Ecuador y la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión

Decio Machado desde Quito (Ecuador)

Desde primeros de noviembre, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional ecuatoriana, debate sobre la propuesta del presidente Rafael Correa para denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión firmados por el Ecuador, todos ellos antes de su nombramiento.

Antecedentes y Justificación

Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son un tipo especial de contrato suscrito entre dos Estados para asegurar una efectiva protección al inversionista extranjero por parte del Estado receptor y de esta forma "promover" las inversiones en dicho país dentro de un "marco legal estable". Los TBI forman parte de un complejo sistema diseñado en varios niveles, que van desde lo nacional a lo multilateral, que constituye el marco jurídico para el reconocimiento de los intereses y prerrogativas de los inversionistas.

Por lo general, el contenido de estos contratos (los TBI) es muy similar y obedece en su estructura a un formato recomendado en 1962 por el Consejo de Ministros de la OECD, aunque con el tiempo se ha ido adaptando a los nuevos requerimientos de los inversionistas. Desde entonces los TBI se han difundido ampliamente a lo largo del mundo como un síntoma de la hegemonía del interés privado sobre el interés público que caracteriza al proceso de globalización.

Una de las principales características de los TBI es que incorporan una definición amplia de "inversión", que incluye incluso créditos y otras obligaciones monetarias. Las actividades extractivas, consideradas por la economía clásica como des-inversión obviamente se incluyen dentro del paquete. La inversión extranjera goza por lo tanto de un marco jurídico especial que se sobrepone a la legislación interna de los países.

Otro elemento clave incorporado en la mayoría de TBI, es la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF) que una vez suscrito, impide que el país receptor conceda mayores beneficios que los establecidos en el TBI a los inversionaistas de un tercer país sin mejorar simultáneamente las condiciones al país emisor de inversión con el que se suscribió el contrato. Incluyen también la cláusula de Trato Nacional, que otorga al inversor extranjero el mismo trato que al inversor nacional.

Los TBI también establecen incentivos y garantías generales especialmente en materia tributaria, sobre expropiación y compensaciones, así como normas de propiedad intelectual que muchas veces van más allá de lo establecido en la ADPIC (acuerdos sobre propiedad intelectual) de la OMC.

Sin embargo el hecho más relevante subyacente en los TBI se refiere al procedimiento de solución de controversias Inversionista-Estado, en el cual se adopta la modalidad de arbitraje en cortes extranjeras. Esta cláusula pone en el mismo nivel a estos dos actores y posibilita algo impensable en otros tiempos; qué una "persona jurídica", en este caso las corporaciones transnacionales, puedan demandar a un Estado Nacional. Hay distintos tipos de cortes de arbitraje. Tal vez una de los más importantes es el CIADI, adscrito al Banco Mundial; UNCITRAL, adscrito a la ONU; y los mecanismos Ad-hoc por acuerdo entre las partes. Estas cortes son de carácter privado y por lo tanto no responden aun interés colectivo.

La duración de los TBI es otro factor clave a considerar ya que condicionan la independencia y soberanía de los Estados. Las partes estipulan la duración que tendrá dicho tratado, pero adicionalmente se contempla una cláusula de "prorroga" en virtud de lo cual una tratado subsiste luego de la denuncia realizada por una de las partes, en el plazo estipulado, generalmente en 10, 15 o 20 años (este también es el caso del Ecuador). En este lapso -entre la denuncia y el fin de la jurisdicción del CIADI -un Estado puede ser requerido para un proceso arbitral, y el mismo se llevará a cabo a pesar de que con anterioridad el Estado haya denunciado dicho tratado.

De esta manera, la violación a lo acordado en los TBI se considera como una violación al derecho internacional (en virtud del principio pacta sunt servanda). Las grandes corporaciones transnacionales, movilizadoras de la inversión, están protegidas por un marco jurídico que va desde las leyes internas de protección a los inversionistas tanto por las normas del derecho internacional, cuanto por los acuerdos establecidos en este tipo de Tratados. La consecuencia es que hoy, muchos países latinoamericanos son víctimas de estos procesos estructurales de injusticia económica.

Ahora, después de varios años de suscritos los TBI entre países de la región y países desarrollados, se pueden observar muchas repercusiones de los mismos en desmedro de los Estados:

- A finales del 2007, el total de controversias internacionales en materia de inversiones fue de 293, de las cuales 187 se sometieron al CIADI. Dichos casos involucraban al menos a 73 Estados, siendo 44 de ellos países en desarrollo. De estos el 78% se fundamentan jurídicamente en supuestos incumplimientos del TBI.

- Argentina, que es el país que más TBIs firmados posee en el mundo (57 en total), es el país que más demandas enfrenta en el CIADI (cerca de 35 demandas).

- Esto se contrapone con el caso de Brasil, que no suscribió nunca ningún TBI y por lo tanto no enfrenta demandas ante el CIADI, dado que además ni siquiera es miembro del organismo.

- Mayoritariamente las demandas corresponden a sectores de actividad vinculados con los recursos naturales, basados tanto en la explotación de petróleo, gas y menería como en la elaboración de alimentos; y también con el sector de servicios, en la generación provisional de electricidad y de agua potable.

- Los casos dirimidos en el CIADI carecen de imparcialidad jurídica, lo cual se evidencia al observar los procedimientos de conformación de los tribunales, donde cada parte nombra un árbitro, pero quien nombra el árbitro dirimente siempre es el presidente del Banco Mundial en coordinación con el Secretario General del CIADI. Estos tribunales no aceptan audiencias con peticionarios externos y se reúnen a puerta cerrada.

- Los fallos del CIADI son definitivos, no cabe recurso de apelación; no son neutrales, de 232 casos sentenciados hasta la fecha, 230 fueron a favor de las empresas y contra los Estados.

- La defensa de los Estados en estas instancias es muy costosa para países como el Ecuador, dada la necesidad de contratar abogados en los Estados Unidos.

Consecuencias de los TBI suscritos por el Ecuador

Según la Procuraduría General del Estado, Ecuador puede perder $ 13.369 millones con solo 9 demandas, la cifra supera en un 29% el total de la deuda pública. Si las 3 compañías que aún no definen sus perjuicios económicos (Murphy, Burlington y Perennco), lo hacen, el monto de la disputa subiría alcanzando los 17.026 millones de dólares. Esta cifra podría financiar la inversión social del Ecuador durante 8 años.

En este momento Ecuador enfrenta 8 demandas ante el CIADI, cinco de ellas se amparan en el incumplimiento de obligaciones de TBI con los Estados Unidos, uno en el TBI firmado con Francia, y otro en el TBI firmado con el Estado español. Las empresas multinacionales involucradas son: MCI Power Group LC and New Turbine Inc., Noble Energy Inc and Machala-Power Cia LTD, Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company, Murphy Exploration and Production Company, Burlington Resources Inc and Others, Perennco y Repsol YPF SA.

Acciones emprendidas por el Ecuador

Los TBI firmados por el Estado ecuatoriano entre 1968 y 2001 están en contradicción con lo que dispone la Constitución vigente del país, la cual fue aprobada por refrendo popular ya en la era Correa, septiembre del 2008, con un refrendo popular mayoritario (64%). Los TBI perjudican los intereses nacionales de las naciones y Ecuador no es una excepción. El texto constitucional en su artículo 422 señala que no se podrá celebrar ni tratados ni instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a otras instancias.

Por ello, durante el año 2009, el gobierno ecuatoriano por iniciativa del presidente Rafael Correa, inició un proceso para denunciar algunos de estos acuerdos, impedir la negociación de nuevos TBI y anunció la salida del Ecuador del CIADI (acto ya culminado). El pedido presidencial se remitió a la Asamblea Nacional y se encuentra en debate.

El Ecuador tiene 17 TBI vigentes, de los cuales decidió denunciar trece. Los cuales se definieron en base a una serie de estudios de evaluación que establecieron denunciar aquellos convenios que no han cumplido su propósito, es decir donde no existen niveles aceptables de inversión recíproca.

Esta medida produce como efecto la separación del EStado denuciante del tratado o convenio, según se establece en el Derecho Internacional. Sin embargo, los seis procesos que el país tiene en el organismo se mantendrán.

Además, durante el mes de junio, mediante el Decreto Ejecutivo 1823, el Estado ecuatoriano emitió una notificación conforme al Artículo 25 del Convenio del CIADI, en el cual establece que no consentirá en someter a esta jurisdicción las diferencias que surjean en materias relativas al tratamiento de un inversión, que se deriven de actividades económicas relativas al aprovechamiento de recursos naturales estratégicos como el petroleo. Anteriormente este mismo proceso ya lo había hecho Bolivia.

El convenio del CIADI permite a los Estados retirarse de este tribunal de arbitraje, mediante el Artículo 71 del Convenio, que establece que la denuncia producirá efecto seis meses después de recibida la notificación al Banco Mundial. Sin embargo el Artículo 72 del mismo Convenio, establece que una notificación de denuncia no afecta a los arbitrajes cuyo "consentimiento" haya sido otorgado antes de dicha notificación. Todo intento de dar consentimiento por parte de un inversor, luego de la notificación será esteril.

Estas medidas no implican de ninguna manera que el Estado ecuatoriano este buscando propiciar estatizaciones de inversiones y afectar los derechos de los inversores. Son por el contrario un intento por recuperar la soberanía jurídica del Estado y de anteponer el interés público al interés privado.

Por ello es de interés estratégico para el Ecuador procurar que se pacte ante foros subregionales la posibilidad de establecer nuevas instancias para la resolución de conflictos entre inversionistas extranjeros y el Estado ecuatoriano.

Para ello el país busca posicionar en el marco de la UNASUR y aprovechando la Presidencia Pro Tempore de Rafael Correa, la creación de un organismo regional que sustituya para los países latinoamericanos el papel del CIADI, esta circunstancia ha pasado a ser una prioridad. Este organismo por construir, se plantea desde la necesidad de una gestión efectiva, rápida y objetiva en el marco de la resolución de conflictos.

El Ecuador goza de medidas de "seguridad jurídica" para las inversiones en materia de legislación interna, estando dicha situación asegurada por mandado constitucional. En este sentido, ha dicho definitivamente NO a renunciar a su soberanía, a la aplicación de sus políticas públicas (tributaria, ambiental, laboral, legislativa, judicial, financiera, económica...). A dicho NO a la renuncia de crear normas de discriminación positiva a favor de los nacionales, de igual manera que dice NO a la creación de un régimen distorsionado y discriminatoria igualando al capital con los seres humanos y a los inversionistas con el Estado. Ecuador dice NO también a la renuncia de la capacidad del Estado de orientar los recursos provenientes del exterior, a la renuncia a obligar a las inversiones a ser sometidas al Plan Nacional de Desarrollo, a la renuncia de establecer leyes o normas secundarias que beneficien a sectores determinados (salud, educación, empleo digno, medio ambiente) y que puedan ser tomadas como "inseguridad contractual", o a la renuncia de la igualdad entre Estados, cuestionando la igualdad jurídica entre Estado y empresa, por muy multinacional que sea.

Con la denuncia de los TBI, el Ecuador a dicho NO a la desconfianza pública del Estado en sus sistema de justicia y propone mètodos alternativos de solución de controversias. Dice NO al debilitamiento de la institucionalidad precisamente cuando se ésta reconstruyendo el Estado tras la "triste y larga noche neoliberal en América Latina" y dice NO al desconocimiento de la capacidad de la Corte Constitucional para ser la instancia final en la solución de cualquier controversia que se llegue a presentar.

