Los escándalos de corrupción acorralan a los líderes del Partido de los Trabajadores

Brasil vive un terremoto político tras la detención del expresidente Lula da Silva.


Por Decio Machado / Redacción

www.diagonalperiodico.net

En el juego de ajedrez en el que se ha convertido en las últimas semanas la política brasileña, el expresidente Lula da Silva se ve acorralado e incluso podría terminar preso. El emblemático líder del Partido de los Trabajadores (PT) se vio forzado a declarar por el caso popularmente conocido como el 'petrolao', en el que importantes dirigentes políticos y reconocidas empresas brasileñas están relacionadas con el caso de corrupción en Petrobras.

Una operación política

Sobre Lula recae la sospecha de haberse beneficiado en un gigantesco esquema de corrupción existente en Petrobras y heredado de épocas anteriores. El juez Sergio Moro, quien lidera la investigación por corrupción estatal conocida como Lava Jato, ordenó el pasado 4 de marzo la detención transitoria del histórico dirigente petista para prestar declaración judicial y el allanamiento de 33 propiedades bajo titularidad familiar y de su entorno.

En la madrugada de ese mismo día, cuatro horas antes del operativo policial, un editor del conservador grupo mediático O Globo ya avisaba por Twitter de que sucedería algo "muy especial". Esta incontingencia digital demuestra las complicidades entre fiscales y medios opositores en el marco de una operación que el propio Lula definió como "show mediático" cuyo objetivo consiste en desprestigiar su figura.

Los problemas judiciales de Lula se agravaron apenas cinco días después, cuando se encontró con una nueva denuncia de la Fiscalía de São Paulo, por ocultamiento de patrimonio. Bajo la sospecha de lavado de dinero y falsedad ideológica, se solicita su detención de forma preventiva.

Esta petición debe ser analizada y resuelta en los próximos días, si bien muchos constitucionalistas brasileños se muestran críticos y consideran que "es práctica del Derecho primero llamar a declarar al investigado, y tan sólo en el caso de que éste rehúse o no comparezca se debe emitir el mandato de detención".

A Lula se le imputa la propiedad camuflada de un apartamento tríplex en la elitista localidad costera de Guarujá y de una hacienda de grandes dimensiones en las montañas de Atibaia, ambas ubicadas en el Estado de São Paulo y que serían regalos derivados de favores a grandes empresas.

Las acusaciones más contundentes contra Lula derivan de las confesiones realizadas por un senador de su mismo partido, Delcídio Ama­ral, exjefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, detenido a finales de noviembre por su participación en el 'petrolao', quien declaró que tanto la presidenta Rou­sseff como Lula estaban al tanto del esquema de coimas y sobrefacturación dentro de Petrobras.

Según Amaral, Rou­sseff usó su poder para evitar el castigo de corruptos y corruptores al designar para el Supremo Tribunal de Justicia a un juez que se comprometió a votar a favor de liberar a los empresarios arrestados por haber sobornado a directivos de Petrobras y a políticos oficialistas a cambio de contratos con Petrobras. También acusó a Lula de actuar personalmente para bloquear las investigaciones judiciales al ordenar el pago de dinero para intentar comprar el silencio de testigos inmersos en la trama.

Pero más allá de estas denuncias, es obvio que las operaciones están enmarcadas en el creciente deterioro político de la actual presidenta, lo que llevó a Lula a declarar que no descarta ser candidato del PT en las presidenciales de 2018. Una reciente encuesta de opinión indica que el 37% de los brasileños aún considera a Lula "el mejor presidente de la historia", lo que lo convierte en la única tabla de salvación petista a corto plazo.

La estrategia del todo o nada

Desde la filas del conservadurismo, la batalla contra el PT tiene como objetivo sacar adelante el impeachment contra la presidenta Rousseff, bajo el argumento de que maquilló el déficit fiscal y gastó más de lo permitido durante 2014, bloqueando a su vez cualquier posibilidad de que Lula se presente a las elecciones de 2018.

Para la estrategia conservadora, el rol que desarrolla el juez Sergio Moro, un personaje con fuerte ascendencia sobre las clases medias, es fundamental. Este magistrado, desconocido hasta hace unos dos años, en la actualidad es considerado uno de los mayores especialistas en investigar el lavado de dinero en el país, y ya fue colaborador de la jueza Rosa Weber, quien en el año 2005 demostró que varios parlamentarios habían recibido sobornos periódicos por apoyar las iniciativas legislativas del Gobierno liderado entonces por Lula da Silva.

Por su parte, el oficialismo brasileño considera la operación contra Lula parte de una trama golpista, victimizando al expresidente –en el PT no se habla de las acusaciones a Lula, sino de la rudeza y la humillación sufrida por su líder–, lo que ha permitido rearticular una campaña de apoyos que, más allá del partido de Gobierno, incorpora a la Central Única de Trabajadores (CUT) y diversos movimientos sociales aún afines al régimen. Según Carlos Ama­re­lo, vocero estudiantil paulista, "más allá de sus gustos por la vida lujosa, Lula vuelve a ser posicionado como el líder de los pobres en una campaña que pretende volver a posicionarlo en el palacio de Planalto".

Sin embargo, el reto no es fácil. Más allá de que la sociedad brasileña se encuentre en este momento muy polarizada y las hordas del PT se estén movilizando como respuesta a la ofensiva conservadora e incluso a modo de supervivencia, los affaires de Lula podrían, en palabras de Pablo Ortellado, docente de la Uni­versidad de São Paulo, "terminar jugando en contra del PT, con serio riesgo de que la derecha consolide unimpeachment a la presidenta y que el propio PT desaparezca como fuerza política".

Operación Lava Jato y la petrolera Petrobras

La Operación Lava Jato (lavadero de autos) comenzó en julio de 2013 a raíz del descubrimiento de una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y São Paulo.

Estas investigaciones hicieron pública una red de corrupción en la petrolera brasileña estatal Petrobras que afecta a diversas figuras muy cercanas al gobierno.

Tras casi tres años de investigación hay decenas de detenidos vinculados a las finanzas del PT y altos cargos de transnacionales constructoras brasileñas, entre los que destaca Marcelo Odebrecht, dueño de una empresa con 200.000 trabajadores que opera en 21 países y con una fortuna calculada en 4.500 millones de dólares.

Este magnate brasileño ha sido recientemente condenado a 19 años de prisión por corrupción, lavado y asociación criminal, y está cumpliendo condena.