jueves, 23 de abril de 2009

Ecuador ante los comicios del próximo 26 de abril

Por Decio Machado

Ante los comicios electorales que tendrán lugar el próximo 26 de abril en el Ecuador, los candidatos presidenciales que rivalizan para alcanzar la Presidencia de la República son ocho. De entre ellos este artículo desmenuza los antecedentes, argumentaciones principales de campaña, así como la situación actual y la intención de voto de cada uno de los cuatro principales aspirantes a esta dignidad.

Ecuador vive en la actualidad un proceso de transformación social, que tuvo su origen a partir de la toma de posesión del actual mandatario Rafael Correa, quien accedió al cargo el pasado 15 de enero del 2007 con un discurso claramente enfrentado a la vieja “partidocracia” ecuatoriana. La nueva Constitución aprobada con una mayoría de más del 60%, el 28 de septiembre del año pasado, ha significado que todos los poderes políticos existentes en el país (alcaldes, concejales, prefectos, viceprefectos, asambleístas, vicepresidente y presidente de la República), deban ser elegidos el próximo 26 de abril.

En este sentido, este artículo aborda quien es quien de los cuatro principales aspirantes a la Presidencial del Ecuador en el siguiente orden: Lucio Gutiérrez (ex presidente), Álvaro Noboa (eterno aspirante), Martha Roldós (hija de fallecido presidente Jaime Roldós) y del actual mandatario del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, quien se postula con la finalidad de volver a ser elegido por los ecuatorianos.

En principio existe una lógica común, independientemente de la organización política de cada uno de los candidatos a la presidencia del Ecuador. La consigna: “Todos contra Correa”.

Ecuador, país andino limítrofe con Colombia al norte y Perú al este y sur, precisamente los dos países que no han entrado aún en el ciclo histórico de cambios que se está dando en América Latina, tiene una población de 13.927.650 habitantes (datos censales de julio de 2008) y una extensión de 283.560 kilómetros cuadrados. Su moneda es el dólar (desde el año 2000 es país está dolarizado), situación que le impide tener soberanía sobre su moneda, uno de los grandes males que debe afrontar el futuro mandatario ante una época de recesión y crisis mundial.


Lucio Gutiérrez y su partido Sociedad Patriótica.

Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa es un político y ex militar ecuatoriano de origen amazónico, que nació hace 51 años. Fue mandatario de la República del Ecuador entre el 15 de enero de 2003 y el 20 de abril de 2005.

Recibió adiestramiento de Fuerzas Especiales en Ecuador, y entre sus diplomados militares, destaca el de Relaciones Internacionales y Defensa Continental por el Inter-American Defense College (IADC), de Washington DC, Estados Unidos.

El 21 de enero de 2000, Lucio Gutiérrez participó en el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Jamil Mahuad, y junto a Antonio Vargas –presidente entonces de la Conaie- y Carlos Solórzano –miembro retirado de la Corte Suprema de Justicia-, formaron un triunvirato que no fue aceptado internacionalmente, por espurio. Las Fuerzas Armadas restablecieron el orden constitucional y el vicepresidente Gustavo Noboa fue instituido como presidente del Ecuador.

El ex coronel Gutiérrez fue candidato presidencial por el partido “Sociedad Patriótica – 21 de Enero” en alianza con el indígena movimiento Pachakutik, siendo elegido presidente de la República en la segunda vuelta electoral que se desarrolló el 24 de noviembre de 2002, logrando imponerse al empresario Álvaro Noboa Pontón.

Comenzó su mandato estableciendo una falsa alianza con los partidos progresistas ecuatorianos movimiento indígena Pachakutik y Movimiento Popular Democrático (MPD, de orientación maoísta), pero a los tres meses pactó con el derechista Partido Social Cristiano (PSC), al mismo tiempo que a nivel internacional reforzó sus vínculos con los Estados Unidos. Esta situación provocó una crisis en el movimiento indígena ecuatoriano (Conaie y su expresión política Pachakutik), de la cual aun no ha salido

Pasado dos años de su nombramiento como presidente, el 9 de diciembre de 2004, el ex coronel Gutiérrez, ante la posibilidad de ser enjuiciado políticamente y destituido, se alió con el partido del ex presidente Abdalá Bucaram (Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE), el partido de Álvaro Noboa (PRIAN) y el MPD, para remover a la Corte Suprema de Justicia, y reorganizar el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. En el marco jurídico nacional y en el de Estado de Derecho, actos de este tipo se catalogan como no jurídicos, ya que no se respeta el principio de independencia de los poderes del Estado, pues se realizó mediante Decreto presidencial.

Al mismo tiempo que esto, Lucio Gutiérrez tomó una serie de medidas que fueron rechazadas por el país, especialmente las que anularon los juicios en contra del ex presidente Bucarám, el ex presidente Noboa, y el ex vicepresidente Alberto Dahik. Todos ellos regresaron del exilio, lo que causó aireadas protestas y movilizaciones que terminaron con el mandato de Lucio.

En concreto el 20 de abril de 2005, como consecuencia de la llamada “Rebelión de los forajidos”, gigantescas movilizaciones en Quito, Cuenca y Guayaquil, así como otras ciudades del país –medio millón de personas movilizadas durante 7 días consecutivos-, Lucio Gutiérrez escapó cobardemente del palacio presidencial de Carondelet. El Congreso declaró la vacancia presidencial por abandonó del cargo y procedió a nombrar a Alfredo Palacio, vicepresidente de su gobierno, como nuevo presidente de la República.

Se decretó orden de prisión contra Gutiérrez, el subsecretario de Bienestar Social Bolívar Gonzáles, y Abdalá Bucaram –quien aún se mantiene en su exilio panameño-. Gutiérrez se refugió por 4 días en la Embajada de Brasil, saliendo el 24 de abril de 2005 hacía su exilio brasileiro.

Posteriormente Gutiérrez viajó a EE.UU. y Perú, terminando en Colombia, donde este gobierno aceptó el 4 de octubre de 2005 su solicitud de asilo político. En ese momento, el entonces presidente Palacio declaró que no consideraba a Gutiérrez un perseguido político, sino “un delincuente común”.

Nueve días más tarde, Gutiérrez regresó al Ecuador, siento detenido de inmediato. El 3 de marzo de 2006 fue liberado, aunque aún mantiene aún causas pendientes con la Justicia ecuatoriana.

La gestión de gobierno de Lucio Gutiérrez.

Este militar populista que llegó a la presidencia del Ecuador, presume de ser de izquierdas. De hecho su la página web de su partido “Sociedad Patriótica”, esta organización se define como “partido político progresista, nacionalista, latinoamericanista, revolucionario, solidario, democrático, integracionista, justicialista, igualitario, humanista, que se sustenta en base al pensamiento de Espejo, Bolívar, Sucre, Olmedo, Montalvo, Eloy Alfaro, Nicolás Infante, Vargas Torres, Dolores Cacuango, Leonidas Proaño, Miguel Iturralde y Lucio Gutiérrez y otros patriotas”.

La realidad de las cosas, es que una vez posicionado en el gobierno, el propio Lucio se hizo llamar “el mejor aliado de Bush y su hermano menor –Álvaro Uribe-“. La característica más notable de su gobierno, fue la entrega del país a los intereses de las multinacionales extranjeras y a los interés gringos, desarrollando una fuerte profundización del modelo neoliberal. Las consecuencias fueron claras: subida de precios, falta de empleo y corrupción en todos los niveles en la Administración.


Las cifras en la gestión de Lucio Gutiérrez son contundentes:

- En materia de Salud, el gobierno del ex coronel invirtió 323 millones de USD en el año 2003, mientras que en el 2004 redujo la cifra a tan solo 211 millones, generando un paro médico consecuencia de los retrasos salariales en el sector que duró dos meses cuando Lucio Gutiérrez se fugó de forma vergonzosa de Carondelet.

- En materia de Educación, el gobierno del ex coronel invirtió 638 millones de USD en el 2003, mientras que en el 2004 redujo la cifra a tan solo 464 millones, generando una situación lamentable en las cuales destacan que cerca del 50% de las escuelas no estaban aptas para iniciar clases en el año 2005, más de medio millón de niños y niñas no tenían acceso a las escuelas, o 9 de cada 10 niños del sector rural no llegaban a la educación secundaria, cobrándose matrículas en las escuelas y colegios públicos como mecanismos para poder cubrir los gastos que por efectos de la reducción en la inversión estatal. Los educadores a duras penas consiguieron cobrar sus salarios.

- De igual manera, Lucio generó un incremento en pago de deuda externa subiendo esta de 2.370 millones de USD a 3.795 millones. En este sentido, el incremento de deuda externa fue escandaloso, denotándose una fuerte subida entre año 2003 (bonos a 12 años = 67% y bonos a 30 años = 48%) y que en el momento de su huída (bonos a 12 años = 101% y bonos a 30 años = 85%). Los Bonos Global por efectos de la creación del FEIREP (luego sustituido por el Fondo de Solidaridad) se incrementaron en su cota hasta llegar a generar ganancias para la banca por más de 1.400 millones de USD.


- En materia agropecuaria, el coronel invirtió 151 millones de USD en su primer año, reduciendo la cifra a 71 millones en el siguiente. Generando de esta manera una grave recesión en el agro.

- En materia de desempleo los datos también son escalofriantes, estando el índice en 7,7% cuando Lucio llegó al poder, y situándose en el 12 % cuando este salió huyendo ridículamente en helicóptero de Carondelet en abril del 2005. Durante el mandato del coronel, se consolidó todo el sistema de tercerización (subcontrataciones y precariedad laboral).

- En materia de jubilaciones, se congelaron las arcas del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) en el Banco Central, lo que benefició a los banqueros que encontraron un colchón de garantía en estos depósitos y se perjudicó al sector de jubilados, congelándose sus pensiones y paralizándose los préstamos quirografarios (créditos a corto plazo, concedidos a los afiliados en servicio activo, pensionista de retiro, discapacitados, inválidos y montepío, con la garantía del sueldo o pensión, destinados a cualquier fin).

- En materia petrolera, gestionó un Ecuador sometido al escarnio de las transnacionales extranjeras bajo la política del 80-20 (80% para las multinacionales y 20% para el país). Lucio pretendió entregar los campos manejados por Petroecuador (empresa estatal) de Shushufindi, Auca, Lago Agrio y Culebra, con reservas de casi 100.000 millones de barriles a las multinacionales extranjeras, con apenas una aportación al Estado del 30% de la extracción. En este sentido, y ya en la era de su sucesor, Alfredo Palacio, la Occidental (Oxy) fue expulsada del país tras fuertes movilizaciones populares. En la época de Lucio, dicha multinacional norteamericana seguía lucrándose de 100 mil barriles diarios de petróleo, que calculado a 40 USD por barril, resulta de un beneficio diario de 4.000.000 USD. En este contexto, Lucio todavía tuvo la osadía de firmar la Carta de Intención con el FMI en la cual se desarrollan condiciones como la de pagar más deuda si los precios del petróleo superan a lo presupuestado, y reducir gastos sin tocar el servicio de la deuda si los precios están por debajo.

