciones de muy diversa índole, muchas de ellas contradictorias se han ido posicionando por parte de diversas autoridades tanto colombianas como estadounidenses acerca de la reubicación de operaciones militares a partir del desmantelamiento de la FOL (siglas en inglés que significan Puesto de Operaciones Avanzadas) de Manta –Ecuador- a distintos puntos geográficos del territorio colombiano.

Ya en la primera quincena de mayo, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, indicaba que “sin duda” había altas posibilidades de trasladar a Colombia la base militar que operaba en la población ecuatoriana de Manta ante la negativa del presidente Correa de prolongar en convenio militar con los EEUU.

Tal manifestación provocó un aireado reclamo del presidente Chávez, que denunció que la nueva base militar estadounidense se posicionaría en La Guajira (zona fronteriza entre Colombia y Venezuela). En aquel momento, Juan Manuel Santos, aun ministro de Defensa, y hoy aspirante a la presidencia a la Presidencia de la República de Colombia, negó categóricamente dicha posibilidad. Pocos días después, el presidente Álvaro Uribe, rectificaba a su ministro de defensa, indicando que Colombia estaba estudiando esta cuestión.

El pasado 18 de julio se realizó el último despegue de un vuelo de observación de aviones estadounidenses desde la Base Militar Eloy Alfaro de Manta, y el 18 de septiembre dicha instalación militar será recuperada soberanamente por el gobierno y el pueblo del Ecuador, siguiendo el mandato del artículo 5 de su nueva Constitución: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras” y los compromisos electorales de MPAIS con Rafael Correa a la cabeza.

Esta situación obligó al gobierno de los EEUU ha emprender negociaciones inmediatas no solo con Colombia, sino también con Perú, los dos países que quedan en el continente suramericano con gobiernos conservadores.

A primeros de julio, mes y medio después de la confrontación dialéctica entre los presidentes de Venezuela y Colombia, la prestigiosa Revista Cambio (de Colombia), revelaba los acuerdos suscritos entre los gobiernos de Uribe y Obama para el traslado de las actividades militares de la Base de Manta a nada menos que siete bases en territorio colombiano.

A mediados de dicho mes, los ministros colombianos de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y de Interior, Fabio Valencia, así como el comandante de las FFAA, general Freddy Padilla, confirmaban que existía un entendimiento para que naves y personal militar y de agencias antidrogas norteamericanos estén en determinadas bases sobre territorio colombiano.

Tras las revelaciones de la Revista Cambio, la operación norteamericana en Colombia quedó al descubierto ante la opinión pública, saliendo a la luz que durante el mes de junio una comisión de funcionarios colombianos y estadounidenses, encabezada por expertos del Pentágono y del Departamento de Estado, estuvo revisando el borrador de un nuevo acuerdo de cooperación militar entre ambos países, que permitía suplir las funciones que venía cumpliendo la FOL de Manta.

De acuerdo al informe revelado, las bases y su distribución serían las siguientes:

Base Germán Olano de Palanquero
Ubicado al margen del Río Magdalena, en Puerto Salgar. Principal unidad operativa de las Fuerzas Armadas Colombianas. Base de operaciones de aviones dotados con equipos de inteligencia, transporte de tropas y material pesado. Y con infraestructura de dos hangares con capacidad para 60 aviones, con una pista de 3.500 mts., donde pueden despegar 3 aviones simultáneamente.

Base Aérea Alberto Pouwels Rodríguez en Malambo
Sede del Comando Aéreo de Combate No. 3. Opera en el área del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla y presenta múltiples ventajas logísticas y operativas. Es base habitual de operaciones de aviones A-37B, llamados "los dragones del Caribe", que se usan en misiones contrainsurgentes, y de un escuadrón táctico compuesto por más de 300 helicópteros. Desde allí operaría parte de la flotilla de aviones P-3 Orión, más conocidos como "aviones espías".

Base Aérea Capitán Luís Gómez, en Apiay
Es la punta de lanza de las operaciones contra los frentes del bloque oriental de las FARC. Allí se concentran las operaciones de una flota de aviones AT-27 Tucanos y Supertucanos. La base sería el centro de operaciones de aviones de reconocimiento y de los Awacs que son radares volantes de gran alcance.

Base de la Bahía de Málaga y Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena
Serán centros de operaciones de barcos de interdicción en coordinación con aviones P-3 Orión, temidos por los narcotraficantes por su precisión para detectar e identificar blancos en altamar.

El acuerdo contemplaría la utilización parcial de las instalaciones colombianas, diferenciándose del acuerdo firmado para Manta en 1999, por la ampliación de operaciones hacia el Caribe (Océano Atlántico) y cooperación en la lucha contra el terrorismo. Adicionalmente, el Presidente de Colombia anunció el 16 de julio de 2009 que Colombia está interesada en que esa presencia llegue a por lo menos otras dos bases donde ya hay personal asignado de Estados Unidos: Fuerte Militar Larandia, en Florencia y Fuerte Militar de Tolemaida.

Todo ello con una cláusula que indica la renuncia a toda reclamación de indemnización por daños, pérdidas, destrucciones o muertes causadas en el desarrollo de las operaciones militares, así como la inmunidad para todos los miembros de la misión, tanto militares como civiles, frente a las autoridades judiciales colombianas.

Gira de Uribe por el continente

Los posicionamientos de varios países latinoamericanos cuestionando la instalación de bases norteamericanas en Colombia, hizo que el presidente Álvaro Uribe activase una gira relámpago por diversos países de Suramérica.

Uribe arrancó su gira el martes 4 de agosto, visitando Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, donde concluyó en la tarde del jueves 6. La visita relámpago de Uribe apenas ha tenido resultados efectivos en Perú, donde Alan García aseguró haber llegado con Uribe a un “buen acuerdo”, y criticó que Colombia sea víctima de acusaciones sin fundamento de algunas naciones latinoamericanas, en clara alusión a Venezuela y Ecuador.

De los países visitados, Bolivia fue claramente el más crítico, manifestando que pedirá en la UNASUR, en concreto en su Consejo Suramericano de Defensa, rechazar bases militares extranjeras en América Latina. Los demás países manifestaron su preocupación ante estos hechos y una alerta sobre la inestabilidad que esto causa en la región, aunque posicionaron de forma muy diplomática su respeto a la soberanía colombiana, pidiendo transparencia en los acuerdos.

En resumen, Colombia tendrá que afrontar un duro trance el próximo 10 de agosto en el Consejo de Defensa Suramericano, teniendo que dar respuesta a los reclamos y preocupación de múltiples países de la región. Sin duda, el mecanismo de consenso adoptado por UNASUR para la toma de decisiones, salvará a Colombia de la condena, aunque su aislamiento en el contexto regional va siendo cada vez mayor.

El papel de Colombia en UNASUR

Las recientes declaraciones del vicepresidente colombiano Francisco Santos indicando que UNASUR podría “morir” por el hecho de que Ecuador asuma la Presidente Pro Témpore, vienen a dejar claro el rol de obstaculización que Colombia desarrollará durante todo el próximo año en la Unión de Naciones Suramericanas.

Su constante papel de obstaculizador en el grupo de trabajo sobre mecanismo de solución de controversias en materia de inversiones, grupo propuesto por Ecuador en su búsqueda de una alternativa regional al CIADI (centro dependiente del Banco Mundial y al servicio de las transnacionales norteamericanas y europeas), así como su negativa en primer momento a incorporarse al Consejo de Defensa Suramericano, indican una posición clara de freno en todo lo que tiene que ver con el proceso de integración latinoamericano y su desarrollo.

Colombia desarrolla así, un rol estratégico en la zona, no solamente como un elemento de desestabilización regional, sino como un país que ejerce de freno en todo lo concerniente a integración regional. Sin duda, es la cabeza de puente de los intereses norteamericanos en el continente, poco interesados en la posibilidad de construcción de una América Latina unida y trabajando en pro de sus intereses.

Un nuevo intento por desviar la atención

En su estrategia de guerra sucia mediática, Colombia denunció, a través de su vicepresidente Santos, que las FARC contaban con un poderoso arsenal comprado por Venezuela a Suecia, que incluía armas antitanques y lanzacohetes y que había sido
confiscado por el ejército colombiano.

Ya en varios operativos hemos podido recuperar arsenales de las FARC. Hemos encontrado municiones potentes, equipos potentes, armas antitanques que un país europeo le vendió a Venezuela y que aparecieron en manos de las FARC”, fueron las palabras utilizadas por Santos para incrementar la tensión, desviar la atención de la problemática de las bases estadounidenses en su país y desestabilizar una vez más la región.

El propio Uribe echaba más carne al asador, posicionando un llamamiento internacional: “Que la comunidad internacional en todas partes nos ayude. Estos bandidos han podido acudir históricamente a muchas fuentes de armas. Hemos sabido por inteligencia que ahora están buscando comprar unos artefactos tierra-aire, para atentar contra nuestros aviones”.

Incluso el propio gobierno sueco pidió explicaciones al presidente Chávez ante la incautación de dicho armamento en un campamento de las FARC, reconociendo que estas armas habían sido vendidas a Caracas en 1988 por Saab Bofors Dynamics, filial de Saab AB y fabricante de los lazacohetes antitanques AT-4.

Una vez más, los gobiernos limítrofes con Colombia han tenido que desacreditar las tesis uribistas de intervención en el conflicto interno que arrastra este país desde 1948.

El pasado 5 de agosto, el propio presidente venezolano, Hugo Chávez, tenía que salir a los medios de comunicación aclarando que los lanzacohetes venezolanos incautados a las FARC son “inservibles”, y fueron usados por el gobierno de Colombia para una nueva maniobra “sucia” contra su gobierno.

