Por Decio Machado / Director de la Fundación ALDHEA y Consultor especializado en análisis estratégico, comunicación y políticas públicas
El presente documento hace un recorrido
sobre los avances normativos en esta materia, indicando también los
obstáculos y actores que protagonizan la ofensiva que en estos momentos
sufre cualquier propuesta de política pública que tenga como enfoque,
dentro del Buen Vivir, el Buen Conocer.
Es responsabilidad del nuevo Gobierno
Nacional ponerle la valentia necesaria para darle cumplimiento a las
políticas públicas destinadas al desarrollo del Software Libre al
interior de la administración del Estado, dándole sentido a la
legislación vigente y poniendo coherencia entre el discurso
gubernamental y su praxis.
Quiero agradecer a los distintos
colaboradores anónimos que han prestado su ayuda en la recolección de
datos y su correspondiente análisis, sin su ayuda -esa que presta por el
bien del país- este trabajo no habría sido posible.
Antecedentes
El personaje más representativo del
Software Libre (1) a nivel mundial, Richard Stallman (2) , visitó por
primera vez Ecuador en diciembre del 2006. Mediante el impulso de
distintas comunidades de Software Libre nacionales se organizaron
eventos en la Universidad Católica de Guayaquil y Quito, en la Escuela
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), en la Escuela Politécnica del
Ejército (ESPE) y en la Universidad Central del Ecuador. En aquel
momento el objetivo de este gurú de la informática fue informar a la
sociedad ecuatoriana sobre las ventajas del uso de Software Libre,
virtudes entre las que destacan:
1. Uso de programas con propósitos comerciales o educativos.
2. Estudiar y modificar el código de estos programas libres de patentes de marca.
3. Distribuir copias de dichos programas sin ninguna limitación.
4. Mejorar los
programas y hacer públicas las mejoras a las y los demás, de modo que
toda la comunidad se beneficie sin que se requiera el pago de dinero por
su licencia.
Cabe aclarar ante los lectores poco
conocedores de este tema, que Software Libre no significa que “no es
comercial”. Un programa libre debe estar disponible para el uso
comercial, la programación comercial y la distribución comercial. La
programación comercial de Software Libre ya no es inusual y su uso
comercial se cataloga en la actualidad como muy importante. Un usuario
puede haber pagado dinero para obtener copias de Software Libre o puede
haber obtenido copias sin costo, pero más allá de cómo se obtuvieron las
copias, siempre tendrá la libertad de copiar y modificar el software,
incluso de vender copias de este.
Respecto a lo anterior cabe señalar entonces tres cuestiones:
a) El software de código abierto (open source),
refiere a todo software cuyo código fuente está disponible para
cualquier persona que necesite su acceso. Su definición involucra un
movimiento contemporáneo que se centra en que al compartir el código, el
programa resultante tiende a ser de calidad superior al software
propietario. Parte de una visión basada en beneficios técnicos y
económicos del código abierto y libre desarrollado bajo la idea
pragmática en la que “se considera un éxito que las grandes compañías
adopten el código abierto” (3).
b) Tomando en cuenta
lo anterior, el Software Libre guarda similitud con la dinámica de
código abierto, pues “no implica el pago de licencias de uso y permite
obtener los códigos fuentes, con lo cual las instituciones pueden
adaptar los sistemas a sus requerimientos específicos” (4). Citando a
Stallman, “el software libre es una cuestión de libertad, no de precio”
(5). En este sentido, el término “libre” guarda similitud con el
concepto de “libertad de expresión” y no como un producto libre de
costo. En su definición clásica respecto al Software Libre, Stallman
habla de cuatro libertades definidas y promulgadas: “Libertad 0: la
libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro propósito;
Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y
adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente es condición
indispensable para esto; Libertad 2: la libertad para redistribuir
copias y ayudar así a tu vecino; Libertad 3: la libertad para mejorar el
programa y luego publicitarlo para el bien de toda la comunidad. El
acceso al código fuente es condición indispensable para esto” (6).
c) Una de las
mayores experiencias en el concepto de software público en la región se
encuentra en el gobierno de Brasil, donde se destacan los resultados en
la gestión de tecnologías de la información y comunicación en la
administración pública. De acuerdo a su legislación, el software
desarrollado por instituciones públicas es por naturaleza un bien
público, premisa que fue estableciendo la base para el concepto de
software público (7).
Volviendo a Richard Stallman, durante su
primera estancia en el país se desarrolló una reunión con el entonces
presidente electo Rafael Correa, la cual daría sus frutos meses después.
En abril del 2007, el presidente Rafael
Correa sorprendería a las comunidades internacionales del Software Libre
grabando un mensaje de video (8) dirigido a las delegaciones de los
países presentes en el Festival Latinoamericano de Instalación de
Software Libre (FLISOL). En él se invitaba a todos los participantes del
FLISOL a desarrollar el Software Libre de manera masiva. Justo un año
después, en abril de 2008, el Gobierno Nacional emitiría el Decreto
Presidencia 1014 (9) mediante el cual se adopta el Software Libre como
política de Estado, pasando Ecuador a ser el tercer Estado
latinoamericano –tras Brasil y Venezuela- en adoptar dicha modalidad
software como política de Estado.
Marco legal desarrollado durante los últimos años
En el Decreto 1014 se indica:
Art. 1. Establecer
como política pública para las Entidades de la Administración Pública
Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamiento
informáticos.
(…)
Art. 4. Se faculta
la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no
exista una solución de Software Libre que supla las necesidades
requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el
proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. (…)
Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan
software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.
Art. 5. Tanto para
Software Libre como software propietario, siempre y cuando se satisfagan
los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:
a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.
b) Regionales con componente nacional.
c) Regionales con proveedores nacionales.
d) Internacional con componente nacional.
e) Internacionales con proveedores nacionales.
f) Internacionales.
Art. 6. La
Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las
políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central
deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.
