martes, 5 de abril de 2016

Ecuador: la necesidad de reinventar la política

Por Decio Machado

Contexto económico nacional

En los últimos meses se ha profundizado el deterioro de determinados indicadores económicos que reflejan el estado de crisis que vive el país, a la vez de que apuntalan el hecho de que dicha crisis no hizo más que empezar. 

En este sentido, algunos elementos destacables:

- Existe una falta de liquidez alarmante por parte del Gobierno (el déficit fiscal recientemente se ajustó a más de 1000 millones de dólares –ver gráfico 1-), lo cual afecta ostensiblemente a una economía nacional dependiente de la actividad del Estado. El Gobierno tiene mayores dificultades para conseguir financiamiento en el mercado internacional y carece de legitimidad social para implementar un plan anti-crisis creíble y de consenso ciudadano.

Gráfico 1
- La banca privada disminuyó depósitos un 13,8% entre 2014 y 2015, su índice de morosidad crece paulatinamente (ver gráfico 2), la venta de cartera crediticia vencida maquilla los indicadores de liquidez bancaria y como consecuencia la colocación de créditos es menor. El crédito para inversión está semiparalizado y el crédito al consumo disminuyó notablemente. El endeudamiento familiar es un hecho facilmente detectable en los indicadores de morosidad existente en el sector retail.

Gráfico 2

Tasa de morosidad del crédito al sector privado del sistema financiero

- La falta de liquidez gubernamental afectó gravemente a la cadena de pagos a proveedores del sistema de compras públicas y el capital privado carece de confianza en los mercados. Ambos factores hacen imposible dinamizar la economía nacional mediante el impulso de los privados. 

En resumen, quienes más ganaron durante el período de bonanza económica han pasado a ser explícitos indicando que no están dispuestos a cargar sobre sus espaldas el peso de la crisis. Con la dolarización en riesgo (desequilibrio del flujo de ingresos y salidas de dólares) el Gobierno determinó una hoja de ruta enfocada hacia el control de precios (medidas arancelarias sobre productos de importación) y el control de salarios (pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores, en algunos casos argumentativamente disfrazada con criterios de reducción de la jornada de trabajo). Cuando el correísmo gozó del apoyo popular no tuvo la valentía de implementar medidas para la recuperación de la soberanía monetaria nacional, condición que en la actualidad le pasa factura.

Gobierno ante la crisis económica

Desde el pasado año, la economía ecuatoriana se encuentra en lo que podríamos definir como momentos de “significativa incertidumbre”. A inicios del 2015 el Banco Central estimó un crecimiento del 4,8%, lo cual tras los ajustes realizados al Presupuesto General del Estado terminó siendo un indicador de tan solo el 0,4%. Pero más allá de ello y a pesar de la disminución de importaciones por implementación de salvaguardias, no se ha conseguido revertir el déficit en la balanza comercial (ver gráfico 3).

Gráfico 3

Balanza Comercial

Más allá de que las vocerías oficialistas sitúen la crisis en el ámbito de la disminución del precio del crudo, es un hecho que las exportaciones no petroleras también han disminuido (ver gráfico 4) fruto de guerra de divisas, cerrando el 2015 en unos 780 millones de dólares menos.

Gráfico 4
Fuente: BCE

En la actualidad, Estado ecuatoriano tiene necesidad de financiamiento por un monto superior a 7.200 millones de dólares, a los cuales se debe sumar otros rubros como: el pago pendiente por sanción arbitral en el caso de la petrolera Oxy (U$D 880 millones), deuda en Certificados del Tesoro (U$D 1.600 millones) y atrasos del pasado ejercicio (U$D 2.500 millones). En pocas palabras, el Gobierno se ve obligado a conseguir 10.000 millones de dólares (ver gráfico 5) en un contexto en el que disminuyó la capacidad para adquirir financiamiento externo y en el que la crisis económica hizo que la recaudación tributaria menguase en un 20%.

Gráfico 5
Fuente: F. Ortiz, 2016

Enmarcados en esta realidad, el Gobierno logró negociar el pasado año un crédito millonario (U$D 7.000 millones) con China, del cual fueron desembolsados el pasado mes de febrero 970 millones por parte del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). 

A pesar de la opacidad respecto a las cláusulas contractuales, se estima que Ecuador ha comprometido 42.000 barriles diarios durante los próximos 5 años. Esta negociación implica continuar con el incremento del petróleo “comprometido” por el país e incrementar peso de la deuda china (ver gráfico 6) en el ámbito de una agresiva política de endeudamiento exterior.

Gráfico 6

Fuente: F. Ortiz, 2016

Tras demostrar su falta de voluntad o incapacidad para transformar, tras más de nueve años de gestión, la matriz de acumulación heredada del neoliberalismo y presionados por el discurso del sector empresarial, el Ejecutivo ha optado por el ajuste presupuestario: recorte de subsidios y del gasto público. Además de eso, se ve abocado a aumentar su capacidad recaudatoria, por un lado mejorando su eficiencia pero por otro subiendo impuestos y con la próxima privatización de determinadas empresas públicas.

