Ecuador: ni para la izquierda ni para la derecha, sino todo lo contrario

Por Decio Machado / Quito (Ecuador)

Semanario La Brecha de Uruguay

A punto de cumplirse catorce meses de gestión presidencial de Lenín Moreno, cabe decir que el giro político existente en Ecuador es más que evidente pese a que nadie sepa hacía donde va el país.

Para unos el presidente Moreno es un traidor a la revolución ciudadana y a la figura de su predecesor Rafael Correa, mientras para otros el mandatario es reconocido como un hombre de talante democrático cuyo mérito consiste en haber reubicado -sin violencias internas- al Ecuador en la senda de los Estados de derecho mediante la reimplementación de las libertades democráticas.

Gestión de Lenín Moreno y el fin del correísmo

Valorar al actual gobierno requiere recordar la coyuntura política en la que Lenín Moreno asumió la Presidencia de la República. Necesitó para ello dos vueltas electorales donde una Alianza PAIS sumamente desgastada, partido hegemónico durante la última década, se impuso en segunda vuelta por muy escaso margen tras haber perdido más de 1,2 millones de votos respecto a los resultados obtenidos en 2013 pese a que el censo electoral fuera superior en 1,15 millones de electores.

La oposición conservadora con Guillermo Lasso a la cabeza, un magnate con poco criterio político y propietario del segundo banco más importante del país, articuló de la mano de asesores provenientes de campañas electorales venezolanas la estrategia de denunciar un fraude electoral con el fin de no reconocer la victoria en las urnas de Moreno. Pese a que dicho fraude nunca fue demostrado gran parte de la izquierda anti-correista también se alineó a la estrategia conservadora, dejando al entonces presidente electo sin aliados políticos y en una situación de franca debilidad, al mismo tiempo que incomprensiblemente perdían ante sus targets electorales toda confiabilidad política.

La reacción de Moreno y su equipo fue rápida y efectiva. Ante un gobierno saliente con poca credibilidad democrática tras una década de excesos políticos, represión sobre los movimientos sociales y forzadas lecturas de la legalidad democrática, todo ello nunca sancionado debido al control ejercido desde el Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, el nuevo gobierno optó por generar una lógica de diálogos en aras al consenso social, generando una ruptura con la polarización social impulsada durante la era Correa como estrategia de control hegemónico. En paralelo, Moreno pasó a cuestionar la situación económica en la que el mandatario anterior había dejado al país, tras una política de agresivo endeudamiento público consecuencia de la caída de los precios de los commodities y la desaparición del excedente petrolero. Por último, el actual gobierno cuestionó la política de control desde el Ejecutivo sobre el resto de poderes del Estado, permitiendo la libre acción de la Justicia y eliminando la impunidad legal con la que los distintos gobiernos encabezados por Rafael Correa habían operado durante la pasada década.

Las consecuencias de las acciones anteriores fueron inmediatas. En primer lugar, se articuló un nuevo discurso de reconciliación nacional que fue ampliamente secundado por una ciudadanía cansada de las lógicas de violencia verbal y persecución a opositores y resistencias sociales implementadas de forma sistemática desde el gobierno anterior. Respecto a lo segundo, el nuevo posicionamiento gubernamental permitió que fueran visibles -sin ingenierías contables- la realidad de las cuentas nacionales, lo que implicó terminar reconociendo una deuda pública de 59 mil millones de dólares (57% del PIB), más del doble de lo que manifestaba tener contraído el gobierno correista. Por último, la acción independiente de la Justicia significó la indagación judicial sobre múltiples denuncias de corrupción institucional y sobre-precios en la construcción de megaproyectos, lo que terminó por llevar a la cárcel incluso a quien ejerciera como vicepresidente de los últimos gobiernos de Rafael Correa, impuesto por este como vicepresidente también durante los primeros meses de gestión de Lenín Moreno, debido a un delito tipificado como de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Lo anterior, pese a que conllevara la ruptura de relaciones entre Rafael Correa y Lenín Moreno, significó un reposicionamiento político del gobierno actual ante la sociedad ecuatoriana, dejando sin piso las acusaciones de fraude electoral, la estrategia de bloqueo político impuesta por sus contrincantes y la narrativa opositora de que Moreno era apenas un títere puesto por el presidente anterior.

