sábado, 4 de abril de 2020

Ética, Política Y Comunicación En El Ecuador Del COVID-19

 


Autor: Decio Machado

CEO de Equilicuá

La relación entre ética, política y comunicación al interior del ecosistema democrático ecuatoriano por lo general e históricamente ha dejado mucho que desear.

¿El motivo? Posiblemente porque la política moderna ha introducido en el país un fuerte relativismo moral a la hora de las disputas por el poder y la gestión de este.

¿Tiene el poder una dimensión ética y se plasma esta en la comunicación política estratégica? Pues visto lo visto hasta ahora, más bien el discurso de la ética se ha convertido en una mera forma de justificación del poder y no lo contrario, lo cual sin duda tiene una articulación característica en el tipo de mensajes y narrativa que articulan los actores políticos nacionales.

Si la pandemia global de COVID-19 que sufre el planeta se transversaliza desde el punto de lo político por algo, es por la necesidad de analizarse -ahora más que nunca- la singular relación que entabla la política con la ética y como está se convierte luego en narrativa, relato y discurso político.

El debate es viejo y lo comenzó a poner sobre la mesa Max Weber cien años atrás. Sin embargo, las condiciones actuales, enmarcados en la más grave crisis que ha conocido la Humanidad desde la Segunda Gran Guerra, hacen aflorar los elementos más pertubadores respecto a la escasa práctica de la ética que se hace en la política y como luego esta es transforma en modelo de comunicación pública de los actores políticos respecto a sus correspondientes sociedades.

Weber nos dice que al generalizarse el desarrollo del mercado, en los inicios de la modernidad, comienza a diferenciarse una esfera privada y una pública que termina demarcando lo que es la ética púbica respecto a los valores de la moral, lo que se justificará a la postre en un modelo de mensaje hacia la sociedad. Siguiendo esta tesis, ya no sería posible calificar a los gobiernos en función de las categorías éticas que definían antaño en qué medida se aproximaban o no al bien común; sino que ahora esta medición debe hacerse sobre la eficacia demostraba por la capacidad del gobernante para conquistar y mantener el poder del Estado, así como de la forma en que esto se plasma posteriormente en comunicación. En fin, la política ha pasado -desde Maquiavelo a nuestros días- a tener una especificidad propia y que es definida por la disputa por poder y el poder en sí mismo, haciendo de la comunicación una herramienta al servicio de dicho objetivo. Todo ello pese a que Immanuel Kant pretendiese filosóficamente racionalizarlo en algún momento de la historia.

Llegados a este punto, es un hecho poco discutible que la democracia actual es un mito. Lejos de promoverse una práctica de participación real de los ciudadanos en la instancia efectiva de gobierno y un modelo de comunicación transparente hacia los teóricos «mandantes», en realidad se extiende un tupido velo sobre la sociedad que oculta las verdaderas y muy asimétricas relaciones de poder existentes en nuestra sociedad -«gubernamentalidad» lo llamaría Michael Foucault-, así como los intereses en juego por los actores que se disputan el poder político.

Esto es lo que se está viendo en Ecuador durante los presentes días. Un Gobierno Nacional con una popularidad inferior a dos dígitos que articuló un modelo de comunicación complaciente consigo mismo y que descaradamente desinforma a su población respecto a la realidad del impacto del COVID-19 en el país. De esta manera se construyó una ficción respecto a la capacidad de reacción gubernamental frente a esta crisis y se responsabiliza a la ciudadanía del impacto de la pandemia sobre sí misma, articulando una confusión de datos respecto al número de contagios y su incidencia en muertes en el país. Todo ello enmarcado en un juego de disputas políticas entre posicionamientos de imagen de actores gubernamentales, posicionamiento de los líderes políticos de oposición e intereses estratégicos político partidistas definidos en el ámbito de como mejor cada uno de ellos se sitúa ante a la contienda electoral del próximo mes de febrero.

La comunicación gubernamental en tiempos de COVID-19

Cabe comenzar indicando que si el anterior gobierno del Ecuador se caracterizó, entre otras cuestiones, por articular un modelo de comunicación muy efectivo durante al menos su primeros siete años de gestión de cara al posicionamiento de imagen del entonces primer mandatario, el actual ha carecido de este criterio durante todo su período de mandato.

Sin embargo, llegada la crisis del COVID-19 al Ecuador, existe un encuentro entre la política comunicación del gobierno del ex presidente Rafael Correa y la del actual presidente Moreno. Ambos distorsionaron la comunicación gubernamental transformándola en un aparato de publicidad al servicio del posicionamiento de altos funcionarios públicos, lo que supone en la práctica una cuestionable apropiación de fondos públicos destinada a un fin muy poco democrático: antaño para la apología del culto a la personalidad del ex presidente Correa y en la actualidad la pretendida identificación del Vicepresidente Otto Sonnenholzner con una figura heroica que lucha sin cuartel por la defensa de la salud de los ecuatorianos.


Pero más allá de esto, basta un análisis del modelo comunicacional implementado por el Gobierno del Presidente Lenín Moreno para identificar falencias estratégicas claves. La primera de ella viene desde tiempo atrás y consiste en justificar su existencia en base a la «demonización» de todo lo que tiene que ver con el gobierno anterior.

