La constructora San José invade las tierras de indígenas aislados

Por Decio Machado

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Paraguay // Organizaciones de Derechos Humanos acusan a la empresa de etnocidio

El grupo empresarial español está talando árboles y construyendo diques en territorio de indígenas de Paraguay según denuncias de varias organizaciones

La empresa ganadera Carlos Casado S.A. ha arrasado un bosque habitado por indígenas aislados. Fuentes oficiales de Paraguay confirmaron el pasado 23 de agosto la existencia de denuncias contra la compañía Carlos Casado, que forma parte del holding empresarial español Grupo San José, cuyo dueño, Jacinto Rey, es considerado por la revista Forbes como la 34 fortuna española más importante, con un patrimonio estimado en unos 800 millones de dólares.

La empresa ha sido denunciada por deforestar sin autorización un lugar donde viven los ayoreos, último pueblo indígena no amazónico aislado voluntariamente en América. A principios de agosto, una inspección de la Fiscalía Ambiental de Paraguay pudo verificar cómo en el Lote 260, propiedad de la firma Carlos Casado S.A., se realizaban actividades de talado de bosque sin los permisos ambientales correspondientes, la construcción de edificaciones y diques, así como la instalación de una alambrada en el entorno de la parcela.

Días antes, la ONG Survival Internacional presentó ante la prensa local una serie de fotografías por satélite que mostraban la construcción de una pequeña represa de agua en la zona. Para William Zapata, poblador de la zona, “este es el patrón clásico de intervención de los terratenientes locales. Primero crean enormes contenedores de agua para después clarear extensiones de bosque para el ganado”. Dicha denuncia motivó que la Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT) alertara a las autoridades ambientales con el fin de evitar la deforestación ilegal. Para la OPIT, “estos hechos demuestran la necesidad de administrar nuestros bosques, los cuales estamos intentando proteger y recuperar desde 1993”.

Según declaran voceros del grupo “Gente, Ambiente y Territorio” -ONG local que promueve el respeto a la diversidad cultural y la conservación ambiental-, “este crimen es una tragedia humana, y una vergüenza para Paraguay frente a los ojos del mundo, y solo parará si los responsables son detenidos y castigados". En ese mismo sentido se pronunció el director de Survival International, Stephen Corry, que indicó que “se ha establecido con claridad que los ayoreos no contactados se encuentran escondidos en esta zona, puesto que la mayor parte del resto de su bosque ya ha sido talado. La zona debe ser protegida adecuadamente de inmediato y entregada a los propios ayoreos".

Ya en el mes de junio, Survival denunció que terratenientes y ganaderos pretendían engañar a los ayoreos con el fin de construir una carretera cuyo objetivo era que la familia Casado pudiera introducir en la zona miles de cabeza de ganado, aún a costa de dividir el territorio indígena en dos.

Según fuentes cercanas al Departamento de Paraguay para Asuntos Indígenas (INDI), durante los últimos meses de la gestión del expresidente Lugo, se estuvo negociando la compra de tierras por parte del Estado a la filial española con el fin de devolvérsela a la población ayorea. Tal operación se frustró tras el reciente golpe de Estado "constitucional" que derrocó a Lugo y, por eso, los derechos de los indígenas ayoreos han sido relegados nuevamente.

Una historial colonial

La empresa argentina Carlos Casado S.A. nació en 1883, cuando su propietario  Carlos Casado del Alisal, un inmigrante español, adquirió seis millones de hectáreas de tierra -una cuarta parte del Chaco- en Paraguay. Su objetivo, explotar el árbol quebracho, de color rojo, originario de la zona y que es un recurso natural de creciente importancia en la industria mundial. Sin embargo, las leyes agrarias de la época prohibían esta acumulación de tierra, por lo que Casado generó una red de testaferros a través de la cual realizó 28 escrituras públicas, consiguiendo titularizar todas las tierras a su nombre en 1886.

Como propietario "supremo", Casado entendió que no sólo la tierra era suya, sino también las poblaciones indígenas que quedaban dentro de su territorio, por lo cual forzó a los indígenas a talar los árboles existentes en sus territorios ancestrales. Los salarios se pagaron con bonos canjeables por alimentos en los almacenes de la misma empresa, combinado con ingentes litros  de caña (la bebida alcohólica nacional).

En 1925, Casado vendió parte de sus posesiones a la emigración rusa menonita que se instaló en Paraguay huyendo de la revolución bolchevique. Ya en la década de los 70 la comunidad indígena de Maskoy, en una situación de precariedad laboral absoluta y en emergencia alimentaria y sanitaria, consigue ganarle un pleito por el cual recuperan una parcela de 30.000 hectáreas de tierra que comprendían parte de sus territorios históricos.

Durante la década de los 90 la compañía cambió su estrategia comercial, vendiendo poco a poco parte de sus tierras a latifundistas privados ante el temor de que cundiese el ejemplo de Maskoy en sus posesiones ilegales. En el 2000, con el desembarco de la secta Moon en Paraguay -vinculada con tráfico de armas y lavado de dinero-, la familia Casado vendió a este grupo 500.000 hectáreas, lo que generó, en 2005, una gran marcha indígena hasta Asunción para reclamar sus derechos sobre la tierra que habitan, generando un proceso legal aun sin resolver en el parlamento paraguayo.

En el 2007, el grupo español San José adquirió la compañía Carlos Casado S.A., desarrollando nuevos proyectos a través del cual se ha puesto en marcha la explotación de monocultivo dedicados a la producción de biodiesel en parte de las 320.000 hectáreas de propiedad que posee en el Chaco.

A pesar de estos antecedentes, el gerente de la empresa Diego E. León, no tuvo reparos en declarar que “en los 110 años de trayectoria en el Chaco, Carlos Casado SA ha trabajado tradicionalmente en forma respetuosa con las autoridades de la Republica del Paraguay y con las comunidades que habitan en la zona, con quienes siempre ha mantenido armoniosas relaciones”, mientras negaba cualquier vinculación con hechos ilícitos.

Jacinto Rey, monarca del ladrillo en Latinoamérica

Jacinto Rey González, nacido en Pontevedra, es uno de esos personajes que en el mundo empresarial español son denominados como “empresarios hechos a sí mismos”. A los 22 años comenzó sus actividad profesional en el mundo del ladrillo, trabajando para una pequeña constructora local y en 1970 se incorporó a la Constructora San José en calidad de responsable técnico. A mediados de esa década, la empresa encabeza la construcción de infraestructuras escolares y universidades, puesta en marcha por el Ministerio de Educación durante el gobierno de UCD.

En esa época comienza la expansión de dicha constructora. En 1975 se crea la filial San José Constructora S.L. y a finales de los 80 nace San José Portugal y compra la empresa CIMSA. En los 90, el grupo se introduce en el mercado inmobiliario, con obras como la Cartuja-Expo de Sevilla e infraestructuras para las Olimpiadas de Barcelona. Después mantuvo buenas relaciones con el Gobierno de Aznar.


Entre 1998 y 2000, el holding San José se diversificó creando diversas filiales nacionales y extranjeras. Y en 2007 nació San José, Energía y Medio Ambiente, que entró en el sector de la energía e hizó su debut bursátil dos años más tarde. No menos significativa es su actividad en América Latina, donde se deidcan a la construcción de viviendas en Perú y en Brasil, construcción de un túnel para el ferrocarril entre Santiago de Chile y Mendoza (Chile), y compran la empresa argentina Carlos Casado S.A., la cual cotiza en la bolsa de Wall Street y es tristemente conocida por su historia de abuso y explotación en el Chaco.