Chávez, demostró a través de un análisis de las fotografías enseñadas por Colombia, que los dispositivos que las FFAA colombianas dicen haber incautado, “son desechables (…) y estaban disparados”.

De igual manera, demostró que las armas suecas incautadas a las FARC y propiedad de la Fuerza Armada de Venezuela fueron robadas en 1995, antes de su mandato, por la insurgencia colombiana en 1995 en un ataque al puesto naval venezolano de Cararabo, mostrando un acta de la fecha donde se señala que la guerrilla se llevó todo: “municiones, 18 fusiles automáticos livianos (…) y cinco lanzacohetes AT4”. En dicho ataque, murieron 14 marinos venezolanos.

La estrategia de manipulación mediática colombiana

La estrategia de manipulación mediática utilizada ya desde hace años por Colombia conlleva varios tentáculos no solamente internos, donde el control sobre los medios de los uribistas es total (hoy divididos ante la pugna entre el ex ministro de Defensa Santos y Uribe por la presidencia de dicho país). En su plano externo, Colombia, a través de una alianza mediática con grandes grupos mass media norteamericanos y europeos, tiende a posicionar sus versiones por encima de las demás en los periódicos y demás medios de comunicación más importantes del planeta.

La última demostración de esta manipulación mediática viene de la mano del grupo PRISA y su medio de comunicación más relevante, el diario El País en el Estado español.

PRISA, multinacional de medios de comunicación cercana políticamente al PSOE, es el mayor accionista del grupo Caracol, el cual a su vez es el grupo mediático más importante de Colombia.

El Grupo PRISA maneja también Unión Radio, la mayor red de emisoras radiales en lengua española con 28 millones de oyentes repartidos, además de Colombia, en España, EEUU, México, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Siendo este grupo propietario a su vez de los diarios españoles El País, Cinco Días, Diario Jaén, El correo de Andalucía, Odiel de Huelva o La Voz de Almería, así como las plataformas informativas Radiópolis en México, Padahuel en Chile o El Nuevo Día de Bolivia. No es casualidad que en junio de 2005, Álvaro Uribe agradeciera la “fe y confianza” de los inversionistas extranjeros en Colombia, al inaugurar la que entonces era la nueva sede de Caracol Radio, y condecorar con la Orden Nacional al Mérito al ya fallecido presidente entonces del Grupo PRISA, Jesús de Polanco. “Esta nueva inversión de Caracol en Colombia, en esta ocasión liderada por el Grupo PRISA, es una muestra de confianza en nuestra patria”, indicaba Uribe en esta ceremonia.

Caracol Radio está integrada en el Grupo Latino de Radio (GLR), un holding de más de 1.200 radios que PRISA controla en América Latina, además de televisiones, varios diarios de prensa, portales de Internet y encuestadoras. Bajo la cadena de Caracol operan más de 10 cadenas de emisoras en AM y FM en distintas frecuencias de todo el país andino.

Todo ello con una vinculación directa a más de 136 multinacionales españolas que operan en territorio colombiano y que condicionan de manera permanente el posicionamiento del gobierno español con respecto a las violaciones de derechos humanos en Colombia. En este sentido, BBVA, SCH, Gas Natural, Unión Fenosa, Cepsa o Repsol, por enunciar algunas, son fácilmente identificables como clientes del departamento de publicidad no solamente de Caracol o del diario más influyente de Colombia, El Tiempo, cuyo capital esta repartido al 50% entre la familia Santos y el grupo español Planeta (uno de los grupos mediáticos más conservadores en el Estado español), sino de sus múltiples empresas de comunicación a lo largo y ancho del continente.

En este contexto, uno puede leer en el diario El País textos sobre Honduras como los publicados el 31 de julio por Antonio Caño, corresponsal de dicho periódico en Washington:

En un plano subterráneo, sin embargo, la Administración norteamericana –especialmente el Departamento de Estado- ha entendido que esta crisis, por insignificante que pareciera en su nacimiento, podría equivaler, adecuadamente manejada, al principio del fin del chavismo en América Latina. Es decir, el fin de una doctrina que predica el populismo, la confrontación con Estados Unidos y la acomodación de las leyes nacionales a la consolidación de un largo régimen. Para ello, Estados Unidos ha contado con la complicidad, al menos silenciosa, de varios países latinoamericanos que tienen los mismo recelos hacia Chávez, aunque no se atrevan a expresarlos en público”.

Al día siguiente, el pasado 1 de agosto, El País publicaba un artículo de Maite Rico titulado “El dinero perdido de las FARC”, donde la periodista pretende establecer los nexos de las FARC con el gobierno ecuatoriano, indicando entre otras cosas:

Un mensaje de Raúl Reyes, muerto en el ataque colombiano contra su campamento en Ecuador, anuncia, en octubre de 2006, la aportación de 400.000 dólares (285.000 euros). La cifra coincide con las sumas ingresadas en efectivo en esas fechas en la cuenta bancaria de Alianza País, el partido del entonces candidato Correa, y con los gastos de campaña no justificados ante las autoridades electorales.

El presidente ecuatoriano ha rechazado con vehemencia cualquier contacto o aportación de las FARC. Pero con unas evidencias cada vez más comprometedoras, Correa, (…), parece estar cambiando de estrategia: sugiere que alguien pudo haber usado su nombre para sacarle dinero a la guerrilla (…).

Un análisis del conjunto de los correos electrónicos hallados en los ordenadores de Raùl Reyes, a los que ha tenido acceso EL PAIS, permite reconstruir la bitácora de los contactos con bastante precisión”.

Indica la periodista de El País, ignorando la desacreditación realizada por analistas de la Secretaría General de la OEA sobre la información contenida en dichas supuestas computadoras, así como el rompimiento de la “cadena de custodia” y los análisis realizados desde otras instancias especializadas.

Y continúa haciendo afirmaciones que tratan de demostrar que la candidatura del actual presidente del Ecuador estuvo financiada por las FARC, de manera específica en la segunda vuelta. Llegando a decir:

Mientras todo esto ocurría, las autoridades colombianas se desesperaban ante la falta de colaboración de sus pares ecuatorianos”.

¿Quién es Maite Rico?

Es considerada como una de las periodistas estrella del diario El País. Sus artículos se han caracterizado últimamente por panfletos uribistas, y ya el 9 de marzo del año pasado publicó en este mismo periódico un artículo titulado “Así fue la Operación Fénix”, donde cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia, lo cual significó un fuerte protesta del gobierno ecuatoriano hacia el diario español por falta de veracidad en la información.

Para los desconocedores de este personaje, esta señora es popularmente conocida en el mundo de la información por su tendencia pro norteamericana, así como por embestir contra todo aquello que suene a progresismo en América Latina. Junto con Bertrand de la Grange , Rico publicó libros como “Marcos, la genial impostura” (1998), intentando desprestigiar la figura del subcomandante Marcos de Chiapas, libro por cierto que fue fuertemente abalado por el The Washington Post o el Diario de las Américas (órgano de expresión de la “gusanera de Miami”) o “¿Quién mato al Obispo?” (2004), donde trata de descubrir quien mató al obispo defensor de los derechos humanos en Guatemala, Juan Gerardi. En el libro de Francisco Goldman sobre el asesinato de Gerardi, el autor afirma abiertamente que la Rico y La Grange recibieron importantes sumas de dinero del mismísimo Álvaro Arzú (político y empresario guatemalteco, presidente de este país entre 1996 y 2000), con la finalidad de que este asesinato quedara en el misterio y los militares encausados por el crimen fueran rehabilitados.

Ambos libros son considerados en el mundo de la política y del periodismo de investigación serio como “novelas policíacas”, más que como libros que ayuden a documentar históricamente la realidad de los temas que tratan.

Una de sus grandes perlas literarias se dio en la revista Letras Libres en febrero del 2007, donde esta licenciada en Historia, especializada en desvirtuar la Historia, cuestionó que los huesos trasladados desde Bolivia a Cuba e instalados desde 1997 en el mausoleo del Che en Santa Clara, correspondiesen a la figura del mítico guerrillero. Tanto Rico como La Grange, no tuvieron ningún rubor en contradecir las declaraciones de Harry Villegas, alias “Pombo”, compañero del Che en la guerrilla boliviana, como a los médicos forenses y argentinos que asistieron el reconocimiento del cadáver, como al propio biógrafo estadounidense Jon Lee Anderson, al cual Maite Rico definió como “ingenuo”, un personaje con “afán de protagonismo” y “agresivo” con sus detractores.

La argumentación de esta más que cuestionada periodista, consistía en definir la identificación y posterior traslado de los huesos, como “una mentira de Estado”, diseñada por Fidel Castro con el fin de desviar la atención y manipular a la opinión pública cubana, de la grave crisis que se cernía sobre la isla.

Una vez más el diario El País, así como su reportera Maite Rico, vienen a demostrarnos con el artículo publica el primero de agosto, que la supuesta veracidad de la información que emiten, o la ética profesional periodística a la que debieran estar sujetos, carece de cualquier tipo de fundamento y código ético.

Lo que no publica El País ni Maite Rico

El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández, en su declaración del pasado mes de febrero ante Carlos A. Camargo Hernández, fiscal noveno de la Fiscalía General de Colombia, denunciaba que los hermanos Santiago y Álvaro Uribe (hoy presidente de Colombia), participaron en la planificación de crímenes en el norte del departamento de Antioquia.

Una confesión anterior del paramilitar, en la que no comprometió a los Uribe, fue utilizada hace dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Colombia fuese condena por una masacre cometida en el caserío El Aro entre el 25 y el 29 de octubre de 1997.

