martes, 8 de mayo de 2012

Privatización de la Cooperación: RSC, Realidades Sin Coherencia

Decio Machado // Sociólogo y periodista

El origen de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se remonta al siglo XIX, cuando el Estado no asumía su función social y en una conjunción entre filantropías y militancia caritativa se constituían los primeros fondos de solidaridad, mutualidades, ONG y otras herramientas de cobertura para los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta realidad fue desapareciendo en función de la construcción del Estado de bienestar europeo tras la Segunda Guerra Mundial.

Más allá de sus antecedentes históricos, la RSC se empieza a implementar a partir de la década de 1960, desarrollándose también conceptos como rentabilidad social de la empresa, teoría de los stakeholders[1], y ética empresarial.

Teóricos actuales de la RSC, como Archie B. Carroll[2], resumen esta disciplina en cuatro grandes áreas: 1) Responsabilidades económicas, enfocadas ala producción de bienes y servicios para la sociedad; 2) Responsabilidades legales, enfocadas a cumplir las leyes; 3) Responsabilidades éticas, enfocadas a las actividades no reguladas directamente por las leyes, pero deseadas por la sociedad; y 4) Responsabilidades filantrópicas, enfocadas a las acciones voluntarias que contribuyen al bienestar de la comunidad.

Es decir, más allá de las aportaciones económicas –lo filantrópico-, se reconoce un sentido de la RSC que incluye dos enfoques claves: el primero respecto a la inclusión de la empresa en el campo social, a través de fundaciones u organizaciones subsidiarias, con el fin de que administren y gestionen las donaciones y el problema social de interés corporativo; y el segundo significa un cambio en la racionalidad corporativa, que busca incorporar cierto sentido social siempre y cuando no afecte a su interés económico.

Fue Milton Friedman en un artículo publicado el 13 de septiembre de 1970 en The New York Times (“La responsabilidad social de la empresa es aumentar las ganancias”), quien indicaba que la empresa no tenía la responsabilidad de resolver los problemas de la sociedad, y que la verdadera “responsabilidad social” de una corporación era ganar más, teóricamente con el objetivo de crear más empleos y producir más bienes y servicios[3].

Siguiendo a los actuales teóricos de la RSC es fácil ver como el debate actual está centrado en determinar cuánto aporta en beneficios dicha modalidad de intervención cuando se incluye en la gestión y dirección empresarial. Así, para unos autores, la RSC mejora el rendimiento financiero de la empresa(Simpson y Kohers, 2002), para otros se fideliza a los clientes (Maignan, 2001), hay teóricos que determinan que a través de la RSC se revaloriza la imagen y reputación de las corporaciones (Smith, 2003), e incluso hay quienes afirman que la RSC es un mecanismo por el cual se incrementa la capacidad de atraer y retener a los trabajadores (McGuire, 1988) o de facilitar el acceso al capital (Hockerts y Moir, 2004).

Si en algún momento alguien llegó a creer que hay una nueva tendencia del capital dirigida a superar el objetivo único de la maximización de beneficios por parte de las empresas, el debate de los teóricos “duros” de la RSC a nivel mundial demuestra todo lo contrario. No hay debate sobre “buenas prácticas” sin que este esté asociado a la rentabilidad económica. Si la RSC genera costes adicionales estos deberán ser superados por la rentabilidad económica obtenida de ella. ¡¡Esto es el capitalismo!!

La visión ciudadana sobre la RSC

Las diferentes estrategias de imagen, derivadas del quehacer cotidiano de los departamentos de comunicación y relaciones externas de las transnacionales, han conseguido posicionar en el imaginario de gran parte de la ciudadanía mundial la creencia de que la RSC se inspira en la pertenencia o identidad de estas macro corporaciones empresariales hacia las sociedades en las que actúan, como una herramienta más que contribuye a la solución de sus problemas.

De esta manera, la RSC se vincula socialmente a un sentimiento filantrópico organizacional dirigido a los sectores más vulnerables, que tiene como finalidad ayudarles a insertarse más dignamente a la sociedad. Desde esa perspectiva, la RSC pasa a ser una lógica altruista realizada desde los sectores empresariales, buscando retribuir a los núcleos más débiles de las sociedades donde actúan, con un fin compensatorio. Bajo esta idea se esconde una estrategia de marketing que busca una mejor aceptación social, sustentada sobre el planteamiento de que las organizaciones empresariales, especialmente las que mayor poder tienen, desarrollan más allá de su actividad productiva y comercial, una serie de loables actividades de enfrentamiento con los problemas sociales, en gran parte generados por ellos mismos.

Sin embargo, desde la misma etimología del término “corporativo”, se hace alusión a una figura amplia de la organización capitalista, la gran empresa, dado que el desarrollo empresarial en el sistema capitalista tiene como finalidad la construcción de grandes “corporaciones” que combinan empresas productivas y comerciales para mayor beneficio del capital empresarial.

Así, se fomentan actividades culturales o educativas y la financiación de proyectos de cooperación y desarrollo en las comunidades o regiones donde desarrollan sus actividades empresariales. A estas actividades se unen la pertenencia a instituciones que promueven la RSC tales como el Pacto Global[4], la firma voluntaria de códigos éticos y de prácticas de buena conducta o la realización de auditorías socioambientales con la presentación de informes de rendición de cuentas.

La RSC crece en momentos de crisis

El 3 de febrero de 2009, en los momentos más álgidos de la crisis en los EEUU, Stefan Stern publicaba un artículo en The Financial Times haciendo uso de un juego de palabras en inglés donde alegaba que las “emisiones” de la RSE son el gas de efecto invernadero más mortífero (“The deadliest green house gas: The hot air of CSR”)[5]. Según Stern, debido a la recesión, por fin se acabaría esta tontería de la RSC y, siguiendo las tesis de Friedman, se volvería a la principal responsabilidad de la empresa: hacer dinero.

Fue la ignorancia de Stern, desconocedor que la RSC es en realidad una fórmula para hacer dinero, la que le llevó a equivocarse garrafalmente.

En los momentos más duros de la crisis estadounidense y por ende mundial, corporaciones como la Glaxo Smith Kline (GSK) anunciaban que reducirían un 25% el precio de las medicinas en los cincuenta países menos desarrollados. La transnacional químico farmacéutica indicaba además que reinvertiría el 20% de los beneficios en esos países en infraestructura de salud y que respaldaría el intercambio de investigaciones sobre enfermedades ignoradas.

De igual manera, la transnacional británica Cadbury, pionera en la RSC desde el siglo XIX, anunciaba asociaciones con el fin de mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales de los productores de cacao, invirtiendo $45 millones de libras esterlinas para los próximos diez años. En 2008 invirtió un millón de libras de sus utilidades netas, las cuales se elevaron a 650 millones. De igual manera, anunciaba que la barra de chocolate más popular en el Reino Unido pasaría a ser elaborada con cacao certificado por el comercio justo, anunciando una campaña de distribución de bicicletas gratis en Ghana.

