Publicado en el Semanario La Brecha de Uruguay
Mientras los sectores más conservadores de Colombia se congratulaban por el triunfo de Iván Duque, delfín del ex presidente Álvaro Uribe, en el balotaje presidencial, se dispararon las alarmas en prácticamente todos los sectores y movimientos sociales organizados del país, que temen un gran retroceso social.
La victoria de Iván Duque en las elecciones presidenciales de Colombia viene a consolidar los buenos resultados obtenidos por el uribismo en los comicios legislativos del pasado mes de marzo.
Con una diferencia a su favor de 2,34 millones de votos, el delfín de Álvaro Uribe se impuso a Gustavo Petro en el balotaje, pese a que el ex alcalde de Bogotá obtuvo la votación más alta (8 millones de votos) que haya recibido un candidato de perfil progresista en toda la historia de Colombia.
Para el mundo conservador la segunda vuelta de esta campaña electoral fue tranquila. El temor a una derrota por parte del uribismo se esfumó tras la primera vuelta, cuando por escaso margen de votación el centrista Sergio Fajardo no logró pasar a la segunda. A partir de entonces todos los pronósticos y estudios de proyección de voto mínimamente serios anticiparon lo que sucedió el pasado domingo. Gustavo Petro era, después de Rodrigo Londoño (“Timochenko”, cuando era comandante de las Farc), el candidato presidencial que generaba más resistencia entre amplios segmentos de la sociedad colombiana.
Los resultados de estas elecciones supondrán un retroceso político y social para Colombia. En medio de aplausos y aclamaciones de los sectores políticos más reaccionarios del país, en su primer discurso como mandatario electo Iván Duque no demoró en dar las gracias a Álvaro Uribe por su apoyo.
TEMORES
El triunfo de Duque disparó alarmas en prácticamente todos los sectores y movimientos sociales organizados del país. El gobierno de este derechista duro representa varios riesgos. En primer lugar, el presidente electo podría desmantelar un proceso de paz que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado y sobre el cual ha dicho públicamente que no cree en él. En segundo lugar, inquietan las vinculaciones de su mentor político, Uribe, con el paramilitarismo, el narcotráfico y la violencia en general. En tercer lugar, existe un riesgo de retrocesos legales en el derecho al aborto, permitido en Colombia desde el año 2006 en caso de un embarazo que ponga en peligro la salud de la mujer, en caso de violación o incesto y en caso de malformaciones del feto que sean incompatibles con la vida fuera del útero. Existe también el temor a que se incrementen nuevamente las persecuciones a los defensores de derechos humanos, a las trabajadores sexuales y a miembros de la comunidad Lgbti. Está también la amenaza de grupos delictivos nuevamente empoderados en el sector rural que aterrorizan a las comunidades como forma de “limpiar” territorios para la ampliación de las fronteras extractivistas (los asesinatos a líderes sociales en estas áreas representan un enorme problema en Colombia, véanse Brecha “Un peludo Colombiano”, 28-III-18, y “La matanza de líderes sociales”, 14-VII-17).
EL PESO DEL LINAJE
Sin saberse aún quiénes conformarán su gabinete ministerial, Iván Duque ha dejado entrever ante distintos medios de comunicación que dos nombres tendrán mucho peso en su futuro gobierno: Alberto Carrasquilla y Alicia Arango. El primero se desempeñó como ministro de Hacienda y la segunda fue secretaria presidencial y embajadora ante las Naciones Unidas, en ambos casos durante el gobierno de Álvaro Uribe.
De esta manera queda más clara aun la conexión entre lo que será el gobierno de Iván Duque y el direccionamiento y mando de la estructura política uribista instalada desde el año 2002 en el país. Duque ha representado una cara joven, dicharachera y amable del uribismo en esta campaña electoral, lección aprendida por Álvaro Uribe tras fracasar en las presidenciales de 2014 con otro candidato títere (Óscar Iván Zuluaga, una figura carente de escrúpulos y legitimidad moral).
ESPERANZA EN LA IZQUIERDA
En el caso de la izquierda, la derrota de Gustavo Petro no instala un escenario fatal, sino que su desempeño electoral –haber llegado al balotaje y conseguido más de 40 por ciento de los votos– fortalece a esta tendencia política, históricamente fragmentada en el país, de cara a futuras elecciones. Hoy el candidato del movimiento Colombia Humana (véase “Un Petro antipetróleo”, Brecha, 24-V-18) es sin duda el dirigente más fuerte de la oposición política del país. Desde esa posición, y para mantenerse vivo durante los próximos cuatro años, se plantea como estrategia política la movilización permanente frente a los retrocesos que se vienen en materia de derechos y democracia tras la victoria electoral uribista.
Por su lado, Duque ya anunció que procederá a hacer profundas modificaciones y reformas a los acuerdos de paz alcanzados en 2016 con las Farc, y que quedarán paralizados los procesos de diálogo y negociación con el Eln hasta nueva orden (véase nota en página 13).
De igual manera, el nuevo gobierno se plantea una profunda reforma del Poder Judicial que busca unificar las altas cortes, fusionando en una las cinco cortes existentes en el sistema judicial colombiano. La medida busca limitar las investigaciones sobre Álvaro Uribe que en estos momentos está llevando adelante la Corte Suprema, mediante la eliminación de organismos que hoy actúan contra los intereses del ex presidente enjuiciado.
DROGAS Y REFORMA DE PENSIONES
En el ámbito de la política antinarcóticos, y teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países con mayor cantidad de cultivos ilícitos del planeta, sorprende que Iván Duque plantee la articulación de forma inmediata de un sistema de sanciones y multas al porte de dosis mínimas, penalizando a los consumidores de drogas e ignorando cualquier tipo de medida estructural para desmontar el poder del narco en el país.
Duque también plantea reducir el tamaño del Congreso –limitando así sus gastos– e impulsar una reforma tributaria que reduciría los actuales 22 impuestos nacionales, 14 departamentales y 40 municipales actualmente existentes. Desde una lógica neoliberal, que nunca ha dejado de acompañar a las políticas económicas del Estado colombiano durante las últimas tres décadas y media, se plantea toda una batería de excepciones fiscales justificadas con el objetivo de atraer y fomentar las inversiones. En paralelo, el nuevo gobierno planteará una reforma de las pensiones que, sin haber sido claramente explicitada, dice tener como fin instalar un sistema público que se mantenga y atienda a los sectores más vulnerables.
El eje de la campaña del miedo desarrollada por el uribismo contra la candidatura de Gustavo Petro durante los últimos meses fue acusarlo de ser un agente “castro-chavista” que tiene como objetivo convertir a Colombia en una nueva Venezuela. Más allá de lo banal del argumento, lo cierto es que Venezuela se ha convertido en la “bestia negra” para gran parte de la población colombiana, condición que ha llevado al presidente electo a plantear la posibilidad de limitar la llegada de refugiados económicos venezolanos a Colombia.
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