martes, 17 de abril de 2012

Geopolítica, geoeconomía y prospectiva en torno al conflicto de las Islas Malvinas

Decio Machado

Antecedentes históricos

El Imperio británico[1] se extendió por dominios, colonias, protectorados y otros territorios gobernados o administrados por el Reino Unido entre los siglos XVI y XX.

Durante las primeras décadas del siglo XX, los británicos llegaron a tener bajo su control una población cercana a 458 millones de personas y unos 31.700.000 km2, lo que significaba aproximadamente una cuarta parte de la población mundial de entonces, así como una quinta parte del territorio terrestre del planeta[2].

En el Cono Sur[3] los antecedentes de intentos de dominación por parte del Imperio británico datan de principios del siglo XIX, cuantos los ingleses pretendieron dominar la zona del Río de la Plata (Buenos Aires y Montevideo), a través de dos malogradas invasiones: la primera, se realizó en el año 1806 con la ocupación de Buenos Aires, siendo los británicos expulsados posteriormente con tropas llegadas desde Montevideo, lo que le valió a esta última ciudad el recibir el título de “Muy fiel y Reconquistadora” por parte de la corona española; la segunda, se inició en la Banda Oriental (actual territorio de la República Oriental del Uruguay) al ocupar los británicos Maldonado y luego Montevideo en enero de 1807, siendo finalmente rechazados a mediados del mismo año en Buenos Aires, lo que propició la retirada inglesa del Río de la Plata.

En el caso de las Islas Malvinas, la primera presencia británica esta fechada en 1765, cuando una expedición inglesa izó su bandera tomando posesión de este territorio en nombre del Rey de Inglaterra.

En 1825, nueve años después de su independencia[4] [5], el Reino Unido reconocía el estatus soberano de Argentina, firmando un tratado de amistad, navegación y comercio. Sin embargo, el 2 de enero de 1833 una fragata inglesa llegaba al Puerto Soledad, izando, un día después, la bandera británica en desmedro de la argentina, y extendiendo su dominio sobre las islas Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Aurora (ubicadas al sudeste de las Malvinas). Hasta entonces las islas habían sido administradas por una autoridad de Inglaterra y otra de Argentina.

A partir de entonces comenzaron las reclamaciones argentinas, las cuales obtuvieron como respuesta británica que estos nunca habían renunciado a su soberanía sobre las Islas Malvinas. Todos los gobiernos argentinos, independientemente de sus tendencias políticas, han reclamado desde aquel momento su soberanía sobre Malvinas.

Malvinas y su interés geopolítico y geoeconómico

En la actualidad, las Islas Malvinas tienen una población estimada de apenas tres mil habitantes, estando situadas en el océano Atlántico, a 550 km de la entrada del estrecho de Magallanes.

Dentro del Archipiélago, se distinguen dos grandes Islas: la de la Soledad, o Malvinas Oriental; y la Gran Malvinas, o Malvinas Occidental, separadas por el estrecho de San Carlos (ver mapa 1).

Los principales recursos económicos del archipiélago han provenido históricamente de la exportación de lana[6] y de aceite de ballena. Sin embargo, en 1993, estudios de prospección sugieren que las islas son ricas en petróleo. La economía actual se basa principalmente en el ganado ovino, el cual abunda, aunque también existe el bovino y el equino. La tierra resulta apta para la producción en pequeña escala de legumbres y existe abundante turba[7] que ha sido utilizada durante años como combustible principal.

Mapa 1


También destacan en su aspecto económico la caza de focas y ballenas, pero su punto más importante ha pasado a ser la presencia de cuencas sedimentarias aptas para la obtención de hidrocarburos en los entornos de las Islas.
En este sentido, desde finales del mes de marzo de 2010 y pese a los reclamos argentinos, la empresa Desire Petroleum realiza tareas de prospección de crudo en la plataforma Ocean Guardian, que fue trasladada a la zona con este fin. Esta petrolera fue la primera en comenzar con este tipo de trabajos en la cuenca norte de las Malvinas.
La empresa pretende fijar ocho pozos, situados a unos 150 kilómetros al norte de las costas malvinenses. A ella se sumaron otras cuatro empresas, todas ellas también de capital británico y de una u otra forma involucradas fuertemente en la economía argentina. Estas son: Argos, Falkland Oil & Gas Limited (FOGL)[8], Rockhopper Exploration[9], y Borders & Southern Petroleum (ver mapa 2).
Desire Petroleum y Borders & Southern Petroleum tienen como accionista a la financiera británica Barclays Bank, que a su vez forma parte de una de las principales empresas que operan en Argentina: Minera Alumbrera, cuyo principal yacimiento se encuentra en la provincia de Catamarca.
La Falkland Oil & Gas Limited está controlada por la mayor minera del mundo, la australiana BHP Billiton, que desde 2008 busca cobre y oro en 40 mil hectáreas ubicadas en la provincia de Salta. Por su parte, Rockhopper Exploration, de capital alemán, es asesorada por el banco HSBC[10].
Para muchos analistas petroleros, la Desire Petroleum no es más que una pantalla de Shell[11], y de hecho su fundación en 1996 estuvo capitaneada por un ex geólogo de la Royal Dutch Shell. Su principal accionista es el banco inglés Barclays Bank PLC, el cual tiene un porcentaje de BlackRock, el segundo capital de Xstrata (extractiva que explota Minera Alumbrera en Catamarca) y una de las compañías que controla la Borders & Southerns Petroleum.
Las compañías llegaron a las islas con la intención de descubrir si en su lecho submarino se albergan unos 60.000 millones de barriles de petróleo[12], tal como lo promocionan las autoridades isleñas. De ser así, el nivel de recursos existentes en las Malvinas superaría con creces las reservas estimadas en Argentina y Gran Bretaña[13].
La empresa Minera Alumbrera es considerada por las comunidades víctimas de su explotación como responsable de graves daños ambientales en Catamarca y está acusada judicialmente por envenenar con metales pesados las aguas de la cuenca Salí-Dulce (zona compartida entre las provincias de Tucumán y Santiago del Estero). Dicha minera está gerenciada por Xstrata PlC (controlada por el Barclays Bank a través de la propiedad del 50% de su accionario)[14].
Por otro lado, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, el Blackrock Group (propiedad del Bank of América[15]), además de ser accionista de la Barrick Gold – megayacimientos Veladero y Pascua Lama-, tiene participación en las petroleras Rockhopper, Desire Petroleum y en Falkland Oil and Gas Limited, siendo propietaria del 49% del capital accionarial de esta última. De igual manera, TD Asset Management, fondo de inversión americano accionista de la Barrick Gold y de Goldcorp (concesionaria minera del Cerro Negro, en Santa Cruz) tiene el 7,4% de las acciones de Rockhopper y el 7.5 % de Desire Petroleum.

Mapa 2
Fuente: ttp://diariopregon.blogspot.com

Las expectativas de estas transnacionales petroleras son reales, el petróleo existe en el subsuelo marítimo de las Malvinas. En esta tercera ronda de exploración petrolera sobre el Atlántico Sur -que se inició en 1997-, las cinco compañías petroleras adquirieron sus licencias al ridículo costo de 30 mil dólares anuales. Hasta ahora, sólo una de ellas, Rockhopper[16], ha descubierto reservas de crudo a 300 metros de profundidad, aunque para el resto de estas transnacionales el rendimiento de sus inversiones es apenas una cuestión de tiempo[17].
Dado que las Islas Malvinas no cuentan con refinerías, el crudo será exportado directamente sin utilizar la infraestructura del continente. La exploración se realiza en un radio de 250 millas sobre el mar, extensión que definió el Reino Unido, de manera unilateral, en 1986.
En marzo del presente año, Argentina amenazó con llevar a tribunales internacionales a las empresas que prestaran, directa o indirectamente, algún tipo de colaboración con las petroleras[18], a fin de obligar a Londres a iniciar el diálogo que ordenó la Naciones Unidas.
La distancia entre Londres y las Islas Malvinas es de aproximadamente 12.700 kilómetros (ver mapa 3). La explotación de crudo en las Malvinas generará posiblemente una nueva ruta marítima petróleo con sus consiguientes riesgos. Se estima que entre el 0,1 y 0,2% de la producción mundial de petróleo acaba vertido al mar. Aunque el porcentaje puede parecer bajo, su cuantificación es de casi 3 millones de toneladas anuales, las cuales además de contaminar las aguas provocan graves daños en el ecosistema marino.
Mapa 3





Con referencia a los campos científicos y técnicos, las Islas Malvinas poseen una magnifica ubicación para el rastreo de satélites, o establecimiento de estaciones de investigación espaciales, ionosféricas, meteorológicas, y oceanográficas. Su desarrollo económico vía explotación de crudo reforzará este territorio como plataforma de investigación británica en estos campos.
En lo que respecta al factor político, las Malvinas posibilitan la injerencia de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, la cual se materializa a través de su presencia en las Islas Georgias del Sur, Sándwich del Sur, Aurora, Santa Elena o Tristan da Cunha. En consecuencia las Malvinas constituyen un punto de recalada obligado de las expediciones antárticas británicas[19], que tienen a su vez un punto de apoyo en Grytviken en las Georgias del Sur.
En el ámbito militar, las islas cuentan con más de una decena de polígonos de tiro, una pista de aterrizaje para aviones de guerra y dieciocho estaciones repetidoras de señal de radio. Esta situación la convierte en una plataforma de operaciones de la OTAN en el caso improbable pero no por ello descartable de conflicto militar.
El apoyo político a la reivindicación argentina
El conjunto de factores referenciados con anterioridad hace que se reproduzca un foco de inestabilidad en la zona, dado que el reclamo de soberanía argentino hacia la administración británica de las islas ahora se multiplica.
Por un lado, la disputa por la soberanía de las Malvinas, tuvo su desenlace fatal el 2 de abril de 1982, día del desembarco militar argentino en las islas, desarrollándose una guerra que culminó el 14 de junio del mismo año, y que conllevó la derrota militar de Argentina y la consiguiente reconquista de los tres archipiélagos (Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur) por parte del Reino Unido[20], generando un trauma no superado en el subconciente colectivo argentino. Por otro, el interés en el área petrolera que rodea las islas despierta con nuevos ánimos el reclamo de soberanía por parte del gobierno kirchnerista.
Sin embargo, y más allá de las retóricas altisonantes, el nacionalismo territorial y una simplista pero efectiva estrategia que busca la seducción de la ciudadanía bajo criterios políticos de corte patriótico-republicano, queda por ver cual es el posicionamiento real en lo político de los diferentes países latinoamericanos al respecto.
El realismo de los negocios, la realpolitik[21] y la llamada diplomacia petrolera hace que no esté tan claro cual es la posición de determinados países del continente hacia las soflamas argentinas respecto a las Malvinas.
El caso de Brasil
Según los correos electrónicos de StratFor[22], revelados por la agencia Wikileaks[23] (más de 10.000 emails referidos a Argentina), se refleja que el pulso político argentino con Reino Unido por Malvinas, goza de cierto grado de apoyo brasileño. Según estos email, Brasil habría mencionado varias veces que el Atlántico Sur es el “Amazonas azul” y que ningún país del norte debería estar ocupando dicho territorio marítimo.
Desde que el ex presidente Lula da Silva llegó al poder, Brasil ha dado señales de apoyo a Argentina en el tema de las Malvinas, referenciándose en dichos emails que los brasileños no quieren a Gran Bretaña cerca de sus reservas de crudo (ver mapa 4).
Mapa 4



Fuente: Info Energía (http://estudiosdelaener.blogspot.com)