De igual manera, unas semanas después de que Starbucks sufriese duras críticas en la prensa por malgastar seis millones de galones de agua al día -finales del 2008-, la transnacional anunciaba que en 2009 duplicaría sus compras de café con comercio justo a 40 millones de libras.

¿Ahora veamos el porqué de tanta buena acción? Cadbury es uno de los compradores de cacao más importantes del planeta. En algunos países de África como Ghana -segundo productor del mundo y un el principal proveedor de Cadbury-, la producción sufre una caída importante debido a la migración de los jóvenes a las ciudadesen busca de mejores oportunidades económicas. Esta circunstancia tiene severas implicaciones en la oferta y el precio del producto para la transnacional. A este hecho, hay que sumar que el mercado británico tiene una tendencia a la demanda de cacao certificado (Cadbury produce 300 millones de barras de chocolate al año). Las empresas que quieren mantener sus mercados están obligadas a readaptar sus estrategias en el mercado.

Lo mismo le sucede a la transnacional Starbucks, teniendo una demanda tan grande que apenas logra obtener el 6% de su materia prima con el certificado de comercio justo (datos 2008). Esto lleva a la compañía a desarrollar programas de apoyo a sus productores con el fin de mejorar la oferta. En realidad los préstamos a estos productores no superan los 20 millones de dólares anuales, algo insignificante para una corporación de estas características.

Por último, el caso de GSK, sin duda el más vergonzoso. El ingreso per cápita del más rico entre los 50 países menos desarrollados es del 1.6% respecto de los EEUU. Reducir el precio de sus medicamentos en una cuarta parte no significa nada, dado que los habitantes a los que se les dirige esta oferta no tienen capacidad de compra para estos productos. El 20% de las utilidades de GSK en estos 50 países tan solo asciende a unos 2 millones de dólares, los cuales distribuidos entre los países en cuestión significa una inversión promedio para infraestructuras de salud para cada uno de ellos de 50.000 dólares. En lo que respecta a compartir información sobre enfermedades ignoradas por la investigación, ello solo incluye las patentes en enfermedades raras en los países en vías de desarrollo, que en general no han sido sometidas a las pruebas clínicas en países desarrollados.

Nuevas formas de Cooperación Internacional: la RSC

Si se considera la cooperación internacional como el flujo de recursos internacionales destinados “teóricamente” al desarrollo, veremos que la AOD es apenas una parte de la cooperación internacional. En las últimas dos décadas han proliferado nuevos actores y nuevas fórmulas en la cooperación. Entre ellas destaca la cooperación proveniente de entidades privadas, como es el caso de las Fundaciones de Responsabilidad Social vinculadas a corporaciones.

El nuevo discurso de las transnacionales, forjado especialmente a partir de la Cumbre de la Tierra (1992)[6], afirma que estas han de regirse bajo un nuevo paradigma de orden ético: la RSC.

Con el desarrollo de la Sociedad de la Imagen, el Espectáculo y la Información se expandió también el concepto de la RSC a escala planetaria, generándose un desorden conceptual y terminológico. De esta manera la RSC pasó a ser un “cajón de sastre” en donde tiene cabida desde el marketing solidario hasta las adscripciones a acuerdos internacionales, transversalizados por códigos de conducta y acuerdos marcos globales, informes de sostenibilidad y buen gobierno, fondos de inversiones éticas y desarrollo de actividades culturales, sociales y educativas, llegando a proyectos de investigación y cooperación al desarrollo en los países del Sur.

Las transnacionales encontraron en la retórica del Desarrollo Sostenible y en la RSC, ambas inventadas por ellos mismos, un arma de “alto calibre” para combatir la cada vez mayor erosión que sufría su imagen corporativa, desgastada por continuas denuncias de violación de derechos humanos y responsabilidades en la generación de pasivos ambientales. De esta manera, muchas de las corporaciones más denunciadas a lo largo y ancho del planeta se presentan hoy como un nuevo Ciudadano Global. Gracias a la asunción de los principios de unilateralidad y voluntariedad que implica la RSC, lo que se generó fue un freno a la exigencia de códigos vinculantes y obligatorios que delimiten las responsabilidades de las empresas transnacionales por los efectos de sus operaciones.

En un mundo globalizado, donde las nuevas tecnologías de la información hacen posible la socialización de los hechos ocurridos en cualquier lugar del mundo de una forma inmediata, las grandes corporaciones son conscientes de que no les interesa desarrollar una estrategia de confrontación, siendo mucho más efectivo forjar una imagen corporativa que transcienda el propio objeto de consumo del que son responsables. La RSC se ha convertido en una forma de crear valor añadido para las empresas, proyectando imágenes positivas  de sus productos y servicios hacia gobiernos y sociedades afectadas, así como a los consumidores de otras partes del planeta.

Esta nueva forma de intervención se va convirtiendo en una realidad en los países del Sur, ya sea a través de proyectos con poblaciones locales, programas ambientales o financiamientos de proyectos sociales. Todo ello con el beneplácito de gobiernos locales y nacionales cómplices por ignorancia o mala fe.

De esta manera por poner tan solo un par de ejemplos, sociedades como ENDESA, que dice querer “ser percibida como una empresa cercana a las preocupaciones sociales y un socio indispensable para el progreso económico, social y ambiental de los países donde tiene presencia”[7], mantiene un pulso donde incluso hay presos con la población chileno-mapuche que no la quiere en su territorio. También es reseñable el caso de REPSOL YPF, una de las empresas más galardonadas en el ámbito de la RSC, que ha sido denunciada en una reciente Auditoria Petrolera realizada en Bolivia por apropiación de reservas a costo cero, incumplimiento de contrato, incumplimiento de inversiones, falta de tecnología, generación de pasivos ambientales e ilegalidad de contratos de riesgos compartidos[8].

Esta claro que asistimos a una fase de cambio radical en la cooperación internacional tal y como la conocemos. En el actual mundo de la globalización económico capitalista, la cooperación internacional tiende a un marco inter empresarial, privado y sostenida sobre este tipo de fundaciones e instituciones de carácter privado.

Mientras determinados países del Sur, como es el caso del Ecuador, tienden a normativizar y controlar la cooperación internacional, la RSC aparece como una forma para eliminar toda forma de control dado su carácter voluntario y por ello no consensuado.

Cabe recordar que en los años setenta, la Asamblea General de Naciones Unidas pretendió aprobar un código externo de carácter vinculante para las empresas transnacionales, lo cual fue bloqueado de inmediato. Paralelamente, en EEUU se aprobaban más de 300 códigos empresariales de voluntariedad como una demostración de fuerza de las transnacionales frente a los Estados promotores de la iniciativa.