Publicado el 6 de diciembre en la página web de Kaos en la Red

Roto el diálogo, se agudiza la tensión

HONDURAS SECTORES DE LA RESISTENCIA SE PLANTEAN LA OPCIÓN ARMADA ANTE LA NEGATIVA DE LOS GOLPISTAS A DEJAR EL PODER


Tras la ruptura de las negociaciones entre Zelaya y Michelleti, la Resistencia vuelve a la movilización. Ante el aislamiento, los golpistas reciben apoyos de los sectores más conservadores del planeta.

Decio Machado / Redacción (Tegucigalpa, Honduras)

Martes 27 de octubre de 2009. Periódico Diagonal Número 112


Luego de que se cumpla más de un mes desde que el presidente depuesto Manuel Zelaya regresara por sorpresa al país, la situación en Honduras no ha mejorado. El 18 de octubre, Zelaya rechazó la propuesta del presidente de facto Roberto Michelleti, suspendiendo el Diálogo de Guaymuras iniciado el pasado 7 de octubre bajo los auspicios de la OEA. Michelleti pretendía que fuese la Corte Constitucional –la misma que dirimió que la cuarta urna de consulta popular era inconstitucional– la que decidiese si Zelaya debe volver al poder. La discusión se centró sobre el órgano estatal que debía decidir el punto nº 6 del Pacto de San José, que habla de la restitución de Zelaya. Mientras el presidente derrocado insistía en que debe ser el Congreso Nacional el órgano que decida sobre este punto, Micheletti apostaba en un primer momento por la Corte Suprema de Justicia, para luego entregar una última propuesta que consistía en que la misma mesa negociadora decida sobre el retorno de Zelaya. Esta propuesta no encontró consenso y llevó a la ruptura de negociaciones.

Los candidatos presidenciales mejor posicionados según las últimas encuestas, Elvin Santos (Partido Liberal) y Porfidio Lobo (Partido Nacional), defienden que la resolución del conflicto se base en el reconocimiento de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Ambos postulantes están acusados de haber tenido relación directa con el golpe de Estado. Por su parte, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vázquez, afirmaba el pasado 15 de octubre que el país estaba “casi al final” de la crisis política, discurso ampliamente repetido por diferentes sectores conservadores del país. Según declaran a DIAGONAL fuentes de la resistencia, “el diálogo fue una herramienta del Gobierno de facto para apaciguar cualquier acción de la resistencia o las repercusiones en la comunidad internacional, extender la permanencia del golpe en el poder y garantizar que las elecciones se realicen el 29 de noviembre”.

La dirigencia del Partido Unificación Democrática (UD), la tercera fuerza política del país, decidió el pasado 19 de octubre retirarse de la contienda electoral, por considerar que los comicios son inconstitucionales sin la restitución del presidente legítimo, por lo que exige su retorno al poder, al igual que la directiva central del Partido de Innovación y Unidad (PINU), quien subordinó su participación en el proceso electoral a esta misma condición. Ambos, adicionalmente exigen la instauración de un proceso constituyente.

Mientras tanto, Brasil presentó ante la ONU una denuncia por los actos de tortura que el Gobierno de facto se encuentra realizando de forma cotidiana contra las personas que se encuentran en la Embajada de Brasil. Fuentes provenientes de la ONU indican que la opción brasileña estaría enmarcada en una intervención de ‘cascos azules’ similar a la realizada en Haití tras el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide.

Personalidades académicas de la Universidad de Tegucigalpa que pidieron anonimato en sus declaraciones indican: “Durante las noches hay fuertes movimientos en los puertos principales y carreteras del país. Al parecer llegan suministros tanto militares como de alimentos y otros enseres para apoyar la continuidad del Gobierno golpista. Estas mercancías estarían llegando desde EE UU, Panamá y Colombia, además de otros sectores privados vinculados con los sectores más reaccionarios del continente”.

¿Hacia un conflicto armado? DIAGONAL ha podido constatar que existe un fuerte movimiento interno por conseguir armamento en las fronteras de Honduras. Esta información fue confirmada por el presidente Daniel Ortega en declaraciones públicas, lo que permite adelantar una agudización de la crisis tras de la ruptura del diálogo. A esto, se debe sumar la denuncia de la ONU sobre la contratación de, al menos, 40 paramilitares colombianos para brindar seguridad a los grandes terratenientes del país.

Dentro de este contexto, se visualizan estrategias separadas por parte de la resistencia y el presidente Zelaya. Según declara a DIAGONAL Juan Barahona, uno de los líderes de la resistencia: “El presidente Zelaya ya ha dicho que está dispuesto a firmar el Acuerdo de San José y a renunciar a la Asamblea Constituyente durante el período que falta para que termine su mandato. Nosotros vamos a respetar esta posición. Sin embargo, como resistencia, no vamos a renunciar nunca a impulsar la Constituyente y seguiremos movilizándonos mientras esta condición no se dé”.

Escalada represiva tras el fin de la negociación La represión del Gobierno golpista continúa, y según nos indica Rafael Alegría, líder de Vía Campesina y de la Resistencia Nacional, “se registran 22 muertos de momento, entre ellos Jairo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Formación Profesional”.

Según relata a DIAGONAL el portavoz del comité de abogados de la Resistencia, “aunque se redujo la represión durante el diálogo, en la actualidad hay más de cien personas con resolución de prisión, acusados por sedición que podrían llegar hasta diez años de prisión”. Y prosigue: “Ya hay una denuncia presentada a la Corte Penal Internacional por una organización de prestigio internacional que inculpa al Gobierno golpista por los crímenes que está cometiendo”.

Los planes militares de Estados Unidos en Latinoamérica

LAS SIETE BASES EN COLOMBIA, MUESTRA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NORTEAMERICANA

La estrategia de EE UU en Latinoamérica encuentra en Colombia un fuerte aliado. Las siete nuevas bases asegurarían al Ejército estadounidense total operatividad militar en la región.

Decio Machado. Caracas (Venezuela)

El pasado 18 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos enviaba una hoja informativa al conjunto de cancilleres de la UNASUR: “El 14 de agosto de 2009, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llegaron a un acuerdo provisional ad referendum sobre el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa (DCA). El acuerdo se encuentra ahora bajo revisión final para su posterior firma”.

Dicho episodio despertó en toda América Latina muchas voces críticas provenientes tanto desde espacios institucionales como desde la sociedad civil y su tejido asociativo. Dicha cuestión conllevó a que se organizara a finales de agosto la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado de la UNASUR en la turística ciudad de Bariloche (Argentina), así como la posterior Cumbre de Cancilleres y Ministros de Defensa en Quito a mediados de septiembre. En ambas citas, el Gobierno colombiano se quedó solo ante el resto de países miembros, defendiendo una posición de secretismo y falta de compromiso para asumir las medidas de confianza que le requieren el resto de Estados miembros de la UNASUR, presidida en este momento de forma temporal por el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Nueva doctrina militar

Según el informe Un Continente bajo amenaza, emitido en agosto por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, la política militar estadounidense ha pasado de preparar “escenarios entre bloques relativamente similares o equilibrados a guerras asimétricas en dos sentidos: a) Guerras entre Estados con enormes diferencias de potencialidad bélica, de movilidad y de manejo de otro conjunto de mecanismos de presión económicos y políticos; b) Guerras contra no-Estados, con reglas de juego inciertas que no se circunscriben a las establecidas en los códigos internacionales y sin restricciones fronterizas equivalentes a las de los Estados”.

Un funcionario de Defensa brasileño, el comandante de fragata Nelson Morantes, desde similar visión, indica: “La lógica militar estadounidense desarrollada tras el 11-S plantea la posibilidad de conflicto bélico por parte de los EE UU con los llamados ‘Estados fallidos’. Nuestro ejemplo en el continente sería Haití, si bien en la actualidad los norteamericanos lo enfocan más a Venezuela y Bolivia e incluso Ecuador; así como la posibilidad de conflictos con organizaciones tipo al-Qaeda, lo que en nuestro continente se traduciría en organizaciones populares, ecologistas o indígenas. Por hacer una correlación, la al-Qaeda de Afganistán serían las organizaciones mapuches del Sur de Chile”.

En contraposición a los riesgos indicados, la política militar de los EE UU para América Latina ha pasado a contemplar cuatro modelos de posicionamiento militar diferenciados en el continente.
El primero son las bases grandes, modelo Guantánamo, con instalaciones militares completas, equipo y un cuerpo de efectivos militares acompañados de familia y larga permanencia.

El segundo modelo son las bases de carácter mediano, modelo Soto Cano (Palmerola) en Honduras, con instalaciones que permitan misiones largas, pero con personal que se renueva cada seis meses.

El tercero son las bases pequeñas, las llamadas FOL (Foreign Operating Locations), rebautizadas políticamente como Cooperative Security Locations (CSL). Se trata de bases como Manta, Curaçao o Comalapa, con muy poco personal pero con mucho desarrollo en materia de comunicaciones tanto para monitoreo como para garantizar las conexiones y el envío de información a los centros de acopio y procesamiento que hay en territorio estadounidense (Network, Centric Warfare). Son bases de respuesta rápida y articulación regional, sobre todo dirigida al entramado de las bases micro.

Y, por último, las bases micro: posiciones que permiten posarse para despegar (lily pads), a la manera de los saltos de rana –saltando para avituallarse y tener mayor radio de acción–, permitiendo que con una secuencia bien planeada de estas bases se pueda abarcar un área muy amplia, a manera de nodo para operaciones de respuesta rápida, y con mucho menos costo que las anteriores. Un ejemplo sería la base Iquitos en Perú.

Para los analistas Ana Esther Ceceña y Rodrigo Yedra, “el cambio en las características de las bases en América Latina se pone en marcha en 1999 con la instalación de las tres FOL (Manta, Curaçao y Comalapa) que sustituyen a la base de Howard en Panamá”. Y prosiguen: “No se trata de bases de EE UU, sino de bases de los países en cuestión en las que se aprueba el uso de las instalaciones por el personal estadounidense. Pero, por encima de la figura jurídica con la que se legaliza la ocupación, son bases supuestamente administradas por el personal local, que no conoce lo que ocurre dentro ni las operaciones que hace el personal situado en la base en los territorios de alrededor”.

En este sentido, el propio presidente Correa advirtió públicamente en varias ocasiones de la posibilidad de que algún avión estadounidense que operaba desde el FOL de Manta formase parte de la operación de ataque a Angostura, el 1 de marzo del año pasado, donde murió el entonces número dos de las FARC, Raúl Reyes, todo ello bajo el total y absoluto desconocimiento de las autoridades locales ecuatorianas.

Bases en Colombia Según la hoja informativa emitida por los EE UU, el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa con Colombia profundizará la cooperación bilateral en asuntos de seguridad en los temas de producción y tráfico de drogas ilícitas, terrorismo, contrabando de todo tipo, desastres humanitarios y naturales.

