Por Decio Machado
Si algo ha caracterizado los primeros tres meses de gobierno del
presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, sin duda ha sido la conflictividad
que su gestión ha despertado dentro de su formación política, Alianza
País.
La explicación de esto se encuentra en el desgaste que ha sufrido el
correísmo durante los últimos años, los conflictos internos que
conllevaron la elección del sucesor de Rafael Correa al frente del
oficialismo, así como los planes políticos de futuro del ex mandatario
ecuatoriano.
Si bien Rafael Correa ganó con holgura las elecciones presidenciales
del año 2013, sumando en primera vuelta casi 5 millones de votos frente a
los 2 millones de su principal contrincante, cierto es también que los
graves impactos en la economía nacional derivados de la caída de los
precios del crudo comenzaron a sentirse apenas un año después de su
reelección. Lo anterior llevó a que el último período presidencial de
Rafael Correa se caracterizara por la pérdida de la fuerte hegemonía
mantenida durante sus seis primeros años de gestión.
Fin de la década dorada
Entre 2006 y 2014 Ecuador experimentó un crecimiento promedio de 4,3
por ciento del PIB, impulsado por los altos precios del petróleo e
importantes flujos de financiamiento externo al sector público. Esto
permitió un mayor gasto público, incluyendo la expansión del gasto
social e inversiones emblemáticas en los sectores de energía y
transporte. En ese período la pobreza disminuyó del 37,6 por ciento al
22,5 por ciento y el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo de
0,54 a 0,47 debido a que los ingresos de los segmentos más pobres de la
población crecieron más rápido que el ingreso promedio. La coincidencia
entre el período de bonanza económica en la región, la llamada década dorada, y el momento de mayor hegemonía política de Alianza País, con la figura de Rafael Correa a la cabeza, fue evidente.
El primer síntoma cuantificable de cansancio que experimentó el
régimen se percibió en las elecciones seccionales del año 2014, en las
que Alianza País perdió en todos los principales centros urbanos de la
nación –incluida su capital– y en todos los territorios amazónicos
sometidos a la fuerte presión extractivista. Por aquel entonces el
presidente Correa, buscando un eufemismo para evitar hablar de retroceso
político, utilizó el término remezón para calificar los resultados electorales de su formación política.
Consciente de que su figura aún estaba a salvo del desgaste político
que mostraba ya su partido, y viendo que la economía nacional comenzaba a
marcar sus primeros signos de debilidad, Correa lanzó ese mismo año la
idea de presentarse nuevamente como candidato presidencial a las
elecciones de 2017. Para ello, inevitablemente, era necesario cambiar la
redacción de la Constitución de Montecristi –carta magna auspiciada por
su propio movimiento político unos años antes–, pues el texto
constitucional, en aras de impedir que cualquier autoridad política se
perpetuara en el poder, dejaba claro que las personas en cargos de
elección popular en Ecuador tan sólo podían ser reelectos una vez.
La mediocridad existente en el sistema tradicional de partidos
ecuatorianos –lógica de la que no se salvan los grupos ubicados a la
izquierda del correísmo– hizo que la agenda política desde mediados de
2014 hasta finales de 2015 estuviera marcada por el debate sobre la
legitimidad de una eventual reforma constitucional.
En paralelo continuaba el deterioro económico del país, que fue
agudizándose paulatinamente. En 2015, con una economía estancada por la
falta de liquidez estatal, el crecimiento del PIB apenas llegó al 0,2
por ciento, agravándose la situación en 2016, cuando el país ya en plena
crisis económica cerró el año con una contracción de –1,5 por ciento
(el peor desempeño de la región tras Venezuela y Brasil).
Fin de ciclo
Fue en ese contexto que se produjo el levantamiento indígena de
agosto de 2015, al cual respondió el Estado con el mayor nivel de
represión contra organizaciones sociales en la última década.
Los años 2015 y 2016 significarían el fin de ciclo en Ecuador,
determinado en este caso por el cambio de las políticas públicas del
correísmo, más allá de su continuidad en el gobierno.