El Decreto 1014 supuso una ruptura con
las lógicas heredadas de las licencias de software, donde sin un permiso
explícito del fabricante no se puede hacer prácticamente nada con un
programa de software, así se haya realizado la compra del mismo por
valores desorbitados.
En el mundo del Software Libre para
contrarrestar esta práctica insana para ciertos sectores como la
educación, la investigación y desarrollo, la innovación, la inclusión o
el Estado, entre otros, se utiliza un sistema de licencias muy
diseminado en los instrumentos legales internacionales, pero
contemplando cierto giro en beneficio de la sociedad. Es en este
contexto donde surgen una amplia variedad de licencias libres y
semilibres para fines múltiples, desde las más libres hasta otras más
laxas que en un acto de practicismo congenian las libertades y el
procomún con el mundo comercial.
Con
base en lo anterior, en diciembre del 2008 el gobierno de Ecuador -a
través de la Subsecretaría de Informática- suspendería una licitación de
software privativo para la adquisición por subasta inversa electrónica
de 206 licencias antivirus, 206 licencias de Microsoft Office 2007
Professional OEM, 83 licencias de Windows XP Professional y una licencia
Microsoft Exchange 2008, las cuales habían sido cuestionadas por la
comunidad y miembros de la Asociación de Software Libre del Ecuador
(ASLE).
Tras cumplirse el primer año desde que
el presidente Correa decretase el uso de Software Libre en las
Instituciones Públicas del Estado, una noticia del periódico El Comercio (10)
indicaba que los ahorros para las arcas públicas por el uso de esta
modalidad de software abierto se cuantificaban a enero del 2009 en unos
USD 15 millones. En esta misma nota se hacía referencia también a que la
Subsecretaría de Informática liberaría el código fuente del sistema de
Gestión Documental llamado “Quipux” (un sistema que es basado en
proyecto colombiano Orfeo (11)) para beneficio común.
La Secretaría de la Administración
Pública publicaría en aquel momento las alternativas de Software Libre
para el software privativo (ver Anexo I) en base a los criterios
contemplados por la importación de Software Libre para el Ecuador (ver
Anexo II).
El 12 de octubre de 2010 entrará en
vigencia la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), mediante la cual
se dispone el uso obligatorio de Software Libre en las universidad
ecuatorianas. Adicionalmente, dicha ley especifica que la contratación
de licencias de software privativo se realizará solo para fines
académicos y a precios preferenciales. Tal disposición se enfocaba a
apuntalar el esfuerzo del país para la adopción y migración de programas
de software privativos a Software Libre y también la adopción de
estándares abiertos (12).
Más allá de otros cuestionamientos que
pudieran hacerse a la LOES, cierto es que la ley entendió que con el uso
y desarrollo de Software Libre en las universidades se abría una
oportunidad concreta para que la comunidad participara en el esfuerzo de
construcción colectiva del software nacional. El resultado debería ser
más soberanía para el país y protagonismo de la sociedad en el
desarrollo de programas de computación de diverso orden. Evidentemente
lo anterior, supone disputarle los espacios a empresas transnacionales
que en la actualidad controlan dicho mercado a nivel nacional y global;
pero su sentido esta en dotar a futuros profesionales nacionales de
mayores alternativas tecnológicas para que desarrollen sus actividades
en las empresas y minimizar la dependencia tecnológica. Todo ello además
de generar un sustancial ahorro en inversión en software tanto para la
Academia como para el país en general.
En el articulado de dicha LOES se contemplaría esta redacción:
Art. 32. Programas
informáticos.- Las empresas que distribuyan programas informáticos
tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de
las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las
instituciones de educación superior, para fines académicos.
Y en su Disposición General Cuarta se indicaría:
Las instituciones de
educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas
informáticos con Software Libre en los casos que las funcionalidades de
estos programas sean similares al software propietario. Las
universidades y escuelas politécnicas serán responsables por la
aplicación de este artículo.
La apuesta de Ecuador parecía tan clara
que la asociación Iniciativa Focus, en el marco de la Conferencia
Internacional de Software Libre 2012, premiaría al presidente Rafael
Correa con las distinción al político referente anual del Conocimiento
Libre por su labor en la promoción del Software Libre. Unos meses más
tarde, en el transcurso del Campus Party 2012, el presidente Correa
seguiría planteando las virtudes del Software Libre y su lógica
antagónica respecto a las tecnologías creadas por las transnacionales
tecnológicas. Por último, al cerrar ese mismo año, los responsables de
la elaboración del Programa de Gobierno 2013-2017 de Alianza PAIS
asumirían como compromiso electoral el desarrollar la industria local de
las Tecnologías de Información y Comunicación mediante el uso del
Software Libre.
En paralelo y con la participación del
Ecuador como “Estado Asociado”, a nivel regional también se darían
avances importantes en el reconocimiento de la industria del Software
Libre en lo referente a la soberanía regional y la ruptura con
anteriores dependencias.
En la XLV Reunión Ordinaria del Consejo
del MERCOSUR realizada en 2013 en Montevideo, en su documento titulado
“Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del
Mercosur” se indica:
“45. Apoyaron el
desarrollo de Software Libre, que permitirá potencial el desarrollo
regional de soluciones en materia de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones (TICs), a fin de lograr una verdadera apropiación,
promoción del libre conocimiento y transferencia tecnológica, reduciendo
la dependencia de soluciones provistas por transnacionales del sector o
por empresas no dispuestas a respectar las industrias nacientes de la
región.
Afirmaron el interés de promover el uso de Software Libre en los programas nacionales destinados a la inclusión digital.
Ratificaron la
necesidad de impulsar y fomentar la concreción de normas a nivel del
MERCOSUR para la efectiva implementación de políticas de fomento de uso,
desarrollo, implementación, investigación y transferencia tecnológica
basados en el modelo de Software Libre”.
