Prisa y Planeta blanquean la imagen de Uribe

La concentración del 4 de febrero “contra las FARC” es la última expresión de la estrategia comunicativa del presidente colombiano Álvaro Uribe. Los medios españoles y sus contrapartes en Colombia se han lanzado a una campaña de lavado de imagen tras un año en el que se han destapado las intensas relaciones entre el narcotráfico y los paramilitares con los colaboradores y familiares de Uribe. La diplomacia española se adhiere a las tesis de Bush y las imagenes de Chávez y Uribe reciben un tratamiento mediático en sintonía con la posición del Gobierno y las empresas españolas ante la crisis entre Colombia y Venezuela.

Según los medios de comunicación del Grupo Caracol Radio, en información ofrecida el pasado 23 de enero, Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en el presidente más popular de toda América Latina. El índice de popularidad del 80% que se le atribuye, es similar al que tenía cuando llegó al Gobierno en 2002. La noticia procede de una encuesta solicitada por Prisa a la empresa Invamer-Gallup, multinacional encuestadora habitual en el panorama político colombiano. La encuesta, realizada por entre el 17 y el 19 de enero, abarca tan sólo mil consultas telefónicas distribuidas en cuatro ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Los trabajos de investigación de Invamer-Gallup han sido cuestionados en varias ocasiones por falta de imparcialidad y de posicionarse al lado del proyecto uribista. Como ejemplo, la multinacional mantuvo durante toda la campaña a la alcaldía de Bogotá el que la victoria sería del candidato conservador y ex alcalde de la ciudad Enrique Peñalosa. Sin embargo, los resultados finales fueron apabullantes. Samuel Moreno, candidato del izquierdista Polo Democrático Alternativo, se imponía con 43,7% de los votos frente al 28,1% que obtuvo Peñalosa.

Según Vicente Martínez, miembro de la Asociación Colombiana de Sociólogos: “Las encuestas políticas en Colombia no se han caracterizado precisamente por su imparcialidad. Gallup es un fiel ejemplo de esta realidad”. Las declaraciones realizadas hace unos meses por Jorge Londoño, gerente de Invamer-Gallup, al prestigioso diario francés Le Monde, parecen reafirmar lo anterior: “La gente se está endureciendo frente al diálogo y le está pidiendo más al presidente y al Ejército”, asumiendo más un papel de asesor de Uribe que el correspondiente a su profesión.

El epicentro del terremoto

Prisa, accionista mayoritaria de Radio Caracol, ha difundido la encuesta de popularidad de Uribe no sólo en Colombia. Se ha utilizado también Unión Radio, la mayor red de emisoras radiales en lengua española con 28 millones de oyentes repartidos, además de Colombia, en el Estado español, EE UU, México, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Diarios españoles como El País, Cinco Días, Diario Jaén, El Correo de Andalucía, Odiel Press en Huelva o La Voz de Almería se han hecho eco de la noticia al igual que se han utilizado las plataformas de Prisa en México (Radiópolis), Chile (Padahuel) o Bolivia (El Nuevo Día), entre otros. En junio de 2005, el presidente Álvaro Uribe agradecía la “fe y confianza” de los inversionistas extranjeros en Colombia, al inaugurar la nueva sede de emisoras de Caracol Radio, y condecorar con la Orden Nacional al Mérito al fallecido presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco. “Esta nueva inversión de Caracol en Colombia, en esta ocasión liderada por el Grupo Prisa, es una muestra de confianza en nuestra patria”, dijo Uribe en la ceremonia.

Caracol Radio está integrada en el Grupo Latino de Radio (GLR), un holding de más de 1.200 radios que el grupo Prisa controla en América Latina, además de televisiones, varios diarios de prensa, portales de internet y encuestadoras. Bajo la cadena Caracol operan más de 10 cadenas de emisoras de AM y FM en distintas frecuencias de todo el país.

Imagen controvertida

El año 2007 fue crítico para el Gobierno de Uribe. La parapolítica estuvo durante meses en todos los medios de comunicación. 40 parlamentarios del arco político uribista fueron investigados y varios de ellos detenidos. Igualmente, salieron a la luz las relaciones familiares y políticas de Uribe con el cártel de Cali, una realidad silenciada durante mucho tiempo. Relación que se ponía de manifiesto con el descubierto vínculo de su principal asesor José Obdulio Gaviria con el narcotráfico. Gaviria acompañó personalmente a su primo, Pablo Escobar, durante la campaña ‘Medellín sin Tugurios’ financiada por el cártel de Cali. Fue importante también el caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente, quien coordinaba las acciones del grupo paramilitar denominado ‘Los Doce apóstoles’, también con vínculos con Pablo Escobar. Otro caso famoso es el de William Vélez, primo del presidente, que acompañó a Escobar en una campaña, y que es compañero de partido de Mario Uribe, otro primo del presidente en el Senado, quien presentó el proyecto de ley Justicia y Paz que otorga el perdón y el olvido a los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por paramilitares.

Con la famosa marcha contra las FARC se ha diseñado una nueva campaña, para eliminar de los medios de comunicación y de un solo plumazo las vinculaciones de Uribe con el narco-paramilitarismo o los cuestionamientos a la ineficacia del Plan Patriota (un proyecto contra insurreccional, disfrazado de lucha contra el narcotráfico), al tiempo que se ha habilitado un nuevo debate nacional sobre un cambio constitucional que permita a Uribe presentase a las presidenciales en 2010.

Tanto Prisa como Planeta cuidan la figura de Uribe con imágenes e informaciones donde predominan sus abrazos con el rey, Zapatero o Rajoy, por encima de denuncias internacionales por represión social y sindical, violación de derechos humanos, atentados contra las comunidades indígenas, o sus ya referidas relaciones con el narco-paramilitarismo.

LOS ‘MASS MEDIA’, ALIADOS INDISPENSABLES DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN COLOMBIA

“Los medios de comunicación españoles en Colombia están desarrollando el papel de legitimación de la peor crisis humanitaria existente en los países de occidente”. Así denuncia Edgar Robledo, experto en comunicación social de la Universidad de Simón Bolívar, el papel de los grupos mediáticos españoles. También denuncia a DIAGONAL que “la presencia de más de 136 multinacionales españolas en territorio colombiano marca no sólo la actuación internacional del Gobierno español en la reciente visita de Uribe a Madrid, sino también el papel que desarrollan sus multinacionales mediáticas en Colombia, ¿o es que acaso existen dudas sobre el papel financiador a través de la publicidad, y en algunos casos incluso de la participación indirecta en el accionariado, por parte de estas corporaciones en los grupos mediáticos españoles?”. En ese sentido, BBVA, SCH, Gas Natural, Unión Fenosa, Cepsa o Repsol, por enunciar algunas, son fácilmente identificables como clientes del departamento de publicidad no solamente de Caracol (Prisa) o del diario El Tiempo (Planeta) en Colombia, sino de sus múltiples empresas mediáticas a lo largo y ancho del continente, así como en el Estado español. El conservador Grupo Planeta, que a finales de julio de 2007 se hizo con el 55% del accionariado del diario más importante de Colombia, El Tiempo, también se ha posicionado claramente en la rehabilitación política de la figura de Uribe. Para ello no solamente utiliza el principal medio de comunicación colombiano, sino también su influencia en los medios españoles (Antena 3, donde es accionista de referencia junto a De Agostini, Onda Cero, Radio España, La Razón, el gratuito ADN o el Avui catalán donde coparticipa en su accionariado con Godó). Pero lo más sorprendente de esto no es solamente la manipulación mediática de los índices de popularidad de un presidente vinculado al paramilitarismo y al narcotráfico. Los grupos de comunicación españoles en América Latina están siendo la fuente de propagación de declaraciones como la emitida por Zapatero tras la entrevista con Uribe el 23 de enero: “El gobierno español está y estará con el Gobierno de Colombia cuando deba enfrentar un problema de soberanía”, palabras con las que se alineó con las tesis de Bush respecto a Colombia y la actual crisis diplomática que este país vive con Venezuela.