Para Brasil, Argentina dejó de ser una amenaza hace años, temiéndole más a que el Reino Unido esté de una u otra forma implicado en la zona, dada su asociación con la OTAN y su cercanía en política internacional con los EEUU. De hecho, el último Plan Nacional de Defensa de Brasil dice que el Atlántico Sur debería ser una de las prioridades brasileñas en el área de seguridad.
Es constatable que el apoyo de Brasil a Argentina tras la Guerra de las Malvinas (1982) no solo trajo dividendos gracias al intercambio comercial[24], sino que además transformó una rivalidad histórica en una sólida alianza que permitió reconducir significativamente sus gastos en defensa. Cuando los brasileros dejaron de temer una “invasión argentina”, tuvieron la posibilidad de redireccionar esos recursos hacia la región amazónica y otras áreas de interés nacional.
Una vez conformado el Mercosur, esta unión argentino-brasileña también incluyó la venta de equipos militares por parte de Brasil, en especial de aviones producidos por la firma Embraer[25] (que comenzó recientemente a incluir partes elaboradas en la Argentina)[26].
La alianza entre Brasil y Argentina ha complicado la estrategia del gobierno de David Cameron a la hora de incrementar su presencia en territorio brasileño, aunque según los británicos, “Brasil tendría que realizar sus propios análisis de costo-beneficio en torno a la Argentina, al Mercosur y al Reino Unido. Pero, aun existiendo una política coordinada, dudo que resulte exitosa y, además, tanto a nivel comercial como económico, todos saldrían perdiendo. Lo que el Mercosur ha logrado hasta ahora es la parte más sencilla, porque en realidad, el acuerdo que impide el paso de navíos con bandera de las Falklands[27] solo afecta a un número reducido de embarcaciones, que también están habilitadas para navegar con bandera inglesa, de modo que esa decisión fue más simbólica que significativa[28].
Desde la visión de Brasil, su apoyo a la causa argentina se visualiza a priori como ventajoso, aunque no está exento de riesgos. El gobierno brasileño, por un lado, desea alejar a sus competidores británicos de la exploración petrolera en las costas sudamericanas; pero por otro lado, es consciente de que puede perder una posición privilegiada entre los inversores del Reino Unido[29].
También es de destacar que Brasil anunció en 2009 sus planes para construir una flota de cinco submarinos nucleares[30], situación que en 2016 (fecha en la que entrarán en servicio) reducirá de forma notable el desequilibrio actual de poder militar en el Atlántico Sur.
En este contexto, los estrategas militares británicos declaran estar preocupados por la aptitud brasileña, referenciando entre veladamente que Brasil pretende imponer en un futuro próximo su propia versión de la Doctrina Monroe[31] sobre las aguas de la región –exigiendo que las potencias extranjeras se alejen de su “patio trasero”[32] tal y como lo hizo EEUU en los siglos XIX y XX-.
Sin embargo y a pesar de todo lo anterior, no podemos olvidar que el mayor reclamo brasileño en política internacional es obtener un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas[33]. Gran Bretaña apoya ese reclamo, Argentina no. Ante esta situación, y consciente de las tácticas de negociación brasileñas, Argentina se verá en la obligación de cambiar de posición, asumiendo su subalternidad permanente frente a Brasil, a cambio de su apoyo irrestricto a la causa de las Malvinas. En caso contrario, cabría esperar que el acompañamiento brasileño quede como una posición meramente diplomática o de utilización táctica coyuntural.
El caso de MERCOSUR
La cumbre de presidentes de Mercado Común del Sur celebrada en diciembre del 2011 en Montevideo, permitió llegar al acuerdo de que a los barcos con bandera de las Malvinas les sean bloqueados el acceso a los puertos de MERCOSUR (ver mapa 5).
La declaración firmada por los países del MERCOSUR establece que éstos adoptarán “todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las islas Malvinas“. Además, aquellas embarcaciones que hayan sido rechazadas por ese motivo en algún puerto de la región “evitarán solicitar el ingreso a otros puertos de los demás Estados parte del MERCOSUR y Estados asociados mientras sean portadoras de dicha bandera“.
Mapa 5





Fuente: American Diplomacy (Foreign Service Despatches and Periodic Reports on U.S. Foreign Policy)


Además de Argentina, Brasil y Uruguay, el MERCOSUR incluye a Paraguay (país interior), mientras que sus asociados con costas son Ecuador, Perú, Colombia y Chile, en tanto Venezuela, también costero, está en proceso de adhesión.
La presidenta argentina, durante ese evento indicó: “Quiero agradecerles a todos su inmensa solidaridad con Malvinas, pero sepan que cuando están firmando algo sobre Malvinas a favor de la Argentina lo están haciendo también en defensa propia (…). Malvinas no es una causa argentina, es una causa global, porque en Malvinas se nos están llevando recursos petroleros y pesqueros.”[34]
El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, afirmaba días después que no entendía la posición británica de enviar barcos con bandera de las Islas Malvinas: “Nunca entendí la porfía de Reino Unido de mandar barcos que perfectamente puede mandar con bandera británica“.[35]
En efecto, como indica Insulza, el bloqueo de MERCOSUR no pasa de ser una posición meramente simbólica, que tiene su importancia diplomática, pero que afecta muy levemente a los intereses británicos, teniendo su mayor impacto en el ámbito de la arrogancia y el ego anglosajón.
Durante su visita a Brasil, en la segunda quincena del pasado mes de enero, el canciller británico William Hague, aseguraba que los barcos de las Islas Malvinas pueden cambiar su bandera por la británica para evitar la restricción. “No hay ninguna barrera legal para que los buques registrados en Stanley, Islas Malvinas, naveguen con la bandera británica en lugar de la bandera de las Islas Malvinas”, indicaba Hague, ofreciendo una sencilla solución al problema, “está claro que los buques que enarbolen la bandera británica deben tener acceso a los puertos de América del Sur como sucede en cualquier otra parte del mundo.”[36]
Más allá de lo coyuntural, algunos elementos más deben ser analizados en la relación Reino Unido y por extensión Unión Europea, con Argentina y por extensión MERCOSUR.
La Unión Europea está planteando al MERCOSUR, desde el cuarto trimestre el año pasado, que quiere cerrar en diciembre de 2012 los 13 años de negociaciones[37] para el acuerdo de libre comercio, definido eufemísticamente como Acuerdo de Asociación con la UE.
En noviembre de 2011, la UE en una reunión de negociadores técnicos de ambos bloques en Montevideo, proponía que en junio próximo, tras las elecciones presidenciales en Francia[38], las partes presenten sus ofertas de apertura comercial y que seis meses después se cierre la discusión. Los representantes de los cuatro países de Mercosur enfriaron el entusiasmo de la Comisión Europea y les respondieron que tendrían que esperar a la próxima reunión birregional para aceptar o no ese calendario. Desde entonces hasta aquí los resultados han sido magros.
En la octava ronda de negociaciones que se dio en el pasado mes de marzo en Bruselas, no hubo grandes avances, aduciendo los europeos que Argentina se ha convertido en una “traba” y encomendándose ha mejor suerte para la próxima ronda de negociaciones que tendrá lugar en Brasilia el próximo mes de julio.
De hecho Argentina anunció que comenzará a exigir, desde el presente mes de abril, una declaración jurada a las empresas que importen servicios por montos superiores a 100.000 dólares anuales o realicen pagos mensuales de 10.000 dólares.
La medida se suma a otras de control a las importaciones adoptadas en los últimos meses por el gobierno de Cristina Fernández Kirchner y cuestionadas por sus socios del bloque sudamericano. La intención del gobierno argentino es acumular divisas, en un marco de crisis financiera internacional.
A esto hay que sumar la reciente nacionalización de la petrolera YPF, lo cual ha conllevado reacciones de carácter chovinista por parte del Estado español, quien a través de su secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, consideró que Argentina se podría convertir “en un apestado internacional” por romper “las reglas de juego”; llegando incluso a amenazar con que “no habrá avances” en las negociaciones para la firma de un acuerdo de asociación entre la UE y el MERCOSUR.
Algunas reflexiones al respecto:
La creación del MERCOSUR[39] permitió expandir fuertemente los intercambios entre los países miembros al punto de que, desde el ámbito comercial, ha de ser considerado como un gran éxito. La existencia del MERCOSUR ha incrementado los flujos comerciales de forma notable, los cuales pasaron de US$4.5 mil millones en 1991 a US$45 mil millones en 2010. También se ha avanzado en el establecimiento de un Fondo de Convergencia Estructural (FOCEM) para enfrentar las asimetrías con Uruguay y Paraguay. Se ha conseguido una tarifa externa, un código de aduanas y disciplinas comerciales comunes.
Desde la perspectiva brasileña, se triplicó las ganancias en las exportaciones a Argentina, y modificó desde el 2003, la balanza comercial hacia un saldo notablemente superavitario. En el caso de Paraguay y Uruguay, aunque la balanza comercial también es favorable, el enfoque brasileño es diferente, dado que las inversiones de sus empresas son consideradas desde una perspectiva estratégica en ambos países.
Para los brasileños, su mayor preocupación se basa en la competencia con los exportadores chinos, pues el mayor grado de competitividad para los brasileños esta dado por la reducción de tarifas para entrar al mercado argentino. En febrero de 2011, el gobierno argentino elevó el número de productos con licencias no-automáticas lo que según estimaciones brasileñas ha tenido una afectación de más del 20% en sus exportaciones hacia el país vecino, sobre todo en materia de textiles y productos industriales. A esto se sumó la reciente restricción a la importación de alimentos, por atrasos en la emisión de certificados sanitarios y la preocupación por las posiciones Argentinas en el ámbito europeo: el caso YPF y que no se comentan errores de medición en la estrategia desarrollada por la Kirchner en la cuestión de las Malvinas.
Desde Itamaraty, bajo el prisma de una visión panorámica de América del Sur con horizonte en el 2022, se reitera la importancia de situar a Brasil y su política exterior en la Región, comparando la situación sudamericana con la experiencia europea post Segunda Guerra Mundial: poblaciones excluidas y grandes asimetrías. Sin embargo Argentina ha dejado de ser considerado como un socio fundamental, ocupando su lugar las destacadas relaciones con China. Samuel Pinheiro Guimarães[40] escribiría en 2010: “Para muchos países de América del Sur, la China se convirtió en el primero o segundo socio comercial (…). La presencia de las grandes empresas chinas como inversoras se expande rápidamente…[41]
Efectivamente, los socios del MERCOSUR comienzan a perder la paciencia y muestran su malestar con las medidas proteccionistas de Argentina[42] (ver gráfico 1). Los empresarios de los países respectivos presionan a sus gobiernos para que protesten a la presidenta Cristina Fernández Kirchner.
Gráfico 1


Fuente: Global Trade Alert (GTA)

El conjunto de estas condiciones fuerza la situación al interior de MERCOSUR, posicionando a Argentina como el principal generador de conflictos en el ámbito del Mercado Común del Sur. Este hecho complejiza la adopción de medidas que impacten realmente a Gran Bretaña en el contexto del litigio por las Malvinas.
Desde otra perspectiva, es difícil esperar que organizaciones internacionales tan dispares ideológicamente y con interés tan diversos entre sus miembros asociados como UNASUR, OEA o el Grupo de Río, puedan llegar a algo más que el respaldo diplomático a la iniciativa argentina y la correspondiente adopción de medidas simbólicas como la expresada por MERCOSUR a través del bloqueo de sus puertos.
El caso de Chile
En los años posteriores a la Guerra de las Malvinas, la versión de que Chile había colaborado con los británicos siempre estuvo presente, hasta que se convirtió en historia oficial en 1999.
En dicho año, el ex Comandante de la Fuerza Aérea de Chile, Fernando Matthei reconoció haber ayudado[43] a Gran Bretaña y contó detalles de las operaciones, luego de que Margaret Tatcher agradeciera públicamente la ayuda chilena, develando un secreto a voces.
El gobierno chileno de entonces, justificó su actuación bajo criterios defensivos, dado que en el caso de que Argentina hubiera vencido a los británicos, el próximo objetivo militar habría sido un Chile indefenso militarmente y con quien se mantenían problemas limítrofes que estuvieron a punto de convertirse en conflicto armado en 1978[44].
Además, Chile ha sido históricamente un país tradicionalmente cercano a Gran Bretaña.
La influencia británica sobre la Armada chilena se remonta a 1818, cuando Manuel Blanco Encalada era Comandante General de la Armada y la mayoría de sus principales oficiales eran ingleses. Ese mismo año llegó a Valparaíso Lord Cochrane, proveniente de una estirpe de ilustres marinos ingleses. Un año después ya al mando de la Escuadra Chilena, todos los comandantes de buques chilenos eran ingleses, con excepción de un norteamericano. Esta condición explica los apellidos de todo un linaje de hombres de mar en la Armada chilena.
Por su parte, la inmigración británica en Chile se remonta también al siglo XIX, cuando población de origen británico se asentaba en territorio chileno entre los años 1840 y 1914. En la actualidad el número de chilenos con esta ascendencia es cercano a los 700.000, siendo el país latinoamericano con mayor número de descendientes británicos.
A pesar de esa cercanía histórica a los británicos y su participación en el conflicto de 1982, los chilenos han ido alterando su posición respecto al litigio isleño en base fundamentalmente a una clave geopolítica: un triunfo definitivo de Londres podría abrir flancos para en la política exterior de Chile, dado el reclamó del Reino Unido sobre el territorio antártico[45], tema hasta ahora congelado por tratados internacionales.
Por otro lado, la tradición política chilena ha hecho que el país haya buscado históricamente más su acercamiento a los países del norte que su convivencia e integración regional con los países de la región. Chile es el país de los TLCs y de otros tipos de acuerdos comerciales, habiendo firmado 23 de estos entre 1993 y 2009, estrategia que continúa teniendo los ojos puestos en las grandes potencias económicas mundiales. De igual manera, los chilenos se convirtieron en enero de 2010 en el primer país sudamericano miembro de la OCDE, pretendiendo junto con México desmarcarse de la realidad latinoamericana a la que pertenecen. Sin embargo, la realidad es terca y Chile sigue siendo el país de la OCDE con mayor desigualdad social[46] a pesar del impacto de la crisis mundial en los países del norte.
El posicionamiento geopolítico de Chile lo convierte en un pieza clave en el conflicto de las Malvinas. El archipiélago no puede ser aislado por Argentina si no es a través de la República de Chile. De igual manera, para el Reino Unido, Chile es un país vital para el aprovisionamiento de la isla, dado que esta se suministra a través de la zona austral chilena (ver mapa 6).
Mapa 6