La estrategia de Rafael Correa ante este inesperado giro gubernamental no pudo ser más desafortunada. Impulsó la salida de sus acólitos del gobierno y convocó de manera ilegal una convención nacional de Alianza PAIS en la norteña ciudad de Esmeraldas, algo que en una organización política construida de forma vertical fue escasamente secundado por las bases, pretendiendo con escaso éxito disputar nuevamente la dirección de un partido que mayoritariamente ya no le seguía.

El paso siguiente emprendido por Rafael Correa fue un llamado a la desafiliación masiva de Alianza PAIS, algo que fue secundado por un número muy minoritario de militantes, pretendiendo montar un partido propio cuyo nombre pasó a ser Movimiento Acuerdo Nacional (MANA) y el cual aun carece de legalidad política por no tener las firmas ciudadanas necesarias para su acreditación institucional.

En paralelo y aprovechando su reposicionamiento político, el gobierno impulsó una consulta popular el pasado 4 de febrero que fue apoyada por una amplia mayoría de la ciudadanía. Mediante este plebiscito, a parte de inhabilitar al ex presidente Correa para volver a presentarse como presidenciable anulando la reforma constitucional que para tal fin él mismo impulsara en los últimos años de su gobierno, se sentaron las bases para el proceso de descorreización en marcha. De esta manera se constituyó un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, organismo que tiene el plazo de un año para evaluar a cada uno de las instituciones públicas encargadas de la participación social y el control del Estado, las cuales aunque concebidas de forma teóricamente autónomas al gobierno (Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, etc…) pero que estuvieron dirigidas por cuadros políticos del partido oficialista durante la legislatura anterior, siendo ahora cesados el conjunto de sus titulares tras múltiples evaluaciones públicas realizadas por fiscalizadores de la sociedad civil.

En resumen, la equivocada estrategia correista de disputar el liderazgo político del país desde fuera del gobierno conllevó a que hoy carezcan de la legitimidad social de la que gozaron antaño, llevando a lo que queda de la estructura política que dirigió al Ecuador durante la última década a la marginalidad política. De dicha estructura, tan solo tiene cierta incidencia política los 28 legisladores que quedaron alineados con Rafael Correa dentro de una Asamblea Nacional de 137 miembros.

Por último, las múltiples causas judiciales recientemente abiertas que involucran al ex presidente Correa en la comisión de delitos que van desde la mala gestión respecto a la deuda pública hasta el intento de secuestro de opositores a su gobierno en países extranjeros (caso de Fernando Balda en Colombia), han provocado que el que ex mandatario hoy residente en Bélgica esté considerando la posibilidad de pedir asilo político en dicho país. De darse tal condición, durante aproximadamente una década Rafael Correa estaría imposibilitado de volver al Ecuador, tiempo estimado para la prescripción de estos delitos aun en indagación judicial.

Pero más allá de la debacle correista, es un hecho que el actual gobierno navega inmerso en un fuerte desconcierto político, económico e ideológico que dice poco respecto a su capacidad de establecer una hoja de ruta clara para el país.

El frente económico gubernamental -compuesto por ministerios como Comercio Exterior, Economía y Finanzas, Minería, Electricidad, Hidrocarburos, Turismo o Industrias y Productividad- ha ido siendo paulatinamente entregado a representantes del sector empresarial, quienes desde una visión económicamente neoliberal y políticamente conservadora pretenden gestionar el país como si se tratase de una corporación empresarial, propiciando un plan de privatizaciones aun por desarrollarse y la reducción actualmente en marca del volumen del Estado. Pese a que estos dos elementos ya fueran anunciados como objetivos a desarrollarse durante los últimos años de gestión correista, tras el derrumbe de los precios del crudo y la finalización del excedente petrolero que había permitido cierta transferencia de recursos a los sectores históricamente olvidados en el país, es la Administración Moreno quien los pone en marcha. En paralelo, el gobierno de Moreno pretende mantener las políticas asistencialistas de la mano de ministros de corte progresista en los ministerios de perfil social -tales como Educación, Ambiente, Cultura, Inclusión Económica y Social, Salud o Justicia-, lo que genera fuertes conflictos internos con el ala conservadora a la hora de dirimir la dotación de recursos en cada una de estas áreas. En resumidas cuentas, la composición de la actual Administración Moreno se ha convertido en un coctel explosivo difícilmente gestionable donde los conflictos entre bloques enfrentados afloran por doquier, pese a que intenten ser permanentemente silenciados desde el aparato estatal.