Esta voluntariedad implica varias cuestiones: alcance del compromiso, adopción de ciertos criterios y no de otros, no determinar objetivos medibles y la desfiscalización de las acciones emprendidas. Volviendo a los ejemplos, el último informe elaborado por el Observatorio español de la RSC indica que siguen dándose notables diferencias entre la información que se da a los accionistas e inversores respecto a la que reciben otros grupos de interés, señala también la falta de información respecto a cuestiones ambientales y sociales, y termina indicando la asimetría existente entre el interés que muestran las empresas españolas por contribuir al desarrollo de los países donde operan versus la falta de indicadores económicos en sus informes que permitan analizar seriamente su compromiso real con esta causa.

Por último, se hace necesario señalar que siendo la RSC una realidad ya indiscutible que se va transformando en un nuevo modelo de cooperación internacional, se hace necesario y urgente habilitar los mecanismos que permitan al Estado y a las comunidades afectadas controlar la rendición de cuentas de las transnacionales a los inversores al menos en sus obligaciones sociales, ambientales y de desarrollo. De esta manera las empresas tendrán al menos algún tipo de fiscalización respecto a cumplimiento de sus promesas de ofertas de empleo, ganancias para las comunidades que sufren su actividad y sobre el uso responsable de los recursos naturales. De igual manera los Estados deberán articular mecanismos de control de la RSC, articulando en sus órganos rectores de la cooperación departamentos, técnicos y legislación adecuada.

Bibliografía:

Carroll, A.B. (1999), “Corporate Social Responsibility”, Business & Society, University of Georgia

Galán Melo, A.R. (2008), “Evaluación crítica a los discursos de Responsabilidad Social Corporativa”. Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador.

Hockerts, K. y L. Moir (2004), “Comunicating Corporate Responsibility to Investors: The Changing Role of the Investor Relations function”, Journal of Business Ethics.

Maignan, I. (2001), “Consumers perceptions of Corporate Social Responsibilities: A Cross-Cultural Comparison”, Journal of Business Ethics

McGuire, J.B., A. Sundgren y T. Schneeweis (1988), “Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance”, Academy of Management Journal

Simpson, W.G. y T. Kohers (2002), “The Link between Corporate Social and Financial Performance Evidence from the Banking Industry”, Journal of Business Ethics.

Smith, N.C. (2003), “Corporate Social Responsibility: Whether or How?”, California Management Review.

Vives, Antonio (2011), “Mirada Crítica a la Responsabilidad Social Empresarial en Iberoamérica”. Competere.



[1]Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A StakeholderApproach” (Pitman, 1984), haciendo referencia a «quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa». Es desde entonces que estos grupos o individuos son los públicos interesados o el entorno interesado ("stakeholders"), y pasan a ser considerados como un elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios.
[2]Archie B. Carroll es profesor emérito en el Terry College of Business, University of Georgia, donde continua prestando servicios como director del Nonprofit Management and CommunityServiceProgram. Carroll dirige desde hace décadas investigaciones sobre la Responsabilidad Social Corporativa, siendo miembro de la Fellow of theAcademy of Management, miembro destacado de la Social Issues in Management Division of theAcademy of Management y primer presidente de la Societyfor Business Ethics.
[3] Friedman, Milton (1970): “La noción de responsabilidad social de la empresa, enmarca en la lógica neoliberal, sugiere que esta responsabilidad se agota en la generación de empleo y cumplimiento de las imposiciones legales”
[4] El Pacto Mundial (Global Compact) es un instrumento de las Naciones Unidas que fue anunciado por el entonces secretario general de la organización, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial (Foro de Davos) en su reunión anual de 1999. Su fin es promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita conciliar los intereses de las empresas, con los valores y demandas de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y Organizaciones no gubernamentales (OGNs), sobre la base de 10 principios en áreas relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.
[5]http://www.ft.com/cms/s/0/0543162e-f193-11dd-8790-0000779fd2ac.html#axzz1r540yTPw
[6] La cita de Río de Janeiro tiene lugar poco después de la primera Guerra del Golfo y la implosión de la URSS, ambas en 1991, y en el momento en que EEUU se afianzaba como la única superpotencia en un mundo que en aquel momento aparecía como unipolar.
[7]http://www.endesa.com/ES/NUESTROCOMPROMISO/POLITICASOSTENIBILIDAD/PLANDEENDESA/RETOS/RETOLOCAL/Paginas/home.aspx
[8]http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012022907

martes, 1 de mayo de 2012

La sentencia que cambiará todo...

Por Decio Machado // Revista Vanguardia (30 de abril al 6 de mayo del 2012)

El gobierno se comprometió durante la visita de la CIDH a Sarayaku a consultar a la comunidad antes de una explotación petrolera

La sentencia del Caso Sarayaku despierta un interés especial que supera los límites territoriales ecuatorianos, dado que establecerá un precedente obligatorio para los países implicados respecto al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Consciente de esta realidad, el gobierno de la Revolución Ciudadana desplazó a la zona a una comitiva de alto nivel encabezada por el abogado de la Presidencia Alexis Mera, quien fue acompañado de la ministra de Justicia Johana Pesantez, el secretario ejecutivo de la Ecorae Carlos Viteri y el recién nombrado vicecanciller Marco Albuja. Según Mera, la posición del Gobierno es de franco diálogo, “es disposición del Presidente de la República proceder con toda reparación que haya que realizar en la comunidad de Sarayaku, no vamos a realizar ninguna explotación petrolera sin consultar a las comunidades afectadas”. Para los representantes de Carondelet las reparaciones a la comunidad estarían basadas sobre dos ejes: reparaciones económicas y retiro de la pentolita existente en el territorio.
Sin embargo, para la abogada Viviana Krsticevic –del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)- “en el sistema interamericano las reparaciones no deben hacerse necesariamente con compensaciones económicas”.  De igual manera piensa Mario Melo, abogado de los demandantes y asesor de la Fundación Pachamama, “para Sarayaku su territorio es vida, ellos dependen de él y las petroleras aquí no han sembrado vida, sino dinamita y muerte. Es por ello que la comunidad demanda la aprobación de la declaración de Selva Viviente (Kawsak Sacha) de su territorio. Esa sería la verdadera reparación del Estado con el Pueblo de Sarayaku”.

La declaratoria de Selva Viviente al territorio de Sarayaku implicaría que este se mantenga libre de actividad extractiva y biopiratería, tal y como lo solicitan los demandantes.