Perdido el motor de la inversión pública como motor de la economía nacional y sin una significativa reserva internacional, el Gobierno ha pasado a una ofensiva recaudatoria que en su último capítulo implica gravar productos ya severamente gravados con anterioridad. La crisis hace que se esté recaudando menos (ver gráfico 7) cuando más falta hace.

Gráfico 7


Fuente: BCE

Por su parte, la implementación a través de incentivos para el uso del dinero electrónico y el aumento de la emisión de Títulos del Banco Central (TBC´s) son medidas que tal y como están concebidas, no avanzan más allá del objetivo de que el Banco Central del Ecuador mantenga transitoriamente su capacidad como financiador del Gobierno (la inversión del BCE en el Gobierno durante el mes de marzo aumentó 395 millones de dólares a la espera de que llegue financiamiento de algún lado). Son medidas que ni buscan ni tiene capacidad para transformar la realidad económica que vive el país.

Respecto al dinero electrónico y sin cuestionar la esencia de combatir el uso especulativo que hace el sistema financiero privado del dinero, el balance de depósitos del Banco Central (ver gráfico 8) no ayuda a genera confianza entre los ciudadanos, lo que dibuja un futuro poco halagador para tal empresa.

Gráfico 8

Balance de los Depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central 
enero 2006 a febrero del 2016

Por su parte, el Gobierno se apresta a una nueva emisión de bonos por 1.000 millones de dólares a 20 años buscando captar liquidez. A finales del pasado mes había emitido ya otros 400 millones (a los que hay que sumar las emisiones de años anteriores) a través de las bolsas de Quito y Guayaquil. En la actualidad el saldo de la deuda a bonistas internos y externos, sumados a los anticipos chinos, es de alrededor de 25.000 millones de dólares, pagándose unos 4 puntos por encima (calcúlese un costo adicional de 250 millones de dólares anuales por cada punto porcentual) de lo observado en emisiones hechas por otros países de la región. 

Otra opción manejada por el Gobierno es la posibilidad de acudir a los organismos multilaterales de Bretton Woods, opción ampliamente demandada desde sectores empresariales y la derecha política. Allá, el Gobierno del Ecuador podrá encontrar posibilidades -a un tipo de interés más liviano- para financiar parte de sus necesidades a corto plazo, aunque el país se vería obligado a contener más agresivamente el gasto público en función de las premisas del FMI.

En resumen, todas de las opciones (combinadas o individualmente) supondrán a la postre un mayor costo político y electoral para el actual Gobierno.

Coyuntura política nacional

La agudizada pérdida de credibilidad y legitimidad social que sufre el correísmo, sostenida sobre los deteriorados indicadores de la economía nacional, no se reflejan en un crecimiento acelerado en la intención de voto de sus contradictores políticos. Dicha situación encamina al país hacia una creciente crisis de representatividad política. A la par que crece el descontento social y cada vez más amplios sectores de la población entienden que no da para más el confuso y contradictorio actual ciclo político, la mayoría de ciudadanos no se encuentran representados en ninguna de las opciones políticas que se configuran como alternativas en el país.

Sobre la oposición conservadora

Según las encuestas serias con resultados más halagüeños a favor del candidato Guillermo Lasso (propietario del banco que ocupa el tercer puesto en el ranking de utilidades del sistema financiero nacional), este tendría en la actualidad una intención de voto cercana al 25% frente al 32% gubernamental (cabe indicar que estas variables son relativas aun en tiempos de precampaña).

La incapacidad del ala conservadora para unirse en una sola candidatura (superación del conflicto Lasso vs Nebot), sumada a las resistencias ciudadanas ante líderes incapaces de representar regeneración alguna en el sistema político nacional, hacen que la estrategia de CREO quede limitada a asistir pasivamente al desgaste que la situación económica genera sobre el oficialismo.  

En resumen, Lasso y sus asesores no son capaces de establecer otro criterio más allá de esperar que ante el deterioro económico, la ciudadanía vote en febrero del 2017 a la opción política mejor situada para reemplazar al correísmo. Así las cosas, su objetivo estratégico es extremadamente sencillo: voto útil sin candidato capaz de generar encantamiento ni proyecto que construya expectativas. Con un discurso enmarcado en la mediocridad de sus voceros y candidatos, la propuesta de CREO se limita a pedir el voto para un magnate cuya única carta de presentación es haber logrado el éxito económico personal (simplicidad argumentativa: se hizo rico, lo que demuestra que sabe mucho…).

Respecto al otro ala de derecha, el encarnado por la llamada “alianza de Cuenca” (inicialmente enmarcado en los acuerdos Nebot/Rodas/Carrasco), cabe reseñar que esta opción entrará en barrena si Jaime Nebot definitivamente mantiene su negativa a postularse en 2017. Es un hecho que ya algunos involucrados en la “alianza de Cuenca” buscan salida para sus aspiraciones políticas personales, importándoles poco en cual de los lados de la barricada de ideas les dejen algo de espacio en la lista.