De esta manera y pese a que la Inversión Extrajera Directa en el país ha ido creciendo y se ha dinamizado en parte la economía nacional, nos encontramos con que la matriculación en educación inicial ha menguado, las universidades siguen sin contar con dotaciones presupuestarias adecuadas, la atención en los centros de salud y hospitales sigue siendo deficitaria, y la generación de empleo digno y la construcción de vivienda social sigue estando lejos de los compromisos electorales adquiridos por Lenín Moreno en campaña.

Si bien es cierto que la situación económica del país no es responsabilidad del actual gobierno, quien heredó un Estado descapitalizado que aplica entre 10 y 12 mil millones de dólares al año al pago de deuda -prácticamente la suma de los presupuestos de educación, salud y seguridad-, también lo es que la solución no pasa por entregar las políticas económicas y productivas a un sector empresarial que históricamente ha carecido de proyecto alguno de país, limitando su discurso a hablar de flexibilización laboral, de excepciones y amnistías fiscales, privatización de empresas públicas y reducción del tamaño del Estado.

Nueva crisis política que se viene y la desaparición de la izquierda

Todos los estudios demoscópicos realizados en los últimos meses en el país vienen a indicar que el partido político hegemónico durante estos últimos diez años ya lo dejó de ser. La sociedad ecuatoriana ya no muestra simpatías mayoritarias por ninguna de las tiendas políticas existentes en el país, lo que implica que el deterioro de Alianza PAIS no está siendo capitalizado por ninguna otra formación política. Según esos mismos estudios, si el voto dejara de ser obligatorio el nivel de ausentismo electoral en Ecuador alcanzaría cuotas del 60%, tal y como sucede en países como Colombia donde el Presidente de la República es elegido por un sector muy minoritario del censo electoral.

Con un legislativo ya sin mayoría oficialista donde el Ejecutivo debe pactar alianzas coyunturales con agrupaciones políticas conservadoras para sacar adelante cada una de sus propuestas de ley, al interior del actual gobierno el ala progresista busca implementar una suerte de bloque político que han tenido a bien denominar VAMOS, con el objetivo de ser capaces de enfrentar la ofensiva conservadora empresarial instalada en torno al anillo de poder que rodea en estos momentos al presidente Lenín Moreno. En paralelo, la falta de perspectivas económicas y proyección de futuro que se vislumbra actualmente entre la sociedad ecuatoriana hace prever que en algún momento pueda reactivarse cierto nivel de conflictividad social, condición poco deseada incluso por las fuerzas políticas de las izquierdas no gubernamentales que cuestionaron el régimen correista durante la pasada década y que hoy hacen mutis por el foro a la espera de prebendas y cargos públicos en el actual gobierno.

Por su parte, los movimientos sociales -especialmente el movimiento indígena- que protagonizaron la resistencia a las políticas autoritarias y extractivistas auspiciadas por durante la pasada década también han cesado en su actividad reivindicativa, dejando la escasa movilización social existente en manos de residuales sectores políticos afines al correísmo hoy convertidos en oposición.

El impacto político de diez años de un gobierno autodenominado izquierdista ha dejado un erial en el campo del activismo político y social ecuatoriano, condición que sin duda costará mucho tiempo superar y que debería conllevar a una seria reflexión a esa izquierda que aun hoy y con lo que llevamos de sangre derramada se muestra todavía incapaz de condenar a regímenes políticos que consideran hermanos como es el caso actual de Nicaragua.