Sin embargo, según fuentes del Ministerio coordinador de la Seguridad Interna y Externa de Ecuador, esto es una falacia: “Bases de las características de las que se quieren articular en Colombia carecen de efectividad para los objetivos que se indican. Antes de que Ecuador recuperase la soberanía de la Base de Manta, suceso que se dio el mes pasado, en los últimos cinco años de control estadounidense se produjo un incremento del tráfico de drogas en el Pacífico, a pesar del patrullaje que diariamente se realizaba desde allí”.

El analista y profesor universitario argentino Gilberto Bermúdez explica a DIAGONAL: “Las naves, aeronaves y equipos superan largamente las verdaderas necesidades de control a grupos ilegales armados y narcotraficantes. Sobre los objetivos reales de estas bases hay varias interpretaciones. La mía es que, a pesar de que el presidente Uribe lo niegue, existen veladas intenciones de constituirse en bases para un control extraterritorial”.

“El problema real es Palanquero, madre de las bases colombianas, ya que es el centro operativo de las Fuerzas Armadas colombianas y pasará a ser el eje del control estadounidense en Sudamérica”, indica a este periódico Armando Acosta, miembro del Polo Democrático Alternativo y militante de los movimientos por la paz en Colombia.

Según Acosta, “Palanquero tiene una pista de más de tres kilómetros de longitud, desde ella pueden despegar tres aviones de combate al mismo tiempo cada dos minutos, tiene una infraestructura de hangares para centenar y medio de aviones y puede albergar a 2.000 efectivos militares”.

Para los expertos militares de los 12 países que componen la UNASUR, con excepción de Colombia, Palanquero es una “base expedicionaria, tiene la capacidad de albergar C-17, aviones de transportes, y para 2025 se prevé que esta base tenga la capacidad de movilizar a 175.000 militares con sus pertrechos en apenas 72 horas”. Es decir, una base para movilizar ejércitos enteros a cualquier punto del continente. Para Emilio Lopetegui, militante social chileno integrado en las redes antimilitaristas del continente, la situación es la siguiente: “Asistimos a una fuerte escala del gasto militar en la región. Brasil ha comprado en 2007 y 2008 un número importante de aviones caza, barcos y helicópteros, su presupuesto militar este año es de 24.000 millones de dólares, aproximadamente un 1,47% de su PIB. En este momento los brasileños desarrollan un programa importante en materia militar con los franceses. El programa incluye la fabricación de un submarino de propulsión nuclear y cuatro convencionales. De igual manera, los demás países de la zona, a su escala, incrementan su gasto militar. Colombia es cuatro o cinco veces más pequeño que Brasil, pero tiene un presupuesto este año de 10.000 millones de dólares, un 2,82% de su PIB, inigualable por ningún otro país latinoamericano”.

Lopetegui nos indica que el año pasado en Suramérica se gastaron 34.100 millones de dólares en adquisición de equipos militares, y concluye: “Este año será peor”.

El profesor Bermúdez explica: “Colombia es un Israel en nuestro continente. Con las siete nuevas bases, más los operativos ya existentes en la actualidad por parte de las fuerzas militares gringas en ese territorio, estamos hablando de que en pocos años Colombia puede tener una capacidad operativa similar o incluso mayor a la de Israel en Oriente Medio”.

LAS BASES DEL ACUERDO

El acuerdo militar entre EE UU y Colombia asegura el acceso continuado de EE UU a instalaciones colombianas específicamente acordadas: tres bases de la Fuerza Aérea (Palanquero, Apiay y Malambo), dos bases navales (Cartagena y Málaga), y dos instalaciones del Ejército (Tolemaida y Larandia). De igual manera, el acuerdo contempla la utilización de otras instalaciones militares colombianas previo común acuerdo.

Escalada militar en la región

Según el informe Military Balance 2009 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el gasto total en defensa de Latinoamérica aumentó 91% en los últimos cinco años. Todas las previsiones indican que 2009 cerrará con un gasto sustancialmente mayor. Uno de los países con mayores gastos es Brasil. El gigante latinoamericano mantiene una línea geopolítica orientada a consolidar su posición de primera potencia regional. Esto, sumado a su voluntad de formar parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, así como su papel protagónico en la misión de Cascos Azules en la isla de Haití, explican este incremento en su gasto militar. Otro país de enorme potencial militar es Chile. Recientemente, la presidenta Michelle Bachelet envió un pro yecto al Congreso para modificar la Ley Reservada del Cobre, que destina el 10% del ingreso por las ventas de cobre a las Fuerzas Armadas, lo que les ha permitido durante años una fuerte inversión tecnológica y renovación permanente de armamento. Este mismo año, Chile confirmó la compra de aviones antisubmarinos y ocho helicópteros de fabricación francesa, además de la adquisición de 18 aviones F-16 a Holanda, por un monto de 270 millones de dólares. De igual manera, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la compra de tanques rusos para contrarrestar la presencia estadounidense en Colombia. Entre 2007 y 2008, Venezuela compró armas por valor de 1.531 millones de dólares a Rusia.

51.000 MILLONES DE DÓLARES EN ARMAS

En 1994, América Latina gastó 17.600 millones de dólares. En 2003, la cifra había ascendido a 21.800 millones de dólares, en concordancia con el clima bélico post 11-S. Según el informe publicado por el centro de estudios argentino Nueva Mayoría, esta cifra se ha elevado en 2008 a 51.100 millones de dólares.

CHILE LIDERA EL GASTO PER CÁPITA

Chile lidera el gasto militar por habitante, que ascendió a 290 dólares per cápita en 2008, mientras Colombia gastó 115, Ecuador 89 y Brasil 80. Los militares chilenos se financian con un impuesto del 10% sobre las ventas brutas de la estatal Corporación del Cobre, establecido por la dictadura militar (1972-1990) en la llamada Ley Reservada del Cobre.

EL RÁNKING LATINOAMERICANO EN GASTO MILITAR

Brasil se dejó el año pasado 27.540 millones de dólares en gasto militar (55%), seguido por Colombia, con 6.746 millones (14%), y Chile, con 5.395 millones (6,5%). Venezuela, por su parte, es el cuarto país sudamericano en gasto militar y el segundo en inversión, con unos 5.000 millones de dólares en compras el último año, que consistieron en aviones caza Sukhoi, de origen ruso, helicópteros, sistemas de defensa aérea y fusiles de asalto.

Quienes apoyan al gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti

por Decio Machado

Honduras es uno de los países más pobres del continente americano (el tercero en el ranking de pobreza). El 63% de las familias hondureñas sufre desnutrición y miles de niños y niñas viven en la calle.

En 2006 Honduras firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EEUU. La consecuencia de dicha firma para el país centroamericano, quien lo suscribió con pretensiones de aumentar sus exportaciones y conseguir mayor inversión extranjera, fue que éstas incluso disminuyeron y aumentó el déficit comercial de Honduras con el gigante del norte. La agricultura hondureña se empobreció más aún de lo que ya estaba, y se perdieron miles de empleos en el sector de medicamentos genéricos, como condición por la protección de patentes farmacéuticas establecidas en el TLC.

A través de un particular proceso de evolución paulatina del presidente Mel Zelaya hacia la izquierda, en 2008, Honduras ingresó en el ente petrolero Petroamérica (empresa formada por compañías estatales petroleras latinoamericanas) y se incorporó al ALBA.

La versión oficial para el golpe de Estado la ofreció el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas-Zamora, quien declaró a BBC Mundo que “Zelaya se quedó sin apoyo de la élite política y estaba enfrentado al Congreso. Esta situación creó un dilema de gobernabilidad, sólo superable si Zelaya abandonaba sus pretensiones de modificar la Constitución y se creaba un mecanismo que permitiera al ejecutivo y a los diputados tomar decisiones de manera colegiada”. En resumen, la oligarquía hondureña, el poder eterno del país, pretendía que Mel Zelaya fuese presidente pero sin gobernar.

La posición firme de Zelaya ante las instituciones políticas hondureñas, definidas más de una vez como "tozudez" por parte de las élites centroamericanas y la rancia oligarquía local, generó un fuerte conflicto interno donde las acusaciones al presidente constitucional fluyeron en los medios de comunicación bajo calificativos de “populista” (consecuencia del incremento del salario mínimo y de los planteamientos de consulta popular a través de una cuarta urna con la finalidad de ver si la población quería un cambio constitucional). La estrategia de desestabilización de las fuerzas reaccionarias concluyó en un golpe de Estado que pretendió justificarse con inverosímiles razones y argumentaciones poco creíbles. Ningún país del planeta ha apoyado oficialmente a los golpistas, lo cual significó un hito histórico en este tipo de sucesos.

Lo sucedido en Honduras ha sido un golpe neoliberal, en beneficio de los más ricos y de una escuálida clase media con pretensiones de ser rica.

¿Quiénes apoyan a Micheletti y al gobierno de facto?

La experta en temas militares hondureña, Leticia Salomón, investigadora de la Universidad Nacional, no tuvo dudas en referenciar a los autores del golpe, indicando que: “fue planeado por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002) y dueño del periódico `La Tribuna`, que junto con ´La Prensa´, ´El Heraldo´, los canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron el pilar fundamental del golpe”.

Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario “La Tribuna”, fue una de las puntas de lanza en la campaña que el último año promovió el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra Zelaya, y que sostenía reuniones desde el año anterior con John Dimitri Negroponte, puente con los “halcones” estadounidenses, cuando este era secretario adjunto para Asuntos Hemisféricos del gobierno de George W. Bush.

El grupo al que hace referencia Salomón debe completarse con Jaime Rosenthal y Gilberto Goldstein, dirigentes del Grupo Continental, emporio que monopoliza la banca hondureña, la agroindustria y medios de comunicación como ´El Tiempo´ y ´Canal 11´. El resto de familias que componen la oligarquía hondureña, controlando el 90% de la riqueza del país, y que apoyaron el golpe contra Zelaya son: Rafael Ferrari, Juan Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, el empresario energético Fredy Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo Lippman y el contructor Rafael Flores, entre otros. Dentro de la trama golpista, destaca otro personaje "oscuro entre los oscuros", el magnate Miguel Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, y quien hoy monopoliza el negocio de la palma aceitera y en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor real.

En este sentido, no es de extrañar que la empresa privada hondureña haya sido uno de los actores que en primer lugar apoyaron el golpe de Estado y del gobierno ilegítimo, calificando al golpe como un proceso “democrático” e “irreversible”.

Así lo aseguró Alejandro Álvarez, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la organización económica privada más poderosa de este país que aglutina a 62 asociaciones gremiales. Según este magnate del sector de la construcción hondureña, “Honduras está en un proceso de rescate de una Estado de Derecho precario…, porque un poder quiso ponerse encima de la ley”, haciendo referencia a la consulta popular auspiciada por el destituido presidente Zelaya con respecto a su iniciativa de la cuarta urna. Álvarez es también vicepresidente de la Cámara Hondureña de la Construcción (CHICO), y en marzo de este año, al ser elegido presidente del COHEP, con el cinismo propio de un golpista, se declaraba apolítico y se inclinaba públicamente por "establecer un diálogo con el gobierno para apoyar de manera dinámica las iniciativas en las cuales coincidan y discutir aquellas en las que existían divergencias".

Otro destacado dirigente empresarial golpista es Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), otro habitual de las marchas Unión Cívica Democrática (organización que apoya socialmente al gobierno golpista). Según Facussé, “Ha habido respeto al orden constitucional frente al presidente depuesto que no quería respetarlo, porque era ilegal lo que estaba haciendo”. El 13 de septiembre Facussé fue deportado desde el aeropuerto de Miami al de San Pedro Sula por las autoridades de migración estadounidenses. Su pasaporte fue sellado con la palabra “Inadmisible”.