Una estrategia tan pobre y sostenida de forma permanente durante 35 meses, incluso en la actual situación político-social que se vive en el país, evidentemente hace aguas y demuestra la limitaciones técnico-estratégicas de quienes componen y asesoran el frente político gubernamental.

Pero más allá de lo anterior, la Administración Moreno está transversalizada en al actual crisis por un problema estructural. Si la comunicación gubernamental en la práctica no es más que la política que desarrolla un gobierno expresada en forma pública, llegada la pandemia del COVID-19 al Ecuador difícilmente el Gobierno Nacional puede aparecer como un estado protector si lo que ha hecho durante sus tres años de mandato es desfinanciar el sistema público de salud.

A partir de ahí la estrategia comunicacional del Gobierno entra en crisis y genera una enorme desconfianza hacia el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Es ahí donde las llamadas a restringir la movilización humana y el confinamiento en nuestras casas, enfocados al miedo de la población para posicionar un cambio de conducta social, carecen de credibilidad y confianza especialmente entre los sectores más empobrecidos y golpeados por la gestión del actual gobierno. Superar esta realidad requiere de estrategias blitz -término con el que se conoce a los bombardeos sostenidos en el Reino Unido por parte de la Alemania nazi- por parte de Gobierno Nacional para recuperar legitimación social, algo imposible de conseguir cuando la gestión de esta crisis destaca entre las peores realizadas por los gobiernos de todo el planeta.

El posicionamiento de mensajes de autosuficiencia para afrontar la crisis por parte del Ejecutivo carece de rigor y esto es percibido socialmente.

Ecuador apenas tiene 2 médicos por cada mil habitantes, menos de la mitad del indicador existente en países como Uruguay y Argentina; y 1.5 camas también por cada mil habitantes, lo que equivale a menos de un tercio en relación a países Argentina, la mitad de las existentes en Uruguay y sustancialmente menos que en Brasil o Chile (datos Banco Mundial). En paralelo, todavía está por verse la articulación de grandes espacios en coliseos, hoteles y pabellones universitarios para ubicar camas con dotación de ventiladores que sean efectivos como unidades de transitorias de cuidados intensivos.

Ante la angustia social existente la estrategia del Gobierno Nacional se basó en articular elementos de distracción comunicacional, buscando mostrar ante la ciudadanía lógicas innovadoras y disruptivas destinadas a paliar la crisis.

Y anunciado en paralelo medidas económicas de escaso calado que permitiesen demostrar preocupación respecto a los targets sociales más -en términos gubernamentales- «indisciplinados».

Todo ello en un país donde la gestión gubernamental durante estos últimos años ha conllevado un retroceso en materia de indicadores sociales más que evidente.

Pero con un impacto como el que vive el país en estos momentos, la realidad se hace difícil de ocultar por demasiado tiempo. La presión social ante este hecho ha sido tal que el propio Presidente Lenín Moreno tuvo que salir en cadena nacional, más de un mes después de que comenzará la crisis, a admitir que la información implementada desde su Ejecutivo no era real y llamaba desesperadamente a sus ministros a solventar el maquillaje de datos hasta ahora realizado.

Pese a ello la farsa continuó, especialmente por parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien siguió falseando la realidad -muchas veces quedando sin argumentos especialmente ante medios internacionales- tal y como se pudo apreciar a nivel mundial en su entrevista con Fernando del Rincón.

La realidad respecto a lo que declaraba Romo se muestra muy distinta tal y como demuestra el Gráfico a continuación.

La inversión en materia de Salud en Ecuador pasó en realidad de USD 306 millones de dólares en 2017 a 201 millones en 2018, para terminar en USD 110 millones al cierre del pasado año 2019. Si además consideramos la subejecución del presupuesto en esta materia, las cifras serían aún peores.

En este contexto, la viralización de imágenes en medios internacionales sobre lo que sucedía especialmente en Guayaquil, hospitales atestados de bolsas de fallecidos -muchos de ellos sin identificar- y la aparición de cadáveres por las calles de la segunda ciudad más importante del país, ha hecho que recientemente la comunicación gubernamental haya dado un giro estratégico de 180 grados.

Sería el Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien por cierto que había anunciado un par de meses antes como posible pre-candidato oficialista a las elecciones presidenciales de febrero de 2021, quien aparecería en una nueva cadena gubernamental el 4 de abril indicando que «la cifra de fallecidos que nos muestra el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el mes de marzo en Guayaquil es alarmante».

Quedaban atrás las falacias mantenidas por la Secretaría Nacional de Riesgos donde hasta ese momento se indicaban tan solo 172 fallecidos por coronavirus en el país y apenas 3.465 contagiados.

Con la segunda ciudad más importante del país convertida en un caos y con un sistema de salud nacional incapaz de atender a la población, también los líderes de los demás partidos existentes en la cartografía política ecuatoriana intentaban pensando principalmente en las próximas presidenciales que tendrán lugar en apenas diez meses.

Nebot, Viteri y el Partido Social Cristiano

Quizás los más golpeados por su accionar político en esta crisis haya sido el Partido Social Cristiano. Fundado en 1951 por Camilo Ponce Enriquez y Sixto Durán Ballén como Movimiento Social Cristiano y convertido en partido político a partir de 1967, los socialcristianos tienen como feudo político la hoy tan castigada ciudad de Guayaquil, la cual gobiernan de forma continuada desde el año 1992.

