La frontera de Colombia llegó hasta Caracas

VENEZUELA-COLOMBIA INFILTRACIÓN PARAMILITAR EN TERRITORIO VENEZOLANO

La penetración del paramilitarismo en Venezuela se ha ido extendiendo a lo largo de toda la cordillera andina, acercándose a la costa, donde se encuentran los polos industriales del país y su capital.

Decio Machado. Maracaibo (Venezuela)

23 de diciembre de 2009. Periódico DIAGONAL número 116

El 3 de noviembre, tras el asesinato de dos agentes de la Guardia Nacional por paramilitares colombianos, el Gobierno de Venezuela movilizó a 15.000 militares con el fin de cerrar su frontera con Colombia. Ese mismo día, el vicepresidente y ministro de Defensa venezolano, Ramón Carrizález, declaraba: “Los militares fueron vilmente asesinados por bandas paramilitares que intentan posicionarse en esta región del país, todo dentro del plan de desestabilización que nosotros hemos venido denunciando desde hace tiempo”.

La frontera colombo-venezolana tiene una extensión de 2.219 kilómetros, de los cuales la mitad es zona selvática. Es un territorio donde los habitantes de las dos naciones han mantenido históricamente relaciones de comercio, familiares o de servicios, y basta recorrer la región para constatar que los ciudadanos de uno y otro lado burlan diariamente la vigilancia fronteriza.

Desde Colombia, analistas y columnistas indican que Chávez tiene “necesidad de contar con un conflicto externo para distraer la atención de la población de sus problemas internos”. Sin embargo, nadie en ese país duda del coste económico de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y el propio empresariado colombiano ha reconocido que “esto significa una reducción de la producción industrial del 10% por la disminución de exportaciones”. En los pasillos del senado colombiano, miembros de la coalición uribista miran hacia el Norte mientras confiesan que “es el precio que tenemos que pagar a cambio de convertirnos en un muro de contención al proyecto expansionista y totalitario del presidente Chávez”.

Pero la realidad de la frontera colombo- venezolana es que por ella transitan más de cien rutas de la droga controladas por los grupos paramilitares Águilas Negras y Águilas Doradas, además de ser una zona de actuación del Frente 33 de las FARC y algunos comandos del ELN. A todo ello hay que agregar la existencia de unos 1.500 contrabandistas de gasolina y un número indeterminado de miembros de grupos que desarrollan diversas actividades delictivas.

Para Wilfredo Barragán –uno de los promotores del primer encuentro juvenil ‘Catatumbo en Marcha’, que tuvo lugar el pasado septiembre, donde se cuestionó el acuerdo para la utilización de bases militares entre EE UU y Colombia–, el problema viene de lejos. Según Barragán, “desde hace tiempo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) consideran al presidente Hugo Chávez objetivo militar. Todos acá sabemos que líderes ‘paracos’ han cruzado y cruzan la frontera venezolana de forma continuada realizando actividades delictivas, siendo el propio Carlos Castaño (uno de los fundadores de las AUC) quien inició este proceso. Desde hace años, el Décimo Frente de las AUC ha mantenido poderosos vínculos en el suroeste andino de Venezuela y han ejercitado desde entonces crímenes, secuestros y cobro de vacunas (extorsiones)”.

Barragán nos recuerda que el Catatumbo colombiano, norte del fronterizo Departamento de Santander, ha sido una de las regiones más golpeadas por la violencia social y política en Colombia. “Se calcula en unas 5.000 las víctimas mortales en los últimos diez años y unos 40.000 los desplazados”, denuncia este líder juvenil. De igual manera, portavoces de la Asociación Campesina del Catatumbo colombiano, que piden mantener su anonimato, denuncian que más de diez años después de la primera masacre protagonizada por las AUC en la zona –en el pequeño poblado de La Gabarra, en agosto de 1999, fueron asesinados 120 campesinos por operativos paramilitares al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso– siguen a la espera de justicia.

“Oficialmente no hay responsables y nuestro Gobierno tiene la osadía de apenas reconocer 36 víctimas en aquella masacre. Desde entonces hasta hoy nuestra región se convirtió en un infierno”, afirman.

Unos kilómetros más allá, en territorio venezolano, Jennifer Galpón, una de las voluntarias de la Misión Bolívar en la zona nos detalla que “ya en diciembre de 1997, incluso antes de la llegada del presidente Chávez a Miraflores, los comandos rurales de nuestra policía detuvieron a siete colombianos paramilitares en esta provincia (Táchira), esto viene de lejos y es la verdadera operación de penetración colombiana en nuestra patria, posiblemente diseñada por los gringos”. Incluso sectores críticos con el Gobierno de Hugo Chávez denuncian haber sido víctimas del paramilitarismo.

Ése es el caso de Rafael Uzcategui, ex guerrillero que luchó clandestinamente en Nicaragua, El Salvador y Honduras, actual secretario de organización del partido Patria Para Todos: “Hemos perdido gente de nuestra organización a manos de los paramilitares, un ejemplo de ello fue el compañero Jorge Nieves, que murió baleado en abril de 2003, mientras dirigía una manifestación a favor de los campesinos en Guasdualito, en Apure, provincia fronteriza con Colombia”.

En mayo de 2004, las fuerzas de orden público venezolanas anunciaron su principal actuación contra los paramilitares en territorio bolivariano. En ella fueron detenidos 120 ‘paracos’ provenientes de Colombia que vestían indumentaria militar venezolana, la mayor parte de ellos en una hacienda cercana a Caracas, propiedad del opositor Robert Alonso, ubicado en aquel momento en Miami.

Según fuentes de la Policía Nacional Bolivariana, “de las confesiones realizadas por los paramilitares detenidos, se deduce una coordinación entre estos y el Bloque Democrático”, pequeño grupo opositor desgajado hace dos años de la Coordinadora Democrática, coalición que reúne la mayoría de partidos y grupos opositores en Venezuela.

A mediados de 2007, Chávez liberó a los paramilitares que quedaban detenidos para entregarlos a Colombia, en un gesto de buena voluntad que pretendía apoyar el proceso de diálogo democrático e intercambio humanitario en Colombia. Otra de las operaciones importantes contra el paramilitarismo fue en enero de 2009, cuando un grupo de 31 colombianos relacionados con los paramilitares fueron detenidos en Petare, barriada populosa y humilde de Caracas. Unos días antes se habían incautado armas, granadas y dos kilos de explosivos C4 en Maracay a 80 kilómetros de la capital venezolana.

Según nos indica el ex ministro de Interior y Justicia venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, “uno de los actores que ha generado mayor violencia en Venezuela es la presencia de paramilitares colombianos, incluidos algunos sectores de Caracas”. Para el militar y dirigente nacional del PSUV, “a partir de 1999, como parte del conflicto social y armado de Colombia, integrantes de uno de los cuatro bloques paramilitares instalados en la línea fronteriza se infiltraron en el país. No es casual que a partir de 2002, año en que se recrudece la guerra, se dispararan los homicidios y secuestros en Venezuela”, advirtiendo que el fenómeno paramilitar es consecuencia de una nueva doctrina que puso en marcha el gobierno de los EE UU. “Estamos en una guerra de cuarta generación, que ya fue declarada, abierta y públicamente, al afirmarse que Venezuela es una amenaza para los intereses de EE UU, tal como lo dijeron en su día Bush, Condolezza Rice y altos mandos militares del Departamento de Estado”, afirma.

Los ‘paras’ llegan a Caracas

Según Juan Carlos Tanus, director de la organización Colombianos en Venezuela, un colectivo de apoyo al inmigrante colombiano, el paramilitarismo colombiano avanza en Venezuela por dos vías: a través de la economía informal, y de la mano de los sectores antichavistas más recalcitrantes. Tanus denuncia que “el paramilitar que viene a hacer el trabajo político se presenta como vendedor. Compra algunas pequeñas propiedades, como los abastos, vende en los puestos de perros calientes, en la buhonería, lo que le permite irse afianzando en el plano social. Ésta es una dimensión del paramilitarismo. En otra, va haciendo acercamientos con las bandas y los distribuidores de drogas, para tener el control de la distribución y el consumo en las barriadas populares, incluso en los sectores de la capital… Llegan, entregan, reparten droga, van afectando a un grueso de la población y, al final, terminan matando a los que estaban controlando, para asumir ellos el control total”.

Para Tanus, el informal es uno de los sectores donde los ‘paracos’ se mueven con mayor impunidad. “Hemos detectado que los famosos ‘presta diario’ son fundamentalmente paramilitares que se hacen llamar ‘compra-venta bolivariana’. Operan en Caracas, en el municipio de Sucre y otras ciudades como Valencia, y es la misma red de paramilitares que presta dinero al sector buhonero. Terminan asesinando a quien le prestan dinero cuando no cumplen, los intereses se mueven entre el 10% y el 100%”.

El periodista y ex vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, relata a DIAGONAL que el paramilitarismo ha creado frentes en varias regiones del país. “Estos tienen nexos con el narcotráfico en Zulia, con el abastecimiento de armas en Táchira, con el adiestramiento y reclutamiento en Carabobo y el lavado de dinero en Nueva Esparta, entre otros”, y prosigue indicando que sólo en Caracas operan el Frente El Hatillo, Frente Miranda, Frente Urbano Petare y el Frente de Avanzada Chacao.

EL ESPIONAJE COLOMBIANO

La crisis interna en el DAS (inteligencia colombiana) permitió la filtración de documentación que revela la existencia de una llamada “Operación Salomón” de espionaje en Ecuador, y los proyectos “Fénix” de espionaje en Cuba y el “Falcón” de espionaje en Venezuela. En estos documentos, que son fruto de un proceso interno y secreto del DAS por “fuga de información”, uno de los declarantes, Carlos Orguela, con cédula colombiana 79.596.402, indica que “los gastos corren por cuenta del DAS y la Embajada Americana a través de la CIA”.

DEL CAMPO A LA CIUDAD

Para Dario Azzellini, politólogo de origen italiano, la penetración del paramilitarismo en Venezuela se ha compuesto de dos fases. En la primera, se desarrolla en el marco legal de lucha contra el latifundio y la distribución de las tierras (Ley de Tierras 2001 y Reforma Agraria). Los paramilitares son utilizados por los terratenientes para actuar en formato sicariato contra los líderes y organizaciones campesinas venezolanas.

Consecuencia de aquel periodo, los paramilitares penetraron fuertemente en los Estados de Zulia y Táchira, implantando cobros de vacunas (pago por protección) y haciéndose con el control del contrabando de gasolina y alimentos, llegando incluso a instalar el toque de queda en algunas poblaciones, supuestamente para combatir la inseguridad ciudadana. La segunda es más reciente, y tiene que ver con su penetración en las grandes urbes. Este fenómeno tiene apenas entre uno y dos años. Los paramilitares se van apropiando del control de barrios periféricos y populares, haciéndose con importantes espacios de la economía informal y la venta de droga. También se erigen como guardianes del orden público, proyectándose como frente de choque contra la inseguridad ciudadana y haciéndose con el control del “prestamismo”. El objetivo de los EE UU en Venezuela no es una invasión militar, lo que podría conllevar incluso un fortalecimiento del proceso revolucionario. El objetivo es que el proyecto bolivariano se caiga solo, y el paramilitarismo, al igual que lo fue la ‘contra’ en Nicaragua, es una de las estrategias, quizás la más importante, de erosión del proceso bolivariano.

IMPLICAN AL MINISTRO DE DEFENSA

El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Ramón Carrizález, aseguró el 17 de diciembre que paramilitares, narcotraficantes y espías colombianos presos en este país vincularon con sus actividades al ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva. Según el dirigente, se ha podido constatar que aparece el nombre de Silva en acciones contra la soberanía venezolana.

“LIMPIEZA SOCIAL” EN TÁCHIRA

El 30 de octubre pasado Venezuela detuvo a ocho paramilitares en el Estado fronterizo Táchira. “Estas personas estaban repartiendo una especie de panfletos propios de las prácticas paramilitares, donde indicaban que se iba a comenzar con una limpieza social, es decir asesinatos, desapariciones”, dijo el ministro de Interior de Venezuela, Tarek El Aissami.

