Por Decio Machado / Director Ejecutivo de la Fundación ALDHEA
La situación de endeudamiento y recesión económica en
la que dejó el gobierno anterior al país requiere de grandes dosis de
pragmatismo para articular una política económica adecuada para el Ecuador. Sin
embargo, el pragmatismo es también una ideología cuyos límites están en la
dificultad para prever las consecuencias a largo plazo de las políticas
gubernamentales y en la tendencia a desentenderse de realidades que no encajen
en visiones cortoplacistas de conveniencias momentáneas. Así las cosas, el país
requiere de un plan económico que aún no tenemos y que va más allá de meras
líneas de acción coyunturales como las expresadas hasta ahora por el actual
gobierno nacional.
Respecto a lo anterior, cabe reseñar que toda
política económica debería buscar a la postre cuatro ejes básicos: lograr un
crecimiento económico sostenido en el tiempo, conseguir la estabilidad
de los precios, favorecer el empleo y lograr un marco de justicia económica y
social para el conjunto de la población.
Para lograr esos fines, todo manual de Estado
aplicado a la política económica se vale de un serie de instituciones y actores
que pueden ser directos –el Estado en todos sus niveles y así como sus
instituciones públicas- e indirectos –banca, asociaciones empresariales,
corporaciones transnacionales, inversionistas y sindicatos-. El objetivo ideal de
cualquier Estado es que tanto unos como otros avancen juntos en la misma
dirección para conseguir que las políticas sean efectivas y cumplan los
objetivos trazados.
Para ello hace falta, en la medida de lo posible,
alcanzar un acuerdo democratizador que fomente la producción, el empleo y los
ingresos con justicia social. Todo ello teniendo presente que vivimos en un
país donde los sectores económicos están controlados semi-oligopólicamente,
donde los grandes beneficiados económicos de las políticas del gobierno
anterior -pese a sus quejas- fueron los grandes capitales y donde la capacidad productiva de las
empresas es baja y carece de diversificación pese al tan “carareado” cambio de
matriz productiva.
Bien, pues bajo ese esquema de pretendido consenso
son cinco ejes los de intervención planteados por el presidente Moreno en la
noche del 11 de octubre como medidas económicas inmediatas para reactivar la economía
nacional y fomentar el empleo: eliminar la Ley de Plusvalía, fortalecer la
dolarización, profundizar el programa de austeridad, combatir el contrabando y
la evasión de impuestos, así como articular un cambio de política económica con
base sobre el Impuesto a la Renta.
Respecto a la Ley de Plusvalía, su continuidad o
derogación será decidida democráticamente por la sociedad ecuatoriana, puesto
que forma parte del cuestionario de la consulta popular entregada el pasado día
2 de octubre por la secretaría jurídica de la Presidencia a la Corte
Constitucional. En todo caso vale resaltar que, más allá de que es de justicia
establecer medidas contra la especulación del suelo, en un país que sufre un
déficit de entre 800.000 y 1.000.000 de viviendas, la entrada en vigencia de
dicha ley ha significado una reducción del 15% en la construcción de estás y el
sector se ha contraído en un 5% dejando de generar empleo. En el caso de ser
derogada plebiscitariamente dicha normativa, tendrá que ser mediante el artículo 60 de la Ley de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUS) como se regule el mercado del
suelo y se eviten prácticas especulativas respecto a la plusvalía de bienes de
inmuebles.
En el artículo 60 de dicho ordenamiento se indica:
“Los
instrumentos para regular el mercado del suelo establecen mecanismos para
evitar las prácticas especulativas sobre los bienes inmuebles y facilitar la
adquisición del suelo público para el desarrollo de actuaciones urbanísticas.
Dichos instrumentos son el derecho de adquisición preferente, la declaración de
desarrollo y construcción prioritaria, la declaración de zona de interés
social, el anuncio del proyecto, las afectaciones, el derecho de superficie y
los bancos de suelo.”