Fuente: Mapa USGS


Desde una posición táctica, los chilenos consideran adecuado apoyar las pretensiones argentinas, reforzando la conciliación vecinal en marcha y solidificando los “nuevos” vínculos entre ejércitos, dándole así un importante empuje a la coordinación en materia de seguridad y defensa.
Sin embargo, estas “nuevas” relaciones de conciliación chileno-argentinas tienen debilidades notables, entre las que destaca una enorme distancia en el marco de las relaciones políticas a nivel de gobiernos, explicables en parte por las abismales diferencias ideológicas entre ambos. Esta situación implica en la práctica, que esta alianza regional es un acto meramente “instrumental” –por lo tanto débil- tanto para argentinos como para los chilenos.
Por otro lado, desde una visión “estratégica”, los intereses chilenos consideran indispensable el mantenimiento de estrechas relaciones Gran Bretaña, situación que les refuerza internacionalmente dada su debilidad militar, económica y política con respecto a su vecino -el segundo país más grande a América Latina y octavo del mundo-.
Para el gobierno chileno, el “factor antártico”, referenciado con anterioridad, asume un rol preponderante en la situación actual y es un factor determinante respecto al alcance final de este nuevo marco de conciliación entre los dos gobiernos. Es en ese sentido, que los chilenos ya reclaman al Estado argentino, una política que no ponga en cuestión los intereses de Chile en el extremo austral, facilitando así su proyección hegemónica en la Antártida. Si Argentina compite con Chile en tal cuestión, es fácil prever el deterioro de las relaciones entre ambos países, lo que tendrá implicaciones en la posición chilena respecto a las Malvinas.
Es entonces en ese juego, donde el gobierno de Chile habla de la pretensión argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas, no utilizando el término “derechos de soberanía”, desarrollando las “artes del funambulista” respecto a los equilibrios y desequilibrios del poder, así como a la filosofía de las concesiones mutuas.
En resumen, la lógica chilena podría describirse a grandes rasgos con un pensamiento pragmático: “Chile y Argentina para los dos, pero no necesariamente contra los otros.”[47] Lo que en definitiva vendría a significar que a pesar del apoyo actual, Chile no está disponible para “cruzadas” contrarias a su interés nacional y que en esta vida, todo tiene un precio..
Algunas conclusiones finales
La política argentina está “malvinizada” desde los años 80, y de hecho se considera que esta causa es la que más une a los argentinos en torno a una tesis común. Esta realidad se ha visto agudizada intencionadamente por diferentes de sus mandatarios en los últimos decenios.
De igual manera, el altamente cuestionado gobierno conservador de David Cameron, ha intentado hacer -aunque con poco éxito-, de la administración sobre las Malvinas una estrategia de distracción de los problemas internos en Reino Unido y una plataforma nacional sobre la cual aglutinar apoyos políticos hacia su gestión.
Consciente de la legitimidad del reclamo argentino y sin olvidar las bacanales propagandísticas instrumentadas a nivel internacional por el imperialismo, las cuales “combinan la impudicia, el engaño y la especulación de la ignorancia con la certeza de su propia impunidad[48]; conviene reconvertir esta cuestión, transformada en seña de identidad, en lo que realmente es: un conflicto jurídico político entre dos países, articulado sobre intereses geopolíticos y geoeconómicos de gran envergadura bajo lógicas comunes, fruto de una acción de conquista realizada hace casi doscientos años.
Estas lógicas comunes son: estrategia para aglutinar o solidificar apoyos políticos al interior de los respectivos países, intereses económicos respecto a la extracción de recursos naturales y posicionamientos estratégicos ante el futuro reparto de la Antártida.
Ante esto, un antecedente que también hemos de tener claro: la guerra de 1982 fue un crimen cometido tanto por el ejército británico –con un poderío militar notablemente superior al de su adversario- como por la Junta Militar argentina, la cual según el desclasificado “Informe Rattenbach”[49], ejecutó una pésima planificación estratégica y por un infame interés político, hizo creer a sus ciudadanos que Naciones Unidas condenarían al gobierno de Margaret Thatcher, que Ronald Reagan apoyaría a Argentina y que la Junta Militar chilena asumiría el rol de mero observador en el conflicto militar.
Otro elemento a tener en cuenta es que las Islas Malvinas no son un territorio sin pueblo, lo que hace necesario tener en cuenta que los isleños también tienen opinión y sus propias formas de vida, y que ante esta situación sus deseos deben ser considerados en una solución global del conflicto. Esta cuestión no debe ser desconsiderada, dado que todavía pita en nuestros oídos la frase de Rafael Bielsa, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, cuando indicaba: “Las tres mil personas que viven en Malvinas son súbditos británicos desde el 83. De modo tal que su opinión me importa tanto como la de los tres mil británicos que viven en Eaton”.
De igual manera opinan determinados intelectuales defensores del “nuevo populismo”, quienes consideran que la inexistencia de una étnia propia anula este factor en la temática isleña; o los que consideran que la población existente en la isla, descendiente de la ubicada por los británicos hace casi dos siglos, no es merecedora de voz y voto consecuencia del acto de piratería realizado por el gobierno ocupante hace 179 años (argumento al que se le podrían encontrar algunas similitudes con el utilizado por el sionismo para justificar la ocupación de Palestina).
Sin embargo, el concepto filosófico de la autodeterminación se deriva de la necesidad humana de hacer realidad sus aspiraciones y de la afirmación de la igualdad intrínseca de todo ser humano con independencia de su condición étnica y factores históricos como el referido con anterioridad. En caso contrario, deberíamos localizar a los tataranietos de la población que fue expulsada de las Islas Malvinas en 1833, para que sean estos los que decidan cuales deben ser las formas de gobierno apropiadas para las islas; cual su desarrollo económico, social y cultural; así como para que tomen las decisiones oportunas que les permitan estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.
La libre determinación ha sido una reivindicación histórica de la izquierda desde la época de las colonias[50] hasta nuestros días y este factor no debe ser olvidado. Ahí están con sus diferentes connotaciones históricas, reclamos actuales como los de Palestina, Armenia, Kurdistán o Euskal Herría, entre otros. Estos reclamos son los mismos que no atendió el Reino Unido respecto a Irlanda del Norte, por poner tan solo un ejemplo.
Más allá de todo esto y dejando de lado los interés económicos del caso, es evidente que la razón ampara la posición argentina y que las Islas Malvinas, así como el resto de archipiélagos demandados en la actualidad por el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, son territorios que deben pertenecer a la soberanía argentina bajo un criterio de integración nacional.
En este sentido, la reformulación estratégica articulada desde el gobierno argentino, se muestra coherente y prudente, a pesar de las problemáticas anteriormente descritas y sobre las que se deberá interactuar inteligentemente desde una visión de Estado tanto por parte de la administración Kirchner como de las administraciones que la sucedan.
La cuestión Malvinas es un cuestión que abarca de forma amplia al conjunto de la política de integración regional, afecta al sistema de defensa sudamericano, y los intereses propios existentes en los diferentes países de la Región deben ser abordados sin desmedro de la integración nacional argentina.
Con respecto a los habitantes de las islas, la República de Argentina esta obligada moral y éticamente a plantar lógicas de respeto político con determinados sistemas administrativos y su autonomía respecto al gobierno central, así como con su cultura, idioma y formas de vida tradicionales.
Todos los indicadores vienen a determinar que el desenlace de este conflicto no se dará a corto plazo, aunque si entendemos la política como el “arte de lo posible”[51], Deng Xiaoping demostró que es “posible” crear fórmulas originales –incluso con los británicos- que hagan posibles la descolonización de pequeños territorios como fue el caso de Hong Kong y Macao a través de la fórmula “un país, dos sistemas”[52].