¿TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO?

El 9 de mayo de 2004 fueron capturados y enjuiciados 55 presuntos paramilitares colombianos, descubiertos en la hacienda Daktarí, en las inmediaciones de la ciudad de Caracas, propiedad del cubano anticastrista Robert Alonso. En esa ocasión se acusó al dirigente de preparar un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. 71 personas fueron detenidas posteriormente en el cercano rancho de Gustavo Cisneros, empresario mediático opositor.

¿Por qué América Latina no debe firmar los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea? (Parte I)

Decio Machado / Quito. Ecuador

Los Acuerdos de Asociación (AdA) impulsados por la Unión Europea (UE) son instrumentos jurídicos que buscan en teoría el “fortalecimiento de las relaciones entre las partes contratantes, basándose en los principios de reciprocidad y de intereses comunes”, contemplando tres apartados básicos: la institucionalización del diálogo político, el reforzamiento y ampliación de la cooperación, y el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales a través de la liberalización del comercio.


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¡Yo acuso!

Decio Machado
Sociólogo y periodista

Hiperpresidencialismo, control de la ciudadanía, imposición del comunismo, fraude electoral, ley mordaza, vínculos con las Fuerzas Revolucionaras Armadas de Colombia (FARC) y narcotráfico, talante dictatorial, cercenar la autonomía universitaria o llevar al Ecuador a la bancarrota... son algunas acusaciones que enfrenta el Gobierno a diario.

La crisis de la “partidocracia” hizo que Ecuador se encuentre en un tránsito del poder que existió durante las últimas décadas a un nuevo esquema social, en el cual ya no gobiernan las cámaras del alto empresariado ni la vieja clase política. Esto provoca una brutal reacción de la oligarquía y, en ese sentido, “¡Yo acuso!”.

Yo acuso a las grandes empresas mediáticas del país de no defender el principio de democratización de la información y la construcción de una instancia de poder discursivo ciudadano. De no defender la información veraz como herramienta para discernir, elegir o discrepar, facilitando el debate y la construcción de sociedad. Les acuso de tener lazos con grupos de poder en la oposición, generando intención y direccionalidad en la información, olvidando los principios básicos de la ética periodística. Les acuso de no hacer periodismo, sino política, apostando por nuevos liderazgos en la decadente derecha ecuatoriana con el fin de derribar al gobierno democráticamente elegido.

Yo acuso a los empresarios que especulan con los productos de primera necesidad castigando a la población a fin de desestabilizar al Gobierno.

Acuso a los evasores de impuestos y capitales, por incumplir conscientemente con la normativa fiscal defraudando a la sociedad. Acuso a los empresarios que se resisten al salario de $320 para sus trabajadores, olvidando que de ellos extraen su plusvalía. Acuso a la banca privada que siembra el pánico con falsas alertas de desestabilización del sistema financiero, a la vez que niega créditos a la ciudadanía. También acuso a los caciques del agua, que camuflados en proyectos comunitarios mantienen la potestad de decidir clientelarmente a quienes suministran, resistiéndose a la nueva Ley del Agua.

Yo acuso a la Federación Interamericana Empresarial y a su presidenta Joyce de Ginatta, de mentir cuando dice que este es un país “sin libertad de prensa, sin Cortes independientes, sin seguridad energética”, y de olvidar que las actuales tasas de pobreza vienen heredadas de la era neoliberal.

De igual manera, acuso a los analistas económicos neoliberales, Walter Spurrier, entre otros, que con doctrinas que han generado en los últimos 30 años cada vez más desigualdad, cuestionan la política económica olvidando que este país es de los de mayor crecimiento en la región a pesar de la crisis mundial.

Yo acuso por último, a los empresarios de la educación superior y a las élites de la enseñanza universitaria, que priorizando sus negocios y status quo, han desarrollado un patético sistema educativo como demuestra el informe del Conea. Les acuso de mentir cuando denuncian el intento violar la autonomía universitaria y de manipular a los estudiantes en clara connivencia con organizaciones políticas de la izquierda sectaria.

Parafraeando a Émile Zola, ¡yo los acuso!

Publicado en El Telégrafo de Ecuador, el 14 de diciembre de 2009

Los fantasmas de la represión claman Justicia en El Salvador

Decio Machado / San Salvador (El Salvador)

A raíz de la llegada de Mauricio Funes y el Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN) al gobierno de la República de El Salvador, múltiples voces de la sociedad salvadoreña se levantan clamando investigaciones y justicia ante los numerosos casos de represión y genocidio que han permanecido ocultos en algunos casos hasta treinta años.

La guerra civil salvadoreña, que se prolongó entre 1980 y 1992, dejó un legado de 70.000 muertos y 7.000 desaparecidos, la mayoría civiles a manos de las fuerzas militares, policía y los escuadrones de la muerte organizados desde ARENA, partido político que gobernó durante los últimos 20 años consecutivos hasta el 1 de junio del presente año, fecha en la que tomó posesión como presidente de la República Mauricio Funes por el FMLN.

Asesinatos que marcaron una década

El asesinato del arzobispo de San Salvador

El asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, es un asunto que atraviesa la historia de El Salvador. Este sacerdote, quien fue definido popularmente como “la voz de los que no tienen voz”, fue asesinado mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospitalito de la Divina Providencia el 24 de marzo de 1980. El informe de la Comisión de la Verdad, auspiciado por Naciones Unidas, implicó a los escuadrones de la muerte en su asesinato y en especial a su fundador, Roberto D´Aubuisson.

Sobre su legado queda entre otras la famosa frase: “Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismo hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: No Matar”. “Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla”, dijo el sacerdote un día antes de su asesinato.

Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III nos recordaba: “Mientras la Iglesia era perseguida y sus líderes mas representativos, asesinados, ¿cuál fue la actitud del Vaticano? Yo creo que puede hablarse de cierta complicidad, ya que desde el comienzo condenó la teología de la liberación, impuso silencio a algunos de sus principales cultivadores y los acusó –también a los jesuitas de la UCA- de marxistas sin sentido crítico, de desviarse de la doctrina católica, de politizar la fe y ponerla al servicio de la subversión e incluso de apoyar la violencia”.

En este sentido, se hace interesante recordar las frases cruzadas en la última visita al Vaticano de Monseñor Romero con Juan Pablo II, en las que el ya fallecido Papa le indicaba: “Cuidado, monseñor, que el comunismo ha entrado en la Iglesia!”, a lo que el arzobispo de San Salvador contestó con firmeza: “Santidad, no son los comunistas quienes asesinan a los sacerdotes en El Salvador”.

Para el padre José María Tojeira, rector de la UCA, “el asesinato de Monseñor Romero fue el signo de la apertura de la guerra civil, precisamente el intento de destruir en su persona la misericordia y la racionalidad pacífica que él representaba”.

El actual gobierno salvadoreño ha manifestado su voluntad de poner en marcha la construcción de una plaza estatal en homenaje a Romero y la realización de un video “sobre su vida y legado moral espiritual” con el objetivo de “rescatar su invaluable aporte humanista y preservarlo para futuras generaciones”, al mismo tiempo que indica que estudiará una reparación económica a sus familiares. Todo ello en el marco de cumplimiento de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas en el año 2000 y que ningún gobierno de la derecha quiso acatar.

Adelaída Estrada, portavoz de Concertación Monseñor Romero, coordinación de organizaciones sociales que reivindican la figura del sacerdote, nos indica que su organización exige que el presidente Funes pida perdón en nombre del Estado el próximo 24 de marzo (a los 30 años del asesinato) frente a la catedral metropolitana.

Pero más allá de ello, los responsables gubernamentales no han querido definirse sobre la posibilidad de abrir investigaciones y juzgar a los responsables del crimen.

El asesinato de seis jesuitas y dos asistentes en la UCA

El reconocido catedrático salvadoreño y actual Viceministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Funes, Henry Campos, así como el Magistrado de la Corte Suprema, Sidney Blanco, declararon ante la Audiencia Nacional española el pasado 26 de noviembre por los asesinatos de los seis jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) acontecido el 16 de noviembre de 1989. Ambos fueron los fiscales encargados de la acusación en el proceso que se llevó a cabo en El Salvador contra nueve militares por este caso. Dicha querella fue promovida por el Center For Justice & Accountability de San Francisco (EEUU) y la Asociación Pro Derechos Humanos en el Estado español.

En estos hechos fueron brutalmente asesinatos los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, Ignacio Martín Baró, vicerector, junto a otros tres religiosos españoles y uno salvadoreño, al igual que una trabajadora doméstica y su hija de 16 años que en aquel momento se encontraba en la residencia de estos.

Ambos ex fiscales declararon que el proceso tuvo claros “obstáculos en la investigación hacia arriba”, añadiendo que “la investigación se limitó a buscar responsables desde el coronel (Guillermo Alfredo) Benavides hacia abajo”.

A pesar de que en los primeros días tras el asesinato, el gobierno salvadoreño acusó de los homicidios a la guerrilla del FMLN, llegando a decir el entonces presidente Cristiani que los guerrilleros habían reinvidicado los crímenes a través de Radio Venceremos; el coronel Benavides, director de la Escuela Militar de San Salvador y el teniente Yussy Mendoza, fueron condenados a treinta años, aunque ambos liberados catorce meses después, en 1993, tras promulgarse la Ley de Amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en El Salvador.

Pero la declaración de los dos notables ante la Audiencia Nacional es contundente: “el juicio fue controlado y se hizo responsable a los intermediarios exculpando a los autores y a los dirigentes de los asesinatos”.

Según documentos desclasificados por la CIA en el 2001, dicho asesinato se gestó premeditadamente durante los tres días previos, la orden fue emitida por el general René Emilio Ponce, entonces Jefe del Estado Mayor, tras una reunión el día de antes con el presidente salvadoreño entre 1989 y1994, Alfredo Cristiani, y el ministro de Defensa, general Rafael Humnero Larios en las dependencias del Estado Mayor, según consta en el informe de la Comisión de la Verdad (elaborado por NNUU), permaneciendo en el interior del lugar hasta después de que se hubiesen cometido los crímenes (ubicado a unos 500 metros de la UCA). Los documentos de la CIA indican que el Departamento de Estado norteamericano tenía constancia previa de la masacre, a través de un informe denominado “Ellacuría assassination” emitido el día antes por William Walker, quien era embajador de los EEUU en El Salvador cuando se perpetró la masacre. Al hacer relación dicho informe a aliados de los EEUU en El Salvador, el documento iba precedido por clasificaciones de “Secret” y “Nodis” (No Distribution).

De igual manera, del estudio de los documentos desclasificados se deduce, según analistas consultados, que el CESID (la agencia de inteligencia española en aquel momento) también tenía conocimiento o barajaba la misma información que los estadounidenses. El gobierno de Felipe González no cambió a su responsable de inteligencia en El Salvador hasta cinco meses después de los sucesos.

En la trama, según en jefe de la misión diplomática estadounidense, también estaba el mayor del ejército Roberto D´Aubuinson. Según el informe de Walker, D´Aubuison había dado orden implícita de “limpiar el nido de subversivos en la UCA”.

Estos asesinatos se dieron en el marco de la ofensiva guerrillera lanzada por el FMLN en la capital salvadoreña, conocida como operación “Hasta el Tope” y planificada como el asalto final, que no se consumó, debido a que la guerrilla decidió retirarse de San Salvador ante la enorme matanza de civiles en los barrios más humildes que emprendió el ejercito.