Luis Larach, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, organización empresarial de la zona norte y la más poderosa económicamente del país, es otro de los empresarios que ofreció inmediatamente respaldo a Micheletti en otro comunicado, en el cual invitó además “a la población hondureña a mantenerse firme en defensa de la democracia”.

Estos tres personajes forman parte de los varios empresarios que financian y participan en las marchas de la Unión Cívica Democrática (grupo que apoya socialmente el golpe), y son parte de los sostenes internos más importantes para el gobierno de facto.

El poder empresarial golpista hondureño está claramente marcando el rumbo del país, pudiéndose definir así un holding de empresas golpistas entre las cuales destacaríamos las siguientes en los siguientes ámbitos:

- En el ámbito de los diarios, revistas y productos impresos: La Prensa, El Heraldo, Estilo y Diez, todos propiedad de Jorge Canahuati Larach; el periódico La Tribuna y Lithopress Industrial del ex presidente Carlos Flores Facussé; y el Hablemos Claro, Hablemos Claro Financiera, As Deportivo y Cromos todos ellos de propiedad de Rodrigo Wong Arévalo.

- En el ámbito de la TV, cable, telefonía e Internet: Grupo Televicentro, Canal 5, Telecadena 7 y 4, Telesistema 3 y 7, MegaTV, Multivisión, Multifon, Multidata y Televicentro Online, todos del magnate Rafael Ferrari; el Canal 10 o TEN de Rodrigo Wong Arévalo; Canal 54 de Jorge Faraj y Camilo Atala; Tigo-Celtel de Antonio Tavel Otero; Telemás de Gabriela Núñez; y 45TV La Ceiba y Televisión 8 Tela de Rodolfo Irías Navas.

- En el ámbito de las radios: Emisoras Unidas, HRN, Radio Norte, Suave FM, Rock n`Pop Vox FM, XY, 94 FM, Radio Satélite, Radio Caribe y Radio Centro, todas del holding mediático de Rafael Ferrari; Audiovideo, Radio América, Radio San Pedro, Súper 100, La Moderna y Radio La Ceiba de Miguel Andonie Fernández; y Comunicaciones del Atlántico, Radio El Patio La Ceiba, Stereo 91 La Ceiba, Stereo 102.5 La Ceiba, Romántica 103.5 FM La Ceiba, Radio Aguàn Colón, 92.7 FM Tela y 91.5 FM Tela de empresario mediático Rodolfo Irías Navas.

- En el ámbito de comidas y bebidas, son resaltables: Burger King, Little Caesar´s, Church´s Chicken, Popeyes, Dunkin´ Donuts, Baskin Robbins, Pollo Campero y Chilli`s de Rafael Ferrari; Pizza Hut, Kentucky, Agua Azul, Aquafina, Pepsi, Seven Up, Mirinda Naranja, Mirinda Uva, Teem, Enjoy, Adrenaline, Gatorade, Quanty, Be-Light, Link, SoBe Energy y Tè Lipton envasado, todo controlado por el empresario pro golpista Jorge Canahuati Larach; Yummies Zambos, Yummies Ranchitas, Cappy, las diversas Ziba´s, Taco de Rancho, Chicharrones de Rancho, Mazola, las diversas Íssimas y frutas y vegetales Áltima, todos estos productos bajo control de Miguel Facussé Barjum; y Leche Sula, Leche La Pradera, Leche en polvo Sula, Malteadas Sula, jugos de naranje y fruta Sula, Babida Fristy Slua, Queso quesillo requesón Sula, Queso Cheddar Gouda Edam y Pecorino Sula, Mantequilla crema Sula, Margarina Sula, Mozarella Sula, Yogurt Sula, Yogurt Gaymonts y Lait y Agua Sula, de Schucry Kafie.

- En el ámbito de entidades financieras, consorcios y manufacturas, destacan: Grupo Ficohsa, Banco Ficohsa, Interamericana de Seguros, Ficohsa Express, PSI Proyectos y Servicios Inmobiliarios, Dicorp, Fundación Ficohsa, todas estas compañías de Jorge Faraj y Camilo Atala; Grupo Terra de Freddy Nasser; Asin y Audiovideo de Miguel Andonie Fernández; Grupo Roble de Ricardo Maduro; Fondo Hondureño de Inversión Turística (Bahía de Tela), Grupo Televicentro, Emisoras Unidas y Telerón de Rafael Ferrari; Grupo Dinant (antes Corporación Cressida), Químicas Magna, Cressida Industrial, Químicas Láser, Alimentos Dixie y Exportadora del Atlántico, todas de Miguel Facussé Barjum; Lactohsa de Schucry Kafie; Corinsa y Embotelladora de Sula de Jorge Canahuati Larach; Comunicaciones del Atlántico de Rodolfo Irías Navas; y la Fundación Covelo y el Banco Covelo de Adolfo Facussé.

- En el ámbito de la energía y el combustible, destacan: Emce, Petróleos de Honduras, Gasolineras Uno, Tramaq (transportes), Enetran y las plantas térmicas Enersa, Elcosa y Río Blanco, propiedad de Freddy Nasser; la planta termoeléctrica Lufussa de Schucry Kafie; la compañía Semeh de Rafael Ferrari y Arturo Corrales; y la de biocombustibles Dinapower, propiedad de Miguel Facussé Barjum.

- En el ámbito de comercios y centros comerciales: Supermecado La Colonia y Diunsa de Mario Faraj; Jestereo, La Curacao, Tropigas y Mall Multiplaza de Ricardo Maduro; Eleganza, Jorge J. Larach & Cía y Comercial Larach de Jorge Canahuati Larach; Proconsumo, Xedex, Audaz y Ganex de Miguel Facussé Barjum.

- En el ámbito de medicinas y farmacias: Laboratorios Finlay de Jorge Canahuati; Infarma, Mandofer y Farmacia Regis de Miguel Andonie Fernández.

- En el ámbito textil y maquilas: el Grupo Lovable de Juan Canahauti, y Textiles Río Lindo de Adolfo Facussé.

- En el ámbito de hoteles destaca el Intercontinental de Ricardo Maduro.

- En el ámbito de transporte: Inter Airports de Freddy Nasser; Catisa, Tupsa y Trasul, todas de Roberto Micheletti.

- En el ámbito deportivo: el Olimpia de Rafael Ferrari; el Motagua de Camilo y Pedro Atala.

Por otro lado, la constitución interna de los sectores sociales que apoyan a Micheletti es la siguiente: por un lado, la máxima dirigencia la lleva adelante un sector de la burguesía acomodada liderada por la esposa de Carlos López, “canciller” de Micheletti, Armida de López Contreras. Los coordinadores de nivel medio son empleados de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, y algunos empleados de la empresa privada. Las bases no existen y los movilizados provienen de sectores marginales de Tegucigalpa a quienes se les garantiza el pago de 300.00 lempiras por marcha (aproximadamente unos 15 dólares), el transporte de ida y vuelta, la comida de ese día, además de una camiseta blanca.

En el liderazgo de estos grupos, destaca entre otros el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, que manejando fondos inicialmente procedentes de la empresa privada y posteriormente de las arcas municipales (muchos de ellos provienen previamente del gobierno central), es el responsable logístico de muchos de estos grupos.

También destacan entre los apoyos al régimen golpista: los poderes judiciales, Congreso Nacional, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, y Comisionado Nacional de Derechos Humanos, todos ellos electos por el Congreso dirigido en su momento por Roberto Micheletti, y seguidores ideológicos de Carlos Flores Facussé.

También es reseñable la Iglesia católica, como uno de los primeros actores en posicionarse a favor del golpe de Estado en Honduras. En un comunicado de la Conferencia Episcopal, leído por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y avalado por los 11 obispos que integran dicha institución, el máximo órgano de la Iglesia católica hondureña, se posicionaba claramente a favor del gobierno de facto de Roberto Micheletti, haciendo un llamado al presidente constitucional Manuel Zelaya para no volver a Honduras, e intercediendo ante la OEA a favor de los golpistas.Con el Ejército como principal valedor y garante del gobierno ilegítimo y estandarte junto con la Policía de la brutal represión diaria que se ejerce en especial en las cuidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a primeros de agosto los reservistas de las Fuerzas Armadas de Honduras expresaron también su apoyo al gobierno de Micheletti. El presidente de la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas, coronel en retiro César Ordóñez, entregó a Micheletti, el pasado 7 de agosto, la bandera hondureña como muestra de que la organización, según dijo, está “a disposición” de su Gobierno.

¿ Y en el ámbito internacional?

Aunque el rechazo al golpe de Estado en Honduras ha sido unánime en todos los foros internacionales incluido los 192 países que componen las NNUU, destaca en el marco internacional el apoyo encubierto ejercido por algunos gobiernos al presidente de facto en Honduras.Según El Heraldo de Honduras, las embajadas de Taiwán e Israel, son las únicas naciones que hasta el momento han reconocido al gobierno de facto de Roberto Micheletti, en contraposición al contundente rechazo de la comunidad internacional.

El gobierno de Colombia, a pesar de haber retirado previamente a su embajador de Tegucigalpa, organizó el pasado 20 de julio, una reunión con representantes del gobierno de facto en Bogotá. El diálogo entre el canciller del gobierno golpista, Carlos López, y el presidente colombiano Álvaro Uribe se desarrolló entorno a “la situación en Honduras, la situación interna que estamos viviendo” según confesaba días después el propio canciller ilegítimo hondureño.

López no tuvo recato en indicar que Uribe expresó su “simpatía” por el Gobierno de Micheletti y que la reunión se debió a que ambas naciones son “víctimas de agresores externos comunes, como Hugo Chávez”, a quien consideró “una amenaza para las naciones, para la independencia de cada una de ellas”. El gobierno colombiano se vio obligado a reconocer que la reunión existió, que fue secreta, pero en su descargo se declaró que esta se dio en el marco de la mediación del presidente Oscar Arias, cosa que en ningún momento se ratificó oficialmente por parte del primer mandatario costarricense.

De igual manera, aptitudes contradictorias tuvo también el gobierno de Panamá, que a través de su vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, alabó el pasado 21 de julio a las Fuerzas Armadas golpistas de Honduras. Varela indicó que “en Honduras he visto un ejército responsable de acatar decisiones de la Corte Suprema de Justicia y estar metidos en la mitad de una crisis que ellos no la formaron”, olvidando que el ejército hondureño no está sometido a las órdenes de la Corte Suprema, si no a las de su Comandante en Jefe, el presidente legítimamente elegido por el pueblo en las urnas, en este caso Manuel Zelaya.

La derecha más reaccionaria de América Latina ha expresado de diversas maneras su apoyo al régimen de Micheletti. Entre ellos destacan las declaraciones de apoyo al gobierno ilegítimo de la hija del golpista chileno Augusto Pinochet, la concejal Lucía Pinochet, o del empresario venezolano Pedro Carmona, quien protagonizó el golpe de 2002 en Caracas que sacó del poder durante 48 horas al presidente Hugo Chávez, o incluso la del líder aprista del congreso peruano, Jorge del Castillo, quien también se manifestó públicamente indicando que lo habito en Honduras “mas que un golpe fue un contragolpe para evitar el golpe que preparaba Zelaya”. Ni Panamá ni Perú retiraron sus embajadores de Tegucigalpa.

