Por Decio Machado / Quito (Ecuador)
Semanario La Brecha de Uruguay
A punto de cumplirse catorce meses de gestión presidencial de Lenín Moreno, cabe decir que el giro político existente en Ecuador es más que evidente pese a que nadie sepa hacía donde va el país.
Para unos el presidente Moreno es un traidor a la revolución ciudadana y a la figura de su predecesor Rafael Correa, mientras para otros el mandatario es reconocido como un hombre de talante democrático cuyo mérito consiste en haber reubicado -sin violencias internas- al Ecuador en la senda de los Estados de derecho mediante la reimplementación de las libertades democráticas.
Gestión de Lenín Moreno y el fin del correísmo
Valorar al actual gobierno requiere recordar la coyuntura política en la que Lenín Moreno asumió la Presidencia de la República. Necesitó para ello dos vueltas electorales donde una Alianza PAIS sumamente desgastada, partido hegemónico durante la última década, se impuso en segunda vuelta por muy escaso margen tras haber perdido más de 1,2 millones de votos respecto a los resultados obtenidos en 2013 pese a que el censo electoral fuera superior en 1,15 millones de electores.
La oposición conservadora con Guillermo Lasso a la cabeza, un magnate con poco criterio político y propietario del segundo banco más importante del país, articuló de la mano de asesores provenientes de campañas electorales venezolanas la estrategia de denunciar un fraude electoral con el fin de no reconocer la victoria en las urnas de Moreno. Pese a que dicho fraude nunca fue demostrado gran parte de la izquierda anti-correista también se alineó a la estrategia conservadora, dejando al entonces presidente electo sin aliados políticos y en una situación de franca debilidad, al mismo tiempo que incomprensiblemente perdían ante sus targets electorales toda confiabilidad política.
La reacción de Moreno y su equipo fue rápida y efectiva. Ante un gobierno saliente con poca credibilidad democrática tras una década de excesos políticos, represión sobre los movimientos sociales y forzadas lecturas de la legalidad democrática, todo ello nunca sancionado debido al control ejercido desde el Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, el nuevo gobierno optó por generar una lógica de diálogos en aras al consenso social, generando una ruptura con la polarización social impulsada durante la era Correa como estrategia de control hegemónico. En paralelo, Moreno pasó a cuestionar la situación económica en la que el mandatario anterior había dejado al país, tras una política de agresivo endeudamiento público consecuencia de la caída de los precios de los commodities y la desaparición del excedente petrolero. Por último, el actual gobierno cuestionó la política de control desde el Ejecutivo sobre el resto de poderes del Estado, permitiendo la libre acción de la Justicia y eliminando la impunidad legal con la que los distintos gobiernos encabezados por Rafael Correa habían operado durante la pasada década.
Las consecuencias de las acciones anteriores fueron inmediatas. En primer lugar, se articuló un nuevo discurso de reconciliación nacional que fue ampliamente secundado por una ciudadanía cansada de las lógicas de violencia verbal y persecución a opositores y resistencias sociales implementadas de forma sistemática desde el gobierno anterior. Respecto a lo segundo, el nuevo posicionamiento gubernamental permitió que fueran visibles -sin ingenierías contables- la realidad de las cuentas nacionales, lo que implicó terminar reconociendo una deuda pública de 59 mil millones de dólares (57% del PIB), más del doble de lo que manifestaba tener contraído el gobierno correista. Por último, la acción independiente de la Justicia significó la indagación judicial sobre múltiples denuncias de corrupción institucional y sobre-precios en la construcción de megaproyectos, lo que terminó por llevar a la cárcel incluso a quien ejerciera como vicepresidente de los últimos gobiernos de Rafael Correa, impuesto por este como vicepresidente también durante los primeros meses de gestión de Lenín Moreno, debido a un delito tipificado como de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Lo anterior, pese a que conllevara la ruptura de relaciones entre Rafael Correa y Lenín Moreno, significó un reposicionamiento político del gobierno actual ante la sociedad ecuatoriana, dejando sin piso las acusaciones de fraude electoral, la estrategia de bloqueo político impuesta por sus contrincantes y la narrativa opositora de que Moreno era apenas un títere puesto por el presidente anterior.