Al tiempo mismo tiempo que el asesor jurídico de la Presidencia planteaba públicamente la necesidad de llegar a un acuerdo entre la comunidad de Sarayaku y el Estado ecuatoriano al margen del CIDH, a 280 kilómetros de distancia en su Enlace Ciudadano realizado en el barrio de la Vicentina en Quito, el presidente Correa acusaba a las ONG Parole de Nature, World Wildlife Found WWF, Movement D´actions à travers le monde y Alter Voyages de estar en una campaña internacional contra el Ecuador. Según Correa, “estos gringitos con su panza  bien llena que vayan a impedir a Francia que refine petróleo que haga armas nucleares  pero que no vengan a imponer sus caprichos  e instigaciones aquí en nuestro país condenándonos a la miseria”.
En la misma línea Wilson Pastor, titular de la cartera de Recursos Naturales no Renovables, indicaba sorprendentemente y sin dar explicación de porqué, que el objetivo de las ONG es impedir la extracción de petróleo en el Ecuador. Según Pastor la consulta previa se desarrollará en todas las regiones afectadas –incluida Sarayaku- por la Onceaba Ronda Petrolera entre mayo y diciembre del presente año, si bien matizó que si no existe consenso o aprobación de un proyecto en esta instancia será la autoridad superior quien decida o no la consecución de un proyecto. Para los dirigentes de Sarayaku, dicha declaración no deja de ser un claro aviso sobre la voluntad del Gobierno de ignorar resoluciones que libremente sus comunidades determinen.
El pasado 21 de abril una comisión compuesta por dos de los siete miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaba la comunidad de Sarayaku en la provincia de Paztaza, último paso antes de dictaminar sentencia sobre un litigio que dura ya nueve años y enfrenta a la pequeña población amazónica, apenas 1.200 habitantes, contra el Estado.

Los pobladores de Sarayaku han venido manifestando su rotundo rechazo al ingreso de la actividad petrolera, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca –según sus consideraciones- en su territorio sagrado, en la calidad y forma de vida de sus habitantes, en el irrespeto a sus opciones de desarrollo, su espiritualidad, el ambiente amazónico, la paz social y en integridad de sus miembros.
Ante los dos miembros de la CIDH que viajaron a Ecuador, su presidente Diego García Sayán y la jueza Radhis Abreu, diversos pobladores de la comunidad de Sarayaku expusieron sus testimonios y relatos de como personal de la CGC y el Ejército ecuatoriano había procedido al ingreso armado en su territorio, recordando los múltiples actos de violación de derechos humanos acontecidos entre el último trimestre de 2002 y primero del 2003.
Presentes en ese acto histórico de la CIDH, dado que es la primera vez que miembros de la Corte Interamericana se desplazan a una población indígena para hacer una diligencia in situ, no solo se hallaba el conjunto de los habitantes de Sarayaku, sino también estudiantes de la Universidad de San Francisco de Quito, diversos medios radiales comunitarios, abogados de prestigio en el ámbito de los derechos humanos, representación de varias nacionalidades indígenas, ONG locales que expresaban así su solidaridad con los afectados y periodistas de múltiples medios nacionales y corresponsables extranjeros.
Según José Gualinga, presidente de la comunidad demandante, el acto jurídico realizado a puerta abierta por la CIDH en Sarayaku es el reconocimiento de una lucha que enfrenta a “David contra Goliat”. Para el dirigente kichwa, “el objetivo principal de nuestra demanda es establecer el Sumak Kawsay en nuestro territorio, respetándose así nuestro sistema de organización propio, nuestros ríos sanos, nuestro aire puro, nuestra identidad y nuestras formas de vida en armonía y equilibrio con la naturaleza”.
Desde inicios de 2003, Sarayaku acudió ante la CIDH solicitando su intervención urgente con el fin de salvaguardar sus derechos violados durante la campaña de sísmica que intentó desarrollar la petrolera CGC. En mayo de 2006 la CIDH dictaba medidas Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de la comunidad y de su relación especial con el territorio. El Estado ecuatoriano desoyó sistemáticamente estas medidas hasta que en diciembre de 2007 se vio obligado a enviar un retén militar con el fin de retirar la pentolita (dinamita) del territorio y anular la concesión petrolera. La pentolita enterrada en el subsuelo de la comunidad se cuantifica en una tonelada y media de explosivos de los cuales apenas fueron retirados 14 kilogramos, es decir el 1%. Ante esta situación diversas autoridades del actual Gobierno han declarado que el riesgo es menor dado que dichos explosivos a pesar de estar ubicados en territorios de caza y tránsito de personas no están conectados a dispositivos de detonación y son biodegradables, tesis cuestionada por los miembros de la comunidad afectada.
En la actualidad esta pequeña población amazónica se ve amenazada ante la Onceava Ronda Petrolera que compromete una extensión en el centro-sur de la Amazonía de 3,8 millones de hectáreas de bosque primario que albergan a siete nacionalidades indígenas, lo que acarreará, según el líder amazónico, “impactos irreversibles en la naturaleza y la organización, tanto familiar como colectiva”.
Una sentencia favorable puede cambiarlo todo. “Queremos consolidar un gobierno autónomo con el fin de consolidar a su vez en Sumak Kawsay en nuestro territorio. Tenemos asentamientos autónomos, justicia indígena que funciona con respeto a los derechos humanos tal y como establece nuestra Constitución. Hemos desarrollado planes de uso y administración eficaz de nuestro territorio y articulamos programas de cuidado de bosques como el ‘Camino de las flores vivientes’, situación que nos permite contar con el crecimiento de árboles de aquí a treinta años. La posibilidad de que todo esto se convierta en una forma de vida sustentable para nuestra población depende del respeto que el Gobierno ecuatoriano ejerza sobre nuestras decisiones”, dijo su presidente, José Gualinga.ENTREVISTA
Diego García Sayán: Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García-Sayán, es abogado y escritor peruano que participó en la política de su país, asumiendo las carteras de Justicia, a finales del año 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y de Relaciones Exteriores, en 2001, luego de su nombramiento por Alejandro Toledo. Actualmente tiene 61 años. Desde 2004, es juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicha corte fue su Vicepresidente y, el 25 de noviembre de 2009, fue electo para ser su Presidente, lo cual rige desde el 2010, por un período de dos años.
¿Cuál es su sensación tras visitar la comunidad de Sarayaku?
Para nosotros esta ha sido una jornada histórica porque es la primera vez que la Corte Interamericana visita una comunidad indígena para recoger testimonios y oír sobre el terreno lo que esperan los afectados de nosotros.
¿Tras nueve años de proceso y con todos los trámites agotados, por donde irá la resolución de la CIDH?
El proceso está en curso, no puedo anticipar un dictamen. Acá estamos apenas dos de los jueces que componemos la Corte interamericana. Los testimonios levantados serán llevados al conjunto de miembros de la CIDH y deben ser analizados por todos. Con respecto a los tiempos, debo indicarle que aunque la demanda se interpuso hace nueve años, la Corte empezó a conocer el proceso hace apenas dos años. Lo que sí le puedo indicar es que nuestra intención es dictaminar cuanto antes, esperemos que sea posible dentro de este mismo año y con ello generar tranquilidad a las partes en conflicto.
¿Hay alguna novedad en los testimonios recogidos en Sarayaku respecto a la última sesión de Costa Rica?
No puedo hablar en nombre de la CIDH, pero a título personal  le puedo indicar que este ha sido un acto fundamental para construir la sentencia. En Derecho las percepciones sobre la tierra y los territorios que tiene la población de Sarayaku son importantes como ingrediente de identidad más allá del concepto de propiedad. Nos congratulamos de la representación de alto nivel que ha estado presente en Sarayaku por parte del Gobierno ecuatoriano y agradecemos la hospitalidad con la que nos ha tratado la comunidad. Los testimonios han sido de gran importancia. Ha sido un proceso muy productivo, podríamos no haberlo realizado, pero había acuerdo entre las partes en realizarlo y estamos muy satisfechos.
¿Hay antecedentes en sentencias de la CIDH sobre consulta previa en materia de explotación de recursos naturales?
En agosto de 2008 la Corte dictó sentencia en el Caso Saramaka vs Surinam. Lo que la Corte dijo en este caso es que la consulta previa es un requisito fundamental, que debe ser concatenada con el establecimiento de beneficios tangibles para la comunidad afectada y que haya un proceso de participación.
¿Es vinculante la sentencia de la CIDH para el Estado ecuatoriano?
La CIDH fue creada por decisión de los Estados que integran la OEA en 1959. Los Estados que querían hacerse parte de la CIDH lo hicieron adhiriéndose a este organismo, cuya función principal es la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. El tratado de la CIDH dice que las sentencias son de obligado cumplimiento. Ecuador es uno de los Estados signatarios de la CIDH, es decir, se adhirió voluntariamente a la Corte, en este sentido es vinculante y no existen antecedentes de desobediencia en este sentido, ningún país cuestiona esto.

