El fin de una hegemonía

Desde que asumió su nuevo presidente, Ecuador se ha convertido en el campo de una batalla política e ideológica que supera sus fronteras. En América Latina, y hasta en Europa, ha surgido un debate sobre la orientación política y las intenciones del sucesor de Rafael Correa, Lenín Moreno. Para el ex mandatario, su otrora correligionario no es otra cosa que un "traidor", y la consulta popular del próximo domingo, convocada por Moreno para  que los ecuatorianos decidan si aprueban o no la reelección presidencial indefinida -con la que Correa espera volver a la presidencia en 2021-, nada menos que un golpe de Estado. El referéndum del 4 de febrero marcará el fin de un ciclo político en Ecuador.

Por Decio Machado / Revista La Brecha

El correísmo no fue más que la expresión política de la transformación emprendida por el capitalismo ecuatoriano tras la crisis financiera que vivió el país en el año 1999-2000. Tras el drama ocasionado por el colapso bancario y su posterior “salvataje bancario” a costa de los ecuatorianos, el modelo económico nacional ha ido pasando por un momento de modernización que tuvo su cúspide con la llegada de Rafael Correa al Palacio Presidencial de Carondelet. Así, un sector del capital nacional –transversalizado por los capitales regionales- pasa a entender mejor sus posibilidades de negocio propiciando un mayor nivel de consumo interno a través de la incorporación de sectores populares al mercado mediante procesos de endeudamiento familiar y financiariación.

Esta nueva realidad produce un nuevo modelo de capital financiero que integra entre sus clientes objetivos y potenciales a dichos sectores populares, lo cual sumado al efecto de las remesas y al excedente petrolero, implica también la transformación de las redes de comercialización de productos importados con el fin de atender a esta emergente demanda.

Superar la inestabilidad política que había caracterizado hasta entonces la historia del país significó repartir más –mediante subsidios y cierto incremento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores- en momentos de bonanza económica, buscando con ello garantizar las condiciones de acumulación a largo plazo para los sectores del capital emergente. Lo anterior no conllevó la más mínima transformación de carácter estructural, respetándose el modelo de acumulación heredado del neoliberalismo, lo que permitió que los grupos que históricamente siempre habían ganado nunca estuvieran mejor, pese a determinadas mejoras coyunturales para los sectores olvidados. A esto el aparato de propaganda estatal creado por el correísmo, desorbitante para el tamaño real del país y reforzado por la incautación de algunos canales de televisión que funcionaron estratégicamente alineados a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, llamaron en el ámbito de los económico “milagro ecuatoriano” y  en el plano de lo político “revolución ciudadana”.

Pero más allá de lo económico, donde los sectores empresariales y el sistema financiero privado ecuatoriano se vio fuertemente beneficiado por el nuevo dinamismo inyectado a la economía nacional mediante la acción del Estado, el estilo de mando correista generó altos niveles de confrontación con todo aquello que no estuviera políticamente alineado. Esto implicó que tanto con los sectores políticos más ideológicamente reaccionarios como con los movimientos sociales y organizaciones populares no clientelares, el correísmo tensase los niveles de conflicto hasta extremos de persecución política, procediéndose a criminalizar la protesta social y enjuiciar a múltiples líderes indígenas y populares por sabotaje y terrorismo.

Mediante el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conocido como el quito poder establecido en la Constitución del 2008, el régimen ocupó con figuras afines los cargos vinculados a Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral o Consejo de la Judicatura entre otros órganos que teóricamente deberían haber gozado de autonomía respecto al Poder Ejecutivo.

El modelo político y económico funcionó y hasta gozó de apoyo popular mientras duró la era de precios altos en los mercados globales del petróleo, lo que permitió la generación de notables flujos de excedente proveniente de la exportación de crudo nacional. En pocas palabras, la sociedad ecuatoriana fue permisiva con el abuso de poder mientras la situación económica permitió el acceso de los sectores históricamente marginados al sistema de consumo.

El punto de inflexión del régimen correista

Las elecciones seccionales del 2014, un año después de que Rafael Correa barriese a sus rivales en las presidenciales del año anterior, marca el comienzo del deterioro correista.  En ellas y aunque Alianza PAIS se mantuvo como primera fuerza política nacional, fue notoria su derrota en las alcaldías de las principales ciudades del país ante partidos de oposición.

Entender esta realidad tiene que ver con el impacto que en la economía nacional comenzó a sentirse tras la caída de los precios del crudo y la incapacidad demostrada por el gobierno nacional para plantear salidas soberanas a la cada vez mayor dependencia adquirida respecto a los mercados de commodities. Al respecto, basta significar que en 2006 las exportaciones de bienes procesados no petroleros eran escasamente del 4,9% del PIB nacional, mientras que en 2014 –tras ocho años de gestión correista- dicho indicador se había deteriorado hasta el 3,9%, es decir, el país se había reprimarizado y los intentos de cambio de matriz productiva y diversificación de las exportaciones eran objetivos fracasados. A partir de entonces, el régimen dejó de tener avances en indicadores sociales antes exitosos tales como la disminución de la pobreza o la generación de empleo digno (trabajadores que al menos ganan el salario básico y/o disfrutan de una jornada laboral de ocho horas).

La llegada del reflujo económico y el fin de la economía fácil conllevó el incremento de movilizaciones populares cuestionadoras al régimen, lo cual tuvo su climax en el paro/movilización protagonizado principalmente por el movimiento indígena en agosto del 2015. La respuesta gubernamental no pudo ser más desafortunada, procediéndose el mayor nivel de represión visto durante toda la década de mandato de Rafael Correa. Sin embargo, la caída de legitimidad del gobierno no amilanó la movilización, apareciendo entonces conflictos y demandas por doquier.

El régimen midió muy mal la coyuntura política, procediendo con una ofensiva política que implicaría que la bancada oficialista -entonces aun compacta y que como todo el resto del aparato del Estado respondía sin rechistar al Presidente de la República- aprobase de forma claramente inconstitucional una enmienda que permitiría la reelección indefinida de un presidente a partir de 2021.

El objetivo era claro, con una economía ya semiestancada en 2015 (crecimiento de apenas el 0,3% del PIB) y un país en recesión en 2016 (contracción del 1,5%), el correísmo buscaba que la salida de la crisis o las medidas de ajuste necesarias fueran protagonizadas por un sucesor, permitiendo que Rafael Correa volviese en 2021 ya con una imagen renovada y sin el coste político que conllevan los necesarios recortes económicos.

Asegurar aquella transición pasaba por posicionar a un hombre de absoluta confianza en el puente de mando de una nao que parecía ir a la deriva. Ese era Jorge Glas, el último vicepresidente del régimen correista y zar de los megaproyectos de infraestructura, si bien carente del más mínimo carisma como para ganar elección presidencial alguna. Es así como se conforma el binomio presidencial del 2017, mientras el gobierno se ve obligado a entrar en una agresiva política de endeudamiento público que le permita mantener las políticas de subsidio a la población más vulnerable, dejándole al siguiente gobierno la patata caliente de tener que afrontar un volumen de deuda porcentualmente muy superior a la que heredó el gobierno correista del pasado neoliberal, un déficit fiscal insostenible y un volumen de aparato del Estado inviable para la nueva situación económica del país.