El discurso político de ambos sectores del conservadurismo ecuatoriano no tiene diferencias entre sí: reducción del gasto público, excepciones fiscales para empresas, liberalización del mercado interno para la entrada de nuevas divisas y cuestionamiento al peso del Estado en la economía. Para promover la generación de empleo e inversión nacional y extranjera, estos sectores proponen la flexibilización –ya en parte puesta en marcha por el correísmo- del mercado laboral.  

En todo caso y más allá del ámbito electoral, son los sectores del gran capital privado quienes más se están beneficiando de la condición actual, imponiendo sus agendas en la reforma del mercado laboral, logrando políticas de excepciones fiscales y presionando al Gobierno para que país se incorpore cuando antes al Tratado de Libre Comercio firmado por Colombia y Perú con la Unión Europea.

Sobre la oposición progresista

La izquierda política ecuatoriana, compuesta por un diverso conjunto de siglas de las cuales tan solo unas pocas tienen cierta realidad social, ha procedido ante las elecciones de febrero del 2017 como en ella es habitual. Posicionó en la palestra a una serie de nombres con cierto peso político, pendiente de dilucidarse su candidato presidencial, antes de sentar las mínimas bases programáticas para un definitivo acuerdo de unidad. Inmersos ahora en la articulación de un plan de gobierno común, la alianza autoreferenciada como “centro-izquierda” (en realidad agrupa incluso a sectores del espectro político conservador) tiene que lidiar con los conflictos internos existentes en el Pachakutik –organización que en la práctica dejó de ser el brazo político de la CONAIE- y con el peso negativo que electoralmente le significa alguna de las formaciones políticas involucradas en la coalición (en política no toda alianza necesariamente suma votos). 

Tampoco desde este ámbito surgen iniciativas que conlleven a regenerar del sistema político nacional, siendo sus figuras claves personalidades de largo recorrido en la política institucional ecuatoriana (se carece de liderazgos nuevos que puedan identificarse a un proyecto de nuevo aliento). Hasta el momento, y aceptando que este espacio político nace con la intención de representar las crecientes movilizaciones populares que se han ido dando en los últimos dos años, cabe indicar que en sus postulados no se ha avanzado aun en algo que vaya más allá que criterios básicos sobre descorreización (democratización del sistema político institucional), posibilidad de utilizar estratégicamente la consigna de un nuevo proceso constituyente y elementos basados en el incentivo a la producción, inversión y el empleo. En resumen, la unidad de las "izquierdas" se desarrolla por necesidad, no incorporando criterios de refundación ideológica ni elementos que en la práctica aseguren el hecho de que una vez conformados en bancada legislativa se mantengan criterios de unidad y prácticas diferenciadas a las otras organizaciones políticas con las que compartirán el arco legislativo. Más allá de su puesta en escena, se evidencia que aun le falta mucho a estás "izquierdas" para encarnar una propuesta de cambio que sirva como herramienta para la transformación social.

Situación al interior del oficialismo

Alianza PAIS es un partido construido desde el poder, y como todo tipo de formaciones políticas articuladas de esta manera, no es más que un espacio de encuentro capitalizado por burócratas, arribistas y buscadores de empleo. Así las cosas, el creciente deterioro político que sufre el oficialismo ha generado fisuras al interior del partido, las cuales en la actualidad confrontan por instalarse en el delfinazgo correísta.

Al momento actual, dos sectores son claramente identificables al interior del partido de gobierno: uno, más conservador y que a pesar de sus diferencias se mantuvo articulado en torno al poder, propugnando en la actualidad la candidatura presidencial de Jorge Glas; y otro, discursivamente más progresista y posiblemente algo más honrado, que apoyado por una parte del sector empresarial más inteligente del país (el que demanda cambios pero sin alterar una política económica que les ha permitido obtener notables beneficios durante estos años), propone abrir un espacio de balances y autocríticas con el fin de articular nuevas propuestas enfocadas a la generación de empleo, productividad y redimensionamiento del sector privado (reducir la intervención del Estado en la economía) proponiendo la candidatura presidencial de Lenin Moreno.

Aunque al interior del oficialismo el peso político del sector que podemos referenciar como “entorno presidencial” (el de origen más costeño y políticamente más conservador) es mayor que el teóricamente progresista, lo cierto es que la “opción Glas” demuestra su incapacidad para situarse electoralmente como opción ganadora, condición de inclina la balanza hacia los que podríamos denominar como sector “morenista”. La realidad es que el debate político interno en Alianza PAIS no existe, y a la postre, a lo que asistimos es al intento de reposicionamiento de un sector político que quedó desplazado del núcleo duro de poder por quienes se referenciaron como “correa de transmisión” de los distintos intereses del capital emergente ecuatoriano. A la larga, es dudable que el “morenismo” se exprese en algo que vaya más allá de una transición de perfil socialdemócrata liberal aplicada sobre este engendro político denominado “correísmo”, que con sus contradicciones y derivas ya nadie tiene la capacidad de definir lo que es.