En Venezuela, Globovisión, cadena de televisión afín a los sectores opositores al gobierno presidido por Hugo Chávez, también han manifestado sus simpatías por el golpe de Estado en el pequeño país centroamericano. Los conductores de los diversos programas de Globovisión no han hecho más que apoyar el golpe de Estado en Honduras desde el 28 de junio, acusando a su vez al gobierno de Chávez de injerencia por haber condenado dicho hecho. En este sentido, Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión afirmó el pasado 17 de julio que “El gobierno de Micheletti está ajustado a la Constitución, y nosotros quisiéramos, nos encantaría que aquí en Venezuela se respetara la Constitución como se está respetando en Honduras”, indicando así un claro apoyo al gobierno golpista.

Ese mismo día, el dueño de Globovisión y también propietario del concesionario Toyoclub Valencia C.A., admitió que la empresa automotriz que dirige especula con los precios de los vehículos. “Nosotros puede ser que especulemos, pero damos fuentes de empleo”, afirmó el dueño de Toyoclub, concesionario cerrado por mantener en situación de ocultamiento 24 vehículos en una de las residencias de Zuloaga, ubicada en Los Chorros, Caracas. Al ser interrogado sobre por qué los empresarios como él especulan con los precios de los vehículos, pese a que reciben divisas a precio oficial (Bs 2,15) por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para sus importaciones, Zuloaga volvió a indicar escuetamente que “los concesionarios generan puestos de trabajo”, demostrando así cual es la ética empresarial que caracteriza a empresarios de esta calaña.

En los Estados Unidos el golpe de Estado en Honduras ha contado con el respaldo de diversas figuras públicas del mundo de la política.

La congresista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, declaraba poco después del golpe que “las fuerzas militares en Honduras respetaron la Constitución” al remover al presidente José Manuel Zelaya del poder.

Esta congresista estadounidense, conocida en Cuba como la “Loba Feroz” tras su participación en el caso Elián, no tuvo ningún pudor en declarar que “Zelaya manifestó una conducta irregular por sus reiteradas violaciones a la constitución y a las leyes e inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos institucionales”.

Ros-Lehtinen apoyó el secuestro en Miami del niño cubano Elián González, y es célebre en el Congreso por dar su voto a todas las causas de la derecha contra Cuba y los movimientos progresistas de América Latina.

También el senador estadounidense del Partido Republicano por Carolina del Sur, Jim DeMint, argumentó que el presidente constitucional Mel Zelaya es un “dictador estilo Chávez” y un “líder ilegítimo”, al mismo tiempo que le ha exigido al presidente Obama que debería “apartarse de déspotas” y que “EEUU debe dar todo el apoyo a la gente de cualquier país que estén luchando por los mismo valores que compartimos y defendemos en EEUU”.

En la actualidad, DeMint mantiene su bloqueo al voto de confirmación del académico Arturo Valenzuela como responsable para América Latina del Departamento de Estado de los EEUU. DeMint también se opone al voto de confirmación de Tom Shannon, seleccionado por el presidente Barack Obama como embajador para Brasil y que ocupaba el cargo para el cual el mandatario nombró a Valenzuela.

El bloqueo de un nombramiento es un derecho al que pueden recurrir los legisladores de la oposición, dentro del complicado andamiaje legislativo estadounidense. “El senador DeMint mantendrá el bloqueo contra ambos hasta que cambie la postura de la Administración (Obama) con respecto al gobierno de Honduras”, según indicaron fuentes de su oficina a las agencias de información el pasado 18 de septiembre.

Este senador está asociado con el grupo religioso conservador conocido como “La Familia” (organización internacional política cristiana), y apoyó públicamente la dictadura militar en Honduras en la década de los 80, cuando el entonces embajador estadounidense, John Negroponte, convirtió a Honduras en una base para las operaciones paramilitares contra el sandinismo y los movimientos revolucionarios en Centroamérica.

El movimiento “La Familia” está incorporado en EEUU como una organización libre de impuestos, operando bajo el nombre de la Fundación Fellowship. Mientras que ellos no conducen operaciones de recaudación de fondos, reportaron ingresos de más de $12 millones en el 2003 en donaciones. Su misión, según su acta fundacional, consiste en: “desarrollar y mantener una asociación informal de grupos de personas, para salir como `embajadores de reconciliación`, modelando los principios de Jesús, basados en el amor a Dios y a otros”. Los grupos de este movimiento se han reunido en el Pentágono y el Departamento de Defensa, y tienen conexiones directas y claras con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

DeMint es uno de los integrantes más destacados del grupo de senadores ultraconservadores que cuestionan la posición del presidente Obama con respecto al gobierno ilegítimo de Honduras. Estos legisladores, encabezados por el líder conservador en la Cámara Alta, Mitch McConell, expresaron en una carta remitida a Hillary Clinton la necesidad de reconsiderar la posición “unilateral” de la Administración Obama respecto a Honduras.

También el congresista republicano Aaron Shock divulgó recientemente un análisis del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, según el cual "la destitución del ex Presidente Zelaya fue constitucional y (la) debemos respetar", aunque también halló ilegal que el Mandatario hubiese sido expulsado del país.

Durante su discurso, el congresista resaltó que “es inaceptable que nuestro gobierno (EE.UU.) trate de obligar a Honduras a violar su propia constitución al cortarle la ayuda extranjera" al mismo tiempo que recomendó reanudar la asistencia estadounidense e internacional a Honduras, devolver las visas de funcionarios hondureños, reconocer la legitimidad de tales comicios si se celebran de manera justa e imparcial. Finalmente, Shock recomendó que el gobierno hondureño permita la salida de Zelaya de la embajada brasileña, reconozca que su derrocamiento fue castigo suficiente por las medidas que él tomó y que llevaron a los hechos actuales, abandone los planes de procesarlo y emita una amnistía general para todos los involucrados en su destitución. Así, Zelaya tendría derecho a hacer campaña para el candidato de su preferencia en las venideras elecciones, pero si incita a la violencia debería ser arrestado y procesado.

De acuerdo con The Washington Post, para los “halcones” conservadores, sostenes del gobierno golpista de Micheletti, “Obama y el Departamento de Estado de EEUU se unieron a Chávez y sus aliados para exigir que Zelaya sea restituido en el poder”.

En la ambigüedad en ocasiones y apoyo expreso en otras, mantenida por diversos actores estadounidenses con respecto a Honduras, es referenciable un editorial del diario neoyorquino The Wall Street Journal, del pasado 1 de julio, en el cual se podía leer que “el golpe militar ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio y que llevó al exilio al presidente de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, es extrañamente democrático”. En este editorial se posiciona que “el Ejército no depuso al presidente Manuel Zelaya por sí solo, sino siguiendo una orden del Tribunal Supremo de Honduras”, y prosigue indicando que “las autoridades legislativas y judiciales permanecieran intactas” tras la acción militar.

Lo más espectacular del editorial consistió en señalar que Obama se ha posicionado en este asunto “junto a Naciones Unidas, Fidel Castro, Hugo Chávez y otros demócratas modélicos”, asegurando a su vez que lo ocurrido en Honduras debe leerse “en el contexto del chavismo latinoamericano”.

El diario conservador estadounidense indica que Chávez utilizó “dinero proveniente del petróleo venezolano para ayudar a que Zelaya ganara las elecciones hondureñas en 2005” y Zelaya, por su parte, ha intentado utilizar “procedimientos ilegales para forzar al Congreso a que reforme la Constitución”.

El editorial concluye indicando que “esa intimidación populista ha funcionado en muchos puntos de la región y en Honduras están comprensiblemente asustados de que, apoyado por el dinero y los agentes de Chávez, se alcance una subversión antidemocrática similar en el país”.

El gobierno golpista contrató inmediatamente después del derrocamiento de Zelaya al lobby estadounidense Chlopak, Leonard, Schechter & Associates, el cual en cuatro meses a cobrado más de 290.000 dólares, y su función ha sido fundamentalmente desarrollar cabildeo a favor de los golpistas en el Capitolio.

En Europa, la fundación alemana Friedrich Naumann Stiftung (FNS) vinculada al FDP (Partido Demócrata Liberal), fue denunciada ante el Parlamento alemán por el grupo parlamentario Die Linke (La Izquierda) por su apoyo al gobierno golpista que encabeza Micheletti. No sorprende entonces descubrir que esta fundación también da cobertura Carlos Alberto Montaner, vicepresidente de la Internacional Liberal y uno de los opositores más recalcitrantes del régimen cubano. La FNS también desarrolla operaciones propagandísticas en contra de los gobiernos progresistas de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

En julio 2007, la agencia alemana de noticias (independiente) German Foreign Policy, señalaba que la FNS “iniciaba un nuevo programa para desarrollar una red de las fuerzas neoliberales a través de América Latina dando una atención especial a las fuerzas opositoras de Cuba, Venezuela y Bolivia”. La FNS se encuentra detrás de la “Red Liberal de América Latina” (RELIAL) que, según su propaganda reúne 46 organizaciones de 17 países.

En Bolivia sin ir más lejos, RELIAL tiene entre sus núcleos más activos al grupo FULIDE del terrateniente Branko Marinkovic quién lidera el Comité separatista pro Santa Cruz. FULIDE tiene la característica de exhibir esvásticas en sus manifestaciones.

En el ámbito de las fundaciones, destaca también la española Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), encabezada por el ex presidente José María Aznar. Esta entidad emitió un documento fechado el 15 de julio en el que defiende el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras, declarando el golpe como una acción de defensa legítima de la libertad y la democracia.

La FAES considera que "la salida de Zelaya ha supuesto el primer retroceso importante para los intereses de Hugo Chávez. Por primera vez, las instituciones de un país han dado la espalda a un líder populista y han salido en defensa de la democracia. La Constitución ha funcionado. Se ha evitado el vaciamiento de la democracia liberal".

A primeros de septiembre, el Comité para América Latina (COLAT) del Consejo de la Unión europea consensuó mantener a Honduras en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, terminología eufemística que utiliza la UE para definir sus TLCs.

En el COLAT del Consejo de la UE, el gobierno español fracasó en su intento de dejar a Honduras fuera de las negociaciones comerciales con la UE.

Según fuentes del COLAT, la Comisión "no quiere dejar aislado a Honduras" en estas conversaciones, que se paralizaron en julio pocos días después de la destitución y expulsión del país del ex presidente Manuel Zelaya. Estaba previsto concluir las negociaciones este año para el Acuerdo de Asociación entrara en vigor en 2010.

Al mismo tiempo que el gobierno español justifica su posición ante sus socios comunitarios indicando que el Acuerdo de Asociación es una prioridad para ellos, dado que ostentarán la presidencia de la UE en el primer semestre del año que viene, los países centroamericanos debaten sobre la conveniencia o no de continuar el proceso con Honduras, tras la declaración condenatoria del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

La presencia del gobierno de facto hondureño en las negociaciones significaría de hecho un reconocimiento implícito de todos los países ssentados en las mesas de negociación.

Pero las prisas tanto de la UE como de determinados países centroamericanos para culminar este proceso, ha conllevado a que el pasado 17 del presente mes, Costa Rica manifestase públicamente la necesidad de modificar el mandato europeo.

