La periodista Natalia Cabrero entrevista al sociólogo, periodista y analista político hispano-brasileño Decio Machado para Información Internacional.
En cuanto a las dos legislaturas de Uribe, ¿en qué aspectos favorecieron las políticas de Uribe a la resolución del conflicto?
Empecemos por el principio. En lo referente al conflicto que vive Colombia, el reto que afrontaba el ex presidente Álvaro Uribe Vélez tras su primera elección consistía en avanzar en la superación de la guerra interna y sus consecuencias, para lo cual se debían articular políticas institucionales dirigidas sobre los siguientes ejes: fortalecimiento institucional y gobernabilidad, lo que implicaba también ampliar el Estado a territorios donde su realidad era inexistente; necesidad de valentía en la aplicación de reformas políticas e institucionales, garantizando las libertades públicas y el derecho a la crítica y la disidencia; democratización, legitimación y fortalecimiento de la fuerza pública; defensa del respeto a los derechos humanos en un país que está en el punto de mira de la comunidad internacional; desarrollo de una política internacional independiente de los intereses de los Estados Unidos en la región; aplicación de políticas efectivas en la lucha contra el narcotráfico; así como el desarrollo de una propuesta de negociación viable y creíble para todos los actores implicados, inclusive para el conjunto de la sociedad colombiana.
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| Decio Machado |
Sorprende y es contradictorio en este sentido, que a pesar de que la guerrilla sea considerada por el uribismo como un grupo de delincuentes comunes, su gobierno fue muy persistente en proponerle a la ONU y otros actores internacionales un papel de facilitación frente al conflicto. Sin duda es una de las múltiples contradicciones del uribismo, pues ningún gobierno solicita que la comunidad internacional desarrolle un rol de estas características frente a un grupo delictivo.
Con respecto a los resultados, se aumentó el control estatal sobre el territorio nacional, especialmente sobre las cabeceras municipales. Se dio seguridad a carreteras y ejes de conectividad, y se consiguió la desmovilización de una parte del paramilitarismo. Hay que referenciar en este aspecto, que el paramilitarismo nace del concepto desarrollado por el mismo Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia a través de las tristemente famosas Convivir, y que gran parte de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos paramilitares se han reconstituido como bandas criminales (Bacrim) y mantienen bajo su control varias rutas de narcotráfico que anteriormente controlaban las AUC y otros grupos escindidos de estas.
¿Cree que mejoro la situación de la población y del país respecto al conflicto durante esos años?
La sociedad colombiana se entusiasmo con el discurso de los avances en materia de seguridad durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y si bien es cierto que esos avances existieron, también es de recibo reflejar que la tendencia comienza a alterarse a partir del 2007, cuando repuntan nuevamente las masacres sobre población civil, las extorsiones, la actividad insurgente y las correspondientes víctimas civiles que dicha actividad genera, el florecimiento de nuevos grupos armados, así como el incremento de bajas entre la fuerza pública consecuencia del aumento de las actividades militares. También se incrementaron los homicidios en diversas capitales colombianas, entre las que destacan Medellín y Cali. Las grandes operaciones armadas que golpearon seriamente a la insurgencia propiciaron un discurso triunfalista que en el fondo, obstaculizó la operatividad cotidiana.
¿Qué consecuencias ha tenido su política de mano dura para la población?
A pesar de que en sus discursos, Uribe ha expresado sistemáticamente mantener una posición de “tolerancia cero” respecto a las violaciones de los derechos humanos, son muchas las organizaciones internacionales, entre ellas Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), que han hecho públicos y dirigidos duros informes a NNUU respecto a las violaciones a los derechos humanos en Colombia, sobre las cuales se ha dicho textualmente: “continúan siendo graves, masivas y sistemáticas”. Le remito a la lectura de dichos informes donde encontrará amplitud de datos respecto a desplazamiento forzoso dentro y hacia fuera del país, población civil desaparecida, asesinato de líderes sindicales y comunitarios, etc.
¿Cree que fue positiva la política de Uribe para la resolución del conflicto?
El conflicto está aun lejos de resolverse, aunque parece que en la actualidad se vuelven a dar pasos para buscar soluciones reales en este sentido. Habrá que ver sus resultados, así como la voluntad real de las partes.
¿Se alejó de la situación que había heredado de Pastrana posterior a El Caguán?
