El fin de una hegemonía

Desde que asumió su nuevo presidente, Ecuador se ha convertido en el campo de una batalla política e ideológica que supera sus fronteras. En América Latina, y hasta en Europa, ha surgido un debate sobre la orientación política y las intenciones del sucesor de Rafael Correa, Lenín Moreno. Para el ex mandatario, su otrora correligionario no es otra cosa que un "traidor", y la consulta popular del próximo domingo, convocada por Moreno para  que los ecuatorianos decidan si aprueban o no la reelección presidencial indefinida -con la que Correa espera volver a la presidencia en 2021-, nada menos que un golpe de Estado. El referéndum del 4 de febrero marcará el fin de un ciclo político en Ecuador.

Por Decio Machado / Revista La Brecha

El correísmo no fue más que la expresión política de la transformación emprendida por el capitalismo ecuatoriano tras la crisis financiera que vivió el país en el año 1999-2000. Tras el drama ocasionado por el colapso bancario y su posterior “salvataje bancario” a costa de los ecuatorianos, el modelo económico nacional ha ido pasando por un momento de modernización que tuvo su cúspide con la llegada de Rafael Correa al Palacio Presidencial de Carondelet. Así, un sector del capital nacional –transversalizado por los capitales regionales- pasa a entender mejor sus posibilidades de negocio propiciando un mayor nivel de consumo interno a través de la incorporación de sectores populares al mercado mediante procesos de endeudamiento familiar y financiariación.

Esta nueva realidad produce un nuevo modelo de capital financiero que integra entre sus clientes objetivos y potenciales a dichos sectores populares, lo cual sumado al efecto de las remesas y al excedente petrolero, implica también la transformación de las redes de comercialización de productos importados con el fin de atender a esta emergente demanda.

Superar la inestabilidad política que había caracterizado hasta entonces la historia del país significó repartir más –mediante subsidios y cierto incremento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores- en momentos de bonanza económica, buscando con ello garantizar las condiciones de acumulación a largo plazo para los sectores del capital emergente. Lo anterior no conllevó la más mínima transformación de carácter estructural, respetándose el modelo de acumulación heredado del neoliberalismo, lo que permitió que los grupos que históricamente siempre habían ganado nunca estuvieran mejor, pese a determinadas mejoras coyunturales para los sectores olvidados. A esto el aparato de propaganda estatal creado por el correísmo, desorbitante para el tamaño real del país y reforzado por la incautación de algunos canales de televisión que funcionaron estratégicamente alineados a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, llamaron en el ámbito de los económico “milagro ecuatoriano” y  en el plano de lo político “revolución ciudadana”.

Pero más allá de lo económico, donde los sectores empresariales y el sistema financiero privado ecuatoriano se vio fuertemente beneficiado por el nuevo dinamismo inyectado a la economía nacional mediante la acción del Estado, el estilo de mando correista generó altos niveles de confrontación con todo aquello que no estuviera políticamente alineado. Esto implicó que tanto con los sectores políticos más ideológicamente reaccionarios como con los movimientos sociales y organizaciones populares no clientelares, el correísmo tensase los niveles de conflicto hasta extremos de persecución política, procediéndose a criminalizar la protesta social y enjuiciar a múltiples líderes indígenas y populares por sabotaje y terrorismo.

Mediante el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conocido como el quito poder establecido en la Constitución del 2008, el régimen ocupó con figuras afines los cargos vinculados a Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral o Consejo de la Judicatura entre otros órganos que teóricamente deberían haber gozado de autonomía respecto al Poder Ejecutivo.

El modelo político y económico funcionó y hasta gozó de apoyo popular mientras duró la era de precios altos en los mercados globales del petróleo, lo que permitió la generación de notables flujos de excedente proveniente de la exportación de crudo nacional. En pocas palabras, la sociedad ecuatoriana fue permisiva con el abuso de poder mientras la situación económica permitió el acceso de los sectores históricamente marginados al sistema de consumo.

El punto de inflexión del régimen correista

Las elecciones seccionales del 2014, un año después de que Rafael Correa barriese a sus rivales en las presidenciales del año anterior, marca el comienzo del deterioro correista.  En ellas y aunque Alianza PAIS se mantuvo como primera fuerza política nacional, fue notoria su derrota en las alcaldías de las principales ciudades del país ante partidos de oposición.