Más allá de que la candidatura presidencial del oficialismo esté prácticamente definida por la vía de los hechos, escollos por superar no le faltan al “morenismo”. El primero de todos, sacarse de la próxima campaña electoral a la figura de Rafael Correa, condición que haría más creíble para los electores la estrategia de presentarse como un cambio dentro de la continuidad en el gobierno del partido oficialista. Dicha estrategia ya tuvo su arranque inicial con la carta enviada por Lenin Moreno a la cúpula de Alianza PAIS ante la próxima convención nacional de su partido.

 Más allá de lo institucional

La izquierda sociopolítica ecuatoriana demuestra incapacidad para vivir al margen del terreno de juego que marcan las coyunturas electorales. Incluso sin reflejarse políticamente en una candidatura, sufre la presión de posicionarse a favor de lo que consideran la opción más progresista en cada momento, condición que le ha llevado a cometer serios errores en el transcurso de su historia.

Con un sindicalismo que se resiste a la renovación, que no entiende que el conflicto capital vs trabajo se extiende más allá del mercado laboral formal y que quedó anclado a lógicas de intervención propias de la década de los ochenta, así como con un movimiento indígena que no es capaz de recuperar la centralidad política de sus demandas históricas, se hace por momentos cada vez más necesaria el surgimiento de nuevos movimientos sociales.

Por su parte, el mundo de las ongs en Ecuador, desde su perspectiva política lleva años agotado. En su camino de lenta agonía, podríamos subdividir su realidad actual en tres espacios que comparten un perfil común: su cada vez menor capacidad de incidencia en la realidad social que los rodea. El primero de ellos está configurado por las ongs afines al régimen (clientelistas); el segundo, lo conforman las ongs cuya práctica coherente les ha convertido en opositores al régimen (especialmente las que defienden derechos humanos y colectivos, así como las especializadas en la defensa del medio ambiente); y por último habría un tercer espacio que aunque teóricamente son críticos al poder establecen relación cercana y permanente con este, viviendo en una especie de esquizofrenia derivada de la contradicción política que les implica su necesidad de subsistencia. 

Ante un futuro gobierno que a todas luces será débil (deberá renegociar los plazos de devolución de la creciente y cara deuda externa a la que se enfrenta el país, sufrirá el período más duro de la crisis económica, carecerá de mayorías absolutas en el Legislativo y nacerá enmarcado en una crisis de representación política en ciernes), se evidencia que lo actualmente existente desde el punto de vista social y político necesita renovarse. Rescatando una cita de Antonio Gramsci, estamos ante un momento en que lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, lo que implica la necesidad de reinventar los espacios de discusión política, ejes de intervención, modelo discursivo, formas de acción y los modelos organizativos que derivan en una refundación de la política en el Ecuador. 



martes, 22 de marzo de 2016

Venezuela: un proceso a la deriva

Por Decio Machado
Director de la Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA)

Desde la derrota oficialista en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, proceso en el cual dos millones de venezolanos que antes apoyaban al chavismo le dieron la espalda, el centro de mando del gobierno bolivariano no encuentra su rumbo. Al respecto, cabe recortar que el vía crucis de Nicolás Maduro comenzó tres años atrás, cuando en las elecciones presidenciales del 2013 se impuso a su adversario Henrique Capriles por tan solo 200.000 votos.


¿Qué pasó con el proceso político bolivariano?

Si algo ha caracterizado al Estado venezolano ha sido su agudizada tendencia a la ineficacia en la gestión de sus políticas públicas. Pero más allá de ello, con voluntad política la ineficacia puede ser solventada en cualquier momento, el problema fundamental del chavismo es que derivó en un esquema burocrático que quedó vació de contenido desde el punto de vista emancipatorio. El concepto de socialismo que se maneja desde las dirigencias del PSUV fue hace años prostituido y la auto-organización popular fue absorbida por un esquema vertical anclado a este partido desde su conformación en el año 2006. Dos años después ya no existían ni tomas de empresas ni ocupaciones de latifundios baldíos. Es así como se asfixió a los movimientos sociales autónomos y revolucionarios que acompañaron inicialmente el proceso, siendo estos poco a poco cooptados, menguando su capacidad de movilización y quedando en manos de un aparato burocrático que se enraizó en el poder del Estado. Incluso las misiones, que originalmente fueron concebidas como espacios dirigidos al empoderamiento popular, quedaron en manos de una burocracia ministerial de ética cuestionable y notable incapacidad para una gestión eficiente sobre la renta petrolera.

En resumen, no fue la derecha reaccionaria y golpista la que mató el proceso revolucionario, y no por falta de ganas sino por incapacidad política para ello. Tampoco fue la “guerra económica” ni el imperialismo injerencista quien desarticuló las bases chavistas del proceso. Ni siquiera queda ya una burguesía –desde su estricta concepción marxista- que tenga capacidad de poner en jaque al Estado bolivariano. El responsable real de la desarticulación del embrionario poder popular que en algún momento se vivió en Venezuela ha sido el propio Estado burocrático. Citando a Roland Denis, ex viceministro de Planificación del régimen, el socialismo no tiene porqué ser un sistema de burócratas que controlan a otros burócratas centralizándolo todo bajo criterios caducos que corresponden a una izquierda del pasado derrotada ya años atrás.