Ocho meses de gobierno morenista

Las elecciones presidenciales del 2017 mostraron el nivel de agotamiento del que fuera el partido hegemónico durante la última década.

Alianza PAIS necesitó dos vueltas para ganar las elecciones, algo que sólo había sucedido en las primeras presidenciales disputadas por Rafael Correa en 2006, perdiendo más de 1,2 millones de votos respecto a los resultados obtenidos en 2013. La segunda vuelta, fruto de una alianza entre los sectores conservadores y gran parte de una izquierda opositora tremendamente desubicada políticamente, arrojaría un saldo de tan sólo 228.629 votos a favor del candidato oficialista.

La débil victoria morenista, calificada como fraudulenta en base a una estrategia diseñada por asesores de campaña vinculados al venezolano Leopoldo López que trabajaron a favor del candidato conservador Guillermo Lasso durante las elecciones, implicó que Lenín Moreno arrancara su mandato sumamente debilitado. En esta farsa, nunca demostrada documentalmente, gran parte del trabajo sucio le correspondió a algunos líderes y aparatos que dicen responder a posiciones de izquierda.

En estas condiciones y con la figura de Rafael Correa cada vez más desgastada, la nueva administración procedió a marcar diferencias respecto a dos cuestiones: rompió con las lógicas de polarización y conflicto que estratégicamente el correísmo había aplicado contra sus opositores políticos -algo con lo que la sociedad ecuatoriana se mostraba mayoritariamente crítica- y cuestionó el estado de situación económica en el que el mandatario anterior había dejado las finanzas públicas. El primer aspecto buscaba articular un nuevo discurso de reconciliación nacional que superara la campaña de intoxicación respecto al fraude electoral, mientras que lo segundo era fruto de la necesidad de tener de afrontar cambios drásticos en un modelo de gestión económica que había elevado el nivel de endeudamiento real muy por encima del 40% del PIB (tope máximo definido por la Constitución del Ecuador), teniéndose que recurrir a argucias contables para maquillar el valor de dicha deuda.

En paralelo y como consecuencia del cúmulo de denuncias de corrupción que de forma cotidiana aparecían y siguen apareciendo en los medios de comunicación nacionales, el gobierno optó por permitir la actuación independiente de la justicia ecuatoriana en este ámbito. Esto significó un cambio radical respecto a la situación vivida durante la era correista, donde el Poder Judicial respondía directamente a Secretario Jurídico de la Presidencia y los organismos de control quedaron bajo control de cuadros del partido de gobierno imposibilitándose cualquier acción fiscalizadora respecto a las actuaciones gubernamentales. El nuevo funcionamiento independiente de la administración de Justicia implicó que en pocos meses el hombre duro de Rafael Correa en el gobierno morenista, Jorge Glas, terminara con sus huesos en la Cárcel No. 4 de Quito por sus participación en la trama ecuatoriana de Odebrecht, siendo destituido de sus funciones como Vicepresidente de la República. Sin embargo Glas no es el único investigado, siendo varios los altos funcionarios vinculados al gobierno anterior que hoy gozan de boleta de captura mientras se mantienen vergonzosamente fugados.

La situación anterior conllevó la ruptura interna en Alianza PAIS. Rafael Correa, quien había dicho públicamente que pasaría los próximos años residiendo en Bruselas, se vio obligado –ante el cada vez mayor cerco político y jurídico- a volver al país para liderar la nueva oposición al gobierno de Lenín Moreno. Lo anterior determinó la desafiliación de sus seguidores de Alianza PAIS, partido que él mismo fundara en 2006 y que once años después mayoritariamente dejó de responder a los intereses del ex mandatario.

Consulta popular y una nueva etapa de inestabilidad política en Ecuador

El próximo domingo la sociedad ecuatoriana determinará que es lo que sucederá a futuro con el liderazgo político de Rafael Correa. Tres preguntas de un consulta popular con un total de siete afectarán directamente al ex mandatario y su entorno. La pregunta 1, donde se plantea suprimir derechos políticos a culpables de corrupción y que afecta a cada vez mayor número de altos funcionarios que formaron parte del núcleo de poder del antiguo régimen; la pregunta 2, donde se plantea dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida y que dejaría ya sin posibilidad de volver a candidatizarse a unas presidenciales al ex mandatario; y la pregunta 3, donde se plantea elegir nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, evaluando a los cargos de las instituciones de control elegidos por este organismo y destituirlos llegado el caso, lo cual conllevaría el desmantelamiento del aparato correista aun existente en el Estado.

Pero más allá del resultado de esta consulta, es evidente que asistimos al final de un ciclo político en la historia del Ecuador. Rafael Correa está obligado a conformar una nueva organización política, la cual tendrá que afrontar la compleja tramitología impuesta durante su administración para obtener legalización jurídica y poder presentarse a futuros procesos electorales. Pero además, en caso de ganar el Sí en la pregunta 2, es muy posible que el ex mandatario quede inhabilitado para poder volver a candidatizarse como Presidente de la República.

Sin embargo, también para el actual gobierno nacional –quien goza en estos momentos de una situación idílica respecto a sus relaciones con el resto de la oposición política y los medios de comunicación privados- cambiará la situación de política. Para los sectores vinculados a las estructuras históricas de poder en Ecuador, dejó de ser funcional las políticas de subsidios y gasto fiscal articuladas durante la época de bonanza económica, motivo por el cual se anuncian para los próximos meses una serie de medidas de presión política sobre un gobierno al que consideran débil, buscando imponer una nueva agenda política y económica más conservadora.

Ecuador entrará a partir del próximo domingo en una nueva etapa donde la inestabilidad política irá in crecendo. El presente año será un año difícil para Lenín Moreno, quien con un partido mermado por la salida de los correistas, deberá demostrar hasta donde es capaz de aguantar la presión política y mediática que desde los sectores conservadores se articulará en su contra. Las elecciones seccionales de febrero del 2019, donde se elegirán prefectos y alcaldías, será la vara de medición política de lo que suceda en el transcurso del presente año.

Por último, tanto movimientos sociales como organizaciones populares –hoy sin voz ni protagonismo alguno en la política nacional- tienen como reto rearticularse para defender las conquistas sociales adquiridas durante los últimos años, las cuales están en peligro ante nuevas reformas flexibilizadoras en el ámbito de la contratación laboral, nuevos tratados de libre comercio que tendrán fuerte afectación en el área rural y el desarrollo de políticas económicas encaminadas al beneficio de agrobusiness y el sector financiero privado.

Lo que en Davos no dicen

Por Decio Machado

Si uno quiere analizar el estado de salud de algo tan antidemocrático como del capitalismo global, necesariamente debe leer entre líneas lo que sucede en los encuentros y ciclos de conferencias globales también muy antidemocráticos que periódicamente organizan nuestras élites. Pues bien, el reciente foro económico mundial realizado en la pequeña población suiza de Davos es uno de esos eventos que nos permite ver el nivel de cinismo del 1% más privilegiado de nuestra población mundial.