Allí unos 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al mando de Mancuso y Castaño, y en complicidad con las fuerzas de orden público, asesinaron campesinos, violaron mujeres, saquearon negocios y robaron aproximadamente 900 cabezas de ganado.

Murieron al menos a 15 campesinos “en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento”, según el fallo de la CIDH. En esa misma sentencia, el CIDH denuncia que “(…) como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción comunal de El Ario pidió protección a la gobernación de Antioquia, la cual no fue otorgada”, cuando Uribe aun ejercía esta gobernación.

Según publica el pasado 4 de agosto el Nuevo Herald, quien obtuvo la copia completa de la declaración de Villalba el pasado febrero, el paramilitar indica: “Álvaro Uribe nos dijo que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos”, al describir una reunión en la que participaron líderes de las AUC, dando luz verde a la masacre.

Villalba indica en su declaración que tres días antes de la toma paramilitar de El Aro, hubo una reunión en casa de un terrateniente del municipio de La Caucana –Antioquia-, donde además de los hermanos Uribe, se encontraban líderes de las AUC y mandos militares de la IV Brigada, donde se “gestó” todo el plan. Villalba también indica que Santiago Uribe “siempre fue conocido en la organización porque todavía tiene un bloque de Autodefensas en Santa Rosa de Osos”.

En enero de 2007, Francisco Enrique Villalba fue trasladado a Medellín para declarar contra el militar Juan Manuel Grajales por similar masacre cometida en esta ocasión en La Balsita, municipio de Dabeiba –Antioquia- en noviembre de 1997.

También allí fueron asesinados 15 personas, y en su declaración indica: “también estaba el hermano de Álvaro Uribe, Santiago, que prestó como 20 pelados (sicarios) para eso”.

jueves, 23 de julio de 2009

Golpe de Estado en el patio trasero de Estados Unidos

Decio Machado (desde Washington)

HONDURAS ¿PARTICIPÓ EE UU EN EL GOLPE DEL 28-J?
¿Conocía Obama que se iba a producir un golpe de Estado? La teoría de la implicación de EE UU, o por lo menos de sus sectores más conservadores, gana peso.
A pesar de que Honduras pueda parecer un país insignificante, con apenas 7,5 millones de habitantes, el 60% de ellos en situación de pobreza y una de las tasas de asesinatos más altas del planeta, continúa siendo un territorio de importancia geopolítica para Estados Unidos.

Según César Lazo, secretario general de la Unión de Escritores y Artistas de Honduras (UAEH), “los que piensan que el golpe de Estado en Honduras es el resultado de una simple pugna de poder entre grupos de la oligarquía nacional tienen un análisis de enfoque reduccionista”. Y añade: “La intervención norteamericana en Honduras es parte del plan que conspira contra el ALBA con el fin de parar los cambios redentores de nuestros pueblos”.

Aunque hay diferentes hipótesis sobre el golpe, entre investigadores y analistas destacan las que tienen que ver con la participación de EE UU. Según Manuel Freitas, especialista en inteligencia estratégica, “hay dos lecturas que se hacen del objetivo golpista: una, que fue una maniobra interna de los halcones conservadores contra Obama utilizando Honduras como teatro de operaciones; la otra, que se trató de una operación de doble cara orientada a posicionar la estrategia Obama en la región, principalmente en relación con los presidentes izquierdistas que conforman el ALBA”.

De igual manera opinan los principales sectores movilizados en el interior de Honduras. Juan Barahona, uno de los dirigentes del Bloque Popular en Honduras, nos indica que “parece impensable que el golpe de Honduras se haya dado sin apoyo desde Estados Unidos, y más impensable es que sin tal apoyo hayan resistido a la unánime presión internacional y a la presión del pueblo de Honduras, la cual está paralizando el país”.

En contraposición con otros golpes en la región, la reacción de la comunidad internacional fue inmediata. En apenas 24 horas respondieron presidentes y cancilleres de 34 países latinoamericanos. Inmediatamente, estos países fueron respaldados por los 192 de la ONU. En un hecho sin precedentes, todos los Gobiernos del planeta condenaron el golpe y exigieron la restitución del presidente legítimo.

En los pasillos de la OEA y la Casa Blanca era fácil escuchar conversaciones que indicaban que si era verdad que el presidente Obama no había estado al tanto del golpe, además de una insubordinación militar y golpe en Honduras, se produjo también una insubordinación o una forma de golpe de Estado en EE UU contra el presidente Obama, protagonizado por sectores ultraconservadores del Pentágono y del Departamento de Estado con objetivo de boicotear –a través de Honduras–, sus políticas de acercamiento con Chávez, Cuba y los presidentes del ALBA.

¿Y los intereses de EE UU? Aunque Honduras fue definida como República Bananera dado el control absoluto que ejerció la United Fruit Company sobre el país, en estos momentos los intereses económicos norteamericanos se basan en las maquilas y en 150 transnacionales que tienen inversiones directas de más de 968 millones de dólares.

En el ámbito militar, destaca la base militar de José Soto Cano, una de las tres bases subordinadas al Comando Sur norteamericano, donde se ubica la fuerza de tarea conjunta ‘BRAVO’, conformada por efectivos del Ejército, fuerza aérea, de seguridad y el 1º Batallón Regimiento Nº 228 de la aviación de Estados Unidos. La base cuenta con 600 efectivos militares estadounidenses, 18 aviones de combate HU-60, Black Hawk y CH-47 Chinook. El 31 de mayo del año pasado, el presidente Zelaya anunció que sería utilizada para vuelos comerciales y se inició la construcción de una terminal civil financiada con fondos del ALBA.

De igual manera, en el contexto del ALBA se conversaba sobre la reserva petrolera del Río Patuka, misma zona que el anterior Gobierno hondureño, presidido por Ricardo Maduro, había ofrecido a EE UU para construir otra base militar en la región de Mosquitia.

Zelaya había tenido ya notables diferencias con el Gobierno norteamericano. En diciembre de 2008 envió una carta personal a Barack Obama pidiendo al nuevo Gobierno estadounidense que respete el principio de no intervención, acusándolo a su vez de utilizar las visas de entrada en EE UU como “mecanismos de presión”, además de rechazar las declaraciones “inapropiadas” de sus embajadores en Latinoamérica. Zelaya indicaba textualmente en esa misiva: “La legítima lucha contra el narcotráfico u otras nuevas amenazas no deben ser utilizadas como excusa para llevar a cabo actividades de injerencia en los demás países”. Zelaya también señalaba “la urgente necesidad de revisar y transformar la estructura de la ONU”, a la vez que recomendaba el diálogo para solucionar las diferencias con Venezuela y Bolivia.

El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que la manera de EE UU es trabajar con sus socios para que se restablezca el orden democrático y, poco después, Hillary Clinton posicionaba al presidente costarricense Óscar Arias como mediador en el conflicto.

Al mismo tiempo que la Secretaría de Estado norteamericana indica que no va a suspender la ayuda económica a Honduras, que incluye partidas para la financiación operativa de las Fuerzas Armadas, la policía y los servicios de inteligencia hondureños, se busca por todos los medios que sea un país aliado, como Costa Rica quien dé la solución del conflicto, lo que conllevaría la renuncia de los posicionamientos más radicales en materia de soberanía y democracia participativa por parte de Zelaya, y además evitaría que fuese el ALBA quien pudiera capitalizar el triunfo de la democracia en América Latina.

MANUEL ZELAYA, DE HIJO DE TERRATENIENTE A LÍDER POPULAR
Manuel ‘Mel’ Zelaya, hijo de terratenientes, antes de dedicarse a la política, desarrolló negocios forestales y ganaderos. En 1987 fue nombrado directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y presidente de la asociación gremial de los madereros. Ingresó en 1970 en el Partido Liberal Hondureño siendo diputado en varias ocasiones y desde donde desarrolló cargos públicos. En 2006, tomó posesión como presidente de Honduras. Durante la campaña se presentó como un honrado hombre de campo, de palabra directa y franca, desligado de la clase política, creyente, y con mano firme para combatir la corrupción.

Como mandatario apoyó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y EE UU (CAFTA), en medio de fuertes movilizaciones populares en contra. A pesar de ello, se acercó al Gobierno de Chávez e introdujo a Honduras en Petrocaribe, alianza en materia petrolera signada por varios países caribeños para adquirir combustible venezolano en condiciones de financiamiento preferencial, pagando el 50% en un plazo de 90 días y el resto en 25 años, con un interés del 1%.

Con el tiempo, su discurso evolucionó hacia el liberalismo socialista, la crítica al intervencionismo de los EE UU, el apoyo a Cuba y las invocaciones a Dios.

Ante un país extremadamente pobre, Mel corona su conversión ideológica incorporándose al ALBA. Durante los primeros 32 meses de gobierno, Zelaya enfrentó 722 conflictos sociales de diversa magnitud, incluidos paros cívicos. Definido por la oligarquía como “un traidor a su clase”, Zelaya termina de colmar las iras de los poderes fácticos de su país, elevando el salario mínimo y estableciendo una consulta popular no vinculante que tenía como finalidad saber si la ciudadanía estaba de acuerdo en que en los próximos comicios se colocase una cuarta urna para votar un referéndum y dar paso a un proceso constituyente.
El embajador Hugo Llorens
Hugo Llorens, de origen cubano, fue asignado embajador de EE UU en Tegucigalpa en abril de 2008 por la administración Bush. De 2002 a 2003, años del golpe de Estado y golpe petrolero en Venezuela, Llorens fue director de Asuntos Andinos del Consejo Nacional de Seguridad en Washington, siendo el principal asesor de Bush en temas relacionados con Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador.