Pero el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez tuvo muchos más escándalos, entre los que podemos destacar lo más notables:

- El 25 de marzo del 2003 se creó una Comisión Anticorrupción adscrita a la Presidencia, bajo la dirección de Alejandro Nájera. A él se le atribuye elaborar una lista de enemigos del gobierno, que incluía a periodistas. Además, a dicha Comisión se le atribuyó espionaje telefónico y “pinchazos”.

- El 12 de junio del 2003, en el servicio exterior se denuncia el nombramiento del hijo del diputado Renán Borbúa, menor de edad, en un consulado de los EE.UU.; de Susana Gutiérrez (hermana de Lucio), profesora, que asumió una representación consular en Argentina; del coronel Germánico Molina, amigo personal de Lucio, como embajador de Buenos Aires; o del coronel Wilson torres, embajador en Bogotá.

- El 19 de julio de 2003, “Blanco y Negro” reveló la existencia de una red de familiares de Lucio y amigos, en las empresas telefónicas y en los organismos de control del sector. Doce personas fueron obligadas a dimitir. “Blanco y Negro” denunció una lista de medio centenar de designaciones a importantes cargos del servicio exterior, las “petros”, las telefónicas, la Corporación Financiera Nacional (CNF), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y otras instancias de primer nivel a favor de parientes del coronel y parientes de sus colaboradores cercanos.

- El 23 de octubre de 2003, el caso “Fernández” puso en aprietos al gobierno de Lucio, que inicialmente dijo no conocer a los personajes. Fotos e imágenes mostraron que César Fernández ayudó en la campaña electoral al coronel. El empresario manabita fue detenido tras el operativo “Aniversario”, junto a otras 13 personas, entre ecuatorianos, mexicanos y colombianos vinculados al narcotráfico.

- En enero del 2004, la captura del guerrillero de las FARC conocido como “Simón Trinidad” en territorio ecuatoriano, puso en entredicho la posición oficial cuando las autoridades colombianas señalaron que fue parte de un operativo en donde participó personal de Inteligencia ecuatoriana y la CIA. La Policía Nacional y Lucio indicaron inicialmente, que “Trinidad” fue detenido en una acción rutinaria de migración.

- En abril de dicho año, Gutiérrez pidió a la Fiscalía que iniciara una indagación previa en contra del periodista Diego Oquendo, a quien acusa de sedición. El argumento presidencial es una entrevista de Oquendo al ex ministro de Bienestar Social Patricio Acosta, en la cual el periodista habría preguntado si el funcionario conocía de un aporte electoral de las FARC al entonces candidato Lucio Gutiérrez. Lucio aduce que la pregunta atentaba contra la seguridad del Estado.

- El 31 de marzo de 2005, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de facto, Guillermo Castro, notificó a la fiscalía con sus providencias en las que mulita los juicios en contra de su amigo, el líder del PRE Abdalá Bucaram, el también ex mandatario Gustavo Noboa y el ex vicepresidente Alberto Dahik.

El Lucio Gutiérrez aspirante a la presidencia el próximo domingo.

A pesar de todos estos constatables antecedentes, el candidato presidencial Lucio Gutiérrez todavía tiene la osadía de presentarse ante estas próximas elecciones del 26 de abril en Ecuador, bajo el lema “Con Lucio estábamos mejor”.

Uno de sus grandes aportes en esta campaña electoral ha sido posicionar la idea de que en caso de llegar a Carondelet, revisará los contratos suscritos entre Ecuador y Venezuela, indicando “Creo que Correa y Chávez (…) han escogido el camino equivocado, que va a llevar a más pobreza a sus respectivos pueblos”.

De igual manera, Lucio ha desarrollado una bochornosa campaña de manipulación mediática, con el apoyo de los medios de comunicación ecuatorianos (prácticamente todos en manos de grupos vinculados a la derecha política del país), por la cual intenta vincular al gobierno de la Revolución Ciudadana a la narcopolítica, basándose en una supuesta vinculación entre en gobierno de Correa y las FARC, no pudiendo demostrar absolutamente nada ante tal falacia. Sin embargo, el ex coronel se ha visto sorprendido por unas declaraciones del llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, en la cual este indica: “Personalmente, yo tuve dos entrevistas con el señor Lucio Gutiérrez en el Ecuador y con su hermano, Gilmar Gutiérrez”, y prosiguió “Lucio Gutiérrez se presentó frente al pueblo del Ecuador, frente a la izquierda revolucionaria del continente como un revolucionario. Es más, en forma digamos maquiavélica, usurpó el nombre de sociedades patrióticas que fueron utilizadas por los revolucionarios en la época de la Independencia y en muchas partes se hizo pasar incluso como el Chávez del Ecuador y manejaba un discurso de izquierda. Este es un hombre que para mí tiene obligatoriamente que estar vinculado con organismos de inteligencia de potencias extranjeras”.

La alta cantidad de recursos económicos que se está moviendo en la campaña de Lucio Gutiérrez –nadie sabe de donde sale tal cantidad de dinero-, está permitiendo que este candidato esté consiguiendo situarse en el segundo puesto de los presidenciales según indican los sondeos de intención de voto, situándose entre el 14 al 16%, muy lejos del actual Presidente Correa, pero capitalizando un cierto liderazgo nacional como líder opositor al proyecto de la Revolución Ciudadana. Lucio ha desarrollando una alta actividad en zonas de la Amazonía (donde se concentran los recursos naturales del Ecuador –fundamentalmente petróleo-), determinadas zonas de la Costa y la parte más indígena de la Sierra Central del Ecuador. Sin duda el ex militar, cuyas conexiones con un sector del Ejército, un sector del empresariado más reaccionario del Ecuador, y con determinados intereses de potencias internacionales, está estructurando una lógica foquista de desestabilización de la nación, de la que veremos su capacidad en los próximos cuatros años de gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana.


Álvaro Noboa y su Partido Renovación Institucional Acción Nacional (PRIAN).

Álvaro Noboa Pontón, es un caricaturesco líder empresarial, considerado el hombre más rico del Ecuador, y que ha sido candidato para la presidencia de la República en 1998 (obtuvo el 26,61% de las urnas, perdiendo ante Jamil Mahuad), 2002 (apenas recibió el 17% de los votos, perdiendo ante Lucio Gutiérrez), 2006 (ganó la primera vuelta con el 26,83% de los votos, aunque perdió la segunda ante Rafael Correa –Correa 56,79% y Noboa 43,21%-) y en esta ocasión. Noboa ha dado muestras de su limitada capacidad mental al rezar en los mítines con rosario en mano y elevar un discurso vacuo alrededor de bailarinas y personajes de la farándula.

En las elecciones del 2007 a la Asamblea Constituyente (AC), logró obtener el cargo de asambleísta. Ese mismo año una publicación internacional lo destacó como uno de los líderes más influyentes de la política y economía ecuatoriana.

Fruit Shippers Ltd.

En 1997, Noboa inició una dura batalla legal contra sus hermanos, logrando el control de la compañía Fruit Shippers Ltd, la compañía que administra el negocio familiar.

Según la revista Forbes, los herederos gastaron 20 millones de USD en los gastos del litigio, que culminó en una sentencia de una corte británica. Según la revista Forbes: “En noviembre de 2002 un juez londinense dictaminó que Álvaro era el propietario legítimo de una participación del 50,1 % de las acciones de Fruit Shippers Ltd., empresa holding del negocio familiar. Hemos estimado que el valor de la participación es de 300 millones de USD. Álvaro, que ha aparecido en anteriores ocasiones en nuestra lista de millonarios, asegura que sus activos valen al menos 1.000 millones”.

De la sentencia del tribunal se destaca que: “El negocio principal (de Luís Noboa, padre de Álvaro Noboa) era la exportación de bananas. Pero para el momento de su muerte sus intereses abarcaban también el café, el refinado de azúcar, fabricación de harina, transporte marítimo, banca, seguros y bebidas refrescantes. La principal compañía ecuatoriana comercializadora de bananas era Esportadora (sic.) Bananera Noboa S.A. (EBN). La compañía holding de todas ellas y que era propietaria de la mayor marte de los negocios ultramarinos era (Fruit Shippers Ltd.) una compañía domiciliada en Bahamas”.

La realidad es que Abdalá Bucaram ayudó a Álvaro Noboa, presidente de la Junta Monetaria durante su gobierno, a disputar la herencia de su padre, Luís Noboa Naranjo, fallecido en 1994.

Grupo Noboa.

Actualmente como empresario Álvaro Noboa controla el Grupo de Empresas Noboa y la Corporación Noboa, con más de 110 compañías en Ecuador y alrededor del mundo, incluidas oficinas en Estados Unidos, Amberes, Roma, Japón, Argentina y Nueva Zelanda.

Desde el año 2003 Álvaro Noboa ha asistido a la Cumbre Anual de Empresarios de América Latina. Esta cumbre se originó en el año 2003 por iniciativa de Carlos Slim de México, amigo personal de Noboa.

En el año 2002 The New York Times desarrolló un reportaje sobre las condiciones laborales en las plantaciones de Exportador Bananera Noboa en Ecuador. El artículo se basa en “Los Álamos”, una plantación de 12.100.000 metros cuadrados que empleaba aproximadamente 1.300 personas.

Estos trabajadores se sindicalizaron en marzo de 2002, y por esa razón la compañía de Noboa respondió abriendo fuego contra más de 120 de ellos. Según un artículo de la prensa local: “Cuando los trabajadores ocuparon parte de la hacienda, guardias armados con escopetas, algunos usando capuchas, llegaron a las 2 a.m. del 16 de mayo y abrieron fuego sobre aquellos quienes se habían rehusado a moverse de la puerta de entrada, hiriendo a dos”.

En abril de 2002 Human Rights Watch emitió un reporte en el que denunciaba que “encontró que niños ecuatorianos, tan jóvenes como de ocho años, trabajando en plantaciones de banano en condiciones precarias”. Chiquita, Del Monte, Dole, La Favorita y Bonita fueron acusadas de ser provistas por plantaciones que empleaban niños como trabajadores.

Noboa, en un acto de sinvergonzonería sin igual, aseguró que no puede ser acusado de propiciar el trabajo infantil en sus haciendas bananeras, dado que el trabajo de menores en el área agrícola en general formaba parte desde hace muchos años de la cultura de la gente del campo en Ecuador. Según Noboa, los padres obligaban a trabajar a sus menores con el fin de evitar que el ocio los conduzca por el camino de la delincuencia.

Noboa y sus estafas de impuestos.

En enero del presente año, la empresa más importe del grupo, Exportadora Bananera Noboa, recibió una glosa por 300 millones USD impuesta por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) aduciendo diferencias en el precio de la caja de banano.

Con anterioridad a esto, en 2005 una investigación descubrió 99 compañías en el Ecuador registradas en el Ministerio de Trabajo, pero sin existencia física.

Las compañías, con nombres como Dalioca, Domintini, Abacus y Carani, estaban registradas como tercerizadoras (subcontratistas), al servicio de otras empresas más grandes contratando personal para las mismas. El mismo número telefónico se encontró en los archivos de todas las compañías, el cual conectaba a una grabación que señalaba que se habían comunicado con la Corporación Noboa.

De igual manera, se descubrió que las compañías instrumentales tenían una dirección que correspondían a un galpón abandonado en Guayaquil. En el archivo de una compañía, Empacadora Tropical, constaba la dirección del galpón como de la Corporación Noboa. Los accionistas de la compañía eran Fruit Shippers y New York Commodities, compañías cuya sede social se localizaba en Canadá y Bahamas. Estas compañías eran utilizadas para evitar obligaciones laborales por parte del empleador.