El proceso de investigación en el que intervinieron los dos ex fiscales estuvo viciado desde el primer momento. El abogado Mauricio Eduardo Colorado, quien había sido nombrado fiscal general siete meses antes, tras el ajusticiamiento por la guerrilla a su antecesor, llegó a tener profundas diferencias con Blanco y Campos, indicándoles según narran los declarantes que no se tomaran tan a pecho su trabajo, pues en aquella atmósfera de suma tensión era mejor no asomar mucho la cabeza. Según los declarantes en la Audiencia Nacional, “el doctor prácticamente amenazaba a los fiscales con que no insistiéramos en la investigación”. Nos decía: “Miren, los acusados son coroneles y estos no perdonan, no son pollos a los que estén asustando. Son coroneles. Yo les pido que se mantengan al margen y que dejen al juez hacer lo que él quiera”.

El 16 de noviembre del presente año, en el marco del aniversario de los 20 años de la llamada “Masacre de la UCA”, el gobierno de Funes homenajeó póstumamente a los jesuitas asesinados, por su labor académica y su contribución al proceso de paz culminado en 1992. Según Funes, “hoy, 20 años después de su cruel asesinato, poner en las manos de los familiares y compañeros (…) el mayor reconocimiento que concede este país, como es la Orden José Matías Delgado, significa, para mí, retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad”.

El padre Jon Sobrino, compañero jesuita de los mártires de la UCA, que salvó su vida por estar en ese momento de viaje a Tailandia para dictar unas conferencias, revelaba sobre sus compañeros asesinados 20 años atrás: “reprodujeron en forma real, no intencional o devocionalmente, la vida de Jesús. Su mirada se dirigió a los pobres reales, aquellos que viven y mueren sometidos a la opresión del hambre, la injusticia, el desprecio, y la represión de torturas, desaparecimientos, asesinatos, muchas veces con gran crueldad”.

Por su parte, Roberto D´Aubuinson murió en 1992 de cáncer sin que fuese juzgado por la justicia, es más, los gobiernos arenistas le levantaron un monumento en la zona noble de San Salvador donde reza la leyenda: “El Salvador será la tumba de los comunistas”.

La impunidad en El Salvador

Estos dos crímenes cometidos contra sacerdotes marcaron los extremos de la guerra salvadoreña: en 1980 con el asesinato de Monseñor Romero, se definía el nivel de violencia y brutalidad que evidenciaba la oligarquía salvadoreña en aras a mantenerse en el poder; y con el de los jesuitas de la UCA, en 1989, se obligó ante el estupor internacional a que los EEUU cerraran gran parte de la ayuda al ejercito salvadoreño, lo que significó la apertura de puertas a la vía de negociación.

Entre ambos, miles de asesinatos y masacres cometidos son suma violencia sobre la población civil, sin juicios ni castigos para los responsables.

La retórica de no abrir puertas al pasado ha convertido en infructuosos todos los intentos de investigar. Todos ellos fueron obstaculizados por la jerarquía militar y política, y el Estado ha negado y sigue negando su obligación de averiguar la realidad y la responsabilidad de estos hechos.

Según Benjamín Cuéllar, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), “la aptitud de las Fuerzas Armadas es cuestionable porque siempre se ha negado a colaborar con la Justicia para la suspensión de la impunidad, un punto que si estaba en los Acuerdos de Paz; lo que no estaban eran las amnistías y las prescripciones de delitos para no investigar”, indicando a su vez que, “la Ley de Amnistía debe ser derogada por tres razones: primero, por razones éticas y de dignidad de las víctimas, porque esa ley siempre ha sido el argumento para no hacer nada; segundo, porque el Estado tiene que cumplir con el mandato de la Comisión Interamericana que exige su derogación; y tercero, porque la ley impide la reconciliación nacional, es la piedra que impide que avancemos hacia una sociedad de paz, con justicia y conciliada”.

Con la Ley de Amnistía General, el Estado ha violado el artículo 2 de la Convención Americana, violando igualmente el derecho a conocer la verdad en perjuicio de los familiares de las víctimas y de la sociedad salvadoreña en su conjunto.

El nuevo gobierno llegó de la mano de un candidato que hizo campaña repitiendo que su inspiración era Monseñor Romero, pero que hasta la fecha ha rehuido de su obligación moral de exigir la apertura de investigaciones, de ordenar que se abran los archivos del ejército y de buscar mecanismos para aclarar los crímenes de guerra. Funes, por miedo, se aferra a contradecir las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exige a El Salvador que derogue la Ley de Amnistía.

Hoy, los fantasmas del arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, así como los de los seis jesuitas mártires de la UCA, junto a su empleada e hija, se levantan del pasado reclamando justicia. Justicia no solo para ellos, sino para los miles y miles de campesinos, sacerdotes, enseñantes, juristas, académicos, universitarios, niños y mujeres asesinados por los escuadrones de la muerte y por el ejército, con la intención de crear el pánico y evitar así cualquier apoyo a la guerrilla, que hoy es gobierno en el pequeño país salvadoreño.

Romero, Ellacuría y Martin-Baró, entre otros, son mártires de un pueblo, y un símbolo a nivel internacional. El símbolo de la atrocidad que es capaz de cometer el fascismo. Para ello, basta una muestra…

Al cumplir este marzo pasado 80 años el profesor e intelectual Noam Chomsky, un periodista le preguntó qué le daba fuerza para continuar en la lucha. “Imágenes como ésa”, respondió, señalando con la mano un cuadro en el que aparece el arzobispo Romero y los seis jesuitas de la UCA.

Deuda histórica con la justicia en El Salvador

AMÉRICA CENTRAL // EL ASESINATO DEL MONSEÑOR ROMERO Y LA MASACRE DE LA UCA FUERON LOS CASOS MÁS SONADOS DE LA GUERRA CIVIL

Con la llegada del FMLN al poder, importantes sectores de población reclaman la derogación de la Ley de Amnistía de 1993, que garantizó la impunidad a los responsables de miles de crímenes.

Decio Machado // desde El Salvador

A raíz de los recientes actos de homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y a los “mártires de la UCA”, diversas voces se levantan en El Salvador exigiendo una justicia que ha sido negada durante más de 20 años, traicionando incluso el espíritu que se recogía en los Acuerdos de Paz de Chapultepec firmados en enero de 1992.

La guerra civil salvadoreña se prolongó entre 1980 y 1992 y dejó un legado de 70.000 muertos y 7.000 desaparecidos, la mayoría civiles a manos de las fuerzas militares, policía y los escuadrones de la muerte organizados desde ARENA, partido político que gobernó durante 20 años consecutivos hasta el 1 de junio del presente año, fecha en la que tomó posesión como presidente Mauricio Funes por el FMLN.

El asesinato de Monseñor Romero, definido popularmente como “la voz de los que no tienen voz”, se cometió mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospitalito de la Divina Providencia el 24 de marzo de 1980. El informe de la Comisión de la Verdad
(auspiciado por la ONU) implicó a los escuadrones de la muerte en su asesinato y en especial a su fundador, Roberto D’Aubuisson, también fundador de ARENA.

Para el padre José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), “el asesinato de Monseñor Romero fue el signo de la apertura de la guerra civil, precisamente el intento de destruir en su persona la misericordia y la racionalidad pacífica que él representaba”.

El pasado 26 de noviembre, la Audiencia Nacional española llamó a declarar al actual viceministro de Justicia de El Salvador, Henry Campos, así como al Magistrado de la Corte Suprema, Sidney Blanco, por el asesinato de seis jesuitas en la UCA el 16 de noviembre de 1989. Ambos fueron los fiscales encargados de la acusación en el proceso
que se llevó a cabo en El Salvador a raíz de la masacre. En estos hechos fueron brutalmente asesinatos los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría (entonces rector de la UCA), Ignacio Martín Baró (vice rector), junto a otros tres religiosos españoles y uno salvadoreño, al igual que una trabajadora doméstica y su hija de 16 años que en aquel momento se encontraba en la residencia de estos. Según los declarantes, “el juicio fue controlado y se hizo responsable a los intermediarios exculpando a los autores y a los dirigentes de los asesinatos”.

Impunidad garantizada

Por ello, fueron condenados a 30 años tan solo dos oficiales, liberados 14 meses después, en 1993, tras promulgarse la Ley de Amnistía.

Según documentos desclasificados por la CIA en 2001, dicho asesinato se gestó premeditadamente durante los tres días previos, la orden fue emitida por el general René Emilio Ponce, entonces Jefe del Estado Mayor, tras una reunión el día de antes con el presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, y el ministro de Defensa, general Rafael Humnero Larios en las dependencias del Estado Mayor, a unos 500 metros de
la UCA y donde permanecieron durante los hechos. Los documentos de la CIA indican que el Departamento de Estado tenía constancia previa de la masacre, a través de un informe denominado Ellacuría assassination emitido el día antes por William
Walker, quien era embajador de los EE UU en El Salvador. En la trama también estaba el mayor del ejército Roberto D’Aubuinson.

Según el informe de Walker, D’Aubuison había dado orden implícita de “limpiar el nido de subversivos en la UCA”. D’Aubuison murió en 1992 de cáncer sin que nunca
fuese juzgado por sus crímenes.

El 16 de noviembre pasado, en el aniversario de los 20 años de la ‘Masacre de la UCA’, el Gobierno de Mauricio Funes homenajeó póstumamente a los jesuitas asesinados
por su labor académica y su contribución al proceso de paz culminado en 1992. Según Funes, “hoy, 20 años después de su cruel asesinato, poner en las manos de los familiares y compañeros (…) el ayor reconocimiento que concede este país, como es la Orden José Matías Delgado, significa, para mí, retirar un velo espeso de oscuridad
y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad”.

Estos dos crímenes cometidos contra sacerdotes marcaron los extremos de la guerra salvadoreña: en 1980 con el asesinato de Monseñor Romero, se definía el nivel de
violencia y brutalidad que evidenciaba la oligarquía salvadoreña en aras a mantenerse en el poder; y con el de los jesuitas de la UCA, en 1989, se obligó ante el estupor internacional a que los EE UU cerraran gran parte de la ayuda al ejército
salvadoreño, lo que obligó a la apertura de la vía de negociación.

Entre ambos, miles de asesinatos y masacres cometidos con extrema violencia contra la población civil, sin juicios ni castigos. Bajo la retórica de no abrir puertas al pasado todos los intentos de investigar fueron obstaculizados por la jerarquía
militar y política, así como por el Estado quien sigue negando su obligación de investigar los hechos.

Para Violeta Valles, prestigiosa jurista salvadoreña, “el nuevo Gobierno llegó de la mano de un candidato que hizo campaña repitiendo que su inspiración era Monseñor Romero, pero que ha rehuido de su obligación moral de exigir investigaciones, de
ordenar que se abran los archivos del ejército y de buscar mecanismos para investigar los crímenes de guerra, aferrándose a contradecir las resoluciones de la Comisión Interamericana de DD HH que exige que se derogue la Ley de Amnistía”.

Según Benjamín Cuéllar, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), “la aptitud del ejército es cuestionable porque siempre se ha negado a colaborar con la Justicia para la suspensión de la impunidad, un punto que sí estaba
en los Acuerdos de Paz. Lo que no estaban eran las amnistías y las prescripciones de delitos para no investigar”. Cuellar defiende que “la Ley de Amnistía debe ser derogada: primero, por razones éticas y de dignidad de las víctimas, porque esa ley
siempre ha sido el argumento para no hacer nada; segundo, porque el Estado tiene que cumplir con el mandato de la Comisión Interamericana que lo exige; y tercero, porque la ley impide la reconciliación nacional, al ser la piedra que impide que avancemos
hacia una sociedad de paz, con justicia y conciliada”.

Artículo publicado en el periódico DIAGONAL con fecha 9 de diciembre de 2009

Ecuador y la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión

Decio Machado desde Quito (Ecuador)

Desde primeros de noviembre, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional ecuatoriana, debate sobre la propuesta del presidente Rafael Correa para denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión firmados por el Ecuador, todos ellos antes de su nombramiento.