El Partido Social Cristiano, en línea con su tradición histórica apoyó al actual Gobierno Nacional durante gran parte de la presente legislatura, llegando esta alianza estratégica a su fin durante las protestas populares de octubre del pasado año. Es decir, Nebot canceló su acuerdo político con el Presidente Lenín Moreno a partir del momento que entendieron que este políticamente ese acuerdo ya no le beneficiaba.

Desde que Jaime Nebot, máximo líder de esta tendencia política, dejó su cargo como burgomaestre de la ciudad ha modulado estratégicamente su aparición y pronunciamientos públicos. Pretendido candidato presidencial para las elecciones de febrero del 2021 por parte de los sectores conservadores del país y fundamentalmente el empresariado costeño, Nebot se vio fuertemente golpeado a raíz de ganarse la enemistad del movimiento indígena tras sus declaraciones durante las movilizaciones de Octubre del pasado año. A partir de entonces y hasta mediados del mes de enero limitó sus declaraciones a temas concernientes a la ciudad Guayaquil, buscando consolidar el apoyo de su target más incondicional con mensajes como los que se muestran a continuación.

La necesidad de reposicionarse estratégicamente ante el mundo indígena, con fuerte peso en el ámbito rural del país, conllevó que desde mediados de enero en adelante se posicionase una estrategia basada en mensajes segmentados para este ámbito.

Con buena producción de piezas audiovisuales intercaladas con mensajes claros dirigidos al sector agropecuario y el mundo rural en general, se articuló la plataforma de reposicionamiento estratégico de Jaime Nebot cara a febrero del 2021. Se intentaba así convertir su candidatura en algo que fuera capaz de superar estrictamente la región Costa y penetrar en la realidad serrana del país. Proyecto por cierto fallido en las últimas elecciones seccionales que vivió el país.

Igual que todo político de hoy en día en Ecuador, Nebot intentó dirigir un mensaje directo al sectores jóvenes y al ámbito de la mujer, consciente de que es ahí donde se dirimen las elecciones.

Sin embargo y pese a ir bien encaminada su estrategia comunicacional, esta quedó en suspenso cuando hizo público que posiblemente no sería candidato presidencial. Ni sus números ni parece ser su salud le acompañan para asegurarse el triunfo ante tal reto. Con el criterio político que da la experiencia, Jaime Nebot no quiere arriesgarse a cargar una nueva derrota en campaña electoral presidencial, llegado ya el tramo final de su carrera política.

El silencio de Nebot posicionó a la otra voz de reconocimiento nacional en el ámbito socialcristiano. Como es natural, los posicionamientos públicos de Cynthia Viteri, actual Alcaldesa de Guayaquil, se basan fundamental en temas vinculados a la ciudad que gobierna… o al menos gobernaba hasta la llegada del COVID-19.

Fue precisamente con la llegada del coronavirus a la ciudad donde comenzaron los posicionamiento protagónicos de Viteri buscando aparecer como parte protagónica de las soluciones que Guayaquil necesitaba y como referente de gestión local a nivel nacional.

El posicionamiento mediático de la Alcaldesa Viteri se hizo fuerte, basta ver un ejemplo, especialmente a partir de las desaveniencias políticas que se dieron al interior del Municipio de Guayaquil con respecto a los equipos de mandos medios dejados por su predecesor.

Viteri incluso intentó, comenzada la crisis pero antes de que los indicadores de contagio y muertes se dispararan, protagonizar la gestión de esta en su ciudad por encima de las competencias del Gobierno Nacional.

Pero sus errores, cuando ya en Quito se estaban tomando las medidas oportunas, junto a los errores de los responsables del Ejecutivo en la gestión de esta crisis fueron muy graves, tal y como lo demuestran mensajes de este tipo.

Cuando el Municipio de Guayaquil quiso reconducir la situación la cosa se había complicado tan severamente que ya no tenía solución.

Comenzado el cuestionamiento popular a la gestión socialcristiana de la crisis en Guayaquil, Viteri intentó desmarcarse del Gobierno Nacional con un golpe de populismo que le congraciase con los target más incondicionales de su electorado. Es así que el 18 de marzo la Alcaldesa de Guayaquil -en contra de cualquier lógica racional- impidió el aterrizaje en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de un avión cuyo objetivo era repatriar a cooperantes españoles varados en el país. En términos médicos, podríamos decir que fue peor el remedio que la enfermedad, pues Viteri se puso en ridículo y puso en generó amplias críticas internacionales en torno a su ciudad… especialmente por parte de los grandes medios de comunicación europeos.

Es discutible si esta estrategia política a la desesperada funcionó ante los target «duros» de voto socialcristiano en Guayaquil, pero sobre lo que no cabe duda es que aisló al Partido Social Cristiano respecto al resto del país.

El desacierto fue tal que al día siguiente la Alcaldesa de Guayaquil tuvo que protagonizar una melodramática escena comunicativa en el cual anunciaba que estaba contagiada por coronavirus.