También en marzo de 2005, el gobierno ecuatoriano se vio obligado a clausurar una de las compañías de Noboa, Elaborados de Café, por no entregar la documentación requerida para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

De igual manera, Frutería Jambelí Frujasa, otra empresa de Noboa, fue denunciada por el gobierno del Ecuador por deber 20 millones de USD en impuestos, incluyendo cerca de 7 millones de USD en intereses acumulados.

Otras empresas de Noboa que han sido notificadas por deudas de impuestos como: Industrial Molinera (2,4 millones de USD), Compañía Nacional de Plásticos (1,1 millones de USD) y Manufacturas de Cartón (3,1 millones de USD).

Entre sus golfas hazañas financieras, destaca el hecho de que Álvaro Noboa recibió un multa de más de 2 millones de USD por exceder los límites de gasto electoral en 2002. Había gastado cerca de 2,3 millones de USD en su campaña, un 98% sobre el límite. En el 2004 Noboa ofreció no pagar en efectivo sino por medio de Certificados de Depósitos Reprogramados, un instrumento financiero que pierde su valor nominal al ser negociado. El Tribunal Supremo Electoral del Ecuador (TSE) aceptó sus términos. El TSE fue primero dirigido por Nicanor Moscoso, miembro del partido de Noboa y ex tesorero suyo, y luego por Wilson Sánchez, co fundador del PRIAN y amigo personal de Álvaro Noboa.

Álvaro Noboa perdió su puesto como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, al convertirse el 12 de enero de 2008 en el único asambleísta que no entregó su declaración de bienes, su registro de impuestos, así como negarse a dar la autorización de apertura de cuentas bancarias en Ecuador y el exterior, por lo que quedó destituido automáticamente, de acuerdo con el Reglamento de funcionamiento de la Constituyente.

La actual campaña de Noboa.

En la actualidad, en candidato presidencial Noboa se presenta en binomio con su esposa Anabella Azin para la vicepresidencia. Basado en una campaña patética, donde señala disparates y barbaridades como que va a subir el Bono al Desarrollo Humano de 30 USD a 77 USD (sin explicar como va a financiar tal situación) o que en 45 días a afiliado a su partido más de 2 millones de personas, la realidad es que este aspirante a presidente de la República tiene una intención de voto estimada entorno al 10 o 12 %.

Posiblemente estemos asistiendo al entierro político de Noboa, tras haberse presentado por cuarta vez y ser derrotado en todas a la presidencia del Ecuador.

Los objetivos de Noboa son claros, su pretensión presidencial se basa en su voluntad de evadir el pago de impuestos y futuras auditorías fiscales que puedan darse sobre sus empresas. Podríamos definir a este grotesco personaje como el Berlusconi ecuatoriano, y su intención de voto es especialmente mayor en la provincia del Guayas y en su capital Guayaquil, bastión de la derecha más conservadora y secesionista del Ecuador.


Martha Roldós y su organización Red Ética y Democrática (RED).

Martha Roldós es hija de Jaime Roldós, que fue presidente de Ecuador desde agosto de 1979 hasta su muerte, en mayo de 1981. Además, es sobrina del ex presidente Abdalá Bucaram conocido popularmente como “el loco”, que estuvo al frente del Ejecutivo entre agosto de 1996 y febrero de 1997, cuando fue destituido por el Parlamento por “incapacidad mental para gobernar”.

La candidata a la presidencia de Ecuador por la RED, Martha Roldós, fue asambleísta de la Constituyente y se define como una “mujer de izquierdas”, calificando al Socialismo del siglo XXI propugnado por Rafael Correa, como “la gran estafa del siglo XXI”.

Roldós califica a Correa como un personaje que “se ha pervertido, porque envenena al ambiente, el destructor de los derechos laborales y el violador de los derechos humanos”.

La candidata Roldós ha significado en varias ocasiones durante la campaña, que si llega al poder “trabajará con todos” los países de la región, señalando que la integración latinoamericana “tiene que sustentarse en la defensa de los intereses” de Ecuador.

Según Roldós, “es triste que se esté hablando de alianzas a nivel suramericano y a la vez se esté dejando morir a la Comunidad Andina (CAN), que lleva muchos años y ha costado mucho construir”, ignorando de esta manera que quienes están matando a la CAN son en realidad Perú y Colombia, los cuales unilateralmente rompieron en consenso con Ecuador y Bolivia de negociar conjuntamente el Acuerdo de Asociación con la UE. Perú y Colombia se lanzaron unilateralmente a negociar un TLC con la UE, rompiendo las reglas acordadas en el seno de la CAN de ir a una negociación en bloque.

La candidata opositora, fue denunciada por Gorki Aguirre, miembro de la Comisión Legislativa, por recibir una pensión vitalicia por ser hija del fallecido ex presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera. La ley solo estipula hasta los 18 años el derecho a cobrar esta pensión.

Según Aguirre, “está certificado que hasta marzo han recibido esta pensión. Son 1.960 dólares que recibe cada uno (también sus hermanos Diana y Santiago Roldós), pese a que todos conocemos que ya no son menores de edad”.

Una pretendida fuerza política a la izquierda de Correa.

Martha Roldós aspira a disputarle el espacio político y electoral al Presidente Rafael Correa en el Ecuador, aspira a ser una opción de izquierdas. Roldós se presenta en bionomio con el ex sacerdote Eduardo Delgado –dirigente del Polo Democrático-, organización recién constituida y aliada de la RED en estos comicios.

El Polo Democrático ha cuestionado casi desde el comienzo la gestión del actual mandatario ecuatoriano, de manera especial su política petrolera y de telecomunicaciones, y lo acusa de favorecer a las transnacionales.

Toda la campaña de la RED con Martha Roldós a la cabeza se ha volcado en una crítica continuada sobre el Presidente Rafael Correa y la política del actual gobierno, no reconociendo ningún mérito al proceso de la Revolución Ciudadana. En este sentido, la Roldós y sus aliados se alinean sin pudor a las organizaciones de la derecha ecuatoriana. Pero lo más delirante son los razonamientos de esta candidata, según Martha Roodós “a Rafael Correa la derecha (…)debería hacerle una estatua. Correa ha hecho lo que ellos quisieron y no pudieron, pero más rápido y mejor: logró concentrar el poder, violar derechos humanos, irrespetar derechos de los trabajadores, entregó recursos a las transnacionales y los fondos del petróleo a las multinacionales. Además ha hecho todo lo que el FMI y en Banco Mundial le ha pedido”.

A la candidata de la RED, las encuestas más fiables sobre intención de voto, le dan del entorno al 7%.


Rafael Correa, la Revolución Ciudadana y el Movimiento PAIS.

Rafael Correa, economista de 46 años y actual Presidente de la República del Ecuador.

En noviembre de 2006, el actual mandatario ganó las elecciones en segunda vuelta a Noboa. Tomó posesión el 15 de enero del 2007, y en mayo de ese mismo año, un 80 % de los ecuatorianos aprobaba, en un referéndum, la conformación de la Asamblea Constituyente. El presidente Correa se mostró satisfecho también con el triunfo logrado por su partido Alianza PAIS en la AC durante las elecciones celebradas el 30 de septiembre de 2007 (sacaron más del 70% de los asambleístas).

Con ello se dio vía libre para realizar notables cambios en el sistema político. La oposición aseguró que con estas elecciones Correa buscó aumentar sus poderes presidenciales.

El 29 de noviembre de 2007, el presidente Correa instaló la AC en la Ciudad Eloy Alfaro, en Montecristi y esta creó una nueva Carta Magna para reformar las instituciones del Estado. En su primer día de sesiones, la Asamblea disolvió el corrupto Congreso y con 110 votos (sobre 130), ratificó en el poder al presidente Correa.

La nueva Constitución, vigésima en la historia del país desde su creación en 1830, fue aprobada por más del 60 % de los ecuatorianos, convirtiéndose esta en una de las Cartas Magnas más progresistas de América Latina y significando un nuevo hito en la historia del nuevo constitucionalismo post neoliberal que se está desarrollando en América Latina.

Ante la locura de promesas, ofertas y ofrecimientos de cada uno de los candidatos que se presentan a estas elecciones, Rafael Correa decidió no hacer ninguna, apenas posicionando cuales han sido logros de su acción de gobierno e indicando que para el cambio social del Ecuador se necesita continuidad en esta gestión.

La gestión de apenas dos años de gobierno de la Revolución Ciudadana es la única en los últimos 15 años de inestabilidad política del Ecuador, que puede presentar logros y objetivos concretos cumplidos.

Entre ellos cabe destacar:

1.) Política económica:

1.1.Reactivación del Agro:

Tras lo que Correa ha llamado “la larga y triste noche neoliberal”, se desarrolló una política de destrucción de toda la economía que llevó a la ruina entre otros al sector del agro. La reactivación del agro desde los planes y programas que desarrolló en gobierno por la vía de los créditos públicos del CFN y del BNF, ha sido un logro importante de la Revolución Ciudadana, si bien aun queda mucho por hacer.


Nota: los datos de los últimos dos años se corresponden al gobierno de Rafael Correa.

1.2. Acceso al crédito:

Este gráfico evidencia el repunte que tiene el crédito público en estos dos años de gobierno de la Revolución Ciudadana, hay que señalar que del total invertido, el 26,51% en el año 2007 y 25,18% en el 2008 (años gobierno de Correa) corresponden a créditos del BNF donde están los programas de crédito 555, microcrédito y desarrollo humano.

2.) Política Social:

2.1. El pago de la deuda social:

Si comparamos los datos del presupuesto de los ministerios de Educación, Inclusión Social, Trabajo, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda, de estos últimos 10 años podemos ver claramente que hubo un aumento nominal continuo a partir del año 2001, sin embargo en los últimos dos años (gobierno de la Revolución Ciudadana) el incremento es muy alto en relación a otros años. Así para el 2008 el presupuesto alcanzó 3.892 millones de dólares, que representó el 7.4% en relación al PIB.

2.2. Educación:

Presupuesto Ministerio de Educación (corriente e inversión)


El actual gobierno propuso la revolución en las áreas de salud y educación, esto se ha traducido en una mayor inversión, para el año 2008 el presupuesto en educación representó el 3,5% del PIB anual.

Todo esto ha venido a significar que el Ecuador superó en un 33% el analfabetismo, 2.4 millones de niños/as con textos escolares gratuitos en el 2008, 725 mil niños/as recibieron uniformes gratuitos en el 2008 mientras que 83 mil lo recibieron en el 2007, 1.670 establecimientos educativos rehabilitados con una inversión de 119 millones de dólares, 1.4 millones de niños/as recibieron alimentos en sus centros educativos en el 2008, y 1.3 millones en el 2007, 2.6 millones de estudiantes beneficiados ya no pagan 25 dólares de aporte voluntario (53.5 millones de dólares).

En general el presupuesto para el 2008 en salud representó el 1.6% del PIB, y fue al mejoramiento de infraestructura y calidad de los servicios de salud.