La pasada semana las élites mundiales se reunieron en Davos, juntándose los CEOs de las principales corporaciones mundiales, los más prominentes líderes políticos internacionales, los periodistas que responden a los intereses de los grandes grupos mediáticos globales, algunos sectores de la Academia funcionales al sistema económico hegemónico e incluso algún que otro artista de Hollywood que entre cocteles y miradas lascivas a la hija de algún mega-banquero intentó comprender algo de lo que se decía a su alrededor.

La imagen que se dio desde los Alpes suizos no pudo ser más reconfortante. Recordó al Foro de Davos del año 2007, donde todo era optimismo. Allá, once años atrás, presidentes de la época como Jacques Chirac o Tony Blair nos hablaban de reducir sustantivamente la pobreza mundial, magnates del mundo tecnológico como Bill Gates prometían donar centenares de millones para crear la vacuna contra el SIDA, mientras CEOs globales y académicos de prestigio nos prometían tecnológicas soluciones para cerrar el agujero en la capa de ozono y acabar con el proceso de calentamiento global. Todo era perfecto… de no ser por el hecho de que unos meses después ya se hizo innegable la existencia de una burbuja inmobiliaria que terminó en la mayor crisis financiera de la historia del capitalismo tras el crac de 1929.

En Davos, la semana pasada, asistimos a la misma fiesta, lo cual indica nuevamente que algo va mal. Se dijo que la economía mundial es ahora más fuerte y potente que en ningún otro momento tras la crisis del 2008, pronosticándose un 3,9% de crecimiento para este año. Los presidentes de las principales corporaciones transnacionales aplaudieron las políticas de recortes fiscales de Estados Unidos y el nuevo proceso de desregulación financiera emprendido por Donald Trump. Gobiernos y corporaciones brindaron por una cuarta revolución tecnológica ya en curso, la robótica, la cual pretenden sea el impulso definitivo para recuperar los niveles de crecimiento anteriores al 2007, pese a que se estima dejará sin empleo, tan sólo de forma inicial, a más de cinco millones de personas. Fueron múltiples las voces que anunciaron el 2018 como el año del climax de la economía mundial y hasta el FMI ¿cómo no? se unió a la fiesta, indicando que este año podría registrar la cifra más baja de países en recesión de toda la historia.

Pero ahora, bajado el telón y terminado el espectáculo alpino, hablemos en serio. El economista Alan M. Taylor, en 2015, junto con otros investigadores académicos demostró que analizando los últimos 140 años de las diecisiete principales economías del planeta, podemos observar que durante ese período hubo 166 recesiones, 78 antes de la Segunda Gran Guerra y 88 posteriores (Leveraged Bubbles, Paper 1486 del National Bureau of Economic Research). Bueno pues aunque sorprenda la magnitud del dato, nada nuevo, pues ya sabemos que la tendencia hacia crisis cíclicas es una ley inherente al sistema capitalista. Pero donde el sistema económico capitalista se enfrenta realmente a cambios traumáticos es ante las crisis sistémicas, tal como la que actualmente vivimos y que pretendió ser negada en Davos. Los únicos análisis serios en este sentido se hacen en los anuales encuentros del Club de Bilderberg, motivo que explica el secretismo de su agenda interna.

En el mismo período estudiado por Taylor, el capitalismo afrontó tres crisis sistémicas. La primera tuvo su origen en 1873, la segunda en 1929 y la última, en la que aún estamos inmersos, en 2007. Cada una de estas implicó el agotamiento de la forma de hacer anteriormente existente y la implementación, durante largos años, de un nuevo modelo que generaría una nueva normalidad.

El crac bursátil de 1929 obligó a la implementación de un modelo de capitalismo diferente al que se había puesto en marcha a partir de 1873, quedando integralmente aplicado –nueva normalidad- durante la postguerra. Así, entre 1950 y 2007 asistimos a la fase estrella de eso que se ha llamado “progreso”, donde el crecimiento medio del planeta fue del 5% hasta 1975 y luego se ralentizó por la aplicación del neoliberalismo, pasando al 3%.

La crisis financiera de 2007 marca el fin de aquel período, situándonos desde entonces en un momento de transito hacia otro modelo de capitalismo. En él y aunque aun este en diseño, la flexibilidad laboral ha pasado a ser uno de sus ejes fundamentales, precarizándose enormemente el mercado de trabajo. Pero además, el capitalismo de las plataformas digitales hace que la disciplina laboral sea más rígida, ya que impone supuestas mediciones “científicas” y evaluaciones que pueden parecerse a la de la vieja fabricación industrial. Sin embargo y a diferencia de antaño, a cambio de esta subordinación los trabajadores ya no reciben seguridad social a cargo de la empresa ni derecho a la representación político-sindical.

De igual manera, el concepto de producción correspondiente al modelo anterior se ha visto superado por el modelo de productividad. Producción y productividad son dos términos que se confunden habitualmente pero que en realidad poco tienen que ver. Entre 1995 y 2015 la productividad global ha crecido muy poco por no decir prácticamente nada.

Durante el modelo de crecimiento instaurado en la posguerra el enfoque se hizo muy orientado hacia el consumo, soportándose esta realidad mediante incrementos de la capacidad adquisitiva o bien con créditos. Con el tiempo el crédito fue teniendo cada vez mayor importancia, pero siempre quedó anclado a las tasas de ocupación y la capacidad salarial. Si resulta que la remuneración por hora trabajada no crece, situación en la que estamos desde hace décadas, nos encontramos ante un problema que tiene su impacto en los indicadores de desigualdad.

Los últimos estudios sobre desigualdad realizados por la OCDE con proyecciones hacia el 2060 vienen a indicar que en todos los países la desigualdad crecerá. Esto implica que tendremos que acostumbrarnos a movernos en un mundo cada vez más desigual y con salarios estancados, condición que jamás había sucedido en la historia de la economía mundial de forma sistémica.

Siguiendo con los estudios prospectivos de la OCDE, alarma ver como estos análisis indican que entre 2026 y 2060 el crecimiento caerá sostenidamente de forma paulatina. Estos indicadores vienen a señalar que llegado el 2046 los países OCDE estarán en los niveles de crecimiento del 2005 y en 2060 la situación será aun inferior a la existente a primeros del presente siglo. Para los países que no forman parte de la OCDE –Brasil o China entre ellos- esta declinación será aún más pronunciada.

Cuando esta crisis sistémica finalice llegaremos a un escenario estabilizado de nueva normalidad donde el crecimiento estará altamente sesgado –unas zonas tendrán crecimiento pero la mayoría no-; existirá un equilibrio estructural en desempleo elevado –precisamente lo que Keynes cuestionó en su momento-; esto implicará que el empleo a tiempo parcial y desempleo será muy elevado, disparándose la contratación temporal a todos los sectores de la producción; la clase media comenzará a declinar y con ella desaparecerá el concepto de Estado que hoy conocemos a favor del poder de las grandes corporaciones; la industria 4.0 –era postmáquina aplicada a la customización- hará que lo que se fabrique hoy mañana será antiguo (la vida media de un nuevo producto en la década de 1980 estaba en unos tres años, en la década de 1990 se redujo a un año, hoy se mueve entre tres y cinco meses); y entraremos de lleno en la Sociedad 1/3, es decir, un modelo de sociedad donde un tercio de nosotros será necesario, otro tercio parcialmente necesario y el tercio restante un estorbo.