En todo caso y más allá de las limitaciones políticas de esto que tuvo a bien mal denominarse Socialismo del Siglo XXI, el propio presidente Lenín Moreno ha autodefinido su gobierno como un gobierno de transición, situación que nos hace preguntar ¿de transición hacia donde?, respuesta por cierto que gran parte de la izquierda ecuatoriana hoy prefiere no contestar…

Fuente: https://brecha.com.uy/la-izquierda-la-derecha-sino-lo-contrario/

México: La revolución que no será

Una izquierda clásica y conservadora

Por Decio Machado

Semanario La Brecha de Uruguay

Al igual que en el derecho penal de los siglos XVI y XVII, que imponía la muerte al tercer robo o hurto, para Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la tercera fue la vencida. Ya había disputado electoralmente la presidencia de México en 2006, con una derrota muy polémica a sólo medio punto porcentual por debajo del panista Felipe Calderón, y en 2012, cuando fracasó ante la candidatura de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en esta tercera ocasión López Obrador gozó de un triunfo memorable, con el 53 por ciento de apoyo popular y más de 30 puntos porcentuales de ventaja respecto a su principal rival.

Pese a los largos años que lleva haciendo política, el único cargo público que ha desempeñado hasta la fecha ha sido el de jefe de gobierno de la Ciudad de México (2000-2005), donde tuvo tasas de aprobación de hasta el 86 por ciento. Todos los días a las seis de la mañana López Obrador ofrecía un balance de las actividades del gobierno en rueda de prensa, y durante ese período puso su cargo a disposición en dos consultas ciudadanas que lo respaldaron con un 90 por ciento de los votos. Fue durante su gestión cuando se implementó un sistema universal de pensiones para los adultos mayores, un programa que, pese a ser severamente criticado por sus opositores, después varios gobiernos también decidieron aplicar.

En esta ocasión, López Obrador y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) –creado por él mismo en 2014 tras su salida del Prd– han conseguido captar el enorme voto de descontento social tras una gestión de gobierno de Peña Nieto que terminó con un margen de aprobación de tan sólo el 12 por ciento. Para ello fue necesario captar el voto millennial, un target poblacional con el peso de un tercio sobre el actual censo electoral mexicano, y que tan sólo ha vivido en política la alternancia en el gobierno entre el PRI y el PAN, los dos principales rivales de López Obrador en estas elecciones.

La generalizada corrupción institucional, la carencia de avances en materia de seguridad y un crecimiento económico muy mediocre durante el sexenio de Peña Nieto han permitido que con un discurso sencillo y sin propuestas muy concretas AMLO haya conseguido aglutinar el voto mayoritario de los electores mexicanos frente a unos partidos tradicionales que poco o nada ofrecían de nuevo en esta campaña. López Obrador, desde que el 14 de diciembre de 2017 arrancara oficialmente la campaña electoral, se posicionó siempre a la cabeza de la intención de voto, presentándose como el único antagonista al poder establecido y la representación del cambio en México, lo que de hecho fue así tras no permitirse el registro electoral de la candidata María de Jesús Patricio, quien fuera respaldada por el Concejo Indígena de Gobierno y el neozapatismo chiapaneco. Las principales medidas propuestas por López Obrador en su campaña plantean fundamentalmente acabar con la corrupción, acordar una amnistía al “narco”, buscando terminar de una vez por todas con una violencia cuyas víctimas son predominantemente los más pobres en el país –tan sólo durante el año 2017 se produjeron más de 29 mil asesinatos–, y liquidar las nefastas reformas energéticas y educativas emprendidas por el anterior gobierno.

López Obrador utilizó el ahora usual panfleto propagandístico que fue adaptado por los diferentes gobiernos izquierdistas de Sudamérica durante el ya finalizado ciclo progresista, es decir, el vincular su futuro gobierno a un nuevo proceso revolucionario en el país, que en esta ocasión sería el cuarto tras la independencia mexicana, las reformas liberales del siglo XIX y la revolución que tuvo lugar durante la década que va de 1910 a 1920 y que significó el fin de una dictadura porfiriana de 30 años.

Pero más allá de discursos propagandísticos, lo cierto es que este AMLO ganador ha planteado una campaña electoral de corte “atrapa-todo”. Es un hecho que a su propuesta electoral se sumaron todos los que quisieron, muchos de ellos con una trayectoria política más que discutible, lo que ha ido desplazando a los segmentos de la militancia históricamente más vinculados a la izquierda mexicana. Es el caso, sin ir más lejos, de quien ejercerá como jefe de gabinete, el empresario Alfonso Romo, la ex panista Tatiana Clouthier –quien fue la coordinadora general de campaña y a través de la cual se integraron antiguos panistas a la campaña, como Gabriela Cuevas, José María Martínez o Germán Martínez, entre otros– o alianzas tan rocambolescas desde el punto de vista político como la establecida con el conservador evangélico Partido Encuentro Social (PES).

