En este Monte Sinaí no se ama al prójimo (II)

Por Decio Machado / para revista digital Plan V
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SEGUNDA PARTE 

Los desalojos por un Guayaquil Ecológico

El otro eje de intervención prioritario son los 40 kilómetros de ribera del Estero Salado. Esta intervención implica el desalojo de 8000 familias que han de ser reubicadas en los complejos habitacionales de Socio Vivienda en Nueva Prosperina, siempre y cuando sean considerados residentes anteriores a diciembre del 2010. Sin duda, la situación del Estero Salado es alarmante, según estudios realizados por la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo y la Municipalidad de Guayaquil en el 2010, el 60% del cuerpo hídrico está repleto de lodo sin oxígeno y de residuos domésticos e industriales. Estos lodos pueden generar enfermedades como cólera y hepatitis.

No cabe duda de que las invasiones realizadas en la ribera del Estero Salado vienen deforestando el mangle desde hace 30 años, rellenándose éste con escombros y generando un promedio de 196 kilogramos de basura diaria, aunque también recibe 3,5 toneladas de desperdicios, de las embarcaciones del Golfo y desechos que navegan desde otros puntos de la ciudad .

Los desalojos, según indica el Miduvi, se realizarán hasta la zona considerada como cuota máxima en marea alta -entre 5 y 15 metros desde la orilla- y se pretende la recuperación ambiental del Estero Salado; aunque quedan por ver cuáles son las medidas que se tomarán sobre las más de cuatrocientas empresas identificadas por el MAE como potenciales contaminadoras que deberán recibir un proceso de inspecciones in situ para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Paralelo al proceso de desalojos se creó el plan Socio Vivienda en Nueva Prosperina. Mientras Socio Vivienda I tiene un costo entre USD 1600 y USD 1800; Socio Vivienda II, con entre 11 000 y 12 000 viviendas, en lugar de salir al mercado se ofrece como reasentamiento. Aunque, en principio, estas viviendas se habían considerado con costo cero para los realojados, dicho criterio se encuentra en la actualidad en revisión, pues se plantea la necesidad de "corresponsabilidad" por parte de las familias reubicadas. Está en estudio la posibilidad de que estas paguen el 10% del costo total de la vivienda, que significaría una inversión por familia de unos USD 1300 a pagar entre 7 y 10 años. Esta situación viene nuevamente a complicar la capacidad de adquisición de vivienda por parte de estas familias.

Una vez liberada la ribera de pobladores, a través de la realización de parques lineales -áreas verdes- con la correspondiente recuperación del mangle extinguido en la zona, el plan de intervención busca evitar que la zona sea nuevamente invadida.

Según Flora Cortés, moradora de Isla Trinitaria, hubo mucha gente que no estaba en sus casas cuando se desarrolló el censo. "La gente sale a trabajar muy temprano, a los que no nos censaron nos dicen que no nos realojarán", señala ella. "Además muchos de nosotros no queremos ser reubicados, hemos vivido acá desde que éramos niños, acá hemos establecido nuestros lazos sociales, nuestros mecanismos de apoyo mutuo, acá estudian nuestros niños y nuestros vecinos los cuidan cuando no podemos hacerlo nosotras, en este entorno tenemos nuestros trabajos", dijo. En su descargo, los funcionarios destacados en la zona indican que se está haciendo un nuevo censo y se cotejan fotos aéreas con información vecinal para establecer quiénes estaban o no antes de diciembre del 2010.

El hecho de que los moradores reubicados de Isla Trinitaria estén siendo reasentados en Nueva Prosperina, lejos de donde fueron desalojados, es una de las cuestiones que más resistencias genera entre la población afectada.

Cortés también denuncia que todo el plan de reubicación se está haciendo sin consulta previa, "en cada puerta pusieron un código, con ese código vamos al Miduvi y allá nos piden los papeles de identificación, pero nunca fueron claros en indicarnos cuál era el proyecto y qué pretendían hacer". Muchos moradores comenzaron a construir con posterioridad al 2010, aunque sus terrenos fueran adquiridos con fechas anteriores, "para este tipo de casos el gobierno no nos da ningún tipo de solución", sentencia la afectada.