Publicado en el periódico Diagonal nº 72, el 21 de febrero de 2008

Álvaro Uribe, ‘uno de los nuestros’

“España está con Uribe y con Colombia”. Con estas palabras se resume el contundente apoyo brindado por José Luis Zapatero a su homólogo colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en su visita a Madrid el 23 de enero.

El mandatario colombiano fue recibido entre otras personalidades por el rey Juan Carlos, los ex jefes de gobierno José María Aznar y Felipe González, así como por el líder de la oposición Mariano Rajoy. Pero como si el apoyo de los líderes españoles fuera poco, también Javier Solana, ministro de Relaciones Exteriores de la UE, quiso dejar constancia de cómo se sitúa Europa en el conflicto colombiano: “Todas las ideas que ponga Uribe en la mesa serán apoyadas por la UE. Tenemos plena confianza en él… y tiene todo nuestro apoyo”.

La relación del Estado español y la UE con el actual Gobierno colombiano está siendo cuestionada por el conjunto de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del planeta, y de manera especial por las que actúan y sufren la represión sobre el terreno. Este respaldo, además, viola todas las cláusulas internacionales que los países de la UE tienen establecidas para no colaboración con Gobiernos implicados en el tráfico internacional de estupefacientes.

Narcoparamilitarismo y Uribe

La relación de Uribe Vélez con el paramilitarismo y el narcotráfico viene de lejos. A principios de los ‘80, cuando el actual mandatario colombiano ejerció durante 28 meses como director del Departamento de Aviación Civil, apoyó con múltiples licencias aéreas, hangares y pistas de aterrizaje en fincas privadas a diferentes capos del narcotráfico, entre los que destaca Jaime Cardona (considerado el número dos del cártel de Medellín en aquella época), según denunció el escritor colombiano Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína.

Los negocios turbios en su entorno tampoco son nuevos. El periodista Nelson Sánchez Abaúnza escribió una documentada crónica en la revista Cromos, en la que señaló cómo se había extraído 43 millones de pesos (aproximadamente unos 550.000 dólares) del Departamento de Aviación Civil, a través de la firma de un “contrato fantasma” que Uribe estableció con la entidad Colasesores, la cual meses antes había sido embargada por el Banco Real de Colombia.

Otro episodio alarmante de la biografía de Uribe tuvo lugar el 15 de junio de 1983: cuando falleció su padre (Alberto Uribe Sierra, un conocido especulador de fincas y caballos, muy bien relacionado con los líderes del narcotráfico en Antioquia y que murió en un tiroteo con las FARC), el actual presidente colombiano se desplazó a la finca Guacharacas, lugar de los sucesos, en un helicóptero propiedad de Pablo Escobar. Preguntado por este hecho, Uribe se limitó a decir que fue fruto de la casualidad. Sin embargo, en el sepelio de su padre, destacaban entre los invitados tanto Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, como el clan de los Ochoa.

En su libro Mi confesión, el difunto líder narco-paramilitar, Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), afirma que “la base social de las Autodefensas lo considera [a Uribe] su candidato presidencial”, y prosigue: “Es el hombre más cercano a nuestra ideología y filosofía”. Castaño describe: “Como gobernador de Antioquia, Uribe Vélez logró sacar adelante 59 cooperativas de seguridad con las cuales nunca estuve de acuerdo (las Convivir). No voy a negar que a las Autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los traficantes, que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas. Era habitual ver cinco camionetas Toyota, con un ‘narco’ adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado”.

Uribe fue el autor de la fórmula Convivir: cooperativas de seguridad, agrupación de ciudadanos, un comité coordinador y una central privada de comunicaciones, todo ello con dotación de armas. Se crearon 690, de ellas 70 en Antioquia, donde comenzaron. Según la Secretaría de Derechos Humanos y Libertades: “Estas organizaciones se convirtieron en bandas de maleantes y asesinos, transformándose en grupos punitivos, que terminaron asesinando y secuestrando. Fueron utilizadas por los terratenientes y narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de ‘tierra arrasada’ en numerosas zonas campesinas y en la misma capital de Antioquia”. Según la ONG internacional Pax Christi: “Significó la plasmación práctica de una visión fascista del Estado, con fundamental aplicación en las zonas de cultivo ilegal”. En muchos casos, la relación de Uribe con el narcotráfico y la parapolítica se ha dado a través de intermediarios. Destaca en ese sentido el papel del senador Mario Uribe, primo hermano del mandatario.

Fue amigo incondicional de Pablo Escobar: lo visitó en la represa del Peñol cuando el capo estaba “en la clandestinidad”, y lo previno en alguna oportunidad para que lograra eludir la acción de la Justicia. Mario Uribe es el líder fundador del partido uribista Colombia Democrática y en la actualidad se encuentra investigado junto a otros 40 congresistas por vínculos con la “parapolítica”.

El ‘entorno’ de Uribe

Con Uribe están alineados políticamente la mayoría de los congresistas y políticos vinculados al ‘Proceso 8.000’. Aunque se trata de individuos a quienes las autoridades judiciales han dejado fuera de la política, muchos de ellos han expresado en diversas formas su respaldo al presidente de la República.

El primero de todos es Fernando Botero Zea, quien ha asesorado a Uribe en temas específicos de su campaña electoral. Botero estuvo implicado en el robo de millones de dólares girados por el cártel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, que él desvió hacia sus cuentas en el exterior. En la actualidad vive exiliado en México, aunque se sabe que entra en Colombia cada vez que Uribe lo requiere.

También destaca el apoyo de Alberto Santofimio Botero, el ex controlador Rodolfo González García, los ex parlamentarios César Pérez García, Tiberio Villareal, Fuad Char y el empresario Carlos Náder. Santomifio, Pérez García y Villareal pasaron varios años en la cárcel por sus vinculaciones con el narcotráfico. González García fue absuelto en un caso similar por “razones de tipo técnico”, pero jamás demostró su inocencia. EE UU retiró la visa a la familia Char y los introdujeron en la famosa ‘Lista Clinton’ (personas relacionadas con el narcotráfico), cuando comprobaron que estaba implicado en lavado de dinero producto del narcotráfico. Uribe sigue apoyando a estos personajes. Recientemente indicaba que “Fuad Char es un hombre respetable en su vida pública y privada”, a la vez que apoyaba a su hijo Alex (gran especulador inmobiliario) en su candidatura a la alcaldía de Barranquilla.

El empresario Carlos Náder, también en la ‘Lista Clinton’, tampoco puede entrar en territorio norteamericano. Sobre él recae una condena de seis años de prisión por tráfico de drogas. Tanto su esposa como él mismo, brindan alojamiento en sus casas particulares de Miami y Madrid respectivamente cuando el mandatario se desplaza a estos territorios.