Con una propuesta política absolutamente descafeinada desde la perspectiva ideológica, López Obrador ha conseguido incorporar todo tipo de voto a su propuesta electoral, incluso el voto castigo al sistema tradicional de partidos en México, beneficiándose a la vez de la guerra política establecida entre el Pri y el Pan –partidos que estuvieron muy cercanos durante el sexenio de Peña Nieto– durante esta campaña electoral.

Como conclusión, si bien es cierto que el triunfo de AMLO en México es una buena noticia para la democracia de un país que ha sido tildado de “dictadura perfecta”, también lo es que a esta propuesta electoral poco se le encuentra que pueda calificarse de alternativo. La izquierda que queda en lo que representa López Obrador no es más que una muy clásica y conservadora, que le da más peso a la intervención estatal que a los derechos de las minorías o a la equidad de género. Pese a ello, esa izquierda tendrá su oportunidad en un país en el que el 43,6 por ciento de la población –es decir, 53,4 millones de personas– vive en la pobreza y la desigualdad, que, junto con la violencia y la corrupción institucional, es uno de sus problemas más apremiantes.

Fuente: https://brecha.com.uy/la-revolucion-no-sera/

Un análisis estratégico para el caso Balda

Por Decio Machado
Publicado en Revista Digital Plan V

Utilizando el argot futbolístico, tan al uso en este momento, podríamos decir que “a estas alturas del partido” no hacer una lectura estratégica de los acontecimientos en el llamado caso Balda es pecar de una buena dosis de infantilismo político.

Empezar por aquí este texto requiere en primer lugar definir que es esto de la estrategia en la política, tema complejo si reconocemos que no ha habido un acuerdo general a la hora de establecer una definición de la voz “estrategia” que describa su campo de acción y delimite sus fronteras. En todo caso, el estudio en profundidad de la estrategia demuestra que su territorio es el de la negociación y la persuasión, al igual que el de las amenazas y la presión. Para ello se recurre tanto a los efectos psicológicos como a los físicos, es decir, tanto a las palabras como a los hechos. Esto es lo que convierte a la estrategia en el arte esencial de la política, pues se trata de conseguir de una situación concreta más de lo que el equilibrio inicial de fuerzas podría sugerir. La estrategia es el arte de crear poder y es sobre este conjunto de conceptos sobre los que se desarrolla cualquier acción estratégica.

Pues bien, toda estrategia parte necesariamente de saber donde esta uno parado y como se asientan en el terreno tus aliados y adversarios. Dicho esto, si hacemos un análisis real del deterioro de un gobierno en el cual tras más de un año de gestión nadie es capaz de identificar alguna obra referencial, nos daremos cuenta que la imagen del presidente Lenín Moreno ha decaído tanto que casi ya ha alcanzado la del ex mandatario Rafael Correa.

En esta condición y habiéndose convertido Rafael Correa en el principal opositor al actual gobierno pese a residir a 9.500 kilómetros de distancia del Palacio de Carondelet, condición que desnuda una manifiesta mediocridad por parte del resto de la oposición, estratégicamente lo que procedería sería: o bien paralizar del deterioro de la imagen presidencial o bien actuar en campo rival con el objetivo de anular el creciente rol del opositor. Para lo primero hace falta una notable gestión y buenos resultados, algo de lo que hasta ahora adolece el ejecutivo, para lo segundo y estando en el gobierno se necesita tan solo saber hacer.

Todos sabemos que para  los que parten en una situación de poder la estrategia para ganar no suele ser difícil. Se trata tan solo de que se aplique de forma juiciosa los importantes recursos de los que se dispone para alcanzar el objetivo. Así y no más que así, sobrevivió el correísmo toda una década pese a los permanentes envites de la prensa y la oposición política.