Si estamos hablamos sobre si se avanzó respecto a la posibilidad de resolución del conflicto armado interno, la respuesta es que no hubo avances. Uribe no dejó un país más cercano a la paz. Si la pregunta hace referencia a lógicas militares, considero que la guerrilla está hoy más debilitada que antes, fruto de la acción militar. Entender que dicho debilitamiento te aproxima a la paz es no entender las lógicas políticas y la estrategia militar de la insurgencia colombiana.
¿Supo Uribe gestionar políticamente un país que salía del conflicto del Caguán con pocas esperanzas para la paz?
No hay esperanzas para la paz si no hay negociación real. Ya le dije que la lógica uribista se basó en la victoria militar, todo ello en decremento de salidas negociadas. La resolución del conflicto como objetivo fundamental sigue muy lejano.
¿Qué efectos tuvo en el conflicto la Ley de Justicia y Paz del año 2005?
Facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, a la par que permitir la articulación de nuevos grupos armados, las llamadas “Bacrim”.
¿Cree que en durante esos años hubo un rebrotamiento de las diferentes guerrillas?
La política de seguridad democrática dejó multitud de flancos abiertos, fundamentalmente en lo concerniente a seguridad ciudadana. La estrategia actual contra la insurgencia privilegia las operaciones aéreas y los “blancos de alto valor” –abatir a comandantes guerrilleros con alto prestigio interno-, pero continúa sin capacidad de detener las acciones guerrilleras que se reacomodaron hace ya tiempo a los nuevos escenarios y con nuevas formas de intervención militar (repliegue). La estrategia de lucha contra las llamadas bandas criminales (bacrim) no es efectiva, y aunque hay logros en materia de detenciones no se afecta a las estructuras y redes de estos grupos narcotraficantes. Por otro lado, el sistema judicial heredado por Santos de la gestión uribista es patético y está en situación crítica, la impunidad actualmente existente en el ámbito penal solo acentúa los incentivos para el crimen. Ni siquiera el actual gobierno ha sabido afrontar adecuadamente esto, lo cual le hizo perder popularidad al presidente Santos hace apenas unos meses con la fallida reforma judicial.
Desde el 2007, en muchas regiones se han incrementado los combates e incursiones de grupos irregulares. La Policía tiene más de una decena de departamentos bajo "especial atención" y aunque hay menos municipios afectados que en el pasado, la situación continua siendo muy grave. Le remito al estudio realizado el pasado año por la Fundación País Libre de Alfredo Rangel, donde podrá visualizar como han crecido las acciones guerrillas a la par que disminuye la operatividad de las Fuerzas Armadas.
¿Y la postura mantenida con Estados Unidos?
La política exterior de Uribe podría resumirse en mirar durante ocho años consecutivos al “amigo” del norte, agudizando su dependencia y perdiendo importantes opciones para insertarse adecuadamente en la región entre socios similares. Hay que recordar que cuando Uribe abandonó el Palacio de Nariño, Colombia tenía rotas las relaciones con Venezuela y Ecuador, había tensionado de gravedad sus relaciones con Brasil y no se quedaban más amigos en la región que los gobiernos conservadores de Chile y el Perú del entonces presidente Alán García.
Más allá de operaciones como la captura de Rodrigo Granda en Venezuela o la violación de la soberanía ecuatoriana en la operación de Angostura, los reales elementos de tensión generados por Colombia en la región respondieron a intereses estadounidenses y no a políticas propias provenientes de Bogotá. En concreto: el intento de utilización de siete bases militares colombianas por parte de los Estados Unidos, y la obstaculación permanente al funcionamiento interno de UNASUR.
La Cancillería colombiana desarrolló un rol propia al de una subsecretaría del Departamento de Estado de Washington. Esta realidad, combinada por los escándalos de la narcopolítica que afectaron al entorno político y familiar de Uribe, golpeó fuertemente la imagen de Colombia en el exterior.
En relación a los dos años de gobierno del presidente Santos, ¿a qué cree que se debe el distanciamiento de su política con la de su antecesor? ¿por qué cree que Uribe tiene una postura tan clara de oposición al nuevo gobierno? ¿Qué influencia tiene en el país?
Si bien es cierto que existe un distanciamiento y enfrentamiento entre Uribe y Santos, matizaría esta cuestión desde la perspectiva de la política pública.