Pero el problema se agudizó tras la muerte del comandante Hugo Chávez. El traspaso de mando no pudo ser más desastroso, y a pesar de que Maduro pretenda vivir arropado bajo el fantasma de Chávez, es palpable para el conjunto de la sociedad la distancia existente entre una figura política y la otra. De hecho, el gobierno de Maduro ni siquiera cuanta con una hoja de ruta que lo conduzca hacia un proyecto futuro de país.

Estrategias de la oposición conservadora

Bajo este contexto y en gran parte extinguida la conciencia social desarrollada en algún momento entre amplias capas de los sectores populares, cuatro son los ejes combinados que conforman la estrategia que la oposición política venezolana ha diseñado para derribar al actual gobierno: una enmienda constitucional para acortar el mandato presidencial de seis a cuatro años, un referéndum revocatorio para destituir al presidente, la conformación de una nueva Asamblea Constituyente que de al traste con los avances incorporados en la actual Carta Magna y en paralelo a todo ello, la convocatoria de movilizaciones populares para agudizar la presión política y obligar al actual mandatario a su renuncia.

El acuerdo respecto a esta estrategia parece ser unánime en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quedando por ver como será el desenlace de este conflicto frente a las posiciones pro-gubernamentales del Tribunal Supremo (integrado en su mayoría por ex funcionarios y personalidades vinculadas al chavismo) y las Fuerzas Armadas. Ante la ofensiva conservadora el presidente Nicolás Maduro tiene la consigna clara: resistir como sea hasta el final.

La batalla política por el sillón presidencial del Palacio de Miraflores se da en un momento donde la crisis de credibilidad gubernamental es cada vez mayor. No hay capacidad por parte del Ejecutivo para sostener una propuesta político-económica creíble dirigida hacia la salida de la crisis. La estrategia de los 9 motores de la economía no es nueva y su impacto desde el punto de vista productivo es nulo, teniendo además escasa sintonía con los pretendidos objetivos revolucionarios del proceso bolivariano a medio y largo plazo. Todo ello mientras la inflación se estima en 180% al cierre del 2015, la escasez de medicamentos en hospitales ronda entre el 70 y el 80% y la de alimentos está provocando cada vez mayores penurias entre la población. El mercado negro se ha situado como referente de abastecimiento para quien puede pagar entre tres y diez veces el precio establecido en el mercado oficial para estos productos, mientras una cada vez más delirante sobre evaluación del bolívar podría terminar conllevando a situaciones de hambruna. Con un dólar que flota desde los 200 bolívares, la hiperinflación tiende a aumentar a la par que a las familias el salario ya no les permite cubrir sus gastos mensuales.

Es innegable el desgaste que tiene Nicolás Maduro y el PSUV ante la ciudadanía venezolana. Incluso los sectores más concienciados de la sociedad venezolana han perdido el sentimiento de proyecto colectivo del que en algún momento se dotó el chavismo, quedando el campo abierto a la individualización -sálvese quien pueda- de la sociedad. En todo caso es un hecho que el precio del petróleo (95% de los ingresos de divisas de Venezuela) ha dictado durante mucho tiempo la popularidad de sus líderes.

Un proceso político con necesidad de cambios

Si bien gran parte de los problemas económicos que hoy vive Venezuela se pueden encontrar ya analizados en los primeros esfuerzos del ex presidente Hugo Chávez para reorganizar radicalmente la economía del país a inicios del presente siglo, sus resultados finales no fueron los más acertados. Todo ello a pesar de que durante el período 2004 – 2008 el país viviese un ritmo de crecimiento anual con promedio del 10%.  En la actualidad existe creciente cuestionamiento social a los errores generados dentro de la gestión estatal y a la generalizada corrupción enraizada en la cúpula burocrática gubernamental. La economía y la corrupción dejaron de ser las asignaturas pendientes del chavismo para convertirse en su talón de Aquiles. Son estos factores los que aprovecha la oposición política conservadora para en la actualidad erigir una movilización política de carácter electoral. Se evidencia entonces que la centralización del poder planteada en su momento por Chávez ha sido un error que hoy paga con creces un proceso político que de revolucionario ya no le queda nada. El eje fundamental de cualquier proceso realmente revolucionario se basa en el control social, en la capacidad que tiene la sociedad para influir en la toma de decisiones que se ejecutan desde el Estado, algo que lamentablemente ni en Venezuela ni en el resto de países con gobierno autodefinidos como transformadores se ha llevado a la práctica.

A pesar de que el chavismo considere que la estrategia opositora de pedir una revocatoria del mandato a Maduro es golpista y destituyente, cabe indicar que fue el propio comandante Chávez quien incluyó dicha figura en la reforma constitucional de 1999. Incluso se sometió exitosamente a ella en 2004, triunfando holgadamente.