Pues bien, lejos de los maquiavélicos complots desarrollados por deshonestos traidores en los que basa su narrativa el correísmo, lo que se encontró el gobierno es que con el accionar de determinados personajes de la oposición política conservadora se podría ver beneficiado bajo una lógica de sinergias. Quizás más por intuición que por estrategia, vaya usted a saber…, el gobierno de Lenín Moreno entendió que en momentos de debilidad una buena alianza coyuntural sirve para derrotar al enemigo.

El exitoso accionar de un personaje tan poco brillante como Fernando Balda viene a demostrar en la práctica los muchos errores estratégicos que cometió Rafael Correa, destacando sobre estos una máxima napoleónica: “no debes luchar demasiado con un enemigo o le enseñarás tu arte de la guerra”. Es así que tras judicializar Rafael Correa a sus opositores políticos durante diez años consecutivos, fueron estos quienes pasaron a judicializarle a él. Todo ello con sus mismas herramientas, es decir, los mismos jueces que llegaron a sus cargos durante el período de Gustavo Jalkh en el Consejo de la Judicatura.

Sin entrar a valorar cuestiones de carácter jurídico, no es el enfoque de este texto, la decisión de la jueza Daniella Camacho el pasado 18 de junio exigiendo que Rafael Correa se presentará periódicamente en la Corte Nacional de Justicia actuó en el marco de lo que consideraríamos el terreno de estrategia accionando dos componentes: la amenaza y presión sobre el ex mandatario. De las palabras se pasaron a los hechos lo que implicó que quince días después, ante el desacato del ex presidente Correa y más allá de que la sede consular en Bélgica sea una extensión del Estado ecuatoriano en el extranjero, esta jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia emitiera una circular roja de Interpol para la captura internacional del ex mandatario.

Una vez más el error de Rafael Correa no pudo ser más garrafal. Mientras sus legisladores cuestionaban la Ley de Fomento Productivo, acusando al gobierno de haber realizado un giro a la derecha y haber puesto la política económica en manos de grandes grupos del capital nacional, su líder ponía el foco de la política en otro lado desviando la atención ciudadana.

Aquí dos cuestiones. Por un lado, Rafael Correa comenzó a sentir el miedo antes de tiempo pues el proceso jurídico está aun en estado muy embrionario, dado que ni siquiera se ha dado curso aun a la audiencia preparatoria de juicio para determinarse si en realidad se iba a proceder o no realmente por un proceso derivado de las denuncias de Fernando Balda y la acción fiscal. Por otro y más allá del error de timing, el ex mandatario ha anunciado públicamente que considera la posibilidad de solicitar el asilo político en Bélgica, cuestión que en caso de proceder y ser concedido paralizará el juicio -este no puede seguir sin el acusado-, declarándose al ex presidente Correa como prófugo y poniéndose en marcha la cuenta atrás para la prescripción del delito.

Lo anterior implica que Rafael Correa no podría salir de territorio belga en aproximadamente unos nueve años, es decir, se acabó su incidencia política a nivel nacional y se acabaron sus giras internacionales como conferencista referentedel progresismo latinoamericano. En otras palabras, nos encontramos ante los otros dos terrenos en los que se abona la estrategia, la negociación y la persuasión -aceptación por parte de Rafael Correa de que esta salida es la mejor solución para su futuro inmediato-, lo que determinaría que se acabó su vida política tanto en Ecuador como fuera del país.

Cabe indicar que una vez más Rafael Correa no entendió que el desbalance en una batalla conlleva por parte del más débil no sólo valentía, algo que no se vio, sino fundamentalmente creatividad. Esto es algo difícil de comprender en un espectro político nacional donde la creatividad no existe, condición por lo que ni la oposición a Rafael Correa en su momento ni Rafael Correa ahora en la oposición han sido capaces de doblarle el brazo al que coyunturalmente se encontraba en el poder.

Volviendo al arte de la guerra, eso que aquel militar prusiano del siglo XIX llamado Carl von Clausewitz definiría como una extensión de la política, toda victoria de los más débiles en cualquier batalla se ha basado en la aplicación de una inteligencia superior que aprovecha una evaluación miope, conservadora o perezosa de aquellos que podrían utilizar sus recursos superiores para salir vencedores. Ese fue el ejemplo de inteligente Ulises, pero no del invencible Aquiles; el ejemplo del sabio estratega chino Sun Tuz pero no del napoleónico General Jomini o del propio Clausewitz; ese ha sido el ejemplo del actual gobierno pero no el del ex mandatario Rafael Correa.