Entender esta realidad tiene que ver con el impacto que en la economía nacional comenzó a sentirse tras la caída de los precios del crudo y la incapacidad demostrada por el gobierno nacional para plantear salidas soberanas a la cada vez mayor dependencia adquirida respecto a los mercados de commodities. Al respecto, basta significar que en 2006 las exportaciones de bienes procesados no petroleros eran escasamente del 4,9% del PIB nacional, mientras que en 2014 –tras ocho años de gestión correista- dicho indicador se había deteriorado hasta el 3,9%, es decir, el país se había reprimarizado y los intentos de cambio de matriz productiva y diversificación de las exportaciones eran objetivos fracasados. A partir de entonces, el régimen dejó de tener avances en indicadores sociales antes exitosos tales como la disminución de la pobreza o la generación de empleo digno (trabajadores que al menos ganan el salario básico y/o disfrutan de una jornada laboral de ocho horas).

La llegada del reflujo económico y el fin de la economía fácil conllevó el incremento de movilizaciones populares cuestionadoras al régimen, lo cual tuvo su climax en el paro/movilización protagonizado principalmente por el movimiento indígena en agosto del 2015. La respuesta gubernamental no pudo ser más desafortunada, procediéndose el mayor nivel de represión visto durante toda la década de mandato de Rafael Correa. Sin embargo, la caída de legitimidad del gobierno no amilanó la movilización, apareciendo entonces conflictos y demandas por doquier.

El régimen midió muy mal la coyuntura política, procediendo con una ofensiva política que implicaría que la bancada oficialista -entonces aun compacta y que como todo el resto del aparato del Estado respondía sin rechistar al Presidente de la República- aprobase de forma claramente inconstitucional una enmienda que permitiría la reelección indefinida de un presidente a partir de 2021.

El objetivo era claro, con una economía ya semiestancada en 2015 (crecimiento de apenas el 0,3% del PIB) y un país en recesión en 2016 (contracción del 1,5%), el correísmo buscaba que la salida de la crisis o las medidas de ajuste necesarias fueran protagonizadas por un sucesor, permitiendo que Rafael Correa volviese en 2021 ya con una imagen renovada y sin el coste político que conllevan los necesarios recortes económicos.

Asegurar aquella transición pasaba por posicionar a un hombre de absoluta confianza en el puente de mando de una nao que parecía ir a la deriva. Ese era Jorge Glas, el último vicepresidente del régimen correista y zar de los megaproyectos de infraestructura, si bien carente del más mínimo carisma como para ganar elección presidencial alguna. Es así como se conforma el binomio presidencial del 2017, mientras el gobierno se ve obligado a entrar en una agresiva política de endeudamiento público que le permita mantener las políticas de subsidio a la población más vulnerable, dejándole al siguiente gobierno la patata caliente de tener que afrontar un volumen de deuda porcentualmente muy superior a la que heredó el gobierno correista del pasado neoliberal, un déficit fiscal insostenible y un volumen de aparato del Estado inviable para la nueva situación económica del país.

Ocho meses de gobierno morenista

Las elecciones presidenciales del 2017 mostraron el nivel de agotamiento del que fuera el partido hegemónico durante la última década.

Alianza PAIS necesitó dos vueltas para ganar las elecciones, algo que sólo había sucedido en las primeras presidenciales disputadas por Rafael Correa en 2006, perdiendo más de 1,2 millones de votos respecto a los resultados obtenidos en 2013. La segunda vuelta, fruto de una alianza entre los sectores conservadores y gran parte de una izquierda opositora tremendamente desubicada políticamente, arrojaría un saldo de tan sólo 228.629 votos a favor del candidato oficialista.

La débil victoria morenista, calificada como fraudulenta en base a una estrategia diseñada por asesores de campaña vinculados al venezolano Leopoldo López que trabajaron a favor del candidato conservador Guillermo Lasso durante las elecciones, implicó que Lenín Moreno arrancara su mandato sumamente debilitado. En esta farsa, nunca demostrada documentalmente, gran parte del trabajo sucio le correspondió a algunos líderes y aparatos que dicen responder a posiciones de izquierda.

En estas condiciones y con la figura de Rafael Correa cada vez más desgastada, la nueva administración procedió a marcar diferencias respecto a dos cuestiones: rompió con las lógicas de polarización y conflicto que estratégicamente el correísmo había aplicado contra sus opositores políticos -algo con lo que la sociedad ecuatoriana se mostraba mayoritariamente crítica- y cuestionó el estado de situación económica en el que el mandatario anterior había dejado las finanzas públicas. El primer aspecto buscaba articular un nuevo discurso de reconciliación nacional que superara la campaña de intoxicación respecto al fraude electoral, mientras que lo segundo era fruto de la necesidad de tener de afrontar cambios drásticos en un modelo de gestión económica que había elevado el nivel de endeudamiento real muy por encima del 40% del PIB (tope máximo definido por la Constitución del Ecuador), teniéndose que recurrir a argucias contables para maquillar el valor de dicha deuda.