[1] El primero en utilizar la expresión «Imperio británico» fue el doctor John Dee, astrólogo, alquimista y matemático de la reina Isabel I de Inglaterra, 1558-1603.
[2] El punto de máximo del auge imperial británico se sitúa entre 1890 y 1920. Dicha hegemonía imperial contribuyó al crecimiento económico del Reino Unido y al peso de sus intereses en el escenario mundial. En la actualidad países que son de una gran importancia política mundial provienen del antiguo imperio británico. Entre estos: Estados Unidos, India, Canadá, Australia, Sudáfrica o Nueva Zelanda.
[3] Este territorio sudamericano con forma de triángulo escaleno, tiene como vértice el Cabo de Hornos mientras que sus dos lados más largos corren a lo largo de las costas de los océanos Atlántico y Pacífico hasta los puntos de inflexión de las líneas costeras en los que se verificaría el final del área peninsular que tiene el sur de América: Arica, en el Pacífico, y aproximadamente el límite septentrional del estado de Paraná, en el Atlántico.
[4] La declaración de independencia de Argentina fue una decisión tomada por el Congreso de Tucumán que sesionó en la ciudad de San Miguel de Tucumán de las entonces Provincias Unidas en Sudamérica. Fue proclamada el martes 9 de julio de 1816, y con dicha declaración se rompían los vínculos de dependencia política que los gobiernos locales tenían con la monarquía española.
[5] Extracto del Acta de Independencia: “Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en congreso general, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación. Y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.”
[6] La economía de la isla estaba constituida principalmente por ganado vacuno, comenzando a declinar al final del primer período de ocupación (1866) para dar paso al ganado lanar.
[7] La turba es un material orgánico, de color pardo oscuro y rico en carbono. Su formación es el resultado de la putrefacción y carbonificación parcial de la vegetación en el agua ácida de pantanos, marismas y humedales. Se emplea como combustible y en la obtención de abonos orgánicos.
[8] Las Falkland Oil and Gas Limited anunciaban a primeros del 2012 que habían captado 48,5 millones de libras (74,4 millones de dólares, 58,2 millones de euros) en una emisión ampliada de acciones, suma que les permitirá perforar dos pozos de alta complejidad en la Cuenca de Malvinas, uno de ellos en aguas profundas.
[9] La empresa petrolera británica Rockhopper Exploration pretende extraer petróleo en las islas Malvinas a partir de 2016. Rockhopper Exploration realizó ya con éxito las primeras pruebas de prospección, que dieron muestra de importantes existencias de crudo. La empresa cifró los costes de preparación para la extracción en 2.000 millones de dólares y estimó que las existencias de crudo en su área concesionada ascienden a 350 millones de barriles (159 litros/barril).
[10] HSBC Holdings plc (por sus siglas en inglés de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) es una de las más grandes organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo. (Rank # 1 en lista Forbes 2008.) Tiene su sede central en Londres.
[11] La Royal Dutch Shell es una de las mayores multinacionales del mundo, y una de las cuatro más grandes del sector petrolífero junto con BP, ExxonMobil y Total. En 2009 la revista Fortune la clasificó como la empresa con mayor caudal monetario del mundo. Y en la edición del 2011, quedó en segundo lugar justo después de Walmart. La empresa se ha visto involucrada en diversos escándalos a lo largo y ancho del planeta: desde su implicación en la Guerra del Chaco a violaciones de derechos humanos en Nigeria, pasando por diversos incidentes en Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica o la misma Europa.
[12] Según un estudio realizado en 1998 por la Geological Society of London, el mar que rodea a las islas Falklands podría contener el equivalente a unos 60.000 millones de barriles de petróleo.
[13] Los británicos disponen hoy en día unos 3.800 millones de barriles de petróleo mientras que Argentina cuenta con unos 2.600 millones.
[14] A su vez, las empresas canadienses Goldcorp Inc. y Yamana Gold cuentan con el 37,5% y el 12,5% respectivamente.
[15] El Bank of America (en castellano: Banco de América) es la banca comercial más grande de los Estados Unidos de América en cuanto a depósitos, y la compañía más grande del mundo en su categoría.
[16] El gobierno local de las Falklands obtendrá el 9% de las ventas, más el 26% de las ganancias de Rockhopper, además de los 375.000 mil dólares anuales que deberá pagar la compañía al fisco cuando ingrese en la etapa de explotación. En esta fase, la licencia -ahora concedida entre 3 y 8 años- puede llegar a extenderse hasta 35 años.
[17] Las otras cuatro compañías continúan explorando en el norte, este y sur del Atlántico Sur. Aunque se han reportado indicios, aun no se ha informado de nuevos hallazgos de hidrocarburos. Las compañías cuentan con seguir asociando más capitales con el fin de continuar su exploración.
[18] El gobierno de Cristina Kirchner adoptó una nueva estrategia frente a Gran Bretaña, en el conflicto de Malvinas. En lugar de concentrarse en la pronta recuperación de la soberanía de las islas, estrategia que quedó postergada a foros internacionales y espacios de integración regional, ahora trata de impedir que las empresas británicas y los habitantes del archipiélago exploten los recursos naturales de esa región. Para tal efecto, el ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, anunció el lanzamiento de un plan de acción contra la exploración de hidrocarburos en las plataformas marítimas de Malvinas. Según el Estado argentino esas operaciones contravienen la resolución 625 de las Naciones Unidas, que llaman a las partes a buscar una solución pacífica al conflicto. La ley 26.659/2010 “prohíbe a los estados nacionales, provinciales y municipales contratar empresas que tienen interés, filiales o conexiones con empresas que se encuentren explorando por hidrocarburos en Malvinas”.
[19] Argentina, junto con Chile, Australia, Nueva Zelanda, y aunque resulte grotesco, Gran Bretaña, Noruega y Francia, comparten reclamos territoriales, bajo el criterio de la investigación y explotación del territorio Antártico.
[20] Tras el desembarco argentino en las Malvinas, también estaba previsto invadir militarmente las islas Picton, Lennox y Nueva y otras hasta atacar al cabo de Hornos, que formaban parte de discusiones territoriales por parte de Argentina y Chile (los planes fueron confirmados por Basilio Lami Dozo, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la guerra de las Malvinas, en una entrevista a la revista Perfil – http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0420/articulo.php?art=18309&ed=0420-). También Oscar Camilión, último ministro de Relaciones Exteriores de Argentina antes de la guerra (29 marzo 1981 al 11 diciembre 1981), en sus Memorias Políticas, (Editorial Planeta, Buenos Aires, 1999, pag. 281) confirmó los planes de ataque: «Los planes militares eran, en la hipótesis de resolver el caso Malvinas, invadir las islas en disputa en el Beagle. Esa era la decisión de la Armada…». El coste final de la guerra de las Malvinas en vidas humanas fue de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Políticamente, la derrota en el conflicto precipitó en Argentina la caída de la Junta Militar que gobernaba el país; en el Reino Unido, la victoria en el enfrentamiento ayudó a que el gobierno conservador de Margaret Thatcher lograra la reelección en las elecciones del año 1983.
[21] Se define como realpolitik («política de la realidad» en alemán) a la política exterior basada en intereses prácticos y necesidades inmediatas y concretas, sin atender a la teoría o la ética como elementos “formadores de políticas”. La realpolitik aboga por el avance en los intereses nacionales de un país de acuerdo a las circunstancias de su entorno, en lugar de seguir principios éticos o teóricos.
[22] Strategic Forecasting, Inc. (StratFor) es una empresa privada estadounidense especializada en servicios de inteligencia y espionaje. Fue fundada en 1996 en Austin (Texas) por el actual director ejecutivo (CEO) George Friedman, quien además ha ocupado los cargos de director general y jefe de inteligencia de la empresa.
[23] WikiLeaks es una organización mediática internacional que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público. Su creador fue Julian Assange y está gestionado por The Sunshine Press.
[24] Brasil tiene en la actualidad un superávit comercial de cerca de 6 mil millones de dólares con Argentina, aunque en enero del presente año, Argentina implementó una serie de nuevas medidas que otorgarán mayor control sobre las importaciones y se teme por parte brasileña que los nuevos requisitos sean utilizados como herramientas para frenar el ingreso de sus mercaderías en el país vecino.
[25] Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) es una fábrica aeronáutica brasileña que fabrica aviones comerciales, militares y ejecutivos. Ha sido el mayor exportador del país entre 1999 y 2001, ocupando siempre alguno de los tres primeros puestos en Brasil. Entre las fábricas aeronáuticas ocupa el tercer puesto a nivel mundial, en cuanto al número de personas que integran su fuerza laboral y la cantidad de entregas anuales de aviones (por detrás de Boeing y Airbus).
[26] Embraer Defense and Security firmó, en abril de 2011, un contrato comercial con la empresa argentina FAdeA, por el cual la empresa argentina pasa a ser responsable de la fabricación de spoilers –placas móviles que complementan el control de las alas– y las puertas del tren de aterrizaje, entre otras partes del KC-390.
[27] Se hace referencia a la decisión de Brasil, Uruguay y Chile, de bloquear el paso de barcos con bandera de las Islas Malvinas a sus puertos. Decisión tomada en diciembre de 2011.
[28] Entrevista con Peter Lee, experto en defensa del King’s College London http://ronaldolivreiro.blogspot.com/2012/01/agora-e-o-governo-ingles-que-usa-as.html
[29] A finales de marzo del presente año, durante el Congreso Portugués de Ciencia Política realizado en Lisboa, el ministro consejero brasileño Paulo Dias Feres dijo en respuesta al embajador paraguayo, quien había enfatizado el apoyo irrestricto de su país a la posición argentina: “Si Argentina decide ir a la guerra, Brasil no va a acompañar. Pero antes haríamos todos los esfuerzos para que tal cosa no ocurra (…). Brasil es un país grande porque no vocifera. Las declaraciones de la presidenta Kirchner, y esto no es una crítica, no ayudan a resolver el conflicto. Brasil tiene excelentes relaciones comerciales con Gran Bretaña y no las va a arriesgar por caprichos ajenos”. Algunos embajadores asistentes consideraron que el pronunciamiento del diplomático se debió a la desubicación de un mal profesional, mientras otros, conocedores de las reglas emanadas desde Itamaraty, sugieren que esta proclama esconde un recado oficial.
[30] A finales del año 2007, Brasil firmó un acuerdo con un contratista de defensa francés para la colaboración en la construcción del primero de los cinco submarinos. Esto vino seguido por un acuerdo (2008) con Argentina para desarrollar conjuntamente los reactores nucleares que darán potencia a los buques. Las autoridades brasileñas han tenido mucho cuidado de que dichos submarinos no sean percibidos como una respuesta hacia posibles amenazas exteriores. Sin embargo, para muchos analistas brasileños, los submarinos son una forma de asegurar los enormes campos de petróleo descubiertos en el país en los últimos años. El ex presidente Lula da Silva, quien encabezó la ofensiva del programa nuclear, dijo antes de dejar su cargo que los submarinos eran “una necesidad para un país que no sólo tiene la costa marítima que tenemos, sino que también tiene la riqueza del petróleo que se descubrió recientemente en las profundidades del mar”.
[31] La doctrina Monroe, se sintetiza en la frase “América para los Americanos”. Fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida a James Monroe en el año 1823. Dicha política fue principalmente dirigida hacia las potencias europeas con la advertencia de que los EEUU no tolerarían ninguna interferencia o intromisión en América.
[32]La presencia de una fuerza militar extranjera en la región es un factor de desequilibrio que nunca es una solución para las controversias“, advirtió Enio Cordeiro, embajador brasileño en Argentina el pasado mes de marzo, en alusión a las tropas británicas acantonadas en las Islas Malvinas.
[33] Brasil tiene dos fundamentos sólidos para ello: el primero, posiblemente el de menos peso, es su envergadura poblacional y económica; el segundo, de peso mayor en el mundo de la realpolik, es su capital político internacional, el cual ha ido incrementándose con el tiempo, mediante una política exterior continuada y adecuadamente estructurada, que podría considerarse como sensata desde un punto de vista convencional (cuyos objetivos son en general congruentes con los recursos de que dispone el país, y bastante legítimos en términos de la difusa normativa universalista a la que, al menos en la retórica, se adhieren la inmensa mayoría de los países). Esta apreciación se sustenta, entre otras cuestiones, en las votaciones favorables que Brasil siempre ha obtenido para ocupar las plazas rotativas en el Consejo y en los bloques que ha generado sistemáticamente en los distintos organismos internacionales con los apoyos de muy diversos países.
[34] http://america.infobae.com/notas/40521-Mercosur-impediran-que-barcos-con-bandera-de-Malvinas-recalen-en-puertos
[35] http://www.sinmordaza.com/noticia/123076-la-oea-avala-decision-del-mercosur-por-malvinas.html
[36] http://www.lagaceta.com.ar/nota/474085/economia/Sugieren-barcos-Malvinas-usen-bandera-britanica-para-entrar-puertos-Mercosur.html
[37] La UE y el Mercosur decidieron en 2010 reanudar las negociaciones -suspendidas durante seis años- para cerrar un acuerdo de asociación, que prevé la liberalización del comercio.
[38] Ninguna de las partes implicadas quiere que las negociaciones se vean afectadas por las elecciones presidenciales francesas, uno de los países donde hay más resistencia a un acuerdo, principalmente a una apertura en el sector agrícola, el que más interesa a los países del MERCOSUR.
[39] El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un bloque subregional integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay. Venezuela se encuentra en proceso de ser miembro pleno, únicamente pendiente por la ratificación del congreso paraguayo. Además dispone del estatus de países asociados, donde están Bolivia, Chile, Colombia, Perú, y Ecuador, además de México en calidad de observador. El MERCOSUR fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, estableciendo: “La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes y la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.”
[40] El 19 de enero del presente año, Samuel Pinheiro Guimarães (prestigioso escritor y diplomático brasileño) fue designado Alto Representante General de Mercosur.
[41] Pinheiro Guimarães, Samuel. “A América do Sul em 2022”. Carta Maior. 26-07-2010. http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16822&boletim_id=736&componente_id=12288
[42] La organización Global Trade Alert indicaba en agosto del pasado año que Argentina es la nación que lidera el ranking de países con proteccionismo, sumando 140 medidas proteccionista (superando a Rusia, India o los EEUU).
[43] La ayuda o colaboración chilena con Gran Bretaña consistió en suministro de información. Dicha información consistía en los movimientos de tropas y despegues de aviones desde el continente hacia las islas y la llegada nuevamente de los mismos, lo cual era recogido por algunos aviones chilenos y por puestos desplegados en la frontera delimitada por la cordillera. Esos datos eran enviados a Santiago de Chile y luego determinados comandantes de la Fuerza Aérea lo hacía a sus superiores con dispositivos de alta tecnología para la época. Esta ayuda fue recompensada por los británicos con aviones Hawker Hunters, un radar de larga distancia, misiles antiaéreos, aviones Camberra de reconocimiento fotogramétrico a gran altura y también bombarderos.
[44] El propio general argentino Leopoldo Galtieri al comenzar la guerra de las Malvinas dijo: “este es sólo el primer paso, luego se recuperarán los demás lugares que le pertenecen al país.”
[45] La futura escasez de recursos hídricos mundiales hacen de las Islas Falklands una importante plataforma de proyección hacia el ámbito geopolítico mundial. Las islas no deben ser vistas desde una óptica “asilada”, dado que constituyen un espacio territorial sobre el que se sostienen las recientes reclamaciones británicas sobre ciertos límites en la plataforma continental antártica.
[46] El 10% de la población más rica del conjunto de la OCDE recibía unas nueve veces más ingresos que el 10% más pobre al terminar la pasada década, mientras que a mediados de los ochenta la diferencia era de unas siete veces. En ese periodo, la crisis económica ha tenido impactos generalizados en los países de la OCDE. En concreto en 24 de los 33 miembros del conocido como el “Club de los países desarrollados”, sucediendo esto en Estados que tenían mayor tradición igualitaria como era el caso de Alemania, Dinamarca o Suecia. En Chile, los grupos acomodados ganan 27 veces más que los pobres.
[47] Cita de José Rodríguez Elizondo, director del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y columnista del diario chileno La Segunda.
[48] Trotsky, León. México y el imperialismo británico (1938). Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones “León Trotsky” de Argentina. Marxists Internet Archive, 2000. http://www.marxists.org/espanol/trotsky/1930s/latin2.htm
[49] Se denomina “Informe Rattenbach” al documento resultante del trabajo de la comisión creada bajo el gobierno de Reynaldo Bignone, cuyo objetivo fue la evaluación y análisis del desempeño de las fuerzas armadas durante la Guerra de las Malvinas. El informe fue hecho público en 1983 por el Presidente Raúl Alfonsín. El 25 de enero de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación de una “comisión que proceda a la apertura y conocimiento público del Informe Rattenbach“. El 7 de febrero de ese mismo año, se anunció el levantamiento del secreto sobre dicho informe mediante un decreto que creó una comisión para su análisis, cual está integrada, entre otros, por el hijo del Teniente General (R) Benjamín Rattenbach.
[50] Cabe recordar que ya Lenin defendió el derecho de autodeterminación de las naciones, aunque subordinándolo a la lucha de clases. Cuando los bolcheviques alcanzaron el poder tras la Revolución de octubre, el principio de autodeterminación se proclamó oficialmente en la Declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia –el 15 de noviembre de 1917-, condición por la cual se reconoció la independencia de Finlandia. Poco después, la Constitución de 1924 de la Unión Soviética fue vanguardista en este sentido, siendo la primera en el mundo que reconoció este derecho para sus repúblicas, aunque no para las regiones autónomas. Su escasa evolución posterior en la URSS tiene que ver con las derivas del proceso revolucionario hacia el estalinismo.
[51] Definición de la política realizada por el filósofo, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716).
[52] Según esta doctrina, si bien se reconoce que China constituye un sólo país, bajo el régimen de la República Popular China, se acepta que dentro de ese Estado chino unificado coexistan sistemas económicos y políticos diferentes en determinadas zonas, inclusive manteniendo el capitalismo en ciertas regiones del país en paralelo a un el sistema comunista en transición a finales de los años noventa.



lunes, 2 de abril de 2012

Fuerte oposición a una minera china en Ecuador

QUITO | FINALIZA LA MARCHA POR LA VIDA, EL AGUA Y LA DIGNIDAD CONTRA LA MINA

Foto: Edu León

La firma de un acuerdo de explotación de cobre con una empresa minera china ha generado una gran oposición en Ecuador debido al impacto de la explotación en la zona.

Decio Machado / Quito (Ecuador)
www.diagonalperiodico.net //  Número 170 Número 171

El 22 de marzo la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos hacía su entrada en la capital de Ecuador, recibida y acompañada por miles de ciudadanos quiteños. En paralelo, el Gobierno del presidente Rafael Correa organizaba contramarchas en diferentes puntos de la ciudad desplazando a un notable número de seguidores desde diversas provincias del país utilizando las infraestructuras del Estado. En las calles de Quito “se mascaba la tensión ante el posible enfrentamiento de ambos grupos, pero afortunadamente no hubo incidentes graves”, indica Miguel Carbón, uno de los agentes movilizados en los operativos policiales que se articularon en la ciudad.
El oficialismo correísta y los movimientos sociales se disputaron el triunfo en sus respectivas convocatorias. No obstante, queda como precedente el hecho de que esta movilización ha sido la más importante muestra de rechazo a las políticas gubernamentales que se han dado en los más de cinco años de gobierno del presidente Rafael Correa.