En este modelo de sociedad el gasto público será muy reducido, y si no hay ingresos superiores al gasto de la seguridad social -pensiones y subsidios por prestaciones de desempleo- los subsidios se irán acabando consecuencia de que los contratos serán cada vez más precarios y los ingresos tenderán a estancarse.

Hasta los economistas estadounidenses no marxistas más sensatos -caso de Robert Reich, Paul Krugman o Joseph Stiglitz- se han visto obligados durante las últimas décadas a modificar su interpretación de las causas del crecimiento de la desigualdad. Tiempo atrás, los economistas liberales sostenían que el aumento de la desigualdad era resultado de que había sectores de la clase trabajadora que no reunían los requisitos tecnológicos o carecían de las habilidades exigidas por “cambio tecnológico basado en la habilidad” (SBTC, por sus siglas en inglés). En ese contexto, la educación era vista como el gran nivelador, estabilizador de la riqueza y herramienta de avance de los sectores atrasados. Sin embargo, el aumento del número de graduados universitarios en todo el planeta, especialmente en los países del Sur, sin que la desigualdad global deje de aumentar ha puesto el cuestión este discurso. Es la tendencia hacia el monopolio que deviene de la evolución sistémica del capitalismo lo que lleva al aumento de la desigualdad económica, algo de lo que Marx ya nos habló hace 150 años…

El cierre del Foro de Davos fue una fiesta, pero no nos equivoquemos, el planeta va a una situación bastante peor de la que ya estamos. Entender esta realidad es algo de fundamental importancia para sociedades, Estados y pequeños y medianos emprendedores, pues ni izquierdas ni derechas muestran en la actualidad capacidad alguna para plantear alternativas creíbles al nuevo modelo de irracional capitalismo en curso.

Decio Machado: "Wikileaks no es una organización siniestra"

Durante su entrevista en Radio Pichincha Universal, el analista político Decio Machado se refirió a Wikileaks como una nueva forma de hacer periodismo y una plataforma importante para que la sociedad acceda a información que nunca antes podía tenerla.

Según Machado, en un mundo en constante evolución, donde las nuevas tecnologías se apoderan de quienes viven en él; la profesión periodística se enfrenta a un desafío sin precedentes. Sin embargo, “Wikileaks no es una organización siniestra, es un grupo de hacker activistas, que de alguna formar ha dotado a la sociedad desde el 2017 hasta acá de más de un millón de documentos clasificados  que demuestran cosas que son realmente graves de la política mundial” dijo.

Además aclaró que esta organización mediática internacional no son los únicos que realizan este tipo de trabajo, pero sí los más referenciales. Más aún cuando son liderados por uno de los personajes más conocidos en los últimos tiempos, Julian Assange.

“Tuvo estrategias muy interesantes. Quiero recordar que Wikileaks no solamente publicaba en su portal; sino que (…) distribuía su información estratégicamente a los periódicos más importantes del paneta porque eran informaciones comprobadas, antes de publicarlas la comprobaban” explicó el analista.

Assange también considerado el enemigo número uno en comunicación de los Estados Unidos y aunque no existe una petición formal de extradición, el Fiscal General de este país dijo públicamente que una de las prioridades fundamentales de EE.UU. es extraditar a Julian Assange por alta traición y develar secretos militares.

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En defensa de un hacker activista

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Por Decio Machado

Para Revista Plan V

Desde que Winston Churchill acuñara en 1946 el término de “relación especial” para definir la vinculación entre su país y Estados Unidos, la cual se acentuaría durante la era de la Guerra Fría, el Reino Unido ha secundado todas y cada una de la barbaridades estadounidenses en política internacional. La última de ellas tuvo que ver con la participación de Tony Blair en la campaña de mentiras orquestada por el gobierno de George W. Bush respecto a la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, elemento “justificador” de la segunda invasión al Golfo Pérsico en 2003 y momento en el cual el inquilino de la Casa Blanca declararía ante el Congreso que su país no contaba con “un amigo más verdadero que Gran Bretaña”.

Incluso hoy, cuando el Reino Unido sigue su hoja de ruta para abandonar la Unión Europea, Theresa May –actual residente del 10 de Downing Street- encontró a su mejor aliado en Donald Trump, quien ha manifestado, pese a la actual política proteccionista, que los británicos estarán “los primeros en la fila” a la hora de mantener acuerdos de libre comercio con Estados Unidos.

Con base en lo anterior resulta pueril que los estrategas de la Cancillería del Ecuador, si es que los hay, hayan considerado en algún momento que el Foreing Office aceptaría el nombre de Julian Assange como miembro de su cuerpo diplomático en territorio de la “pérfida Albión”.

Pero chascarrillos aparte… ¿Cómo explicar que un Estado con la legitimidad del británico proceda con la destrucción de correos electrónicos relacionados con el caso Assange, información revelada por The Guardian el pasado mes de noviembre, violando las obligaciones de defender y salvaguardar la información para un debido proceso? ¿Cómo justificar que un gobierno con la trayectoria del británico ignore las conclusiones emitidas por un panel de Naciones Unidas en el que se indica que Julian Assange esta “detenido arbitrariamente”, entendiendo que su confinamiento en la embajada ecuatoriana en Londres equivale a una detención ilegal, y que debería permitírsele la llegada al país que le otorgó el estatus de asilado político? ¿Cómo entender también que las autoridades británicas mantengan esta orden de detención, ignorando que desde el pasado 19 de mayo la justicia sueca archivó el proceso en su contra? Pues bien, pese a que tanto las autoridades británicas como las estadounidenses se nieguen a garantizar que el activista australiano no vaya a ser extraditado a Estados Unidos para su posterior enjuiciamiento, ha sido tanto el fiscal general Jeff Sessions como el ex CIA John Kiriakou quienes nos han aportado las respuestas. 

Si bien Estados Unidos tiene dificultades legales para presentar cargos contra Assange dado que las revelaciones de Wikileaks han sido publicadas por los medios de comunicación más prestigiosos del planeta, lo que implicaría que estos también deberían ser procesados, su fiscal general Jeff Sessions –miembro del ala dura del Partido Republicano y tristemente conocido por sus comentarios racistas- ha manifestado públicamente que este arresto es una prioridad de la política estadounidense. De igual manera John Kiriakou, ex analista de la CIA y quien fuera el primero en revelar las técnicas de tortura aplicadas por el espionaje estadounidense en su guerra antiterrorista, indicó recientemente que Donald Trump ha intensificado la política de “mano dura” contra lo que consideran filtradores y denunciantes de la política exterior norteamericana. Según Kiriakou, el gobierno británico ha recibido “grandes presiones” por parte de Washington para que el activista, hoy confinado en Londres, sea arrestado y extraditado a Estados Unidos.

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 juicio"ssange"si estamos considerando traerlo a Estados Unidosaguardar la informaciaciones Unidas en el año 2016 por el cual

Así las cosas, la postura mantenida por Ecuador respecto a la protección otorgada a la referencia más importante del movimiento por la transparencia y la democracia global tiene un valor indiscutible, pese a que su origen devenga de la necesidad de legitimación de un régimen que con anterioridad fue denunciado por coartar la libertad de prensa.

Sin embargo, si algo caracteriza al conjunto de letras escritas y verborrea vertida durante estos últimos días por la mayoría conservadora de generadores de opinión en los distintos medios de comunicación ecuatorianos, es el desconocimiento y el cinismo respecto al caso Assange.