Para el año 2008: Se incrementó en 25% la entrega de medicamentos gratuitos, construcción de nuevos hospitales y entrega de 115 ambulancias, 15 mil intervenciones quirúrgicas sin exclusión, 1.753 Equipos Básicos de Salud han realizado 346 mil visitas domiciliarias.

2.4. Inclusión Económica:


El Bono de Desarrollo Humano (BDH, ayuda económica subsidiaba por el Estado a las familias más pobres) ha sido uno de los programas que mayor presupuesto se le asignó en este gobierno, de los 514 millones asignados en el presupuesto 2007, fueron a este programa 360 millones, mientras que para el 2008 de los 662 millones se designaron 400 millones aproximadamente.

Para el 2008 se alcanzó: 1.3 millones de beneficiarios del BDH (3.974 puntos de servicio), 317 mil utilizaron tarjeta electrónica (bono rápido), 73 mil familias recibieron Crédito de Desarrollo Humano.

2.5. Bono de la Vivienda:

En el área de vivienda la mayor inversión ha sido en el bono de la vivienda, sobre todo en el 2008:

En el 2007 se invirtieron 166 millones : 38.883 bonos para vivienda nueva, 21.241 bonos para mejoramiento de vivienda ya existente.

En el año 2008 : 273 millones en adjudicación de 70 mil bonos en vivienda nueva, 17 millones de dólares en 14 mil bonos pagados en mejoramiento de viviendas, entrega de 12 mil bonos de titulación, incorporación de 47 mil familias más a la cobertura de servicios básicos.

2.6 Trabajo:

Se pueden señalar dos elementos de importancia: Aumento del salario mínimo general de 170 ha 200 dólares, eliminación de la tercerización (subcontratación).
En este sentido, el gobierno de Correa se ha enfrentado a una lógica sindical obsoleta y corporativista existente en el Ecuador, cuya proyección política es prácticamente nula y está tremendamente desacreditada en el marco de la ciudadanía ecuatoriana.

2.7. Migrantes:

En la constitución de su gobierno, Rafael Correa creo la SENAMI (Secretaria Nacional del Migrante), con rango de ministerio, esta Secretaria tiene como objetivo la protección y el asesoramiento a los estimados de 3 a 3.5 millones de ecuatorianos (no existen censos reales) que tuvieron que marchar del país consecuencia del éxodo económico que ha vivido el Ecuador a partir del crack del 2000.
En el 2008: 19 mil migrantes asesorados, 1.200 beneficiados por facilitaciones laborales, atención a 500 detenidos en EE.UU, 200 en Centroamérica y 30 en Europa, 8 oficinas y Casas del migrante a nivel internacional, 13 mil emigrantes acogidos por el Plan Bienvenidos a Casa (retorno).

2.8. La Constitución de 2008:

Aunque apenas puesta en marcha tras el referéndum de finales de septiembre del año pasado, es importante significar los avances concretos que ha significado desde un punto de vista progresista la nueva Constitución vigente en el Ecuador.
En este sentido es destacable todo lo concerniente a los derechos de la naturaleza que no tienen antecedentes en ningún otro país del mundo; de igual manera, es importante señalar que según el Mandato 8, la tercerización (subcontratación) ha sido eliminada legalmente del país; en cuestión de género, las cuotas para la mujer han sido introducidas en la participación electoral (paridad), así como varias demandas de inclusión y amparo económico para las mujeres son realidad en el texto constitucional; este mismo texto, prohíbe la presencia de tropas extranjeras en territorio ecuatoriano lo cual ha venido a significar a pronta salida (dentro de este año) de los norteamericanos de la base de Manta. Y de igual manera, es importante señalar cómo ha cambiado la visión del Ecuador sobre la soberanía nacional: episodios como la ruptura de relaciones con Colombia consecuencia de la acción militar colombo-estadounidense en Angostura en marzo del año pasado, la expulsión reciente de dos diplomáticos norteamericanos (uno de ellos jefe de la CIA en el interior del país), la moratoria a los pagos considerados ilegítimos de deuda, la expulsión de multinacionales que han cometido irregularidades dentro del país (Odebrecht o Hutchinson), entre otras cuestiones marcan un hito histórico en este país.

Algunas observaciones generales sobre el gobierno de Correa.

Entre las diversas izquierdas existentes en el Ecuador e incluso internacionalmente, se desarrolla un debate complejo para definir con cierto nivel de concreción la naturaleza del gobierno de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa.

Sin duda el proceso ecuatoriano es un experimento nuevo, no harto de contradicciones, pero que camina para adelante asumiendo ciertos riesgos. La propia composición del Ejecutivo es una muestra de esto, donde conviven diferentes corrientes de la izquierda ecuatoriana (cosa insólita en el país), así como otros sectores no tan avanzados o incluso ciertamente conservadores en algunos casos. El gobierno de Correa es un gobierno indudablemente de izquierdas, discutir esto carece de nivel intelectual, si bien mantiene en su interior matrices ideológico-políticas distintas, y esto es un hecho que nadie en el Ejecutivo lo niega.

Esta lógica gubernamental forma parte de un pragmatismo imperante que hace combinable el cuestionamiento a los dogmas del neoliberalismo, el Consenso de Washington o el rol de las instituciones de Bretton Woods, a través del incremento del gasto corriente, la reducción de las importaciones y la apuesta por la construcción de un aparato industrial nacional (inexistente tras largos años de neoliberalismo brutal), a la vez que se intenta proteger a la inversión extranjera, siempre renegociando contratos más justos y favorables para la nación, y sin temblarle la mano a la hora de expulsar a las empresas que incumplen con sus obligaciones contractuales o fiscales.

Otra apuesta importante de la Revolución Ciudadana esta siendo la modernización del país, infraestructura en materia vial, hidroeléctricas, aeropuertos, refinerías en colaboración con los venezolanos, readecuación de puertos e instalaciones comerciales, y otros cuestiones que estaban abandonadas en el país. Todo ello bajo la lógica del Estado como uno de los motores fundamentales de la economía y la reinstitucionalización de un Estado desaparecido tras los abominables años de la “larga y triste noche neoliberal”. ¿es que acaso este proceso en sí mismo no es radical y revolucionario en una realidad histórica como la del Ecuador?, ¿es que acaso el nivel de organización popular en el Ecuador y en otros países latinoamericanos, hace posible plantearse una revolución radical sin contar con el apoyo de las clases medias e incluso de sectores de la burguesía nacional?. Estos son varios de los elementos que están en cuestión en el debate y en la configuración de lo que se está viniendo a llamar el “Socialismo del Siglo XXI”.

Esta enorme dosis de pragmatismo del presidente Correa, muchas veces confundida por la izquierda externa al gobierno, es fundamental para que este país, empobrecido, subdesarrollado, dolarizado y entregado durante decenios de años a una oligarquía tremendamente rancia y pobre intelectualmente, al igual que al poder del capital extranjero, pueda convertir en realidad el proyecto de transformación social que la Revolución Ciudadana tiene como objetivo.

En todo caso, entre las tareas pendientes quedan consolidar el proceso de transformación, fomentar la democracia participativa ante un escaso nivel de participación ciudadana en los espacios de construcción de alternativas y toma de decisiones, la construcción del Movimiento PAIS como una base real organizada de apoyo al proceso revolucionario (la carencia de cuadros políticos en el Ecuador es notable, en MPAIS se muchos casos se han priorizado agendas personales de liderazgos arribistas por encima del proyecto político) y dotar a esta base de una orientación ideológica real.

La intención de voto por el actual presidente de la República del Ecuador oscila entre el 48 y el 50%, según las encuestas más fidedignas, lo que significaría un triunfo rotundo y contundente de la Revolución Ciudadana, y una apuesta del pueblo ecuatoriana por la continuidad en el proceso de cambios que se está dando en el país.

Publicado el 23 de abril de 2009 en Kaos en la Red y en Rebelion.org

sábado, 21 de febrero de 2009

Expulsión de diplomáticos estadounidenses en el Ecuador y la realidad de la política antidrogas en el continente

Por Decio Machado

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, procedió el miércoles 18 de febrero a notificar la expulsión en las próximas 48 horas del adjunto civil de la embajada de los Estados Unidos en Quito, Mark Sullivan, por actuaciones ilegales de interferencia en la seguridad del Estado ecuatoriano.

Es el segundo diplomático norteamericano expulsado del Ecuador en los últimos 12 días, dado que el pasado 7 de febrero fue expulsado el agregado diplomático norteamericano de origen puertorriqueño, Armando Astorga, por un motivo similar.

En el caso de Mark Sullivan, este funcionario promovió la entrega de los archivos de seguridad nacional, por parte de los policías miembros de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

La decisión de expulsión del funcionario estadounidense fue adoptada por el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, al enterarse este que a través de Sullivan, la embajada norteamericana procedió a llevarse los archivos de seguridad del estado nacional, pertenecientes a la inteligencia policial.

“La expulsión del funcionario norteamericano se dio por intromisión en asuntos internos de Ecuador. Tiene 48 horas para salir del país”, afirmó el canciller Falconí en conferencia de prensa realizada en la mañana del 18, tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del Ecuador (COSENA).

El empleado de la embajada norteamericana Mark Sullivan fue señalado por el mayor de policía Manuel Eduardo Silva Torres, jefe saliente de la UIES, como el funcionario que presionó y exigió la entrega de los archivos de seguridad, por lo cual habría cometido el delito de atentado contra la seguridad nacional.

Este acto incluyó una injerencia en las decisiones del mando policial y del Estado ecuatoriano, toda vez que la información que fuera sacada de los archivos de la UIES no estaba ligada al retiro de la cooperación norteamericana con la fuerza pública de Ecuador.

La ruptura de esta cooperación se dio el pasado 8 de enero, cuando el gobierno del Ecuador le indicó a la embajada de los Estados Unidos en Quito, que no estaba dispuesto a seguir permitiendo que los norteamericanos fuesen los que calificasen al personal de las unidades encargadas de lucha antinarcóticos y contra el tráfico de personas, de igual manera que tampoco se permitiría que fuesen los funcionarios estadounidenses quienes designasen al Comandante de dichas unidades policiales. Rafael Correa anunció en ese momento a la embajada gringa que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional, y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” (15 de enero de 2007) este tipo de lógicas habían cambiado.

En el trasfondo político de esta cuestión están las formas de intervención e injerencia interna estadounidense sobre los países del Sur, entre otras temáticas, en materia de lo que en EE.UU. se considera la “guerra global contra las drogas”, y una lógica clientelar desarrollada desde el Imperio hacia los países del Sur en las políticas antinarcóticos diseñadas desde la Drug Enforcement Administration (DEA).

Políticas antinarcóticos en el Ecuador.

Ecuador es un país de tránsito de estupefacientes, no existe producción o cultivos. Su situación como país de tránsito implica que organizaciones criminales operen en zonas del territorio ecuatoriano para el acopio, almacenamiento y distribución de la mercadería, así como para actividades de lavado de activos y delitos conexos.

Al igual que en el resto del mundo, las políticas de mano dura en el Ecuador se han consolidado a partir de acuerdos y convenciones internacionales.