Antecedentes y Justificación

Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son un tipo especial de contrato suscrito entre dos Estados para asegurar una efectiva protección al inversionista extranjero por parte del Estado receptor y de esta forma "promover" las inversiones en dicho país dentro de un "marco legal estable". Los TBI forman parte de un complejo sistema diseñado en varios niveles, que van desde lo nacional a lo multilateral, que constituye el marco jurídico para el reconocimiento de los intereses y prerrogativas de los inversionistas.

Por lo general, el contenido de estos contratos (los TBI) es muy similar y obedece en su estructura a un formato recomendado en 1962 por el Consejo de Ministros de la OECD, aunque con el tiempo se ha ido adaptando a los nuevos requerimientos de los inversionistas. Desde entonces los TBI se han difundido ampliamente a lo largo del mundo como un síntoma de la hegemonía del interés privado sobre el interés público que caracteriza al proceso de globalización.

Una de las principales características de los TBI es que incorporan una definición amplia de "inversión", que incluye incluso créditos y otras obligaciones monetarias. Las actividades extractivas, consideradas por la economía clásica como des-inversión obviamente se incluyen dentro del paquete. La inversión extranjera goza por lo tanto de un marco jurídico especial que se sobrepone a la legislación interna de los países.

Otro elemento clave incorporado en la mayoría de TBI, es la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF) que una vez suscrito, impide que el país receptor conceda mayores beneficios que los establecidos en el TBI a los inversionaistas de un tercer país sin mejorar simultáneamente las condiciones al país emisor de inversión con el que se suscribió el contrato. Incluyen también la cláusula de Trato Nacional, que otorga al inversor extranjero el mismo trato que al inversor nacional.

Los TBI también establecen incentivos y garantías generales especialmente en materia tributaria, sobre expropiación y compensaciones, así como normas de propiedad intelectual que muchas veces van más allá de lo establecido en la ADPIC (acuerdos sobre propiedad intelectual) de la OMC.

Sin embargo el hecho más relevante subyacente en los TBI se refiere al procedimiento de solución de controversias Inversionista-Estado, en el cual se adopta la modalidad de arbitraje en cortes extranjeras. Esta cláusula pone en el mismo nivel a estos dos actores y posibilita algo impensable en otros tiempos; qué una "persona jurídica", en este caso las corporaciones transnacionales, puedan demandar a un Estado Nacional. Hay distintos tipos de cortes de arbitraje. Tal vez una de los más importantes es el CIADI, adscrito al Banco Mundial; UNCITRAL, adscrito a la ONU; y los mecanismos Ad-hoc por acuerdo entre las partes. Estas cortes son de carácter privado y por lo tanto no responden aun interés colectivo.

La duración de los TBI es otro factor clave a considerar ya que condicionan la independencia y soberanía de los Estados. Las partes estipulan la duración que tendrá dicho tratado, pero adicionalmente se contempla una cláusula de "prorroga" en virtud de lo cual una tratado subsiste luego de la denuncia realizada por una de las partes, en el plazo estipulado, generalmente en 10, 15 o 20 años (este también es el caso del Ecuador). En este lapso -entre la denuncia y el fin de la jurisdicción del CIADI -un Estado puede ser requerido para un proceso arbitral, y el mismo se llevará a cabo a pesar de que con anterioridad el Estado haya denunciado dicho tratado.

De esta manera, la violación a lo acordado en los TBI se considera como una violación al derecho internacional (en virtud del principio pacta sunt servanda). Las grandes corporaciones transnacionales, movilizadoras de la inversión, están protegidas por un marco jurídico que va desde las leyes internas de protección a los inversionistas tanto por las normas del derecho internacional, cuanto por los acuerdos establecidos en este tipo de Tratados. La consecuencia es que hoy, muchos países latinoamericanos son víctimas de estos procesos estructurales de injusticia económica.

Ahora, después de varios años de suscritos los TBI entre países de la región y países desarrollados, se pueden observar muchas repercusiones de los mismos en desmedro de los Estados:

- A finales del 2007, el total de controversias internacionales en materia de inversiones fue de 293, de las cuales 187 se sometieron al CIADI. Dichos casos involucraban al menos a 73 Estados, siendo 44 de ellos países en desarrollo. De estos el 78% se fundamentan jurídicamente en supuestos incumplimientos del TBI.

- Argentina, que es el país que más TBIs firmados posee en el mundo (57 en total), es el país que más demandas enfrenta en el CIADI (cerca de 35 demandas).

- Esto se contrapone con el caso de Brasil, que no suscribió nunca ningún TBI y por lo tanto no enfrenta demandas ante el CIADI, dado que además ni siquiera es miembro del organismo.

- Mayoritariamente las demandas corresponden a sectores de actividad vinculados con los recursos naturales, basados tanto en la explotación de petróleo, gas y menería como en la elaboración de alimentos; y también con el sector de servicios, en la generación provisional de electricidad y de agua potable.

- Los casos dirimidos en el CIADI carecen de imparcialidad jurídica, lo cual se evidencia al observar los procedimientos de conformación de los tribunales, donde cada parte nombra un árbitro, pero quien nombra el árbitro dirimente siempre es el presidente del Banco Mundial en coordinación con el Secretario General del CIADI. Estos tribunales no aceptan audiencias con peticionarios externos y se reúnen a puerta cerrada.

- Los fallos del CIADI son definitivos, no cabe recurso de apelación; no son neutrales, de 232 casos sentenciados hasta la fecha, 230 fueron a favor de las empresas y contra los Estados.

- La defensa de los Estados en estas instancias es muy costosa para países como el Ecuador, dada la necesidad de contratar abogados en los Estados Unidos.

Consecuencias de los TBI suscritos por el Ecuador

Según la Procuraduría General del Estado, Ecuador puede perder $ 13.369 millones con solo 9 demandas, la cifra supera en un 29% el total de la deuda pública. Si las 3 compañías que aún no definen sus perjuicios económicos (Murphy, Burlington y Perennco), lo hacen, el monto de la disputa subiría alcanzando los 17.026 millones de dólares. Esta cifra podría financiar la inversión social del Ecuador durante 8 años.

En este momento Ecuador enfrenta 8 demandas ante el CIADI, cinco de ellas se amparan en el incumplimiento de obligaciones de TBI con los Estados Unidos, uno en el TBI firmado con Francia, y otro en el TBI firmado con el Estado español. Las empresas multinacionales involucradas son: MCI Power Group LC and New Turbine Inc., Noble Energy Inc and Machala-Power Cia LTD, Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company, Murphy Exploration and Production Company, Burlington Resources Inc and Others, Perennco y Repsol YPF SA.

Acciones emprendidas por el Ecuador

Los TBI firmados por el Estado ecuatoriano entre 1968 y 2001 están en contradicción con lo que dispone la Constitución vigente del país, la cual fue aprobada por refrendo popular ya en la era Correa, septiembre del 2008, con un refrendo popular mayoritario (64%). Los TBI perjudican los intereses nacionales de las naciones y Ecuador no es una excepción. El texto constitucional en su artículo 422 señala que no se podrá celebrar ni tratados ni instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a otras instancias.

Por ello, durante el año 2009, el gobierno ecuatoriano por iniciativa del presidente Rafael Correa, inició un proceso para denunciar algunos de estos acuerdos, impedir la negociación de nuevos TBI y anunció la salida del Ecuador del CIADI (acto ya culminado). El pedido presidencial se remitió a la Asamblea Nacional y se encuentra en debate.

El Ecuador tiene 17 TBI vigentes, de los cuales decidió denunciar trece. Los cuales se definieron en base a una serie de estudios de evaluación que establecieron denunciar aquellos convenios que no han cumplido su propósito, es decir donde no existen niveles aceptables de inversión recíproca.

Esta medida produce como efecto la separación del EStado denuciante del tratado o convenio, según se establece en el Derecho Internacional. Sin embargo, los seis procesos que el país tiene en el organismo se mantendrán.

Además, durante el mes de junio, mediante el Decreto Ejecutivo 1823, el Estado ecuatoriano emitió una notificación conforme al Artículo 25 del Convenio del CIADI, en el cual establece que no consentirá en someter a esta jurisdicción las diferencias que surjean en materias relativas al tratamiento de un inversión, que se deriven de actividades económicas relativas al aprovechamiento de recursos naturales estratégicos como el petroleo. Anteriormente este mismo proceso ya lo había hecho Bolivia.

El convenio del CIADI permite a los Estados retirarse de este tribunal de arbitraje, mediante el Artículo 71 del Convenio, que establece que la denuncia producirá efecto seis meses después de recibida la notificación al Banco Mundial. Sin embargo el Artículo 72 del mismo Convenio, establece que una notificación de denuncia no afecta a los arbitrajes cuyo "consentimiento" haya sido otorgado antes de dicha notificación. Todo intento de dar consentimiento por parte de un inversor, luego de la notificación será esteril.

Estas medidas no implican de ninguna manera que el Estado ecuatoriano este buscando propiciar estatizaciones de inversiones y afectar los derechos de los inversores. Son por el contrario un intento por recuperar la soberanía jurídica del Estado y de anteponer el interés público al interés privado.

Por ello es de interés estratégico para el Ecuador procurar que se pacte ante foros subregionales la posibilidad de establecer nuevas instancias para la resolución de conflictos entre inversionistas extranjeros y el Estado ecuatoriano.

Para ello el país busca posicionar en el marco de la UNASUR y aprovechando la Presidencia Pro Tempore de Rafael Correa, la creación de un organismo regional que sustituya para los países latinoamericanos el papel del CIADI, esta circunstancia ha pasado a ser una prioridad. Este organismo por construir, se plantea desde la necesidad de una gestión efectiva, rápida y objetiva en el marco de la resolución de conflictos.

El Ecuador goza de medidas de "seguridad jurídica" para las inversiones en materia de legislación interna, estando dicha situación asegurada por mandado constitucional. En este sentido, ha dicho definitivamente NO a renunciar a su soberanía, a la aplicación de sus políticas públicas (tributaria, ambiental, laboral, legislativa, judicial, financiera, económica...). A dicho NO a la renuncia de crear normas de discriminación positiva a favor de los nacionales, de igual manera que dice NO a la creación de un régimen distorsionado y discriminatoria igualando al capital con los seres humanos y a los inversionistas con el Estado. Ecuador dice NO también a la renuncia de la capacidad del Estado de orientar los recursos provenientes del exterior, a la renuncia a obligar a las inversiones a ser sometidas al Plan Nacional de Desarrollo, a la renuncia de establecer leyes o normas secundarias que beneficien a sectores determinados (salud, educación, empleo digno, medio ambiente) y que puedan ser tomadas como "inseguridad contractual", o a la renuncia de la igualdad entre Estados, cuestionando la igualdad jurídica entre Estado y empresa, por muy multinacional que sea.

Con la denuncia de los TBI, el Ecuador a dicho NO a la desconfianza pública del Estado en sus sistema de justicia y propone mètodos alternativos de solución de controversias. Dice NO al debilitamiento de la institucionalidad precisamente cuando se ésta reconstruyendo el Estado tras la "triste y larga noche neoliberal en América Latina" y dice NO al desconocimiento de la capacidad de la Corte Constitucional para ser la instancia final en la solución de cualquier controversia que se llegue a presentar.

Publicado el 6 de diciembre en la página web de Kaos en la Red

Roto el diálogo, se agudiza la tensión

HONDURAS SECTORES DE LA RESISTENCIA SE PLANTEAN LA OPCIÓN ARMADA ANTE LA NEGATIVA DE LOS GOLPISTAS A DEJAR EL PODER


Tras la ruptura de las negociaciones entre Zelaya y Michelleti, la Resistencia vuelve a la movilización. Ante el aislamiento, los golpistas reciben apoyos de los sectores más conservadores del planeta.