lunes, 23 de abril de 2012

¿Una nueva etapa de los movimientos sociales del Ecuador?

Por Decio Machado // Sociólogo y periodista
Revista La Tendencia

Por definición los movimientos sociales no son simples medios del cambio social ni la expresión pasiva de tendencias sociales de cambio, sino actores que se involucran activamente en el curso de los acontecimientos con el fin de influir sobre el desarrollo de los mismos.
Estos movimientos surgen  como una respuesta desde la sociedad civil ante la vulneración de derechos y fracturas estructurales  y son consecuencia de tensiones sociopolíticas, que no han sido  asumidas como áreas de intervención por parte de las organizaciones políticas de perfil clásico. En este sentido, las organizaciones sociales representan una alternativa de acción política frente a   las carencias existentes en las organizaciones de corte convencional.

La Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que arrancó desde el cantón El Pangui (Zamora Chinchipe) el pasado 8 de marzo y terminó en una multitudinaria movilización el 22 del mismo mes en Quito, muestra que más allá del apoyo recibido por las organizaciones políticas a la izquierda del oficialismo, los movimientos sociales se encuentran en una fase de recomposición tras varios años de crisis.

El 22 de marzo marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana. El llamado gobierno de la revolución ciudadana ha dejado de tener el dominio total de la iniciativa en el escenario político nacional, reposicionándose  la movilización social como un factor insoslayable, a pesar de su relativa  ausencia desde la llegada de Rafael Correa al Palacio de Carondelet. Dicha movilización  vuelve a emerger reeditando fórmulas de conducción colectiva en las que están fuertemente implicados los movimientos sociales progresistas y combativos existentes.

Esta nueva realidad actúa en contraposición a las lógicas desarrolladas por el frente político del gobierno, el cual se han caracterizado desde el inicio de su gestión por intentar captar ideológica y clientelarmente a todo tipo de tejido social existente en el país.

La movilización del pasado 22 de marzo es el resultado de un proceso que tiene su inicio en la campaña  por el No en el Referéndum/Consulta del 7 de mayo de 2011, donde el gobierno nacional ya recibió una advertencia que ignoró o no supo entender.

Antecedentes inmediatos
Los movimientos sociales han marcado la historia del Ecuador durante la segunda mitad del pasado siglo, disputando su espacio de influencia política en las transformaciones socioeconómicas e institucionales que se han ido dando en el país. Son identificables diferentes momentos o etapas en función del protagonismo de los actores sociales: movimientos campesinos en la década de los 50 y 60; movimientos estudiantiles en los años 70; movimiento obrero en las décadas de los 70 y 80; y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales a partir de los 90, con el protagonismo indiscutible del movimiento indígena.

El protagonismo político y social del movimiento indígena como paradigma de los nuevos movimientos sociales que se reproducían por otras áreas del planeta, les llevó incluso al acceso al poder en el año 2003 y a su correspondiente contradicción consecuencia de la crisis de legitimidad del sistema político ecuatoriano. Lo indicado con anterioridad generó la pérdida de centralidad política del movimiento indígena e impacto a lo interno de la organización,  provocando una crisis en el movimiento de la cual aun se está en fase de superación.

La aparición en febrero del 2006 de Alianza PAIS y el posterior desarrollo del fenómeno correísta, generó aun más contradicciones al interior de las organizaciones sociales. Gran parte de las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales se veían plasmadas en el Plan de Gobierno del Movimiento PAIS 2007-2011, condición que inhabilitó en parte el quehacer cotidiano de este espectro político no institucional.

La convocatoria de la Asamblea Constituyente en 2007 y la gestación de la actual Carta Magna ecuatoriana a través de un importante proceso de participación social, conllevó que los movimientos sociales posicionaran estratégicamente su eje de acción en torno a dicho proceso.

La metodología aplicada para la elaboración de la Constitución permitió que las organizaciones sociales introdujeran gran parte de sus postulados en los debates constituyentes, satisfaciendo las pretensiones de la mayoría de estas .Así, se plasmaron en la Constitución de 2008 gran parte de las agendas de lucha de las organizaciones sociales en el ámbito ambiental, económico, sociopolítico, laboral, ciudadano, cuestiones de género, participación social o la reivindicación de plurinacionalidad.

Esto significó que en la campaña por la aprobación de la Constitución, referéndum que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2008, coincidieran la mayoría de movimientos sociales junto a organizaciones políticas como Izquierda Democrática, Partido Socialista - Frente Amplio, Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Partido Comunista y el oficialista Alianza PAIS.

La subsidiaridad de los movimientos sociales a la lógica política que se desarrollaba en ese entonces no ayudó a la reconstrucción y empoderamiento de estos, dejándolos en una posición subalterna respecto a la política institucional.