De error en error hasta la derrota final la reacción inmediata visualizada en redes sociales, un mecanismo de medición poco fiable pero en este momento el único del que disponemos para el análisis, indicaría una gran pérdida de credibilidad por parte de la Alcaldesa. Ante esto su reacción fue la implementación compulsiva de mensajes diarios en redes sociales (tal y como se puede ver mediante el ejemplo del día 20 de marzo), buscando un posicionamiento público que ya no volvería a obtener hasta el día de hoy pese a que todo el país hable cotidianamente de lo que sucede en su ciudad.

Castigada a cierto aislamiento al interior del COE Provincial del Guayas por parte del Gobierno Nacional, quien no exteriorizó su malestar tras el episodio del Aeropuerto de Guayaquil pero que evidentemente tomó sus correspondientes represalias, Viteri entró en una lógica comunicacional de enfrentamiento con los actuales inquilinos del Palacio de Carondelet.

La estrategia de conflicto a la desesperada llegaba tarde. Viteri no volvería a tener penetración a nivel nacional durante la actual crisis, y de igual forma se mostraba incapaz de arrogarse la voz el descontento de la población local respecto a la incapacidad demostrada por parte del Gobierno Nacional para gestionar la crisis.

Es en este contexto en el que reaparecería el desaparecido Nebot, buscando para paliar en parte la suma consecutiva de errores de su heredera política.

La primera acción en este sentido fue alinearse a la posición mantenida por su rival de misma trinchera, Guillermo Lasso, quien por cierto le había tomado la delantera respecto al debate surgido en torno a los fondos de campaña para las elecciones de 2021.

La siguiente medida fue articularse a la cabeza de un «Comité Especial de Emergencia Coronavirus» que buscaba impulsar medidas que el Municipio de Guayaquil ha sido capaz de articular. De esta manera, Cynthia Viteri volvía, en este caso indirectamente, a ser golpeada políticamente.

Jorge Yunda y su posicionamiento político a nivel nacional

Yunda, como todo Alcalde, basa su comunicación en temáticas que conciernen a su ciudad. Sin embargo, con una visión de la política más intuitiva que técnica salió de los eventos del Carnaval de Quito ya posicionando algunos mensajes de alerta promonitoria respecto al coronavirus. Desde el primer momento le ganaba de largo en anticipación a los voceros del Ejecutivo Nacional.

Posiblemente por su formación médica, Yunda entendió lo que en Guayaquil nunca se llegó a entender, logrando capitalizar social y políticamente en la ciudad de Quito la lucha contra la pandemia.

El 11 de marzo, tras varios casos de contagio en el país y a raíz de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al COVID-19 pandemia, el Gobierno Nacional lanzaría la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en Ecuador. Tres días después el Municipio de Quito ya implementaba mecanismos de teletrabajo para sus funcionarios; todo ello mientras el Alcalde de Quito asumía el rol de consejero médico hacia la sociedad quiteña y tomaba medidas drásticas respecto a la cuarentena.

Jorge Yunda se adelantaría a las acciones gubernamentales decretando suspender el transporte público en la ciudad, medida que fue cuestionada por voceros de la Administración Moreno, pese a que posteriormente el Ejecutivo se viera obligado a implementarla a nivel nacional. Este hecho fue reconocido también por la ciudadanía quiteña e incluso por sensibilidades políticas antagonistas al Alcalde Yunda.

Así mientras en Guayaquil las cifras de contagio se disparaban y los registros oficiales sobre número de fallecidos iban siendo paulatinamente cuestionados por amplios sectores de la sociedad y la prensa internacional, en Quito las cifras han ido creciendo hasta ahora bajo cierto control.

En pocas palabras, la campaña de concienciación en Quito emprendida por el Municipio fue éxito y al contrario de lo sucedido en Guayaquil, permitió al alcalde Yunda obtener un reconocimiento nacional inexistente con anterioridad y afianzar un liderazgo social en su ciudad con el que anteriormente no contaba.

César Montúfar y la personalización del oportunismo político

Montúfar es un académico de reconocimiento limitado y con escaso éxito en el ámbito de la política. Su estrategia de posicionamiento ha sido participar como acusación particular en causas de corrupción que involucran al régimen anterior, buscando aparición pública con la complicidad de los grandes mass media del país mediante iniciativas impulsadas por la Fiscalía General del Estado. Candidato marginal en las elecciones presidenciales de las que participó, quedó en cuarto lugar en las últimas elecciones municipales a la Alcaldía de Quito.

Ante la popularidad adquirida por el Alcalde Yunda en el marco de esta crisis, César Montúfar decidió articular una pobre estrategia de posicionamiento en torno a una causa. Daba igual si esta era sincera y real o apenas un ficción, el objetivo se basaba una vez más obtener posicionamiento a costa coyunturas no impulsadas por él o por su limitada estructura política.

Es así que Montúfar, consciente de la escasa capacidad de articulación lanzó una iniciativa pública basada en la reivindicación de incautación transitoria de un edificio en ruinas tal y como es en la actualidad la ex Clínica Pichincha.

La situación catastrófica en la que se encuentra este predio fue aclarada por la Universidad UTE, actual propietaria del inmueble en ruinas, y por el Rector de esta institución mediante mensajes en redes sociales incluso con aporte de documentación pertinente. De igual manera, a través de otras voces que se involucraron en el debate digital en redes se transparentó el ofrecimiento -hecho semanas antes- por parte de la UTE de su coliseo al Ministerio de Salud para la instalación de camas destinada a la atención de futuros contagiados por COVID-19 en la ciudad de Quito.