La Estrategia Nacional de Drogas desarrollada durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, contemplada para el período 2004-2008, enfatizó en la necesidad de reducir y anular la demanda de drogas y combatir el delito en todas sus manifestaciones como son la producción de plantas ilícitas, el lavado de activos, el ingreso de precursores, entre otros. Para esto se establecieron canales de cooperación económica y colaboración estratégica con el fin de unificar procedimientos, acciones, intercambio de información y asistencia judicial recíproca, en un claro planteamiento subsidiario de la política antinarcóticos norteamericana.

En la actualidad, en el marco de la era Correa, la tendencia a nivel diplomático ha pasado a ser impulsar procesos de integración y compromiso entre varios actores para fomentar el desarrollo local. Una de éstas es el Plan Ecuador, que se creó para impulsar en la frontera norte un proceso de paz, desarrollo y seguridad fundamentado en los principios del “desarrollo alternativo” y del “desarrollo alternativo preventivo”. Con este Plan se buscó establecer un proceso distinto al de la “guerra contra las drogas”, mediante el impulso desde el Estado de proyectos agroforestales y de producción de diversos productos agropecuarios cómo leche, caña de azúcar, cacao y café, así como ciertos estímulos para la comercialización interna y eventual exportación.

Afectación en la frontera norte del Ecuador del Plan Colombia.

Durante la última década se intensificó el enfoque represivo para la producción. En la región, el Plan Colombia es el ejemplo. A continuación se describen algunas de las principales consecuencias que ha generado el plan en la frontera ecuatoriana:

- Agudización del conflicto militar en la frontera norte.
- Penetración de mafias y grupos irregulares (FARC y paramilitares) en las provincias fronterizas. Sicariato extendido en todo el país.
- Profundización de conflictos sociales y armados. Inseguridad. Pueblos colonos e indígenas en amenaza.
- Desplazamiento e incremento de refugiados colombianos.
- Destrucción de medios de vida de miles de productores.
- Las fumigaciones aéreas de “fusarium oxisporum” generaron severos impactos en la salud de la población de frontera y contaminación de recursos naturales.
- Se generaron las condiciones para el tráfico ilícito de derivados.
- Conformación de redes de trata y tráfico de personas.
- Corrupción de las autoridades locales y jueces. Desestructuración y debilitamiento de las instituciones del estado.

Estos impactos son asumidos casi en su totalidad por el Estado ecuatoriano. Los aportes obtenidos de la cooperación internacional se centraron en atacar los cultivos y muy poco se ha destinado al desarrollo e integración.

Sin embargo la evaluación de los datos es contundente: durante la ejecución del Plan Colombia, los cultivos de coca en la región andina se incrementaron en 16%, reduciéndose parcialmente en Perú y en Bolivia, mientras que en Colombia se expandía la superficie y mejoraban los rendimientos. En los últimos ocho años, la producción de Colombia se incrementó en 27% (datos del informe de la ONUDD, 2008).

En una evaluación sincera, habría que preguntarse: ¿para qué han servido la altísima inversión que se ha hecho en armamento y demás costos de orden militar y logístico en Colombia? Datos oficiales cifran en más de 5 mil millones la inversión desarrollada, y su único rédito ha sido incremento de la violación de derechos humanos en Colombia, deterioro de las instituciones del Estado a través de la “parapolítica” y fumigaciones a mansalva, lo que ha significado el desplazamiento de poblaciones residentes de los territorios fumigados, así como un incremento espectacular del número de refugiados especialmente hacia la frontera con el Ecuador.

Contexto internacional de la lucha antinarcóticos.

En las últimas décadas, la lucha antidrogas se ha constituido progresivamente como un eje fundamental de la política internacional de los EE.UU. y la UE en el continente Latinoamericano, y de forma especial en los países del eje andino.

La situación ha llegado a tal punto, que gran parte de las relaciones políticas, económicas y de cooperación están determinadas por los resultados que presentan anualmente la policía antinarcóticos de cada país.

Se ha desarrollado en el contexto mundial una lógica de protocolos internacionales, convenciones y tratados que han determinado la regulación, y esencialmente el control de la oferta de narcóticos diferenciando entre estos, actividades licitas e ilícitas, y estableciendo de acción, roles y funciones de instituciones del Estado para el control de la oferta y la demanda de estupefacientes.

En líneas generales, la evolución de las políticas de drogas a nivel mundial, ha estado enmarcada en tres etapas fundamentales en las que con el pasar de los años se ha intensificado gradualmente el enfoque de mano dura y “guerra contra las drogas” del Estado norteamericano.

La primera etapa se puede situar a inicios del siglo XX y estuvo caracterizado por el empuje que EE.UU. y China dieron para generar acuerdos mínimos a nivel internacional. Cabe significar que en aquel momento el tema no tenía un interés protagónico e incluso algunos países hasta veían con recelo este tipo de negociaciones. Sin embargo, se negociaron algunos tratados de carácter normativo que contemplaban la posibilidad de establecer restricciones administrativas a las exportaciones de opiáceos. Se destacan entre ellas la Primera Convención de La Haya (1912), la Convención Internacional sobre el Opio (1925) y la Convención de 1936. En esta última se acuerda por primera vez establecer prohibiciones pero con una participación de muy pocos países. Aún no existían las prohibiciones globales ni al cultivo ni al consumo.

La segunda etapa se caracteriza por la unificación y extensión de los acuerdos iniciales y la limitación del uso de plantas. Se dan las pautas para el abastecimiento de un sistema mundial de control y erradicación de cultivos, ahora llamados ilícitos, provenientes principalmente de países subdesarrollados. En esta etapa destacan: por un lado, la Convención Única de la ONU en 1961 y su enmienda por protocolo en 1972, donde se estableció un sistema universal para controlar el cultivo, producción, distribución, uso y posesión de sustancias narcóticas (se determina la prohibición y control de más de 100 sustancias clasificadas según su peligrosidad); por otro lado, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, donde se incluyen en esta lista más sustancias, esta vez farmacéuticas y anfetaminas.

La tercera etapa marca el inicio del proceso de intensificación y militarización de la “guerra contra las drogas” y se convierte en tema fundamental y visible de la agenda de seguridad de los países desarrollados. Las leyes y las penas se endurecen a nivel mundial y se inician distintas iniciativas de carácter general regional para diseñar sistemas de control y fiscalización. Estas políticas quedan enmarcadas en la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes en 1988 –donde se establecen medidas de acción contra el narcotráfico, blanqueo de dinero y la desviación de precursores químicos (se establece la obligación de criminalizar las actividades de producción, tráfico y posesión en todo el planeta)-, y en la Sesión Especial de la Asamblea General de las NN.UU. sobre Drogas (UNGASS) de 1998.

Con el conjunto de acuerdos y legislaciones internacionales emanados de estos encuentros, se constituye el sistema mundial de control antidroga, se otorgan lineamientos generales para el diseño de políticas a nivel nacional y también para el diseño de iniciativas regionales. Este marco general contiene concepciones sobre el control de la oferta organizada que poco a poco han ido tomando un carácter más punitivo, justificados en base a principios como “países libres de drogas”, “tolerancia cero”, “lucha contra el flagelo de las drogas”, entre otros. Al mismo tiempo, estas consignas fueron trasladadas mecánicamente al control de la demanda o consumo de sustancias psicoactivas.

Todo esto también generó voces discrepantes en algunos países de Europa y en especial en América Latina, con respecto a la escala de la militarización norteamericana en la lucha antinarcóticos y la injerencia interna.

A inicios de febrero del presente año, los EE.UU. resolvieron bloquear las negociaciones en caso de que se incluya el concepto de “reducción del daño” en la próxima declaración política. Este tema ha sido impulsado principalmente desde la UE y América Latina y el Caribe (ALC). El desenlace de esto está por verse y en las semanas previas a la reunión de la UNGASS (que tendrá lugar a mediados del mes de marzo).

Sin embargo, el principal argumento que sustentan las posiciones disidentes, y muy razonables por cierto, es que las reducciones de los cultivos de plantas ilícitas no se cumplieron con este tipo de políticas coercitivas y represoras. La marihuana y el opio han duplicado su superficie y la coca se ha incrementado en un 20%.

Las posiciones de los países son múltiples y responden a su propia realidad. Sin embargo, muchas se quedan en el discurso y finalmente la “guerra” continúa. Tal como están las cosas finalmente la cuestión en la reunión de la UNGASS el próximo mes está en la dicotomía de “reafirmar o replantear”.

Contexto regional andino.

En los países andinos se reproducen, en pequeña escala, los debates mundiales para enfrentar el tema de las drogas. Las posiciones de cada uno de los países responden a distintas realidades y por lo tanto las estrategias y objetivos nacionales difieren mucho entre sí.

La posición de Colombia y Perú está alineada en gran medida con la estrategia antidroga norteamericana, mientras que Bolivia sacó a la USAID y a la embajada americana acusándolas de intervenir en sus fuerzas armadas y de fragmentar al pueblo indígena.

La posición boliviana es una de las más vanguardistas en el mundo en lo que se refiere a la producción de droga ya que reclama la revalorización del cultivo de la hoja de coca y de las manos que lo hacen. La posición de Bolivia se fundamenta en el derecho de autodeterminación de los pueblos y en el hecho de que la hoja de coca no es nociva para la salud de ninguna manera (de hecho, un documento de la OMS de 2007, demuestra que la hoja de coca no es dañina para la salud y demuestra que además es una medicina muy útil para el tratamiento de muchas enfermedades –los EE.UU. amenazaron con recortar sus aportes a la organización en caso de que este estudio se publicase, hecho que evidentemente no sucedió-), y que además constituye un elemento sagrado de su cultura. A pesar que la posición boliviana fue tradicionalmente minimizada, actualmente muchas voces e instancias a nivel internacional la reconocen y promueven. Lamentablemente, los principales opositores a sus tesis se encuentran en su propia vecindad.

La influencia norteamericana en la región andina llevó a que se inserte, en el seno de la CAN, un fuerte debate acerca del vínculo conceptual entre terrorismo y narcotráfico.

Tanto Bolivia como Ecuador se oponen a este enfoque ya que aceptar el “terrorismo” puede ser motivo para justificar la violación de la Carta de Derechos Humanos y la soberanía e integridad territorial de los países.

En el marco ecuatoriano, la ruptura de determinados convenios de colaboración en lucha antinarcóticos con los EE.UU. a partir de las expulsiones de funcionarios gringos por injerencia en la seguridad nacional de este país, abre una nueva crisis para los norteamericanos en la región, a la que hay que sumar la salida de los estadounidenses de la Base de Manta en este año (la base de Manta fue justificada por los EE.UU. como un centro de operaciones protagónico en la lucha antinarcóticos en la región en el contexto del desarrollo del Plan Colombia).

Mafias mexicanas toman el relevo de los cárteles colombianos.

El control del ciclo del alcaloide, es decir el cultivo, procesamiento, transporte y comercialización de la cocaína procedente de la frontera colombiana ha pasado paulatinamente de las manos de mafias colombianas hacia mafias mexicanas. En este sentido, los mexicanos se aliaron primero con las organizaciones de Cali y del Norte del Valle, pero luego los abandonaron e incluso los delataron ante autoridades, por lo que importantes capos de estos grupos fueron y extraditados a EE.UU.

Ejemplos de mafias mexicanas: el cártel de Sinaloa opera en 35 países del mundo y es considerada como una de las mafias más poderosas. Actualmente, éste grupo enfrenta una verdadera guerra con el ejército mexicano y con otras mafias como el cártel del Golfo. La cabeza de su líder “El Chapo” Guzmán está valorada en 5 millones de dólares.