Pero el caso más complejo de las personas que apoyan a Uribe es el de su segundo de abordo en la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa (fallecido misteriosamente en accidente de avión el 24 de febrero de 2006). En 1997 y 1998 agentes de la DEA decomisaron 50 toneladas de permangánato de potasio. Las investigaciones demostraron que estos insumos, suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor de 15 millones de dólares en el mercado, fueron importados por la empresa GMP Productos Químicos, con sede en Medellín, propiedad de Moreno Villa. Según denuncia Joseph Contreras, corresponsal de Newsweek y autor del libro El Señor de las Sombras – Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2001, Donnie R. Marshall, jefe de la DEA, denunció que “GMP fue el más grande importador de permangánato de potasio en Colombia”. Según Marshall, “quien controle el mercado de permanganato de potasio en Colombia, controla el tráfico global de cocaína procesada”.

Según la DEA, 200 toneladas fueron vendidas por la compañía GMP en el tiempo en que Moreno era secretario de gobierno de Uribe en Antioquia. De igual manera, el actual presidente de Colombia fue relacionado con el narcotráfico durante su desempeño por tan sólo cuatro meses, como alcalde de Medellín.

Según Joseph Contreras, su salida del cargo fue debida a que el entonces presidente Betancur detectó su presencia en una cumbre (finales del 1982) de los cuatro grandes del cártel de Medellín (Pablo Escobar, los Ochoa, Carlos Lehter y Gonzalo Rodríguez Gacha). Los servicios de inteligencia detectaron varios testigos, y para colmo Uribe incluso fue llevado a esa reunión clandestina en un helicóptero propiedad de los capos. Al presidente no le quedó otro camino que ordenar que lo sacaran sigilosamente de la alcaldía.

El 11 de marzo de 1984, un año después de que Uribe dejara de ser alcalde, y en plena campaña electoral al Senado, durante un operativo de las autoridades antinarcóticos, se decomisó un helicóptero Hughes-500, modelo 369D, con matrícula HK 2704-X. El 21 de abril, Uribe se entrevista con Enrique Parejo, en aquel momento ministro de Justicia, para explicarle que su familia, propietaria del helicóptero, no estaba implicada en el narcotráfico, y que simplemente “lo habían prestado a un amigo”.

ENTRE 7.000 Y 15.000 DESAPARECIDOS DESDE 1977

El Gobierno de Uribe representa la necesidad de centralizar el poder ejecutivo para lograr una unidad de mando en la guerra contra la insurgencia y contra cualquier tipo de oposición popular que se genere. Su modelo económico se caracteriza por una gran acumulación y concentración de capital y tierras en pocas manos, mientras el capital financiero controla las arterias vitales de la economía. Hoy, el 50% de los colombianos viven por debajo de la línea de miseria, y el 10% en condiciones de indigencia. Mientras tanto, unos pocos concentran en sus manos una altísima proporción de la riqueza. Tan sólo en los dos primeros años de su mandato, dos de los más grandes grupos económicos del país ya habían triplicado su riqueza. Según denuncian las ONG de derechos humanos en Colombia, su proyecto de Estado es fascista, sustentado en elementos como centralización del poder ejecutivo, el control y disminución del Congreso, el fortalecimiento del aparato militar, el desarrollo de la estructura paramilitar y la negación de las libertades democráticas. Según la Asociación de Familiares Desaparecidos (Asfades) se supera la cifra de 7.300 desaparecidos en Colombia desde 1977. Sin embargo Gloria Gómez, directora de esta asociación, indica que la cifra real podría superar los 15.000, dado que en muchas ocasiones las familias no denuncian por miedo a las posibles represalias. Para Asfades, el principal actor represivo en Colombia es el paramilitarismo, seguido por el Ejército y de lejos la insurgencia. Uribe ha extraditado a delincuentes comunes y a presuntos guerrilleros hacia EE UU, pero se comprometió a no extraditar a los paramilitares, es decir, a los más peligrosos miembros del crimen organizado.

Este artículo ha sido publicado en el periódico Diagonal, el pasado 7 de febrero de 2008

El Salvador: Detenciones vinculan a Arena con los ‘narcos’

Las últimas detenciones en el caso del asesinato de los tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su chófer el pasado 19 de febrero en Guatemala complican al partido salvadoreño en el poder, Alianza República Nacionalista (Arena). La policía guatemalteca detuvo el 3 de enero a Carlos Gutiérrez, alias ‘Montaña 3’, y giró orden internacional de captura para Manuel Castillo, ex diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza y alcalde electo de Jutiapa, considerando a ambos autores intelectuales de los crímenes.

Las declaraciones de las autoridades salvadoreñas y en especial del presidente Tony Saca, planteando que los asesinados habían sido confundidos con traficantes colombianos, han quedado definitivamente desacreditadas tras las últimas investigaciones y la detención de ‘Montaña 3’. Entre los diputados muertos, se encontraba Eduardo D’Aubuisson, hijo de Roberto d’Aubuisson, fundador de Arena y de los escuadrones de la muerte en El Salvador. El móvil del asesinato fue el robo de droga o dinero vinculado a la droga, indican las declaraciones de los sindicados. Pese a que las autoridades salvadoreñas han intentado por todos los medios descartar que los diputados de Arena transportaran sustancias ilícitas, esta versión se ha hecho insostenible. Tony Saca ha negado siempre la vinculación de salvadoreños en el crimen, otra cuestión que ha quedado en entredicho según han ido avanzando las investigaciones.

Las últimas informaciones indican que los autores del crimen llamaron en múltiples ocasiones a El Salvador el día de los asesinatos. Entre las llamadas aparece en tres ocasiones el ex diputado conservador salvadoreño Horacio Ríos. La preocupación en los medios ‘areneros’ es patente: la complicidad en las relaciones entre los gobiernos de Guatemala y El Salvador ha cambiado con la toma de posesión de Álvaro Colom, y la posibilidad de que se destape todo un entramado delictivo que vincule a Arena con el narcotráfico en Centroamérica no beneficiaría en nada al Gobierno salvadoreño, tan sólo a un año de las elecciones presidenciales que registran un alto índice de posibilidades de triunfo del opositor Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. En Guatemala, seis civiles y dos policías se encuentran en este momento detenidos por el asesinato de los diputados ‘areneros’ del Parlacen.

A ellos hay que sumar los cuatro policías autores directos del crimen que fueron asesinados con la complicidad de la policía guatemalteca en el penal de alta seguridad El Boquerón, para que no declarasen.

Este artículo fue publicado en el periódico Diagonal el pasado 24 de enero de 2008

El Salvador: un responsable de asesinato, candidato a presidente

LA COOPERANTE VASCA BEGOÑA GARCÍA FUE ASESINADA DE UN TIRO EN LA NUCA EN 1990

Diecisiete años después del asesinato de la cooperante vasca Begoña García Arandigoien en El Salvador, el principal implicado en el crimen visita el Estado español con la más absoluta impunidad.

