Por Decio Machado
Dos
elementos cabe destacar de la coyuntura política previa a los comicios
electorales del próximo 17 de febrero.
Por
un lado, la oposición conservadora ha sido incapaz de conformar una alianza
política que les permitiera contar con un solo candidato para confrontar con el
presidente Correa. Varios fueron los meses que los líderes conservadores
debatieron y negociaron al calor del “efecto Capriles”, para terminar mostrando
sus debilidades internas. El desencuentro entre los intereses de diferentes
grupos empresariales de las regiones Sierra y Costa, la necesidad de
determinados sectores políticos y económicos de posicionar a sus operadores en
la Asamblea Nacional, así como aparición de nuevos actores en el tablero
político que buscan utilizar esta campaña como plataforma de posicionamiento
para las seccionales de 2014 y presidenciales del 2017, hizo imposible los
acuerdos entre las distintas fuerzas políticas conservadoras.
Por
otro lado, cabe señalar que nunca el régimen ha estado tan golpeado socialmente
por las denuncias de corrupción como en la actualidad. Los escándalos de
corrupción a gran escala de la era Correa comenzaron a aparecer a partir de las
denuncias por enriquecimiento ilícito sobre el entorno del ex ministro de
Deportes Raúl Carrión, a lo que le siguieron en 2009 los millonarios contratos
con el Estado de Fabricio Correa, y toda una cascada de denuncias de
sobreprecio en la contratación pública y redes de corrupción al interior de las
instituciones (narcovalija incluida). Sin embargo, el cierre del ejercicio 2012 ha traído consigo la
renuncia del presidente del Banco Central, Pedro Delgado, sobre quien su primo
había realizado una ferviente defensa política y ética en su Enlace Ciudadano
del pasado 24 de noviembre. Veinticinco días después, un acosado Delgado ya sin
explicaciones ante las investigaciones realizadas por asambleístas opositores y
la prensa renunciaba a su cargo, confesando haber falseado su titulación académica
y dejando en el más absoluto ridículo al inquilino de Carondelet.
Si
bien hasta el momento, el oficialismo había sido capaz de amortiguar el impacto
de las innumerables denuncias de corrupción realizadas durante su gestión, el
impacto de este nuevo escándalo amenaza con golpear muy severamente la
credibilidad del presidente Correa.
Los
sondeos electorales venían indicando una intención de voto para el oficialismo
de entre 37 y 44%, estimándose que tras el affaire
Delgado, Correa podría haber perdido entre 4 y 7 puntos porcentuales.
Desconfianzas ante el proceso electoral en curso
El
secretario general de Alianza PAIS Galo Mora, el pasado 13 de noviembre dijo
textualmente: “Cuando se dice aquella
división de poderes, cuando se dice aquella trilogía de Montesquieu [pensador
francés teórico de la división de poderes],
¿no es acaso hora de preguntarse en la historia política si es que eso es una
ley divina? ¿Quién determinó que eso es lo que tiene existir?”. En este alarde
de mediocridad intelectual, los cuestionamientos de Mora a la independencia de
poderes y al Estado de Derecho, revitalizaban, cuatro siglos después, las tesis
de los ideólogos del absolutismo monárquico del siglo XVI y XVII.
Este
hecho, aunque ridículo no sorprende, pues una de las características de estos
seis años de gobierno ha sido el absoluto irrespeto a la autonomía de las
funciones del Estado y el sometimiento de los organismos de control a la voluntad
presidencial. En la actualidad, tanto el poder Legislativo como el Judicial están
sometidos a la voluntad de Carondelet, como lo están también instituciones que
deberían tener carácter autónomo.
De
esta manera, en noviembre de 2011, el Consejo de Participación Ciudadana
designó como vocales del CNE a cinco personas muy cercanas al régimen. Días
después, era nombrado presidente de este organismo el ex ministro del régimen
Domingo Paredes, quien ya había ejercido una deplorable función como responsable
de la SENAGUA durante las movilizaciones de la CONAIE en 2009; como vicepresidente
fue designado Paul Salazar, ex asesor de Ricardo Patiño, quien ejerció como su
“fontanero” en las intrigas internas del oficialismo.