La violencia de estas mafias es una epidemia en varias ciudades de Brasil, Colombia y México, así como de otros países. Son agrupaciones con un elevado nivel de organización y acceso a tecnología y armamento muy sofisticados. Además las repercusiones de la actividad criminal de los implacables carteles mexicanos se sienten desde hace un par de años incluso en ciudades como Atlanta y Boston.

La mayor parte del armamento de los narcos proviene de EE.UU., de donde también fluye hacia México más de $30.000 millones al año, como producto de la venta de narcóticos. La larga guerra contra las drogas no ha logrado acabar con el consumo ni con los crímenes ¿habrá llegado la hora de considerar en serio la legalización como medio para poner fin a la violencia?


Publicado en Wordlpress el 20 de febrero de 2009

sábado, 7 de febrero de 2009

Para Rafael Correa, la dignidad y la soberanía del Ecuador están por encima de todo




















Decio Machado // Quito (Ecuador)

Desde la mañana del sábado 7 de febrero, corren las 48 horas otorgadas por el presidente Rafael Correa a su canciller, Fander Falconí Benítez, para que proceda a la expulsión de territorio ecuatoriano del agregado de la embajada norteamericana, Armando Astorga (quien ha ejercido hasta la fecha el cargo de agregado estadounidense para asuntos migratorios, de seguridad y aduana) , tras tener notificación de una carta enviada por este a la Comandancia General de la Policía Local.

La carta, cuya fecha es del 8 de enero, fue dirigida al General Jaime Hurtado, Comandante de la Policía del Ecuador, e indicaba la finalización del entendimiento del apoyo logístico y operativo brindado al Centro de Operaciones Anti Contrabando –COAC-, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DGI) de la policía nacional a partir de su recepción. Uno de los proyectos por los cuales se ha mantenido y desarrollado la lógica de dependencia histórica del Ecuador con respecto a la política norteamericana contra el tráfico ilegal de personas y estupefacientes.

La terminación de dicho acuerdo entre los EE.UU. y Ecuador, se dio consecuencia de que el gobierno ecuatoriano rehusó a que fuese la embajada de los Estados Unidos la que calificase al personal de la unidad policial encargada, así como que fuesen quienes designasen a su Comandante. El gobierno ecuatoriano, a través de su Ministerio de Gobierno y del propio presidente de la República, ya había anunciado a la embajada norteamericana que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” –desde dos años- este tipo de lógicas habían cambiado.

En el programa radiotelevisivo de la mañana del sábado, utilizada por el presidente Correa para su rendición de cuentas semanales a la ciudadanía de su país, este rechazó la decisión del diplomático norteamericano al indicar que es potestad de los mandos policiales del Ecuador, calificar a su personal y evidentemente a su Comandante, indicando que ya le había dado orden al general Hurtado de que terminara con la práctica anterior. Correa calificó la carta como “insolente” e indicó que dichas prácticas se habían terminado en su gobierno.

De esta manera el mandatario ecuatoriano alineaba su postura con la nueva Constitución aprobada por el país el pasado 28 de septiembre, en la cual se deja constancia de que en el Ecuador, "la soberanía radica en el pueblo, cuya volundad es el fundamento de autoridad, y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución".

La carta enviada por Astorga, solicita que como consecuencia de la decisión tomada por el gobierno del Ecuador de dar por terminado el acuerdo anteriormente existente, también quedan suspendidos 340.000 dólares anuales de apoyo logístico y operativo otorgado por el gobierno norteamericano al COAC. De igual manera, en la misiva norteamericana, se indica que todos los activos, vehículos, muebles de escritorio, cámaras fotográficas y motocicletas entregadas a la COAC, sean devueltas de manera inmediata.

En este sentido, Rafael Correa indicó: “Señor Astorga, quédese con su sucio dinero, no lo necesitamos, aquí hay soberanía y dignidad, quédese con sus 340.000 dólares, majadero insolente”. Con respecto a la infraestructura demandada por Astorga, el presidente ecuatoriano ordenó al Comandante de la Policía que devuelva a las autoridades norteamericanas hasta el último centavo entregado por los gringos de manera inmediata. “Devuélvale hasta el último centavo que este señor haya dado, devuélvale hasta el último borrador, mañana mismo, que se queden con sus cosas, Ecuador no necesita la caridad de nadie”, sentenció el presidente Correa.

De forma similar, el Jefe de Estado rechazó los condicionamientos del funcionario de la embajada de los Estados Unidos a que la decisión del Gobierno Nacional sea revisada, con el fin de contribuir con 160.000 dólares anuales. En este sentido, el lunes será entregada una comunicación a la embajada donde se indicará que el Ecuador no requiere de los 340.000 dólares ni de los 160.000 dólares anuales que EE.UU. iba a otorgar para apoyo logístico y operativo a la unidad nacional contra la trata de personas.

El presidente Correa indicó que en la carta que el Ecuador enviará a las autoridades norteamericanas, propondrá “una donación a Estados Unidos de 160.000 dólares anuales para proyectos que tengan como fin evitar la tortura en los Estados Unidos”, denunciando de esta manera que “se está torturando en cárceles como la de Guantánamo”.

“Estos señores no saben con quién están tratando”, señaló Correa, indicando que recientemente la embajadora de los EE.UU., Heather Hodges, le había solicitado que tras la salida de los norteamericanos de la base de Manta –hecho que se desarrollará en este año en cumplimiento del artículo 5 de la Constitución en la cual se indica que "No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares" en territorio ecuatoriano-, se permitiera el aterrizaje de aviones de control antidrogas en el suelo ecuatoriano con el fin de poder hacer repostaje.

En referencia a esto, el primer mandatario ecuatoriano indicó que aceptaba la petición de la embajadora con la condición de: “Que nosotros tendremos que calificar a los pilotos de esos aviones para que no nos metan ningún delincuente en nuestro país”, y prosiguió, “nosotros calificaremos a los pilotos, si no, aquí no aterriza ningún avión norteamericano”.

Al finalizar, el presidente Correa, sostuvo que Estados Unidos debe “perder las esperanzas” de que su gobierno revise su posición respecto a ese acuerdo con Washington, porque “mientras esté el gobierno de la revolución ciudadana, las circunstancias no cambiarán, (…), estamos no en una colonia norteamericana, sino en una país digno y soberano”.

Fuentes de la embajada norteamericana en el Ecuador indican que el funcionario expulsado por Correa no se encuentra en el país desde finales del mes de enero.


Artículo publicado en la web "Vamos a cambiar el mundo" el 8 de febrero de 2009.

sábado, 24 de enero de 2009

Correa se niega a cargar con la ‘deuda ilegítima’
















Decio Machado (Ecuador)

La decisión del Gobierno de Ecuador de auditar la deuda externa del país, identificando sus orígenes “ilegítimos, inmorales e ilegales” abre la puerta a una renegociación de la deuda favorable a los intereses de Ecuador.

El 15 de enero el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en su informe a la Nación, anunciaba cuál sería la estrategia ecuatoriana con respecto a la deuda externa. Correa precisó, entre otros puntos, que Ecuador intentará recomprar un tercio de la deuda externa (3.210 millones de dólares), que dejó de pagar en noviembre al ser considerada ésta como “deuda ilegítima” por una auditoría independiente.

El presidente ecuatoriano lo decía de esta forma: “Vamos a hacer una propuesta de compra de esa deuda ilegítima, pero quitándole la mayor fuente de ilegitimidad, que fue el alto precio a la que se renegoció, y volviendo a los precios o estimando los precios a los cuales debió canjearse esa deuda”. Correa señaló que “la mayor fuente de ilegitimidad de esa deuda es que cuando el país estaba quebrado y los bonos vendiéndose a 20% de su valor nominal, agenciosamente, fueron nuestros negociadores para que se recuperen los precios y canjear la deuda, pero al 60% de su valor nominal”.

Consultado por DIAGONAL, Diego Borja, ministro coordinador de la política económica, nos indica que Ecuador planea recomprar los bonos con un descuento de al menos un 70% sobre su valor nominal.

La deuda ilegítima

El llamado Gobierno de la ‘revolución ciudadana’ declaró en diciembre el default (suspensión de pagos) para la deuda externa comercial que involucra a los bonos Global con vencimiento en 2012 (por 510 millones de dólares) y 2030 (2.700 millones), los cuales fueron canjeados por los Brady en 2000.

El cuestionamiento del Gobierno de Correa es sobre los tramos de deuda que se consideraron “ilegítimos, inmorales e ilegales” en el estudio realizado por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC) y que se presentó oficialmente en el mes de noviembre. Esto ha significado que desde el 15 de noviembre no se esté cumpliendo con los pagos correspondiente a los bonos Global 2012 y 2030, aunque paralelamente se hayan desembolsado 30,5 millones de dólares por intereses de los Global 2015 (que ascienden a 650 millones de dólares), y que fueron emitidos por el propio Ecuador en 2005 para generar directamente recursos. El Gobierno no considera que formen parte de los tramos ilegítimos de deuda, dado que ésta no fue impuesta desde las instituciones financieras internacionales, sino por el propio Gobierno.

Al mismo tiempo que suspende estos pagos, el Gobierno de Ecuador prepara en estos momentos las acciones legales contra los acreedores, instituciones financieras internacionales y, en el plano interno, contra los responsables en gobiernos anteriores de haber generado esta crisis.
La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, declaró a DIAGONAL que “el servicio de la deuda externa en nuestro Gobierno jamás estará por encima de la inversión social, que en el año 2008 superó en 940 millones de dólares el pago de la deuda”.

El total de la deuda ecuatoriana ascendía en noviembre de 2007 a 9.985 millones de dólares, el equivalente al 19% del PIB de Ecuador.

Ex presidentes en la mira

Gustavo Noboa, quien fue presidente de Ecuador entre 2000 y 2003, es el quinto jefe de Estado que se presenta ante el fiscal encargado de la indagación previa, Byron Granja, después de que la Fiscalía decidiera investigar el tratamiento que se dio a ciertos tramos de la deuda externa en los gobiernos de las últimas tres décadas. Noboa, quien fue amnistiado el pasado 4 de julio por la desaparecida Asamblea Constituyente del país, tuvo que presentarse ante la Fiscalía el 9 de enero por requerimiento de la justicia ecuatoriana.

La Fiscalía ha llamado a declarar a Noboa, después de haber requerido ya a Lucio Gutiérrez, quien gobernó el país entre 2003 y 2005. También han declarado Rodrigo Borja, presidente entre 1988 y 1992; Fabián Alarcón, presidente entre 1997 y 1998; y Alfredo Palacio, último mandatario ecuatoriano antes de la elección de Rafael Correa.

“El informe de auditoría sobre la deuda externa detecta una serie de problemas de eventuales responsabilidades e ilegalidades que tiene que ser sometido a las autoridades competentes en el tema interno de la Fiscalía General y en el tema externo eventualmente a demandas y juicios en el exterior bajo los tribunales de Nueva York”, declaró a DIAGONAL uno de los portavoces de la CAIC, el historiador argentino Alejandro Olmos.