Así, mientras las misiones de observación y vigilancia económica del
FMI volvían al país, un gobierno que había impulsado una auditoría
ciudadana de la deuda externa –y calificado una parte de ésta como
ilegítima– pasó a impulsar una nueva política de agresivo endeudamiento
que posicionó los niveles de deuda actual porcentualmente por encima de
aquellos de 2006, cuando llegó al poder. De igual manera, y tras haber
saneado las finanzas públicas, la década correísta se cerró con el
dramatismo derivado de que las reservas existentes en el Banco Central
del Ecuador eran notablemente insuficientes para afrontar los pasivos a
corto plazo contraídos por el gobierno. Siguiendo con esa línea de
cambios políticos, el gobierno del presidente Correa firmó un TLC con la
Unión Europea mientras anunció su predisposición a extender este tipo
de acuerdos con otros países, incluso con Estados Unidos.
En materia fiscal, y tras 22 reformas en diez años, el Servicio de
Rentas Internas terminó situando el pago de impuestos a la renta para
los sectores más privilegiados de la sociedad por debajo del 3 por
ciento, unos 13 puntos menos que la tasa de presión fiscal que enfrenta
el ciudadano ecuatoriano medio.
El colofón de todo lo anterior se dio en los últimos meses de
gobierno de Correa, cuando anunció la puesta en venta de parte de las
empresas públicas, múltiples bienes patrimoniales del Estado, y algunos
proyectos emblemáticos en materia energética, como la hidroeléctrica
Sopladora (recientemente inaugurada, financiada con créditos chinos y
cuyo costo alcanzó los 755 millones de dólares).
Un retorno meditado
El devenir de una economía nacional ya inmersa en un período de vacas
flacas implicó que el entonces mandatario ecuatoriano cambiara su
estrategia política personal. Las enmiendas a la Constitución aprobadas
en diciembre de 2015 por parte de la mayoritaria bancada oficialista en
el Legislativo incluyeron un ajuste de última hora en su redacción. Se
eliminaron todas las restricciones para la reelección de cargos
sometidos al voto popular, incluido el de presidente, pero se aprobó una
caprichosa disposición transitoria hecha a la medida de las necesidades
de Correa: estas enmiendas no se aplicarán en las elecciones de 2017,
sino a partir de las siguientes.
Si bien Rafael Correa tenía intenciones de ser reelecto como
presidente de la república, no sería él quien afrontaría la difícil
situación económica en la que quedaba el país. Su estrategia era clara:
situar un delfín en su gobierno que enfrentara los ajustes
presupuestarios a los que la economía nacional se veía abocada,
volviendo él en 2021 para salvar una vez más al país de los tenebrosos
designios de la larga noche neoliberal y sus políticas de austeridad.
A mediados de 2016 comenzó el debate dentro del oficialismo sobre la
sucesión correísta. Como en toda disputa por el poder, fueron muchos los
nombres inicialmente propuestos para el delfinazgo, si bien la
preferencia del líder indiscutible de la revolución ciudadana fue su
vicepresidente, Jorge Glas, un hombre sin trayectoria política, formado
en la burocracia oficialista y cuya imagen llegaba severamente castigada
por sus supuestas conexiones con distintos escándalos de corrupción
vinculados a la contratación pública.
Un Lenín opositor
La mala imagen de Glas, sumada a su falta de carisma, hicieron que el
oficialismo tuviera que optar por la figura de Lenín Moreno como
candidato presidencial, pese al poco entusiasmo que esto despertó en
Correa. Moreno había sido el vicepresidente durante los primeros años
del correísmo. Su personalidad afable y fuerte sentido del humor,
sumados a una exitosa gestión de programas sociales focalizados en
sectores vulnerables, le permitieron adquirir amplia simpatía por parte
de la ciudadanía ecuatoriana. Su estancia en Ginebra como enviado
especial de la ONU para asuntos de discapacidades hizo que, pese a su
filiación política a Alianza País, estuviera lejos del partido y de la
figura de Correa durante los últimos años. A principios de 2017 Lenín
Moreno gozaba de un nivel de apoyo popular ostensiblemente superior al
de Rafael Correa.