Desde
entonces hasta la fecha, las actuaciones del CNE han sido calificadas por todos
los partidos de la oposición como una vergüenza, destacándose entre estas la
incapacidad por parte de sus gestores para controlar adecuadamente su sistema
informático, en el cual aparecieron miles de personas en las listas de
adherentes de partidos políticos a los que no correspondían. Para justificarse
ante tal caos interno, Domingo Paredes llegó a denunciar la actuación de una
red de hackers informáticos que
saboteaban el sistema, cosa que nunca se confirmó. Paredes ha sido calificado como
el funcionario más “grotesco” de todos los servidores públicos de la historia
republicana del Ecuador. El CNE anuló sin criterio la adhesión a múltiples
organizaciones políticas, lo que implicó que estas tuvieran que salir
nuevamente a las calles en busca de firmas para poder concurrir al proceso
electoral del próximo mes de febrero, lo que supuso un serio atentado contra la
democracia y la credibilidad de los partidos políticos a nivel nacional. Las
propias encuestadoras oficialistas, Perfiles de Opinión y Santiago Pérez (muy
cuestionadas por su falta de profesionalidad), tuvieron que reconocer que la
credibilidad del CNE había caído entre la ciudadanía ecuatoriana a un 16% y un
3% respectivamente.
El
uso y abuso de la propaganda oficial en beneficio del partido de gobierno,
mientras se ataca de forma vehemente a los medios de comunicación privados –los
cuales sin duda actúan también en interés de determinadas opciones políticas-, es
uno de los mayores gestos de hipocresía del actual régimen. Se acusa a los
medios de comunicación privados de tergiversar la realidad y se les responsabiliza
de todos los males existentes en el país, mientras que lo que en realidad se
busca es desacreditar uno de los pocos espacios de denuncia de los que dispone
la actual sociedad ecuatoriana. La prepotencia oficialista choca de forma
inaceptable con el derecho constitucional a expresar libremente las ideas en
una sociedad que se considera democrática, mientras los periodistas del régimen
lucen como lacayos carentes también toda ética profesional en beneficio y
apología del culto a la personalidad de su patrón. En medio de la violencia
simbólica (destrozando diarios en espacios o foros públicos) o verbal (llamando
a los periodistas de los medios privados “sicarios de tinta” o “buitres que se
preparan para devorar a su carroña”) desarrollada por el presidente Correa, la
sociedad ecuatoriana comienza a ver que el único “monopolio informativo”
existente en el país lo está ejerciendo el gobierno a través del manejo tergiversado
de la publicidad oficial. Las cadenas estatales y los Enlaces Ciudadanos
comienzan a generar el rechazo generalizado en el común de la ciudadanía,
mientras la credibilidad del presidente Correa, el principal valor del que ha
gozado durante seis años al frente de un gobierno de mediocres funcionarios,
comienza a desgastarse de forma acelerada.
Cartografía de la oposición política ecuatoriana
Las
elecciones del próximo 17 de febrero servirán para medir cual es la temperatura
real del actual desgaste del régimen.
El máximo
aspirante a rivalizar con el presidente Correa en los comicios del febrero del
2013 es Guillermo Lasso por la agrupación CREO. Este banquero arrastra en su
hoja de vida, impresentables antecedentes de colaboración con los gobiernos de
Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
Desde
los entornos de la “gusanera” de Miami se dice que Lasso se presenta a las
elecciones empujado por la familia Bush, los ex presidentes José María Aznar y
Álvaro Uribe, y el golpista venezolano Gustavo Cisneros.
Aznar
y Lasso coincidieron en el departamento académico Latin American Board de la
Universidad de Georgetown, donde promovían un programa dedicado a la formación
en comercio internacional y competitividad global. Tras esto, se oculta en
realidad una fábrica de formación de nuevos cuadros neoliberales para la economía
y la política en América Latina. La Fundación Ecuador Libre (FEL) -presidida
por Lasso- ha sido el mayor promotor de becas para este módulo académico en
Ecuador. Esto explica que la candidatura Lasso integre en su núcleo gestor, un amplio
grupo de jóvenes PhD preparados en las mejores universidades extranjeras, los
cuales trabajan conjuntamente con asesores extranjeros enviados por el Partido
Popular (España) y del PAN (México).