La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público estableció responsabilidades en presidentes de la República, ministros de Finanzas, autoridades del Banco Central y Junta Monetaria, dictadura militar y procuradores que actuaron en el período que se investiga.

Este artículo fue publicado en el periódico DIAGONAL número 94, el 22 de enero de 2009

Un atraco millonario


Decio Machado (desde Ecuador)

El 80% de los casi 10.000 millones de dólares de deuda externa de Ecuador proviene de operaciones de refinanciación, y sólo un 20% para proyectos de desarrollo.

La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), constituida por decreto gubernamental y compuesta por auditores y economistas independientes del Gobierno, investigó y analizó durante más de un año el conjunto de los casi 10.000 millones de deuda externa ecuatoriana. Preguntado por DIAGONAL, su coordinador, Hugo Arias, aseguró que tras las investigaciones “se encontraron indicios de una actitud fraudulenta en la contratación y negociación de deuda que la convirtió en un monstruo gigante e impagable”, añadiendo que “más del 80% de la deuda corresponde a refinanciamiento, y apenas el 20% a proyectos de desarrollo”.

Según el vocero de la CAIC, este manejo estuvo presente en todos los gobiernos desde hace más de 30 años, a excepción del gobierno del presidente Abdalá Bucaram (agosto 1996-febrero 1997) que en sus apenas siete meses de gestión, antes de tener que salir prófugo a Panamá, no registró negociaciones de deuda. Según Arias, “el país sabe que el endeudamiento externo fue un atraco millonario. Nunca se favorecieron los intereses nacionales sino el de los acreedores, porque ellos manejaron procedimientos ilegales en unos casos e ilegítimos en otros, y todos perversos”.

Ecuador cuenta con recursos para cumplir con sus obligaciones aunque sus ingresos se han visto afectados por la caída del precio del petróleo, que financia casi el 40% del presupuesto público, por lo que la decisión tomada, por Correa de entrar en default es una decisión de índole política sin precedentes en América Latina.

Sube el Riesgo-País

La consecuencia de las acciones emprendidas por el Gobierno ecuatoriano ha hecho que los precios de los bonos caigan y que el índice de Riesgo-País se eleve por encima de los 4.000 puntos, lo que puede significar un handicap para la inversión extranjera en el país. En ese sentido, Rafael Correa se ha expresado rotundamente: “Que caigan los bonos, que suba el Riesgo-País, nos tiene sin el menor interés, sin la menor preocupación, pero mi Gobierno no dejará en la impunidad el caso de la deuda”.

Los bonos de deuda Global 2012 y 2030 se intercambiaron en 2000 por unos bonos anteriores, denominados Brady, con vencimiento en 2025, y que habían sido emitidos en 1994 por el Gobierno de entonces.

El presidente Jamil Mahuad había anunciado en agosto de 1999 una moratoria unilateral de los bonos Brady y al año siguiente, el sucesor de Mahuad, Gustavo Noboa, propuso a los tenedores el canje de bonos en medio de una crisis económica que condujo a la quiebra a 21 de los 42 bancos privados del país, que se vio entonces envuelto en una hiperinflación.

La protección de Mahuad a los bancos quebrados provocó que este mandatario decretara un día de fiesta bancario, un congelamiento de depósitos y una virtual quiebra del sistema de economía real. El exceso de impresión de billetes para afrontar las obligaciones de rescate bancario provocó que la inflación aumentase considerablemente y la crisis de la economía real disparó la cotización del dólar a niveles nunca antes vistos.

Mahuad quebró el país y el 21 de enero de 2000 fue depuesto después de que la CONAIE tomara las calles de Quito y avanzara al Congreso Nacional, apoyados por un grupo de coroneles. Ahora, Mahuad reside en EE UU (país al que permitió crear la base militar de Manta) y tiene cargos pendientes en su contra por varios actos gubernamentales. Aún así ha recibido el sobreseimiento provisional del proceso en su contra, dictado a su favor por la Corte Suprema.

Artículo publicado en el periódico DIAGONAL número 94 el 22 de enero de 2009

jueves, 2 de octubre de 2008

Nueva Constitución para Ecuador


Tras la consulta popular para la aprobación de la nueva Constitución, Ecuador y en especial la ciudad de Guayaquil muestran una clara polarización social sin precedentes en el país.


La campaña del referéndum constitucional ha tenido un elevado tono de enfrentamiento durante los meses de agosto y septiembre en Ecuador. A pesar de que el ex presidente Lucio Gutiérrez, principal figura de la oposición a nivel nacional, anunciara sospechas de fraude en el referéndum, el propio jefe de la misión de observadores internacionales de la OEA, Enrique Correa, lo desmintió públicamente : “No existen indicios de fraude electoral en el Ecuador, aunque sí hemos asistido a una campaña basada en la lógica de la confrontación basada en la descalificación del contrario”.

El 28 de septiembre, el proceso de transformación social que vive Ecuador, conocido popularmente como la “revolución ciudadana”, se jugaba el todo por el todo. Con la aprobación de la Constitución se pone en marcha uno de los catálogos de derechos más extensos del mundo, con sus correspondientes garantías, que llevan a convertir incluso a la naturaleza en sujeto de derecho, algo hasta ahora insólito en los tratados constitucionales.

Esta nueva Constitución sienta las bases para una democracia participativa, con la posibilidad, por poner un ejemplo, de poder destituir al jefe de Estado por votación popular. El texto incorpora derechos fundamentales entre los que destaca el derecho al agua, a la alimentación, los derechos de las mujeres embarazadas, de los adultos mayores o de los pueblos indígenas.

La nueva Constitución de Ecuador rescata un término kichwa, el sumak kawsay (traducido al castellano como “el buen vivir”), y lo convierte en el principal objetivo del poder público. Horas antes de que se abrieran las urnas, el presidente Rafael Correa definía la situación por la que pasa el país : “Estamos ante un momento histórico. Es una oportunidad maravillosa para construir el nuevo Ecuador, por el que hemos venido luchando durante muchas generaciones”. De igual manera declaraba a DIAGONAL Manuela Gallegos, titular de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana : “No tiene viabilidad el proyecto de transformación social que se está desarrollando en el Ecuador si el pueblo no aprobase la Constitución. Por fin las minorías étnicas se ven reflejadas en la carta magna en toda su magnitud. Por fin las mujeres, los indígenas, los negros…, se empoderarán. Este proceso de cambio ya no tiene freno”.

Las élites, intranquilas

La Iglesia ha sido uno de los actores claves de la oposición durante la campaña por el ‘no’ a la Constitución. Monseñor Arreguí, cura de origen vasco y miembro destacado del Opus Dei, así como presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se manifestó claramente en contra de la Constitución. Sus motivos : “Esta Constitución atenta contra los principios de la Iglesia. Es abortista, da pie al matrimonio entre parejas del mismo sexo, y en su preámbulo invoca el nombre de Dios junto al de la Pachamama”. De igual manera, manipulando y tergiversando los contenidos del proyecto constitucional, la oligarquía y extensos sectores empresariales llamaban a votar por el ‘no’, indicando a través de múltiples vocerías que la nueva Constitución atenta contra el principio de la propiedad privada, que es comunista, que se ha hecho a través de asesores extranjeros financiados por el presidente venezolano Hugo Chávez, que no permitirá las inversiones extranjeras en el país... Walter Larrea, trabajador de la cadena comercial AKI, con múltiples establecimientos en diversas ciudades de Ecuador, declara a DIAGONAL : “En nuestros puestos de trabajo, nuestros jefes nos amenazaron con el despido si votábamos ‘sí’ a la Constitución. Mi hermano y mis primos, que trabajan en negocios que nada tienen que ver con el mío, también fueron amenazados”.

Ecuador se ha caracterizado por ser un país razonablemente tranquilo, a pesar de que Rafael Correa sea el sexto presidente de la República en tan solo 12 años. Muchos de sus antecesores fueron derrocados por movimientos populares, así como por procesos judiciales. Según declara a DIAGONAL el sociólogo Jon Avatares : “La sociedad ecuatoriana se ha caracterizado por no haber vivido grandes procesos de represión política, los militares no protagonizaron dictaduras del estilo de las que existieron en el Cono Sur, y el nivel de enfrentamiento político ha tenido habitualmente un perfil relativamente bajo dentro del contexto social”. Y prosigue : “Sin embargo esto está cambiando, la campaña para el referéndum constitucional es un claro ejemplo de ello. Nuestra sociedad se está polarizando entre quienes están a favor o en contra de Correa, y este fenómeno se da de manera especial en Guayaquil”.

“No jodas a Guayaquil”

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se transformó en el vocero fundamental de la campaña por el ‘no’ a la Constitución. Bajo el lema “No jodas a Guayaquil”, puso en marcha gigantescas brigadas ‘puerta a puerta’ por toda la ciudad, con el fin de convencer a sus ciudadanos de que la Constitución es centralista y negativa para la ciudad que él dirige. Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador, con dos millones de habitantes, y se ha convertido en el bastión de la oligarquía tradicional ecuatoriana. Nebot, histórico militante del Partido Social Cristiano, es el portavoz de esa oligarquía y, de hecho, junto con la provincia de Zulia en Venezuela y los territorios de la ‘medialuna’ en Bolivia, Guayaquil es socio fundador de CONFILAR, la Confederación que agrupa a los territorios secesionistas de América Latina. El presidente Correa ha alertado varias veces sobre el peligro de que se dé en Guayaquil un proceso de características similares al de Santa Cruz en Bolivia. Correa advertía sobre las declaraciones autonomistas de Nebot durante la campaña : “Lean bien lo que quiere decir esa oligarquía. Nos quieren convertir en otra Bolivia donde, pese a que Evo Morales saque el 68% del apoyo popular, la oligarquía separatista de Santa Cruz quiere destrozar a Bolivia porque nunca se sintieron bolivianos”.

Este artículo fue publicado en el Diagonal nº 86 del 2 de octubre de 2008

martes, 30 de septiembre de 2008

Ecuador: comienza a hacerse justicia 10 años después


El Estado incauta 195 empresas pertenecientes a una de las familias oligárquicas más importante del país. Los medios de comunicación en manos de la derecha comienzan una dura campaña de desprestigio sobre Rafael Correa. Los medios de comunicación internacional: CNN, grupo PRISA, etc… secundan la campaña de la derecha.
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De igual manera que se manipuló la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de Radio Caracas TV (RCTV) el 27 de mayo del año pasado, los medios de comunicación ecuatorianos e internacionales ya están manipulando la incautación de varias empresas de comunicación en la madrugada del día de ayer, 8 de julio, por la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Garantías de Depósito (AGD) ecuatoriana.

Mientras los medios recogen declaraciones del tipo de “atentado y atropello a la libertad de expresión”, emitida entre otros muchos periodistas, por Nicolás Vega, gerente de la televisión Gamavisión; o incluso las del alcalde de Guayaquil, el líder “secesionista” socialcristiano y portavoz de la oligarquía tradicional, Jaime Nebot , en las cuales advierte demagógicamente: “es el inicio del fin de la libertad de expresión en el país”; la realidad se corresponde, al igual que pasó en Venezuela hace algo más de un año, a algo muy distinto.

¿Qué ha sucedido en realidad?