Un año después, en la Declaración de la
16va Cumbre Social del MERCOSUR, titulada “Articulando Luchas,
Cultivando Resistencias” –Caracas, julio de 2014- también se indicaría a
su vez:
“Instamos a
profundizar las políticas públicas orientadas a usar Software Libre y
estándares abiertos (tecnologías libres), para construir una plataforma e
infraestructura con soberanía e independencia tecnológica, que permita
el control de su informática, que evite entre otras cosas el espionaje y
la intrusión de los sistemas informáticos.
(…)
Articular
iniciativas y planes regionales en el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC´s) con Software Libre, estándares
abiertos y de gobierno electrónico, entre los países miembros y
asociados del MERCOSUR, que implique la formación para el desarrollo de
aplicaciones que atienda la infraestructura crítica de nuestros países
aún bajo software y tecnologías privativas.”
Volviendo al ámbito nacional, en
diciembre de 2016 entraría en vigor el Código Orgánico de la Economía
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COES), conocido
popularmente como Código Ingenios. En la práctica esta nueva normativa
sustituyó a la antigua Ley de Propiedad Intelectual y en materia de
software permite al autor elegir el tipo de licencia con que quiere
proteger su creación: licencias cerradas o licencias abiertas; describe
qué es el Software Libre: aquel que no sólo permite usar un programa,
sino también estudiar como funciona, compartirlo, mejorarlo y compartir
sus mejoras; dispone usar Software Libre en la educación y el sector
público; y dispone también que el usuario pueda elegir aparatos con
cualquier software.
El Código Ingenios vino a significar un
paso más dentro del sistema de Propiedad Intelectual debido a que
promueve el uso del Software Libre. Es así que la ley se presentó como
una propuesta revolucionaria en la medida que prioriza el beneficio
ciudadano y el procomún, pasando a considerarse el Internet como un
servicio básico y proponiendo el impulso de la tecnología nativa a
través del uso del Software Libre.
Migraciones a Software Libre
Intentando ser consecuentes con los
planes estratégicos del Gobierno Nacional -Decreto 1014, LOES y COES- y
los acuerdos adoptados a nivel regional, el Ministerio Coordinador de
Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) planteó en 2016 un Plan de
Actualización a Software Libre, es decir la migración de escritorios
(sistemas operativos, ofimática y demás aplicativos de escritorios) del
software privativo al Software Libre. Su objetivo era establecer una
guía de trabajo para que el proceso de implementación de Software Libre
en dicho ministerio fuese exitoso, optimizando los recursos hardware,
software y talento humano.
Siguiendo directrices del Plan Nacional
del Buen Vivir, donde se hace referencia a “la transformación del
sistema económico para que efectivamente se convierta en un sistema
social y solidario, en el que converjan la economía de mercado, la
economía pública y la economía popular y solidaria” (13); se buscó dar
sentido a objetivos comprendidos entre el número 8 y 12 del plan
nacional de desarrollo, entre los cuales destacan el Objetivo Núm. 10:
“Impulsar la transformación de la matriz productiva”, y el Objetivo Núm.
11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos
para la transformación industrial y tecnológica que guardan estrecha
relación con el impulso al Software Libre”.
Al menos sobre el papel se entendió que
el software es un bien intangible asociado directamente al conocimiento y
que su modelo de desarrollo libre es una alternativa de producción
“incluyente que permite el aprendizaje y posibilita la creatividad
individual y de grupo” (14).
Es así que desde el ya extinto MCCTH se
plantearon cinco ejes estratégicos: soberanía, sostenibilidad,
transparencia, inclusión y desarrollo.
El MCCTH, ocho años después de su
promulgación, fue la primera y única Institución Pública que cumplió con
el mandato del Decreto 1014. En tan solo tres meses ejecutó el 98% de
la migración de datos desde software privativo a Software Libre, lo cual
demuestra que dicha transferencia es más una cuestión de decisión
política que de superación de obstáculos de índole técnico. Con el uso
del Software Libre, en dicha institución se redujeron problemáticas
tales como los virus informáticos y la dotación presupuestaria para pago
anual de licencias, pudiéndose canalizar así recursos para la
capacitación del personal TIC en tecnologías libres.
Fruto de lo anterior, el mismo equipo de
coordinación organizó las migraciones de 17 instituciones más del
sector conocimiento para el proceso de actualización a Software Libre de
escritorios y ofimática. En entidades como Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI), el Instituto de Fomento al Talento Humano
(IFTH), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), el
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la Secretaría Técnica del
Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional (SETEC),
el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), la
SENESCYT, el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), el Instituto Nacional
en Investigación en Salud Pública (INSPI), el INAMHI, el Instituto
Nacional de Energías Renovables (INER), el Instituto Nacional de
Investigación Geológico Minero y Metalúrgico (INIGEMM), el Ministerio de
Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
(INPC), el Ministerio de Educación y el Instituto Geográfico Militar
(IGM), se pretendió repetir la experiencia exitosa del MCCTH. Pasado el
tiempo, fruto de las resistencias internas donde se combinan la
comodidad funcionarial y presiones del sector transnacional sobre
responsables de grado medio en la administración pública, el proceso de
migraciones no ha avanzado más del 15% promedio.
Pasados diez años de la visita de
Richard Stallman y nueve de la entrada en vigor del Decreto Presidencial
1014, los resultados reales de la implementación de migraciones de
escritorios de software propietario a Software Libre en el Ecuador son
más que cuestionables.