Decio Machado / Redacción (Tegucigalpa, Honduras)

Martes 27 de octubre de 2009. Periódico Diagonal Número 112


Luego de que se cumpla más de un mes desde que el presidente depuesto Manuel Zelaya regresara por sorpresa al país, la situación en Honduras no ha mejorado. El 18 de octubre, Zelaya rechazó la propuesta del presidente de facto Roberto Michelleti, suspendiendo el Diálogo de Guaymuras iniciado el pasado 7 de octubre bajo los auspicios de la OEA. Michelleti pretendía que fuese la Corte Constitucional –la misma que dirimió que la cuarta urna de consulta popular era inconstitucional– la que decidiese si Zelaya debe volver al poder. La discusión se centró sobre el órgano estatal que debía decidir el punto nº 6 del Pacto de San José, que habla de la restitución de Zelaya. Mientras el presidente derrocado insistía en que debe ser el Congreso Nacional el órgano que decida sobre este punto, Micheletti apostaba en un primer momento por la Corte Suprema de Justicia, para luego entregar una última propuesta que consistía en que la misma mesa negociadora decida sobre el retorno de Zelaya. Esta propuesta no encontró consenso y llevó a la ruptura de negociaciones.

Los candidatos presidenciales mejor posicionados según las últimas encuestas, Elvin Santos (Partido Liberal) y Porfidio Lobo (Partido Nacional), defienden que la resolución del conflicto se base en el reconocimiento de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Ambos postulantes están acusados de haber tenido relación directa con el golpe de Estado. Por su parte, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vázquez, afirmaba el pasado 15 de octubre que el país estaba “casi al final” de la crisis política, discurso ampliamente repetido por diferentes sectores conservadores del país. Según declaran a DIAGONAL fuentes de la resistencia, “el diálogo fue una herramienta del Gobierno de facto para apaciguar cualquier acción de la resistencia o las repercusiones en la comunidad internacional, extender la permanencia del golpe en el poder y garantizar que las elecciones se realicen el 29 de noviembre”.

La dirigencia del Partido Unificación Democrática (UD), la tercera fuerza política del país, decidió el pasado 19 de octubre retirarse de la contienda electoral, por considerar que los comicios son inconstitucionales sin la restitución del presidente legítimo, por lo que exige su retorno al poder, al igual que la directiva central del Partido de Innovación y Unidad (PINU), quien subordinó su participación en el proceso electoral a esta misma condición. Ambos, adicionalmente exigen la instauración de un proceso constituyente.

Mientras tanto, Brasil presentó ante la ONU una denuncia por los actos de tortura que el Gobierno de facto se encuentra realizando de forma cotidiana contra las personas que se encuentran en la Embajada de Brasil. Fuentes provenientes de la ONU indican que la opción brasileña estaría enmarcada en una intervención de ‘cascos azules’ similar a la realizada en Haití tras el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide.

Personalidades académicas de la Universidad de Tegucigalpa que pidieron anonimato en sus declaraciones indican: “Durante las noches hay fuertes movimientos en los puertos principales y carreteras del país. Al parecer llegan suministros tanto militares como de alimentos y otros enseres para apoyar la continuidad del Gobierno golpista. Estas mercancías estarían llegando desde EE UU, Panamá y Colombia, además de otros sectores privados vinculados con los sectores más reaccionarios del continente”.

¿Hacia un conflicto armado? DIAGONAL ha podido constatar que existe un fuerte movimiento interno por conseguir armamento en las fronteras de Honduras. Esta información fue confirmada por el presidente Daniel Ortega en declaraciones públicas, lo que permite adelantar una agudización de la crisis tras de la ruptura del diálogo. A esto, se debe sumar la denuncia de la ONU sobre la contratación de, al menos, 40 paramilitares colombianos para brindar seguridad a los grandes terratenientes del país.

Dentro de este contexto, se visualizan estrategias separadas por parte de la resistencia y el presidente Zelaya. Según declara a DIAGONAL Juan Barahona, uno de los líderes de la resistencia: “El presidente Zelaya ya ha dicho que está dispuesto a firmar el Acuerdo de San José y a renunciar a la Asamblea Constituyente durante el período que falta para que termine su mandato. Nosotros vamos a respetar esta posición. Sin embargo, como resistencia, no vamos a renunciar nunca a impulsar la Constituyente y seguiremos movilizándonos mientras esta condición no se dé”.

Escalada represiva tras el fin de la negociación La represión del Gobierno golpista continúa, y según nos indica Rafael Alegría, líder de Vía Campesina y de la Resistencia Nacional, “se registran 22 muertos de momento, entre ellos Jairo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Formación Profesional”.

Según relata a DIAGONAL el portavoz del comité de abogados de la Resistencia, “aunque se redujo la represión durante el diálogo, en la actualidad hay más de cien personas con resolución de prisión, acusados por sedición que podrían llegar hasta diez años de prisión”. Y prosigue: “Ya hay una denuncia presentada a la Corte Penal Internacional por una organización de prestigio internacional que inculpa al Gobierno golpista por los crímenes que está cometiendo”.

Los planes militares de Estados Unidos en Latinoamérica

LAS SIETE BASES EN COLOMBIA, MUESTRA DE LA NUEVA ESTRATEGIA NORTEAMERICANA

La estrategia de EE UU en Latinoamérica encuentra en Colombia un fuerte aliado. Las siete nuevas bases asegurarían al Ejército estadounidense total operatividad militar en la región.

Decio Machado. Caracas (Venezuela)

El pasado 18 de agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos enviaba una hoja informativa al conjunto de cancilleres de la UNASUR: “El 14 de agosto de 2009, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llegaron a un acuerdo provisional ad referendum sobre el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa (DCA). El acuerdo se encuentra ahora bajo revisión final para su posterior firma”.

Dicho episodio despertó en toda América Latina muchas voces críticas provenientes tanto desde espacios institucionales como desde la sociedad civil y su tejido asociativo. Dicha cuestión conllevó a que se organizara a finales de agosto la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado de la UNASUR en la turística ciudad de Bariloche (Argentina), así como la posterior Cumbre de Cancilleres y Ministros de Defensa en Quito a mediados de septiembre. En ambas citas, el Gobierno colombiano se quedó solo ante el resto de países miembros, defendiendo una posición de secretismo y falta de compromiso para asumir las medidas de confianza que le requieren el resto de Estados miembros de la UNASUR, presidida en este momento de forma temporal por el presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Nueva doctrina militar

Según el informe Un Continente bajo amenaza, emitido en agosto por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, la política militar estadounidense ha pasado de preparar “escenarios entre bloques relativamente similares o equilibrados a guerras asimétricas en dos sentidos: a) Guerras entre Estados con enormes diferencias de potencialidad bélica, de movilidad y de manejo de otro conjunto de mecanismos de presión económicos y políticos; b) Guerras contra no-Estados, con reglas de juego inciertas que no se circunscriben a las establecidas en los códigos internacionales y sin restricciones fronterizas equivalentes a las de los Estados”.

Un funcionario de Defensa brasileño, el comandante de fragata Nelson Morantes, desde similar visión, indica: “La lógica militar estadounidense desarrollada tras el 11-S plantea la posibilidad de conflicto bélico por parte de los EE UU con los llamados ‘Estados fallidos’. Nuestro ejemplo en el continente sería Haití, si bien en la actualidad los norteamericanos lo enfocan más a Venezuela y Bolivia e incluso Ecuador; así como la posibilidad de conflictos con organizaciones tipo al-Qaeda, lo que en nuestro continente se traduciría en organizaciones populares, ecologistas o indígenas. Por hacer una correlación, la al-Qaeda de Afganistán serían las organizaciones mapuches del Sur de Chile”.

En contraposición a los riesgos indicados, la política militar de los EE UU para América Latina ha pasado a contemplar cuatro modelos de posicionamiento militar diferenciados en el continente.
El primero son las bases grandes, modelo Guantánamo, con instalaciones militares completas, equipo y un cuerpo de efectivos militares acompañados de familia y larga permanencia.

El segundo modelo son las bases de carácter mediano, modelo Soto Cano (Palmerola) en Honduras, con instalaciones que permitan misiones largas, pero con personal que se renueva cada seis meses.

El tercero son las bases pequeñas, las llamadas FOL (Foreign Operating Locations), rebautizadas políticamente como Cooperative Security Locations (CSL). Se trata de bases como Manta, Curaçao o Comalapa, con muy poco personal pero con mucho desarrollo en materia de comunicaciones tanto para monitoreo como para garantizar las conexiones y el envío de información a los centros de acopio y procesamiento que hay en territorio estadounidense (Network, Centric Warfare). Son bases de respuesta rápida y articulación regional, sobre todo dirigida al entramado de las bases micro.

Y, por último, las bases micro: posiciones que permiten posarse para despegar (lily pads), a la manera de los saltos de rana –saltando para avituallarse y tener mayor radio de acción–, permitiendo que con una secuencia bien planeada de estas bases se pueda abarcar un área muy amplia, a manera de nodo para operaciones de respuesta rápida, y con mucho menos costo que las anteriores. Un ejemplo sería la base Iquitos en Perú.

Para los analistas Ana Esther Ceceña y Rodrigo Yedra, “el cambio en las características de las bases en América Latina se pone en marcha en 1999 con la instalación de las tres FOL (Manta, Curaçao y Comalapa) que sustituyen a la base de Howard en Panamá”. Y prosiguen: “No se trata de bases de EE UU, sino de bases de los países en cuestión en las que se aprueba el uso de las instalaciones por el personal estadounidense. Pero, por encima de la figura jurídica con la que se legaliza la ocupación, son bases supuestamente administradas por el personal local, que no conoce lo que ocurre dentro ni las operaciones que hace el personal situado en la base en los territorios de alrededor”.

En este sentido, el propio presidente Correa advirtió públicamente en varias ocasiones de la posibilidad de que algún avión estadounidense que operaba desde el FOL de Manta formase parte de la operación de ataque a Angostura, el 1 de marzo del año pasado, donde murió el entonces número dos de las FARC, Raúl Reyes, todo ello bajo el total y absoluto desconocimiento de las autoridades locales ecuatorianas.

Bases en Colombia Según la hoja informativa emitida por los EE UU, el Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa con Colombia profundizará la cooperación bilateral en asuntos de seguridad en los temas de producción y tráfico de drogas ilícitas, terrorismo, contrabando de todo tipo, desastres humanitarios y naturales.

Sin embargo, según fuentes del Ministerio coordinador de la Seguridad Interna y Externa de Ecuador, esto es una falacia: “Bases de las características de las que se quieren articular en Colombia carecen de efectividad para los objetivos que se indican. Antes de que Ecuador recuperase la soberanía de la Base de Manta, suceso que se dio el mes pasado, en los últimos cinco años de control estadounidense se produjo un incremento del tráfico de drogas en el Pacífico, a pesar del patrullaje que diariamente se realizaba desde allí”.

El analista y profesor universitario argentino Gilberto Bermúdez explica a DIAGONAL: “Las naves, aeronaves y equipos superan largamente las verdaderas necesidades de control a grupos ilegales armados y narcotraficantes. Sobre los objetivos reales de estas bases hay varias interpretaciones. La mía es que, a pesar de que el presidente Uribe lo niegue, existen veladas intenciones de constituirse en bases para un control extraterritorial”.

“El problema real es Palanquero, madre de las bases colombianas, ya que es el centro operativo de las Fuerzas Armadas colombianas y pasará a ser el eje del control estadounidense en Sudamérica”, indica a este periódico Armando Acosta, miembro del Polo Democrático Alternativo y militante de los movimientos por la paz en Colombia.

Según Acosta, “Palanquero tiene una pista de más de tres kilómetros de longitud, desde ella pueden despegar tres aviones de combate al mismo tiempo cada dos minutos, tiene una infraestructura de hangares para centenar y medio de aviones y puede albergar a 2.000 efectivos militares”.