Todo dio igual, sin más estrategia política que su puntual posicionamiento público como adalid de una causa inconsecuente, la adecuación de la ex Clínica Pichincha podría llevar unos seis meses de trabajo y una inversión por parte del Estado absolutamente inapropiada en momentos como este, Montúfar mantuvo su estrategia hasta el ridículo intentando incluso involucrar en esta contienda al Presidente de la República.

Al calor del ruido generado en redes sociales, donde este político quiteño fue altamente cuestionado, la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) decidió personarse en las instalaciones en conflicto dando fe de las condiciones inadecuadas del edificio y llamando al orden a Montúfar, quien pese a desistir de esta causa nunca rectificó ni pidió perdón por la polvareda levantada en medio del dolor de las familias que en la actualidad pierden seres queridos.

El reposicionamiento político de Guillermo Lasso en el marco de la crisis

Consciente de la situación de deslegitimación social que vive el Presidente de la República y que el conflicto con el régimen anterior forma parte del escaso patrimonio político del que se ha dotado el gobierno actual y carece ya de réditos políticos, Guillermo Lasso lleva meses manteniendo una línea de discurso enfocada al empleo, revitalización económica y el emprendimiento, así como el cuestionamiento a la calidad de los servicios de educación y salud.

Como otros tantos políticos nacionales, buscó a partir del mes de enero sintonizar con los sectores más jóvenes de la sociedad cuestionando la existencia de la SENESCYT o de la prueba “Ser Bachiller”, mientras en paralelo intentaba conectar con el segmento electoral femenino.

Pese a sus críticas respecto a la gestión de la Administración Moreno, Lasso y su organización política CREO mantendrían el apoyo puntual al Ejecutivo en la Asamblea Nacional, alianza estratégica que llegaría a su fin tras el espaldarazo gubernamental a Diana Atamaint en la crisis interna del Consejo Nacional Electoral (CNE). El asunto era sencillo, para que seguir apoyando al Gobierno Nacional si llegado el momento político dicho gobierno era incapaz de devolverles el favor político alguno.

El 29 de febrero, momento en el que sería público el primer caso de contagio por coronavirus en Ecuador, Lasso posicionaría su primer mensaje respecto a esta pandemia global.

Posiblemente más consciente que el Gobierno Nacional y el resto de sus antagonistas políticos de la gravedad de esta crisis, Guillermo Lasso iría incrementando el voltímetro de sus mensajes según se agudizaba dicha crisis y se visualizaba la ineptitud institucional.

Consciente de que el manual de marketing político conlleva la regla de no alterar la esencia personal de los candidatos electorales, Lasso no ocultó su alineamiento político respecto a las medidas propuestas por desde el sector financiero nacional y los grandes grupos de capital.

Y en ese sentido, incorporó también a su institución financiera a las iniciativas de carácter filantrópico que se están emprendiendo desde diferentes grupos de capital que operan en la economía ecuatoriana frente a las carencias de la gestión gubernamental.

Con solvencia personal suficiente para afrontar un proceso electoral sin duda anómalo como el que se vivirá en febrero del 2021, Lasso no dudo en posicionarse como adalid de una iniciativa que -populistamente- sin duda genera simpatías entre amplios sectores de la sociedad ecuatoriana.

Llegando a posicionar un modelo de mensaje que coincide sin duda con lo que la ciudadanía quiere en estos momentos escuchar por parte de sus dirigentes políticos, pese a que en ningún momento explicase como hacerlo.

De igual manera, mientras el Gobierno Nacional atendía muy inoportunamente sus obligaciones en el ámbito del servicio de deuda, Guillermo Lasso daba un giro respecto a su posición habitual en este eje discursivo, sintonizando de esta manera con el sentir popular mayoritario: la vida antes que el pago de la deuda.

Buscando incluso estratégicamente conectar con los presidentes que mejor se han situado políticamente respecto a sus respectivas sociedades en el marco de esta crisis, tal y como es el caso de Nayib Bukele en El Salvador.

Rafael Correa y su actuar político desde la distancia

Con varios procesos judiciales abiertos y siendo objetivo «militar» del conjunto de sus antagonistas políticos, poderes fácticos y medios de comunicación masivos que buscan su inhabilitación como candidato a cualquier dignidad en las próximas elecciones de febrero de 2021, posiblemente Rafael Correa ha sido el político ecuatoriano que menos margen de maniobra ha tenido durante la presente crisis. Esta condición se traslada de forma lineal al conjunto de su organización, todavía presa de la relación líder-masa que se mantuvo durante su periodo presidencial correista y que mermó las formas de democracia orgánica al interior de esta estructura política.

Correa lleva los últimos tres años inmerso en una estrategia política y comunicacional basada en defender los logros de su gobierno, hacerle frente a las acusaciones de corrupción impulsadas desde el actual Ejecutivo y posicionar al Presidente Moreno como un traidor que ejerce un plan de gobierno distinto al que votaron los ecuatorianos. Fue ese el modelo de comunicación que se mantuvo durante la actual crisis, apenas con retoques puntuales ante coyunturas políticas determinadas.

En ese contexto sus mensajes han seguido la línea de los que vemos a continuación.