La industria nacional de software y las compras públicas
La falta de rigurosidad por parte de
consultores nacionales y extranjeros ha conllevado a que existan
discrepancias respecto al número de empresas que componen el sector de
la industria nacional de software. La consultora Stratega DBS, quien
realizó una investigación para la Asociación Ecuatoriana de Software
(AESOFT (15)) en 2011, indicaría en aquel momento que la industria de
software en Ecuador se compone de 651 empresas. Un año más tarde, en
2012, la Revista Computer World volvería a dar el dato de 651 vinculadas
a actividades de consultoría y desarrollo de software en el mercado
nacional; sin embargo, un trabajo de CEPAL realizado en 2013 por
consultores vinculados a su División de Desarrollo Productivo y
Empresarias (DDPE) bajo la denominación de “La cadena de software en
Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política”
indicaría que el sector se limita a 480 empresas, las cuales alcanzan un
total de U$D 500 millones en ventas de las cuales el 10% son
exportaciones. Recientemente apareció lo que posiblemente sea el informe
más fiable al respecto, titulado “Estudios Industriales. Orientación
Estratégica para la toma de decisiones. Industria del Software” y
realizado por la ESPOL, donde se indica que esta industria está en
crecimiento a nivel nacional –promedio del 17% en los últimos siete
años- y representa el 0.5% del PIB ecuatoriano; sin embargo, ocupa el
penúltimo lugar en la región en términos de exportaciones de servicios
de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación). Según la ESPOL, la
industria local, integrada por alrededor de 700 empresas, está
conformada mayormente por Pymes, mostrando además una fuerte
concentración de ingresos en las empresas de mayor tamaño. En 2015
proporcionó empleo a más de 10 mil personas, principalmente
desarrolladores (35%) e implementadores (24%).
En general, la industria nacional
presenta dos grandes segmentos: productos (paquetes) y servicios de
software. Siendo sus tres principales modelos de ingresos los
siguientes: 1) productos y licencias de software, 2) servicios asociados
a tecnologías de la información, 3) Modelos de pago basados en la red
(computación en la nube). Según el informe de CEPAL, la relevancia de la
industria de software ecuatoriana puede llegar a ser competitiva a
nivel regional, aunque para ello requiere se requiere de un desarrollo
del ecosistema digital a través de una política de tecnologías de la
información y la comunicación para el cambio estructural. Hay que
desarrollar a nivel nacional talento humano, financiamiento y mejor
ambiente de negocios; mientras que en el ámbito empresarial es necesario
superar debilidades como el limitado alcance y ejecución de su
planificación estratégica, el escaso número de empresas con
certificaciones de calidad con reconocimiento internacional, la escasez
de centros de transferencia tecnológicas, las mínimas experiencias de
cooperación y asociación –tanto entre empresas como con universidades y
gobierno-, la fuga de personal calificado, el escaso nivel de
capacidades gerenciales, la falta de capacidad para participar en
grandes proyectos y los elevados índices de informalidad laboral en el
sector.
De la información existente en el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), podemos extraer que
en el año 2015 las actividades relacionadas con la industria de software
en Ecuador registraron un nivel combinado de ventas de USD 489.6
millones, con un crecimiento estimado del 17% para el año 2016.
Mientras que respecto a los ingresos, la
cifras de AESOFT muestran que más de la mitad de estos provienen de
actividades de servicios.
El informe de CEPAL (2013) ya alertaba
sobre el alto nivel de concentración existente en el sector, señalando a
un 11% de estas empresas como referenciales y entre estas al 1% más
grande e influyente. Este 1% de empresas concentran el 75% de las ventas
y “sólo 3 empresas facturan más de USD 50 millones, y sólo 10 firmas
superan ventas de USD 10 millones” (16), lo que implica que menos del 1%
de estas firmas concentran la riqueza que se genera en todo el mercado
de software ecuatoriano.
Empresas representativas de TICs y software en Ecuador
Según indica un vocero de la AESOFT, el
sector público representa cerca del 35% de los ingresos de la industria
de software (17), lo que viene a implicar que es precisamente ese 1% más
poderoso de la industria del software nacional quienes le facturan al
Estado concentrándose aún más la riqueza derivada de este gremio
asociativo.
Como ya se indicaba con anterioridad, un
elemento estratégico de alta importancia para el crecimiento de la
industria nacional de software es el diseño del plan de desarrollo
nacional realizado por las autoridades gubernamentales. Este tiene como
uno de sus componentes principales a la transformación de la matriz
productiva del país. Es en base a la propuesta estratégica nacional,
donde se plantea “la transformación de la matriz productiva del país de
ser exportador de productos primarios basado en un modelo extractivista a
otro basado en la economía del conocimiento” (18), que el software pasó
a ser considerado como un sector estratégico que permitiría acelerar el
pretendido cambio hacia el futuro. Sin embargo, la incidencia de las
empresas estrictamente nacionales –no contemplando filiales o asociados a
corporaciones tecnológicas transnacionales- en el sistemas de compras
públicas es relativamente escaso.
Esta claro que el software es un
intangible y un elemento indispensable para la productividad, pues su
implementación y uso permite la competitividad en las empresas
ecuatorianas. Además, el sector del software perteneciente al sector
servicios influye de forma transversal en los otros sectores productivos
del país.
Si analizamos los datos del Sistema de
Compras Públicas en implementación tecnológica software y discriminamos
selectivamente sus datos, veremos que entre los años 2009 y 2016 el
Estado invirtió su presupuesto de la siguiente manera:
Compras estimadas de software 2009-2016
Fuente: SERCOP, 2017; Elaboración Propia
Sobre el cuadro anterior cabe indicar la
carencia de rigurosidad en la clasificación de los datos estadísticos
de SERCOP antes del 2010, lo cual implica que posiblemente el nivel de
gasto pueda ser aun mayor del referenciado.
La disputa -amparada en el marco legal
normativo ecuatoriano- puesta en marcha por la comunidad nacional de
Software Libre contra la calamidad global que supone el capitalismo
cognitivo (prácticas económicas sobre las producciones de conocimiento
enmarcadas en el capitalismo globalizado) ni es una pelea menor ni
mantiene las más mínimas simetrías entre rivales. Es una pelea entre
David y Goliat, donde no es casualidad que tres transnacionales
tecnológicas (Apple Inc., Alphabet -cuya principal subsidiaria es Google
Inc.- y Microsoft Corp.) ocupen en ese mismo orden los tres primeros
puestos del ranking mundial de empresas por capital bursátil (Ver Anexo
III).