Para los expertos militares de los 12 países que componen la UNASUR, con excepción de Colombia, Palanquero es una “base expedicionaria, tiene la capacidad de albergar C-17, aviones de transportes, y para 2025 se prevé que esta base tenga la capacidad de movilizar a 175.000 militares con sus pertrechos en apenas 72 horas”. Es decir, una base para movilizar ejércitos enteros a cualquier punto del continente. Para Emilio Lopetegui, militante social chileno integrado en las redes antimilitaristas del continente, la situación es la siguiente: “Asistimos a una fuerte escala del gasto militar en la región. Brasil ha comprado en 2007 y 2008 un número importante de aviones caza, barcos y helicópteros, su presupuesto militar este año es de 24.000 millones de dólares, aproximadamente un 1,47% de su PIB. En este momento los brasileños desarrollan un programa importante en materia militar con los franceses. El programa incluye la fabricación de un submarino de propulsión nuclear y cuatro convencionales. De igual manera, los demás países de la zona, a su escala, incrementan su gasto militar. Colombia es cuatro o cinco veces más pequeño que Brasil, pero tiene un presupuesto este año de 10.000 millones de dólares, un 2,82% de su PIB, inigualable por ningún otro país latinoamericano”.

Lopetegui nos indica que el año pasado en Suramérica se gastaron 34.100 millones de dólares en adquisición de equipos militares, y concluye: “Este año será peor”.

El profesor Bermúdez explica: “Colombia es un Israel en nuestro continente. Con las siete nuevas bases, más los operativos ya existentes en la actualidad por parte de las fuerzas militares gringas en ese territorio, estamos hablando de que en pocos años Colombia puede tener una capacidad operativa similar o incluso mayor a la de Israel en Oriente Medio”.

LAS BASES DEL ACUERDO

El acuerdo militar entre EE UU y Colombia asegura el acceso continuado de EE UU a instalaciones colombianas específicamente acordadas: tres bases de la Fuerza Aérea (Palanquero, Apiay y Malambo), dos bases navales (Cartagena y Málaga), y dos instalaciones del Ejército (Tolemaida y Larandia). De igual manera, el acuerdo contempla la utilización de otras instalaciones militares colombianas previo común acuerdo.

Escalada militar en la región

Según el informe Military Balance 2009 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el gasto total en defensa de Latinoamérica aumentó 91% en los últimos cinco años. Todas las previsiones indican que 2009 cerrará con un gasto sustancialmente mayor. Uno de los países con mayores gastos es Brasil. El gigante latinoamericano mantiene una línea geopolítica orientada a consolidar su posición de primera potencia regional. Esto, sumado a su voluntad de formar parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, así como su papel protagónico en la misión de Cascos Azules en la isla de Haití, explican este incremento en su gasto militar. Otro país de enorme potencial militar es Chile. Recientemente, la presidenta Michelle Bachelet envió un pro yecto al Congreso para modificar la Ley Reservada del Cobre, que destina el 10% del ingreso por las ventas de cobre a las Fuerzas Armadas, lo que les ha permitido durante años una fuerte inversión tecnológica y renovación permanente de armamento. Este mismo año, Chile confirmó la compra de aviones antisubmarinos y ocho helicópteros de fabricación francesa, además de la adquisición de 18 aviones F-16 a Holanda, por un monto de 270 millones de dólares. De igual manera, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció la compra de tanques rusos para contrarrestar la presencia estadounidense en Colombia. Entre 2007 y 2008, Venezuela compró armas por valor de 1.531 millones de dólares a Rusia.

51.000 MILLONES DE DÓLARES EN ARMAS

En 1994, América Latina gastó 17.600 millones de dólares. En 2003, la cifra había ascendido a 21.800 millones de dólares, en concordancia con el clima bélico post 11-S. Según el informe publicado por el centro de estudios argentino Nueva Mayoría, esta cifra se ha elevado en 2008 a 51.100 millones de dólares.

CHILE LIDERA EL GASTO PER CÁPITA

Chile lidera el gasto militar por habitante, que ascendió a 290 dólares per cápita en 2008, mientras Colombia gastó 115, Ecuador 89 y Brasil 80. Los militares chilenos se financian con un impuesto del 10% sobre las ventas brutas de la estatal Corporación del Cobre, establecido por la dictadura militar (1972-1990) en la llamada Ley Reservada del Cobre.

EL RÁNKING LATINOAMERICANO EN GASTO MILITAR

Brasil se dejó el año pasado 27.540 millones de dólares en gasto militar (55%), seguido por Colombia, con 6.746 millones (14%), y Chile, con 5.395 millones (6,5%). Venezuela, por su parte, es el cuarto país sudamericano en gasto militar y el segundo en inversión, con unos 5.000 millones de dólares en compras el último año, que consistieron en aviones caza Sukhoi, de origen ruso, helicópteros, sistemas de defensa aérea y fusiles de asalto.

Quienes apoyan al gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti

por Decio Machado

Honduras es uno de los países más pobres del continente americano (el tercero en el ranking de pobreza). El 63% de las familias hondureñas sufre desnutrición y miles de niños y niñas viven en la calle.

En 2006 Honduras firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EEUU. La consecuencia de dicha firma para el país centroamericano, quien lo suscribió con pretensiones de aumentar sus exportaciones y conseguir mayor inversión extranjera, fue que éstas incluso disminuyeron y aumentó el déficit comercial de Honduras con el gigante del norte. La agricultura hondureña se empobreció más aún de lo que ya estaba, y se perdieron miles de empleos en el sector de medicamentos genéricos, como condición por la protección de patentes farmacéuticas establecidas en el TLC.

A través de un particular proceso de evolución paulatina del presidente Mel Zelaya hacia la izquierda, en 2008, Honduras ingresó en el ente petrolero Petroamérica (empresa formada por compañías estatales petroleras latinoamericanas) y se incorporó al ALBA.

La versión oficial para el golpe de Estado la ofreció el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas-Zamora, quien declaró a BBC Mundo que “Zelaya se quedó sin apoyo de la élite política y estaba enfrentado al Congreso. Esta situación creó un dilema de gobernabilidad, sólo superable si Zelaya abandonaba sus pretensiones de modificar la Constitución y se creaba un mecanismo que permitiera al ejecutivo y a los diputados tomar decisiones de manera colegiada”. En resumen, la oligarquía hondureña, el poder eterno del país, pretendía que Mel Zelaya fuese presidente pero sin gobernar.

La posición firme de Zelaya ante las instituciones políticas hondureñas, definidas más de una vez como "tozudez" por parte de las élites centroamericanas y la rancia oligarquía local, generó un fuerte conflicto interno donde las acusaciones al presidente constitucional fluyeron en los medios de comunicación bajo calificativos de “populista” (consecuencia del incremento del salario mínimo y de los planteamientos de consulta popular a través de una cuarta urna con la finalidad de ver si la población quería un cambio constitucional). La estrategia de desestabilización de las fuerzas reaccionarias concluyó en un golpe de Estado que pretendió justificarse con inverosímiles razones y argumentaciones poco creíbles. Ningún país del planeta ha apoyado oficialmente a los golpistas, lo cual significó un hito histórico en este tipo de sucesos.

Lo sucedido en Honduras ha sido un golpe neoliberal, en beneficio de los más ricos y de una escuálida clase media con pretensiones de ser rica.

¿Quiénes apoyan a Micheletti y al gobierno de facto?

La experta en temas militares hondureña, Leticia Salomón, investigadora de la Universidad Nacional, no tuvo dudas en referenciar a los autores del golpe, indicando que: “fue planeado por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002) y dueño del periódico `La Tribuna`, que junto con ´La Prensa´, ´El Heraldo´, los canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron el pilar fundamental del golpe”.

Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario “La Tribuna”, fue una de las puntas de lanza en la campaña que el último año promovió el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra Zelaya, y que sostenía reuniones desde el año anterior con John Dimitri Negroponte, puente con los “halcones” estadounidenses, cuando este era secretario adjunto para Asuntos Hemisféricos del gobierno de George W. Bush.

El grupo al que hace referencia Salomón debe completarse con Jaime Rosenthal y Gilberto Goldstein, dirigentes del Grupo Continental, emporio que monopoliza la banca hondureña, la agroindustria y medios de comunicación como ´El Tiempo´ y ´Canal 11´. El resto de familias que componen la oligarquía hondureña, controlando el 90% de la riqueza del país, y que apoyaron el golpe contra Zelaya son: Rafael Ferrari, Juan Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, el empresario energético Fredy Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo Lippman y el contructor Rafael Flores, entre otros. Dentro de la trama golpista, destaca otro personaje "oscuro entre los oscuros", el magnate Miguel Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, y quien hoy monopoliza el negocio de la palma aceitera y en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor real.

En este sentido, no es de extrañar que la empresa privada hondureña haya sido uno de los actores que en primer lugar apoyaron el golpe de Estado y del gobierno ilegítimo, calificando al golpe como un proceso “democrático” e “irreversible”.

Así lo aseguró Alejandro Álvarez, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la organización económica privada más poderosa de este país que aglutina a 62 asociaciones gremiales. Según este magnate del sector de la construcción hondureña, “Honduras está en un proceso de rescate de una Estado de Derecho precario…, porque un poder quiso ponerse encima de la ley”, haciendo referencia a la consulta popular auspiciada por el destituido presidente Zelaya con respecto a su iniciativa de la cuarta urna. Álvarez es también vicepresidente de la Cámara Hondureña de la Construcción (CHICO), y en marzo de este año, al ser elegido presidente del COHEP, con el cinismo propio de un golpista, se declaraba apolítico y se inclinaba públicamente por "establecer un diálogo con el gobierno para apoyar de manera dinámica las iniciativas en las cuales coincidan y discutir aquellas en las que existían divergencias".

Otro destacado dirigente empresarial golpista es Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), otro habitual de las marchas Unión Cívica Democrática (organización que apoya socialmente al gobierno golpista). Según Facussé, “Ha habido respeto al orden constitucional frente al presidente depuesto que no quería respetarlo, porque era ilegal lo que estaba haciendo”. El 13 de septiembre Facussé fue deportado desde el aeropuerto de Miami al de San Pedro Sula por las autoridades de migración estadounidenses. Su pasaporte fue sellado con la palabra “Inadmisible”.

Luis Larach, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, organización empresarial de la zona norte y la más poderosa económicamente del país, es otro de los empresarios que ofreció inmediatamente respaldo a Micheletti en otro comunicado, en el cual invitó además “a la población hondureña a mantenerse firme en defensa de la democracia”.

Estos tres personajes forman parte de los varios empresarios que financian y participan en las marchas de la Unión Cívica Democrática (grupo que apoya socialmente el golpe), y son parte de los sostenes internos más importantes para el gobierno de facto.

El poder empresarial golpista hondureño está claramente marcando el rumbo del país, pudiéndose definir así un holding de empresas golpistas entre las cuales destacaríamos las siguientes en los siguientes ámbitos:

- En el ámbito de los diarios, revistas y productos impresos: La Prensa, El Heraldo, Estilo y Diez, todos propiedad de Jorge Canahuati Larach; el periódico La Tribuna y Lithopress Industrial del ex presidente Carlos Flores Facussé; y el Hablemos Claro, Hablemos Claro Financiera, As Deportivo y Cromos todos ellos de propiedad de Rodrigo Wong Arévalo.

- En el ámbito de la TV, cable, telefonía e Internet: Grupo Televicentro, Canal 5, Telecadena 7 y 4, Telesistema 3 y 7, MegaTV, Multivisión, Multifon, Multidata y Televicentro Online, todos del magnate Rafael Ferrari; el Canal 10 o TEN de Rodrigo Wong Arévalo; Canal 54 de Jorge Faraj y Camilo Atala; Tigo-Celtel de Antonio Tavel Otero; Telemás de Gabriela Núñez; y 45TV La Ceiba y Televisión 8 Tela de Rodolfo Irías Navas.

- En el ámbito de las radios: Emisoras Unidas, HRN, Radio Norte, Suave FM, Rock n`Pop Vox FM, XY, 94 FM, Radio Satélite, Radio Caribe y Radio Centro, todas del holding mediático de Rafael Ferrari; Audiovideo, Radio América, Radio San Pedro, Súper 100, La Moderna y Radio La Ceiba de Miguel Andonie Fernández; y Comunicaciones del Atlántico, Radio El Patio La Ceiba, Stereo 91 La Ceiba, Stereo 102.5 La Ceiba, Romántica 103.5 FM La Ceiba, Radio Aguàn Colón, 92.7 FM Tela y 91.5 FM Tela de empresario mediático Rodolfo Irías Navas.