Sin duda, el voto migrante ecuatoriano es correísta y gran parte de sus mensajes se han enfocado a asegurar que dicho electorado se mantenga fiel a sus convicciones actuales.

Sin embargo e inteligentemente al arranque de la actual crisis, Correa y el correísmo en su conjunto plantearon inicialmente mensajes pretendidamente superadores del conflicto político que se vive internamente en el país.

Aunque la distancia no le permite protagonizar campañas caritativas o de solidaridad económica y material con los sectores vulnerables inmersos en la actual crisis, Correa y sus partidarios no han dejado de denunciar lo que como corriente política consideran acciones inconsecuentes del Gobierno Nacional y de su sucesor Lenín Moreno.

Sin embargo, llegado el 22 de marzo Rafael Correa lanzó un mensaje claramente inconsecuente con lo que se vive a nivel nacional. Mediante un mensaje claramente inconsecuente respecto a la realidad que en la actualidad vive el Ecuador, el ex mandatario posicionaría la necesidad de la renuncia de todo el Ejecutivo y la urgencia de conformar un nuevo gobierno con supuesta capacidad de gestión.

Mientras el Gobierno Nacional atendía su servicio de deuda contra los consejos de las propias instituciones internacionales acreedoras, Correa y el progresismo internacional se lanzaban a una campaña internacional por la condonación de la deuda externa. De esta manera el correísmo volvería a posicionarse en condición de ventaja frente al sentir popular.

Mientras, paulatinamente el correísmo volvió a ir radicalizando sus posiciones de crítica a la gestión desarrollada por Moreno en el ámbito de la crisis, todo ello según la ineficiencia gubernamental fue incrementando su visibilidad ante la sociedad.

Viéndose obligado también a golpear a los políticos nacionales que mejor estrategia de comunicación política y posicionamiento han logrado hasta el momento durante la actual crisis.

El 30 de marzo el Gobierno Nacional con la complicidad de varios periodistas y medios de comunicación afines lanzarían una campaña de respuesta buscando una vez más desprestigiar al correísmo, responsabilizándolos de orquestar una campaña de fake news respecto a lo que se vive en estos momentos en Guayaquil. Correa y la sensibilidad correista respondería de siguiente manera.

Sin embargo y más allá de la disputa política por el poder en el que se instalan los diferentes actores políticos ecuatorianos, las propuestas económicas planteadas en el ex presidente Correa en el ámbito de la actual crisis se muestran como las de elaboración más acabada y serías frente a sus antagonistas políticos.

Pese a ello es predecible que el correísmo no tenga la capacidad de acumular políticamente el descontento social acumulado durante la gestión del gobierno actual, dado los negativos que tal sensibilidad política ha acumulado durante los últimos años. Lo anterior implica una dosis de humildad e inteligencia política no acorde con el accionar habitual de esta corriente política, obligada a entender que no existen las condiciones políticas que les permitan correr en condición de ganar en las próximas elecciones presidenciales frente al conjunto de organizaciones y partidos políticos antagonistas, lo que les obliga a negociar con otros espacios políticos y en toda negociación se deben hacer concesiones con quienes se pretende articular consensos.


 