Analizando estos datos comparativos
podemos apreciar como el 73% de los gastos del Gobierno Nacional en
software corresponden al valor de las licencias (casi 600 millones de
dólares), un montante que hubiese permitido multiplicar por tres el
número de Unidades Educativas del Milenio ahora mismo existentes en el
país. Por otro lado, el nivel de concentración es enorme dado que de las
1723 empresas –nacionales y extranjeras- que proveyeron los 802.5
millones de dólares invertidos por el Estado en los últimos ocho años,
tan sólo el 6.09% de esos proveedores –los más poderosos del sector- se
repartieron más de 683 millones de dólares (84.77% del total de compras
en software del Estado), destacando entre estas 12 principales empresas.
La combinación del costo de licencias
software al Estado sumado a la hiperconcentración de la riqueza en pocas
manos entre los suministradores de software a las instituciones
públicas componen un cóctel explosivo del que derivan datos
preocupantes. Por ejemplo, menos del 8% de proveedores que vendieron
licencias o servicios Microsoft al Estado concentran aproximadamente el
90% de las ventas totales bajo este concepto. En el caso de las
licencias ORACLE la situación es similar, concentrando el 13.95% de
proveedores dedicados a esta labor el 92,48% del volumen total de
ventas.
Lo anterior desvela la falta de
coherencia entre los enunciados de política pública y la praxis
cotidiana desarrollada por el Gobierno Nacional durante la gestión del
presidente Correa también en esta materia.
Por otro lado, el discurso puesto en
marcha para la defensa de sus licencias de software (patentes) por estas
transnacionales globales de la tecnología informática suelen buscar con
éxito aliados locales en cada uno de los países en los que sus
políticas corporativas se ven paulatinamente cuestionadas, teniendo a
sectores de la industria del software privativo local como uno de sus
habituales aliados. Es así que construyó el mito de que el Software
Libre como política pública conlleva la destrucción de la industria
nacional de software, un argumento usualmente utilizado por la patronal
del sector aunque carente de solidez demostrativa.
Basta con comparar datos entre Ecuador y
Brasil, país de la región con el mayor desarrollo de la industria de
software y con ventas superiores a los $40.000 millones anuales, para
ver que ha sido gracias a la implementación de programas de desarrollo e
innovación productiva como se ha potenciado el sector, articulándose un
ecosistema tecnológico constituido por empresas, instituciones
públicas, universidades y una clara política estatal de impulso al
Software Libre como política de Estado. De hecho, ya en un informe de
Gartner en el año 2012 (19) se preveía que al cierre del año 2016 el 95%
de todo software comercial incluiría componentes de Software Libre. Ha
sido la corporación IBM la que desde el año 2004 se convirtió en un
referente al respecto. Incluso la AESOFT reconoce que el 76% de las
empresas del sector utilizan en Ecuador Software Libre como componente
de sus productos.
En todo caso llama la atención que
AESOFT, la voz más beligerante contra el Software Libre en el país, se
arrogue la portavocía del sector dado que apenas representa al 20% de
las empresas nacionales y menos aún, el 5%, respecto al conjunto de
empresas que suministraron en los últimos ocho años software al Estado.
De igual manera que se produce hiperconcentración de la riqueza en pocas
manos sobre las empresas suministradoras de software al Estado
ecuatoriano, se reproduce dicha situación al interior de AESOFT, donde
menos del 7% de sus afiliados concentra el 80% de las ventas totales de
miembros de AESOFT al Estado. Sin embargo, basta visualizar la
composición actual del directorio de AESOFT para detectar
"casuísticamente" los encuentros en su staff gerencial y los
intereses transnacionales en el sector: su presidente, el Sr. Andrés
Burbano de Lara, es CEO de la empresa NOUX que es a su vez es
distribuidora de Business Intelligence que opera con SAP (ORACLE y SAP
se reparten el 70% del mercado mundial de los ERP (20)); su
vicepresidente, el Sr. Richard Moss, es el CEO de la firma CobisCorp,
quienes desarrollan un Core Bancario que en el caso de BanEcuador genera
una dependencia de casi un millón de dólares en licencias vinculadas a
Microsoft; su Secretaría y Tesorero, Paulina Arias -CEO de nDveloper- y
José Villarreal –CEO de Pactisis-, aunque desarrolladores de software
libre también trabajan mucho con SaaS (software como servicio); que su
Contralor, Edgar Sánchez, CEO de LogicStudio, es partner de
Microsoft; y algunos vocales de la asociación como Guadalupe Durán o
Luís Adriano, son respectivamente Gerente General de Microsoft Ecuador y
CEO de Red Partner (ORACLE). No es casualidad entonces que entre unos
pocos asociados de AESOFT se haya concentrado aproximadamente el 45% de
las operaciones de venta de licencias/servicios Microsoft o el 80% de
estas en el caso de ORACLE.
Queda para la especulación si el
posicionamiento público crítico respecto al Software Libre del
presidente de AESOFT, el Sr. Burbano de Lara, se enmarca en lo que
pretende posicionarse como una defensa general del gremio, en los
intereses del pequeño grupo de empresas que controlan AESOFT y
suministran licencias al Estado o deriva de su lineamiento político con
el principal partido de oposición. Esta posición pública que quedó
expresa en su artículo "Si todo ha mejorado en estos diez años, ¿por qué
Lasso?" (21) publicado en la web Gkillcity.com durante la última
campaña electoral.