“Fue el 10 de septiembre de 1990 en la falda del volcán de Santa Ana (zona del nordeste del país). Dos días antes, la guerrilla había realizado diversas reuniones y actos propagandísticos en el territorio, consecuencia de ello, una unidad de compañeros del ERP se hallaba aún en la zona”, así relata a DIAGONAL Domingo, alías usado en aquella época por este ex combatiente guerrillero que fue miembro del Ejército Revolucionario Popular (ERP), uno de los cinco grupos armados que conformaron en 1980 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Domingo, militante activo del FMLN y trabajador de la cooperación internacional, prefiere no dar su nombre: “No entiendo la actuación de la Justicia española, pero mientras este asesino no esté sentado en un banquillo español o ante la Corte Internacional, mejor mantener mi anonimato, al fin y al cabo, nuestro país está gobernado por la extrema derecha”. Y prosigue: “Los compas supervivientes relataron a nuestra unidad, que estaba a pocos kilómetros, que a primera hora de la tarde la columna guerrillera en la que estaba Alba (nombre con el que se conocía popularmente a Begoña García Arandigoien) fue emboscada por el Ejército, la compañera fue herida y apresada por los militares. Fue un duro golpe porque todos los que tuvimos la suerte de conocerla, la queríamos mucho”.

Dos días después, el 12 de septiembre, la radio Venceremos, emisora rebelde de la guerrilla del FMLN informaba: “Begoña García, compañera internacionalista de origen vasco, fue asesinada salvajemente por el Ejército en un hospital de campaña en el cantón La Montañita, del departamento de Santa Ana, horas después de su captura el pasado 10 de septiembre”.

El asesinato de una cooperante

Begoña García Arandigoien era una joven médica nacida en Navarra y militante de la organización internacionalista Askapena. Había llegado a Nicaragua en 1988 y apenas un año después marchaba a El Salvador como personal sanitario para la guerrilla del FMLN.

La versión oficial dada por el Gobierno salvadoreño y la Comandancia del Ejército fue que la brigadista internacional murió “en combate” a consecuencia del fuego cruzado entre guerrilla y Ejército. No hubo ningún reconocimiento judicial y el Ejército procedió de inmediato al entierro de su cadáver. Esta joven cooperante de apenas 24 años pasó a formar parte de la larga lista de mártires que generó el Ejército durante el conflicto armado en El Salvador. “Incluso el nombre de Begoña fue utilizado como un alías por otros internacionalistas vascos en honor a su memoria”, relata a DIAGONAL Alfredo Pombo, otro ex combatiente del ERP.

Tras las gestiones de la embajada española, se consiguió que cuatro días después del asesinato fuera exhumado su cadáver. Ya en el Hospital de Navarra, lugar donde Begoña trabajó antes de viajar a Centroamérica, la autopsia no dejaba lugar a dudas: la joven había sido asesinada de un balazo con “cañón tocante en la nuca”, además de haber recibido otros cinco balazos en diferentes partes del cuerpo y sufrir roturas del fémur y de los dos brazos. Todo indica que antes de su asesinato con un disparo a quemarropa, había sido torturada por el Ejército salvadoreño.
Ante las explicaciones requeridas por las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores español, por esta “vergonzante” ejecución extrajudicial, las autoridades del Gobierno salvadoreño nunca dieron respuesta.

Ejecución extrajudicial

La Comisión de la Verdad que se formó en 1993, con la participación de las Naciones Unidas y con el fin de investigar las violaciones de derechos humanos y los crímenes contra la humanidad que tuvieron lugar durante el conflicto que azotó El Salvador entre 1980 a 1991, estudiaron entre otros, el caso de la joven cooperante internacional. Según la Comisión de la Verdad, Begoña García “fue ejecutada extrajudicialmente por efectivos de la cuarta compañía BIC PIPIL de la Segunda Brigada de Infantería bajo el mando inmediato del teniente Roberto Salvador Hernández y el mando superior del teniente coronel del Ejército, José Antonio Almendáriz Rivas, Ejecutivo de la Segunda Brigada”. La investigación de la Comisión indica que ambos oficiales “encubrieron los hechos” con la colaboración de la tercera comandancia de la Policía Nacional, así como peritos y las autoridades judiciales que reconocieron el cadáver en el patio del hospital de campaña donde fue asesinada.

El decreto de amnistía general de 1993, por el que se “perdonaron” miles de delitos de lesa humanidad cometidos en El Salvador, permitió a Almendáriz verse exculpado de los crímenes cometidos durante la guerra, entre los cuales destacaba el de Begoña por su condición de cooperante extranjera.

Según informó a DIAGONAL Vicente Neto, líder comunal y antiguo combatiente de la Fuerzas Populares de Liberación (FLP), otra de las organizaciones armadas que conformaron el FMLN: “José Antonio Almendáriz Rivas es diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN) por el departamento de Sonsonete, hace diez años que ejerce cargos en la Asamblea Legislativa de El Salvador, y en la actualidad postula por ser el cabeza de lista de su partido para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el primer trimestre del 2009”. Y prosigue: “Almendáriz fue depurado del Ejército en 1992 junto a otro centenar de militares. Además, reconoció públicamente hace dos años su responsabilidad por el asesinato de la compañera Alba, llegando a decir que dicho crimen lo cometió en su momento por odio”.

Almendariz: “Ya pedí perdón por ello”

A finales del pasado mes de octubre, Almendáriz formó parte de una delegación de diputados salvadoreños que viajaron al Estado español con el fin de analizar la Transición española como un posible modelo aplicable a la situación política de El Salvador. Allá, Guillermo García, padre de la víctima, contactó con escasa fortuna con los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores con el fin de que el diputado salvadoreño fuera detenido y evitar así que pudiera salir del territorio español. En la actualidad y preguntado por el crimen de Begoña García por el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, Almendáriz se limitó a declarar: “ya pedí perdón por ello”.

Este artículo ha sido publicado en el periódico Diagonal y en el Colatino de El Salvador, el 29 de noviembre de 2007

La “parapolítica” se mantiene vigente en Colombia

Aunque a simple vista parece que su influencia se redujo, la sombra de la “parapolítica” no desaparece en la Costa. Los resultados electorales del pasado 28 de octubre demuestran que varios de los partidos que tienen nexos con las autodefensas ganaron en 21 alcaldías y tres gobernaciones, así como curules en una Asamblea.

El caso más notorio es Córdoba, donde 17 de sus 28 alcaldías estarán en manos de grupos afines a los ex congresistas Reginaldo Montes, Miguel de Espriela y Juan Manuel López, todos ellos presos en el penal de La Picota.

La situación de Sucre también es bastante inquietante, dado que en la Gobernación y en la Alcaldía de Sincelejo ganaron candidatos cercanos a Álvaro García y Jairo Merlano, también detenidos por “paapolítica”.

En Magdalena, donde un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ganó la Alcaldía de Pivijay, también se afirma que el Gobernador electo es cercano a Trino Luna.

Una Alcaldía en Bolívar (Turbaco) y otra en el Atlántico (Campo de la Cruz), completan el nuevo mapa “para” de la Cosa a partir del 1 de enero, donde tomarán posesión de sus nuevos cargos, gobernadores, alcaldes, ediles, concejales y los curules a la Asamblea.

Más de 40 los parlamentarios son investigados por “parapolítica”.

El 17 de enero de 2006, los directores del partido de la U, Juan Manuel Santos, y de Cambio Radical, Germán Várgas Lleras, anunciaron la expulsión de cinco congresistas por presuntos vínculos con paramilitares. Los cinco políticos afectados eran fieles aliados del gobierno y aunque había rumores sobre sus relaciones non sanctas, no se constataban hasta entonces las ilegalidades. Muchos afiliados de ambos partidos llegaron a calificar como precipitada la medida tomada por Santos y Vargas. Sin embargo hoy, tres de ellos –Dieb Maloof, Luís Eduardo Vives, Jorge Castro- están detenidos por “parapolítica”; otro –el representante Jorge Caballero- anda prófugo en Europa, y el quinto –el senador Habib Merheg-, está siendo investigado por lo mismo.