A pesar
del apoyo internacional a Lasso, el banquero hace aguas precisamente en los lugares
que deberían ser sus bastiones electorales, como es el caso de la provincia del
Guayas (25% del electorado), fruto del escaso apoyo del alcalde Jaime Nebot, lo
que responde a rivalidades personales y pactos entre gobierno nacional y
Alcaldía de Guayaquil
La
estimación de intención de voto de Lasso no sobrepasa el 15%, siendo su falta
carisma y debilidad argumental lo que le hace presa fácil para el oficialismo
verdeflex.
El
segundo contendor en orden de importancia por la derecha es el ex coronel Lucio
Gutiérrez, líder junto a su hermano Gilmar del oscuro Partido Sociedad
Patriótica.
Lucio
Gutiérrez fue presidente de Ecuador entre el 15 de enero de 2003 y el 20 de
abril de 2005, cuando se vio obligado a marchar al exilio tras una huida
circense por los tejados del palacio presidencial. En las últimas elecciones
presidenciales, en abril del 2009, obtuvo el 28,24% de los votos (casi dos
millones de votos). Sin embargo en la actualidad los indicadores de intención
de voto no le dan más del 9%, pudiendo en todo arañar unos puntos más durante
la campaña, aunque quedará muy lejos de lo alcanzado en el pasado.
La
tercera opción conservadora es la propugnada por el PRE y encabezada por Nelson
Zabala. El pastor evangélico tiene pocas opciones electorales, no superando en
el mejor de los casos una intención de voto del 4%. Zabala, quien fue nombrado
candidato del PRE tras una estrategia de distracción organizada por “El Loco”
Bucaram (quien amenazaba con volver al país para ser el contendor de Correa),
disputará los votos en los sectores marginales costeños, entre rezos y censuras
a la homosexualidad y a las trabajadoras del sexo, buscando apoyo en las históricas
redes clientelares del “bucaranismo”, hoy en manos del correísmo.
La
cuarta opción conservadora está encabezada por Mauricio Rodas, un outsider traído directamente desde
México por quien sabe quién, que se conformó un partido a medida llamado
Movimiento SUMA. Su plataforma para salta a la política fue la neoliberal y
decadente Fundación Ethos, en la cual ejerció como director general.
La estrategia
de campaña de SUMA se limita en posicionar a Rodas para la campaña presidencial
del 2017, bajo la tesis del más que probable hundimiento de Lasso y del resto de
partidos tradicionales de la derecha.
El
último danzante electoral de la derecha es el empresario Álvaro Noboa, un
caricaturesco personaje, líder de uno de los grupos empresariales más
importantes del país, que mantiene entre sus propiedades al partido político
PRIAN. Sobre este “histrión político” que aparece en cada proceso electoral
ecuatoriano, la rumorología oficialista dice, que en esta ocasión su
candidatura se debe a presión correísta (Noboa vive bajo amenaza de expropiación
de sus empresas por parte del SRI, a quien adeuda unos 90 millones) que busca dividir
aún más el voto conservador. Sin embargo, este “Berlusconi bananero” podría
arañar pequeños porcentajes de votos al oficialismo en sectores costeños, dado
que el target a los que se dirige no difiere de las redes clientelares construidas
por el oficialismo en la “zona pacífico” durante los últimos años.
Ya
desde las izquierdas, cabe señalar al Movimiento Ruptura 25, agrupación
política que rompió con el oficialismo a raíz de la Consulta de mayo de 2011.
Este movimiento político que se autodefine como progresista, propugna la
candidatura de Norman Wray para la Presidencia, siendo su intención real
obtener entre dos y cuatro curules, a la par que posicionar a su presidenciable
cara las elecciones a la Alcaldía de Quito que tendrán lugar en 2014. Sus
estimaciones de voto, de momento, no superan el 3% y parece improbable que
existan sorpresas respecto a sus resultados electorales.
Pero
siguiendo con las izquierdas, la candidatura que más despunta es la Unidad
Plurinacional, coalición de organizaciones que abarca desde la centro-izquierda
al leninismo, quienes propugnan al académico Alberto Acosta como candidato presidencial.
Su
intención de voto está entorno al 14%, y sus posibilidades de crecer estarán en
función de la inteligencia con la que se muevan tanto sus candidatos como las
organizaciones políticas que conforman la coalición.
Para
ello, los partidos de la Unidad Plurinacional deben comprender que sus mensajes
han de ser dirigidos hacia sectores ciudadanos no necesariamente afines y que
la refundación de las izquierdas requiere de nuevas formas de intervención y de
entender la política.
Para la revista Rupturas