Desconocimiento respecto a lo que es un hacker y el rol de Assange en la conformación del nuevo periodismo en el presente siglo, así como cinismo respecto a las críticas vertidas por su naturalización y el fácil recurso del chovinismo barato.

En lo que respecto al primero de los casos, sería recomendable para estas excelencias del enjuiciamiento público la lectura del libro “La ética del hacker y el espíritu de la era de la información”, escrito por el finlandés Pekka Himanen, y publicado hace ya la friolera de diecisiete años.

El libro de Himanen, la biblia del hacker-activismo, es un texto exquisito e inspirador sobre la filosofía de los valores de los hackers, término aun confundido por estos grandes demiurgos de la ciencia infusa con el de crackers, es decir, quienes usan sus conocimientos informáticos para fines ilícitos.

Pero lo más grave de esto, es que son los medios de comunicación y sus periodistas quienes han dado espacio a estas ilustres voces de la erudición vulgatis, desconociendo que la industria de los medios se encuentra inmersa en una profunda y rápida mutación por la búsqueda de una nueva fórmula de relevancia.

Pues bien, si alguien le ha dado una nueva relevancia al periodismo en esta última década ese ha sido Julian Assange y su organización Wikileaks, demostrándonos que el periodismo puede ir mucho más allá que usar la tecnología sólo para hacer lo mismo de siempre pero en tiempo real. En resumidas cuentas, hackeando el periodismo.

En enero del 2007 Wikileaks comenzó a publicar sus primeros informes respecto a órdenes de asesinato contra oficiales somalíes, pero sería en abril del 2010 cuando publicaría un famoso video donde soldados estadounidenses disparan al reportero de Reuters Namir Noor-Eldeen, a su ayudante y a nueve personas más, algunas de ellas cuando iban a retirar a muertos y heridos. Dos meses más tarde, aparecerían 92.000 documentos denominados popularmente como los “Diarios de la Guerra de Afganistán”, donde se mostraban datos hasta entonces no revelados sobre víctimas civiles provocadas por soldados estadounidenses y otras tropas aliadas, así como las conexiones entre la inteligencia pakistaní y los talibanes insurgentes. En octubre de ese mismo año, aparecerían los “Irak War Logs”, otros 391.831 informes filtrados desde El Pentágono donde se demuestra el uso sistemático de técnicas de tortura y el asesinato de 31 civiles de media diarios entre los años 2004 y 2009. Wikileaks cerraría ese año difundiendo los “Cablegate”, otros 251.187 documentos más donde queda demostrada la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de prácticamente todos los países del planeta. En febrero de 2012 aparecerían los “Global Intelligence Files leak”, donde se evidencian las espurias relaciones de la empresa privada de espionaje Stratfor y sus clientes; en marzo del 2016 aparecerían los correos electrónicos de Hillary Clinton con sus vinculaciones a grandes empresas –entre ellas Facebook-; para terminar desvelando, en marzo de 2017, los ilegales sistemas de intersección a usuarios de teléfonos, computadoras y televisoras utilizados por parte del espionaje norteamericano.

En resumen, Wikileaks ha publicado durante la última década más documentos clasificados que toda la prensa mundial junta, lo que a muchos nos hace pensar que el arbitrario proceso abierto en contra de Assange, por parte de la fiscalía sueca, bien podría ser una artimaña articulada desde alguna agencia de espionaje internacional con el fin de silenciarle.

No puedo terminar sin hacer referencia a las críticas realizadas a la otorgación de la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange. Sorprende que se ponga el grito en el cielo exigiendo méritos al hacker australiano, pero no se hagan respecto a las naturalizaciones que de forma habitual suceden en el futbol ecuatoriano. Voy a poner tan solo un caso: ¿qué ex diplomático de gobiernos conservadores del pasado consideró una ofensa la nacionalización de Damián (Kitu) Díaz -quien posteriormente fue sancionado por insultos racistas a un arbitro negro- bajo el pretexto de ser un ejemplo para los niños?

En todo caso y más allá de los errores de la Cancillería ecuatoriana, resulta muy triste ver como el periodismo y los analistas ecuatorianos no comprenden el significado y los méritos de un site como Wikileaks. Este, a través de un sistema modificado del software de MediaWiki y una serie de herramientas añadidas (OpenSSL, Freene, Tor y PGP) autoriza a cualquiera a subir anónimamente información que posteriormente es examinada, decidiéndose cuales gozan de los parámetros de veracidad necesarios para ser publicados, lo cual conforma un ejemplo sumamente peligroso de periodismo de investigación para Estados, poderes fácticos y económicos.

La corrupción, por las nubes

Por Decio Machado
Revista La Brecha

El devenir informativo de los últimos meses ha hecho que los ecuatorianos vayan acostumbrándose, día tras día, a despertar con la difusión de un nuevo escándalo de corrupción a través de sus medios de comunicación.

Si bien este asunto no es nuevo, pues la corrupción lleva décadas enraizada en la política nacional, las dimensiones actuales lo han convertido en el segundo problema más preocupante para la sociedad ecuatoriana, después del desempleo.

El vicepresidente, Jorge Glas, cesado en la actualidad de sus funciones, lleva tres meses encerrado en la Cárcel 4 de Quito. El número dos del antiguo gobierno, impuesto por el ex presidente Rafael Correa como número dos también del actual, fue condenado el 13 de diciembre a cumplir una sentencia de seis años de prisión como autor del delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador, y está obligado a devolver –junto a sus cómplices– 33,4 millones de dólares como afectación dolosa al patrimonio del Estado ecuatoriano.

Glas no sólo es el primer vicepresidente del país encarcelado mientras estaba desempeñando de su cargo, sino el funcionario de más alto rango, en ejercicio, de América Latina detenido a consecuencia de la Operación Lava Jato.

Lo anterior propiciará que en los próximos días el presidente, Lenín Moreno, proponga formalmente una terna al Legislativo para sustituir al vicepresidente encarcelado, el cual desde el 3 de enero cumple los 90 días máximos permitidos de ausencia temporal para el cargo. Los medios de comunicación han filtrado en los últimos días los nombres de tres ministras del actual Ejecutivo como posibles sucesoras del ex vice.

La situación de Glas es extremadamente compleja, pues todo apunta a que las investigaciones judiciales a las que está sometido desencadenarán nuevos procesos en su contra. Si su condena actual es por asociación ilícita, aún está por determinarse con qué finalidad cometió este acto delictivo.

Pero los casos de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, lavado de activos y testaferrismo abundan en Ecuador. Durante este año 2018 deberán resolverse otros tantos casos más de corrupción que implican a ex ministros del gobierno de Correa –algunos de ellos fugados–, su ex contralor general –también escondido en Miami– y altos funcionarios responsables de megaproyectos construidos durante esta última década.

El propio Correa, que vuelve al país esta semana para hacer campaña en contra de la consulta popular impulsada desde el actual Ejecutivo y que según su resultado puede impedir su presentación como candidato presidencial en las próximas elecciones, ya ha anunciado que teme ser vinculado a las tramas de corrupción que paulatinamente van destapándose.

 

 POR QUÉ.