lunes, 2 de diciembre de 2019

Colombia se suma al ciclo de protestas en la región

Noviembre caliente
Los colombianos viven la oleada de protestas más grande de las últimas décadas. Represión, toques de queda y el asesinato de manifestantes han sido los primeros reflejos del gobierno ante las demandas de múltiples sectores sociales. Aunque, con el ejemplo de Chile en mente, el presidente llamó luego a un diálogo nacional con el fin de rebajar la tensión, las demandas de los manifestantes apuntan contra aspectos claves de su mandato.
Por Decio Machado
Miles de colombianos, especialmente jóvenes, protagonizan durante este mes de noviembre movilizaciones diarias en la nación cafetera. Todo empezó con un gran paro nacional el jueves 21, algo que no ocurría en el país desde 1977. Entre los convocantes a estas marchas y al paro destacan sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones de mujeres, indígenas, ambientalistas y agrupaciones políticas opositoras al gobierno de Iván Duque.
Para enfrentarlos, el gobierno colombiano ha utilizado la vieja táctica de intentar instalar un clima de vandalismo generalizado en las manifestaciones, con lo que busca criminalizar el reclamo social. Primero en Cali, luego en Bogotá y posteriormente en otras localidades -a pedido del presidente- se fueron decretando toques de queda “para garantizar el orden público y la seguridad de los habitantes”, según declararon las autoridades. De igual manera, las Fuerzas Armadas han tomado posiciones en las grandes ciudades del país, de forma especial en Bogotá, donde desde el pasado 18 de noviembre las tropas están acuarteladas en estado de alerta.
Los allanamientos de vivienda y locales sociales de forma ilegal se han dado por doquier en estos últimos días, al igual que las detenciones arbitrarias. La estrategia implementada por el gobierno es expandir el terror, algo a lo que el Estado está acostumbrado tras 60 años de conflicto interno con la insurgencia. Imágenes de cuerpos de manifestantes lacerados, intoxicados por el gas pimienta, han sido retransmitidas en redes sociales hasta la saciedad. Según la propia Policía, ya son cuatro los muertos y hay al menos 180 detenidos. Los organismos de derechos humanos, por su parte, hablan de al menos 500 heridos.
En ese contexto, el asesinato del estudiante de 18 años Dilan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha abierto un debate social que se ha incorporado a las demandas de algunos de los sectores movilizados: disolver este violento cuerpo represivo que forma parte de la estructura de la policía nacional. Este jueves 28, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia concluyó que la muerte a comienzos de esta semana de Cruz se debió a un homicidio. La forma en que se cercenó su corta vida no deja lugar a la discusión: en el informe forense se indica claramente que “la muerte del joven es secundaria al trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo”.
A Cruz le habían disparado el sábado pasado, durante la represión de una protesta a manos del Esmad, con un cartucho de carga múltiple y munición de impacto tipo bean bag, en un arma de fuego tipo escopeta calibre 12, un tipo de de armamento permitido para el cuerpo antidisturbios. Pancartas y grafitis alrededor del Congreso manifiestan en estos momentos el reclamo popular: “No más Esmad”“Esmad asesinos” y “Desmonte Esmad”. A muerte se sumó este martes 26 la de Brandon Cely, un soldado de 21 años que se grabó a sí mismo apoyando las manifestaciones y que amedrentado por sus compañeros y por el mando militar, decidió quitarse la vida.
MALA EDUCACIÓN. En la actualidad, tras 15 meses en el poder, Duque roza un 70 por ciento de desaprobación entre la población. De hecho, el pasado mes de octubre, su partido, el Centro Democrático, perdió las elecciones seccionales en ciudades como Bogotá, Cali e incluso Medellín, un feudo político del líder de su partido, el ex presidente Álvaro Uribe. Precisamente es en estas tres ciudades donde las protestas se han hecho sentir con más fuerza durante este caliente mes de noviembre.
El peso juvenil en estas protestas viene marcado por dos circunstancias especiales: el enorme distanciamiento existente entre este sector social y el establishment político colombiano -sea este conservador o progresista- y la lucha de los universitarios en las calles en reclamo de una educación gratuita y de calidad. En los mese previos al estadillo actual, habían sido varias las movilizaciones protagonizadas por los estudiantes de la enseñanza superior que pedían más presupuesto y atención para la educación pública. Colombia, un país que se jacta de ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), aparece entre los más rezagados de sus estados miembros si se tienen en cuenta los indicadores referidos al nivel formativo de su población estudiantil. Por otro lado, tan sólo el 9 por ciento de los estudiantes provenientes de familias pobres colombianas llega a acceder a la universidad, frente a un 53 por ciento de acceso de estudiantes provenientes de familias pudientes.
Las organizaciones estudiantiles -especialmente las universitarias- están exigiendo ahora el fin de los recortes presupuestarios en la educación, el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno con anterioridad a las protestas (dotación presupuestaria, aplicable en cuatro años, de más de 1.300 millones de dólares para la educación superior en instituciones gratuitas), y el cese de la corrupción enraizada en la gestión de las universidad estatales.
Este reclamo ha alcanzado particular eco en el resto de la población, en vistas de que la corrupción en la gestión pública en Colombia tiene un carácter generalizado y estructural. Dicha situación genera pérdidas para el país cuantificadas por la Contraloría General de la República en torno a los 15 mil millones de dólares. Colombia no ha sido tampoco inmune a los millonarios escándalos de la constructora brasileña Odebrecht, a los que se suma el de la Refinería de Cartagena, un caso de malversación de fondos públicos que salió a la luz en 2016 y que es aún investigado por la Justicia, con implicación de funcionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
“¿De qué me hablas, viejo?”. Sin embargo, quizá el detonante más importante detrás de la convocatoria del conjunto de las protestas de estos últimos días fue la revelación de la masacre de al menos ocho niños en un operativo de las fuerzas de seguridad, ocurrida el pasado 30 de agosto en un campamento guerrillero ubicado en el departamento de Caquetá. Estas muertes, como ha sido habitual durante los años de plomo, habían sido ocultadas a la opinión pública por parte del gobierno de Duque y al salir a la luz a comienzos de noviembre causaron una profunda indignación popular y la salida del Ejecutivo de Guillermo Botero, hasta entonces ministro de Defensa.