Software Libre como un reto de futuro para el actual Gobierno Nacional
Es fundamental que más allá de la
incoherente propaganda esbozada durante la gestión anterior, el nuevo
gobierno aborde con seriedad los retos y ventajas que supone llevar a la
práctica las normativas en torno al Software Libre desarrolladas
durante estos años. En ello, la Subsecretaría de Gobierno Electrónico
tiene un rol fundamental para coordinar y llevar a cabo un proceso de
migración de sistemas y escritorios efectivo hacia el Software Libre. La
complejidad de este proceso es menor, pues apenas implica la
incorporación de uno o dos SysAdmin (administrador del sistema) en Linux
por institución para formar a los equipos tecnológicos y coordinar el
proceso. Es más, incluso estas migraciones podrían implicar un lógica de
prácticas preprofesionales en universidades varias que conllevarían la
implicación de nuevos talentos y jóvenes profesionales en una estrategia
de recuperación de soberanía nacional en cuanto a información y
comunicación se refiere. Genera cierta sonrisa que siendo precisamente
la SENESCYT quien dispone de una Subsecretaría General de Ciencia,
Tecnología e Innovación, en dicho ministerio no se haya desarrollado de
forma eficiente el proceso migratorio de escritorios.
La propia SENESCYT debería ser de hecho
la institución más interesada en que se desarrollase en el país un
sistema homogéneo de software para la gestión académica. ¿Imaginemos una
plataforma común a todas las universidades que desarrollada con
Software Libre permitiera una gestión ágil y estandarizada para la
gestión de evaluaciones de alumnos, sistemas contables, registros de
matriculación, etc? En Argentina hay avances en este sentido. Al mismo
tiempo, la SENESCYT está obligada a buscar una solución a medio millón
de estudiantes que quedan excluidos del sistema de educación superior,
lo cual pasa, entre otras cuestiones, por conformar una universidad
nacional a distancia que sin perder la calidad se apoye en herramientas
como las plataformas MOOC, ideales para masificar la formación y
transformar la enseñanza en línea.
Es más, SENESCYT debería impulsar el
desarrollo de las MOOC para institutos tecnológicos y asignaturas
transversales a diferentes carreras superiores, con el consiguiente
abaratamiento de costos y ahorro en inversión tecnológica mediante
simuladores que sustituirían la incapacidad económica para proveerse de
equipos tecnológicos avanzados. Las MOOC deberían forma parte de la
formación continua de los docentes y de hecho ya en el IAEN, aunque con
una limitada capacidad de gestión por parte de sus equipos dirigentes,
se implementaron estas plataformas con Software Libre adaptando las
plataformas MOOC compartidas por el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) con otras universidades del planeta.
Cuesta pensar que en un país con serios
problemas para mantener el equilibrio entre la entrada y salida de
dólares, tan solo en mantenimiento de un ERP como Educa Ecuador -la que
sufre en diferentes momentos caídas por colapso- el Ministerio de
Educación gaste mensualmente más de un cuarto de millón de dólares que
recibe una empresa mexicana que maneja la plataforma ATHENEA (22) y por
la cual ya cobró una importante cantidad por su adaptación e instalación
y entre cuyos partners aparece la multinacional estadounidense Amazon suministrando los espacios en nube y el servicio.
Nota: pantallas de la plataforma virtual Educa Ecuador del Min. Educación
El Gobierno Nacional debe apostar por la
generación de comunidades nacionales de Software Libre, generando
ampliamente desarrolladores que vayan dándole valor agregado a la
producción nacional. Lo anterior implicaría que las universidades
entiendan y la SENESCYT impulse asignaturas para la formación en
Software Libre de forma transversal en distintas carreras técnicas. En
la práctica se estaría dando pie a la creación de espacios de innovación
libres que articulados desde las bases de la sociedad serían una
contundente respuesta a las lógicas derivadas de la propiedad
intelectual en el capitalismo cognitivo.
Para ello, SENESCYT debe apostar por los
planteamientos del conocimiento libre y por el uso de tecnologías
libres dentro de los programas universitarios. Siendo coherentes con lo
anterior, habría que comenzar por eliminar la norma que da puntos a las
universidades que pagan acceso a las revistas indexadas. A estas
alturas, cuando el acceso libre al conocimiento ya tiene mártires como
es el Aaron Swartz (23) por poner tan solo un ejemplo, la universidad
ecuatoriana sigue desperdiciando sus recursos en este concepto.
Experiencias como las desarrolladas por la investigadora de Kazajistán
Alexandra Elbakyan deberían ser analizadas en Ecuador. Elbakyan conformó
una web en Rusia, conocida como Sci-Hub, que se ha convertido en el
mayor centro de documentación científico de acceso libre. De hecho, ya
hay universidades como Cornell o Harvard que están anunciando que no
podrán permitirse seguir sosteniendo los costes derivados de las
diferentes editoriales científicas. Tan sólo en 2016 a Harvard este
concepto le supuso el gasto de USD 3.5 millones.
En la actualidad, la web Sci-Hub ofrece
acceso publico a millones de trabajos de investigación sin ningún tipo
de coste, entendiendo que el conocimiento no puede ser limitado. El
mecanismo de funcionamiento de Sci-Hub es sencillo, cuando alguien hace
una búsqueda en dicha web lo primero que hace es mirar si el contenido
está en LibGen (library génesis), si allí lo encuentra todo bien, de no ser así el sistema salta los paywalls
de los servicios de suscripción de artículos científicos o editoriales
que los distribuyen, usando las claves de acceso de otros académicos
anónimos que han decidido colaborar con el proyecto desinteresadamente.
De esta forma, Sci-Hub mete las claves en editoriales como JSTOR,
Springer, Sage o Elsevier para encontrar lo que el usuario está
buscando. Tras enviar un PDF al usuario, el sistema añade el documento
encontrado a la base del LibGen para que quede almacenado para siempre.
Ya hay 47 millones de artículos científicos colgados en la web y
vulnerando uno de los tentáculos del business académico.
La SENESCYT dispone del Banco de Ideas (incubadora de proyectos start-up)
impulsado por el equipo de gestión anterior y mediante el cual se
ofrecen hasta USD 50.000 por proyecto, se debería estar ya impulsando la
creación de un laboratorio de Software Libre al servicio del procomún.