Entender las causas por las cuales durante el mandato de Correa esta pequeña nación andina ha pasado a ser considerada como una de las que tienen los más altos índices de corrupción implica entender un entramado de leyes desarrollado durante los últimos diez años que hicieron que fuera más fácil delinquir en la gestión pública y más improbable que antes que dicha corrupción saliera a la luz.

El primer error es constitucional, pues la actual carta magna –aprobada en setiembre de 2008–,que pretendió ser la más garantista del mundo, creó la Función de Transparencia y Control Social. Con ello se buscó superar el histórico reparto de instituciones públicas y organismos de control que había sufrido Ecuador durante los tiempos de la vieja partidocracia, conformando a través de la nueva estructura de un “supuesto” Estado moderno un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ese consejo de siete miembros se lo dotó de las siguientes competencias: promover e incentivar el ejercicio de los derechos relacionados con la participación ciudadana, establecer mecanismos de control social para asuntos públicos, elegir a los titulares de la Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y la Corte Constitucional, entre otros.

Sin embargo, este llamado “quinto poder” se construye a partir de una Constitución que concentra una gran parte de éste en el presidente de la República, una imposición de Rafael Correa a la que la bancada mayoritaria de su partido durante la Asamblea Constituyente (2007-2008) no tuvo el valor de enfrentarse, permitiéndole influir decisivamente en la conformación de un organismo que, a través de un concurso de méritos, pretendía ser representante de la sociedad civil.

El resultado es evidente: todos los organismos de control del sistema democrático quedaron en manos de personas afines al partido de gobierno. De igual manera, el Ejecutivo impulsó una nueva “ley de servicio de contratación pública” que teóricamente pretendía transparentar esta función del Estado. Derivado de dicha ley se creó la figura del “régimen especial”, lo cual permitió al Estado contratar a empresas sin licitaciones públicas, bastando una selección directa del proveedor avalada tan sólo por el visto bueno del ministro del área. Esa misma ley incorpora la opción de que entidades estatales y empresas públicas puedan contratar obras, bienes, servicios y consultorías –incluso con empresas extranjeras– sin requerir garantía alguna y también mediante selección directa.

En estos últimos diez años Correa dictó 16 decretos de emergencia tan sólo en el sector petróleo, lo que abrió las puertas a la corrupción en los sectores estratégicos, sin contar con otras áreas de intervención del Estado que también se vieron afectadas por dicha reglamentación.

Por último, cabe reseñar que entre 2005 y 2015 la Contraloría ha enviado a la Fiscalía General del Estado más de 2 mil informes por mal uso de fondos públicos. El anterior fiscal, Galo Chiriboga, tío de Rafael Correa, reconoció la falta de respuesta por “falta de registros” de la institución que dirigía, anunciando la pronta implementación de un sistema para hacer un seguimiento en “tiempo real” que nunca llegó a ponerse en marcha. Hasta el cierre de 2016 tan sólo hubo 245 sentencias, que básicamente hacían referencia a pequeños casos vinculados a municipios que desviaron recursos. Los procesos hoy en marcha contra altos funcionarios públicos vinculados al gobierno nacional devienen de investigaciones internacionales, como la Operación Lava Jato, en Brasil, y nunca son fruto de acciones iniciadas judicialmente en el país.

Correísmo, consulta y posconsulta

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Por Decio Machado

Publicado en Revista PlanV

Los analistas políticos y generadores de opinión, uno tras otro, repiten hasta la saciedad en este medio y en otros que Rafael Correa políticamente es ya un cadáver.

En estos análisis se ignora uno de los principios básicos desarrollados por el general Sun Tzu en su Arte de la Guerra: “Fallar en conocer la situación de los adversarios por economizar en aprobar gastos para investigar y estudiar a la oposición es extremadamente inhumano, y no es típico de un buen jefe militar, de un consejero de gobierno, ni de un gobernante victorioso”.

Si bien es cierto que, guiado por su troupe de incondicionales, llegó incluso a causar cierta pena ver el deambular errático de Rafael Correa durante sus diez días de estancia en Ecuador, también lo es aquel dicho de Albert Camus por el cual se indica que “para la mayoría de los hombres la guerra es el fin de la soledad”.

Bueno, pues guerra es lo que hay al interior de Alianza PAIS y enmarcada en ella están las resoluciones aprobadas por la triste, fraccional e ilegal VII Convención Nacional del partido verdeflex en Esmeraldas. Una de ellas, quizás la más importante, indica que de no obtenerse una decisión satisfactoria por parte del Tribunal Contencioso Electoral respecto al control de la organización, el correísmo llamará a la desafiliación masiva de sus huestes y conformará un nuevo partido llamado Partido de la Revolución Ciudadana.

Al igual que Sófocles, uno de los tres grandes trágicos atenienses, el correísmo desarrolla la técnica teatral de la “ironía trágica”, efecto que se consigue cuando los espectadores ya saben lo que va a ocurrir pero los personajes de la obra no.

Una Alianza PAIS mutilada sin la presencia de Lenín Moreno o un nuevo partido encabezado por parte de las personalidades políticas que mayor rechazo generan en nuestra sociedad tiene sin duda corto vuelo en el corto plazo. Dicho esto también cabe indicar que la memoria histórica es frágil, basta ver como el Partido de los Trabajadores corrompido por sus convivencias con el gran capital todavía posiciona a Lula da Silva como principal candidato a las presidenciales del 2018 en Brasil, lo cual permite a la facción correista jugar a ocupar a futuro el principal espacio de la izquierda en el tablero político ecuatoriano. Cabe señalar al respecto que el reto no es muy complejo, dado el estado de salud en que se encuentra eso que políticamente se autodenomina como la “izquierda” nacional.

Esta es la parte que los generadores de opinión y enterradores políticos del correísmo, intencionadamente o no, ignoran en sus análisis. Rafael Correa, tal y como lo hace Álvaro Uribe en Colombia, no necesita ser candidato presidencial para incidir en la política nacional. El ejemplo colombiano es claro respecto a como un ex mandatario, conformando un nuevo partido político y con claras desavenencias respecto a un sucesor al que también cataloga como traidor, tuvo la capacidad de disputarle la presidencia a Juan Manuel Santos mediante un testaferro tal y como lo hizo con Óscar Iván Zuluaga en 2014, ganando la primera vuelta o incluso siendo el principal valedor de la derrota gubernamental en el plebiscito por la paz en 2016. Dicha operación volverá a ser reproducida en breve por el uribismo mediante la figura de Iván Duque, un ex ministro del gobierno de Belisario Betancour que llegó al Senado colombiano de la mano de Uribe y que se postulará para las próximas elecciones presidenciales en mayo del 2018.

Pero volviendo a la política nacional y rememorando a Nietzsche, “la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido”. Sobre lo del vencido poco que añadir a lo ya referenciado por el filósofo sajón, sin embargo respecto a lo que concierne al Gobierno Nacional el reto actual implica tener la capacidad escuchar a la sociedad y visualizar correctamente el entorno, algo sobre lo que el equipo presidencial genera cada vez más dudas.