- En el ámbito de comidas y bebidas, son resaltables: Burger King, Little Caesar´s, Church´s Chicken, Popeyes, Dunkin´ Donuts, Baskin Robbins, Pollo Campero y Chilli`s de Rafael Ferrari; Pizza Hut, Kentucky, Agua Azul, Aquafina, Pepsi, Seven Up, Mirinda Naranja, Mirinda Uva, Teem, Enjoy, Adrenaline, Gatorade, Quanty, Be-Light, Link, SoBe Energy y Tè Lipton envasado, todo controlado por el empresario pro golpista Jorge Canahuati Larach; Yummies Zambos, Yummies Ranchitas, Cappy, las diversas Ziba´s, Taco de Rancho, Chicharrones de Rancho, Mazola, las diversas Íssimas y frutas y vegetales Áltima, todos estos productos bajo control de Miguel Facussé Barjum; y Leche Sula, Leche La Pradera, Leche en polvo Sula, Malteadas Sula, jugos de naranje y fruta Sula, Babida Fristy Slua, Queso quesillo requesón Sula, Queso Cheddar Gouda Edam y Pecorino Sula, Mantequilla crema Sula, Margarina Sula, Mozarella Sula, Yogurt Sula, Yogurt Gaymonts y Lait y Agua Sula, de Schucry Kafie.

- En el ámbito de entidades financieras, consorcios y manufacturas, destacan: Grupo Ficohsa, Banco Ficohsa, Interamericana de Seguros, Ficohsa Express, PSI Proyectos y Servicios Inmobiliarios, Dicorp, Fundación Ficohsa, todas estas compañías de Jorge Faraj y Camilo Atala; Grupo Terra de Freddy Nasser; Asin y Audiovideo de Miguel Andonie Fernández; Grupo Roble de Ricardo Maduro; Fondo Hondureño de Inversión Turística (Bahía de Tela), Grupo Televicentro, Emisoras Unidas y Telerón de Rafael Ferrari; Grupo Dinant (antes Corporación Cressida), Químicas Magna, Cressida Industrial, Químicas Láser, Alimentos Dixie y Exportadora del Atlántico, todas de Miguel Facussé Barjum; Lactohsa de Schucry Kafie; Corinsa y Embotelladora de Sula de Jorge Canahuati Larach; Comunicaciones del Atlántico de Rodolfo Irías Navas; y la Fundación Covelo y el Banco Covelo de Adolfo Facussé.

- En el ámbito de la energía y el combustible, destacan: Emce, Petróleos de Honduras, Gasolineras Uno, Tramaq (transportes), Enetran y las plantas térmicas Enersa, Elcosa y Río Blanco, propiedad de Freddy Nasser; la planta termoeléctrica Lufussa de Schucry Kafie; la compañía Semeh de Rafael Ferrari y Arturo Corrales; y la de biocombustibles Dinapower, propiedad de Miguel Facussé Barjum.

- En el ámbito de comercios y centros comerciales: Supermecado La Colonia y Diunsa de Mario Faraj; Jestereo, La Curacao, Tropigas y Mall Multiplaza de Ricardo Maduro; Eleganza, Jorge J. Larach & Cía y Comercial Larach de Jorge Canahuati Larach; Proconsumo, Xedex, Audaz y Ganex de Miguel Facussé Barjum.

- En el ámbito de medicinas y farmacias: Laboratorios Finlay de Jorge Canahuati; Infarma, Mandofer y Farmacia Regis de Miguel Andonie Fernández.

- En el ámbito textil y maquilas: el Grupo Lovable de Juan Canahauti, y Textiles Río Lindo de Adolfo Facussé.

- En el ámbito de hoteles destaca el Intercontinental de Ricardo Maduro.

- En el ámbito de transporte: Inter Airports de Freddy Nasser; Catisa, Tupsa y Trasul, todas de Roberto Micheletti.

- En el ámbito deportivo: el Olimpia de Rafael Ferrari; el Motagua de Camilo y Pedro Atala.

Por otro lado, la constitución interna de los sectores sociales que apoyan a Micheletti es la siguiente: por un lado, la máxima dirigencia la lleva adelante un sector de la burguesía acomodada liderada por la esposa de Carlos López, “canciller” de Micheletti, Armida de López Contreras. Los coordinadores de nivel medio son empleados de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, y algunos empleados de la empresa privada. Las bases no existen y los movilizados provienen de sectores marginales de Tegucigalpa a quienes se les garantiza el pago de 300.00 lempiras por marcha (aproximadamente unos 15 dólares), el transporte de ida y vuelta, la comida de ese día, además de una camiseta blanca.

En el liderazgo de estos grupos, destaca entre otros el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, que manejando fondos inicialmente procedentes de la empresa privada y posteriormente de las arcas municipales (muchos de ellos provienen previamente del gobierno central), es el responsable logístico de muchos de estos grupos.

También destacan entre los apoyos al régimen golpista: los poderes judiciales, Congreso Nacional, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, y Comisionado Nacional de Derechos Humanos, todos ellos electos por el Congreso dirigido en su momento por Roberto Micheletti, y seguidores ideológicos de Carlos Flores Facussé.

También es reseñable la Iglesia católica, como uno de los primeros actores en posicionarse a favor del golpe de Estado en Honduras. En un comunicado de la Conferencia Episcopal, leído por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y avalado por los 11 obispos que integran dicha institución, el máximo órgano de la Iglesia católica hondureña, se posicionaba claramente a favor del gobierno de facto de Roberto Micheletti, haciendo un llamado al presidente constitucional Manuel Zelaya para no volver a Honduras, e intercediendo ante la OEA a favor de los golpistas.Con el Ejército como principal valedor y garante del gobierno ilegítimo y estandarte junto con la Policía de la brutal represión diaria que se ejerce en especial en las cuidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a primeros de agosto los reservistas de las Fuerzas Armadas de Honduras expresaron también su apoyo al gobierno de Micheletti. El presidente de la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas, coronel en retiro César Ordóñez, entregó a Micheletti, el pasado 7 de agosto, la bandera hondureña como muestra de que la organización, según dijo, está “a disposición” de su Gobierno.

¿ Y en el ámbito internacional?

Aunque el rechazo al golpe de Estado en Honduras ha sido unánime en todos los foros internacionales incluido los 192 países que componen las NNUU, destaca en el marco internacional el apoyo encubierto ejercido por algunos gobiernos al presidente de facto en Honduras.Según El Heraldo de Honduras, las embajadas de Taiwán e Israel, son las únicas naciones que hasta el momento han reconocido al gobierno de facto de Roberto Micheletti, en contraposición al contundente rechazo de la comunidad internacional.

El gobierno de Colombia, a pesar de haber retirado previamente a su embajador de Tegucigalpa, organizó el pasado 20 de julio, una reunión con representantes del gobierno de facto en Bogotá. El diálogo entre el canciller del gobierno golpista, Carlos López, y el presidente colombiano Álvaro Uribe se desarrolló entorno a “la situación en Honduras, la situación interna que estamos viviendo” según confesaba días después el propio canciller ilegítimo hondureño.

López no tuvo recato en indicar que Uribe expresó su “simpatía” por el Gobierno de Micheletti y que la reunión se debió a que ambas naciones son “víctimas de agresores externos comunes, como Hugo Chávez”, a quien consideró “una amenaza para las naciones, para la independencia de cada una de ellas”. El gobierno colombiano se vio obligado a reconocer que la reunión existió, que fue secreta, pero en su descargo se declaró que esta se dio en el marco de la mediación del presidente Oscar Arias, cosa que en ningún momento se ratificó oficialmente por parte del primer mandatario costarricense.

De igual manera, aptitudes contradictorias tuvo también el gobierno de Panamá, que a través de su vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, alabó el pasado 21 de julio a las Fuerzas Armadas golpistas de Honduras. Varela indicó que “en Honduras he visto un ejército responsable de acatar decisiones de la Corte Suprema de Justicia y estar metidos en la mitad de una crisis que ellos no la formaron”, olvidando que el ejército hondureño no está sometido a las órdenes de la Corte Suprema, si no a las de su Comandante en Jefe, el presidente legítimamente elegido por el pueblo en las urnas, en este caso Manuel Zelaya.

La derecha más reaccionaria de América Latina ha expresado de diversas maneras su apoyo al régimen de Micheletti. Entre ellos destacan las declaraciones de apoyo al gobierno ilegítimo de la hija del golpista chileno Augusto Pinochet, la concejal Lucía Pinochet, o del empresario venezolano Pedro Carmona, quien protagonizó el golpe de 2002 en Caracas que sacó del poder durante 48 horas al presidente Hugo Chávez, o incluso la del líder aprista del congreso peruano, Jorge del Castillo, quien también se manifestó públicamente indicando que lo habito en Honduras “mas que un golpe fue un contragolpe para evitar el golpe que preparaba Zelaya”. Ni Panamá ni Perú retiraron sus embajadores de Tegucigalpa.

En Venezuela, Globovisión, cadena de televisión afín a los sectores opositores al gobierno presidido por Hugo Chávez, también han manifestado sus simpatías por el golpe de Estado en el pequeño país centroamericano. Los conductores de los diversos programas de Globovisión no han hecho más que apoyar el golpe de Estado en Honduras desde el 28 de junio, acusando a su vez al gobierno de Chávez de injerencia por haber condenado dicho hecho. En este sentido, Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión afirmó el pasado 17 de julio que “El gobierno de Micheletti está ajustado a la Constitución, y nosotros quisiéramos, nos encantaría que aquí en Venezuela se respetara la Constitución como se está respetando en Honduras”, indicando así un claro apoyo al gobierno golpista.

Ese mismo día, el dueño de Globovisión y también propietario del concesionario Toyoclub Valencia C.A., admitió que la empresa automotriz que dirige especula con los precios de los vehículos. “Nosotros puede ser que especulemos, pero damos fuentes de empleo”, afirmó el dueño de Toyoclub, concesionario cerrado por mantener en situación de ocultamiento 24 vehículos en una de las residencias de Zuloaga, ubicada en Los Chorros, Caracas. Al ser interrogado sobre por qué los empresarios como él especulan con los precios de los vehículos, pese a que reciben divisas a precio oficial (Bs 2,15) por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para sus importaciones, Zuloaga volvió a indicar escuetamente que “los concesionarios generan puestos de trabajo”, demostrando así cual es la ética empresarial que caracteriza a empresarios de esta calaña.

En los Estados Unidos el golpe de Estado en Honduras ha contado con el respaldo de diversas figuras públicas del mundo de la política.

La congresista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, declaraba poco después del golpe que “las fuerzas militares en Honduras respetaron la Constitución” al remover al presidente José Manuel Zelaya del poder.

Esta congresista estadounidense, conocida en Cuba como la “Loba Feroz” tras su participación en el caso Elián, no tuvo ningún pudor en declarar que “Zelaya manifestó una conducta irregular por sus reiteradas violaciones a la constitución y a las leyes e inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos institucionales”.

Ros-Lehtinen apoyó el secuestro en Miami del niño cubano Elián González, y es célebre en el Congreso por dar su voto a todas las causas de la derecha contra Cuba y los movimientos progresistas de América Latina.

También el senador estadounidense del Partido Republicano por Carolina del Sur, Jim DeMint, argumentó que el presidente constitucional Mel Zelaya es un “dictador estilo Chávez” y un “líder ilegítimo”, al mismo tiempo que le ha exigido al presidente Obama que debería “apartarse de déspotas” y que “EEUU debe dar todo el apoyo a la gente de cualquier país que estén luchando por los mismo valores que compartimos y defendemos en EEUU”.