“Considero que lo que debemos solicitar es un cambio de mandato (de negociación) a la UE”, declaró el ministro costarricense de Comercio Exterior, Marco Ruiz. El mandato de la UE indica que el acuerdo sólo se firmará con los cinco países centroamericanos en conjunto, es decir, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

El ministro costarricense indicó que se debe “aprovechar el tiempo” y que la idea no es dejar a Honduras fuera del acuerdo, sino que se pueda adherir cuando tenga un gobierno legítimamente reconocido. Esta posición a determinado que se fuera al traste las operaciones de la diplomacia golpista hondureña en su búsqueda de que la UE la sentase en la mesa de negociación aunque fuera a cambio de vender el país aun más a intereses extranjeros.

¿ Y las transnacionales?

El Canal 36 de Honduras, denunció que la empresa TIGO apoya al gobierno golpista. Este canal de televisión, quienes eran antes patrocinados por la empresa y ahora –a raíz de su posición crítica hacia el gobierno de facto- se han quedado sin patrocinio.

En las diversas manifestaciones contra el sector empresarial que dieron en Honduras el pasado 27 de julio, los manifestantes quebraron las tarjetas SIM (chip) de la empresa, expresando de esta manera su rechazo al apoyo de dicha compañía al gobierno golpista.

Según voceros de Radio globo, pudieron averiguar que dicha compañía fue fuertemente presionada por “grandes clientes” para adoptar dicha posición. En la actualidad se desarrolla un fuerte boicot a dicha compañía por parte de los sectores de la Resistencia Nacional. La compañía TIGO (da cobertura a tres cuartas partes de los dos millones de abonados celulares en el país) ha estado interviniendo las llamadas a Canal 36 y Radio Globo para impedir la comunicación de ciudadanos y ciudadanas que denuncian los abusos del régimen golpista a través de esos medios.

En un artículo publicado el 18 de julio en el diario hondureño El Libertador, se publicó una lista de 100 personas consideradas como instigadores del golpe que derrocó al presidente Manuel Zelaya. En el puesto 37 de la lista aparece el cubano de Miami Antonio Tavel Otero, director ejecutivo de TIGO.

TIGO es subsidiaria de Millicom Internacional, que es dueña a su vez de Amnet TV y ha sido protagonista de un escándalo de corrupción en Costa Rica durante el primer mandato de Oscar Arias.TIGO.

Millicom es propiedad del grupo sueco Industriförvaltnings AB Kinnevik. Su director ejecutivo es Mikael Grahne y en su directiva está Daniel Johanesson, ex director de la empresa sueca de trenes SJ.

¿Y las instituciones de Bretton Woods?

A pesar del pronunciamiento internacional e incluso uno propio del FMI llamando a la restitución del gobierno legítimo en Honduras, este país recibió, el pasado 28 de agosto, una asignación de 150 millones de dólares del FMI como parte de un programa para suavizar el impacto de la crisis global (Derechos Especiales de Giro –DEG), según su Banco Central. Todo ello a pesar de que otros organismos internaciones suspendieron su ayuda al país tras el golpe de Estado del 28 de junio.

El Banco Central de Honduras, indicó a su vez que recibirá una asignación adicional de 13,8 millones de dólares de DEG en las próximas semanas.Honduras, que fue suspendida de la OEA tras el golpe, sufrió la cancelación de la ayuda del BID y del Banco Mundial –calculada en 200 millones de dólares para el 2009- y Washington canceló ayuda militar por valor de 16,5 millones de dólares.

Publicado el 29 de septiembre de 2009 en el periódico digital Libre Red (www.librered.net).

Los apoyos del Gobierno de Micheletti desde el exterior

Países como Colombia, Panamá, Taiwán o Israel y personalidades como Aznar o el presidente de la cadena Globovisión no han dudado en mostrar su apoyo al golpe de Estado.

Decio Machado

A pesar de que la comunidad internacional en su conjunto ha expresado su rechazo al golpe de Estado en Honduras, así como al gobierno ilegítimo encabezado por Roberto Micheletti, el régimen ha ido desarrollando sus estrategias internacionales y recabando los apoyos de los sectores políticos más conservadores del planeta. Algunos de ellos estuvieron involucrados, incluso, en la conspiración que llevó al derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya.

El 20 de julio, en una reunión con representantes hondureños en Bogotá, la delegación golpista encabezada por el canciller de facto, Carlos López, se entrevistó con el presidente colombiano Álvaro Uribe. El eje principal de esta reunión fue “la situación en Honduras, la situación interna que estamos viviendo”, según relataba días después el propio López a los medios de comunicación hondureños.

En aquella ocasión, y a pesar del rechazo internacional a su gobierno, López no tuvo reparos en indicar que Uribe expresó su “simpatía” por el Gobierno de Micheletti y que la reunión se debió a que ambas naciones son “víctimas de agresores externos comunes, como Hugo Chávez”, a quien consideró “una amenaza”. Por su parte, el Gobierno colombiano nunca emitió ninguna declaración para confirmar o desmentir dicha reunión.

Un día después de esa reunión, el vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, alabó a las Fuerzas Armadas golpistas de Honduras por el manejo “responsable” y “profesional” de la crisis. “En Honduras he visto un Ejército responsable de acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y estar metidos en la mitad de una crisis que ellos no la formaron”, dijo
Varela, olvidando que el ejército hondureño no está sometido a las órdenes de la Corte Suprema, pero sí a la orden del Comandante en Jefe Manuel Zelaya.

Sectores ultraconservadores

Pero a nivel oficial, según una nota de prensa publicada recientemente por El Heraldo de Honduras, las embajadas de Taiwán e Israel, son las únicas naciones que hasta el momento han reconocido al Gobierno de Roberto Micheletti.

Tal y como denunciaron los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, también muchos sectores
ultraconservadores del continente han manifestado su apoyo al gobierno de facto en Honduras. Entre ellos destacan las declaraciones públicas realizadas por el presidente de la cadena de televisión venezolana Globovisión, Guillermo Zuloaga, el pasado 17 de julio: “El gobierno de Micheletti está ajustado a la Constitución, y nosotros quisiéramos, nos encantaría que aquí en Venezuela se respetara la Constitución como se está respetando en Honduras”.

En Europa, dos fundaciones han sido las voceras del gobierno golpista. Por un lado la alemana Friedrich Naumann Stiftung (FNS) vinculada la FDP (Partido Demócrata Liberal), que fue denunciada por ello ante el parlamento germano por el grupo Die Linke. La FNS da cobertura en Europa a Carlos Alberto Montaner y desarrolla operaciones propagandísticas en contra
de los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, estando vinculada a la Red
Liberal de América Latina (RELIAL), a la que está vinculado entre otros el grupo FULIDE del terrateniente Branko Marinkovic quien lidera el Comité separatista pro Santa Cruz en Bolivia. Paralelamente, la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, que emitió un comunicado fechado el 15 de julio en el que defiende el derrocamiento por las armas del presidente Zelaya, afirmando que de esta manera se frenó el “afán expansionista” del “proyecto totalitario
del Socialismo del Siglo XXI”.

Apoyo en los Estados Unidos

MITCH MCCONELL
Líder conservador de la Cámara Alta, encabeza a un grupo de 17 legisladores ultraconservadores cuya máxima es que a raíz del golpe en Honduras, “Obama y el Departamento de Estado se unieron a Chávez y sus aliados”. Claramente vinculado a John Negroponte y a Otto Reich.

JIM DEMINT
Senador del grupo ultraconservador religioso ‘La Familia’, con conexiones en la CIA y el Depto. de Defensa. DeMint es uno de los enlaces con los golpistas hondureños y en la actualidad bloquea
desde el legislativo el nombramiento de Arturo Valenzuela como responsable para América Latina del Departamento de Estado.

ILEANA ROS-LEHTINEN
Congresista del Partido Republicano de origen cubano, otra de las conexiones golpista en EE UU. Es conocida en Cuba como la “Loba Feroz” a raíz de su apoyo al secuestro del niño cubano
Elián González y por dar su voto a todas las causas contra Cuba y los movimientos progresistas latinoamericanos.

Publicado en el periódico DIAGONAL el 1 de octubre de 2009

Tensión regional en América Latina por las siete bases en Colombia

El acuerdo entre Álvaro Uribe y Barak Obama para la utilización por parte del ejército de EEUU de siete bases en territorio colombiano ha levantado una ola de protestas lideradas por los países del ALBA y Brasil

Decio Machado (desde Bariloche/Argentina)

El pasado 14 de agosto, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llegaron a un pacto provisional sobre el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa ya existente entre ambos países para la utilización de siete bases colombianas por parte de fuerzas militares estadounidenses.

El acuerdo establece el uso norteamericano de las bases aéreas de Palanquero, Apiay y Malambo, las bases navales de Málaga y Cartagena, y las terrestres de Larandia y Tolemaida. De todas ellas, la que más temor causa en la región es la base de Palanquero, denominada en términos militares como una "base estacional", con una longitud de pista de 3.500 metros, con capacidad simultánea para decolaje de tres aviones de combate supersónicos cada dos minutos. Sus instalaciones tienen capacidad de albergar 120 aviones y 2.000 personas.

Según informes de las Fuerzas Armadas colombianas, dicha base está adecuada para recibir los aviones C-17, destinados al transporte de efectivos militares y material bélico. Se prevé que en 2025 dicha base tenga la capacidad de recibir y movilizar hasta 175.000 efectivos militares con sus correspondientes pertrechos en 72 horas, como una herramienta más para el control por parte de los EEUU de la ruta estratégica del Pacífico. Esta base tiene como finalidad la movilización de ejércitos enteros en un radio que abarca desde Cabo Verde hasta zonas de Oceanía, pasando por todos los países de América Latina y Caribe a través de los C-17 sin necesidad de recibir abastecimiento de combustible.

El acuerdo negociado por ambos países recoge una cláusula de inmunidad para los soldados estadounidenses desplazados al territorio colombiano, lo cual impediría que cualquiera de ellos fuese juzgado por órganos de justicia del país receptor en caso de violación de derechos humanos, crímenes de guerra o cualquier otra trasgresión del derecho nacional o internacional por parte de estos contingentes militares.

La presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región, sólo puede ser explicada en el contexto de los intereses norteamericanos y su estrategia de movilidad global, control de rutas globales y presencia en lugares que permitan la proyección de la fuerza hacia sitios en los que han sido identificados recursos estratégicos, o países cuya "debilidad" pongan en peligro a la "seguridad de la región".

El presidente colombiano Álvaro Uribe definió como objetivos de este acuerdo con los EEUU la lucha contra el narcotráfico y el combate de lo que desde su gobierno se denomina "narcoguerrilla".

Plan Colombia

Tras diez años de aplicación del Plan Colombia, sus resultados aparecen en la actualidad como claramente insuficientes. El plan fue diseñado en 1998, en la época del gobierno del presidente Andrés Pastrana, con el objeto declarado de disminuir el tráfico de estupefacientes, reducir a la mitad las zonas de cultivo ilícito y resolver el conflicto armado interno en esta nación sudamericana.

El Plan Colombia se proponía reducir en 50.000 hectáreas las zonas de cultivo de coca -en aquel momento la mitad del total-, pero pasado el tiempo la reducción se ha limitado a 10.000 hectáreas. La extensión actual de plantaciones de coca en Colombia se calcula en 92.000 hectáreas.