Es un hecho que cada vez más sectores de la población no siente que la situación económica del país esté mejorando. También lo es que tras diez años de propagandísticas y egocéntricas lecciones sabatinas de economía, existen amplios targets de la sociedad que tienen serías dudas respecto a que este Gobierno esté preparado para afrontar la actual crisis económica, la cual tras ser expuesta por el presidente de la República vuelve a ser recientemente negada por ministro de Finanzas. Por último, parece que cada vez más variables apuntan a que quienes les brindan encuestas al Gobierno Nacional podrían estar exagerando sustancialmente los indicadores positivos que la sociedad ecuatoriana tiene respecto al actual presidente de la República.

Hay una condición peor que la ceguera, y es ver algo que no es. Pues bien, va siendo hora ya que el Gobierno Nacional vea que para gran parte de la población se acabó ya el plazo para diálogos y reconciliaciones, es decir, se acabo la capacidad de seducir tan sólo con el discurso. Es por ello que se le comienza a exigir al presidente Lenín Moreno que se muestre decidido y enrumbe al país por una vía que permita la superación de lacras derivadas del pasado inmediato.

Con un gobierno que comete cada vez mayores errores de bulto y con ello comienza a mostrar notables signos de debilidad, basta como ejemplos últimos visualizar el traspiés en la Asamblea Nacional con la Ley Económica Urgente o la grabación ilegalmente realizada al ex secretario general de la Presidencia, parece evidente que el escenario político cambiará sustancialmente tras la consulta popular.

El período que queda hasta el 4 de febrero debería ser estratégicamente utilizado por el Ejecutivo para consolidar su propuesta de modelo de país y comenzar a posicionar logros en su gestión que la gente realmente sienta como concreciones. Ahí se requiere, a parte de capacidad ejecutiva, una política comunicacional que vaya más allá de spots publicitarios como los recientemente inaugurados, los cuales por cierto recuerdan al modelo de propaganda del régimen anterior.

Respecto a la consulta popular y dada la coyuntura política actual, es improbable que el correísmo tenga como objetivo el triunfo del No, sino más bien acumular como capital político toda oposición resultante a esta iniciativa gubernamental. Todo el voto No será correista, mientras la victoria del Sí buscará ser capitalizada por una amplia amalgama de actores de las más variopintas tendencias políticas. Aquí el correísmo juega con un factor que a la postre le beneficia: todos los aliados coyunturales que propugnan el Sí son los mismos a los que Rafael Correa derrotó de forma permanente durante los diez años de su mandato.

Así las cosas, sería de analizarse por parte del Ejecutivo si las estrategias empleadas hasta el momento para la victoria del Sí son las más apropiadas para ganar de forma rotunda dicha consulta popular. Quizás el protagonismo en esta campaña electoral no debería estar en los amigos o aliados que suben al balcón presidencial, sino en una sociedad que está asqueada de la lucha del poder por el poder, de la corrupción institucionaliza y de cómo se regeneran unas castas políticas que se caracterizan por la incapacidad de plantear nada nuevo para este hermoso país.

Pasado el 4 de febrero y previendo un resultado positivo –más allá de las diferencias porcentuales- en las siete preguntas de la consulta popular, es de esperar que la situación política en el país cambie radicalmente. Pensar que se mantendrá el idilio actualmente existente entre el Gobierno, los sectores empresariales, los medios de comunicación privados y la oposición política conservadora es creer en una ficción.

Todo indica que el año 2018 será complejo para el presidente Lenín Moreno. El Gobierno Nacional, tras la consulta popular, se verá aún más presionado por los sectores empresariales en aras a posicionar políticas acordes a sus intereses, así como por la reconfiguración estratégica tanto de los sectores políticos conservadores de oposición como por la nueva reestructuración del correísmo con base en su fuerza residual.

Que este gobierno entienda el momento en el que se encuentra significa posicionar propuestas que respondan a la emergencia político y social que vive el país. Ir a las cuestiones centrales significa superar las lógicas derivadas de la legislatura anterior, donde el posicionamiento de una nueva burocracia política con afanes de emergente clase social terminó opacando cualquier proyecto alternativo de nación.

Si de verdad se quiere conformar una nueva mayoría que sustente a un gobierno que dice tener una lógica progresista, más allá de los diálogos y el consenso con los actores sociales -muchos de ellos carentes ya de legitimación social- se debe abrir la política, desde el concepto más amplio de su término, a los sectores que viven la crisis de legitimidad del sistema. De lo contrario se llegará a la  manera más rápida finalizar una guerra, es decir, perderla.

Ecuador: entre el leninismo y el correísmo

Decio Machado, quien supo integrar el equipo de gobierno de Rafael Correa en los inicios de su gestión, nos explica el contexto en que éste vuelve al país enfrentando a su sucesor Lenín Moreno

Canal Abierto / Buenos Aires (Argentina)

Decio Machado es un periodista español, miembro del equipo fundador del periódico Diagonal, un medio anticapitalista surgido hacia el 2003 desde los activistas de la comunicación y los movimientos sociales de izquierda en Madrid. Es Consultor internacional en Políticas Públicas y como tal formó parte del primer equipo de trabajo de Rafael Correa en su llegada al palacio de Carondelet, del que luego se alejó. Hace años se encuentra radicado en Quito.

En esta entrevista con Canal Abierto analiza la situación política en Ecuador, que se tensiona no al calor de los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición sino por las disputas dentro del sector gobernante. Es que a poco de ganar las elecciones en segunda vuelta Lenín Moreno del partido Alianza País, y heredar el poder de su antecesor y copartidario Rafael Correa -quien ocupara el cargo desde el 2007-, las pujas en el interior del frente gobernante escalaron rápidamente. “El enfrentamiento nace entre dos facciones diferentes del partido oficialista, una vinculada al ex mandatario Rafael Correa y otra vinculada al actual presidente constitucional del Ecuador, Lenín Moreno. Esta disputa nace desde el mismo día de la asunción presidencial de Moreno y se traduce en tres ejes básicos”.

En primer término, Machado indica que “el gobierno actual hace una reflexión crítica sobre algunos aspectos de la política del correísmo, fundamentalmente en el tema económico. La deuda pública adquirida por el Ecuador en este momento es, porcentualmente sobre el PBI, superior a la que heredó Correa de los gobiernos neoliberales. Es decir, desde que cayeron los precios de los commodities y la economía nacional se vio fuertemente golpeada por esta dependencia del mercado de recursos naturales internacional, el Ecuador inició -durante la gestión de Correa- una agresiva política de endeudamiento público (interno y externo) que lleva a que ahora haya dificultades serias para atender las obligaciones de pago”.

“El servicio de deuda hoy en Ecuador es superior al gasto que el gobierno realiza en materia de educación y salud. Estamos en la misma situación en que nos dejó el neoliberalismo”

Como consecuencia de esta problemática heredada, el periodista radicado en Quito afirma: “Esto conlleva a un conflicto entre el gobierno actual, que desenmascara esto, y el anterior, que presume de haber hecho una política económica referencial a nivel planetario”.