El operativo represivo en Dayuma y todo lo referente al tema ambiental y la gestión de recursos naturales, incluyendo el debate sobre la consulta previa, fueron los temas más conflictivos en la relación entre los movimientos sociales y la nueva institucionalidad correísta durante ese período.

Las fracturas comenzaron a volverse más evidentes, a medida que el gobierno avanzaba en el tratamiento de varios proyectos de ley.  A poco más de año y medio en funciones, en noviembre de 2008 el gobierno presentaba  la Ley de Minería en la comisión legislativa,  desatándose a partir de entonces una serie consecutiva de movilizaciones que  conducirían  al distanciamiento sin retorno de diversos movimientos sociales, en particular el movimiento indígena, respecto al oficialismo.

Revitalización de los movimientos sociales en la coyuntura actual

La recomposición y reempoderamiento de los movimientos sociales toma fuerza a partir de que deja de ser creíble para la izquierda organizada, tanto política como social, el proceso de transformación; visibilizándose que el posneoliberalismo ecuatoriano es en la práctica el proceso de modernización más serio que ha tenido el Capital y el Estado en toda la historia del país. En ese proceso tiene un rol fundamental lo Público, de igual manera que lo tuvo en el periodo de postguerra en Europa, cosa que desconcierta a cierta intelectualidad autodefinida como progresista que aun mantiene postulados afines al régimen.

Sin embargo y citando a Touraine, “para que se originen esos movimientos no basta con que se opongan a determinada forma de dominación; es necesario, por el contrario, que reivindiquen también determinados atributos positivos[1]. Es en ese sentido en el que retoma toda su actualidad el concepto del Buen Vivir -formulado en las constituciones de Bolivia y Ecuador-, el cual más allá de sus debates teóricos, articula su fuerza en las prácticas de los pueblos indígenas y movimientos sociales, así como en la construcción política de alternativas al desarrollo entendido como progreso o el reclamo de otra relación con la Naturaleza (Acosta y Gudynas, 2012).

Movimiento social de mujeres

A partir de 1995, de manera particular desde las mujeres indígenas y campesinas empobrecidas, toma fuerza la idea de la Defensa de la Tierra, el cuidado de la semilla, la defensa de los mercados locales y la exigencia de no firmar el TLC con EEUU.

A finales de los 90 se incorporan a la lucha feminista  mujeres provenientes del movimiento indígena y los sectores populares. Esta situación hace que se conjuguen tres factores diferentes que tendrán afectación en este ámbito: movimiento de mujeres, movimiento indígena y defensa de la Naturaleza (encuentro entre clase, género, étnia y ecología).

Esta situación es fruto de la confrontación entre dos perspectivas encontradas en la cuestión de género: por un lado el feminismo institucional de entonces y por otro, un nuevo feminismo radical anti-neoliberal. Con la llegada al gobierno del correísmo, se vuelve a reconfigurar el escenario político feminista, saliendo del Estado el feminismo liberal y entrando sectores populares de mujeres al gobierno. La nueva institucionalidad conformada en torno al correísmo busca desarrollar entonces su crítica al neoliberalismo desde la afirmación de la necesidad de que las mujeres   accedan a mayores condiciones de equidad  en la esfera del desarrollo económico y se empoderen en el sistema político económico dominante.

De esta manera el Estado incorpora en su dialéctica institucional discursos importantes desde la perspectiva de género: economía del cuidado, reconocimiento de las mujeres en sus esferas de opresión, división del trabajo, equilibrio de cuotas, etc. Las instituciones públicas hacen suya una parte importante de la retórica feminista, las cuales se plasman en leyes y documentos institucionales, dándose cabida a la visión de género desde el ámbito institucional. Esta nueva práctica institucional, permite que las mujeres se vean favorecidas en ciertos espacios, aunque es visible también que el trasfondo de dichas políticas se limita a la búsqueda de una mayor capacidad de consumo -empoderamiento económico- dentro del sistema.

El discurso del nuevo oficialismo en materia de genero, se articula sobre la lógica del desarrollismo y los derechos de la mujer, legitimándose contradictoriamente sobre la reafirmación del Estado patriarcal y capitalista, en este caso, con pretensión de que tenga un rostro más humano. Así, asistimos a un modelo que impulsa la reactivación intensiva de la fuerza de trabajo femenina hacia áreas de la economía que van ganando preponderancia de acuerdo al modelo de desarrollo, cuyos incentivos  serían el trabajo y ciertas medidas de protección del Estado, las cuales no van a poder detener las derivas estructurales propias del capitalismo patriarcal, ni eliminar el empobrecimiento y la sobre-explotación de las mujeres y de la Pachamama.

Esta situación sigue generando una fuerte tensión entre mujeres y hombres, mujeres y Estado, mujeres y Pachamama; dando pie a la conformación de organizaciones de mujeres y feministas que posicionan su lucha por el Sumak Kawsay y una Economía para la Vida, en confrontación con el neo-extractivismo y por la defensa de la Naturaleza; contexto en el cual se denuncia el empobrecimiento de la población, la contaminación y la destrucción de los recursos naturales de los territorios (Aguiñaga y Flores, 2011).

Es en ese contexto donde se empoderan organizaciones de mujeres que podríamos definir como feminismo radical fuera del Estado, en confrontación con el feminismo social  redistributivo con amplias vinculaciones con el Estado o formando parte de este. Destacan en la línea radical organizaciones como Luna Creciente, CONFEMEC, Asamblea de Mujeres Populares y Diversas o las secciones de mujeres organizadas dentro de las estructuras indígenas.

Movimiento obrero

En la actualidad el Ministerio de Relaciones Laborales desarrolla roles que históricamente fueron destinados al sindicalismo. A través de los funcionarios públicos se resuelven conflictos laborales en los cuales la función del Estado no es la defensa de los puestos de empleo, sino que los trabajadores cobren adecuadamente sus indemnizaciones en caso de despido. Esta situación es perniciosa para las y los trabajadores dado que ha dejado sin defensa adecuada los puestos de empleo.

Reconociendo que el Mandato 8 sobre Tercerización, desarrollado por la Asamblea Constituyente, ha permitido el establecimiento de aproximadamente 500.000 puestos de trabajo que anteriormente estaban tercerizados; y que los incrementos salariales en la era Correa han sido sustancialmente superiores a los de otras épocas, el menosprecio institucional hacia las organizaciones de trabajadores ha derivado en que el respeto al derecho a la Negociación Colectiva brille por su ausencia.

Por su parte, los sindicatos se ven incapaces de afrontar la nueva forma de intervención institucional, mostrándose inútiles a la hora de aplicar estrategias de intervención que les permita recuperar lo que debería ser su rol protagónico en el mundo laboral.

La nueva institucionalidad vigente desprecia el rol organizativo de los sindicatos, considerándolos innecesarios así como herramientas de un mundo que consideran ya superado, el cual se articulaba en el ámbito del conflicto de clases.