Cuando se trata de analizar la ofensiva, otro importante concepto clausewitziano es el llamado “centro de gravedad” (Schwerpunkt). Un centro de gravedad representa el punto en el que las fuerzas convergen, un punto en el cual el peso del objeto estaba equilibrado en todas las direcciones. Si se golpea o se altera el centro de gravedad, dicho objeto podría perder su equilibrio y caer. El Shwerpunkt es “el rasgo esencial del poder enemigo” y, por lo tanto, “el punto contra el cual deben dirigirse todas nuestras energías” indicaría Clausewitz en su obra referencial De la guerra, pues golpear al centro potencia los efectos más allá del daño principal a todas las filas del enemigo.

Pues bien, al gobierno hasta aquí la cosa parece haber funcionado o ¿es qué más allá de majaderías fundamentalistas alguien duda que para terminar con el correísmo es mejor tener a su líder fuera del escenario político nacional durante unos cuantos años antes que sufrir la incomodidad de meterle preso?

El uribismo vuelve al Palacio de Nariño

Por Decio Machado / Bogotá
Publicado en el Semanario La Brecha de Uruguay

Mientras los sectores más conservadores de Colombia se congratulaban por el triunfo de Iván Duque, delfín del ex presidente Álvaro Uribe, en el balotaje presidencial, se dispararon las alarmas en prácticamente todos los sectores y movimientos sociales organizados del país, que temen un gran retroceso social.

La victoria de Iván Duque en las elecciones presidenciales de Colombia viene a consolidar los buenos resultados obtenidos por el uribismo en los comicios legislativos del pasado mes de marzo.

Con una diferencia a su favor de 2,34 millones de votos, el delfín de Álvaro Uribe se impuso a Gustavo Petro en el balotaje, pese a que el ex alcalde de Bogotá obtuvo la votación más alta (8 millones de votos) que haya recibido un candidato de perfil progresista en toda la historia de Colombia.

Para el mundo conservador la segunda vuelta de esta campaña electoral fue tranquila. El temor a una derrota por parte del uribismo se esfumó tras la primera vuelta, cuando por escaso margen de votación el centrista Sergio Fajardo no logró pasar a la segunda. A partir de entonces todos los pronósticos y estudios de proyección de voto mínimamente serios anticiparon lo que sucedió el pasado domingo. Gustavo Petro era, después de Rodrigo Londoño (“Timochenko”, cuando era comandante de las Farc), el candidato presidencial que generaba más resistencia entre amplios segmentos de la sociedad colombiana.

Los resultados de estas elecciones supondrán un retroceso político y social para Colombia. En medio de aplausos y aclamaciones de los sectores políticos más reaccionarios del país, en su primer discurso como mandatario electo Iván Duque no demoró en dar las gracias a Álvaro Uribe por su apoyo.

TEMORES

El triunfo de Duque disparó alarmas en prácticamente todos los sectores y movimientos sociales organizados del país. El gobierno de este derechista duro representa varios riesgos. En primer lugar, el presidente electo podría desmantelar un proceso de paz que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado y sobre el cual ha dicho públicamente que no cree en él. En segundo lugar, inquietan las vinculaciones de su mentor político, Uribe, con el paramilitarismo, el narcotráfico y la violencia en general. En tercer lugar, existe un riesgo de retrocesos legales en el derecho al aborto, permitido en Colombia desde el año 2006 en caso de un embarazo que ponga en peligro la salud de la mujer, en caso de violación o incesto y en caso de malformaciones del feto que sean incompatibles con la vida fuera del útero. Existe también el temor a que se incrementen nuevamente las persecuciones a los defensores de derechos humanos, a las trabajadores sexuales y a miembros de la comunidad Lgbti. Está también la amenaza de grupos delictivos nuevamente empoderados en el sector rural que aterrorizan a las comunidades como forma de “limpiar” territorios para la ampliación de las fronteras extractivistas (los asesinatos a líderes sociales en estas áreas representan un enorme problema en Colombia, véanse Brecha “Un peludo Colombiano”, 28-III-18, y “La matanza de líderes sociales”, 14-VII-17).