“Por otro lado, el gobierno actual plantea una fuerte lucha contra la corrupción, conscientes de que se ha enraizado una lógica de corrupción institucional tremendamente fuerte, el gobierno planteó una actitud de neutralidad frente a las investigaciones que se están haciendo desde el Poder Judicial. Esto significó una reacción iracunda de Correa, que acusó de traición a Lenín Moreno por dejarse presionar por lo que él llama `los medios de comunicación al servicio de la derecha´”. Lo cierto es que dichas investigaciones judiciales llevaron a la cárcel al actual vice-presidente, Jorge Glas, y también vice de la gestión anterior, además de hombre de confianza de Correa. El propio ex presidente a traviesa una situación judicial compleja: “en breve puede llegar a recibir una sentencia de entre uno y tres años y la apertura de más causas en su contra”.

Por último, aunque no menor, está la disputa en torno al liderazgo en el partido de gobierno. “Si bien Correa dejó de ser el presidente de Alianza País para ser presidente honorario, quien encabeza el partido es Lenín Moreno. Un sector de la fuerza vinculado a Correa intentó destituir a Moreno de la presidencia del partido oficialista, algo que llevó a una disputa en el Tribunal de Garantías Electorales, que en este momento está pendiente de dictaminar”, explica Machado.

“Mientras tanto Rafael Correa convocó a una convención nacional que está deslegitimada, desde la legalidad política e institucional. La reunión del día 2 de diciembre en Esmeraldas (capital de la provincia homónima, en el extremo noroeste del país, lindera con Colombia) es un congreso del partido oficialista a la que solamente asistirán los seguidores de Correa, lo cual le quitará legitimidad política. En este sentido está marcada la confrontación que se vive entre el ex presidente Rafael Correa y el actual presidente mandatario”, analiza el miembro del equipo fundador del periódico Diagonal.

La consulta popular

Rafael Correa regresó a Ecuador el pasado 24 de noviembre. Su retorno anticipado a Guayaquil conmocionó la realidad del pequeño país: En el aeropuerto se generaron enfrentamientos entre sus partidarios y detractores. Tras dejar el cargo en mayo de este año, el ex Presidente fijó su residencia en Bélgica, pero ha decidido volver para, según sus palabras, “reorientar el rumbo del partido y rescatarlo de la traición de su sucesor”. El hecho que colmó el vaso fue la convocatoria por parte de Moreno a una consulta popular que podría truncar la intención de Correa de volver al poder.

Los puntos del referendum y la consulta popular

En relación a la consulta popular, Machado profundiza: “lleva siete preguntas, de las cuales dos son estratégicamente fundamentales. Una tiene que ver con la reelección indefinida y otra tiene que ver con la institucionalidad del Estado”

En diciembre del 2015, el presidente Correa -ya de retirada- planteó una reforma constitucional con el fin de poder volver a presentarse en las elecciones del 2021. Originalmente, la Carta Magna indica que se podrá elegir una autoridad política tan soló una vez en su cargo. Esto significaba que Correa, elegido como presidente de la República en dos ocasiones, se encontraba impedido de presentarse nuevamente para el cargo de presidente de la República. “Este punto fue modificado gracias a la mayoría que en ese momento tenía la bancada del partido oficialista en la Asamblea Nacional, y se procedió con una reforma constitucional que permitía al ex-presidente presentarse en las próximas elecciones del 2021”.

En esta consulta, la segunda pregunta retrocede a la situación anterior a esta enmienda constitucional y plantea volver al texto original de la Constitución, lo que eliminaría la posibilidad de que Correa pueda ser partícipe en las elecciones 2021.

“Esto ha significado un conflicto muy fuerte porque es evidente la intención del ex-mandatario devolver a presentarse en el 2021 con la finalidad, de alguna forma, de tapar los diferentes frentes que se han abierto durante estos seis o siete meses que dejó el poder”, afirma Machado, y agrega: “Concreta y fundamentalmente, los casos de corrupción institucional que afectan al entorno más cercano, empezando por su amigo compañero de fórmula e incluso actual vicepresidente Jorge Glas, quien está detenido en un penal desde hace aproximadamente mes y medio o dos”.

Otro elemento de la consulta popular fundamental es el vinculado a lo que en la Constitución del Ecuador se configuró como el quinto poder: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Básicamente, este organismo pretendía ser una representación de la sociedad civil, eligiendo las autoridades de control de las diferentes instituciones del Estado que se pretendía fueran autónomas del Ejecutivo, por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral, entre otros. “Es decir, organismos de control de la democracia, del buen funcionamiento del sistema democrático. Pero estos cargos en el Consejo de Participación y los cargos elegidos por el Consejo fueron ocupados con miembros del partido oficialista, es decir no fue un espacio de expresión de la sociedad civil sino que fue una maraña de funcionarios vinculados al partido de gobierno, al partido presidido por Correa. Esta situación sigue. Las instituciones públicas de Ecuador siguen vinculadas al ex mandatario de la República. Esto significa que la independencia de un organismo de control de la democracia como el Consejo Nacional Electoral está comprometida.

Esta tercera pregunta lo que plantea es reformular el concepto del Consejo de Participación Ciudadana y al mismo tiempo auditar en sus funciones a cada uno de los cargos nombrados desde el Consejo de Participación Ciudadana lo que permitiría evaluar a estos funcionarios y en el caso de que la evolución sea negativa cesarlo en sus funciones. Esto significaría que el correísmo perdería todo ese poder que aún sostiene digamos en la institucionalidad funcionarial y evidentemente esto significaría la desaparición de cualquier posibilidad de incidencia dentro de las instituciones públicas.

Esto evidentemente también ha conllevado un nivel de enfrentamiento muy fuerte donde Correa plantea no solamente un no a estas dos preguntas sino no a las siete preguntas lo cual es una barbaridad porque las demás preguntas están vinculadas a temas que son claramente apoyados por la sociedad.

Convulsión en el oficialismopositor

El presidente Correa volvió la semana pasada al país y se vuelve a marchar el día 4 de diciembre, inmediatamente después del Congreso de Esmeraldas. Su aparición animó y convulsionó la política ecuatoriana.

Correa en la convención de Esmeraldas denunció que de aprobarse el punto 2 de la Consulta “¡¡Se acabó la división de funciones!! ¡Tendremos un absolutismo!“.

Mientras, el país está obligado a renegociar las obligaciones de deuda externa contraídas durante los últimos años de gestión correísta porque hay una imposibilidad de poder pagar esto. Existen algunos informes de instituciones financieras internacionales que hablan del riesgo de default.

Machado evalua que: “Evidentemente el Gobierno Nacional está intentando reanimar la economía ecuatoriana que está en parálisis o en semi parálisis desde el año 2013. Los dos últimos años de gestión correísta conllevaron cifras negativas en la economía: el penúltimo año de gestión no se creció más del 0,1 – 0,2 por ciento del PBI; y el último año de la gestión Correa cerró con un indicador negativo de menos 1,5 por ciento. Es decir Correa dejó el país en recesión.”

“Curiosamente, lo sorprendente del caso ecuatoriano es que el partido de gobierno Alianza País es al mismo tiempo el partido de gobierno y el principal partido de oposición. El resto de la oposición política sea conservadora o grupos más escorados a la izquierda que Alianza País, han desaparecido del mapa político ecuatoriano con lo cual digamos toda la lógica política del Ecuador se sostiene sobre el conflicto interno de Alianza País.

En esta curiosidad propia del Ecuador, es difícil encontrar una situación de estas características en otro país, me atrevería a decir que se cierra el círculo de la coyuntura política actual.“