El gobierno del presidente Santos es conservador y como tal se comporta, lo cual supone mantener líneas de intervención afines a las desarrolladas durante la gestión de Uribe.
En materia económica la apuesta se mantiene en lógicas neodesarrollistas, apostándole al modelo exportador de recursos naturales para beneficio del mercado global, todo ello apuntalado por la inversión extranjera. En Colombia los recursos naturales se transportan, no se procesan, lo cual hace que el valor añadido quede en metrópolis muy lejanas al país. En resumen, la lógica de Santos en este sentido es exactamente lo mismo que hizo Uribe, y el proceso de negociación recién abierto con las FARC se explica en la medida en que el Estado colombiano necesita mayor seguridad con el fin de generar seguridad a la inversión extranjera y a los territorios concesionados a las transnacionales extractivas.
En materia de orden público se mantiene la ofensiva contra la insurgencia, y el inicio de acercamientos entre gobierno y FARC no conlleva la paralización de las actividades militares. La guerra interna continúa.
En materia de relaciones internacionales el lineamiento con los Estados Unidos continúa, y aunque si bien es cierto que hay una mirada más coherente respecto al entorno regional y los procesos de integración, la dependencia con los Estados Unidos se agudizará a raíz de la reciente firma TLC.
En todo caso, si se detectan cambios respecto a políticas sociales y públicas como la atención a las víctimas y la restitución de tierras para las miles de familias despojadas de ellas por el terror; así como el interés en materias como la anticorrupción, la seguridad urbana, ley de regalías o el ordenamiento territorial.
Como la política también es estilo y formas, para ser justos hay que decir que también existe un cambio de estilo. Se pasó del estilo pendenciero de Uribe –desprecio a los opositores, insultos, descalificación al diálogo con los oponentes- a formas más políticamente correctas. El gobierno de Santos visibiliza su gabinete mientras que el estilo uribista era unipersonal, más al estilo de los neopopulismos socialdemócratas instalados en los países vecinos (Ecuador y Venezuela).
Respecto a su pregunta sobre el comportamiento actual de Álvaro Uribe, pienso con sinceridad que el ex mandatario cada vez se ve más cercano a la cárcel. Su círculo más cercano políticamente ha ido paulatinamente cayendo fruto de las tramas de la narcopolítica. El conflicto entre intereses encontrados dentro del capital colombiano se decanta a favor del sector empresarial representado por Santos, Uribe ya no les hace falta. El enfrentamiento generado por Uribe a través de su twitter y su injerencia en la política venezolana no es más que una huida hacia adelante que no lleva a ningún lugar. Para los Estados Unidos Uribe ya no es ni útil ni necesario, lo que hace que sobre él recaiga la sombra de Manuel Antonio Noriega.
¿Cómo valora la Ley de tierras de Santos?
A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Santos para impulsar e implementar la restitución de tierras, si realizamos un balance desde enero del presente año -cuando se implementó la Ley- a hoy, llegaremos a la conclusión de que sus resultados son muy escasos. Sobre todo si tenemos en cuenta que se fijó como meta 160 mil hasta el 2014 en el Plan Nacional de Desarrollo.
La Ley de Tierras no será efectiva mientras exista una deficiente institucionalidad en el país, lo que sucede tanto a nivel local como nacional, y es la consecuencia de que una gran parte de esta institucionalidad fue capturada por las redes internas del narcotráfico durante la era uribista.
De igual manera, la impunidad existente en el país actúa como un elemento obstaculizador para la restitución de tierras. Bajo la estrategia del miedo, se han asesinado a decenas de líderes de la restitución, lo cual ha generado pánico entre los beneficiarios de dicha Ley.
Por último, está en marcha un proceso de extranjerización de tierras dado que el miedo de los desplazados a regresar a sus territorios, facilita la adquisición de tierras por parte del capital extranjero.
En resumen, si las cosas siguen así, la Ley de Tierras de Santos seguirá siendo muy poco efectiva, y reposará el sueño de los justos.
¿Se han tenido en cuenta a la comunidad indígena en la Ley de protección de víctimas? ¿Qué pasos se están dando?
La comunidad indígena es la gran olvidada de los procesos no solo en Colombia, sino en el conjunto de la región.