Marcha contra la minera

Esta marcha tuvo sus orígenes quince días atrás, cuando desde El Pangui, localidad ubicada en el suroriente del país, partieron medio millar de personas tres días después de la firma del contrato minero Proyecto Mirador entre el Estado ecuatoriano y la transnacional china ECSA.
Mirador, una explotación que abre las puertas a la megaminería en el país, generará un cráter de dos kilómetros de diámetro por unos 900 metros de profundidad en la zona, del cual se extraerán 60.000 toneladas de roca cada día, lo quegenerará un desperdicio final estimado en 326 millones de toneladas de residuos al final de su actividad. El Pangui, una pequeña población rural con deficientes servicios básicos y notables carencias de infraestructura, cuya renta per cápita mensual oscila entre los 200 y 400 dólares, recibirá el impacto directo de la explotación de cobre por parte de la transnacional china.

Según manifiesta Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, provincia afectada por la concesión minera, “el Gobierno puso todo tipo de inconvenientes para impedir el paso de la marcha durante los quince días de caminatas, sin embargo nosotros avanzamos y día tras día demostramos que hemos perdido el miedo a un Gobierno que en lugar del diálogo utiliza la descalificación y la mentira contra los movimientos sociales y los pueblos indígenas”.

Los 700 kilómetros recorridos por la marcha, combinando tramos en vehículos con largas caminatas,ha levantado grandes muestras de simpatía por todas las localidades por donde pasaron. A su llegada a Quito, el número de movilizados ya se había quintuplicado. Las calles de los barrios populares por donde transitaron fue un clamor, incorporándose miles de personas al paso de una marcha que recorrió durante más de seis horas diversas calles de la capital andina.

Para Humberto Cholango, presidente de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE), principal convocante de la movilización, la marcha ha sido un triunfo, y se han cumplido varios de sus objetivos: “el primero de todos era posicionar el tema minero en el debate político, y esto se ha logrado, porque se ha generado conciencia de que la minería a gran escala es perjudicial”.

En respuesta a la campaña orquestada desde el Gobierno en la cual se descalificaba la marcha de los movimientos sociales considerándola golpista y financiada por la extrema derecha, el presidente de la Ecuarunari (organización indígena de la Sierra), Delfín Tenesaca, destacó para DIAGONAL que, “pese a toda la campaña sucia emprendida por el régimen contra la marcha, no se ha caído en las provocaciones, lo que hizo que la ciudadanía se diera cuenta de que veníamos en paz y sin planes desestabilizadores”.

19 puntos demandas de los movimientos sociales

La Marcha por la Vida entregó un pliego de 19 puntos como demandas de los movimientos socialesconvocantes a las diferentes instancias del Estado. Entre ellas destacan su rechazo a la minería a gran escala y a la ampliación de la frontera petrolera en el país, la exigencia de una reforma agraria y la redistribución del agua.

Además, exigen que que no se firmen acuerdos de libre comercio con la UE, el respeto a los derechos laborales, la no criminalización de la protesta social y el cumplimiento de la consulta previa con las comunidades afectadas, según el artículo 169 de la OIT. De momento, el presidente Correa se niega al diálogo con el conjunto de organizaciones.

sábado, 24 de marzo de 2012

22-M: Una marcha revolucionaria versus una contramarcha contrarevolucionaria

Por Decio Machado

La Marcha de los movimientos sociales y la Contramarcha del oficialismo se dieron cita de poder a poder el pasado 22 de marzo en la ciudad de Quito.

La historia reciente de este acontecimiento comienza el pasado 15 de enero del presente año. Unas 2000 personas movilizadas desde diversas partes del país, representantes de diversas organizaciones sociales y políticas, acordaban en Yanzatza, realizar la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos. Su punto de partida sería el cantón El Pargui en Zamora Chinchipe, zona que será afectada por la explotación de la minería a cielo abierto. Su partida estaba prevista para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El arranque de la marcha se dio tres días después de la firma del contrato minero Proyecto Mirador entre el gobierno y la transnacional ECSA (Ecuacorriente SA)[1]de propiedad china.

Más de setecientos kilómetros recorrió la marcha, atravesando parroquias y capitales provinciales donde recibió distintas muestras de solidaridad e incorporaciones a la movilización. Junto a la CONAIE se movilizaron desde El Pangui representantes de la ECUARUNARI – Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, del Frente Popular (UNE, FEUE, FESE, CUBE, CUCOMITAE, UGTE, CONFEMEC, UNAPE, JRE y UCAE) y de la Asamblea de los Pueblos del Sur.
El 21 de marzo la marcha llegaba al sur de Quito. Unos 2.500 marchantes dormían en Guamaní[2], estando la mayoría de ellos enfermos y muy cansados. Habían combinado durante 14 días tramos en vehículos con largas caminatas, durmiendo en pabellones deportivos, colegios y espacios públicos.

A la mañana siguiente, el 22-M, partían desde el sur del sur de Quito hacia el centro de la capital. Seis horas más de marcha. En esta ocasión, marcharon acompañados por miles de manifestantes que se juntaban en distintos tramos del recorrido para participar en la movilización indígena y popular.
Liderando la marcha se encontraba la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) con su presidente Humberto Cholango a la cabeza. A su lado, otros dirigentes indígenas pertenecientes a las diversos pueblos y nacionalidades del Ecuador, entre ellos el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y otros tantos dirigentes sociales provenientes de barrios, sindicatos, organizaciones de mujeres, estudiantes y organizaciones ambientalistas. Detrás, desfilaban líderes y militantes de las diversas organizaciones políticas de izquierda, que conforman la Coordinadora Plurinacional[3].

Las banderas rojas se combinaban con el multicolor indígena, estandartes con el rostro del Che con pancartas contra la megamineria. De igual manera, organizaciones de mujeres caminaban junto a jóvenes estudiantes, partidos políticos al lado de organizaciones profesionales, o sectores libertarios se movilizaban conjuntamente a organizaciones de corte marxistas y sindicatos obreros. Las imágenes de la marcha, reproducida por múltiples medios de comunicación ecuatorianos y extranjeros, dieron muestra de la variopinta amalgama de organizaciones sociales que las conformaron.

Por otro lado, las movilizaciones oficialistas concebidas como contramarchas contra una supuesta movilización desestabilizadora al gobierno, se congregaron en cuatro espacios físicos diferentes: Plaza de San Francisco, Plaza de la Independencia, Plaza Sto. Domingo y parque El Arbolito. Las posiciones habían sido tomadas incluso días antes con grupos militantes de Alianza PAIS y algunas organizaciones afines.

El presidente Correa visitó los cuatro lugares en el transcurso de la jornada, propiciando mítines y arengas a sus simpatizantes en los diversos espacios, que fueron confluyendo sucesivamente en los entornos del Palacio presidencial de Carondelet.
El discurso presidencial se articuló en base a los siguientes puntos: la marcha de los movimientos sociales tiene un carácter desestabilizador y esta fomentada por golpistas, existe una alianza entre la izquierda y la derecha para derrocar al gobierno, tiene un fin electoral y el resultado de la movilización social resultó un fracaso.

El mandatario ecuatoriano volvió a utilizar la retórica empleada durante la campaña de la Consulta/Referéndum Popular del pasado 7 de mayo, planteando nuevamente el “confíen en mí”, a la par que indicaba que este es el gobierno que ha defendido entre otras cosas el agua en el Ecuador.

Según los cálculos realizados por diversos observadores y profesionales de los medios se estima que la contramarcha oficialista congregó un número más o menos similar a los movilizados por los movimientos sociales, incluso hay quienes calculan que fue inferior, a pesar de las declaraciones del presidente Correa que hacía alusión a un supuesto “10 a 1” a favor del gobierno o los datos emitidos por la ministra de la Política, Betty Tola, donde se habla de 60.000 partidarios del correísmo. Sin duda, las expectativas oficialistas fallaron de largo aunque en su discurso este hecho no quiso reconocerse.
Sin embargo, más allá del empate técnico en la cuestión numérica, las diferencias entre ambas movilizaciones fueron notables en diversos aspectos:

- En primer lugar la movilización social duró 15 días, es decir, desde que salió de El Pangui hasta su llegada a Quito. El oficialismo movilizó –en buses pagados por el Estado- el día del inicio de la marcha en Quito y el día de su llegada también en Quito. La estrategia de generar contramarchas en cada una de las diferentes localidades por las que avanzó la marcha tuvo que ser abandonada debido a la escasez de asistentes y la notable desigualdad numérica entre las convocatorias gubernamentales y las muestras de simpatía y solidaridad que se dieron localidad tras localidad por la que atravesó el recorrido de la marcha. El oficialismo desorientado fue cambiando de estrategia varias veces durante la caminata.

- Mientras la movilización de las organizaciones sociales sufrió varios obstáculos para su realización (negación de los salvoconductos oficiales para circular los buses, controles policiales, infiltración de miembros de la fuerza pública, boicots de autoridades locales afines al gobierno y una fuerte propaganda de desprestigio por parte de los medios públicos o controlados por el gobierno); la oficialista contó con todas las bondades que permiten ser auspiciadas por el Estado.

- Los participantes de una y otra movilización eran claramente diferentes. Mientras el oficialismo movilizaba voluntariamente o no, a funcionarios públicos, juntas parroquiales y organizaciones dependientes del Ministerio Coordinador de la Política, sobre todo provenientes de fuera de Quito; la Marcha por la Vida se nutría de indígenas, sectores sociales y sindicatos que han ido rompiendo vínculos con el correísmo.

- Por último, mientras las marchas de los movimientos sociales mostraban iniciativa política, las contramarchas oficialistas fueron claramente reactivas. A esto hay que añadir el enorme error estratégico por parte del Gobierno, el cual se encerró en el centro de Quito (casco histórico de la ciudad), mientras que la movilización social recorrió barrios populares del sur y centro de la capital, ganándose la simpatía de gran parte de la población. Miles de vecinos aplaudían la movilización social a su paso, entregando fruta, agua e incluso chicha a los movilizados.

En resumen, si ambas movilizaciones se miden desde las enormes diferencias respecto a los medios existentes entre poder y contrapoder, se podría sentenciar que los resultados del oficialismo fueron un rotundo fracaso dada la desigualdad entre los contradictores.

La Marcha por la Vida había ganado la disputa con el gobierno días antes de llegar a Quito

Si bien las reivindicaciones sociales suman 19 puntos, los cuales incluyen temas tan diversos como la oposición a la ampliación de la frontera petrolera, incluyendo la defensa del ITT, la exigencia de reforma agraria, el respeto a los derechos laborales, el rechazo a la firma de acuerdos de libre comercio, el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, o el cuestionamiento a la criminalización social entre otros; el elemento que originó la movilización social fue la defensa del agua y el cuestionamiento a la megaminería.

Las movilizaciones sociales, que se reprodujeron durante el recorrido de la Marcha en diversos puntos del país, hicieron de la cuestión del agua y su afectación por la minería a gran escala un debate social que tomó envergadura nacional desde antes que la movilización llegara a Quito. Recordemos que un grupo de mujeres activistas fue violentamente desalojada y encarcelada por entrar a la Embajada china a entregar una carta en contra de la megaminería el día 8 de marzo. La posición autoritaria del presidente Correa, convertido en el mayor defensor de la megaminería y sin apertura al dialogo con los futuros damnificados, facilitó esta circunstancia.

En Ecuador no es necesaria la propaganda que habitualmente desarrollan las grandes transnacionales mineras en los países donde operan, es el presidente de la República quien personalmente se ha erigido en el principal portavoz de las bondades que ofrecen las grandes multinacionales extractivas (petroleras y mineras fundamentalmente) de capital extranjero.

El hecho de que una movilización de estas características generase las simpatías nacionales que se dieron durante los diferentes días de caminata previa la llegada a Quito, todo ello frente al hobbeliano aparato de comunicación estatal que día tras día cargaba contra una marcha supuestamente golpista y financiada por la ultra-derecha y un presidente de la República que insultaba a los marchantes referenciándolos como unos cuantos con “plumas y ponchos”, funcionó como un boomerang contra el discurso oficial. La ciudadanía ecuatoriana mostró su simpatía por los más débiles, rechazando en gran medida la retórica presidencial y reclamando el derecho a la protesta y la resistencia[4].

Dicha situación se evidenció en la movilización que tuvo lugar en Cuenca el 10 de marzo, cuando aproximadamente 30.000 manifestantes se movilizaron por la defensa del agua y mostraron sus simpatías con la Marcha por la Vida. Las contramarchas del oficialismo con miembros del ejecutivo desplazados al territorio, en dicha ciudad, otrora bastión del correísmo, no superaban los 2.000 asistentes. Ese mismo día llegaba la Marcha a la localidad de Saraguro, al sur.