En la coyuntura actual el cambio político es inevitable en Venezuela. El acelerado proceso inflacionario, la profundización de la escasez, el colapso del crecimiento económico junto al deteriorado ingreso petrolero propician la actual estrategia opositora y hace cada vez más inviable el sostenimiento del régimen sin la carismática figura de Chávez. Es más, en las condiciones actuales no sería de extrañar que sea desde la propia casta burocrática chavista desde donde se pida en algún momento la renuncia de Maduro, buscando conformar un gobierno de transición que les permita llegar al 2019. Gran parte de la dirigencia del PSUV es consciente de que en la situación actual no hay manera que su formación política sobreviva a las próximas elecciones seccionales ni a las futuras presidenciales. Crece en las filas chavistas la opinión de que si no se le pone freno a este suicidio político –el país corre riesgo de impago de deuda externa, profundizar la hiperinflación y llegar la ingobernabilidad- el chavismo como opción política podría incluso  desaparecer.

Es por ello, que el PSUV podría llegar a sacrificar políticamente a Maduro, pues más allá de que hayan sido capaces de anular temporalmente el poder de la oposición en la Asamblea Nacional (los conservadores cuentan con 109 de los 167 curules existentes), en el hipotético caso de un revocatorio la derrota electoral está prácticamente asegurada. Queda en todo caso la duda de que dentro de las filas de la dirigencia chavista existan condiciones para rearticular eficazmente estrategias, depurar la corrupción, renovar de forma adecuada sus liderazgos y refundarse como proyecto político volviendo a generar los sueños e ilusiones que acompañaron la primera fase del proceso bolivariano.
  
Respecto al mapa global, el cambio de ciclo que atraviesa el subcontinente complica los apoyos internacionales con los que hasta ahora ha contado el chavismo en la región. En la última reunión del MERCOSUR el presidente Macri abogó por la salida de Venezuela del bloque económico suramericano, mientras que desde el congreso brasileño de mayoría conservadora se está presionando fuertemente a Dilma Rousseff para que se pronuncie en contra de Maduro y por la liberación de Leopoldo López.

Así las cosas, difícil se le plantea el futuro a Venezuela. La estrategia del que “lo que se viene será peor” cada vez tiene menos adeptos a pesar de lo políticamente cuestionable que es la oposición conservadora, mientras que en la sociedad venezolana cunde el descontento y la impotencia ante un gobierno que hace aguas por doquier.



Argentina: la izquierda no levanta cabeza

Decio Machado 
Director Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA)

Entre finales de noviembre del pasado año, cuando la opción liberal conservadora encabezada por Mauricio Macri (Cambiemos) ganó las elecciones por apenas 3 puntos de diferencia –poco más de 700.000 votos-, y la fecha actual, han transcurrido poco más de 100 días de gobierno macrista en Argentina.

Las diversas encuestas de opinión realizadas recientemente en el segundo país más grande de Suramérica vienen a indicar que, a pesar de que las políticas del actual gobierno han afectado tarifas y el incremento de la inflación generó devaluación y otras afectaciones a los bolsillos de la ciudadanía, la figura de Macri apenas se ha visto afectada y aproximadamente un 54% de los argentinos valora aún positivamente su gestión de gobierno.

La inflación, los salarios van por detrás de los precios, es para los argentinos el principal problema que afronta el país -seguido de inseguridad, desocupación, corrupción y subida de tarifas-, aunque la mayoría se muestran todavía esperanzada en que el nuevo Ejecutivo necesita tiempo y encontrará en breve respuestas al problema inflacionario.

En resumen, más allá de la campaña kirchnerista en repudio a los despidos de 26.000 funcionarios del servicio público que el macrismo identificó como puestos de empleo regalados a peronistas (Alfonso Prat-Gay, actual ministro de Hacienda, los definió como “grasa militante”) y sobre los conatos de odio y violencia que se evidenciaron en los dos atentados contra los locales políticos de Nuevo Encuentro y La Campora el pasado 6 de marzo en Buenos Aires, no hay grandes cambios en las preferencias de la opinión pública existentes al momento de las elecciones presidenciales. En todo caso, vale reseñar que Macri no ha logrado captar la aprobación de quienes en noviembre del 2015 no lo votaron, fenómeno que suele suceder con los presidentes durante sus primeros meses de mandato.

Es más, los argentinos perciben la actual situación del país con preocupación, calificando el 43% de estos la situación económica como “regular”, y habiendo un empate técnico entre los dos sectores más polarizados, es decir, quienes identifican la coyuntura como “negativa” y  quienes la identifican como “positiva”.

En todo caso, el problema político grave parece haber quedado en las filas del kirchnerismo, pues la mayoría de los argentinos sigue identificando a Cristina Fernández de Kirchner como la líder de la oposición, al tiempo que la imagen negativa de la ex presidenta se sitúa en un 48%.