Pese a la falta de apuesta real por
parte del Gobierno Nacional y las manipulaciones de las corporaciones
transnacionales de tecnología que operan en el mercado nacional, en
Ecuador se ha creado una Cámara de Comercio de Software Libre y
Tecnologías Libres que sin querer erigirse en voceros de nadie ya
articula en sus primeros pasos a una veintena de empresas.
En resumidas cuentas, Internet no es un
territorio a conquistar, sino vida que debe preservarse y evolucionar
con libertad. Y es en este sentido, donde el Estado tiene como rol
generar los cauces oportunos para la articulación del Buen Vivir,
asegurando -entre otras cosas- el libre acceso ciudadano a la
información pública, la perennidad de los datos públicos, la seguridad
del Estado y sus ciudadanos.
Aquí toman valor las letras escritas en
el año 2002 por el congresista peruano Edgar Villanueva Nuñez en su
misiva de respuesta a Microsoft Perú, tras manifestar la transnacional
sus objeciones a un proyecto de ley que se debatía en el Legislativo
sobre Software Libre en la administración pública del Perú.
Villanueva manifiesta en su carta a Microsoft:
"Para garantizar el
libre acceso de los ciudadanos a la información pública, resulta
indispensable que la codificación de los datos no esté ligada a un único
proveedor. El uso de formatos estándar y abiertos permite garantizar
este libre acceso, logran si fuera necesario la creación de software
libre compatible.
Para garantizar la
perennidad de los datos públicos, es indispensable que la utilización y
el mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los
proveedores, ni de las condiciones monopólicas impuestas por éstos. Por
ello el Estado necesita sistemas cuya evolución pueda ser garantizada
gracias a la disponibildiad del código fuente.
Para garantizar la
seguridad del Estado o seguridad nacional, resulta indispensable contar
con sistemas desprovistos de elementos que permitan el control a
distancia o la transmisión no deseada de información a terceros. Por lo
tanto, se requieren sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible
al público para permitir su examen por el propio Estado, los
ciudadanos, y un gran número de expertos independientes en el mundo.
Nuestra propuesta aporta mayor seguridad, pues el conocimiento del
código fuente eliminará el creciente número de programas con "código
espía".
Asimismo, nuestra
propuesta refuerza la seguridad de los ciudadanos, tanto en su condición
de titulares legítimos de la información manejada por el Estado, cuanto
en su condición de consumidores. En este último caso, al permitir el
surgimiento de un oferta extensa de software libre desprovisto de
potencial "código espía" susceptible de poner en riesgo la vida privada y
las libertades individuales." (24)
En definitiva, para que un software sea
aceptable por el Estado, más allá de su desarrollo técnico se deben
cumplir ciertos requisitos en materia de licencia, sin los cuales el
Estado no puede garantizar a la sociedad el procesamiento adecuado de
sus datos, velando por su integridad, confidencialidad y accesibilidad a
lo largo del tiempo, porque son aspectos muy críticos para su norma
desempeño.
Es por ello Estado ecuatoriano debe
comenzar a proceder, sin más demora, con el cumplimiento de las
normativas actualmente vigentes de las cuales nos dotamos durante los
últimos años.
Anexo I
Software Libre sustitutorio de software privativo
Anexo II
Importancia del Software Libre para un país
El uso de Software Libre asegura la
soberanía tecnológica, impulsa la innovación nacional, optimiza el gasto
estatal fortaleciendo el desarrollo local y facilita la inclusión
digital.
A nivel de la Administración Pública, el
uso de Software Libre permite autonomía tecnológica, estandarización e
integración, seguridad, independencia de proveedores, democratización de
la información y ahorro de recursos.
Autonomía tecnológica:
Adoptando Software Libre y con las posibilidades que éste ofrece de
acceder al código fuente, muchos usuarios pasarán de ser consumidores a
ser desarrolladores de software. Esto significa que se podrán adaptar
los programas a las necesidades específicas de las distintas
dependencias, y todas esas modificaciones deberán realizarse siguiendo
los requisitos exigidos por el modelo del Software Libre.
Estandarización e Integración:
El Software Libre es producido utilizando especificaciones y estándares
tecnológicos libres y públicos, también denominados “estándares
abiertos”. Esto beneficia la integración de sistemas y el intercambio de
información, de forma que se garantiza la accesibilidad sin
restricciones por parte de la ciudadanía.
Seguridad: El hecho de
hacer públicos los códigos de los programas favorece a la seguridad de
los mismos. Utilizando Software Libre se puede saber qué está haciendo
realmente un programa, qué tipo de información maneja y cómo lo hace.
Una buena seguridad debe basarse en la transparencia. El software
privativo oculta estos aspectos y muchas veces no se conoce si la
información está siendo enviada a otras computadoras remotas.
Independencia de proveedores:
Adquiriendo un software privativo se genera una relación de dependencia
con respecto a un fabricante. Una vez que se instala dicho software, se
dependerá del fabricante para obtener actualizaciones. En muchos casos,
el fabricante obligará a actualizar a nuevas versiones aunque no se
desee.
Democratización de la información:
Las tecnologías de la información han pasado a ocupar un lugar central
en la sociedad. Si bien cada vez son más los usuarios que acceden a
dichas tecnologías, la “brecha tecnológica” todavía es grande y es un
factor más de exclusión social. El Software Libre favorece la
democratización de la información permitiendo la utilización de
protocolos, formatos y lenguajes.
Economía: Se estima que
la compra de un sistema operativo más un paquete de suite de oficina,
ambos con una licencia comercial, cuestan entre 300 y 600 dólares por
cada computadora, y ese gasto debe renovarse cada dos o tres años debido
a la dependencia hacia el fabricante en que se incurre. Los países en
vías de desarrollo, con las carencias de recursos que cuentan, pueden
ahorrar una gran cantidad de recursos económicos.