Ante esta circunstancia, el gobierno desplegó una gran campaña en todo el territorio nacional, cuya estrategia consistía en que más allá de promocionar las obras locales y otros logros del correísmo, se intentó visibilizar un supuesto apoyo indígena al gobierno y en especial al primer mandatario. Para ello se acentuaron las alianzas que desde el Ministerio Coordinador de la Política ya se venían trazando con dirigentes altamente cuestionados en el mundo indígena, entre los que destacan casos como Miguel Lluco[5] en Chimborazo o Antonio Vargas[6] en Pastaza. Este tipo de maniobras generó un mayor rechazo en gran parte de comunidades y organizaciones indígenas.
Dos días antes de las movilizaciones en Quito las organizaciones de la Red Agraria (no alineada a la CONAIE) y que podrían ser definidas como la base indígena y campesina del correísmo, presentaban en la Asamblea Nacional 41.000 firmas respaldando su propuesta de Ley de Tierras[7]. Allá expresaron su decepción con el gobierno y lo que el oficialismo llama “revolución agraria”. El 22 de marzo, aunque de bajo perfil, Luis Andrango presidente de la FENOCIN[8] participaba en la marcha de los movimientos sociales en Quito.

Por último, cabe destacar que según la marcha llegaba a Quito el gobierno se veía forzado a hacer consecutivas concesiones en el campo de la política laboral y económica: subida de salarios retroactiva a maestros, de igual manera con el Ejército, paralización de la medida ya acortada de aumento de un 25% en los pasajes de viajes interprovinciales, entre otras.
La marcha ya antes de llegar a Quito era una victoria social.

Escenarios y reflexiones de cara al futuro

El debilitamiento del gobierno se plasma día a día. Ya no son creíbles para gran parte del país las encuestas contratadas por el Ejecutivo donde le dan el 80% de apoyo al presidente Correa. El hecho de que en la mañana del 23 de marzo el presidente Correa ocupara una hora completa de programación televisiva en Gamanoticias (canal gubernamental) de la mano de un mediocre periodista[9] hoy al servicio del régimen y con anterioridad funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, es una prueba más de que el oficialismo no salió triunfante el 22 de marzo. El presidente Correa, al igual que el resto de sus ministros, que ocuparon espacios mediáticos en la mañana del 23-M, mantuvieron torpemente la tesis de que la movilización social había sido un fracaso y su asistencia “paupérrima”.

Lamentablemente para el discurso oficial, las imágenes televisivas y el hecho de que gran parte de la población de Quito fuera testigo de la movilización hacen insostenible el argumento gubernamental.

Por su parte, las organizaciones sociales y partidos de la izquierda retoman la iniciativa política, la cual habían perdido incluso antes de la llegada de Rafael Correa al despacho presidencial. Además, han dejado, al menos coyunturalmente, fuera del tablero político a la derecha, la cual por todos los medios intentó involucrarse en la marcha y no fue aceptada en ningún momento por sus convocantes.

Asambleístas conservadores como César Montufar y organizaciones políticas como el Partido Sociedad Patriótica intentaron en reiteradas ocasiones implicarse en la movilización, cosa que la CONAIE y el resto de organizaciones involucradas nunca lo permitió. Durante los quince días de movilización la única acción política implementada desde los partidos políticos conservadores fue instalar un patético monumento en memoria del ex presidente León Febres Cordero[10].

El conflicto político en este momento se define en el ámbito de la izquierda social y política del Ecuador. Por un lado una caricatura de “revolución” auspiciada por un gobierno de perfil socialdemócrata con muchísimas contradicciones en su política económica, laboral e internacional; frente a una oposición a su izquierda que comienza a mostrar capacidad de movilización, agenda común y principios de entendimiento.

El presidente Correa le quedan dos caminos que tomar. Debe optar por girar a la izquierda y demostrar mayor capacidad de consenso con las comunidades afectadas por su política extractivista y neodesarrollista, a la par que con movimientos sociales y las organizaciones a su izquierda; o terminar de dar el giro conservador cada vez más evidente en el cotidiano del ejecutivo, consolidando y estableciendo nuevas alianzas con sectores empresariales y organizaciones políticas a su derecha.
El desgaste gubernamental, agudizado por un fuerte desprestigio internacional tras la sentencia contra el diario El Universo, sumado al caso de la “narcovalija” que ruboriza de igual manera al interior como al exterior del país, así como el descontento popular por la subida de los precios en productos básicos, mientras sectores empresariales rinden beneficios insólitos en un momento de crisis internacional, no permite demasiado margen de maniobra a un gobierno que está a 10 meses de una nueva contienda electoral.

En Ecuador, 62 grupos económicos concentran el 41% del PIB del país; la riqueza no petrolera se queda en manos de importadores, intermediarios financieros y sector comercial; las utilidades de los grupos económicos del país creció entre 2006-2009 un 54% más que en el periodo inmediatamente anterior (previo a la llegada de Correa a la presidencia) y la banca ganó solo en el pasado año un 51% más con respecto al anterior.
En el caso del mundo indígena, principal protagonista de la marcha del 22 de marzo, el Índice de Pobreza por Ingresos se cuantifica en 59,4 % al cierre del ejercicio 2011 y la tasa de analfabetismo en el 20,4 % (datos INEC, Censo de población, 2010).

Respecto a la tenencia de las tierras, el Ecuador tiene uno de los índices más altos de inequidad en el acceso a la tierra, el índice Gini[11] sobre la tierra es de 0.81, y la acción gubernamental ha sido prácticamente nula durante estos algo más de cinco años de gobierno correísta; es más, Correa se ha pronunciado una y otra vez en contra de la reforma agraria. La condición de inequidad es tan aguda que el 50% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) están por debajo de una extensión que no permite reproducción plena de los campesinos y campesinas[12].

La tendencia monopolizadora del agua en el agro también es notoria. La población campesina, sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del caudal. De esta manera los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal de agua para riego. Hasta ahora el gobierno de Correa no ha dado señales de querer revertir esta situación y cumplir con el mandato constitucional que en su artículo 312 dice claramente que “se prohíbe toda forma de privatización del agua”. Y no solo eso, luego de aprobada la Constitución, el gobierno amplió el plazo de la concesión de agua a la empresa privada Interagua, en la ciudad de Guayaquil.

Volviendo a los escenarios posibles, si bien primero de ellos es el deseado por las organizaciones sociales convocantes de la marcha, la aptitud gubernamental aparece como muy alejada de esa posibilidad, negándose el diálogo con las organizaciones sociales en lucha y los partidos políticos a la izquierda del régimen. Sin embargo, respecto al segundo escenario, ya aparecen elementos que han de ser valorados de manera adecuada: la amnistía a Alberto Dahik[13], la cual fue propugnada personalmente por el propio presidente Correa, tal como sucedió con el expresidente Gustavo Noboa Bejarano[14] durante la Asamblea Constituyente; la incorporación a Alianza PAIS de autoridades locales provenientes de la partidocracia conservadora; la cada vez más probable firma de un TLC con la UE, que propiciará alguna dimisión notable en el aparato de la Cancillería ecuatoriana; así como algunos hechos sorprendentes en el estricto escenario electoral que podrían responder a acciones tácticas gubernamentales.

Respecto a lo último son destacables dos circunstancias novedosas. Por un lado, el banquero Guillermo Lasso, líder del Movimiento CREO, a quien se le consideraba como un potencial candidato opositor de la derecha en la contienda electoral contra el gobierno, ha bajado prácticamente a cero su aparición pública mientras su entidad bancaria, el Banco de Guayaquil, con el Banco del Barrio; este banco sigue siendo una de las herramientas fundamentales para la distribución del Bono al Desarrollo Humano y otras subvenciones dadas por el Estado a sectores populares. Por otro lado la fusión de Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, quienes han manifestado hace apenas unos días su voluntad de presentar un candidato presidencial propio, ignorando la posibilidad de unificar una candidatura común entre las organizaciones del conservadurismo ecuatoriano.

Los movimientos que se han podido visibilizar por parte del gobierno están consistiendo en censurar a las organizaciones convocantes de la marcha o los partidos y autoridades locales que de una u otra forma la han apoyado. Este es el caso de la retórica sumamente agresiva utilizada por el presidente Correa contra el Movimiento Popular Democrático (MPD), organización de perfil marxista leninista que apoyó la movilización social, o las diferentes acciones emprendidas contra la Prefectura del Azuay, institución a la cual se le han eliminado varias competencias delegadas (se le niegan las licencias comerciales a la empresa de lácteos propiciada desde la prefectura o se le retiran las competencias ambientales y viales entre otras acciones de carácter punitivo).

En estas condiciones, queda en manos de las organizaciones sociales y políticas de la izquierda la responsabilidad de generar una agenda común de mínimos que tenga como punto de partida el mandato plurinacional de los 19 puntos reivindicados por la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que se sustenta en los principios constitucionales de Montecristi. Es desde esa plataforma reivindicativa y la coherencia política, el lugar del cual debe articularse una coordinación de luchas comunes, abierta a nuevas incorporaciones, en donde los protagonismos y ambiciones electorales queden en un segundo plano.

No hay duda, el 22-M marcha un nuevo tiempo político en Ecuador.-


[1]ECSA, propiedad de dos compañías chinas, iniciará operaciones en una gran mina a cielo abierto en la provincia de Zamora Chinchipe. Ecuacorriente es propiedad de China RailwayConstructionCorporation, la cuarta mayor constructora del mundo, y de TonglingNonferrousMetalsGroup Holding, la sexta mayor productora de cobre del planeta. Sus directivos ha hecho público que la mina “Mirador” tendrá dos kilómetros de diámetro y 800 metros de profundidad y de ella se extraerán 60.000 toneladas de material al día. La compañía exportará el concentrado de mineral, que en un 85% será de cobre y el resto de oro y plata. Con la firma del contrato entre el Estado y Ecuacorriente se abrió la puerta a la primera explotación minera a gran escala en la historia de Ecuador.

[2] Parroquia urbana ubicada en el sur del Distrito Metropolitano de Quito.

[3]La Coordinadora Plurinacional es un frente común conformado por organizaciones de perfil político a la izquierda del correísmo: Pachatukit, Movimiento Popular Democrático, Participación, la Corriente Revolucionaria Socialista del Partido Socialista y Montecristi Vive.

[4]La vigente Constitución de Montecristi reconoce en su artículo 98 el derecho a la resistencia de una manera amplia y generosa, abarcando a todos los derechos: los que están taxativamente puntualizados y los denominados derechos implícitos que derivan de la dignidad del ser humano.

[5]Lluco apareció como representante en el 2005 del fideicomiso Progreso Recapitalization Trust, donde el banquero Fernando Azpiazu puso las empresas eléctricas Emelec y Electroecuador. Azpiazu conoció la cárcel por defraudar al fisco.

[6] Vargas fue presidente de la CONAIE y ministro de Bienestar Social en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Antonio Vargas es considerado como uno de los responsables principales del pasado descalabro direccional de la CONAIE.

[7] El pasado 12 de octubre, organizaciones campesinas afines al Gobierno, junto con la Conferencia de Soberanía Alimentaria (Copisa), presentaron en la Asamblea un anteproyecto de Ley de Tierras, que limita su tenencia en manos privadas: 200 hectáreas en la Sierra y 500 en Costa y Amazonía. El argumento central es la injusta distribución de la tierra que existe en el país.

[8]FENOCIN es junto a la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, las dos organizaciones más importantes numéricamente de la Red Agraria.

[9]Carlos Ochoa fue asesor de la actual ministra de Desarrollo Social, Doris Soliz, cuando ejerció como ministra de Turismo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Gran parte de profesionales de los medios ecuatorianos consideran que su responsabilidad actual como jefe de noticieros de Gamavisión responde a su relación con Doris Soliz y a los pactos políticos al interior del gobierno entre esta y los hermanos Alvarado. De hecho Ochoa era extremadamente crítico respecto a la candidatura de Correa durante las elecciones presidenciales del 2006, cuando ejercía como corresponsal en Cuenca de los “medios de comunicación corruptos”.

[10] La Comisión de la Verdad en Ecuador levantó 310 casos de violaciones de derechos humanos durante el gobierno del socialcristiano Febres Cordero.

[11] El coeficiente Gini es una medida de la desigualdad. Cuando el coeficiente se acerca a 1, implica una mayor desigualdad (1 = una persona tiene toda la tierra, los demás no tienen tierra).

[12]Atlas tenencia de la tierra en el Ecuador. SIPAE, 2011.

[13] Dahik fue vicepresediente en el gobiernod e Sixto Durán Ballén. Es considerado el padre del neoliberalismo ecuatoriano. Y estuvo prófugo por corrupto, por el mal uso de los fondos reservados del Estado.

[14] Noboa Bejarano fue responsable de uno de los manejos más dolosos de la deuda externa, duramente criticada por Correa cuando aún no era presidente de la república.

martes, 13 de marzo de 2012

Y el Che Guevara cayó detenido…

Por Decio Machado

Especial para Revista Vanguardia

El pasado 3 de marzo, un operativo conformado por efectivos de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), procedían a la detención de diez personas que se encontraban reunidas en un domicilio ubicado en Luluncoto, al sur de Quito.

El ministro del Interior, José Serrano, declaraba al día siguiente que los detenidos son “dirigentes” de un grupo considerado subversivo, el Grupo de Combatientes Populares (GCP), los cuales planeaban “actos de violencia a partir del 8 de marzo”, fecha de comienzo de la marcha indígena y de movimientos sociales que concluiría en Quito el 22 de este mes.

Serrano aseveró que el objetivo de este grupo sería “tomarse el poder a través de las armas, pretendía atentar contra nuestra democracia” y que el operativo policial respondía a una investigación iniciada hacía más de cuatro meses.