La pérdida del sillón presidencial por parte del Partido Justicialista ya comienza a hacer mella entre sectores que hasta ahora se habían beneficiado de preventas y privilegios propios de las castas tecnoburocráticas latinoamericanas. A pesar de que el ala más radical del kirchnerismo, La Campora (un grupo juvenil que se considera heredero de las organizaciones montoneras pero que se construyó y financió desde la Casa Rosada), considerase que a pesar de la victoria de Macri ellos manejaban el resto de poderes del Estado más allá del Ejecutivo, ya a inicios de febrero se generaba la primera ruptura en el bloque legislativo del Frente para la Victoria. Diego Bossio, ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social de la Presidencia de la Nación (ANSES), junto a otros 13 ahora ex legisladores peronistas, indicaba “no creemos en eso de cuanto peor mejor; queremos que le vaya bien a Macri”.

El macrismo considera la ruptura del peronismo kirchnerista como uno de sus principales logros políticos en estos primeros meses de gobierno. Esto incluye las tensiones y fracturas generadas en el bloque opositor en el Congreso, el acercamiento a los gobernadores e intendentes del viejo oficialismo, así como el progresivo aislamiento del kirchnerismo más duro.

El sector hard del kirchnerismo también intentó, sin éxito, bloquear el que ha sido el primer triunfo legislativo del gobierno de Mauricio Macri: la aprobación en la Cámara Baja de una ley que permite sellar el acuerdo con acreedores de deuda en default, los llamados fondos buitres.

El proyecto de ley, que pasó ya a un Senado donde el kirchnerismo tiene mayoría, autoriza la emisión de deuda por 12.000 millones de dólares. Esta será la mayor emisión de un país en desarrollo desde 1996 y su objetivo es -entre otros- pagar en efectivo 4.653 millones de dólares a los holdouts que demandaron a Argentina en Estados Unidos, propiciándoles una rentabilidad cercana al 1000% y endeudando al país durante los próximos 30 años.

Está por verse como se desarrollará la resistencia kirchnerista en la Cámara Alta, donde podrían vivirse nuevas rupturas peronistas. En todo caso, durante el mandato de Cristina K ya se pagaron al Club de París 9.000 millones de dólares, cinco veces más que la deuda original, mientras en el CIADI se abonaron otros 400 millones por dos juicios derivados de la era menemista, y a la petrolera española Repsol le tocaron otros 5.000 millones de dólares después de que en el Congreso la plana mayor del peronismo hubiese asegurado que la reestatización de YPF no iba a costarle un peso al país.

Mientras en Argentina en gobierno de Macri avanza en una lógica política que conlleva la pérdida de los derechos sociales conquistados por la ciudadanía durante la era K, especialmente en materia de empleo y cobertura social; la polarización social continúa. La izquierda no levanta cabeza, el país continúa sin recuperar la confianza económica tras la caída de los precios de los commodities y se mantiene la percepción de que la corrupción es un problema grave y generalizado (dos ex ministros kirchneristas fueron condenados por corrupción y varios más, además de Cristina K y su vicepresidente Amado Boudou, enfrentan varios procesos penales). 


En estos momentos y golpeados por la pérdida de poder y cierta descomposición en sus filas, el kirchnerismo todavía mantiene una fuerte presencia mediática y se moviliza en las llamadas “plazas de la resistencia”. Su militancia se mantiene combativa aunque notablemente menguada, viéndose muy afectados también por la “limpieza” que el nuevo gobierno liberal hizo de su militancia en las instituciones públicas. Su estrategia inmediata para rearticularse pasa por hacer una gran demostración de fuerza en el entrante mes de abril. Esta movilización buscará disimular en parte la indiscutible pérdida de poder que sufre la ex mandataria, y se realizará cuando Cristina K deba presentarse ante el juez federal Claudio Bonadio, quien la citó como sospechosa en el caso de los millonarios negociados con el dólar futuro en el cierre de su gestión.

jueves, 17 de marzo de 2016

Los escándalos de corrupción acorralan a los líderes del Partido de los Trabajadores



Brasil vive un terremoto político tras la detención del expresidente Lula da Silva.


Por Decio Machado / Redacción

www.diagonalperiodico.net
En el juego de ajedrez en el que se ha convertido en las últimas semanas la política brasileña, el expresidente Lula da Silva se ve acorralado e incluso podría terminar preso. El emblemático líder del Partido de los Trabajadores (PT) se vio forzado a declarar por el caso popularmente conocido como el 'petrolao', en el que importantes dirigentes políticos y reconocidas empresas brasileñas están relacionadas con el caso de corrupción en Petrobras.