Fue de esta manera que el binomio oficialista para las elecciones de
febrero de 2017 se conformó con Lenín Moreno y Jorge Glas, siendo el
segundo una imposición muy poco inteligente del presidente saliente. La
imagen de Glas fue una rémora durante toda la campaña electoral, y los
estrategas de su partido se vieron obligados a limitar sus apariciones
públicas a actos internos.
En esa ocasión Alianza País tuvo que recurrir a una segunda vuelta
–balotaje– para ganar la presidencia de la república. El pasado 2 de
abril Moreno se impuso a una suerte de alianza opositora que incluyó a
los partidos de izquierda, que apoyaron la candidatura conservadora de
Guillermo Lasso. El oficialismo, con un deterioro político cada vez
mayor pese a la imagen positiva de Lenín Moreno, conseguía mantenerse en
el poder con apenas 200 mil votos más que su rival, y acusado de un
supuesto fraude electoral nunca demostrado.
Probando el diálogo
A partir del mismo 24 de mayo, cuando fue investido Lenín Moreno,
comenzaron los problemas con un sector del correísmo al que no le gustó
el nuevo discurso presidencial. Incluso desde el público se oyeron
algunas voces que alentaban: “¡Sólo es un pequeño descanso, compañero
Rafael!”, en alusión a la futura vuelta del ex mandatario al palacio
presidencial.
En realidad los problemas habían empezado días antes, cuando en el
proceso de transición presidencial –trasvase de información del gobierno
saliente al entrante– el equipo de colaboradores más cercano a Moreno
comenzó a detectar que, más allá de la propaganda oficialista, el estado
en que el gobierno anterior entregaba el país tenía tintes altamente
preocupantes.
El equipo de gobierno de Lenín Moreno es un mix de altos jerarcas
públicos del gobierno anterior, algunos ministros reciclados del
oficialismo que fueron quedando apartados del anillo de poder correísta y
que hoy han sido rescatados, y algunas caras nuevas vinculadas
principalmente a sectores empresariales con entrada en el nuevo
gobierno.
Frente a la dinámica de conflicto implementada como característica
principal del modelo de gestión correísta (esa construcción de un
“ellos” y un “nosotros” auspiciada desde la teoría laclauniana y que ha
sido la dialéctica esencial del neopopulismo), el primer mensaje
político emitido por el nuevo presidente del Ecuador fue hacer un
llamamiento al diálogo nacional. La estrategia fue clara: si hay que
proceder con ajustes económicos en un país en crisis, necesariamente hay
que establecer un marco de consenso previo que amortigüe la reacción
que socialmente pudiera ocasionar este tipo de medidas.
Fue así que se establecieron las mesas de diálogo nacional por
sectores, donde los ministros y altos funcionarios públicos se están
viendo obligados a articular un debate con distintos sectores sociales.
Tras diez años sin autocrítica, en que los mensajes del gobierno se han
sostenido de forma sistemática con la retórica de lo bien que lo ha
hecho el presidente Correa y su gobierno, hoy estos funcionarios
muestran sus notables carencias y falta de cultura democrática a la hora
de asumir las críticas desde los diferentes frentes de la sociedad
civil.
Aunque esto molestó al hard correísmo, no fue nada con respecto a lo que vino inmediatamente después.
El traidor
Mientras Rafael Correa se afincaba en Bruselas, sus incondicionales
ponían en marcha la Fundación de Pensamiento Político Eloy Alfaro. La
estrategia consiste en articular un pretendido think tank diseñado para
mantener viva la presencia del pensamiento político-económico correísta
durante los próximos cuatro años, con la idea de que su líder tenga una
plataforma sobre la cual seguir posicionando su figura tanto dentro como
fuera del país.