Con anterioridad, este diplomático ejerció funciones ya en Honduras, Bolivia, Paraguay, Filipinas y en El Salvador, donde fue Coordinador de Asuntos Narcóticos. Llorens admitió que en la noche del 21 de junio, seis días antes del golpe, participó en reuniones donde se discutieron planes de golpe antes del secuestro del presidente Zelaya. Este diplomático que antes de su carrera en el Servicio Exterior fue adjunto a la División Internacional del Chase Manhattan Bank en Nueva York, ha sido un estrecho colaborador de Otto Reich, Roger Noriega y Elliot Abrams (halcones del Gobierno Bush), y prometía a su llegada a Centroamérica: “…profundizaré el comercio recíproco y los flujos de inversión (norteamericanos), derivados del TLC para Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR)”.

Roberto Micheletti
Roberto Micheletti (en la actualidad, popularmente conocido en Honduras por Goriletti), presidente golpista, estudió Comercio en los EE UU para luego dedicarse a los negocios en el sector transporte. Fue soldado de la guardia de honor presidencial de Villeda Morales a principios de los ‘60 y es conocido por representar al sector más reaccionario de su partido. Aspiró en primarias a ser el presidenciable del Partido Liberal de Honduras para las elecciones de noviembre, pero conocido por su autoritarismo, sed de poder e ignorancia se vio derrotado por Elvin Ernesto Santos (vicepresidente de Zelaya).

Fue nombrado en la era Zelaya presidente del Congreso Nacional, cargo que ejerció hasta el golpe de Estado del 28 de junio. Comenzó su carrera política local en los ‘80 como presidente del Consejo Local del Yoro, donde siempre se hizo elegir diputado al Congreso Nacional. Aparece en una lista de narcotraficantes redactada en una fecha no precisada por un alto oficial del Ministerio de Defensa y Seguridad Pública de Honduras, que lo relaciona con el Cartel de Cali.

Billy Joya
El escuadrón de la muerte Billy Joya Améndola fue nombrado por Micheletti como ministro asesor. En los ‘80 era uno de los principales dirigentes del Batallón de Inteligencia 3-16, responsables del secuestro y desaparición de cerca de 400 opositores políticos, y fundador de los escuadrones de la muerte ‘Lince’ y ‘Cobra’. Ha sido uno de los destacados violadores de derechos humanos en Honduras, y se le acusó de al menos once ejecuciones directas bajo el pseudónimo de ‘Doctor Arranzola’. También fue responsabilizado del secuestro y tortura de seis estudiantes, aun hoy cuatro de ellos están desaparecidos desde principios de los ‘80.

Trabajó en Argentina a las órdenes de uno de los principales represores, Guillermo Suárez Mason, entre cuyas actividades destacan el secuestro de niños durante los últimos años de la dictadura. El Gobierno español solicitó la extradición de Joya sucesivas veces desde 1985, aunque fueron paralizadas por el sistema judicial hondureño, impidiendo su detención por la Interpol. En 1995 se emitió una orden de captura contra él, refugiándose curiosamente en España hasta 1998, cuando fue expulsado.

viernes, 3 de julio de 2009

Un nuevo acto de soberanía: Ecuador denuncia al CIADI

Por Decio Machado

El presidente Rafael Correa, firmó en 2 de julio el Decreto Ejecutivo número 1823 mediante el cual el Ecuador denuncia y da por terminado el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El Convenio fue suscrito el 15 de enero de 1986, durante el gobierno del fallecido León Febres Cordero, líder de ideológico de la derecha más reaccionaria del Ecuador y cuyo gobierno pasará a la memoria por ser uno de los más represivos de la historia de este país.

El actual mandatario ecuatoriano firmó el decreto justo un mes después de que la Comisión Legislativa y de Fiscalización –el poder legislativo- se pronunciara a favor de esa solicitud planteada por el gobierno.

La denuncia de ese tratado se fundamenta en el artículo 422 de la Constitución (aprobada por plebiscito popular el pasado 28 de septiembre), en la cual se dispone que “no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.

Esto significa que el Ecuador desde el día de hoy no se someterá al arbitraje del CIADI por las controversias jurídicas que se registren en los contratos firmados con entidades privadas internacionales.

¿Qué es el CIADI?

El CIADI es una institución arbitral privada del Banco Mundial con sede en Washington, creada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Su fundamentación principal es dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.

El CIADI se fundó como consecuencia del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, que entró en vigor el 14 de octubre de 1966, y está financiado por el propio Banco Mundial. Entre sus funciones se establece como principal, que el CIADI facilitará la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados contratantes y nacionales de otros Estados contratantes, en un procedimiento de conciliación y arbitraje. En realidad su objetivo es tutelar y proteger los intereses de las corporaciones internacionales, en caso de controversias, conflictos, disputas, “entre inversores particulares (multinacionales) y Estados.

Adicionalmente, el CIADI realiza estudios académicos sobre legislación de arbitraje y elabora publicaciones sobre el arreglo de diferencias respecto de las inversiones internacionales.

Su Secretario General, en la actualidad, desde marzo de este año, la canadiense Meg Kinnear (antes de su nombramiento ejercía como directora general del Trade Law Bureau de Canadá), se encarga de nombrar árbitros a pedido de las partes para establecer procedimientos de arbitraje ad-hoc, especialmente en el contexto de las reglas de arbitraje de la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional).

En la segunda mitad del siglo pasado, las empresas transnacionales han aumentado su poder mediante normas e instituciones especialmente diseñadas para dotarles de protección generalizada a los inversores privados extranjeros. Estas polémicas protecciones han sido promovidas por el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, las mismas que se convierten en norma a través de los tratados bilaterales de inversiones (TBI) y se hacen cumplir a través de tribunales de arbitraje internacionales, como es este CIADI.

Bajo la lógica de la seguridad jurídica a las inversiones, lo que subyace en el CIADI es la intencionalidad clara de protección de los inversores por encima del derecho público nacional e internacional, sin garantías para los Estados, quedando desprovistos de mecanismos de impugnación como la apelación y otros recursos. El arbitraje se realiza carente del principio de justicia, no son órganos judiciales, significa la privatización de la justicia donde una parte tiene doble calidad es juez y parte, lo que viene a significar una dependencia y una subordinación jurídica de los derechos de los Estados en paneles privados de arbitraje.

El CIADI dotó a las compañías transnacionales –llamados inversionistas- con de un organismo internacional que ayuda a proteger su rentabilidad en el extranjero. No es un organismo independiente, dado que es parte del Grupo del Banco Mundial, del cual recibe su financiación, y por más que los países suscritos a esta institución logren construir argumentos a su favor, el fallo del CIADI siempre está determinado de una carga ideológica a favor de los inversionistas. Este fue el leit motiv de su creación y también de su actual existencia.

Los casos dirimidos en el CIADI carecen de imparcialidad jurídica, es hecho se cae por su propio peso simplemente analizando la conformación de los tribunales que se organizan en sus causas: cada parte nombra un árbitro, pero quien nombra el árbitro dirimente siempre es el Presidente del Banco Mundial en coordinación con el Secretario General del CIADI.

Si observamos una panorámica del plano internacional, encontramos que solo a finales de 2007, el total de controversias internacionales en materia de inversiones había alcanzado un total de 293, de las cuales 187 se sometieron al CIADI. Dichos casos involucraban al menos a 73 gobiernos, siendo 44 de ellos pertenecientes al grupo de los países en desarrollo, de los cuales 78% se amparan en supuestos incumplimientos de obligaciones de acuerdos bilaterales de inversión (TBIs), de los que hablaremos posteriormente.

Antecedentes históricos

Fue la agresión llevada a cabo por Inglaterra, Alemania e Italia contra Venezuela (1) para dirimir con Estados Unidos las áreas de influencia en territorios americanos, escudada en el cobro compulsivo de deudas morosas y el reconocimientos de reclamaciones pendientes, a pesar de que sobre estas últimas el gobierno venezolano mantenía objeciones doctrinarias sustentadas en principios del derecho internacional, lo que dio pie a dos doctrinas que en la región fueron el punto de partida de una tradición jurídica regional de defensa a ultranza de las prerrogativas territoriales del Estado nacional en materia de inversiones hasta la década de los ochenta.

Doctrina Drago. La llegada a Buenos Aires de la noticia de la intervención europea en Venezuela generó una preocupación generalizada tanto en las esferas de poder como entre la ciudadanía. A los ojos de importantes sectores de la europeizada élite argentina, la injerencia de las potencias europeas fue percibida como una amenaza a la región. En el Congreso, la intervención de Gran Bretaña, Alemania e Italia en Venezuela generó la división en dos grupos: el de aquellos sectores partidarios de efectuar una declaración de solidaridad sudamericana y el de los proclives a no adoptar ninguna medida que pudiera generar tensiones en los lucrativos vínculos argentinos con Europa.

En esas circunstancias, Luis María Drago, ministro de relaciones exteriores argentino entre agosto de 1902 y julio de 1903, preparó una nota, protestando por los sucesos de Venezuela, con fecha 29 de diciembre de 1902 y dirigida al embajador argentino en Washington, Martín García Merou, para que éste la presentara al gobierno norteamericano. La nota incluyó lo que más tarde se dio en llamar la Doctrina Drago. El argumento central de esta doctrina sostiene que "la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea (2)".

Doctrina Calvo. Doctrina surgida de los trabajos del jurista argentino Carlos Calvo, según la cual, cualquiera que viva en un país extranjero debe solucionar sus conflictos en los tribunales nacionales de ese país.