La estrategia de Rafael Correa ante este inesperado giro gubernamental no pudo ser más desafortunada. Impulsó la salida de sus acólitos del gobierno y convocó de manera ilegal una convención nacional de Alianza PAIS en la norteña ciudad de Esmeraldas, algo que en una organización política construida de forma vertical fue escasamente secundado por las bases, pretendiendo con escaso éxito disputar nuevamente la dirección de un partido que mayoritariamente ya no le seguía.
El paso siguiente emprendido por Rafael Correa fue un llamado a la desafiliación masiva de Alianza PAIS, algo que fue secundado por un número muy minoritario de militantes, pretendiendo montar un partido propio cuyo nombre pasó a ser Movimiento Acuerdo Nacional (MANA) y el cual aun carece de legalidad política por no tener las firmas ciudadanas necesarias para su acreditación institucional.
En paralelo y aprovechando su reposicionamiento político, el gobierno impulsó una consulta popular el pasado 4 de febrero que fue apoyada por una amplia mayoría de la ciudadanía. Mediante este plebiscito, a parte de inhabilitar al ex presidente Correa para volver a presentarse como presidenciable anulando la reforma constitucional que para tal fin él mismo impulsara en los últimos años de su gobierno, se sentaron las bases para el proceso de descorreización en marcha. De esta manera se constituyó un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, organismo que tiene el plazo de un año para evaluar a cada uno de las instituciones públicas encargadas de la participación social y el control del Estado, las cuales aunque concebidas de forma teóricamente autónomas al gobierno (Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, etc…) pero que estuvieron dirigidas por cuadros políticos del partido oficialista durante la legislatura anterior, siendo ahora cesados el conjunto de sus titulares tras múltiples evaluaciones públicas realizadas por fiscalizadores de la sociedad civil.
En resumen, la equivocada estrategia correista de disputar el liderazgo político del país desde fuera del gobierno conllevó a que hoy carezcan de la legitimidad social de la que gozaron antaño, llevando a lo que queda de la estructura política que dirigió al Ecuador durante la última década a la marginalidad política. De dicha estructura, tan solo tiene cierta incidencia política los 28 legisladores que quedaron alineados con Rafael Correa dentro de una Asamblea Nacional de 137 miembros.
Por último, las múltiples causas judiciales recientemente abiertas que involucran al ex presidente Correa en la comisión de delitos que van desde la mala gestión respecto a la deuda pública hasta el intento de secuestro de opositores a su gobierno en países extranjeros (caso de Fernando Balda en Colombia), han provocado que el que ex mandatario hoy residente en Bélgica esté considerando la posibilidad de pedir asilo político en dicho país. De darse tal condición, durante aproximadamente una década Rafael Correa estaría imposibilitado de volver al Ecuador, tiempo estimado para la prescripción de estos delitos aun en indagación judicial.
Pero más allá de la debacle correista, es un hecho que el actual gobierno navega inmerso en un fuerte desconcierto político, económico e ideológico que dice poco respecto a su capacidad de establecer una hoja de ruta clara para el país.
El frente económico gubernamental -compuesto por ministerios como Comercio Exterior, Economía y Finanzas, Minería, Electricidad, Hidrocarburos, Turismo o Industrias y Productividad- ha ido siendo paulatinamente entregado a representantes del sector empresarial, quienes desde una visión económicamente neoliberal y políticamente conservadora pretenden gestionar el país como si se tratase de una corporación empresarial, propiciando un plan de privatizaciones aun por desarrollarse y la reducción actualmente en marca del volumen del Estado. Pese a que estos dos elementos ya fueran anunciados como objetivos a desarrollarse durante los últimos años de gestión correista, tras el derrumbe de los precios del crudo y la finalización del excedente petrolero que había permitido cierta transferencia de recursos a los sectores históricamente olvidados en el país, es la Administración Moreno quien los pone en marcha. En paralelo, el gobierno de Moreno pretende mantener las políticas asistencialistas de la mano de ministros de corte progresista en los ministerios de perfil social -tales como Educación, Ambiente, Cultura, Inclusión Económica y Social, Salud o Justicia-, lo que genera fuertes conflictos internos con el ala conservadora a la hora de dirimir la dotación de recursos en cada una de estas áreas. En resumidas cuentas, la composición de la actual Administración Moreno se ha convertido en un coctel explosivo difícilmente gestionable donde los conflictos entre bloques enfrentados afloran por doquier, pese a que intenten ser permanentemente silenciados desde el aparato estatal.