En diciembre de 2005, un informe de la Comisión de Investigación del Senado estadounidense compuesto entre otros por John Kerry y Barak Obama declaraba su preocupación ante estos hechos: "La falta de pruebas evidentes de progresos documentados en la guerra contra la droga y en la neutralización de los paramilitares es desconcertante considerando los millones de dólares aprobados por el Congreso destinados a financiar el Plan Colombia...".

En este sentido, el último informe publicado por la Oficina Nacional contra la Droga y el Delito (ONUDD), órgano vinculado a las Naciones Unidas, titulado Drogas 2009 y publicado a mediados del presente año, señala a Colombia como el mayor productor de cocaína del planeta, con 430 toneladas de producción, el 51% de la producción mundial, seguido de Perú, otro país aliado de los EEUU en la región, con una producción de 303 toneladas, el 36% de la producción mundial.

Publicado en el periódico Diagonal, el 3 de septiembre de 2009

Colombia, herramienta de desestabilización en la región andina y el diario El País como herramienta de manipulación mediática

Decio Machado

Dentro del despliegue militar del Pentágono en Latinoamérica, la cual incluye maniobras conjuntas, los operativos “humanitarios”, la reactivación desde julio del pasado año de la IV Flota, el Plan Colombia, modernización de FOLs ya existentes y la ubicación de bases militares en distintos puntos del continente, la utilización de siete bases militares sobre territorio colombiano ha abierto una nueva crisis en la región.

Bases militares de EEUU en territorio colombiano

Desde mayo de este año, declaraciones de muy diversa índole, muchas de ellas contradictorias se han ido posicionando por parte de diversas autoridades tanto colombianas como estadounidenses acerca de la reubicación de operaciones militares a partir del desmantelamiento de la FOL (siglas en inglés que significan Puesto de Operaciones Avanzadas) de Manta –Ecuador- a distintos puntos geográficos del territorio colombiano.

Ya en la primera quincena de mayo, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, indicaba que “sin duda” había altas posibilidades de trasladar a Colombia la base militar que operaba en la población ecuatoriana de Manta ante la negativa del presidente Correa de prolongar en convenio militar con los EEUU.

Tal manifestación provocó un aireado reclamo del presidente Chávez, que denunció que la nueva base militar estadounidense se posicionaría en La Guajira (zona fronteriza entre Colombia y Venezuela). En aquel momento, Juan Manuel Santos, aun ministro de Defensa, y hoy aspirante a la presidencia a la Presidencia de la República de Colombia, negó categóricamente dicha posibilidad. Pocos días después, el presidente Álvaro Uribe, rectificaba a su ministro de defensa, indicando que Colombia estaba estudiando esta cuestión.

El pasado 18 de julio se realizó el último despegue de un vuelo de observación de aviones estadounidenses desde la Base Militar Eloy Alfaro de Manta, y el 18 de septiembre dicha instalación militar será recuperada soberanamente por el gobierno y el pueblo del Ecuador, siguiendo el mandato del artículo 5 de su nueva Constitución: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras” y los compromisos electorales de MPAIS con Rafael Correa a la cabeza.

Esta situación obligó al gobierno de los EEUU ha emprender negociaciones inmediatas no solo con Colombia, sino también con Perú, los dos países que quedan en el continente suramericano con gobiernos conservadores.

A primeros de julio, mes y medio después de la confrontación dialéctica entre los presidentes de Venezuela y Colombia, la prestigiosa Revista Cambio (de Colombia), revelaba los acuerdos suscritos entre los gobiernos de Uribe y Obama para el traslado de las actividades militares de la Base de Manta a nada menos que siete bases en territorio colombiano.

A mediados de dicho mes, los ministros colombianos de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y de Interior, Fabio Valencia, así como el comandante de las FFAA, general Freddy Padilla, confirmaban que existía un entendimiento para que naves y personal militar y de agencias antidrogas norteamericanos estén en determinadas bases sobre territorio colombiano.

Tras las revelaciones de la Revista Cambio, la operación norteamericana en Colombia quedó al descubierto ante la opinión pública, saliendo a la luz que durante el mes de junio una comisión de funcionarios colombianos y estadounidenses, encabezada por expertos del Pentágono y del Departamento de Estado, estuvo revisando el borrador de un nuevo acuerdo de cooperación militar entre ambos países, que permitía suplir las funciones que venía cumpliendo la FOL de Manta.

De acuerdo al informe revelado, las bases y su distribución serían las siguientes:

Base Germán Olano de Palanquero
Ubicado al margen del Río Magdalena, en Puerto Salgar. Principal unidad operativa de las Fuerzas Armadas Colombianas. Base de operaciones de aviones dotados con equipos de inteligencia, transporte de tropas y material pesado. Y con infraestructura de dos hangares con capacidad para 60 aviones, con una pista de 3.500 mts., donde pueden despegar 3 aviones simultáneamente.

Base Aérea Alberto Pouwels Rodríguez en Malambo
Sede del Comando Aéreo de Combate No. 3. Opera en el área del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla y presenta múltiples ventajas logísticas y operativas. Es base habitual de operaciones de aviones A-37B, llamados "los dragones del Caribe", que se usan en misiones contrainsurgentes, y de un escuadrón táctico compuesto por más de 300 helicópteros. Desde allí operaría parte de la flotilla de aviones P-3 Orión, más conocidos como "aviones espías".

Base Aérea Capitán Luís Gómez, en Apiay
Es la punta de lanza de las operaciones contra los frentes del bloque oriental de las FARC. Allí se concentran las operaciones de una flota de aviones AT-27 Tucanos y Supertucanos. La base sería el centro de operaciones de aviones de reconocimiento y de los Awacs que son radares volantes de gran alcance.

Base de la Bahía de Málaga y Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena
Serán centros de operaciones de barcos de interdicción en coordinación con aviones P-3 Orión, temidos por los narcotraficantes por su precisión para detectar e identificar blancos en altamar.

El acuerdo contemplaría la utilización parcial de las instalaciones colombianas, diferenciándose del acuerdo firmado para Manta en 1999, por la ampliación de operaciones hacia el Caribe (Océano Atlántico) y cooperación en la lucha contra el terrorismo. Adicionalmente, el Presidente de Colombia anunció el 16 de julio de 2009 que Colombia está interesada en que esa presencia llegue a por lo menos otras dos bases donde ya hay personal asignado de Estados Unidos: Fuerte Militar Larandia, en Florencia y Fuerte Militar de Tolemaida.

Todo ello con una cláusula que indica la renuncia a toda reclamación de indemnización por daños, pérdidas, destrucciones o muertes causadas en el desarrollo de las operaciones militares, así como la inmunidad para todos los miembros de la misión, tanto militares como civiles, frente a las autoridades judiciales colombianas.

Gira de Uribe por el continente

Los posicionamientos de varios países latinoamericanos cuestionando la instalación de bases norteamericanas en Colombia, hizo que el presidente Álvaro Uribe activase una gira relámpago por diversos países de Suramérica.

Uribe arrancó su gira el martes 4 de agosto, visitando Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, donde concluyó en la tarde del jueves 6. La visita relámpago de Uribe apenas ha tenido resultados efectivos en Perú, donde Alan García aseguró haber llegado con Uribe a un “buen acuerdo”, y criticó que Colombia sea víctima de acusaciones sin fundamento de algunas naciones latinoamericanas, en clara alusión a Venezuela y Ecuador.

De los países visitados, Bolivia fue claramente el más crítico, manifestando que pedirá en la UNASUR, en concreto en su Consejo Suramericano de Defensa, rechazar bases militares extranjeras en América Latina. Los demás países manifestaron su preocupación ante estos hechos y una alerta sobre la inestabilidad que esto causa en la región, aunque posicionaron de forma muy diplomática su respeto a la soberanía colombiana, pidiendo transparencia en los acuerdos.

En resumen, Colombia tendrá que afrontar un duro trance el próximo 10 de agosto en el Consejo de Defensa Suramericano, teniendo que dar respuesta a los reclamos y preocupación de múltiples países de la región. Sin duda, el mecanismo de consenso adoptado por UNASUR para la toma de decisiones, salvará a Colombia de la condena, aunque su aislamiento en el contexto regional va siendo cada vez mayor.

El papel de Colombia en UNASUR

Las recientes declaraciones del vicepresidente colombiano Francisco Santos indicando que UNASUR podría “morir” por el hecho de que Ecuador asuma la Presidente Pro Témpore, vienen a dejar claro el rol de obstaculización que Colombia desarrollará durante todo el próximo año en la Unión de Naciones Suramericanas.

Su constante papel de obstaculizador en el grupo de trabajo sobre mecanismo de solución de controversias en materia de inversiones, grupo propuesto por Ecuador en su búsqueda de una alternativa regional al CIADI (centro dependiente del Banco Mundial y al servicio de las transnacionales norteamericanas y europeas), así como su negativa en primer momento a incorporarse al Consejo de Defensa Suramericano, indican una posición clara de freno en todo lo que tiene que ver con el proceso de integración latinoamericano y su desarrollo.

Colombia desarrolla así, un rol estratégico en la zona, no solamente como un elemento de desestabilización regional, sino como un país que ejerce de freno en todo lo concerniente a integración regional. Sin duda, es la cabeza de puente de los intereses norteamericanos en el continente, poco interesados en la posibilidad de construcción de una América Latina unida y trabajando en pro de sus intereses.

Un nuevo intento por desviar la atención

En su estrategia de guerra sucia mediática, Colombia denunció, a través de su vicepresidente Santos, que las FARC contaban con un poderoso arsenal comprado por Venezuela a Suecia, que incluía armas antitanques y lanzacohetes y que había sido
confiscado por el ejército colombiano.

“Ya en varios operativos hemos podido recuperar arsenales de las FARC. Hemos encontrado municiones potentes, equipos potentes, armas antitanques que un país europeo le vendió a Venezuela y que aparecieron en manos de las FARC”, fueron las palabras utilizadas por Santos para incrementar la tensión, desviar la atención de la problemática de las bases estadounidenses en su país y desestabilizar una vez más la región.

El propio Uribe echaba más carne al asador, posicionando un llamamiento internacional: “Que la comunidad internacional en todas partes nos ayude. Estos bandidos han podido acudir históricamente a muchas fuentes de armas. Hemos sabido por inteligencia que ahora están buscando comprar unos artefactos tierra-aire, para atentar contra nuestros aviones”.

Incluso el propio gobierno sueco pidió explicaciones al presidente Chávez ante la incautación de dicho armamento en un campamento de las FARC, reconociendo que estas armas habían sido vendidas a Caracas en 1988 por Saab Bofors Dynamics, filial de Saab AB y fabricante de los lazacohetes antitanques AT-4.

Una vez más, los gobiernos limítrofes con Colombia han tenido que desacreditar las tesis uribistas de intervención en el conflicto interno que arrastra este país desde 1948.

El pasado 5 de agosto, el propio presidente venezolano, Hugo Chávez, tenía que salir a los medios de comunicación aclarando que los lanzacohetes venezolanos incautados a las FARC son “inservibles”, y fueron usados por el gobierno de Colombia para una nueva maniobra “sucia” contra su gobierno.