Según declara Luís Alberto Merchán, un estudiante de 23 años detenido en el operativo, “llevábamos tres horas reunidos debatiendo sobre la situación política del país, somos gente vinculadas a redes sociales, dirigentes estudiantiles y profesiones. A las 16 horas, unos veinte efectivos del GIR, diez de la ULCO y otros diez de la Fiscalía, irrumpieron en el departamento, echando la puerta abajo y encañonándonos con armamento sofisticado, nos botaron al suelo y nos esposaron”.

Corroborando dicha declaración, César Enrique Zambrano, otro joven de 18 años, nos indica, “entraron en el apartamento a las 16 horas y tras tenernos tumbados en el suelo durante horas nos separaron en dos habitaciones distintas a hombres y mujeres. Hasta aproximadamente las 22,30 horas de la noche no se nos leyó nuestros derechos ni nos dejaron llamar a nuestros familiares y abogados”. Los detenidos declaran que nunca les fue mostrada ninguna orden de allanamiento, y que durante seis horas y media estuvieron retenidos en la vivienda sin mayor explicación, con lo cual desconocen que tipo de manipulación pudieran haber realizado los miembros del operativo policial sobre sus computadoras o memorias flash incautadas.

Así lo confirma Ivette Estupiñan, esposa del detenido Javier Estupiñan: “Eran las once de la noche del sábado cuando recibí la llamada de mi esposo indicándome que había sido detenido, confusamente me decía que no entendía lo que pasaba pero que le estaban acusando de participar en acciones terroristas”. Ivette tiene una hija de cuatro años a la que le explica la ausencia su padre por estar de viaje fuera del país. Carmen Tapia, hermana de Fadua Elizabeth, otra joven de 18 años que fue detenida en el operativo no sale de su asombro. “Mi hermana es una joven estudiante muy solidaria, daba clases de inglés gratis a hijos de familias pobres. Pensar que una niña de esas características, embarazada de casi cuatro meses, estaba preparando acciones terroristas contra el Estado es inconcebible”. Fadua Elizabeth es la única detenida que no está recluida en Centros de Detención Provisional. En su caso y debido a su situación de embarazo se encuentra con arresto domiciliario, donde comparte vida con tres policías realizan de forma permanente la custodia, llegando incluso a dormir uno de ellos en la habitación de la acusada.

El domingo 4 de marzo, la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos debía haberse dado en las dependencias de la Policía Judicial (PJ), según señala el Ab. Marco Cadena, uno de los defensores de los acusados. “Fueron detenidos en el sur de Quito, ¿cómo se explica que la audiencia se realizará en el norte? Esto transgrede toda lógica judicial”. Cristhiam Royce Gómez, un odontólogo de 25 años nos narra como fue el proceso: “Estábamos en la PJ metidos en unas celdas frías y húmedas divididos en grupos de 2 y 3 personas. De repente nos sacaron de allí y nos montaron en un furgón, no entendíamos nada, esperábamos que la audiencia se diera en la PJ. Sin dejarnos comunicar con nuestros abogados y sin informales de nada, nos llevaron 30 minutos antes de la audiencia a la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Marianas (vía Carapungo). Nos quisieron imponer abogados de oficio, pero todos nos negamos. La audiencia fue una vergüenza, el juez estaba más preocupado de su celular que del caso, en un receso de 10 minutos previo a la decisión final, se encerró con la fiscal en un despacho”.

Cadena va más allá e indica: “Hubo violaciones constantes sobre el debido proceso; los jóvenes estuvieron casi siete horas incomunicados; no existe cadena de custodia sobre las computadoras y memorias electrónicas incautadas; pretendieron dejarles en indefensión en la audiencia, no se nos comunicó el traslado de los detenidos; les acusan de atentar contra la seguridad del Estado pero no especifican bajo que artículo; y hasta tenían preparada ya la lona con las fotos y los cargos contra los detenidos sin haber terminado la audiencia…”. En la audiencia realizada en Carapungo, la cual se realizó a puerta cerrada, se personó el viceministro del Interior Oscar Bonilla, un alto funcionario público que ni siquiera consiguió graduarse en la universidad. Por otro lado, “casualmente” el juez de turno en Carapungo era Juan Pablo Hernández Cárdenas, magistrado por el cual se originó la destitución del anterior titular del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos. También fue el juez que ordenó la destrucción de maquinaria minera que trabajaba en zonas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, así como el responsable de dictaminar orden de prisión preventiva contra el policía Giovanny Chancusi, quien estuvo detenido seis meses acusado de tentativa de asesinato del presidente Correa. Tras aceptar el policía Jaime Paucar haber sido el real responsable de intentar retirar la mascara de gas del rostro del primer mandatario en los sucesos del 30-S, el propio presidente Correa se vio obligado a pedir disculpas públicas, y el magistrado Hernández afronta una demanda por daño moral interpuesta por el policía injustamente encarcelado.

La opinión generalizada entre abogados y familiares de los jóvenes detenidos es que son la “cabeza de turco” con la cual se pretende justificar políticas represivas que se llevaran a cabo por parte del gobierno contra toda disidencia que se manifieste en torno a la marcha que llegará a Quito el 22 de marzo.

En las puertas del penal García Moreno, el Ab. Cadenas es concluyente: “Si hoy este tipo de jueces con este tipo de gobierno tuviesen que juzgar a Eloy Alfaro, el viejo luchador otra vez sería condenado”.

El parte policial y el informe al fiscal señala que las evidencias encontradas correspondía a: varios pen drives, computadoras portáles, un billete de 20 dólares, otro de 5 dólares, tres monedas de: 50 centavos y dos de 25 centavos. La Policía menciona documentos subversivos no especifica de contenidos, un cuaderno de tapa dura, manual de lucha de guerrillera… Solo faltó encontrar el Manuel de la Guerra de Guerrillas, del subversivo argentino, Ernesto Che Guevara.

domingo, 11 de marzo de 2012

Gota a gota se va conformando un torrente

Por Decio Machado

En Quito, el pasado 5 de marzo, se firmó el contrato para la explotación del Proyecto Mirador entre el gobierno ecuatoriano y ECSA (Ecuacorriente SA) de propiedad del consorcio chino CRCC-Tongguan[1].

Tan ansiado y glorioso día para el gobierno ecuatoriano fue retransmitido en señal abierta de satélite, mientras el presidente Correa aseguraba ante los medios de comunicación que este contrato era un hito histórico para América Latina dado que según sus cuentas, al Ecuador le quedaba un 52% de participación de la renta minera, mientras que Argentina o Perú apenas tienen el 35 y el 33% respectivamente.

Este “evento histórico” para la revolución ciudadana había sido empañado horas antes por ocho mujeres pertenecientes a diversos movimientos sociales que habían ocupado pacíficamente la embajada de China. La reacción gubernamental era previsible, y las ocho activistas fueron golpeadas y llevadas a la Policía Judicial.

¿Qué es el Proyecto Mirador?

El proyecto Mirador es un yacimiento minero que se ubica en la Cordillera del Cóndor, en la frontera con Perú. La zona es una de las más ricas en biodiversidad del Ecuador, y entre otros hallazgos, se registran 2.030 especies de plantas, 142 de mamíferos, 613 de aves, 9 de reptiles y 56 especies de sapos y ranas[2].

Mirador, uno de los cinco proyectos metálicos “estratégicos” identificados por el gobierno de Correa, recibirá una inversión de 1.830 millones de dólares en desarrollo de la mina y 6.910 millones de dólares en gastos operativos.

La explotación de sus minerales se hará extrayendo la roca a cielo abierto, generando un boquete cuya profundidad será al menos de 250 metros y su diámetro de 1,2 kilómetros, según datos de la misma empresa. Se prevé la extracción de 54.000 toneladas por día de roca, lo que generará un desecho cuantificado en al menos 326 millones de toneladas[3].

La minería industrial moderna no es otra cosa que extraer del subsuelo enormes cantidades de roca, las cuales contienen arsénico, azufre, cadmio, cromo y plomo, entre otros elementos químicos. La generación de ácido ocurre cuando la roca descartada y las colas contienen estos metales que quedan expuestos al agua y al oxígeno. El resultado no es otro que agua tóxica y contaminada, cual causará los daños más serios dentro del abanico de irresponsabilidades ambientales de la industria minera. La condición del Ecuador como país de pluviografía abundante y creciente por efecto del cambio climático, incrementara aun más estos impactos[4].

Cuando el discurso oficial de la transnacionales mineras dice que la tecnología actual les permite desarrollar sus actividades extractivas sin la utilización de productos tóxicos (cianuro y mercurio), discurso oficialmente incorporado por el Estado ecuatoriano, ignora intencionadamente que el principal impacto de la mega minería es el drenaje ácido de mina, el cual produce una contaminación que puede perdurar durante miles de años.

Una visión retrospectiva

Durante el primer año de gobierno de Correa el oficialismo combinó contenidos ambientalistas con una praxis contradictoria. En varias ocasiones el presidente Correa prometió que no daría paso a la explotación de recursos en ecosistemas sensibles y en caso de que no hubiera acuerdo con las comunidades locales, se planteó como mecanismo de resolución la consulta previa.

A la par que se caminaba en los primeros meses de gobierno los conflictos ambientales iban cobrando cada vez mayor importancia. Esta situación desembocó en el operativo represivo militar que se dio en Dayuma (provincia de Orellana) un día después de instaurarse la Asamblea Constituyente. Tras la humillación de la población local por efectivos militares, se encarceló a la prefecta de la provincia, Guadalupe Llori, la cual una vez liberada revalidó en las urnas su mandato con el apoyo popular de su pueblo.

La Asamblea Constituyente buscó regular la actividad minera bajo nuevos mecanismos jurídicos y de control, para lo cual se estableció el mandato minero. Mientras los indígenas criticaban la minería a gran escala, demandando el fortalecimiento de los mecanismos de consulta previa comprometidos por el gobierno, la mesa de recursos naturales bajo presión gubernamental eliminaba el carácter vinculante de dicha consulta[5].

En noviembre de 2008 la Ley de Minería es presentada en la Comisión Legislativa, mientras la CONAIE asumía el liderazgo de la movilización anti minera en el país. La minería se convertía así en uno de los ejes fundamentales de la agenda política ecuatoriana.

La presión gubernamental hizo que la Comisión de Legislación, compuesta por asambleístas carentes de capacidad de crítica, aprobase la nueva Ley de Minería. Mientras las protestas sociales se multiplicaban, de forma paralela el aparato de propaganda gubernamental ponía su punto de mira sobre el movimiento indígena. A partir de entonces se acuñan las estrategias de desprestigio sobre sus dirigentes: se les llama “ponchos dorados” y se empiezan a fraguar las primeras acusaciones de que están al servicio de intereses extranjeros.

A mediados de marzo de 2009 la CONAIE presenta una demanda de inconstitucionalidad a la Ley, demanda que como era de prever fue rechazada por una Corte Constitucional muy cuestionada por sus vinculaciones al aparato oficialista.

Inmediatamente después aparecía otro elemento de tensión entre indígenas y el gobierno de Correa: la nueva Ley de Uso de Recursos Hídricos, popularmente conocida como la Ley de Aguas.

En esta ocasión y ya escarmentados por las circunstancias anteriores, el movimiento indígena denunció desde el primer momento varias argucias jurídicas que se encontraban en la Ley, a la par que la cuestionaba por no estar acorde con el principio constitucional que prohíbe la privatización del agua. Además dicha Ley abría la posibilidad de que se modificase el orden de prioridad para el uso del agua en base al interés nacional, con lo apuntaba a que las actividades extractivas se sobrepusiesen sobre las prioridades de las comunidades.

La cerrazón gubernamental provocó que en septiembre del 2009 la CONAIE convocaba un levantamiento a nivel nacional. La movilización paralizó la iniciativa gubernamental, era la primera vez que el presidente Correa tenía que rectificar desde su poltrona presidencial, aunque tuvo como costo el fallecimiento del Bosco Wizuma cuando se movilizaba contra la iniciativa gubernamental.

Prepotencia y consecuencias

Aunque fueron anteriores gobiernos neoliberales los que definieron un marco legal e institucional que permitiera la inversión extranjera en el sector minero, es el gobierno de Correa el primero que convierte a la mega minería en una actividad estratégica que marque impronta sobre el futuro modelo de desarrollo ecuatoriano.

El objetivo es claro, en la medida en que el Ecuador alcanza el pico de Hubbert[6] o cénit de su petróleo, la intencionalidad gubernamental es sustituir un extractivismo por otro.

Así se llega al momento actual: la firma del contrato entre ECSA y el Estado ecuatoriano con una fuerte oposición social, de manera especial en la zona afectada. En menos de sesenta días se firmará el contrato con Kinross para explotar el yacimiento Fruta del Norte, otra nueva fuente de conflictos que se avecina.

Más allá de la resistencia indígena y de los pobladores de la zona, el contrato de ECSA abrió muchas interrogantes entre la población ecuatoriana. Básicamente estas consisten en: ¿Por qué Ecuador, situado en el puesto 120 del Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparency Internaciotional[7] firma un contrato con la transnacional china sin aclarar las 17 irregularidades que la Contraloría ecuatoriana indica en la concesión?