A primeros del 2006, se llegó a decir que estábamos ante hechos aislados y que había que restarle importancia a lo sucedido. En noviembre del 2007, esos casos han dejado de ser aislados y ya suman más de 40 parlamentarios. Ni el proceso 8000 –hasta ahora el escándalo político por excelencia de la última década en Colombia- la Justicia se había ocupado de tantos congresistas al mismo tiempo. Y de tantos gobernadores: hay dos detenidos –los de Magdalena y Cesar- y uno ex prófugo, Salvador Arana, de Sucre.
Ni los más críticos con el sistema político colombiano se imaginaban que a la fecha de hoy, la mayoría de la dirigencia política tradicional de cuatro departamentos –Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba- estaría sub-júdice.

Merece la pena destacar, que todo este escándalo de “parapolítica” posiblemente nunca habría llegado a estos niveles si no fuera por dos hechos concretos: el allanamiento de una casa en Santa Marta en marzo de 2006 y la decisión de la Corte Suprema de desempolvar una investigación contra el senador Álvaro García. En el allanamiento se encontró el llamado computador de “Jorge 40”. Allí había información sobre vínculos de varios políticos con el jefe paramilitar, que, en primera consecuencia: fueron detenidos cuatro diputados de Sucre, cuyas voces habían sido grabadas por miembros de las autodefensas durante una reunión que sostuvieron con los políticos.

En octubre, la corte llamó a indagatoria a los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, así como al congresista Eric Morris. Esto significó un nuevo punto de inflexión en las actuaciones de la Justicia en Colombia. Nunca la Corte, es más alto tribunal de la justicia penal, se había atrevido a imputar a con un político todopoderoso como Álvaro García en un caso como este. Esta situación, permitió que se visualizara la verdadera dimensión de la “parapolítica” –la que no afecta directamente al presidente Álvaro Uribe, aún perfectamente parapetado frente a los procesos judiciales-.

A partir de ahí, la Corte y la Fiscalía General empezaron a verse inundadas de denuncias de testimonios y de pruebas de vínculos de políticos y paramilitares. Declaraciones de imputados como el senador Miguel de la Espriella, dejaron a la luz las reuniones clandestinas entre parlamentarios, dirigentes regionales y comandantes de las autodefensas. La osadía y falta de recato en algunas de las declaraciones de los implicados, da a entender la visión de impunidad que hasta entonces habían tenido los políticos colombianos ante la ley.

La desfachatez de los incriminados ha sido patente. Todos declaran su inocencia. Alegan que fueron obligados, que no había otra opción que tratar con los jefes feudales armados, y que lo hicieron por “salvar a la patria”. Hasta ahora, esa explicación no ha prosperado en la Corte. Tal vez por eso varios de ellos optaron por renunciar a su investidura, pedir a la Fiscalía que los investigue y esperar que un juez les dé la razón.

Relación de políticos implicados en “parapolítica”

Nombre del imputado Asignación o cargo político Situación legal
Álvaro García Romero Senador de Colombia Democrática Detenido, llamado a juicio
Álvaro Araujo Castro Senador de Alas Equipo Colombia Detenido, llamado a juicio
Mauricio Pimiento Senador de partido de la U Detenido, llamado a juicio
Dieb Maloof Senador de Colombia Viva Detenido, llamado a juicio
Luís Eduardo Vives Senador de Convergencia Ciudadana Detenido, llamado a juicio
Eric Morris Tabeada Representante de Colombia Democrática Llamado a juicio
Jorge Luís Caballero Representante de Apertura Liberal Prófugo
Alfonso Campo Escobar Representante por el Partido Conservador Detenido. Se declaró culpable
Miguel de la Espriella Senador de Colombia Democrática Detenido
Eleonora Pineda Ex representante expulsada de Colombia Democrática Detenida
William Montes Senador del Partido Conservador Detenido
Muriel Benito Revollo Ex representante del Partido Conservadora Detenida
Reginaldo Montes Senador de Cambio Radical Detenido
Juan Manuel López Cabrales Senador del Partido Liberal Detenido
Jairo Enrique Merlano Senador del partido de la U Detenido
José de los Santos Negrete Representante por el Partido Conservador Detenido
Karelly Patricia Lara Representante de Cambio Radical Detenido
Óscar Leonidas Wilches Representante de Cambio Radical Detenido
Mario Uribe Escobar Senador de Colombia Democrática, ex presidente del Senado Llamado a indagatoria
Alfredo Cuello Baute Representante por el Partido Conservador, ex presidente de la Cámara Llamado a indagatoria
Álvaro Morón Cuello Representante de Alas Equipo Colombia Llamado a indagatoria
Luís Carlos Torres Senador de Cambio Radical Llamado a indagatoria
Vicente Blel Senador de Colombia Viva Llamado a indagatoria
Luís Humberto Gómez Gallo Senador conservador, ex presidente del Congreso Investigación preliminar
Rubén Darío Quintero Senador de Cambio Radical Investigación preliminar
Óscar Suárez Mira Senador de Alas Equipo Colombia Investigación preliminar
Mauricio Parodi Díaz Representante por el Partido Liberal Investigación preliminar
Óscar Reyes Senador de Convergencia Ciudadana Investigación preliminar
Alfonso Riaño Castillo Representante de Convergencia Ciudadana Investigación preliminar
Zulema Jattin Senadora de la U, ex presidente de la Cámara Investigación preliminar
Julio Mazur Abdala Senador por el Partido Conservador Investigación preliminar
José Manuel Herrera Representante por Convergencia Ciudadana Investigación preliminar
Habib Merheg Senador de Colombia Viva Investigación preliminar
Héctor Julio Alfonso López Representante por Apertura Liberal Investigación preliminar
Fernando Tafur Representante por Apertura Liberal Investigación preliminar
Dixon Ferney Tapasco Representante por el Partido Liberal Investigación preliminar
Adriana Patricia Gutiérrez Senadora de la U Investigación preliminar
Emilio Ángel Barco Representante por el Partido Liberal Investigación preliminar
Musa Besaile Fayad Representante por el Partido Liberal Investigación preliminar

La "parapolítica" a la sombra del presidente Uribe.

La vinculación formal del senador Mario Uribe a la “parapolítica” es el trago más amargo que le ha tocado hasta ahora pasar al presidente Uribe, tanto por su cercanía familiar como por su significado político.

Desde que comenzó la investigación de las vinculaciones de políticos colombianos con el “paramilitarismo”, nunca se había tocado de tan cerca a la Casa de Nariño. El turno le tocó al senador Mario Uribe Escobar, el primo del alma del presidente Álvaro Uribe. Enterado de la noticia, Uribe declararía: “Como Presidente, debo apoyar a la justicia. Como persona, siento tristeza”. Pero ¿qué hay detrás de todo esto?

La cercanía entre el Presidente y el senador no se limita a los vínculos de sangre. Se ha construido a lo largo de muchos años de actividad conjunto en la política. Los propios inicios de ambos fueron comunes: en el guerrismo, el movimiento del mítico caudillo liberal Bernardo Guerra Serna. De allí salieron juntos, y en 1986, ambos fueron elegidos al Congreso: el actual presidente al Senado, y Mario a la Cámara. Cuando el actual mandatario aspiró a la cámara, su primo heredó el curul senatorial. Han sido parejas paralelas y complementarias, y precisamente esto es lo que hace pronosticar que difícilmente Mario Uribe actuara a parte del presidente.