En la actualidad, DeMint mantiene su bloqueo al voto de confirmación del académico Arturo Valenzuela como responsable para América Latina del Departamento de Estado de los EEUU. DeMint también se opone al voto de confirmación de Tom Shannon, seleccionado por el presidente Barack Obama como embajador para Brasil y que ocupaba el cargo para el cual el mandatario nombró a Valenzuela.

El bloqueo de un nombramiento es un derecho al que pueden recurrir los legisladores de la oposición, dentro del complicado andamiaje legislativo estadounidense. “El senador DeMint mantendrá el bloqueo contra ambos hasta que cambie la postura de la Administración (Obama) con respecto al gobierno de Honduras”, según indicaron fuentes de su oficina a las agencias de información el pasado 18 de septiembre.

Este senador está asociado con el grupo religioso conservador conocido como “La Familia” (organización internacional política cristiana), y apoyó públicamente la dictadura militar en Honduras en la década de los 80, cuando el entonces embajador estadounidense, John Negroponte, convirtió a Honduras en una base para las operaciones paramilitares contra el sandinismo y los movimientos revolucionarios en Centroamérica.

El movimiento “La Familia” está incorporado en EEUU como una organización libre de impuestos, operando bajo el nombre de la Fundación Fellowship. Mientras que ellos no conducen operaciones de recaudación de fondos, reportaron ingresos de más de $12 millones en el 2003 en donaciones. Su misión, según su acta fundacional, consiste en: “desarrollar y mantener una asociación informal de grupos de personas, para salir como `embajadores de reconciliación`, modelando los principios de Jesús, basados en el amor a Dios y a otros”. Los grupos de este movimiento se han reunido en el Pentágono y el Departamento de Defensa, y tienen conexiones directas y claras con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

DeMint es uno de los integrantes más destacados del grupo de senadores ultraconservadores que cuestionan la posición del presidente Obama con respecto al gobierno ilegítimo de Honduras. Estos legisladores, encabezados por el líder conservador en la Cámara Alta, Mitch McConell, expresaron en una carta remitida a Hillary Clinton la necesidad de reconsiderar la posición “unilateral” de la Administración Obama respecto a Honduras.

También el congresista republicano Aaron Shock divulgó recientemente un análisis del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, según el cual "la destitución del ex Presidente Zelaya fue constitucional y (la) debemos respetar", aunque también halló ilegal que el Mandatario hubiese sido expulsado del país.

Durante su discurso, el congresista resaltó que “es inaceptable que nuestro gobierno (EE.UU.) trate de obligar a Honduras a violar su propia constitución al cortarle la ayuda extranjera" al mismo tiempo que recomendó reanudar la asistencia estadounidense e internacional a Honduras, devolver las visas de funcionarios hondureños, reconocer la legitimidad de tales comicios si se celebran de manera justa e imparcial. Finalmente, Shock recomendó que el gobierno hondureño permita la salida de Zelaya de la embajada brasileña, reconozca que su derrocamiento fue castigo suficiente por las medidas que él tomó y que llevaron a los hechos actuales, abandone los planes de procesarlo y emita una amnistía general para todos los involucrados en su destitución. Así, Zelaya tendría derecho a hacer campaña para el candidato de su preferencia en las venideras elecciones, pero si incita a la violencia debería ser arrestado y procesado.

De acuerdo con The Washington Post, para los “halcones” conservadores, sostenes del gobierno golpista de Micheletti, “Obama y el Departamento de Estado de EEUU se unieron a Chávez y sus aliados para exigir que Zelaya sea restituido en el poder”.

En la ambigüedad en ocasiones y apoyo expreso en otras, mantenida por diversos actores estadounidenses con respecto a Honduras, es referenciable un editorial del diario neoyorquino The Wall Street Journal, del pasado 1 de julio, en el cual se podía leer que “el golpe militar ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio y que llevó al exilio al presidente de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, es extrañamente democrático”. En este editorial se posiciona que “el Ejército no depuso al presidente Manuel Zelaya por sí solo, sino siguiendo una orden del Tribunal Supremo de Honduras”, y prosigue indicando que “las autoridades legislativas y judiciales permanecieran intactas” tras la acción militar.

Lo más espectacular del editorial consistió en señalar que Obama se ha posicionado en este asunto “junto a Naciones Unidas, Fidel Castro, Hugo Chávez y otros demócratas modélicos”, asegurando a su vez que lo ocurrido en Honduras debe leerse “en el contexto del chavismo latinoamericano”.

El diario conservador estadounidense indica que Chávez utilizó “dinero proveniente del petróleo venezolano para ayudar a que Zelaya ganara las elecciones hondureñas en 2005” y Zelaya, por su parte, ha intentado utilizar “procedimientos ilegales para forzar al Congreso a que reforme la Constitución”.

El editorial concluye indicando que “esa intimidación populista ha funcionado en muchos puntos de la región y en Honduras están comprensiblemente asustados de que, apoyado por el dinero y los agentes de Chávez, se alcance una subversión antidemocrática similar en el país”.

El gobierno golpista contrató inmediatamente después del derrocamiento de Zelaya al lobby estadounidense Chlopak, Leonard, Schechter & Associates, el cual en cuatro meses a cobrado más de 290.000 dólares, y su función ha sido fundamentalmente desarrollar cabildeo a favor de los golpistas en el Capitolio.

En Europa, la fundación alemana Friedrich Naumann Stiftung (FNS) vinculada al FDP (Partido Demócrata Liberal), fue denunciada ante el Parlamento alemán por el grupo parlamentario Die Linke (La Izquierda) por su apoyo al gobierno golpista que encabeza Micheletti. No sorprende entonces descubrir que esta fundación también da cobertura Carlos Alberto Montaner, vicepresidente de la Internacional Liberal y uno de los opositores más recalcitrantes del régimen cubano. La FNS también desarrolla operaciones propagandísticas en contra de los gobiernos progresistas de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

En julio 2007, la agencia alemana de noticias (independiente) German Foreign Policy, señalaba que la FNS “iniciaba un nuevo programa para desarrollar una red de las fuerzas neoliberales a través de América Latina dando una atención especial a las fuerzas opositoras de Cuba, Venezuela y Bolivia”. La FNS se encuentra detrás de la “Red Liberal de América Latina” (RELIAL) que, según su propaganda reúne 46 organizaciones de 17 países.

En Bolivia sin ir más lejos, RELIAL tiene entre sus núcleos más activos al grupo FULIDE del terrateniente Branko Marinkovic quién lidera el Comité separatista pro Santa Cruz. FULIDE tiene la característica de exhibir esvásticas en sus manifestaciones.

En el ámbito de las fundaciones, destaca también la española Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), encabezada por el ex presidente José María Aznar. Esta entidad emitió un documento fechado el 15 de julio en el que defiende el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras, declarando el golpe como una acción de defensa legítima de la libertad y la democracia.

La FAES considera que "la salida de Zelaya ha supuesto el primer retroceso importante para los intereses de Hugo Chávez. Por primera vez, las instituciones de un país han dado la espalda a un líder populista y han salido en defensa de la democracia. La Constitución ha funcionado. Se ha evitado el vaciamiento de la democracia liberal".

A primeros de septiembre, el Comité para América Latina (COLAT) del Consejo de la Unión europea consensuó mantener a Honduras en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, terminología eufemística que utiliza la UE para definir sus TLCs.

En el COLAT del Consejo de la UE, el gobierno español fracasó en su intento de dejar a Honduras fuera de las negociaciones comerciales con la UE.

Según fuentes del COLAT, la Comisión "no quiere dejar aislado a Honduras" en estas conversaciones, que se paralizaron en julio pocos días después de la destitución y expulsión del país del ex presidente Manuel Zelaya. Estaba previsto concluir las negociaciones este año para el Acuerdo de Asociación entrara en vigor en 2010.

Al mismo tiempo que el gobierno español justifica su posición ante sus socios comunitarios indicando que el Acuerdo de Asociación es una prioridad para ellos, dado que ostentarán la presidencia de la UE en el primer semestre del año que viene, los países centroamericanos debaten sobre la conveniencia o no de continuar el proceso con Honduras, tras la declaración condenatoria del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

La presencia del gobierno de facto hondureño en las negociaciones significaría de hecho un reconocimiento implícito de todos los países ssentados en las mesas de negociación.

Pero las prisas tanto de la UE como de determinados países centroamericanos para culminar este proceso, ha conllevado a que el pasado 17 del presente mes, Costa Rica manifestase públicamente la necesidad de modificar el mandato europeo.

“Considero que lo que debemos solicitar es un cambio de mandato (de negociación) a la UE”, declaró el ministro costarricense de Comercio Exterior, Marco Ruiz. El mandato de la UE indica que el acuerdo sólo se firmará con los cinco países centroamericanos en conjunto, es decir, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

El ministro costarricense indicó que se debe “aprovechar el tiempo” y que la idea no es dejar a Honduras fuera del acuerdo, sino que se pueda adherir cuando tenga un gobierno legítimamente reconocido. Esta posición a determinado que se fuera al traste las operaciones de la diplomacia golpista hondureña en su búsqueda de que la UE la sentase en la mesa de negociación aunque fuera a cambio de vender el país aun más a intereses extranjeros.

¿ Y las transnacionales?

El Canal 36 de Honduras, denunció que la empresa TIGO apoya al gobierno golpista. Este canal de televisión, quienes eran antes patrocinados por la empresa y ahora –a raíz de su posición crítica hacia el gobierno de facto- se han quedado sin patrocinio.

En las diversas manifestaciones contra el sector empresarial que dieron en Honduras el pasado 27 de julio, los manifestantes quebraron las tarjetas SIM (chip) de la empresa, expresando de esta manera su rechazo al apoyo de dicha compañía al gobierno golpista.

Según voceros de Radio globo, pudieron averiguar que dicha compañía fue fuertemente presionada por “grandes clientes” para adoptar dicha posición. En la actualidad se desarrolla un fuerte boicot a dicha compañía por parte de los sectores de la Resistencia Nacional. La compañía TIGO (da cobertura a tres cuartas partes de los dos millones de abonados celulares en el país) ha estado interviniendo las llamadas a Canal 36 y Radio Globo para impedir la comunicación de ciudadanos y ciudadanas que denuncian los abusos del régimen golpista a través de esos medios.

En un artículo publicado el 18 de julio en el diario hondureño El Libertador, se publicó una lista de 100 personas consideradas como instigadores del golpe que derrocó al presidente Manuel Zelaya. En el puesto 37 de la lista aparece el cubano de Miami Antonio Tavel Otero, director ejecutivo de TIGO.

TIGO es subsidiaria de Millicom Internacional, que es dueña a su vez de Amnet TV y ha sido protagonista de un escándalo de corrupción en Costa Rica durante el primer mandato de Oscar Arias.TIGO.

Millicom es propiedad del grupo sueco Industriförvaltnings AB Kinnevik. Su director ejecutivo es Mikael Grahne y en su directiva está Daniel Johanesson, ex director de la empresa sueca de trenes SJ.

¿Y las instituciones de Bretton Woods?

A pesar del pronunciamiento internacional e incluso uno propio del FMI llamando a la restitución del gobierno legítimo en Honduras, este país recibió, el pasado 28 de agosto, una asignación de 150 millones de dólares del FMI como parte de un programa para suavizar el impacto de la crisis global (Derechos Especiales de Giro –DEG), según su Banco Central. Todo ello a pesar de que otros organismos internaciones suspendieron su ayuda al país tras el golpe de Estado del 28 de junio.

El Banco Central de Honduras, indicó a su vez que recibirá una asignación adicional de 13,8 millones de dólares de DEG en las próximas semanas.Honduras, que fue suspendida de la OEA tras el golpe, sufrió la cancelación de la ayuda del BID y del Banco Mundial –calculada en 200 millones de dólares para el 2009- y Washington canceló ayuda militar por valor de 16,5 millones de dólares.

Publicado el 29 de septiembre de 2009 en el periódico digital Libre Red (www.librered.net).