Chávez, demostró a través de un análisis de las fotografías enseñadas por Colombia, que los dispositivos que las FFAA colombianas dicen haber incautado, “son desechables (…) y estaban disparados”.

De igual manera, demostró que las armas suecas incautadas a las FARC y propiedad de la Fuerza Armada de Venezuela fueron robadas en 1995, antes de su mandato, por la insurgencia colombiana en 1995 en un ataque al puesto naval venezolano de Cararabo, mostrando un acta de la fecha donde se señala que la guerrilla se llevó todo: “municiones, 18 fusiles automáticos livianos (…) y cinco lanzacohetes AT4”. En dicho ataque, murieron 14 marinos venezolanos.

La estrategia de manipulación mediática colombiana

La estrategia de manipulación mediática utilizada ya desde hace años por Colombia conlleva varios tentáculos no solamente internos, donde el control sobre los medios de los uribistas es total (hoy divididos ante la pugna entre el ex ministro de Defensa Santos y Uribe por la presidencia de dicho país). En su plano externo, Colombia, a través de una alianza mediática con grandes grupos mass media norteamericanos y europeos, tiende a posicionar sus versiones por encima de las demás en los periódicos y demás medios de comunicación más importantes del planeta.

La última demostración de esta manipulación mediática viene de la mano del grupo PRISA y su medio de comunicación más relevante, el diario El País en el Estado español.

PRISA, multinacional de medios de comunicación cercana políticamente al PSOE, es el mayor accionista del grupo Caracol, el cual a su vez es el grupo mediático más importante de Colombia.

El Grupo PRISA maneja también Unión Radio, la mayor red de emisoras radiales en lengua española con 28 millones de oyentes repartidos, además de Colombia, en España, EEUU, México, Costa Rica, Panamá, Argentina y Chile. Siendo este grupo propietario a su vez de los diarios españoles El País, Cinco Días, Diario Jaén, El correo de Andalucía, Odiel de Huelva o La Voz de Almería, así como las plataformas informativas Radiópolis en México, Padahuel en Chile o El Nuevo Día de Bolivia. No es casualidad que en junio de 2005, Álvaro Uribe agradeciera la “fe y confianza” de los inversionistas extranjeros en Colombia, al inaugurar la que entonces era la nueva sede de Caracol Radio, y condecorar con la Orden Nacional al Mérito al ya fallecido presidente entonces del Grupo PRISA, Jesús de Polanco. “Esta nueva inversión de Caracol en Colombia, en esta ocasión liderada por el Grupo PRISA, es una muestra de confianza en nuestra patria”, indicaba Uribe en esta ceremonia.

Caracol Radio está integrada en el Grupo Latino de Radio (GLR), un holding de más de 1.200 radios que PRISA controla en América Latina, además de televisiones, varios diarios de prensa, portales de Internet y encuestadoras. Bajo la cadena de Caracol operan más de 10 cadenas de emisoras en AM y FM en distintas frecuencias de todo el país andino.

Todo ello con una vinculación directa a más de 136 multinacionales españolas que operan en territorio colombiano y que condicionan de manera permanente el posicionamiento del gobierno español con respecto a las violaciones de derechos humanos en Colombia. En este sentido, BBVA, SCH, Gas Natural, Unión Fenosa, Cepsa o Repsol, por enunciar algunas, son fácilmente identificables como clientes del departamento de publicidad no solamente de Caracol o del diario más influyente de Colombia, El Tiempo, cuyo capital esta repartido al 50% entre la familia Santos y el grupo español Planeta (uno de los grupos mediáticos más conservadores en el Estado español), sino de sus múltiples empresas de comunicación a lo largo y ancho del continente.

En este contexto, uno puede leer en el diario El País textos sobre Honduras como los publicados el 31 de julio por Antonio Caño, corresponsal de dicho periódico en Washington:

“En un plano subterráneo, sin embargo, la Administración norteamericana –especialmente el Departamento de Estado- ha entendido que esta crisis, por insignificante que pareciera en su nacimiento, podría equivaler, adecuadamente manejada, al principio del fin del chavismo en América Latina. Es decir, el fin de una doctrina que predica el populismo, la confrontación con Estados Unidos y la acomodación de las leyes nacionales a la consolidación de un largo régimen. Para ello, Estados Unidos ha contado con la complicidad, al menos silenciosa, de varios países latinoamericanos que tienen los mismo recelos hacia Chávez, aunque no se atrevan a expresarlos en público”.

Al día siguiente, el pasado 1 de agosto, El País publicaba un artículo de Maite Rico titulado “El dinero perdido de las FARC”, donde la periodista pretende establecer los nexos de las FARC con el gobierno ecuatoriano, indicando entre otras cosas:

“Un mensaje de Raúl Reyes, muerto en el ataque colombiano contra su campamento en Ecuador, anuncia, en octubre de 2006, la aportación de 400.000 dólares (285.000 euros). La cifra coincide con las sumas ingresadas en efectivo en esas fechas en la cuenta bancaria de Alianza País, el partido del entonces candidato Correa, y con los gastos de campaña no justificados ante las autoridades electorales.

El presidente ecuatoriano ha rechazado con vehemencia cualquier contacto o aportación de las FARC. Pero con unas evidencias cada vez más comprometedoras, Correa, (…), parece estar cambiando de estrategia: sugiere que alguien pudo haber usado su nombre para sacarle dinero a la guerrilla (…).

Un análisis del conjunto de los correos electrónicos hallados en los ordenadores de Raùl Reyes, a los que ha tenido acceso EL PAIS, permite reconstruir la bitácora de los contactos con bastante precisión”.

Indica la periodista de El País, ignorando la desacreditación realizada por analistas de la Secretaría General de la OEA sobre la información contenida en dichas supuestas computadoras, así como el rompimiento de la “cadena de custodia” y los análisis realizados desde otras instancias especializadas.

Y continúa haciendo afirmaciones que tratan de demostrar que la candidatura del actual presidente del Ecuador estuvo financiada por las FARC, de manera específica en la segunda vuelta. Llegando a decir:

“Mientras todo esto ocurría, las autoridades colombianas se desesperaban ante la falta de colaboración de sus pares ecuatorianos”.

¿Quién es Maite Rico?

Es considerada como una de las periodistas estrella del diario El País. Sus artículos se han caracterizado últimamente por panfletos uribistas, y ya el 9 de marzo del año pasado publicó en este mismo periódico un artículo titulado “Así fue la Operación Fénix”, donde cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia, lo cual significó un fuerte protesta del gobierno ecuatoriano hacia el diario español por falta de veracidad en la información.

Para los desconocedores de este personaje, esta señora es popularmente conocida en el mundo de la información por su tendencia pro norteamericana, así como por embestir contra todo aquello que suene a progresismo en América Latina. Junto con Bertrand de la Grange , Rico publicó libros como “Marcos, la genial impostura” (1998), intentando desprestigiar la figura del subcomandante Marcos de Chiapas, libro por cierto que fue fuertemente abalado por el The Washington Post o el Diario de las Américas (órgano de expresión de la “gusanera de Miami”) o “¿Quién mato al Obispo?” (2004), donde trata de descubrir quien mató al obispo defensor de los derechos humanos en Guatemala, Juan Gerardi. En el libro de Francisco Goldman sobre el asesinato de Gerardi, el autor afirma abiertamente que la Rico y La Grange recibieron importantes sumas de dinero del mismísimo Álvaro Arzú (político y empresario guatemalteco, presidente de este país entre 1996 y 2000), con la finalidad de que este asesinato quedara en el misterio y los militares encausados por el crimen fueran rehabilitados.

Ambos libros son considerados en el mundo de la política y del periodismo de investigación serio como “novelas policíacas”, más que como libros que ayuden a documentar históricamente la realidad de los temas que tratan.

Una de sus grandes perlas literarias se dio en la revista Letras Libres en febrero del 2007, donde esta licenciada en Historia, especializada en desvirtuar la Historia, cuestionó que los huesos trasladados desde Bolivia a Cuba e instalados desde 1997 en el mausoleo del Che en Santa Clara, correspondiesen a la figura del mítico guerrillero. Tanto Rico como La Grange, no tuvieron ningún rubor en contradecir las declaraciones de Harry Villegas, alias “Pombo”, compañero del Che en la guerrilla boliviana, como a los médicos forenses y argentinos que asistieron el reconocimiento del cadáver, como al propio biógrafo estadounidense Jon Lee Anderson, al cual Maite Rico definió como “ingenuo”, un personaje con “afán de protagonismo” y “agresivo” con sus detractores.

La argumentación de esta más que cuestionada periodista, consistía en definir la identificación y posterior traslado de los huesos, como “una mentira de Estado”, diseñada por Fidel Castro con el fin de desviar la atención y manipular a la opinión pública cubana, de la grave crisis que se cernía sobre la isla.

Una vez más el diario El País, así como su reportera Maite Rico, vienen a demostrarnos con el artículo publica el primero de agosto, que la supuesta veracidad de la información que emiten, o la ética profesional periodística a la que debieran estar sujetos, carece de cualquier tipo de fundamento y código ético.

Lo que no publica El País ni Maite Rico

El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández, en su declaración del pasado mes de febrero ante Carlos A. Camargo Hernández, fiscal noveno de la Fiscalía General de Colombia, denunciaba que los hermanos Santiago y Álvaro Uribe (hoy presidente de Colombia), participaron en la planificación de crímenes en el norte del departamento de Antioquia.

Una confesión anterior del paramilitar, en la que no comprometió a los Uribe, fue utilizada hace dos años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Colombia fuese condena por una masacre cometida en el caserío El Aro entre el 25 y el 29 de octubre de 1997.

Allí unos 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al mando de Mancuso y Castaño, y en complicidad con las fuerzas de orden público, asesinaron campesinos, violaron mujeres, saquearon negocios y robaron aproximadamente 900 cabezas de ganado.

Murieron al menos a 15 campesinos “en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento”, según el fallo de la CIDH. En esa misma sentencia, el CIDH denuncia que “(…) como dos meses antes de la toma, la Junta de Acción comunal de El Ario pidió protección a la gobernación de Antioquia, la cual no fue otorgada”, cuando Uribe aun ejercía esta gobernación.

Según publica el pasado 4 de agosto el Nuevo Herald, quien obtuvo la copia completa de la declaración de Villalba el pasado febrero, el paramilitar indica: “Álvaro Uribe nos dijo que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos”, al describir una reunión en la que participaron líderes de las AUC, dando luz verde a la masacre.

Villalba indica en su declaración que tres días antes de la toma paramilitar de El Aro, hubo una reunión en casa de un terrateniente del municipio de La Caucana –Antioquia-, donde además de los hermanos Uribe, se encontraban líderes de las AUC y mandos militares de la IV Brigada, donde se “gestó” todo el plan. Villalba también indica que Santiago Uribe “siempre fue conocido en la organización porque todavía tiene un bloque de Autodefensas en Santa Rosa de Osos”.

En enero de 2007, Francisco Enrique Villalba fue trasladado a Medellín para declarar contra el militar Juan Manuel Grajales por similar masacre cometida en esta ocasión en La Balsita, municipio de Dabeiba –Antioquia- en noviembre de 1997.

También allí fueron asesinados 15 personas, y en su declaración indica: “también estaba el hermano de Álvaro Uribe, Santiago, que prestó como 20 pelados (sicarios) para eso”.