Mario Uribe esta imputado por declaraciones que le implican con paramilitares de Caucasia tratando de hacerse con unas tierras baratas en la región de Antioquia, y de igual manera en reuniones con ilegales en Sahagún (Córdoba) para conseguir fincas en Sucre. Pero lo que realmente importante que tiene sobre sus espaldas le ha llegado a través de las declaraciones del paramilitar Salvatore Mancuso, quien asegura que se reunión un par de veces que Uribe lo había buscado para que le ayudara a conseguir votos en las zonas bajo su influencia.

Octubre del 2007

Se incrementa la violencia contra el ejercicio del periodismo en América Latina

Durante los primeros nueve meses del presente año, diecisiete periodistas fueron asesinados en América Latina. Estos datos fueron denunciados a primeros de octubre por Manuel Méndez, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), organización adscrita a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la cual engloba a unos quinientos mil afiliados de más de 100 países esparcidos por los cinco continentes.

La región de mayor conflictividad dentro del continente ha sido Haití, con cuatro periodistas asesinados, seguido de México con tres, Brasil y Guatemala con dos y con uno, Nicaragua, Perú, Colombia, El Salvador, Paraguay y Venezuela. Aunque a estos datos, hay que sumar las desapariciones de tres periodistas mexicanos, lo cual en el peor de los casos, situaría a este país como el de mayor riesgo y siniestrabilidad, cosa que ya sucedió el año pasado.

La peligrosidad y la falta de seguridad en el ejercicio profesional del periodismo, al igual que en muchos de los casos la impunidad sobre los delitos, constituyen motivo de grave preocupación para las organizaciones sindicales del sector, que permanentemente vienen denunciando estos hechos.

Por su parte la UNESCO consignó en un informe reciente que en los últimos diez años fueron asesinados más de 1.200 periodistas en todo el mundo y otros miles han padecido agresiones e intimidaciones de todo tipo.

Estas alarmantes cifras fueron dadas a conocer por el subdirector general adjunto de Comunicación de la UNESCO, Mogens Schmidt, quien señaló además que los ataques a periodistas han ido en aumento.

El total de periodistas asesinados durante el 2006 fueron 155, siendo considerado este, el peor año registrado en ataques directos y brutalidad e impunidad continua en casos de periodistas muertos, la mayoría en Irak, mientras que otros son objeto de constantes amenazas, añadió el directivo de la UNESCO en conferencia de prensa realizada en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Al 30 de septiembre de año en curso, ya habían sido asesinados 130 periodistas, lo hace temer que este año se pueda rebasar con creces la trágico cuota de comunicadores asesinados en el ejercicio de su profesión con respecto al año pasado.

Según Mogens Schmidt, el acoso a los periodistas no es exclusivo de los países en situación de conflicto, puesto que en algunos de los países que aparecen como signados por la paz y la democracia, los profesionales de la prensa son asesinados por revelar casos de corrupción o criminalidad que involucran a las autoridades. En palabras de Aidam White, secretario general del FIP: “los medios de comunicación se han vuelto más poderosos y el ejercicio del periodismo más peligroso”.

América Latina, un continente de riesgo para la comunicación.

Si bien es cierto que el ascenso de las izquierdas en América Latina ha significado mayor seguridad y libertad para el ejercicio del periodismo sigue habiendo países de alto riesgo para el desarrollo del periodismo y la libertad de expresión.

Durante los 31 años de existencia de la FEPALC, desde su fundación en 1976, han sido asesinados cerca de mil periodistas en América Latina y el Caribe.

Desde la invasión de 2003 en Irak, este país se ha convertido año tras año en el máximo foco de asesinatos de periodistas a nivel mundial. Sin embargo en América Latina se continúa asesinando periodistas sin que haya ninguna guerra interna ni invasión militar extranjera frontal, excepto el conflicto armado de baja intensidad que sacude a Colombia desde hace medio siglo y que no impidió las elecciones que reeligieron a Álvaro Uribe Vélez con una tasa de abstención del 60%, superior a la registrada en cualquier otro país de la región.

Con independencia del número de muertos, México y Colombia merecen un tratamiento especial en los informes sobre la falta de libertad de expresión de determinados países del continente. En ambos países es donde hoy por hoy se hace más difícil el desempeño del ejercicio del periodismo. Ambos países han sido denunciados en innumerables ocasiones ante diversos organismos internacionales, debido a las presiones y amenazas que de forma permanente viven los periodistas y los medios de comunicación en general.

México: mayor zona de riesgo para el ejercicio de la profesión en América Latina.

El pasado 5 de septiembre, Óscar Rivera de 39 años recibió siete impactos de bala disparados por fusiles automáticos en la ciudad de Culiacán, región central del Estado de Sinaloa.

Este periodista, fundador de la revista “Cambio 21” fue asesinado cuando salía de su trabajo a dos cuadras de la sede de la policía ministerial. Al día siguiente, la Asociación de Periodistas “7 de Junio” movilizaba a de cerca de cincuenta trabajadores de prensa para exigir a las autoridades que esclarezcan el homicidio de Rivera, castiguen a los responsables y garanticen condiciones de seguridad para que los reporteros realicen sus labores.

La columna se desplazó primero hacia el edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado, en Culiacán. Como no fueron recibidos por el funcionario a cargo del organismo, tomaron el edificio y bloquearon calles aledañas mostrando pancartas con leyendas como “¡Ni un periodista más!” y “¡Exigimos justicia”.

La esposa del periodista asesinado responsabilizó por el hecho al comandante de la Novena Zona Militar, Rolando Eugenio Hidalgo Hedyy, señalando que como parte de su trabajo la víctima debía cumplir la función de vocero, sin ninguna protección, informando en varias oportunidades los resultados de las redadas que se le tendían a los narcotraficantes.

El año 2006 ya fue un año de brutalidad sin precedentes para los profesionales del sector en México, que se convirtió en la país más peligroso del continente para los periodistas. En el informe anual del año pasado, titulado Periodistas bajo el filo de la espada, que se presento en la ciudad de Bruselas, la FIP calificó a México como “el país latinoamericano más peligroso para los comunicadores que profesionalmente abordan los temas de crimen y corrupción”, y precisó que en el plano internacional para los trabajadores de los medios de información 2006 fue “un año de brutalidad sin precedentes”.

En su reporte, el FIP precisó que en México ocurrieron el año pasado 10 asesinatos de periodistas de investigación, lo que colocaba al país por encima de Colombia (cinco), que quedaba en el segundo lugar de este macabro ranking. El número de periodistas asesinados durante el ejercicio del 2006 en América Latina, fueron 37.

La situación en México refleja continuidad con la cifra de otros años. Reporteros sin Fronteras ya había precisado en los últimos días de la administración pasada, que “el mandato del presidente Vicente Fox terminó con el sombrío balance de 20 periodistas asesinados, sin que en ningún momento se haya molestado a ninguno de los autores intelectuales de estos crímenes”.
Durante el sexenio panista de Fox, México se convirtió en 2005 “en el país más letal para la prensa de todo el continente americano” y el 2006 quedó clasificado en el segundo puesto mundial, sólo detrás de Irak, y de entonces a la fecha se le considera como el país “más peligroso del mundo” en este sentido.