Sin embargo la posición de los países latinoamericanos cambian en los años ochenta, en una América Latina que sufría la “Operación Condor”, las dictaduras militares, los desaparecidos y las violaciones de derechos humanos, dándose paralelamente un clima de debilidad de la soberanía nacional, y en este sentido la aceptación de los arbitrajes del Banco Mundial.

Elementos como la acumulación de deuda externa, los planes de ajuste estructural provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consenso de Washington, vinieron a significar liberalización de mercados, flexibilización laboral y privatización de las empresas y sectores públicos.

Los años setenta fueron una época de fuerte presión por parte de las políticas más voraces del neoliberalismo, con fuertes injerencias y chantajes políticos y económicos provenientes del FMI, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y por otro una complicidad de los gobiernos latinoamericanos, gran parte de ellos manchados de sangre y todos inmersos en la corrupción.

La aceptación del sometimiento a los organismos internacionales de crédito generaron una domesticación de las élites gobernantes latinoamericanas y el efecto de “obediencia debida financiera”, condenando al mismo tiempo el desarrollo de la “América morena”.

La llamada “santidad de los contratos” como un verdadero dogma de fe, a favor de las cada vez más poderosas empresas multinacionales, forman parte del menú para la aprobación de todos estos contratos, tratados y convenios, que han tenido como finalidad la “estimulación” para el desembarco de los inversores en las economías latinoamericanas, los cuales llegaban como supuestos “salvadores”, que como se ha podido ver inmediatamente, nunca salvaron nada, pero dejaron economías de “mercados” abiertos, desregulados y defensas las nacionales legales desactivadas.

En ese contexto, la tradicional defensa de la soberanía latinoamericana frente al arbitraje internacional comenzó a debilitarse, y a mediados de la década de los 80 y en la de los 90, los gobiernos del continente van aceptando entre otras condiciones de las instituciones de Bretton Woods, las condiciones del CIADI.

Los gobernantes latinoamericanos, más preocupados en dar buenas señales a los inversores y a los organismos internacionales de crédito, se olvidan de sus ciudadanos, de la soberanía de sus pueblos, de sus responsabilidades constitucionales, comprometiéndose a través de tratados de sometimiento carentes de garantías de ninguna clase, a las voluntades del capital extranjero, llegando incluso a privatizar la justicia. La consecuencia fue que hoy, muchos países latinoamericanos son víctimas de estos procesos estructurales de injusticia económica.

¿Qué son los TBIs?

Son acuerdos o contratos firmados para la protección de los inversores nacionales de uno de los países signatarios en relación a las inversiones en el territorio del otro país signatario.

Por lo tanto, la violación a lo acordado en el tratado es considerado como una violación al derecho internacional (en virtud del principio pacta sunt servanda), como consecuencia, los conflictos de inversión están doblemente protegidos, tanto por las normas del derecho internacional, cuanto por los acuerdos establecidos en este tipo de Tratados.

En este sentido, los TBIs son los mecanismos por medio de los cuales se determinan las reglas aplicables, sus alcances y el proceso, y en muchos casos se amplían las normas contempladas tanto a nivel nacional como internacionales.

Los TBIs protegen las inversiones, el problema está en la definición y alcance de este término, ya que para muchos inversionistas de países “desarrollados”, todas las actividades que desempeñan en los países en vías de desarrollo, son concebidas como inversión, y por tanto gozan de esta protección que les favorece frente al perjuicio que se causa en muchos casos al Estado.

También existe un debate sobre el tema de la “propiedad intelectual” como materia que estaría concebida como inversión, por lo que a través de un TBI se podría favorecer los intereses que en este ámbito tienen las grandes empresas transnacionales en contra de los legítimos intereses de los Estados.

Sin embargo, no hay una “norma internacional” con relación a la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) considerados como inversiones que pueda ser invocada en el contexto de las obligaciones bilaterales para cumplir con “las normas internacionales más exigentes” impuestas en algunos acuerdos de inversión.

Pero los TBIs y los capítulos de libre comercio de los acuerdos de inversión van más allá de las normas internacionales en la medida que amplían los derechos de propiedad intelectual no abarcados en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC e incorporan el principio de “trato nacional” sin las excepciones estipuladas en los tratados internacionales.

Los TBIs son acuerdos entre dos países con el objeto de proteger a los inversores de uno de los países que invierte en el otro país signatario. Sin embargo, son las empresas e inversionistas de uno de los países, los que acogiéndose al TBI que tiene firmado su país con el otro, directamente demandan al Estado que supuestamente violó dicho TBI.

La duración de los TBI representan una limitación y una violación a la independencia y soberanía de los Estados, ya que en los mismos las partes estipulan la duración que tendrá dicho tratado, pero adicionalmente se contempla una clausula de “prorroga” en virtud de lo cual un tratado subsiste luego de la denuncia realizada por una de las partes, en el plazo estipulado, generalmente en 10, 15 o 20 años. En este lapso –entre la denuncia y el fin de la jurisdicción del CIADI- un Estado puede ser requerido para un proceso arbitral, y el mismo se llevará a cabo a pesar de que con anterioridad el Estado haya denunciado dicho tratado.

En resumen, las principales características de los convenios es que incorporan una definición amplia de inversiones y su remisión a su legislación interna; se establecen incentivos y garantías generales especialmente en materia tributaria, sobre expropiación y compensaciones, se ajustan a modelos liberales; se establece la libre transferencia de recursos; sobre solución de controversias, se adopta el procedimiento arbitral previsto por el CIADI, así como un mecanismo ad-hoc por acuerdo entre las partes.

En este contexto Ecuador ha suscrito y ratificado 26 TBIs, 10 de los cuales son con países de Europa, 1 con Asia, 2 con América del Norte, 6 con América del Sur, y otros 6 con Centroamérica. Todos ellos fueron suscritos antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, y el presidente Correa ya ha manifestado públicamente su voluntad de denunciarlos todos (9 de ellos ya fueron denunciados y los otros 17 lo serán próximamente) de igual manera que lo está haciendo con el CIADI.

Ecuador en el CIADI

En este momento Ecuador enfrenta 8 demandas ante el CIADI, 5 de ellas se amparan en el incumplimiento de obligaciones de TBIs con Estados Unidos, 1 en el TBI firmado con Francia, y 1 en el TBI firmado con el Estado español. Las empresas multinacionales involucradas son: MCI Power Group L.C. and New Turbine Inc., Noble Energy Inc. and Machala-Power Cia Ltd., Occidental Petroleum corporation and Occidental Exploration and Production Company, Murphy Exploration and Production Company, Burlington resources Inc. and others, Perenco y Repsol YPF SA.

Países latinoamericanos con demandas en el CIADI.

Brasil es el único país integrante del MERCOSUR que no se adhirió al CIADI. Argentina firmó el convenio en mayo de 1991; Paraguay firmó en julio de 1981; Uruguay se adhirió en mayo de 1992. En el resto de países de América del Sur, el convenio del CIADI entró en vigencia en octubre de 1991 en Chile, en septiembre de 1993 en Perú, en junio y julio de 1995 en Venezuela y Bolivia respectivamente y en agosto de 1997 en Colombia.

El convenio del CIADI permite a los Estados retirarse de este tribunal de arbitraje, mediante el artículo 71 del convenio, que establece que la denunciación producirá efecto seis meses después de recibida la notificación de denuncia y no afecta a los arbitrajes cuyo “consentimiento” haya sido otorgado antes de dicha notificación. Todo intento de dar consentimiento por parte de un inversor, luego de la notificación de denuncia, sería estéril.

Hasta la fecha, los países latinoamericanos y caribeños enfrentan 59 casos pendientes en el tribunal del CIADI, siendo Argentina, con 31 demandas pendientes de arbitraje (20% de las demandas a nivel mundial y 70% de las demandas a nivel regional), el país latinoamericano más denunciado ante este organismo internacional.

Mayoritariamente las demandas corresponden a sectores de actividad vinculados con los recursos naturales, basados tanto en la explotación de petróleo, gas y minería como en la elaboración de alimentos; y también con el sector de servicios, en la generación provisional de electricidad de agua potable.

El antecedente boliviano

Actualmente Bolivia enfrenta dos procesos de arbitraje con empresas transnacionales en el CIADI: Eurotelecom Internacional (ETI) y Quiborax. El monto demandado por la segunda empresa es de 40 millones de dólares. El caso de ETI, por Entel, el arbitraje está detenido este años.

Bolivia firmó el convenio del CIADI el 3 de mayo de 1991 y lo ratificó a través de la Ley 1593, el 12 de agosto de 1994. El acuerdo entró en vigor el 23 de julio de 1995 y el gobierno de Evo Morales lo denunció y renunció el 29 de abril de 2007.

Los argumentos anti CIADI planteados por Bolivia dos años atrás fueron: los fallos del CIADI son definitivos, no cabe recurso de apelación; no son neutrales, de 232 casos sentenciados hasta aquella fecha, 230 fueron a favor de las empresas y contra los Estados; la injerencia del CIADI contradice la Constitución política del Estado de Bolivia (artículo 135) y el Tribunal constitucional ya lo declaró incompetente; el organismo sólo presentarían demandan las empresas; sus metodologías serían arbitrarias y poco claras; no acepta audiencias con peticionarios externos, se reuniría a puertas cerradas; la defensa de los Estados en esta instancia resulta ser muy costosa, dada la necesidad de contratar abogados en los Estados Unidos.

Como se verá, estamos hablando de los mismos conceptos que el Ecuador expone hoy para denunciar su convenio con el CIADI.

En el marco de UNASUR y en la agenda de la presidencia Pro Tempore de Rafael Correa, que entrará en vigor el próximo 10 de agosto, la creación de un organismo regional que sustituya para los países latinoamericanos el papel del CIADI ha pasado a ser una prioridad.