Si bien el movimiento obrero ecuatoriano ya había perdido su protagonismo político en el transcurso de los años 80, la ruptura de determinadas centrales sindicales con el régimen ha hecho que en varios sectores haya organizaciones de trabajadores que han retomado cierto dinamismo y protagonismo social.

En la actualidad, fruto de las agresiones gubernamentales sobre los funcionarios públicos, hay acciones dirigidas a construir en el ámbito del sindicalismo crítico una Unión Sindical del Sector Público. Esta nueva estructura sindical pretende agrupar a los sindicados de la administración pública sin discriminación y hacerle frente a la ofensiva de los despidos masivos y la conformación de un nuevo sindicalismo oficialista y no combativo. Por otro lado se desarrollan acciones también dirigidas a unificar sindicatos con el fin de construir una Central Unitaria de Trabajadores. Los sindicatos que mayor incidencia están teniendo en esta propuesta son CEDOCUT y UGTE.

Movimiento ambientalista

Históricamente el modelo de desarrollo dirigido a la explotación de los recursos naturales se ha convirtió en generador de conflictos socio-ambientales. Esta realidad tiene como característica común la degeneración de dinámicas y tejidos sociales locales dado el tipo relación impuesta entre empresa y comunidad, con marcada ausencia del Estado en los territorios afectados, así como los problemas ambientales derivados de la actividad extractiva en dichos territorios, los cuales son sufridos por las poblaciones locales.

Los conflictos socio-ambientales involucran a compañías extractivas, Estado y actores sociales. Entre estos últimos cabe distinguir tres grupos: indígenas, campesinos colonos y organizaciones ambientalistas. A medida que se fortalece la capacidad de organización y movilización de estos actores, se conforma un complejo sistema de alianzas que desde la ética política cumple con la función de legitimación social de la lucha.

De esta manera, mientras el Estado valoriza el derecho público nacional a través de interpretaciones forzadas de los contenidos normativos de la Constitución y las leyes de protección del ambiente; la acción de las empresas valoriza el derecho privado y el libre mercado;y las organizaciones sociales –comunitarias, ambientalistas e indígenas- valorizan el derecho internacional, los derechos colectivos y el Buen Vivir.

En este tablero de juego encontramos dos tipos de alianzas entre los actores implicados. Por un lado, el Estado y las empresas extractivas, buscando el primero sacar provecho de sus recursos, mientras los segundos buscan la obtención de ganancias y ampliación de su área de influencia. Por otro, las organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas, articulan lógicas de protección ambiental, respeto a las comunidades y autodeterminación.

Citando a Marx y haciendo alusión a la histórica extractiva del Ecuador, cabe recordar que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”.[2]

En todo caso, no podemos definir la existencia de un movimiento social organizado en torno a la temática ambiental en el Ecuador. Sin embargo, la conflictividad socio-ambiental cada vez es más relevante a nivel nacional consecuencia de las políticas neo-desarrollistas del régimen correísta.

Las luchas sociales entorno a la problemática ambiental en los diferentes territorios del país son cada vez mayores. Sin embargo, es necesario señalar, que hasta ahora no existe más conexión entre ellas que la presencia generalizada de la CONAIE en estos conflictos y de alguna que otra organización ambientalista, careciéndose de una coordinadora que agrupe a las organizaciones sociales y políticas de carácter nacional y local que pelean por la defensa de los derechos de la Naturaleza.

El hecho de que hasta ahora la mayor parte de los conflictos socio-ambientales se dan en territorio amazónico, responde a que es en la Amazonía donde se encuentran la mayoría de los recursos naturales que están siendo extraídos por transnacionales y compañías estatales, y que en este territorio se da la existencia de alto índice de población indígena, biodiversidad y ecosistemas altamente sensibles y actores políticos no favorables a las posiciones gubernamentales.

El gobierno nacional ha ido desarrollando en los últimos cinco años estrategias con el fin de doblegar a las poblaciones locales a sus intereses, generando clientelismo en territorios y comunidades donde esta práctica política ha formado parte de su historia. De igual manera el Estado ha impulsado políticas rupturistas al interior de las resistencias al proyecto neo-desarrollista, bajo la promesa de brindar apoyos para el desarrollo territorial y repartir los excedentes. Los excedentes petroleros se calculan en este momento sobre los 318 millones de dólares y en el caso del Proyecto Mirador –explotación minera recientemente concesionada a la transnacional ECSA bajo control chino- se ha negociado el anticipo de regalías por un valor de 100 millones de dólares, las cuales serán utilizados con idéntico fin.

Movimiento estudiantil

Aunque su protagonismo social se da en la década de los 70, en la actualidad se mantienen dos estructuras de notable potencialidad: la FESE como representante de los estudiantes de secundaria y la FEUE en el ámbito universitario.

Ambas estructuras estudiantiles han sido fuertemente golpeadas por el oficialismo en los últimos años, aunque mantienen una importante capacidad de movilización, estando sus organizaciones más importantes en la órbita política del MPD.

En términos generales, los movimientos juveniles, ya sean de estudiantes o no, se mantienen como la base para el reclutamiento de militantes activos, con capacidad de articulación común y manejo de Tecnologías Información y Comunicación, y relaciones con movimientos antiglobalización de otras partes del planeta.

El actual proceso de reformas en el sistema educativo y la enseñanza superior hace que esté por verse como se reformulará la capacidad de acción de estas organizaciones. Sin embargo, aun es constatable su capacidad de acción y visibilización, tanto en las temáticas que abarcan estrictamente a su sector como en otro tipo de reivindicaciones de carácter más general.

Movimiento indígena

Partimos de la premisa que a pesar de la crisis que atraviesan las organizaciones indígenas, este sigue siendo el movimiento social más importante del país, y su centralidad es claramente identificable como eje sobre el cual orbitan otras múltiples organizaciones sociales de índole diversa.

El desencuentro entre el régimen correísta y la CONAIE (principal organización del movimiento indígena) se agudizó a partir de la aprobación de la Ley de Minería, lo cual sumado al conflicto en torno a la Ley del Agua, supuso el desenlace de múltiples movilizaciones sociales en los últimos tres años.

En la Sierra Central se visualiza con claridad la existencia de movimientos impulsados desde el gobierno que buscan la división en la ECUARUNARI, columna vertebral de la CONAIE, a través de la captación de líderes históricos y políticas clientelares aplicadas sobre determinadas comunidades.

De forma paralela, la firma de conflictivos convenios de pax social entre el Ministerio Coordinador de la Política y determinadas organizaciones amazónicas muestran la capacidad de incidencia gubernamental sobre algunos dirigentes locales. La gravedad del asunto gira en torno al distanciamiento entre determinadas dirigencias y sus bases, lo cual genera un problema serio para la debida articulación del movimiento indígena en la Amazonía.