Una operación política

Sobre Lula recae la sospecha de haberse beneficiado en un gigantesco esquema de corrupción existente en Petrobras y heredado de épocas anteriores. El juez Sergio Moro, quien lidera la investigación por corrupción estatal conocida como Lava Jato, ordenó el pasado 4 de marzo la detención transitoria del histórico dirigente petista para prestar declaración judicial y el allanamiento de 33 propiedades bajo titularidad familiar y de su entorno.
En la madrugada de ese mismo día, cuatro horas antes del operativo policial, un editor del conservador grupo mediático O Globo ya avisaba por Twitter de que sucedería algo "muy especial". Esta incontingencia digital demuestra las complicidades entre fiscales y medios opositores en el marco de una operación que el propio Lula definió como "show mediático" cuyo objetivo consiste en desprestigiar su figura.
Los problemas judiciales de Lula se agravaron apenas cinco días después, cuando se encontró con una nueva denuncia de la Fiscalía de São Paulo, por ocultamiento de patrimonio. Bajo la sospecha de lavado de dinero y falsedad ideológica, se solicita su detención de forma preventiva.
Esta petición debe ser analizada y resuelta en los próximos días, si bien muchos constitucionalistas brasileños se muestran críticos y consideran que "es práctica del Derecho primero llamar a declarar al investigado, y tan sólo en el caso de que éste rehúse o no comparezca se debe emitir el mandato de detención".
A Lula se le imputa la propiedad camuflada de un apartamento tríplex en la elitista localidad costera de Guarujá y de una hacienda de grandes dimensiones en las montañas de Atibaia, ambas ubicadas en el Estado de São Paulo y que serían regalos derivados de favores a grandes empresas.
Las acusaciones más contundentes contra Lula derivan de las confesiones realizadas por un senador de su mismo partido, Delcídio Ama­ral, exjefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, detenido a finales de noviembre por su participación en el 'petrolao', quien declaró que tanto la presidenta Rou­sseff como Lula estaban al tanto del esquema de coimas y sobrefacturación dentro de Petrobras.
Según Amaral, Rou­sseff usó su poder para evitar el castigo de corruptos y corruptores al designar para el Supremo Tribunal de Justicia a un juez que se comprometió a votar a favor de liberar a los empresarios arrestados por haber sobornado a directivos de Petrobras y a políticos oficialistas a cambio de contratos con Petrobras. También acusó a Lula de actuar personalmente para bloquear las investigaciones judiciales al ordenar el pago de dinero para intentar comprar el silencio de testigos inmersos en la trama.
Pero más allá de estas denuncias, es obvio que las operaciones están enmarcadas en el creciente deterioro político de la actual presidenta, lo que llevó a Lula a declarar que no descarta ser candidato del PT en las presidenciales de 2018. Una reciente encuesta de opinión indica que el 37% de los brasileños aún considera a Lula "el mejor presidente de la historia", lo que lo convierte en la única tabla de salvación petista a corto plazo.

La estrategia del todo o nada

Desde la filas del conservadurismo, la batalla contra el PT tiene como objetivo sacar adelante el impeachment contra la presidenta Rousseff, bajo el argumento de que maquilló el déficit fiscal y gastó más de lo permitido durante 2014, bloqueando a su vez cualquier posibilidad de que Lula se presente a las elecciones de 2018.
Para la estrategia conservadora, el rol que desarrolla el juez Sergio Moro, un personaje con fuerte ascendencia sobre las clases medias, es fundamental. Este magistrado, desconocido hasta hace unos dos años, en la actualidad es considerado uno de los mayores especialistas en investigar el lavado de dinero en el país, y ya fue colaborador de la jueza Rosa Weber, quien en el año 2005 demostró que varios parlamentarios habían recibido sobornos periódicos por apoyar las iniciativas legislativas del Gobierno liderado entonces por Lula da Silva.
Por su parte, el oficialismo brasileño considera la operación contra Lula parte de una trama golpista, victimizando al expresidente –en el PT no se habla de las acusaciones a Lula, sino de la rudeza y la humillación sufrida por su líder–, lo que ha permitido rearticular una campaña de apoyos que, más allá del partido de Gobierno, incorpora a la Central Única de Trabajadores (CUT) y diversos movimientos sociales aún afines al régimen. Según Carlos Ama­re­lo, vocero estudiantil paulista, "más allá de sus gustos por la vida lujosa, Lula vuelve a ser posicionado como el líder de los pobres en una campaña que pretende volver a posicionarlo en el palacio de Planalto".
Sin embargo, el reto no es fácil. Más allá de que la sociedad brasileña se encuentre en este momento muy polarizada y las hordas del PT se estén movilizando como respuesta a la ofensiva conservadora e incluso a modo de supervivencia, los affaires de Lula podrían, en palabras de Pablo Ortellado, docente de la Uni­versidad de São Paulo, "terminar jugando en contra del PT, con serio riesgo de que la derecha consolide unimpeachment a la presidenta y que el propio PT desaparezca como fuerza política".

Operación Lava Jato y la petrolera Petrobras

La Operación Lava Jato (lavadero de autos) comenzó en julio de 2013 a raíz del descubrimiento de una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y São Paulo.
Estas investigaciones hicieron pública una red de corrupción en la petrolera brasileña estatal Petrobras que afecta a diversas figuras muy cercanas al gobierno.
Tras casi tres años de investigación hay decenas de detenidos vinculados a las finanzas del PT y altos cargos de transnacionales constructoras brasileñas, entre los que destaca Marcelo Odebrecht, dueño de una empresa con 200.000 trabajadores que opera en 21 países y con una fortuna calculada en 4.500 millones de dólares.
Este magnate brasileño ha sido recientemente condenado a 19 años de prisión por corrupción, lavado y asociación criminal, y está cumpliendo condena.