Notas:
(1) El 9 de diciembre de 1902, 15 unidades de la armada inglesa y alemana actuando en operación conjunta atacaron el puerto de La Guaira. Desembarcaron tropas en los muelles, de los cuales se apoderaron; a las 12 de la noche fuerzas alemanas atravesaron la ciudad para conducir sus representantes diplomáticos a la flota y así ponerlos a salvo de una eventual represalia venezolana; a las 5:00 a.m. del día 10 los ingleses harían lo mismo, trasladando además a varios connacionales que exigían protección. La pequeña flota de guerra venezolana no opuso ninguna resistencia al no estar a la altura de las circunstancias.
Entre los días 12 y 13 siguientes, una expedición inglesa tomó por asalto el castillo Libertador y el fortín Solano de Puerto Cabello después de bombardearlos con extrema precisión destruyendo sus cañones. Pocos días después, al grupo anglo-germano se unieron dos buques de la armada italiana para servir a la expedición en tareas de acompañamiento logístico. También se unieron Holanda, Bélgica, España y México.
El 22 de diciembre en Puerto Cabello empezó el 22 de diciembre y el 24 de diciembre en Maracaibo, las fuerzas europeas comienzan un fuerte bloqueo.
Todos estos actos de violencia se produjeron sin una previa declaración de guerra emitida por alguna de las partes y sin que mediaran ofensas venezolanas a los agresores, que supusieran la necesidad de una respuesta tan drástica como la que constituyeron los actos mencionados.
Debido al apoyo norteamericano hacia los agresores europeos, el dictador venezolano Cipriano Castro (1899-1908) optó por aceptar las condiciones de los últimos el 1º de enero de 1903. El 13 de febrero, Castro reconoció a través del protocolo de Washington la justicia de los reclamos europeos, pagando algunas deudas de inmediato y otras a través de comisiones, estableciéndose en garantía hasta el 30 % del ingreso de las aduanas de La Guayra y Puerto Cabello, lo que fue percibido por agentes belgas.
(2) G. Ferrari, op. cit., p. 63. Ver también Alberto Conil Paz, Historia de la Doctrina Drago, Buenos Aires, 1975, y Carlos Alberto Silva, La política internacional de la Nación Argentina, Buenos Aires, Imprenta de la Cámara de Diputados, 1946, pp. 492-517.
Artículo publicado en Kaos en la Red el 7 de julio de 2009

lunes, 1 de junio de 2009

Simón Patiño, el rey del estaño… y de las desgracias de los indígenas bolivianos

Decio Machado

El término efeméride proviene del griego ἐφημερίς, -ίδος (ephemeris, ephemeridos), a través del latín ephemeride, y entre sus distintos significados el más conocido se refiere a un acontecimiento o evento importante acaecido en determinada fecha.

El pasado 1 de junio, la Fundación Simón I. Patiño (1), con sede en Ginebra, celebró la efeméride de su fundador, nacido el primero de junio de 1860 en Santivañez, Departamento de Cochabamba (Bolivia).

Rememorando a José Martí, vale la pena decir que: “Lo pasado es la raíz de lo presente. Ha de saberse lo que fue, porque lo que fue está en lo que es”.

En este sentido, Bolivia es en América Latina el ejemplo más claro del pasado proyectado al presente. Las heridas bolivianas, producidas en los últimos 150 años continúan sangrando dolorosamente hasta el día de hoy. No existe un ejemplo más claro de cómo los puñales del imperialismo y de las oligarquías locales vendidas a los poderes extranjeros todavía están clavadas en tierras latinoamericanas.

Desde siempre las élites políticas y económicas han desarrollado la estrategia de borrar a los pueblos la memoria histórica, tergiversando los hechos y escribiendo la Historia a su conveniencia. Pero como bien sabemos, un pueblo sin memoria es como un árbol sin raíces, queda a las expensas de un viento fuerte para ser derribado.

Dice un viejo refrán que “cuando no sepas a dónde vas, vuélvete a ver de dónde vienes”, y desde esa mirada es desde donde ha tenido sentido la elaboración de este artículo.

Antecedentes biográficos de Simón Iturri Patiño

Sus padres, de origen vasco él, e hija de una reconocida familia de Cochabamba ella, le pusieron el nombre de Simón por haber nacido el primero de junio, día de San Simón.

Cuando apenas tenía ocho años de edad, se trasladan desde el pequeño pueblo de Caraza –hoy Santivañez- a la capital del Departamento, Cochabamba, ingresándolo en una escuela religiosa, completando allí su formación secundaria en el seminario de dicha ciudad.

Su primer empleo conocido, entre 1882 y 1884, fue como vendedor de un humilde negocio de importaciones establecido en Oruro (2) por un empresario cochabambino.

Desde Oruro se traslada a Huanchaca, centro minero de Pulacayo, donde trabajó como administrativo. Tras volver a Cochabamba y Oruro nuevamente, Patiño consiguió un empleo en la firma comercial de Hermann Fricke y Cia. Es allí donde comienza a aprender sobre los mecanismos de compra, manipulado, venta y exportación de minerales.

En 1889, ya con 29 años, Patiño se casa con Albina Rodríguez, de apenas 16 años, con quien tendrá siete hijos, de los cuales sobrevivieron cinco, entre ellos un varón, Antenor Patiño. Meses después, reincorporado al trabajo en la Compañía Fricke, conoce a Sergio Oporto, minero de origen potosino, quien explotaba pobremente una mina que había pertenecido a un francés y que vendía sus minerales a Fricke, recibiendo adelantos de la firma contra futuras entregas.

Oporto resultó ser el dueño de la mina “La Salvadora(3), ubicada en la montaña Juan del Valle, más tarde rebautizada como Cerro Espíritu Santo.
Orígenes de la fortuna de Simón Patiño

Oporto, con muy escasos fondos, necesitaba permanentemente de nuevos capitales o créditos para continuar con su explotación. Entre sus necesidades se encontraban: víveres, dinamita y algún dinero para pagar a los cinco peones a los que les adeudaba salarios.

En un momento determinado, Oporto no pudo conseguir más crédito en la Compañía Fricke, y fue Simón Patiño, con la sagacidad que le caracterizaba, quien resolvió avalar con su salario la dinamita y las provisiones que le hacían falta, y así se desarrolló la firma de un contrato entre ambos: el trabajador en la mina y el avalista en la ciudad.

Según consta en sus antecedentes biográficos, Patiño le hizo una proposición formal a Oporto en los siguientes términos: “Desde que dejé el colegio para trabajar y siempre que he podido he ahorrado algo, aunque sea unos centavos, con la esperanza de reunir un capital que me permitiese tener un negocio propio, de preferencia minero. A costa de mucho sacrificio he reunido hasta unos 5.000 bolivianos. Estoy dispuesto a arriesgarlos en su mina. Hagamos una sociedad con el nombre Patiño-Oporto. Yo daré el dinero que vayamos precisando para jornales, víveres y materiales. Usted dirija los trabajos personalmente. Tendría la obligación de mandarme un mínimo de 40 quintales mensuales de barrilla de estaño. La ley del mineral no tendría que bajar de 65%. Yo los vendería a los señores Fricke. Seguiría trabajando como empleado para ellos para no perder mi sueldo y para mantener el contacto. Del producto de las ventas descontaríamos los gastos, separaríamos algo para reinversión y ampliación y de la utilidad que nos quede nos dividiríamos por mitad. Desde la primera vez que he ido por allá, la montaña Llallagua me ha dicho algo. Tengo fe en ella. Todo depende de que trabajemos con entusiasmo y seriedad. Estoy seguro de que alguna de esas vetas que el señor Sainz y el ingeniero Minchin han encontrado en los costados debe llegar hasta la cumbre de Juan del Valle. Yo me encargaré de hacer las escrituras de la sociedad ante un notario. Usted tendría que volver a la mina de inmediato”.

Oporto aceptó y ambos formaron la sociedad para la explotación de “La Salvadora”.

Después de tres años de trabajo infructuoso –la producción de estaño era escasa-, Oporto llegó al convencimiento de que no podía aguantar más, proponiéndole a Patiño la venta de la concesión. “¿Vender la mina?, Usted venda su parte si lo desea, pero yo no venderé la mía”, fue la respuesta de Patiño, quien gozaba rememorando este hecho ante sus amistades años más tarde.

El 16 de agosto de 1897, Patiño firmaba un documento público por el cual compraba la parte de Oporto, tras haber conseguido un contrato de financiamiento con su patrón Fricke, por el cual la mina sería explotada durante un breve tiempo.

Patiño abandonó su puesto en la Compañía Fricke y partió al cerro –el campamento estaba a 4.400 metros sobre el nivel del mar- para explotar la mina. Cargado de deudas, pero dueño de “La Salvadora”, dejó la familia en Oruro, y pasando necesidades trabajó durante un año, convenciendo a Fricke, su antiguo empleador, que la única forma de cobrar lo que le adeudaba era dándole medios para seguir explotando “La Salvadora”.

Realmente, Patiño en aquel tiempo era un minero humilde rodeado de poderosos vecinos (Pastor Sainz, el ingeniero británico John B. Minchin y la firma francesa, Bebin Hermanos). Con apenas cuatro hectáreas, explotaba la mina con tan solo unos cuantos peones, sin máquinaria adecuada, y sin otras herramientas que taladros manuales, martillos, picos y una chancadora de mano para moler el mineral. Después de esta operación, los trozos de mineral, separados también a mano, se cargaban en llamas que tras tres días de viaje para llegar a Challapata, eran embarcados en el ferrocarril.