EL PESO DEL LINAJE

Sin saberse aún quiénes conformarán su gabinete ministerial, Iván Duque ha dejado entrever ante distintos medios de comunicación que dos nombres tendrán mucho peso en su futuro gobierno: Alberto Carrasquilla y Alicia Arango. El primero se desempeñó como ministro de Hacienda y la segunda fue secretaria presidencial y embajadora ante las Naciones Unidas, en ambos casos durante el gobierno de Álvaro Uribe.

De esta manera queda más clara aun la conexión entre lo que será el gobierno de Iván Duque y el direccionamiento y mando de la estructura política uribista instalada desde el año 2002 en el país. Duque ha representado una cara joven, dicharachera y amable del uribismo en esta campaña electoral, lección aprendida por Álvaro Uribe tras fracasar en las presidenciales de 2014 con otro candidato títere (Óscar Iván Zuluaga, una figura carente de escrúpulos y legitimidad moral).

ESPERANZA EN LA IZQUIERDA

En el caso de la izquierda, la derrota de Gustavo Petro no instala un escenario fatal, sino que su desempeño electoral –haber llegado al balotaje y conseguido más de 40 por ciento de los votos– fortalece a esta tendencia política, históricamente fragmentada en el país, de cara a futuras elecciones. Hoy el candidato del movimiento Colombia Humana (véase “Un Petro antipetróleo”, Brecha, 24-V-18) es sin duda el dirigente más fuerte de la oposición política del país. Desde esa posición, y para mantenerse vivo durante los próximos cuatro años, se plantea como estrategia política la movilización permanente frente a los retrocesos que se vienen en materia de derechos y democracia tras la victoria electoral uribista.

Por su lado, Duque ya anunció que procederá a hacer profundas modificaciones y reformas a los acuerdos de paz alcanzados en 2016 con las Farc, y que quedarán paralizados los procesos de diálogo y negociación con el Eln hasta nueva orden (véase nota en página 13).

De igual manera, el nuevo gobierno se plantea una profunda reforma del Poder Judicial que busca unificar las altas cortes, fusionando en una las cinco cortes existentes en el sistema judicial colombiano. La medida busca limitar las investigaciones sobre Álvaro Uribe que en estos momentos está llevando adelante la Corte Suprema, mediante la eliminación de organismos que hoy actúan contra los intereses del ex presidente enjuiciado.

DROGAS Y REFORMA DE PENSIONES 

En el ámbito de la política antinarcóticos, y teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de cultivos ilícitos del planeta, sorprende que Iván Duque plantee la articulación de forma inmediata de un sistema de sanciones y multas al porte de dosis mínimas, penalizando a los consumidores de drogas e ignorando cualquier tipo de medida estructural para desmontar el poder del narco en el país.

Duque también plantea reducir el tamaño del Congreso –limitando así sus gastos– e impulsar una reforma tributaria que reduciría los actuales 22 impuestos nacionales, 14 departamentales y 40 municipales actualmente existentes. Desde una lógica neoliberal, que nunca ha dejado de acompañar a las políticas económicas del Estado colombiano durante las últimas tres décadas y media, se plantea toda una batería de excepciones fiscales justificadas con el objetivo de atraer y fomentar las inversiones. En paralelo, el nuevo gobierno planteará una reforma de las pensiones que, sin haber sido claramente explicitada, dice tener como fin instalar un sistema público que se mantenga y atienda a los sectores más vulnerables.

El eje de la campaña del miedo desarrollada por el uribismo contra la candidatura de Gustavo Petro durante los últimos meses fue acusarlo de ser un agente “castro-chavista” que tiene como objetivo convertir a Colombia en una nueva Venezuela. Más allá de lo banal del argumento, lo cierto es que Venezuela se ha convertido en la “bestia negra” para gran parte de la población colombiana, condición que ha llevado al presidente electo a plantear la posibilidad de limitar la llegada de refugiados económicos venezolanos a Colombia.