Por su parte, la CONAICE (organización indígena de la Costa) posicionada a favor del diálogo con el Gobierno, plantea los Planes de Vida de sus comunidades como la base para el diálogo institucional. Sin embargo hasta la fecha las cuatro nacionalidades (Awas, Eperas,Tsachilas y Chachis) al igual que los tres pueblos (Manta, Huancavilcas y Pucros) que componen la organización no tienen desarrollados dichos planes de vida, limitándose estos hasta el momento al esbozos de líneas teóricas.

A pesar de lo anteriormente descrito, algunos elementos han de considerarse como fortalecedores del momento actual que atraviesa la CONAIE.

Por un lado, la CONAIE se ha involucrado de forma activa en la reconstrucción de una coordinación a nivel nacional de las diferentes luchas emprendidas desde los sectores sociales, condición que dio origen a la exitosa movilización desarrollada entre el 8 y el 22 del pasado mes de marzo. También es destacable la involucración de esta organización en elementos de naturaleza diversa vinculados a aspectos que van más allá de lo que estrictamente podríamos considerar problemáticas del mundo indígena. Un posicionamiento fuerte ante la Onceava Ronda de Negociación Petrolera, la cual tendrá afectación sobre el 100% del territorio de los Andoas, 100% del territorio de los Záparas, 100% del territorio de los Shivias, 93% del territorio de los Achuar, 73% del territorio de los kichwas amazónicos y el 38% del territorio de los Shuar.

La elaboración de una propuesta coherente de Ley de Tierras, contemplando en ella no solo el acceso a esta, sino también el derecho territorial. La reconstitución de los territorios de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, lo que colateralmente significa también recuperar la iniciativa en materia de Circunscripciones Territoriales Indígenas, iniciativa actualmente en manos del ECORAE con escasos avances hasta el momento -a esta iniciativa se incorpora también la CONAICE, posicionando el tema de los CTI también en la Costa-. Reposicionamiento desde los territorios de las reivindicaciones en materia de lengua, cultura y demás derechos asociados. Planteamiento de la nacionalización de las tierras, hay mucho capital extranjero en las tierras ecuatorianas, debate que hasta el momento brillaba por su ausencia. Y recuperación de la iniciativa en torno a Ley de Aguas, situación quedó paralizada tras las movilizaciones del 2009.

La incorporación de organizaciones como la FEINE a la movilización del pasado 22 de marzo en Quito y generación de una agenda común con la CONAIE, así como el descontento generalizado en la FENOCIN consecuencia de la inacción gubernamental en materia de reforma agraria, permiten un panorama alentador para la rearticulación ya en marcha del principal movimiento social ecuatoriano.

Conclusiones

La movilización social es un proceso de organización social que se realiza a través de formas múltiples y mecanismos varios, que busca objetivos plurales, resignificando socialmente las instituciones, los sujetos y la democracia participativa. La movilización en la práctica es la única forma efectiva de participación para diversos sectores sociales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin movilización estos sectores carecen de mecanismos efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los cuales venían siendo excluidos.

Desde esa perspectiva, para un gobierno revolucionario, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población.

Lejos de esta visión, el correísmo se ha caracterizado por domesticar organizaciones sociales, anulando su capacidad de movilización, entendiendo esta como un elemento de desestabilización política.

El resurgimiento de la movilización social aparece como un elemento de presión política a la izquierda del gobierno, lo cual es una novedad en la actual etapa política ecuatoriana. Los movimientos sociales, en especial la CONAIE, han hecho una relectura del contexto político nacional, reformulando sus estrategias de intervención. Se pasa del corte de carreteras y de las acciones locales ha protagonizar movilizaciones en la capital del país, desarrollando estrategias que tienen como objetivo posicionar en el debate nacional los ejes de lucha.

La construcción de una agenda conjunta por parte de los movimientos sociales, tal como es el mandato plurinacional nacido de la Marcha por la Vida, 19 puntos que abarcan desde la oposición a la megamineria hasta el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, hace que estos actores recuperen la esencia de su rol social.

Que el polo político de izquierdas que se está construyendo en torno a la Coordinadora Plurinacional entienda adecuadamente cual es el rol de los movimientos sociales, con la finalidad de no repetir errores del pasado y superar los recelos que puedan existir en estos espacios a ser nuevamente instrumentalizados por poder político, es también fundamental. Esta condición toma especial importancia en un momento político que es coincidente con un período pre-electoral.

La construcción de contrapoder es fundamental para impedir las consecuencias históricas que para el Ecuador ha constituido el uso y abuso del poder. El objetivo central del proyecto político correísta es el monopolio de la vida política, lo cual le ha llevado a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio y control sobre todo tipo de articulación social. Para Gramsci, hegemonía es una composición de dominación y dirección, lo cual significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como el control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). Sin embargo, el correísmo confundió hegemonía con el monopolio de la vida política, si en algún momento se logró lo segundo, está lejos de construir una nueva hegemonía.

En la medida en que Alianza PAIS se ha constituido en máquina electoral y agencia de colocación para sus afiliados en las estructuras del Estado, la organización dejó de ser un espacio de elaboración de un proyecto político en el seno de la sociedad, careciendo de espacios de debate y generación de participación política. En la actualidad el correísmo más que generar debates importantes en la sociedad, los intenta obstruir, tal y como es el caso de la minería a gran escala o el Buen Vivir como elemento de superación del concepto convencional de desarrollo.

El actual momento político que se vive en el planeta ha abierto un debate acerca de la necesidad de transformar las estructuras políticas en organizaciones programáticas, realmente democráticas y no meramente en instituciones cuyo objetivo fundamental es la perpetuación en el poder como un fin en sí mismo. En ese sentido retoma actualidad, si es que alguna vez la perdió, las estructuras sociales como elementos superadores de los partidos políticos estrictamente electorales.

Bajo este criterio, se puede afirmar que sin movilización social no habrá profundización y radicalización en los procesos de cambio, esto se demuestra claramente en la falta de transformaciones estructurales en el modelo de acumulación: en la actualidad, los grupos económicos poderosos nunca estuvieron mejor, y en todo caso los sectores más excluidos nunca estuvieron menos mal.

El rol de los movimientos sociales en la actualidad es constituir contrapesos ideológicos a un modelo socioeconómico que a pesar de sus logros sociales, reproduce y expande un modelo ideológico lesivo respecto al principio del Buen Vivir, los derechos de la Naturaleza y la democracia radical.



[1]Touraine, Alain. ¿Cómo salir del liberalismo? Editorial Paidos Mexicana. México, 1999. Pag. 55.
[2]Marx, Karl. El 18 Brumario de Luís Bonaparte. 1852. Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” (CELA). Panamá, 2006.