Poco después, los peones de Patiño le avisaban del descubrimiento de una veta grande y ancha. Al amanecer del día siguiente el propietario minero emprendía camino a Huanuni, y al caer la noche de ese mismo día, se dirigía a las oficinas de la firma británica, Penny & Duncan, donde entregaba diversas muestras de mineral extraídas de la veta recién descubierta. Al medio día del día siguiente, un ensayista de la compañía británica le entregaba los certificados de las pruebas y le felicitaba efusivamente. Los resultados del ensayo indicaban que una de las muestras contenía 58% de estaño, otra 56% y una tercera 47%. Esto significaba que Simón I. Patiño era dueño la veta de estaño más rica de la región y quizás de la mina más rica del mundo.

Así fue que Patiño repartió la producción de un año, según el contrato, y quedó a partir de ese momento, dueño de la mayor mina de estaño que hay en Bolivia, donde comenzó a desarrollar su explotación a gran escala.

Se iniciaba así una historia de rapiña y negociados que haría de Patiño, en menos de una década, el hombre más rico de América del Sur.

Amasando fortunas

Roberto Querejazu Calvo, en su libro “Llallagua (Historia de una montaña)", describe a Simón Iturri Patiño con las siguientes palabras: “de estatura mediana, cuerpo erguido y robusto, dando la impresión de estar firmemente asentado en el suelo. Espaldas anchas y cargadas. Rostro cuadrangular, frente amplia, ojos pequeños de mirar inquisitivo y desafiante, nariz recta, bigote grueso, boca regular, mentón redondeado pero sólido, cabello corto. Carácter ambicioso, ejecutivo y tenaz. Inteligencia natural e intuitiva. Actitud mental y física en permanente apresto, como de luchador. Temperamento vivaz y burlón del cual emergen, con igual facilidad, manifestaciones de impaciencia y cólera o una sonora carcajada”.

La alegría de Patiño en “La Salvadora” quedó ofuscada, por un tiempo, porque unos mineros –los hermanos Artigue- le entablaron juicio, dudando de la legalidad de la concesión a su nombre.

La disputa judicial fue novelesca, existiendo episodios como la desaparición de los documentos que podrán probar los derechos de los Artigue con respecto a la propiedad minera en disputa, los cuales fueron robados en un tren que los conducía a la Suprema Corte.

En los siguientes años a su triunfo en “La Salvadora”, el magnate minero fue adquiriendo otras minas y su fortuna creció vertiginosamente. Patiño supo poner a su servicio al ejército y a la policía de Bolivia, y cuando celebró la victoria por la conquista legal definitiva de las minas, retribuyó adecuadamente al general Ismael Montes (4), colaborando en hacerle presidente de la República de Bolivia.

En años posteriores, se enfrentará con resultado positivo a muchos otros problemas judiciales: con la empresa minera chilena Llallagua, por ejemplo, cuyo paquete accionario, finalmente, logró controlar.

Patiño continuó ampliando sin cesar sus negocios mineros y financieros. En 1906, por ejemplo, fundó el Banco Mercantil, con oficina central en Oruro y sucursales en todo el país y en Antofagasta.

De igual manera, el ya llamado “Rey del Estaño” quien en un principio vendía sus minerales a través de la firma de Félix Avelino Aramayo, decidió posteriormente vender en forma directa. En 1909, instaló, con este fin, una primera oficina para la venta en Europa, concretamente en Hamburgo.

Ese mismo año, el estaño alcanzaba el más alto precio en el mercado internacional y Patiño ganó millones de dólares. Alrededor de 1910 había formado un complejo minero poderoso con las minas de Llallagua, Catavi, Siglo XX, Uncía y Huanuni, entre otras. Además, para transportar minerales desde sus minas, construyó el Ferrocarril Machacamarca-Uncía en 1911.

En 1912, por sus intereses mineros, bancarios y las propiedades urbanas en Oruro y Cochabamba, Simón I. Patiño era, indudablemente, el hombre más rico de Bolivia.

Cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, exigiendo más estaño y plomo, Patiño entraba definitivamente en el selecto club de los grandes millonarios del mundo. Los Patiño viajaron a Europa, para establecerse en París. En 1914, las oficinas se trasladaron al número 44 Avenue Gabriel, desde donde Patiño dirigía sus negocios. La residencia familiar se estableció en una casa situada en Rue Washington, y posteriormente a la Avenue du Bois. Ambas en un elegante barrio residencial cerca de los Campos Elíseos.

En 1918, su nombre aparecía en las revistas internacionales, entre los hombres más ricos del mundo; en 1920 su empresa poseía el 41% del estaño mundial. En efecto, Patiño supo integrar las operaciones mineras en un vasto conjunto empresarial y financiero, logrando controlar a los refinadores europeos.

Para tener idea de la riqueza de la familia Patiño, basta con comparar la renta bruta de Bolivia en 1925 (55 millones de pesos) con la de Patiño (50 millones de pesos).

Realmente la presencia de Simón Patiño llegó a invertir el proceso económico de Bolivia, eso sí, sin alterar el cuadro general de la dominación imperialista ni de su dependencia. Con sus esfuerzos, el pueblo boliviano tuvo que pagar para sustentar la oligarquía en el poder, ahora liderada por el propio Patiño, y de esta manera este magnate llegó a prestar al gobierno boliviano mucho más dinero que lo que debía pagar como impuestos. Solamente los intereses de estos empréstitos alcazaban sumas más elevadas que la que la Patiño Mines adeudaba al Estado. En 1925 Patiño prestó al Estado boliviano 600 mil libras esterlinas para la construcción de ferrocarriles, pero una de las condiciones establecidas, aparte de los intereses, consistía en que el gobierno no aumentaría los impuestos sobre el estaño durante cinco años y además el ferrocarril beneficiaría directamente a las empresas del magnate en el transporte del estaño.

Su fuerza se volvió aún mayor cuando comenzó a operar con los banqueros de Wall Street y de Londres. Para eludir los impuestos, mediante una escandalosa maniobra transfirió en mayo de 1924 la sede de sus negocios a los EEUU, constituyendo en julio del mismo año, la Patiño Mines & Enterprise Consolidated Inc., que registró en el estado de Dellaware. En ella agrupó a la Compañía Estannífera Llallagua, La Salvadora, y el ferrocarril Machacamarca-Uncia.

La Gran Depresión afectó a las empresas de Patiño. En 1927 hubo superproducción de estaño, provocando el descenso de los precios: la tonelada, que en los Estados Unidos cotizaban a 917 dólares, bajó a 794 en 1929 y en 1932, el año crítico para la economía boliviana, cuando comienza la “Guerra del Chaco”, el precio era de 285 dólares. La situación era compleja para Bolivia, pero no para Patiño: por algo él financiaba los gobiernos dictatoriales existentes en la nación. El estaño continuaba bajando sus precios al mismo tiempo que no había compradores. A esta situación se agregó que entre los productores de estaño en el mundo (Malasia de los ingleses, Indias Occidentales de los holandeses y Nigeria, todos repartidos en algunos trusts internacionales), la producción de Bolivia era justamente la más cara y antieconómica: empleando los tradicionales procesos de los latifundistas, Patiño recurría al trabajo semiesclavo, supliendo la falta de una tecnología más funcional con la mano de obra abundante y barata. En resumen, Patiño cambiaba su falta de voluntad en inversión tecnológica a cambio de la sobre-explotación del pueblo indígena boliviano, todo ello con la complacencia de gobiernos títeres y tiranos que él mismo financiaba en el país.

No debe olvidarse que la Patiño Mines & Enterprise Consolidated Inc., tenía poderosos aliados en los EEUU, y de aquí surgió el gran golpe: la internacionalización del precio del estaño, eliminándose la concurrencia en la cotización y este fue el origen de una asociación internacional a cuyo frente estaba la Patiño Mines, consiguiendo restringir la producción y controlarla desde ese momento en adelante, para evitar cualquier exceso en la acumulación. La maniobra no dio resultados suficientemente amplios: algunas empresas, justamente aquellas que podían producir por precios menores, no aceptaron el esquema de Patiño.

Patiño propuso entonces el control de los precios y que la producción pasase a los gobiernos de las naciones productoras de estaño. La cuestión era simple: mientras el estaño estaba proveyendo lucros fabulosos y originando fortunas –en Bolivia, mayor que la del Estado-, el control absoluto quedaba en manos de los propietarios de las minas y así, cuando la producción comenzó a ser un problema y a ocasionar perjuicio, los dueños de mina transfirieron la carga onerosa sobre la espalda del gobierno. Todo fue conducido para salvar de las pérdidas de la Patiño Mines.

Como Patiño tenía amplio dominio sobre el gobierno (en Bolivia existían otros grandes productores de estaño, pero ninguno de ellos con su fuerza), hizo que el Estado absorbiera los perjuicios y de esta manera sorteó la crisis, quedando económicamente tan fuerte como antes, a pesar de la restricción impuesta en la producción de las minas (en 1929 la producción disminuyó 77,7%; en 1932 sufrió las siguientes restricciones: 56,2% en enero, 43,8% en junio y 33,3% en julio).

Posteriormente, el mercado mundial del estaño se restableció y el exceso de producción fue absorbido lentamente; los precios mejoraron y la producción pudo ser aumentada al doble cuando la Gran Depresión fue superada y una nueva corriente de progreso industrial exigió mas estaño. De esta manera, Patiño a la cabeza de los empresarios mineros, salvaba su situación, mientras Bolivia se hundía económicamente.