El cumplimiento cabal de este artículo de la LOOTUS debería
ser debidamente fiscalizado por las autoridades de control y forma parte de las
políticas de descentralización y transferencia de competencias a unos gobiernos
autónomos cada vez más descapitalizados, debiéndose implementar los mecanismos
apropiados para la captación por parte de estos de los beneficios por el alza
del precio de un bien inmueble o terreno fruto de la transformación de suelo
rural a urbano, la modificación de usos del suelo o la autorización de un mayor
aprovechamiento del suelo a cambio de una participación justa del Estado en el
beneficio económico que estos derechos adicionales significan.
Respecto a la segunda línea de acción, fortalecer la
dolarización, el presidente Moreno se comprometió a presentar una ley de
incentivo para la repatriación de capitales planteando la exoneración del pago
del Impuesto a la Renta durante cinco años a quienes cumplan con esta demanda
durante el primer año de la entrada en vigor de la ley. El gobierno busca la
entrada de 1.700 millones de dólares hoy fuera de la economía nacional,
reequilibrando en parte el sistema monetario dolarizado y dinamizando la
actividad económica. En ese sentido, también se plantea el compromiso de
devolver el impuesto por ingreso de divisas a los exportadores y por el mantenimiento
de las plazas de empleo en el sector, pero no se cede a la presión empresarial
de eliminar el impuesto a la salida de capitales, un impuesto fundamental en
una economía rentista y de escasa diversificación productiva como la
ecuatoriana en aras a defender una dolarización que en la actualidad nos
mantiene atrapados en el ámbito de la falta de soberanía monetaria.
Siguiendo con este apartado, preocupan más que lo
dicho las posibles medidas no anunciadas por el Presidente de la República. En
este sentido y al día siguiente de la alocución presidencial, el ministro de
Comercio Exterior, Pablo Campana, declararía públicamente que se está
trabajando con la Procuraduría General del Estado y la Cancillería para que en
los próximos días sea presentado un borrador de nuevos Tratados Bilaterales de
Inversión (TBI), los cuales durante el anterior gobierno fueron en gran parte
denunciados. Según Campana, los inversionistas ven la necesidad de resucitar
los TBIs para tener un marco legislativo seguro, ignorando que dicho marco
jurídico especial se sobrepone a la legislación interna del país y conlleva una
importante involución en el ámbito de la soberanía nacional.
Para el titular
de la cartera de Comercio Exterior, la mayoría de los países con los que se
pretenden establecer líneas de inversiones en Ecuador demandan la articulación
de TBIs. La carencia de estos vendría a explicar en parte la baja Inversión
Extranjera Directa (IED) que actualmente recibe el país, la cual se cuantifica
en tan solo el 0.79% de la que llega a América Latina y Caribe. Lo que no dice
este alto funcionario público es que un país como Brasil, mayor receptor de IED
del subcontinente, nunca suscribió en su historia un TBI y por lo tanto no enfrenta demanda
alguna ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), una institución de arbitraje internacional que gran daño ha causado con sus sentencias al Ecuador y
resto de países del Sur global.
En la noche del pasado día 11, el presidente Moreno
volvió a hacer hincapié en la necesidad de profundizar el programa de
austeridad sobre las cuentas púbicas ya puesto en marcha y mediante el cual se
busca reducir el déficit fiscal del actual 4,7% del PIB –que en realidad está
por encima del 6%- al 1% en el 2020. Para ello ya se están aplicando medidas de
austeridad que conllevan la reducción del 10% en el sueldo de servidores
públicos del jerárquico superior –en la actualidad el 8% del empleo público
absorbe el 20% del gasto corriente en nómina-, la limitación de contratación de
consultorías, pagos de horas extras y viáticos, además de la supresión de
compra de vehículos de lujo y otros tantos gastos más de carácter innecesario.