En paralelo y como consecuencia del cúmulo de denuncias de corrupción que de forma cotidiana aparecían y siguen apareciendo en los medios de comunicación nacionales, el gobierno optó por permitir la actuación independiente de la justicia ecuatoriana en este ámbito. Esto significó un cambio radical respecto a la situación vivida durante la era correista, donde el Poder Judicial respondía directamente a Secretario Jurídico de la Presidencia y los organismos de control quedaron bajo control de cuadros del partido de gobierno imposibilitándose cualquier acción fiscalizadora respecto a las actuaciones gubernamentales. El nuevo funcionamiento independiente de la administración de Justicia implicó que en pocos meses el hombre duro de Rafael Correa en el gobierno morenista, Jorge Glas, terminara con sus huesos en la Cárcel No. 4 de Quito por sus participación en la trama ecuatoriana de Odebrecht, siendo destituido de sus funciones como Vicepresidente de la República. Sin embargo Glas no es el único investigado, siendo varios los altos funcionarios vinculados al gobierno anterior que hoy gozan de boleta de captura mientras se mantienen vergonzosamente fugados.

La situación anterior conllevó la ruptura interna en Alianza PAIS. Rafael Correa, quien había dicho públicamente que pasaría los próximos años residiendo en Bruselas, se vio obligado –ante el cada vez mayor cerco político y jurídico- a volver al país para liderar la nueva oposición al gobierno de Lenín Moreno. Lo anterior determinó la desafiliación de sus seguidores de Alianza PAIS, partido que él mismo fundara en 2006 y que once años después mayoritariamente dejó de responder a los intereses del ex mandatario.

Consulta popular y una nueva etapa de inestabilidad política en Ecuador

El próximo domingo la sociedad ecuatoriana determinará que es lo que sucederá a futuro con el liderazgo político de Rafael Correa. Tres preguntas de un consulta popular con un total de siete afectarán directamente al ex mandatario y su entorno. La pregunta 1, donde se plantea suprimir derechos políticos a culpables de corrupción y que afecta a cada vez mayor número de altos funcionarios que formaron parte del núcleo de poder del antiguo régimen; la pregunta 2, donde se plantea dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida y que dejaría ya sin posibilidad de volver a candidatizarse a unas presidenciales al ex mandatario; y la pregunta 3, donde se plantea elegir nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, evaluando a los cargos de las instituciones de control elegidos por este organismo y destituirlos llegado el caso, lo cual conllevaría el desmantelamiento del aparato correista aun existente en el Estado.

Pero más allá del resultado de esta consulta, es evidente que asistimos al final de un ciclo político en la historia del Ecuador. Rafael Correa está obligado a conformar una nueva organización política, la cual tendrá que afrontar la compleja tramitología impuesta durante su administración para obtener legalización jurídica y poder presentarse a futuros procesos electorales. Pero además, en caso de ganar el Sí en la pregunta 2, es muy posible que el ex mandatario quede inhabilitado para poder volver a candidatizarse como Presidente de la República.

Sin embargo, también para el actual gobierno nacional –quien goza en estos momentos de una situación idílica respecto a sus relaciones con el resto de la oposición política y los medios de comunicación privados- cambiará la situación de política. Para los sectores vinculados a las estructuras históricas de poder en Ecuador, dejó de ser funcional las políticas de subsidios y gasto fiscal articuladas durante la época de bonanza económica, motivo por el cual se anuncian para los próximos meses una serie de medidas de presión política sobre un gobierno al que consideran débil, buscando imponer una nueva agenda política y económica más conservadora.

Ecuador entrará a partir del próximo domingo en una nueva etapa donde la inestabilidad política irá in crecendo. El presente año será un año difícil para Lenín Moreno, quien con un partido mermado por la salida de los correistas, deberá demostrar hasta donde es capaz de aguantar la presión política y mediática que desde los sectores conservadores se articulará en su contra. Las elecciones seccionales de febrero del 2019, donde se elegirán prefectos y alcaldías, será la vara de medición política de lo que suceda en el transcurso del presente año.

Por último, tanto movimientos sociales como organizaciones populares –hoy sin voz ni protagonismo alguno en la política nacional- tienen como reto rearticularse para defender las conquistas sociales adquiridas durante los últimos años, las cuales están en peligro ante nuevas reformas flexibilizadoras en el ámbito de la contratación laboral, nuevos tratados de libre comercio que tendrán fuerte afectación en el área rural y el desarrollo de políticas económicas encaminadas al beneficio de agrobusiness y el sector financiero privado.