“La creciente desigualdad y no equitativa distribución de la riqueza, a favor de los que más tienen y en perjuicio de las poblaciones más necesitadas, son el caldo de cultivo para la impunidad y las campañas interesadas en desacreditar al periodismo de investigación y de denuncia”, analiza la FIP sobre la situación del gigante del norte latinoamericano.

Según la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX): “el mayor peligro de muerte del periodismo regional radica hoy en la alianza entre bandas armadas del narcotráfico asociadas a la corrupción del poder político local, sea estatal, regional, provincial y/o municipal”.

Colombia: segundo en el ranking de asesinados a periodistas.

El pasado 24 de octubre, morían asesinados el reportero gráfico Carlos Alberto Jaramillo, y su colaborador Julio César García. Ambos morían baleados en la ciudad de Calí. Ese mismo día hacía público su decisión de abandonar el país, el prestigioso reportero colombiano y destacado activista por la defensa de los derechos humano, Hollman Morris, consecuencia de las diversas amenazas recibidas por los paramilitares debido a sus críticas públicas al gobierno de Álvaro Uribe.

De igual manera a primeros de septiembre, el periodista Javier Darío Arroyabe Monsalve fue asesinado en Cartago, 200 kilómetros al oeste de Bogotá. Colaborador del diario “El Tiempo”, principal periódico del país, y director de noticias de la emisora radial “Ondas del Valle”, la víctima de 41 años fue apuñalado en varias ocasiones en el interior de su residencia.

Sus compañeros de trabajo señalaron que Arroyabe Monsalve abordaba temas polémicos en su espacio radial, como la corrupción, el despilfarro de los recursos de Estado y la política regional. Recordaron también que el periodista asesinado formaba parte del equipo periodístico que denunció la corrupción del ex alcalde de la ciudad, Luís Alberto Casto, quien a la postre fue sancionado con la suspensión del cargo.

Por otro lado, recientemente organizaciones nacionales e internacionales de prensa expresaron su enérgica repulsa en contra de las declaraciones del presidente Álvaro Uribe por sus acusaciones a dos periodistas de relevante trayectoria. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), dijo que sus comentarios estridentes y personales dieron como resultado múltiples amenazas de muerte en contra de ambos, provocando además el exilio de uno de ellos.

El CPJ denunció la intolerancia de Uribe hacia la crítica en los medios de comunicación, lo cual socava su “teórico” compromiso con la libertad de expresión. Los afectados fueron los periodistas Daniel Coronell, director de noticias del Canal 1 y columnista de la prestigiosa revista “Semana”, al que el presidente en un diálogo radial calificó de cobarde, mentiroso, canalla y difamador profesional; y Gonzalo Guillén, corresponsal de diario “El Nuevo Herald” de Miami, que se vio obligado a abandonar Colombia luego de recibir más de veinte amenazas de muerte, tras que Uribe lo definiese como difamador de baja calidad.

La Federación Colombiana de Periodistas (FELCOLPER), también formuló un llamado al presidente Uribe para que atempere su lenguaje cuando se trata de la prensa. La FELCOPER denunció la costumbre de Uribe de desacreditar a los periodistas y de sindicarlos como autores de hechos falsos o inexactos. Guillén no ha sido el único periodista obligado a marcharse de Colombia, la lista es extensa y entre ellas está Freddy Muñoz, el hasta hace unos meses corresponsal de Telesur en Bogotá.

Destacan en este país, los sucesos ocurridos en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba, zona norte del país y uno de los departamentos de mayor actividad paramilitar. Allí una turba de simpatizantes de Colombia Democrática, la organización política que mayor número de dirigentes detenidos tiene por “parapolítica”, golpeó a los periodistas Milton Otero y Julio Daniel Otero, reportero gráfico y director del quincenario “El Observador”.

La agresión fue liderada por el ex alcalde José Berín Figueroa y el profesor Rafael Figueroa Flórez, cuando los periodistas hacían tomas fotográficas del Palacio Municipal, mientras esperaban al nuevo alcalde para una entrevista.

Milton Otero denunció que el intento de linchamiento podría estar relacionado con las denuncias de fueron publicadas en “El Observador” respecto a diversos actos de corrupción que alcanzan al ex alcalde y a diversos funcionarios, así como a los posibles vínculos de políticos de dicha coalición con los grupos paramilitares de la región.

La situación de grave inseguridad que viven los y las periodistas colombianas desde hace muchos años ha llevado a multitud de denuncias tanto nacionales como internacionales, que tuvieron su cenit en las acciones que se realizaron en la ciudad de Arauca, donde se produjo el lanzamiento del “Código de Protección para el Cubrimiento de los Actos Electorales” y se distribuyó la segunda edición en español del “Manuel de Protección para Periodistas: Noticias en vivo” de la FIP.

El programa de capacitación se realiza merced al trabajo conjunto del Centro de Solidaridad de la FIP en Colombia, la Corporación de Medios para la Paz y la Agencia Sueca de Cooperación la acción se extendió este año a las ciudades de Bucaramanga, Cali e Ibagué.

En los últimos 16 años, solo en Colombia, 39 periodistas han sido asesinados en cumplimiento de su trabajo profesional.

Últimos asesinatos en el continente.

El pasado 11 de octubre, la Policía Nacional Civil de El Salvador anunció la captura de José Alfredo Hernández, a quien se le atribuye la autoría del asesinato del periodista Salvador Sánchez Roque.

Sánchez Roque, de 38 años de edad, reporteaba para las emisoras de radio Mi Gente, YSUCA y Maya Visión, todas ellas vinculadas a la izquierda social y política del país. La madre del periodista asesinado declaró a los medios que su hijo venía denunciando numerosas injusticias y que se mantenía muy pendiente de las extorsiones al transporte público que las pandillas realizan en la zona.

El Salvador es uno de los países más violentos de América Latina y del mundo, con una tasa de homicidios de más de 60 por 100.000 habitantes. El 80 por ciento de los crímenes son ejecutados con armas de fuego y en su mayoría quedan impunes.

De igual manera, el pasado 22 de agosto, fue asesinado el periodista paraguayo Tito Palma, director de la emisora de radio FM Mayor Otaño.

El 5 de julio pasado, murió asesinado el reportero gráfico Jorge Alejandro Castañeda Martínez, de 35 años, quien recibió más de diez tiros por desconocidos, cuando salía de dejar a sus hijos de 4 y 6 años en una escuela de la zona 11 de Ciudad de Guatemala.

No era el primer periodista asesinado en Guatemala, donde el pasado 3 de mayo, cayó el reportero de Radio Sonora rolando López Sánchez.

Conclusión.

Hace quince o veinte años, en la época de las dictaduras militares en América Latina, los periodistas eran reprimidos, asesinados y desaparecidos directamente por los gobiernos autoritarios emanados de la “Operación Condor”. Hoy sin embargo, queda evidenciado que en varios países latinoamericanos, cuyos gobiernos además tienen la osadía de autodefinirse como las vanguardias de las democracias avanzadas en el continente junto a los Estados Unidos y Canadá, se consolida una nueva clase política local de extracción delictiva que ejerce una suerte de “narco-poder” o “corrup-poder” en asociación con los ejércitos privados del crimen armado. La mayoría de los periodistas asesinados trabajaban en diarios, periódicos, radios y otros medios de comunicación locales.