La sorpresa llegó cuando el presidente Moreno apareció en una cadena
nacional para explicar el nivel de endeudamiento y la preocupante
situación económica en la que se le entregó el país. En pocas palabras,
Lenín Moreno torpedeó la nave principal con la que Rafael Correa
pretendía navegar durante los próximos cuatro años. El gobierno sucesor
del economista Correa le venía a decir al pueblo ecuatoriano y a quien
quisiera oír que su antecesor tenía una fuerte corresponsabilidad en lo
que estaba por venir, trastocando posibles futuras agendas con Stiglitz,
Piketty, Krugman, Varoufakis o cualquier otro economista
socialdemócrata a la moda.
Y fue a partir de ese momento, cuando descubrieron que la estrategia
trazada por el ex mandatario ya no sería viable ante un sucesor díscolo
que no estaba dispuesto a acarrear sobre sus hombros las culpas de una
gestión precedente, que Rafael Correa y sus acólitos comenzaron a llamar
seriamente a conformar un nuevo partido político que mantenga vigente
lo que denominan “fundamentos de la revolución ciudadana”. Lo anterior,
¿cómo no?, viene acompañado por calificativos del tipo de “traidor”,
“desleal”, “mediocre” o “vende patria” para un mandatario que ni
siquiera ha cumplido sus cien primeros días de gobierno.
Según declara Rafael Correa desde Bruselas a través de sus cuentas en
las redes sociales, el país “retornó al pasado”, se estaría
“repartiendo la patria” y “permitiendo el regreso de la corrupción
institucionalizada y del viejo país”. Ante esta arremetida hay quienes
se preguntan ¿de qué nivel de transformación profunda y revolucionaria
habló el aparato de propaganda correísta durante una década si en apenas
90 días de gobierno, según esas mismas fuentes, de eso ya no queda
nada?
Con respecto a la lucha anticorrupción, el gobierno de Lenín Moreno
puso en marcha una política de transparencia que ha permitido que se
reabrieran indagaciones sobre el vicepresidente, Jorge Glas. Esto llevó a
que Glas fuera relevado transitoriamente de todas sus funciones como
vicepresidente –pese a los pataleos de Rafael Correa–; a la
inhabilitación del ex contralor general del Estado, Carlos Polit, quien
en la actualidad se encuentra prófugo en Miami; y a la retención en el
aeropuerto de Quito del ex fiscal general del Estado, Galo Chiriboga,
tío de Rafael Correa y quien fue llevado a declarar bajo escolta
policial a la fiscalía. Todos son cercanos al ex presidente Correa y
todos, de una forma u otra, están vinculados a las investigaciones sobre
corrupción en la estatal Petroecuador y también en el marco de la
operación Lava Jato, en Brasil, sobre el caso Odebrecht.
Silencio en la sociedad civil
Cómo terminará este culebrón está por verse, en todo caso parece
difícil que Alianza País no se desgaje en los próximos meses si el nivel
de tensión interna se mantiene in crescendo. Es una interrogante cuánta
gente dentro del oficialismo permanecerá al lado de Lenín Moreno y
cuánta seguirá a Rafael Correa en una nueva aventura política.
Paralelamente a la disputa abierta entre Correa y Moreno, las
organizaciones sociales se han quedado sin voz y sin capacidad de
movilización ante un escenario donde poco o nada se discute sobre las
demandas históricas articuladas desde la sociedad civil. A su vez, estas
demandas están prácticamente ausentes de la retórica de los diferentes
actores en conflicto.
El problema de fondo, más allá de las estrategias de comunicación y
tácticas políticas, sigue siendo la lucha por el poder. El historiador
anarquista francés Daniel Guerin, reflexionando sobre la revolución de
1789 –que junto con la de 1917 fueron las dos revoluciones por
antonomasia de la historia de la humanidad–, indicó en su momento que la
burguesía nunca se equivocó con respecto a quién era su verdadero
enemigo, y que éste realmente no era el régimen anterior, sino lo que
escapaba al control de ese sistema. Según Guerin, en la revolución
francesa la burguesía asumió como su tarea llegar a dominar. ¿Es acaso
esencialmente distinto lo que está sucediendo con esto que
eufemísticamente se ha dado en llamar “revolución ciudadana”?
Publicado en Revista La Brecha (Uruguay)
http://brecha.com.uy/
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