Con la combinación de la estructura feudal del latifundio boliviano y la expoliación internacional en la industria del estaño se llega a la estructura económica de la sociedad boliviana, sociedad que teniendo por base económica este triste contenido, generó un cuadro político extremadamente inepto y corrompido. En medio de esa corrupción y con la inercia política de este tipo de oligarquías, Bolivia ahogó las esporádicas movilizaciones reivindicativas de sus masas en baños de sangre en los que los indios fueron una y otra vez aplastados.

Por esas épocas, Patiño también compró a sus fundidores en Liverpool (Willams Harvey & Co.) y en Alemania. De igual manera, adquirió minas en Malasia. Esta integración le permitió jugar un papel clave en la conformación del Comité Internacional del Estaño que fue el primer cartel que intentó controlar el precio de una materia prima.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial y huyendo del conflicto, Patiño se traslada a Nueva York, instalando su despacho en una de las torres del Waldorf Astoria, en Park Avenue.

En esta fase, ya con la colaboración de su hijo Antenor, ejerció gran influencia en los mercados bursátiles. Al cumplir los ochenta años, Patiño decidió retirarse, dejando sus negocios a sus hijos y nietos. Residió desde entonces en Argentina, repartiendo su tiempo entre Buenos Aires y Mar del Plata. Murió a los 87 años, el 20 de abril de 1947. Su cuerpo fue trasladado a Cochabamba, en cuya catedral se celebraron las solemnes exequias fúnebres, decretando otro títere gobierno boliviano duelo nacional.

Patiño, junto con Mauricio Hoschild y Carlos Víctor Aramayo, otros ricos mineros de Bolivia, son conocidos como los “barones del estaño”. Éstos tuvieron una gran influencia política en Bolivia hasta la Revolución Nacional de 1952, que efectuó la nacionalización de las minas.

Epílogo con el diablo.

El escritor boliviano Augusto Céspedes (5) fue autor de un relato en torno a la sepultura de Simón Patiño, en el cual reflejaba bien como el millonario boliviano solo producía odio y repugnancia al pueblo trabajador andino. El empresario solo simpatizaba con la clase política y con los grupos económicos más poderosos. Bolivia quedó sumida en la pobreza gracias a los manejos ocultos del poder político a quienes sobornaba Patiño. Los quichuas, los criollos, los villanos, los trabajadores demuestraron la disconformidad que sentían hacia el “Rey del Estaño” destrozando una gran casa de su propiedad.

En el relato de Céspedes, Patiño una vez sepultado es invitado por el diablo a entrar al infierno, donde juntos podrán seguir haciendo lo que Simón Patiño hizo en vida, devastar el país de Bolivia, dejarlo sin futuro, sin trabajo…, y a merced del hambre, la desolación y la pobreza.

“(…) Pero entonces emanaron de la bóveda de la cripta en un parto múltiple numerosas formas de muñecos formados de escorias chispeantes amasadas con lama negra, que tenían pupilas de estaño del 99,99 por ciento: los duendes, los “tíos" de las minas que venían también a rendir su homenaje. Abrieron la caja, cortaron fácilmente la cápsula metálica y levantaron a Patiño, obligándole a pasar más adentro, más adentro. En la cripta se abrió una galería llena de vapores sulfurosos y una temperatura de 2.000 grados centígrados que no parecía molestar a un enorme danzarín de la Diablada, con su gran máscara de dientes de caimán, sus cuernos, entrelazados con serpientes verdes, ojos de vidrio con pupilas de metal y una corta capa bordada de perlas, zafiros, huayruros y espejitos. La cola colorada se enredaba en una pierna asomando el aguijón. "Entra, compadre. Vamos a experimentar un nuevo procedimiento de volatilización electrolítica. Seguirás ganando."

La realidad del minero boliviano de la Patiño Mines y demás compañías.

Más allá de la ficción literaria, quienes realmente sí vivían en el infierno eran los mineros bolivianos.

Estos trabajadores, en su inmensa mayoría indígenas, vivían en campamentos expuestos al cortante viento frío del altiplano. Dura realidad la del minero boliviano, quien hospedado en una tierra hostil, en lo alto de la cordillera, trabajaban en las entrañas de los cerros respirando partículas del mineral en una atmósfera mohosa, impregnada de veneno.

Su alimento era solamente maíz molido y los derivados que pudiera hacer de esto. El hambre era un flagelo y para superarlo, utiliza la hoja de coca, la cual masca dotándole de un fuerte poder anestésico contra el hambre. Con este estímulo, el indio desarrolla una energía aparente, que le permite desarrollar un trabajo prolongado que le facilitaba las largas horas de jornada laboral en las entrañas de la montaña.

A los cuarenta años, estos indígenas mineros ya estaban acabados. Sus pulmones se petrificaban; su piel se rajaba ante el viento del altiplano; y cuando sus ojos comenzaban a quemar, comenzaban los síntomas de su fatal agonía camino de la muerte: vómitos de sangre, desmayos por agotamiento o debilidad física que ya ni la coca conseguía disimular.

Los mineros bolivianos pagaron con su vida el precio de enriquecer a los Patiño. Así morían, y en su muerte, eran conscientes de que no había jubilación, ni pensiones, ni nada…, solos quedaban mujer e hijos. Pero en ese dolor, en el sufrimiento de la agonía de la muerte, muchos de ellos encontraban la liberación a una vida de esclavitud, dolor y sustento de una sociedad feudal –tanto en el campo como en las minas-, que consolidaba una vergonzosa oligarquía tradicional, explotadora y criminal que debe pasar a la historia tal y como realmente fueron, y no como nos la intenta dibujar la burguesía boliviana.

Notas:
(1) Creada en 1958 por los herederos del magnate industrial boliviano Simón I. Patiño (1860-1947), la Fundación Simón I. Patiño de Ginebra, dice según sus estatutos concebir y desarrollar programas, tanto de investigación como de aplicaciones prácticas, “en beneficio de América del Sur, y de Bolivia en particular”, en los campos de la educación, la cultura, la investigación, la salud, la higiene, la nutrición, la agricultura y la ecología. Esta Fundación desempeña sus actividades en varios Centros, propiedad de la Fundación Universitaria Simón I. Patiño, creada en 1931 en La Paz por el mismo Simón I. Patiño. En Ginebra, su Centro universitario forma jóvenes ejecutivos para las élites empresariales bolivianas.

(2) Oruro, ciudad de Bolivia y la capital del Departamento de Oruro. Se encuentra localizada a 3.706 msnm (metros sobre el nivel del mar), entre La Paz y Potosí.

(3) Juan del Valle (1564), uno de los conquistadores españoles fue el primero en llegar a la montaña de Llallagua –Departamento de Potosí- y presintió que sus colocaciones exteriores eran señal de que estaba grávida de metal. Con unos pocos soldados y algunos indios locales conocedores del lugar, comenzó a excavar cerca de la cima buscando la plata que daba fortuna otros conquistadores en otras regiones de los Andes, aunque sin la misma suerte. Pero la veta descubierta por el español, fue la misma que redescubrió Honorato Blacutt en la década de 1870. En 1872 pidió cuatro hectáreas alrededor del agujero iniciado por el español tres siglos antes. Puso el nombre de “La Salvadora” a su concesión y a cuyo trabajo se dedico durante 20 años. No encontró plata, se trataba de un complejo de baja ley de mineral de estaño, con muy poco valor, para lo que no existían compradores en esa región y los fletes eran caros. Envejecido y agotado, Blacutt vendió la mina a David Olivares. Este la hizo trabajar con Sergio Oporto, pero sus recursos se agotaron en pocos meses. Sin embargo Oporto, vio algunos indicios halagüeños en la mina, comprándosela a su empleador por 80 bolivianos (aproximadamente 30 dólares).

(4) En 1904 fue elegido Ismael Montes quien nada más comenzar su gobierno tuvo que afrontar una de las más grandes responsabilidades históricas que hubiese tenido un mandatario boliviano, el tratado de 1904. El congreso debatió duramente el tema y a pesar de una fuerte oposición (Miguel Ramírez, Pastor Saínz, Fernando Campero, Román Paz, entre otros), la mayoría liberal se impuso. Se acordó la cesión a perpetuidad a Chile del Litoral a cambio del libre tránsito de mercaderías, la construcción del ferrocarril Arica- La Paz y 300.000 libras esterlinas. El mar a cambio de un plato de lentejas, fue la decisión pragmática de los liberales.

(5) Escritor boliviano, nacido en Cochabamba en 1904. Fue abogado, polemista, historiador y político. Durante su juventud actuó como oficial de reserva en la Guerra del Chaco, conflicto que inaugura un ciclo en la literatura de ese país. De esta experiencia surge, en 1936, su primer conjunto de relatos. Sangre de mestizos, que recibió el elogio de los círculos internacionales. Se desempeñó como periodista en varios diarios de La Paz, caracterizándose por sus artículos incendiarios, con los que apoyaba los principios del Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido antiimperialista del que fuera fundador. En 1938 fue electo diputado con Cochabamba y, con la asunción de Villarroel en 1943, ocupó diversos cargos: Secretario General de la Junta de gobierno, Diputado por el distrito minero de Bustillo y Embajador ante Paraguay. Tras el derrocamiento del presidente Villarroel, y hasta la revolución boliviana de 1952, permaneció en Argentina, donde publicó Metal del diablo (1946). Esta novela, calificada por la crítica como texto militante del Movimiento Nacional Revolucionario, recupera la problemática sociopolítica derivada de la explotación de las minas de estaño. El cuento “Epílogo con el diablo” es el último capítulo de la novela antes mencionada. Debido a esta característica es que se eligió este relato, por su singularidad dado que el epílogo resume y aúna los conceptos críticos expuestos por el autor.