Publicado en la Revista Pueblos (octubre/2007)

En memoria del Che Guevara

La figura del Che sigue asomando 40 años después en cada parte del planeta donde los humildes y las organizaciones sociales se enfrentan a las injusticias globales.

8 de octubre, 40 años atrás. No había cumplido un año aún la guerrilla en Bolivia. La situación era mala, el Ejército les pisaba los talones, el apoyo popular era escaso y las organizaciones de la III Internacional les daban la espalda.

Meses antes había escrito su Mensaje a los Pueblos del Mundo, que contiene sus afirmaciones más radicales y contundentes: la guerra mundial abierta contra EE UU, en abierta contradicción con la “coexistencia pacífica” que entonces sostenía la URSS y los partidos comunistas latinoamericanos. Encabezó ese documento con la frase: “Crear dos, tres... muchos Vietnam, es la consigna”.

Una guerrilla diezmada, donde apenas quedan 17 combatientes, es sorprendida en la Quebrada del Yuro. El Che ordena sacar a los enfermos y se queda con el resto para hacer frente a los militares. Harry Villegas, alias Pombo, uno de los cinco sobrevivientes, contó así ese momento: “Yo pienso que él pudo escapar. Pero traía un grupo de gente enferma que no se podía desplazar a la misma velocidad que él. Cuando el Ejército comienza la persecución, decide pararse y dice a los enfermos que sigan. Entre tanto el cerco se va cerrando. Sin embargo, los enfermos logran salir (...). El Che y el resto de compañeros aguantan. Cuando van a continuar, el cerco se cerró y entonces se produce el enfrentamiento directo”.

“Apunte bien, va a matar a un hombre”

Tras tres horas de combate es herido y apresado. Le quedan horas de vida.
El sargento Mario Terán entra en una sala de la escuelita de La Higuera, donde había sido confinado el Che. Según declaró a la prensa: “Ése fue el peor momento de mi vida. Cuando llegué, el Che estaba sentado en un banco. Al verme me dijo: ‘Usted ha venido a matarme’. Yo me sentí cohibido y baje la cabeza sin responder. Entonces me preguntó: ‘¿Qué han dicho los otros?’ (refiriéndose a los guerrilleros Willy y Chino). Le respondí que no habían dicho nada, y el contestó: ‘¡Eran unos valientes!’. Yo no me atrevía a disparar, en ese momento vi al Che grande, muy grande, enorme. Sus ojos brillaban intensamente. Sentí que se me echaba encima y cuando me miró fijamente, me dio un mareo. Pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma. ‘¡Póngase sereno - me dijo- y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!’. Entonces di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé la primera ráfaga. El Che, con las piernas destrozadas cayó al suelo, se contorsionó y empezó a regar muchísima sangre. Yo recobré el ánimo y disparé la segunda ráfaga, que lo alcanzó en un brazo, en el hombro y en el corazón. Ya estaba muerto”.

La historia 40 años después aún tiene cosas que decir sobre las razones que llevaron a Guevara al callejón sin salida de la selva de Ñancahuazú. Enviado al mundo de los mitos por dos ráfagas de fusil automático por orden del agente cubano de la CIA Félix Rodríguez. Hoy la Historia nos indica que mataron a un hombre, pero no su leyenda. El fotógrafo Freddy Alborta inmortalizó su cuerpo sin vida expuesto por los militares en la lavandería del hospital de Vallegrande, donde fue trasladado después de muerto. Lo haya querido o no el autor, la imagen de Guevara tendido sobre los pilones de un lavadero recuerda a Cristo. Su mirada ausente de muerto irradiaba una extraña inocencia, acentuada por sus labios entreabiertos, semi sonrientes en el rictus mortis.

Hoy los campesinos de esta región de Bolivia han hecho un santuario en ese lugar. Es la religiosidad verdadera que inspira el Che para millones de personas de todo el planeta.

Su legado

Presentar al Che como un soñador o aventurero es erróneo, su imagen guerrillera tapó al teórico socialista de pensamiento crítico y rebelde. Guevara criticó fuertemente las contradicciones del sistema económico socialista de la URSS, China y demás naciones bajo su órbita. En las notas de Praga, tras su salida de África, el Che denuncia que, de no ser rectificadas, las deformaciones de las sociedades socialistas conducirían a una involución del sistema de impredecibles consecuencias para la humanidad.

Para él, “la revolución no es, como pretenden algunos, una estandarizadora de la voluntad colectiva y la iniciativa colectiva, sino todo lo contrario, es una liberadora de la capacidad individual del hombre”. También se enfrenta a la tesis “no debemos plantearnos la toma del poder”, nacida de pensadores socialdemócratas de finales del siglo XIX y puesta de actualidad por los autores llamados ‘posmodernos’ desde sus cómodos sillones académicos. Él afronta este debate desde una práctica política vivida cotidianamente como una apuesta vital por la revolución socialista. “El poder es el objetivo estratégico sine qua non de las fuerzas revolucionarias y todo debe estar supeditado a esta gran consigna. La toma del poder es un objetivo mundial de las fuerzas revolucionarias”.

Para Guevara, “la misión de los dirigentes y de los partidos es la de crear todas las condiciones necesarias para la toma del poder y no convertirse en nuevos espectadores de la ola revolucionaria que va naciendo en el seno del pueblo”. Su pensamiento prioriza el plano donde se constituye la hegemonía socialista. Es ahí donde deben ubicarse sus escritos sobre la necesidad de construir el hombre nuevo, la batalla por la creación de una pedagogía del ejemplo y la moral comunista: “Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”.

El guevarismo, junto al mariateguismo (que incluye el factor indígena en el proceso revolucionario), constituye la expresión del pensamiento político más radical de Marx y Lenin, descifrados en clave latinoamericana. Pero el Che sobrevive a la crisis ideológica tras la caída del muro de Berlín. Lo logra porque su vida irradia autenticidad y radicalidad, siendo un ejemplo de coherencia de vida. Como proyecto político, significa una lectura del marxismo que recupera su clave antiimperialista y anticapitalista, la confrontación por el poder y de lucha radical contra toda forma de dominación social.

Poder popular y antiestalinismo

Para el Che la revolución comienza antes de la toma del poder, con la creación del poder popular y las zonas liberadas, se prolonga a través de la destrucción del poder estatal, en el derrocamiento de la vieja sociedad, y más tarde se extiende en la creación de nuevas formas de relaciones sociales y nuevas instituciones creadas a partir de la transformación del orden social. Antiburocrático y antiautoritario, siempre planteó la creación del poder popular y la continuidad ininterrumpida y permanente de la revolución contra toda burocracia. Acusado por los estalinistas de pretender exportar la revolución por todo el mundo, hizo énfasis en la revolución continental: “No pueden confundirse los compromisos coyunturales, diplomáticos o comerciales de un Estado particular con las necesidades políticas del movimiento popular latinoamericano en su conjunto”.

Su internacionalismo le llamó a sentir en carne propia las desdichas que afectan a todas las personas del mundo, ésa fue su mayor contribución al pensamiento contemporáneo. Bolivia fue su fracaso militar y político. Un error de trágicas consecuencias para él y para el movimiento revolucionario del momento. Sin embargo, su legado vive: la América en lucha de hoy parte del fruto de la semilla por él sembrada. “Este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana” (Diario de Bolivia, 1967).

Publicado en Diagonal Periódico 19 de octubre 2007