De esta manera y pese a que la Inversión Extrajera Directa en el país ha ido creciendo y se ha dinamizado en parte la economía nacional, nos encontramos con que la matriculación en educación inicial ha menguado, las universidades siguen sin contar con dotaciones presupuestarias adecuadas, la atención en los centros de salud y hospitales sigue siendo deficitaria, y la generación de empleo digno y la construcción de vivienda social sigue estando lejos de los compromisos electorales adquiridos por Lenín Moreno en campaña.
Si bien es cierto que la situación económica del país no es responsabilidad del actual gobierno, quien heredó un Estado descapitalizado que aplica entre 10 y 12 mil millones de dólares al año al pago de deuda -prácticamente la suma de los presupuestos de educación, salud y seguridad-, también lo es que la solución no pasa por entregar las políticas económicas y productivas a un sector empresarial que históricamente ha carecido de proyecto alguno de país, limitando su discurso a hablar de flexibilización laboral, de excepciones y amnistías fiscales, privatización de empresas públicas y reducción del tamaño del Estado.
Nueva crisis política que se viene y la desaparición de la izquierda
Todos los estudios demoscópicos realizados en los últimos meses en el país vienen a indicar que el partido político hegemónico durante estos últimos diez años ya lo dejó de ser. La sociedad ecuatoriana ya no muestra simpatías mayoritarias por ninguna de las tiendas políticas existentes en el país, lo que implica que el deterioro de Alianza PAIS no está siendo capitalizado por ninguna otra formación política. Según esos mismos estudios, si el voto dejara de ser obligatorio el nivel de ausentismo electoral en Ecuador alcanzaría cuotas del 60%, tal y como sucede en países como Colombia donde el Presidente de la República es elegido por un sector muy minoritario del censo electoral.
Con un legislativo ya sin mayoría oficialista donde el Ejecutivo debe pactar alianzas coyunturales con agrupaciones políticas conservadoras para sacar adelante cada una de sus propuestas de ley, al interior del actual gobierno el ala progresista busca implementar una suerte de bloque político que han tenido a bien denominar VAMOS, con el objetivo de ser capaces de enfrentar la ofensiva conservadora empresarial instalada en torno al anillo de poder que rodea en estos momentos al presidente Lenín Moreno. En paralelo, la falta de perspectivas económicas y proyección de futuro que se vislumbra actualmente entre la sociedad ecuatoriana hace prever que en algún momento pueda reactivarse cierto nivel de conflictividad social, condición poco deseada incluso por las fuerzas políticas de las izquierdas no gubernamentales que cuestionaron el régimen correista durante la pasada década y que hoy hacen mutis por el foro a la espera de prebendas y cargos públicos en el actual gobierno.
Por su parte, los movimientos sociales -especialmente el movimiento indígena- que protagonizaron la resistencia a las políticas autoritarias y extractivistas auspiciadas por durante la pasada década también han cesado en su actividad reivindicativa, dejando la escasa movilización social existente en manos de residuales sectores políticos afines al correísmo hoy convertidos en oposición.
El impacto político de diez años de un gobierno autodenominado izquierdista ha dejado un erial en el campo del activismo político y social ecuatoriano, condición que sin duda costará mucho tiempo superar y que debería conllevar a una seria reflexión a esa izquierda que aun hoy y con lo que llevamos de sangre derramada se muestra todavía incapaz de condenar a regímenes políticos que consideran hermanos como es el caso actual de Nicaragua.
En todo caso y más allá de las limitaciones políticas de esto que tuvo a bien mal denominarse Socialismo del Siglo XXI, el propio presidente Lenín Moreno ha autodefinido su gobierno como un gobierno de transición, situación que nos hace preguntar ¿de transición hacia donde?, respuesta por cierto que gran parte de la izquierda ecuatoriana hoy prefiere no contestar…
Fuente: https://brecha.com.uy/la-izquierda-la-derecha-sino-lo-contrario/
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