La Agencia de Garantías y Depósito AGC, conforme al artículo nº 29 de la Ley de Reordenamiento en materia económica y tributaria, dispuso la incautación de todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco, al 2 de diciembre de 1998; cuyas pérdidas fueron determinadas por la Junta Bancaria, por 661 millones de dólares, conforme lo previsto en la resolución JB-2008-01084, con fecha 26 de febrero de 2008.

Artículo 29, Ley AGD: “…en aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera, y la AGD podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad…”.

No es una incautación única sobre medios de comunicación o por el mero hecho de ser medios de comunicación. El gobierno ecuatoriano ha incautado 195 empresas entre ellas: empresas agrícolas, de comercio, de seguros; de construcción; yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles, además de las empresas mediáticas. Sus propietarios, el llamado Grupo Isaías, eran los propietarios de Filanbanco, entidad que junto con otras articularon la estafa más grande de la historia del Ecuador, hace 10 años. De hecho, la familia Isaías, vive desde entonces en Miami, Estados Unidos.

Con esta medida, que debió ser tomada hace 10 años, renace la esperanza de los cientos de ciudadanos a los que nunca se les devolvió su dinero luego de la quiebra de Filanbanco. Además estas incautaciones no vulneran ningún derecho laboral ni paralizará ninguna de las empresas en cuestión, es el Estado ecuatoriano el que ahora velará y garantizará la estabilidad laboral.

La intoxicación mediática a la que una vez más esta siendo sometida la comunidad internacional por medio de los grandes grupos de comunicación, intenta hacer creer que el llamado gobierno de la Revolución Ciudadana, presidido por Rafael Correa, ha desarrollado una acción para hacerse con los medios de comunicación opositores, y que dicha acción carece de legitimidad jurídica.

Lo cierto es que, entre las 195 empresas de la familia Isaías incautada, se encuentra tres canales de televisión (TC Televisión, Gamavisión, Cable Noticias CN3), más la televisión por cable, Cable Deportivo. Además, los Isaías, tiene entre su holding empresarial, media docena de radios (entre ellas destacan Súper K8 800 y Radio Carrusel), así como otra media docena de revistas (La Onda, Generación XXI, El Agro, Samborondón,…). Todos ellos han quedado incautados por el Estado.

¿De quién son los medios de comunicación en el Ecuador?

La industria mediática ecuatoriana, al igual que la del resto del planeta, ha derivado en dos efectos importantes en los últimos treinta años. Por un lado, una creciente privatización monopólica que genera significativos lazos entre grupos de poder y medios de comunicación. Pero además, dicha relación tiene un efecto directo sobre la intención y direccionalidad de la información, instrumentalizada desde los intereses de quienes son propietarios de los medios.

Esta relación -prensa-grupos económicos- no es nueva. La tendencia mundial por comercializar los medios de comunicación responde a la importancia ideológica que tienen, y al poder que supone el manejo de información. En ese sentido, Ecuador no ha sido una excepción.

Los medios ofrecen la posibilidad de controlar de manera indirecta, a través de la unificación de pensamiento y la injerencia en la percepción ciudadana. Se trata de una hábil estrategia, considerando que se ampara en el discurso de la democracia y la libertad de expresión.

La manipulación de información responde a un interés específico de control social a través de la homogenización de percepciones, incidiendo directamente en el imaginario social y el debate público. El papel de los medios ya no es informar sino moldear una sociedad funcional a los grandes poderes económicos.

Durante los últimos años, en Ecuador se han producido una serie de acontecimientos que han ido modificando la configuración de los grupos económicos del país. En este sentido, resulta importante destacar el papel de la crisis bancaria de 1998 en el reordenamiento de los grupos de poder económico del país.

En la actualidad, la propiedad sobre los medios en el Ecuador presenta características monopólicas. Son los grandes grupos económicos del país los que concentran los espacios mediáticos, bajo el tradicional formato de familias cerradas. Un cruce de información sobre accionistas y directorios de medios revela además una importante imbricación entre estos grupos vinculados a través de relaciones comerciales, familiares y por propiedades compartidas.

En la actualidad, y a falta de una oposición sólida capaz de estructurar alternativas al gobierno del presidente Correa, son los medios las herramientas utilizada por la oligarquía para intentar desprestigiar y deslegitimar el actual momento de transformación social que vive el Ecuador.

Los grupos tradicionales que controlan los medios en el en Ecuador son:

- Isaías de Guayaquil Eljuri de Cuenca y Vivanco de Quito, entre estos tres grandes grupos, conforman el supergrupo IEV, el holding multimedia más importante. Cada familia mantiene el control total sobre determinados medios pero además tienen un conjunto de intereses mutuos en un número importante de medios de comunicación.

- Mantilla Mosquera y Mantilla Anderson, ambos de Quito, conforman el supergrupo Mantilla: Relación familiar (primos hermanos). Intereses comunes en sector editorial. Cuentan con empresas que los enlazan económicamente. Separación de intereses a nivel de prensa escrita.

- Y los grupos sueltos, Vivanco y Egas de Quito; así como, Alvarado, Pérez y Martínez de Guayaquil.

Todos ellos son de perfil conservador, no habiendo sectores progresistas mediáticos más allá de la televisión estatal –Ecuador TV, sin emisión permanente-, el periódico El Telégrafo (también estatal y con una limitada tirada de 25.000 ejemplares) y una red de radios comunitarias, entre las que destaca La Luna (activa protagonista durante el derrocamiento del coronel Lucio Gutiérrez).

En el Ecuador actualmente son 19 familias oligárquicas, las que controlan a nivel nacional la pantalla chica: de 348 concesiones, 287 están en manos de estos grupos familiares, ya sea como personas jurídicas o como personas naturales. El resto de concesiones se encuentran en provincias, principalmente en posesión de políticos o empresarios locales.

Entre estas familias, los Isaías son los más importantes, teniendo en su poder el 27% de la concentración mediática televisiva.

Los antecedentes investigativos.

El pasado 4 de agosto de 2007, el presidente Rafael Correa, afirmaba que el atraco bancario de 1999 al que se vio sometido el país es una “historia tenebrosa” que “no quedará en la impunidad” y pidió a los ecuatorianos estar atentos al futuro.

En ese momento, Correa advertía a los ciudadanos que los resultados del informe que la comisión de auditoría del salvataje bancario “eran estremecedores”. Dicho informe fue presentado públicamente el 9 de agosto del año pasado, y a partir de ahí, el gobierno pidió al Fiscal General de la Nación que investigue a los responsables y conforme una veeduría ciudadana para que estos delitos fueran sancionados y no quedasen en la más absoluta impunidad.

Correa denunciaba entonces, que “todo fue un plan para quebrar al país y llenar el bolsillo de los banqueros” (en la actualidad, todos instalados en los Estados Unidos), indicando también que ese “atraco” financiero de 1999 y 2000 tuvo como antecedentes la manipulación de las leyes.

La banca controló la Constituyente de 1998.

Los banqueros intervinieron en varias leyes en elaboración de la Asamblea Constituyente de entonces, dominada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Cristiana, con el fin de realizar modificaciones legales para su beneficio.

Se modificó por ejemplo la transitoria número 42 de la Constitución en relación con la gestión del Banco Central para incorporar el siguiente contenido: “Hasta que el Estado cuente con los instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años, contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como crédito para atender el derecho de preferencia a las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.

Los banqueros se prepararon la legislación, ya sabiendo que venía la crisis e hicieron una Constitución a su medida para que todo el pueblo ecuatoriano pagase su irresponsabilidad y sus lucros indecorosos.

Tras este primer paso para atracar el país, vino el segundo, en diciembre de 1998, con la aprobación de ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), cuyo lema parece haber sido, según Correa: “quiebren no más que todo el Ecuador paga”.

Después de marzo de 1999, llegó el congelamiento de depósitos, que se convirtió en el mayor decomiso de la historia del país (versión ecuatoriana del “corralito” argentino), y se registró una devaluación del sucre (moneda del país en aquel momento), que pasó de un tipo de cambio de 5.000 sucres por dólar a 25.000 sucres por dólar, con lo que se consumó el robo de las cuatro quintas partes de los depósitos del pueblo ecuatoriano.

Los presidentes implicados.

Toda esta operación de robo a escala nacional, comenzó durante el mandato de Fabián Alarcón, declarado presidente interino después de la destitución, tras fuertes movilizaciones populares, de Abdalá Bucaram, el 11 de febrero de 1997. Esto llevó a una crisis política, ya que constitucionalmente la sucesión correspondía a la entonces vicepresidenta, Rosalía Arteaga, que había asumido el poder sin la autorización del Congreso el 6 de febrero. Arteaga ejerció de manera oficial como presidenta entre 9 al 11 de febrero, pero cedió finalmente ante Alarcón, que asumió de manera interina hasta el 10 de agosto de 1998.

Su gobierno fue caótico. La crisis constitucional desatada a partir de su designación acabó con un referéndum que dio paso a la Asamblea Constituyente anteriormente referenciada, que redactó la nueva Carta Magna de 1998.

El interinazgo de Alarcón se prolongó hasta el 10 de agosto de 1998, cuando asumió un nuevo presidente elegido en las urnas, el alcalde de Quito Jamil Mahuad.

Mahuad, líder de la Democracia Popular, gobernó el país entre 1998 y su derrocamiento en el 2000. Recordado como el presidente más nefasto de la historia del Ecuador desde su regreso a la vida democrática, actualmente dicta clases en Harvard, donde imparte cursos de escenarios políticos.

La consecuencia: el éxodo de un pueblo.

El masivo robo desarrollado por los tenebrosos banqueros ecuatorianos, en contubernio con el Gobierno de Jamil Mahuad, causó repercusiones terribles, valorándose el desfalco económico en unos 6.000 millones de dólares.

Sin embargo, el costo de este asalto ha tenido repercusiones aún más graves para la población ecuatoriana. Desde 1995, con énfasis principalmente en 1999 y 2000 (momento del atraco bancario), cerca del 25 % de la población del Ecuador, tuvo que emigrar.

Los estragos económicos de la última guerra contra el Perú (1995), la devastación causada a lo largo de toda la costa del país por el Fenómeno del Niño durante 1998, y en especial, que quiebra fraudulenta de los principales bancos (1999), fueron los principales causantes del éxodo masivo ecuatoriano a Europa y Estados Unidos.

El atraco bancario y la posterior dolarización del país, en el año 2000, dejó a la economía ecuatoriana contra las cuerdas, la cual de hecho se salvó consecuencia de las divisas enviadas por los inmigrantes que tuvieron que salir del país.

Lo que está por venir...

El presidente Correa ya lo ha advertido, se hará justicia, aunque sea 10 años después, no son los Isaías los únicos que serán incautados por el gobierno de la Revolución Ciudadana.

Un acto de valentía como este por parte del Ejecutivo ecuatoriano, con Correa a la cabeza, merece ser aclarado, con independencia de la manipulación mediática a la que se le intente someter por parte de medios de comunicación que desde hace ya muchos años, dejaron de lado la ética períodística y su función primordial: la facilitación de una información objetiva para el conjunto de la ciudadanía.

Sr. Rafael Correa, al margen de lo que los medios estén publicando en el día de hoy, no dude nunca que una acción como esta, su pueblo se lo agradece. Han tenido que pasar 10 años para que se empiece a hacer justicia.

Publicado en Rebelión el 8 de julio de 2008