Argentina: la izquierda no levanta cabeza

Decio Machado 

Director Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA)

Entre finales de noviembre del pasado año, cuando la opción liberal conservadora encabezada por Mauricio Macri (Cambiemos) ganó las elecciones por apenas 3 puntos de diferencia –poco más de 700.000 votos-, y la fecha actual, han transcurrido poco más de 100 días de gobierno macrista en Argentina.

Las diversas encuestas de opinión realizadas recientemente en el segundo país más grande de Suramérica vienen a indicar que, a pesar de que las políticas del actual gobierno han afectado tarifas y el incremento de la inflación generó devaluación y otras afectaciones a los bolsillos de la ciudadanía, la figura de Macri apenas se ha visto afectada y aproximadamente un 54% de los argentinos valora aún positivamente su gestión de gobierno.

La inflación, los salarios van por detrás de los precios, es para los argentinos el principal problema que afronta el país -seguido de inseguridad, desocupación, corrupción y subida de tarifas-, aunque la mayoría se muestran todavía esperanzada en que el nuevo Ejecutivo necesita tiempo y encontrará en breve respuestas al problema inflacionario.

En resumen, más allá de la campaña kirchnerista en repudio a los despidos de 26.000 funcionarios del servicio público que el macrismo identificó como puestos de empleo regalados a peronistas (Alfonso Prat-Gay, actual ministro de Hacienda, los definió como “grasa militante”) y sobre los conatos de odio y violencia que se evidenciaron en los dos atentados contra los locales políticos de Nuevo Encuentro y La Campora el pasado 6 de marzo en Buenos Aires, no hay grandes cambios en las preferencias de la opinión pública existentes al momento de las elecciones presidenciales. En todo caso, vale reseñar que Macri no ha logrado captar la aprobación de quienes en noviembre del 2015 no lo votaron, fenómeno que suele suceder con los presidentes durante sus primeros meses de mandato.

Es más, los argentinos perciben la actual situación del país con preocupación, calificando el 43% de estos la situación económica como “regular”, y habiendo un empate técnico entre los dos sectores más polarizados, es decir, quienes identifican la coyuntura como “negativa” y  quienes la identifican como “positiva”.

En todo caso, el problema político grave parece haber quedado en las filas del kirchnerismo, pues la mayoría de los argentinos sigue identificando a Cristina Fernández de Kirchner como la líder de la oposición, al tiempo que la imagen negativa de la ex presidenta se sitúa en un 48%.

La pérdida del sillón presidencial por parte del Partido Justicialista ya comienza a hacer mella entre sectores que hasta ahora se habían beneficiado de preventas y privilegios propios de las castas tecnoburocráticas latinoamericanas. A pesar de que el ala más radical del kirchnerismo, La Campora (un grupo juvenil que se considera heredero de las organizaciones montoneras pero que se construyó y financió desde la Casa Rosada), considerase que a pesar de la victoria de Macri ellos manejaban el resto de poderes del Estado más allá del Ejecutivo, ya a inicios de febrero se generaba la primera ruptura en el bloque legislativo del Frente para la Victoria. Diego Bossio, ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social de la Presidencia de la Nación (ANSES), junto a otros 13 ahora ex legisladores peronistas, indicaba “no creemos en eso de cuanto peor mejor; queremos que le vaya bien a Macri”.

El macrismo considera la ruptura del peronismo kirchnerista como uno de sus principales logros políticos en estos primeros meses de gobierno. Esto incluye las tensiones y fracturas generadas en el bloque opositor en el Congreso, el acercamiento a los gobernadores e intendentes del viejo oficialismo, así como el progresivo aislamiento del kirchnerismo más duro.

El sector hard del kirchnerismo también intentó, sin éxito, bloquear el que ha sido el primer triunfo legislativo del gobierno de Mauricio Macri: la aprobación en la Cámara Baja de una ley que permite sellar el acuerdo con acreedores de deuda en default, los llamados fondos buitres.

El proyecto de ley, que pasó ya a un Senado donde el kirchnerismo tiene mayoría, autoriza la emisión de deuda por 12.000 millones de dólares. Esta será la mayor emisión de un país en desarrollo desde 1996 y su objetivo es -entre otros- pagar en efectivo 4.653 millones de dólares a los holdouts que demandaron a Argentina en Estados Unidos, propiciándoles una rentabilidad cercana al 1000% y endeudando al país durante los próximos 30 años.

Está por verse como se desarrollará la resistencia kirchnerista en la Cámara Alta, donde podrían vivirse nuevas rupturas peronistas. En todo caso, durante el mandato de Cristina K ya se pagaron al Club de París 9.000 millones de dólares, cinco veces más que la deuda original, mientras en el CIADI se abonaron otros 400 millones por dos juicios derivados de la era menemista, y a la petrolera española Repsol le tocaron otros 5.000 millones de dólares después de que en el Congreso la plana mayor del peronismo hubiese asegurado que la reestatización de YPF no iba a costarle un peso al país.

Mientras en Argentina en gobierno de Macri avanza en una lógica política que conlleva la pérdida de los derechos sociales conquistados por la ciudadanía durante la era K, especialmente en materia de empleo y cobertura social; la polarización social continúa. La izquierda no levanta cabeza, el país continúa sin recuperar la confianza económica tras la caída de los precios de los commodities y se mantiene la percepción de que la corrupción es un problema grave y generalizado (dos ex ministros kirchneristas fueron condenados por corrupción y varios más, además de Cristina K y su vicepresidente Amado Boudou, enfrentan varios procesos penales). 

En estos momentos y golpeados por la pérdida de poder y cierta descomposición en sus filas, el kirchnerismo todavía mantiene una fuerte presencia mediática y se moviliza en las llamadas “plazas de la resistencia”. Su militancia se mantiene combativa aunque notablemente menguada, viéndose muy afectados también por la “limpieza” que el nuevo gobierno liberal hizo de su militancia en las instituciones públicas. Su estrategia inmediata para rearticularse pasa por hacer una gran demostración de fuerza en el entrante mes de abril. Esta movilización buscará disimular en parte la indiscutible pérdida de poder que sufre la ex mandataria, y se realizará cuando Cristina K deba presentarse ante el juez federal Claudio Bonadio, quien la citó como sospechosa en el caso de los millonarios negociados con el dólar futuro en el cierre de su gestión.