En el caso colombiano, las comunidades indígenas son afectadas de forma desproporcionada por el conflicto armado, generándose graves efectos de desplazamiento forzado, confinamiento, víctimas de minas antipersonal, masacres, homicidios, reclutamiento, entre otras cuestiones. Problemas como los derechos indígenas a la tierra y los recursos naturales, así como su participación en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, su cultura y sus territorios están sin resolverse y se carece de voluntad política para ello. Las enormes brechas existentes en ámbitos como los derechos económicos, sociales y culturales con respecto al resto de la población son evidentes y sonrojan a cualquier analista sobre la materia.
La precariedad en la que subsisten las comunidades indígenas colombianas reflejan la inoperancia de una legislación que pretende ser avanzada y progresista, pero nula respecto a su efectividad. Una vez más es visible la falta de voluntad política por parte de las instituciones responsables.
Los territorios indígenas en Colombia ocupan algo más de 30 millones de hectáreas, las cuales pertenecen a 710 resguardos titulados. Se tiene tierra pero no se tiene comida. Tan sólo el 7,68% (1.290 hectáreas) de estas tierras son aptas para el cultivo, y en ellas vive el 65% de población indígena. El territorio restante está en áreas de selva amazónica, sabanas de la Orinoquía y desierto en la Guajira. La pobreza indígena en Colombia se cuantifica en un 63% de su población.
¿Es favorable la relación con el exterior que mantiene Santos para la resolución del conflicto?¿Son Cuba y Venezuela tan determinantes?
Cualquier país que pretenda hacer una inserción inteligente en el sistema mundo globalizado de hoy, debe diversificar tanto sus relaciones exteriores como su comercio internacional. Seguir dependiendo del gigante del norte, el cual además agudiza por momentos su crisis existencial como imperio, es un suicidio para el futuro de cualquier país. En un mundo donde emergen nuevos países que están asumiendo un rol protagónico en el contexto internacional –BRIC más México y Sudáfrica-, un país con el potencial de Colombia debe entender sus relaciones internacionales con amplitud.
No fue Santos, fue Uribe quien llamó insistentemente a la comunidad internacional a intermediar en el conflicto armado interno. Países como Francia y Venezuela han tenido un rol destacado en diversos momentos en el ámbito de la negociación entre las partes en conflicto. Si se quiere actuar con el hígado, uno puede negar lo determinante o no de un país en materia de ayuda para resolver una guerra que se prolongo por más de cuarenta años en el país. Si un gobernante es inteligente, utilizará todos los recursos posibles para erradicar la lacra que significa para la sociedad colombiana seguir rehén de una guerra interminable que nada aporta ya para el bienestar y la construcción de un futuro común para Colombia.
Por último, unas preguntas a modo de cierre. ¿Hacia dónde cree que deben ir los pasos hacia la paz?
Se debe negociar, y eso significa que la negociación debe ser real, donde las partes tengan capacidad de generar marcos de entendimiento y concesiones tanto por un lado como por otro. Ni la insurgencia guerrillera es una organización en estricto sensu delincuencial, pues tiene su origen en una estructural injusticia social que sigue sin resolverse en el país, ni el gobierno tiene la legitimidad democrática e institucional existente en otros países. Ahí están los hechos relacionados con la parapolítica y las innumerables denuncias de violaciones de derechos humanos en el país.
Santos tiene en sus manos pasar a la historia como el mandatario que tuvo la inteligencia y la firmeza para pasar la página del conflicto armado en Colombia. Necesita entereza, sufrirá muchas presiones desde dentro y fuera del país. Personalmente dudo de su capacidad para enfrentar adecuadamente este asunto. Por su parte, tanto las FARC como el ELN, deberán valorar adecuadamente si tiene sentido su estrategia militar en la América Latina de hoy, y demostrarle al conjunto de la sociedad colombiana que no quedaron presas de las redes internacionales del narco.
Después de los gobiernos de derechas, ¿se está más cerca ahora de la paz? ¿Está Colombia preparada para la paz? ¿Se da la apertura de diálogo en un contexto adecuado?
Cualquier momento es bueno para hablar de paz. Esta ha sido una demanda histórica de la sociedad colombiana. No se ha llegado acá por la buena gestión de gobierno alguno, sino por el hartazgo existente en la sociedad colombiana. Ha corrido demasiada sangre ya en Colombia, esta es la parte que ni Uribe, ni los halcones del Pentágono, ni las redes del narcotráfico entienden.
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