A este respecto cabe destacar que las medidas
planteadas se alejan del tan demandado ajuste económico reclamado desde los
voceros de los grandes grupos económicos y la oposición conservadora, y que de
igual manera fuera tan falsamente anunciado por el ex mandatario Rafael Correa
y sus seguidores a través de las redes sociales. Al menos hasta el momento, el
frente económico gubernamental demuestra entender que reducir el déficit no tiene
porqué significar recortes sociales. Un ejemplo concreto de políticas
alternativas en este sentido son las expuestas por el economista y profesor
universitario Pablo Dávalos, quien ha llegado a plantear esquemas muy validos
que tienen parecidos al de los derivados financieros. Según Dávalos, se podrá
establecer un sistema de compensación del déficit fiscal a través de la emisión
de SWAPs –seguros de ejecución presupuestaria- mediante la transferencia, a año
vencido, de los recursos de ejecución presupuestaria no ejecutados y convertidos
en Certificados de Programación Fiscal por un monto similar al del déficit y
respaldados por el Fondo de Estabilización Económica y Monetaria.
Respecto al cuarto eje de acción, lo que tiene que
ver con el combate al contrabando y la evasión fiscal, el mandatario planteó que
se implementará un sistema destinado a eliminar la subvaloración de mercancías,
fijando aranceles que protejan la industria nacional y una tasa de control de
10 centavos por producto para financiar la lucha de las aduanas contra el
contrabando y la evasión.
Si bien es cierto que 10 centavos por ítem puede
significar mucho o poco en función del precio de cada producto gravado, lo que
en principio apunta a una medida no proporcionalizada, una vez más el sector de
importador –eje fundamental en una economía de escasa capacidad productiva-
clama contra dicho impuesto y los aranceles en general, ignorando la dificultad
que atraviesa el sector productivo nacional que sí cumple con sus obligaciones
tributarias para poder competir con este segmento de competencia desleal basado
en la comercialización de productos de contrabando y la necesidad de proteger
la escasa producción nacional de un país sin capacidad de devaluación en su
moneda.
En todo caso, las medidas planteadas por el régimen
dejan entrever cierta limitación a la hora de conceptualizar excepciones de
carácter estratégico, tales como podrían ser la exoneración de aranceles para
el sector ciencia y tecnología o moratorias para la importación de vehículos
livianos a combustión interna vs liberalización de importaciones de vehículos
híbridos y eléctricos, por poner tan solo un par de ejemplos.
Ahora bien, lo más interesante de las medidas
anunciadas por el presidente Moreno tiene que ver con el cambio de las
políticas económicas poniendo como eje el Impuesto a la Renta, es decir, la política fiscal.
Mientras los agoreros del desastre -léase ese 20% de
voto duro correista que aún queda en el país- auspiciaban un “paquetazo”
económico (incremento de los precios del gas, combustibles, electricidad y la tasa del IVA), la propuesta
presidencial y de su equipo de gestión se basa en la reactivación productiva
poniendo en el centro de estas medidas a las pequeñas y medianas empresas.
Es así que el presidente Moreno anunció el envío en
breve a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley destinado a eliminar el
anticipo del Impuesto a la Renta para las empresas cuyas ventas no superen los
300.000 dólares, así como para que las microempresas ya establecidas no paguen
dicho impuesto por sus primeros 11.000 dólares de utilidad y los nuevos
emprendedores tampoco tengan que pagar dicho tributo durante los dos primeros
años de existencia.
De esta manera se articula un elemento de cambio
fundamental en las políticas económicas del gobierno nacional que tiene que ver
con que el Impuesto a la Renta pase a ser utilizado para incentivar a las
empresas y el empleo, y no para equilibrar las cuentas públicas, tal y como
pasaba antaño.
En ese sentido, a las empresas que facturen más de
300.000 dólares se les aplicará la devolución progresiva del impuesto mínimo
del anticipo al Impuesto de la Renta, comenzando con el 50% durante el 2018.
Para asegurar esa medida, el gobierno pide a los emprendedores que se cumpla
con el compromiso de al menos mantener las plazas de empleo actualmente
existentes.
Sin embargo, los representantes de los grandes grupos
económicos del país –esos que manejan ingresos por el 59% del PIB pero tan sólo
tributan en la práctica el 2.31% de estos- se quejan de que el Impuesto a la
Renta pase del 22% al 25% tal y como era hasta el 2010. Las élites económicas
también consideran desmedido que los ecuatorianos que perciben más de 3.000
dólares mensuales –más de ocho veces de un salario básico al que tan solo
llegan menos de la mitad de la población económicamente activa- tributen el
Impuesto a la Renta sobre el décimo tercer sueldo para partir del próximo año.