El caso se conoció por la población recién el martes 5, cuando durante un debate parlamentario sobre una moción de censura contra Botero, el senador Roy Barreras, del Partido de la Unidad Nacional, lo acusó de ocultar a los colombianos que había “bombardeado a niños”. Ante eso, el ministro decidió renunciar antes que ser censurado por el Congreso. Algunos días después de lo sucedido en el parlamento, un periodista interpeló sobre el tema al presidente Iván Duque, durante un acto político en Barranquilla. La contestación del mandatario, que quedó grabada en un vídeo filmado por el propio periodista, circuló rápidamente en las redes sociales: Duque escucha la pregunta, responde “¿De qué me hablas, viejo?”, y raudamente se aleja en otra dirección.
En el mismo departamento del Caquetá, donde sucedió la muerte de los ocho infantes, se vive una cada vez mayor espiral de violencia por la presencia de de grupos armados, disidencias de las Farc, paramilitares, bandas narcotraficantes y las propias fuerzas armadas. Se trata apenas de un capítulo más de una situación que ya se ha cobrado la muerte de gran cantidad de colombianos, entre ellos decenas de líderes comunitarios en todo el país. Las organizaciones indígenas convocantes al paro nacional con el que comenzaron las protestas reclaman al gobierno el cese de la impunidad frente a los ya 134 líderes sociales asesinados desde que Iván Duque asumió la presidencia de la República en agosto de 2018.
De igual manera, los manifestantes reclaman por la intención gubernamental de reformar el actualmente reconocido “derecho a la protesta social”, reforma que según denuncian los convocantes al paro, tiene como finalidad articular campañas de criminalización social y jurídica sobre quienes se movilizan en las calles. Además, existe un descontento generalizado con el gobierno por su incumplimiento permanente de los acuerdos alcanzados con organizaciones sociales de distinta índole: índígenas, campesinas, ambientales, de la educación y especialmente sindicales.
AGENDA NEOLIBERAL. A estas últimas preocupa especialmente la reforma laboral perseguida por el oficialismo con el respaldo de la Ocde, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, el Consejo Gremial y varios partidos conservadores con representación en el Congreso. El proyecto busca flexibilizar aún más el mercado laboral existente mediante medidas como que, en su primer empleo, a los jóvenes se les pague tan solo el 75 por ciento del salario mínimo establecido. En paralelo se plantea una lógica de contrataciones por hora que hace imposible, en el marco de persistencia del desempleo propia de la inestabilidad macroeconómica que caracteriza al actual capitalismo, que los trabajadores puedan lograr una jubilación digna al final de su vida laboral.
Entre las cuestiones que inquietan a las organizaciones de trabajadores también está la reforma del sistema de pensiones planteada por Duque. Las centrales obreras se resisten al intento de implementación del modelo chileno en Colombia, con el que se busca eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones y entregar los aportes de empresas y trabajadores a manos de fondos privados. Dicha reforma, promovida por las instituciones de Bretton Woods como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuenta con el apoyo del sector financiero privado y las organizaciones patronales del país, y es defendido por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Para el jerarca, esta sería la única manera de atajar la crisis pensional que vive Colombia de cara a su insostenibilidad en 20 o 30 años.
Otra propuesta del gobierno que enfrenta gran resistencia social es la reforma tributaria planteada desde la Casa de Nariño. Aquí la cosa es muy sencilla, denuncian los sindicatos: el Ejecutivo pretende rebajar la presión fiscal sobre empresas nacionales y transnacionales que operan en la economía colombiana a cambio de incrementarla sobre la clase media y los trabajadores. En paralelo, Duque plantea privatizar las empresas más rentables del país: la petrolera estatal Ecopetrol y la eléctrica Cenit, además de todas aquellas empresas públicas en las que el Estado sea propietario de al menos el 50 por ciento del accionariado (en torno a 40 compañías de distinta índole).
UN DIVORCIO EVIDENTE. Por último y no menos importante, hay un tercer elemento que salió a relucir en estas protestas en curso, el Acuerdo de Paz. Recordemos que este acuerdo con la principal guerrilla colombiana -las Farc- fue firmado por el presidente anterior, Juan Manuel Santos, en 2016. Duque y su partido desarrollaron en aquel entonces una fuerte campaña en contra de dicho pacto. Ahora, uno de los principales ejes de intervención del actual partido de gobierno ha sido intentar obstaculizar la negociación y los compromisos acordados por la gestión anterior.
La confluencia de todas estas frustraciones, demandas, reivindicaciones y resistencias desencadenaron una ola de protestas con un respaldo popular como hace décadas no se veía en Colombia. Sin duda, el fin de 60 años de conflicto armado con las Farc ha influido positivamente en la nueva articulación de estas luchas sociales bajo un rechazo generalizado a la gestión del presidente Iván Duque (véase “Cómo se cuece el sancocho” en página 19). 
Las enormes movilizaciones en curso hicieron que Duque reaccionara de forma relativamente rápida. El mandatario colombiano ofreció a poco de comenzadas las protestas un diálogo nacional con el fin de rebajar la tensión social existente y desmovilizar a la ciudadanía, pero el ofrecimiento no estuvo acompañado de propuestas ni respuestas directas a los reclamos de las multitudes, lo que le hace carecer de credibilidad ante la sociedad movilizada. En resumen, la llamada al diálogo de Duque ha ido en paralelo a la avalancha de críticas que ha recibido por el brutal uso de la fuerza realizado por los aparatos represivos del Estado contra los manifestantes.
En ese marco, las perspectivas de resolución del conflicto a corto o medio plazo en Colombia son tan complejas como las que se viven en Chile o las que posiblemente se reediten en breve en Ecuador. Hipotecados al Fmi y otros organismos multilaterales de crédito, los gobiernos de estos países carecen de soluciones ante los reclamos populares, lo que se suma a la falta de confianza de la población ante las instituciones públicas y el propio Estado. Se trata de una coyuntura donde las ideas de los de arriba ya no convencen a los de abajo y donde la aspiración ciudadana ya no es solo sustituir a los detentadores actuales del poder, sino una profunda y total subversión cultural que ponga en cuestión en sí mismo al concepto de Estado. El divorcio entre sociedad y política institucional en América Latina y gran parte del planeta es cada vez más evidente.
Fuente: La Brecha