Efectivamente el gobierno firmó el contrato para la explotación del proyecto Mirador sin resolver las 17 dudas que la Contraloría General tiene sobre la concesión. Los auditores de la Contraloría encontraron desde errores geográficos en la delimitación de la concesión hasta problemas administrativos que involucran a la extractiva y a los ministerios del Ambiente (MAE) y de Recursos no Renovables. Otras observaciones indican que 1.447 hectáreas del área concesionada están dentro del Bosque Protector Cordillera del Cóndor, sin embargo la empresa tiene a su favor un certificado emitido por el MAE donde se asegura que el proyecto Mirador “no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

Otro problema grave es la posible afectación a las fuentes y nacientes de agua: se identificaron 227 fuentes en la concesión. Según la Contraloría, la existencia de estas fuentes de agua es razón para que la concesión se extinguiese.

El 27 de julio de 2010, el MAE aprobaba la auditoría ambiental señalando algunas No Conformidades Menores al cumplimiento del plan de manejo ambiental. La Contraloría no las menciona, pero sí enumera ocho problemas que los técnicos del ministerio no detectaron. Entre ellos: “No se detalló de manera específica las especies existentes en el lugar ni se realizó un monitoreo de la flora y fauna del proyecto”. Tampoco se “realizó el control de la disposición final de los residuos”.[8]

La respuesta presidencial se daba el 10 de diciembre de 2011 cuando el presidente Correa indicaba: “Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, (…) los que nos hacen perder tiempo también son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que se vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomio”[9].

Con todos estos ingredientes arrancaba el 8 de marzo la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos desde el cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, zona de afectación de la explotación minera. Los movimientos sociales habían convocado de forma paralela movilizaciones en las principales ciudades ecuatorianas.

El oficialismo concentraba sus fuerzas en la capital del país, utilizando el día de la mujer como escusa para que desde los ministerios se convocaran a los seguidores del régimen. Unas veinte mil personas juntó el oficialismo, trayendo a gran parte de los convocados en buses financiados por las gobernaciones y con compromiso de suministro de desayuno, comida y 20 dólares como pago. Bajo el lema de “No pasaran”, el correísmo ponía en uso las mismas practicas desarrolladas por el franquismo para llenar la Plaza de Oriente de Madrid cada 20 de noviembre mientras vivió el dictador. En oposición, movimientos sociales y organizaciones de la izquierda política convocaban ese mismo día a unas siete mil personas a una manifestación en solidaridad con las reivindicaciones de la Marcha.

El presidente Correa en el mitin central de la movilización oficialista ironizaba sobre la marcha indígena, definiéndola como un fracaso. Allí, el primer mandatario bailó y cantó junto a su canciller Ricardo Patiño, quien se encuentra altamente cuestionado tras el descubrimiento en Italia de 40 kilos de cocaína en la valija diplomática ecuatoriana.

En efecto, la marcha arrancó con tan solo 300 personas en el cantón El Pargui, aunque el apoyo fue multitudinario a su paso por Yanzatza y su llegada a Zamora. Al día siguiente, los marchantes caminaron a Loja y la entrada a la capital sureña fue protagonizada por 2.000 personas. Por último, en el día de ayer eran 2.500 las que llegaban a Saraguro, siendo recibido por un pueblo en fiestas.

De forma paralela, la ciudad de Cuenca, tercera ciudad en número de habitantes del país, protagonizaba una movilización contra la minería a gran escala y en solidaridad con los marchantes que llegarán allá el próximo lunes, alcanzando más de quince mil manifestantes. Las contramanifestaciones oficialistas apenas llegaron a juntar los 2.500 convocados.

Esa misma mañana un desencajado Rafael Correa anunciaba con claro talante xenófobo durante su enlace sabatino que “el 22 nos vemos centenas de miles en Quito, si ellos son 500 nosotros seremos 5.000. No permitiremos que la izquierda infantil, con plumas, con ponchos, desestabilice ese proceso de cambio”.

Así las cosas, mientras la marcha indígena y las expresiones de solidaridad con esta crecen gota a gota como un torrente, la intolerancia que esta genera desde las estructuras de poder también crecen de forma paralela.



[1] El consorcio CRCC-Tongguan es una filial de las empresas chinas Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd y Railway Construction Corporation Limited, se abrió la puerta a la era de la mega minería en el Ecuador.
[2] Datos extraídos de la revista Tierra Incognita No.36.
[3] Estudio Impacto Ambiental Ampliatorio Proyecto Mirador, Ecuacorriente SA – Terrambiente C. Ltda, pag 11.
[4] Sacher, William y Acosta, Alberto. La minería a gran escala en Ecuador. Abya Yala. Quito, 2012. Pag. 77.
[5] Martínez, Mateo. El Cascabel del Gatopardo. FLACSO-Abya Yala. Quito, 2011. Pag. 99.
[6] La teoría del pico de Hubbert, también conocida como cenit del petróleo, petróleo pico o agotamiento del petróleo, es una influyente teoría acerca de la tasa de agotamiento a largo plazo del petróleo, así como de otros combustibles fósiles
[7] Ecuador aparece en el puesto 120 de 182 países clasificados. Su puntuación global es 2’7, más cercana al 1’0 del último país de la lista, Somalia, que al primero, Nueva Zelanda con 9’5.
[8] http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=3048705&idcat=19308&tipo=2
[9] Cita del president Rafael Correa en la ciudad de Macas, 10 de diciembre de 2011.

martes, 6 de marzo de 2012

Correa reprime una movilización pacífica contra la mega minería en el país

El proyecto de la multinacional Ecsa pone en peligro un espacio protegido

Decio Machado (Quito) /Fotos: Edu León

La ocupación pacífica de la embajada china en protesta por la firma de un contrato entre Ecuador y una multinacional minera fue reprimida violentamente por la policía nacional ecuatoriana.
En el día de ayer, ocho mujeres vinculadas a diversas organizaciones sociales ocuparon pacíficamente, a primera hora de la mañana, la embajada de China en Quito para mostrar su repulsa ante la entrada de la mega minería en el país. En esa misma tarde, se firmó el contrato entre el gobierno ecuatoriano y la transnacional ECSA para la explotación del proyecto Mirador, situado en una zona de alta sensibilidad ambiental.

El proyecto Mirador consiste en la explotación de cobre, oro y plata en la cordillera del Cóndor, situado en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, en la frontera con Perú. Dicha cordillera registra 2.030 especies de plantas diferentes, 142 de mamíferos, 613 aves, 9 de reptiles y 56 especies de sapos y ranas. El proyecto minero de la empresa ECSA afectará de forma irremediable este paraíso que los pueblos indígenas han cuidado durante siglos y que muchos ecuatorianos han defendido incluso con sus vidas.

Los grupos ambientalistas y comunidades locales que se oponen al proyecto indican que en el proyecto Mirador se prevé la extracción de 54.000 toneladas de roca por día. De estas rocas un tercio será acumulado al costado en dos montañas artificiales de desechos (escombreras) y el resto será procesado para extraer los minerales a través de tratamientos químicos que generan residuos contaminantes.

Las estimaciones de los ambientalistas y técnicos que cuestionan el proyecto indican que por cada 100 toneladas de roca extraída, solo se podrá extraer en torno a una tonelada de “concentrado de cobre”. Se calcula un acumulado de desechos tras la vida productiva de la mina a cielo abierto de 325.000.000 toneladas.

A media mañana un desproporcionado dispositivo policial, en el que se incluían cuerpos de élite de la Policía Nacional ecuatoriana, rodeaban los accesos a la embajada China. Mientras, medios de comunicación y ciudadanos autoconvocados se aglutinaban en torno al edificio para manifestar su repulsa al contrato minero propugnado por el gobierno de Rafael Correa y demostrar sus simpatías con las activistas que se encontraban en el interior de la embajada.

A las 12,30 horas las activistas sociales eran sacadas violentamente de la embajada China a pesar de la mediación de asambleístas y embajadores ecuatorianas en busca de una resolución pacífica del desalojo. Según las autoridades asiáticas, la orden provenía del Gobierno ecuatoriano y manifestaban ante los interlocutores de los movilizados que por parte de ellos no había voluntad de proceder judicialmente contra las mujeres que habían ocupado sus instalaciones.

Los activistas que se encontraban a las afueras de la embajada se sentaron frente al bus policial con el fin de evitar que las detenidas fueran enviadas a los calabozos policiales. La Policía Nacional emprendió una acción represiva contra los manifestantes que dejó atónitos a los periodistas allí presentes.

La situación se tensionó aun más cuando dentro del bus policial los agentes comenzaron a emprender forcejeos con las mujeres detenidas a la vista de los manifestantes en el exterior.

El terror se hizo presa de todos los presentes, mientras transeúntes y vehículos que pasaban por una avenida adyacente manifestaban con estupor su solidaridad con los detenidos y manifestantes que estaban siendo agredidos.

Diversos manifestantes eran brutalmente arrastrados por la Policía Nacional para liberar el paso de los vehículos policiales.

La acción de violencia perpetrada por las fuerzas del orden ecuatorianas a tres días de que comience la marcha por el agua y la vida en el Ecuador, movilización que comenzará en la zona de explotación de ECSA el próximo día 8 y terminará en Quito en 22 de marzo, indica hasta donde en los próximos días puede incrementarse el nivel de represión en este pequeño país andino.

El presidente Correa manifestaba el pasado 10 de diciembre en la ciudad de Macas, una de las capitales amazónicas: “Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, (…), los que nos hacen perder el tiempo son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomio.”

Ver fotos aquí:

lunes, 5 de marzo de 2012

Violento desalojo protagonizado por las fuerzas del orden ante una acción pacífica de mujeres en la embajada China en Ecuador

Por Decio Machado

Lunes, 5 de marzo de 2012, diez mujeres vinculadas a diferentes organizaciones sociales ecuatorianas ocupaban pacíficamente la embajada de China en Quito para significar su repulsa, así como la de gran número de movimientos sociales y comunidades afectadas, a la firma del contrato minero anunciado para la tarde entre el Estado ecuatoriano y la transnacional ECSA.

 La acción de protesta, realizada a primera hora de la mañana por estas activistas sociales goza de una clara simpatía por amplios sectores de la sociedad ecuatoriana, dado el enorme desprestigio levantado alrededor de esta empresa por los números casos de criminalización que se le atribuyen en informes elaborados por organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, además del incumplimiento de los procedimientos de ley como estudios de impacto ambiental.


El proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor consiste en la explotación de cobre, oro y plata por parte de la empresa ECSA (Ecuacorriente SA) de propiedad del consorcio CRCC-Tongguan, una filial de las empresas Chinas Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd. y la China Railway Construction Corporation Limited. El proyecto Mirador es el primer paso para la explotación minera industrial metálica a gran escala en Ecuador.

La Cordillera del Cóndor, ubicada en la cuenda del río Zamora es una de las zonas más ricas en biodiversidad y culturas del Ecuador. Se registran 2.030 especies de plantas, 142 de mamíferos, 613 aves, 9 de reptiles y 56 especies de sapos y ranas. El proyecto Mirador tendrá un impacto irreparable para esta zona que durante siglos ha estado al cuidado de los pueblos indígenas que la habitan.

Mientras las diez activistas sociales se encontraban dentro, en torno a la embajada China se agruparon diversos ciudadanos que expresaban su rechazo a la firma de este contrato, a la introducción de la mega minería en el país y en simpatía con el gesto de estas mujeres. De igual manera, gran número de medios de comunicación ecuatorianos se posicionaron atentos en la puerta de la embajada, alarmados por el desproporcionado contingente policial que se dio cita en las instalaciones para reprimir la acción pacífica protagonizada por estas diez mujeres.

La represión no se hizo esperar. A media mañana las protagonistas de la acción ya habían sido detenidas al interior de la embajada China. En ese momento, el asambleísta del MPD por la provincia de Imbabura, Ramiro Terán, se personaba en el lugar de los hechos a fin de intermediar una salida negociada a la detención de las compañeras. La propia embajada China notificaba a través de sus portavoces que no tenía voluntad de emprender ninguna denuncia contra las diez mujeres detenidas al interior pues su acción había sido pacífica y no habían causado ningún tipo de daños al inmueble. Si bien advertía que era el gobierno ecuatoriano quien les indicaba sobre la necesidad de detener a las militantes sociales.

A las 12,30 horas las diez mujeres eran sacadas violentamente de la embajada asiática por la Policía Nacional. Entre empujones, golpes, y un sin número de agentes secretos inmiscuidos entre las y los ciudadanos que expresan su indignación por la brutal acción policial, un bus de la Policía Nacional se llevaba a las detenidas camino de las instalaciones de la Policía Judicial (PJ) para proceder con las denuncias.



Los viandantes que circulaban en ese momento por las calles aledañas, así como los vehículos que formaban parte de la densa circulación existente a esas horas en la Av. Amazonas suspendieron el tráfico mientras se bajaban de sus carros indignados para protestar con indignación contra la violencia acción policial.



Con estos hechos el gobierno ecuatoriano demuestra el nivel de represión que está dispuesto a ejercer contra toda protesta social por pacífica que esta sea. Con los sucesos de hoy se lanza un claro aviso de hasta donde puede llegar el autoritarismo que emana en todo proyecto político que tiene su matriz en el extractivismo.

A tres días de que se inicie la marcha constitucional y democrática se arrancará en el Zamora Chinchipe convocada por los movimientos sociales más significativos del país, el presidente Correa decidió calentar a grados extremos el ambiente.

A nivel internacional esta acción inaugura las movilizaciones contra los mega proyectos chinos ambientalmente insostenibles en el país.