Objeto desconocido

Según Navarrete, "los moradores indican que la información llegó a esta comunidad a través de un medio de comunicación público, de ser así, había una planificación que no fue consultada con la comunidad". De igual manera opina Lucetti Pachito Quintero, otra de las moradoras que manifiesta su voluntad de mantenerse en la zona hasta que haya soluciones a sus demandas: "tenemos derecho a la información, la gente ha rellenado los lugares donde edifican sus casas, somos pobres y el esfuerzo económico de estas familias es grande, decir a la gente que ahora tienen que salir es muy duro, además no está claro si hay o no que pagar por las nuevas viviendas, las cuales no superan los 40 metros cuadrados, dimensión que no se ajusta al tamaño de nuestras familias".

Para Norma Enríquez Riascos, portavoz del Comité América Latina y Caribe para la Defensa de las Mujeres (Cladem), quien también formó parte de la misión de verificación internacional que se dio en la zona, la situación es muy preocupante. Enríquez señala que "en los desalojos violentos las mujeres sufren mucho más que los varones, pues ellas suelen cargar con los hijos. Para nosotras la vivienda es un espacio de seguridad, pero por seguridad no entendemos ver desfilar por aquí a la gente uniformada y con armas, sino que haya un reconocimiento de lo que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. La vivienda es un derecho y los estados deben buscar cómo asegurarnos unas condiciones de vida digna".

En la actualidad de los 40 kilómetros de ribera bajo intervención ya se han "limpiado" cuatro kilómetros, sin que se haya realizado ningún tipo de intervención o iniciativas económicas que apoyen a las familias.

Un modelo habitacional importado

Lorena Zárate, especialista internacional en modelos urbanísticos, sostiene que "el modelo aplicado por el Miduvi tuvo sus orígenes en Chile durante la época de la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Se mejoró después y fue promovido por el Banco Mundial". De hecho, Ecuador suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en mayo del 2012, un contrato de préstamo por USD 75 millones para la implementación del llamado Plan Nacional de Desarrollo Urbano a realizarse en un plazo de cinco años, para una intervención en las 1300 ha que comprenden el Monte Sinaí. Sin embargo, Zárate señala que "investigaciones hechas al respecto, indican que con una inversión de aproximadamente 10 000 dólares por vivienda y con la construcción de la propia gente que va a habitar posteriormente en ellas, es posible construir hogares que alcanzan hasta los 90 metros cuadrados, generando a su vez tejido social organizado y coparticipación con los moradores en el modelo de ciudad a desarrollarse. En México existen experiencias de este tipo y debe tenerse en cuenta que allá los materiales para la construcción son incluso más caros".

Desde esta perspectiva, Zárate considera que cuando se proyecta y planifica la ejecución de vivienda social, esta debe ser considerada para el bien, en todos los sentidos, de los estratos humildes que van a utilizarla, y no con base en las exigencias del sector privado, quienes a través de la estandarización del sistema constructivo, la pequeña dimensión de los hogares y los bajos salarios de la mano de obra utilizada, logran un beneficio económico alto pese a los bajos precios que por ella perciben.

Lo anunciado por la presidenta de Habitat International Coalition, confronta con la palabras de Sonia España, una moradora de Monte Sinaí, que indica: "tenemos nuestra forma de vivir y nos están imponiendo otras, limitando los espacios de nuestra vivienda y eliminando nuestros huertitos, los cuales nos han permitido resolver carencias en el acceso a la canasta básica. Los asambleístas vienen para conocer sobre el terreno y tener criterios para aprobar la Ley Reformatoria de Tenencia de Tierras y se limitan a sobrevolar en helicóptero Monte Sinaí, ni siquiera hablan con nosotros o escuchan nuestras demandas, y ahora el Estado nos dice a las madres de los asentamientos irregulares que no podemos tener más hijos porque las viviendas que nos han asignado no sobrepasan los 40 metros cuadrados y no podemos ampliarlas".