Anexo III
Las empresas más grandes del mundo 2016
Con un valor de más de 488 mil millones
de euros y con clientes en casi cualquier rincón del planeta, Apple se
coloca de nuevo en la primera posición, además de haber sido su mejor
año fiscal de la historia. Muy de cerca le sigue Alphabet, cuya
principal subsidiaria es Google con 448 mil millones de euros. En tercer
lugar, y bajando un puesto respecto al ranking de 2015, se sitúa
Microsoft. El podio lo compleja la empresa petrolera norteamericana
Exxon Mobil. Por países, el dominio de Estados Unidos sigue siendo
aplastante, con 54 empresas incluidas dentro de las 100 empresas más
grandes del mundo. De hecho, las 11 empresas más grandes del mundo
tienen sello estadounidense. En segundo lugar se encuentra China con un
total de 10 empresas y en tercer lugar Gran Bretaña con un total de 8
empresas. Si nos fijamos en los sectores que componen la lista, dominan
las empresas tecnológicas, bancos y petroleras, además de empresas de
moda y farmacéuticas. A continuación exponemos las empresas más grandes
del mundo, por capitalización bursátil en 2016, en miles de millones de
euros.
NOTAS:
- Hacemos referencia al “Software Libre” cuando hablamos del software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.
- Richard Stallman es un programador estadounidense cuyo origen profesional se remonta a sus actividades en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), siendo hoy reconocido como el fundador del movimiento por el Software Libre en el mundo. Entre sus logros destacados se incluye la realización del editor de texto GNU Emacs, el compilador GCC y el depurador DGB, todo ello bajo la rúbrica del Proyecto GNU (sistema operativo de tipo Unix desarrollo por y para el Proyecto GNU y auspiciado por la Free Software Foundation). Sin embargo, Stallman es principalmente conocido por el establecimiento de un marco de referencia moral, político y legal para el Software Libre, un modelo de desarrollo y distribución alternativo al software propietario. Es también inventor del concepto de copyleft (aunque no del término), un método para licenciar software de tal forma que su uso y modificación permanezcan siempre libres y queden en la comunidad de usuarios y desarrolladores.
- Puelles, Adoni Alonso, “Acerca del software y del conocimiento libre: una guía para filósofos, 2007. Pag. 181-97.
- Meffe, Corinto, Fausto Alvim & Johanan Pacheco. “Modelo Iberoamericano de Software Público para el Gobierno Electrónico” CLAD, 2010.
- Stallman, Richard M. “Software Libre para una Sociedad Libre, 2004”.
- Ibid anterior.
- Plan de Actualización a Software Libre del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, 2016
- Dicho video que se mantenía alojado en la web de la Presidencia de la República bajo la dirección http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=9267&hl=true ha sido eliminado. Aún así, se mantiene una versión de dicho video en el buscador youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lwX2_VNcquk
- El Decreto 1014 puede verse en su integridad en la siguiente dirección web: https://softwarelibre.conocimiento.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/Decreto_1014_software_libre_Ecuador_c2d0b.pdf
- La noticia de El Comercio que hacía referencia a los ahorros producidos para el Estado ecuatoriano por la implementación del software libre como política de Estado ha sido borrada de esta dirección web: http://www2.elcomercio.com/EC_Failover.html?id_noticia=250952&id_seccion=12
- http://orfeogpl.org/ata/
- Un estándar, según IBM, es “una especificación que ha sido acordada por la comunidad, a través del uso o una declaración. Una vez establecida, pueden hacerse cualquier número de duplicados o variantes, mientras se mantenga la estructura o funcionalidad básica intacta”. Al ser abierto, el estándar está disponible para ser incorporado de manera universal. Todo Software Libre hace uso de este tipo de estándares como requisito fundamental que facilita la interoperatividad entre sistemas distintos, incluso con sistemas propietarios. Sin embargo, muchos sistemas cierran sus definiciones, formatos de datos, haciéndolos exclusivos y generando dependencia. Para la ITU los estándares abiertos “son estándares disponibles al público general, desarrollados (o aprobados) y mantenidos por medio de procesos consensuados y colaborativos. Los estándares abiertos facilitan la interoperatividad y el intercambio de datos entre los diferentes productos o servicios y están destinados para su amplia adopción”.
- SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017).
- Citado en: Turner Sen, Tania Elizabeth. “Software Libre y abierto: comunidades y redes de producción digital de bienes comunes”. Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.
- La Asociación Ecuatoriana de Software, AESOFT, es una agremiación empresarial que en el presente ejercicio cumple 22 años de vigencia. Durante estas algo más de dos décadas ha trabajado por las empresas miembros de la asociación –un total en la actualidad de 144 empresas- y goza de cierta legitimidad ante el Estado como un organismo que apoya y fortalece el sector de software ecuatoriano.
- CEPAL (2013). “La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política”
- «Twit @BurbanoDeLara sobre porcentaje de venta de la industria del software al sector público», s. f., http://archive.is/5A845
- SENPLADES (2013). “Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”.
- M. Driver. “Drivers and Incentives for the Wide Adoption of Open Source Software”, Gartner Report, September 13, 2012
- ERP (por sus siglas en inglés, entreprise resource planning) son los sistemas de planificación de recursos empresariales, también llamados sistemas de información generenciales, que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes y servicios.
- El artículo se encuentra colgado en la dirección http://elecciones2017.gkillcity.com/2017/03/26/porque-votar-por-un-nuevo-partido-ecuador/
- Más información en www.athenea.com.mx
- Aaron Swartz (1986-2013) fue un programador y hackeractivista estadounidense arrestado por el Departamento de Policía del Instituto Tecnológico de Massachussetts por descargar publicaciones académicas automáticamente desde JSTOR, usando una cuenta de invitado que el mismo MIT le había proporcionado. Ante una amenaza de condena que conllevaba 35 años de prisión y una multa de 1 millón de dólares, Swartz se suicidó en calidad de acusado por la Magistratura Federal de los EEUU, tras sufrir una persecución fruto de un sistema criminal-judicial plagado de intimidación y enjuiciamientos excesivos.
- Ver respuesta completa en http://arriate.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=9
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