Al respeto cabe señalar el retrógrado nivel que
demuestran los voceros y representantes políticos de estas élites, dado que
hasta el propio FMI -institución financiera internacional poco sospecha de
izquierdismo- plantea en su última publicación del Monitor Fiscal la necesidad
de actuar sobre tres áreas básicas: el incremento de los impuestos aplicados a
las rentas más altas, la adopción de un régimen con un salario básico universal
y el crecimiento del gasto público en el terreno de la educación y la salud.
Respecto a este último apartado, cabe significar que en el Ecuador actual,
dicha inversión ha pasado a ser inferior al gasto aplicado para cubrir el
déficit fiscal y pagar amortizaciones de deuda -entre 8.000 y 10.000 millones
de dólares anuales- adquirida de forma desproporcionada por el anterior
gobierno durante los últimos tres años de su gestión.
Según el FMI, institución históricamente bendecida
por las élites económicas latinoamericanas, el incremento de la desigualdad y
la brecha social es tan grande a nivel planetario que se indica: “Nuestros
resultados sugieren que es posible aumentar el grado de progresividad
tributaria (…) y también se podría evaluar distintos tipos de impuestos sobre
la riqueza”.
Ante la voracidad de la banca privada, importante es
también la medida presidencial anunciada por la cual el dinero electrónico
pasaría a estar gestionado también por las cooperativas de ahorro y crédito, lo
que significa darle liquidez a los sectores más olvidados de la economía
nacional.
En todo caso y más allá de las medidas enfocadas de
incentivar la producción poniendo énfasis en los sectores micro y medianos
productivos (donde faltan propuestas para el crédito educativo, de apoyo a la
mujer emprendedora, fondos de inversión de riesgo para primeros
emprendimientos, programas destinados a incentivar el primer empleo y
estrategias sólidas destinadas al sector agropecuario) la propuesta
gubernamental demuestra una carencia en los ámbitos que tienen que ver con
reincentivar ese consumo venido a menos a partir de la caída de precios del
crudo.
En este sentido y más allá del riesgo de
flexibilización laboral que podría suponer la actual reforma en marcha del
sistema de contratación laboral en el país, una medida tan básica como la
disminución del IVA en tan solo dos puntos vendría a significar un incremento
de liquidez para los consumidores, tal y como ya se demostró cuando dicho
impuesto regresivo pasó del 14 al 12% haciendo que la economía del país
creciera un 3% en tan solo un trimestre.
También siembra dudas el anuncio presidencial de
cumplir en los términos acordados con las obligaciones contraídas con
proveedores internacionales, lo cual a la larga no viene a significar otra cosa
que prolongar la agonía del endeudamiento heredado y desplazar al año que
viene una medida –la renegociación de la deuda externa- que tendrá que se
aplicada para que el Estado tenga algo de liquidez. Respecto a esto, se debe
tener en cuenta que el incremento del Impuesto a la Renta para las grandes
empresas, los cuales se aplicarán en 2018, comenzarán a tener sus frutos en las
arcas públicas a partir del siguiente año.
En resumen y saludando el hecho de que el presidente
Lenín Moreno y su gabinete no hayan sucumbido a las presiones de los grandes
grupos económicos que operan en el país, las propuestas gubernamentales
expuestas en la noche del 11 de octubre no conforman un programa económico
sólido para salir de la crisis. Son básicamente líneas de acción político
económica coyunturales y de medidas de aplicación a corto plazo. Seguimos sin
hoja de ruta para salir de una economía extractivista que agudiza nuestra
dependencia respecto a las necesidades de los mercados globales de commodities,
seguimos sin criterio a la hora de determinar que tipo de inversión extranjera
directa queremos, seguimos sin medidas claras para diversificar y democratizar
el sector productivo y se mantiene la actual desvinculación entre política
social y económica en Ecuador.
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