Tan ansiado y glorioso día para el gobierno ecuatoriano fue retransmitido en señal abierta de satélite, mientras el presidente Correa aseguraba ante los medios de comunicación que este contrato era un hito histórico para América Latina dado que según sus cuentas, al Ecuador le quedaba un 52% de participación de la renta minera, mientras que Argentina o Perú apenas tienen el 35 y el 33% respectivamente.
Este “evento histórico” para la revolución ciudadana había sido empañado horas antes por ocho mujeres pertenecientes a diversos movimientos sociales que habían ocupado pacíficamente la embajada de China. La reacción gubernamental era previsible, y las ocho activistas fueron golpeadas y llevadas a la Policía Judicial.
¿Qué es el Proyecto Mirador?
El proyecto Mirador es un yacimiento minero que se ubica en la Cordillera del Cóndor, en la frontera con Perú. La zona es una de las más ricas en biodiversidad del Ecuador, y entre otros hallazgos, se registran 2.030 especies de plantas, 142 de mamíferos, 613 de aves, 9 de reptiles y 56 especies de sapos y ranas[2].
Mirador, uno de los cinco proyectos metálicos “estratégicos” identificados por el gobierno de Correa, recibirá una inversión de 1.830 millones de dólares en desarrollo de la mina y 6.910 millones de dólares en gastos operativos.
La explotación de sus minerales se hará extrayendo la roca a cielo abierto, generando un boquete cuya profundidad será al menos de 250 metros y su diámetro de 1,2 kilómetros, según datos de la misma empresa. Se prevé la extracción de 54.000 toneladas por día de roca, lo que generará un desecho cuantificado en al menos 326 millones de toneladas[3].
La minería industrial moderna no es otra cosa que extraer del subsuelo enormes cantidades de roca, las cuales contienen arsénico, azufre, cadmio, cromo y plomo, entre otros elementos químicos. La generación de ácido ocurre cuando la roca descartada y las colas contienen estos metales que quedan expuestos al agua y al oxígeno. El resultado no es otro que agua tóxica y contaminada, cual causará los daños más serios dentro del abanico de irresponsabilidades ambientales de la industria minera. La condición del Ecuador como país de pluviografía abundante y creciente por efecto del cambio climático, incrementara aun más estos impactos[4].
Cuando el discurso oficial de la transnacionales mineras dice que la tecnología actual les permite desarrollar sus actividades extractivas sin la utilización de productos tóxicos (cianuro y mercurio), discurso oficialmente incorporado por el Estado ecuatoriano, ignora intencionadamente que el principal impacto de la mega minería es el drenaje ácido de mina, el cual produce una contaminación que puede perdurar durante miles de años.
Una visión retrospectiva
Durante el primer año de gobierno de Correa el oficialismo combinó contenidos ambientalistas con una praxis contradictoria. En varias ocasiones el presidente Correa prometió que no daría paso a la explotación de recursos en ecosistemas sensibles y en caso de que no hubiera acuerdo con las comunidades locales, se planteó como mecanismo de resolución la consulta previa.
A la par que se caminaba en los primeros meses de gobierno los conflictos ambientales iban cobrando cada vez mayor importancia. Esta situación desembocó en el operativo represivo militar que se dio en Dayuma (provincia de Orellana) un día después de instaurarse la Asamblea Constituyente. Tras la humillación de la población local por efectivos militares, se encarceló a la prefecta de la provincia, Guadalupe Llori, la cual una vez liberada revalidó en las urnas su mandato con el apoyo popular de su pueblo.
La Asamblea Constituyente buscó regular la actividad minera bajo nuevos mecanismos jurídicos y de control, para lo cual se estableció el mandato minero. Mientras los indígenas criticaban la minería a gran escala, demandando el fortalecimiento de los mecanismos de consulta previa comprometidos por el gobierno, la mesa de recursos naturales bajo presión gubernamental eliminaba el carácter vinculante de dicha consulta[5].
En noviembre de 2008 la Ley de Minería es presentada en la Comisión Legislativa, mientras la CONAIE asumía el liderazgo de la movilización anti minera en el país. La minería se convertía así en uno de los ejes fundamentales de la agenda política ecuatoriana.
La presión gubernamental hizo que la Comisión de Legislación, compuesta por asambleístas carentes de capacidad de crítica, aprobase la nueva Ley de Minería. Mientras las protestas sociales se multiplicaban, de forma paralela el aparato de propaganda gubernamental ponía su punto de mira sobre el movimiento indígena. A partir de entonces se acuñan las estrategias de desprestigio sobre sus dirigentes: se les llama “ponchos dorados” y se empiezan a fraguar las primeras acusaciones de que están al servicio de intereses extranjeros.
A mediados de marzo de 2009 la CONAIE presenta una demanda de inconstitucionalidad a la Ley, demanda que como era de prever fue rechazada por una Corte Constitucional muy cuestionada por sus vinculaciones al aparato oficialista.
Inmediatamente después aparecía otro elemento de tensión entre indígenas y el gobierno de Correa: la nueva Ley de Uso de Recursos Hídricos, popularmente conocida como la Ley de Aguas.
En esta ocasión y ya escarmentados por las circunstancias anteriores, el movimiento indígena denunció desde el primer momento varias argucias jurídicas que se encontraban en la Ley, a la par que la cuestionaba por no estar acorde con el principio constitucional que prohíbe la privatización del agua. Además dicha Ley abría la posibilidad de que se modificase el orden de prioridad para el uso del agua en base al interés nacional, con lo apuntaba a que las actividades extractivas se sobrepusiesen sobre las prioridades de las comunidades.
La cerrazón gubernamental provocó que en septiembre del 2009 la CONAIE convocaba un levantamiento a nivel nacional. La movilización paralizó la iniciativa gubernamental, era la primera vez que el presidente Correa tenía que rectificar desde su poltrona presidencial, aunque tuvo como costo el fallecimiento del Bosco Wizuma cuando se movilizaba contra la iniciativa gubernamental.
Prepotencia y consecuencias
Aunque fueron anteriores gobiernos neoliberales los que definieron un marco legal e institucional que permitiera la inversión extranjera en el sector minero, es el gobierno de Correa el primero que convierte a la mega minería en una actividad estratégica que marque impronta sobre el futuro modelo de desarrollo ecuatoriano.
El objetivo es claro, en la medida en que el Ecuador alcanza el pico de Hubbert[6] o cénit de su petróleo, la intencionalidad gubernamental es sustituir un extractivismo por otro.
Así se llega al momento actual: la firma del contrato entre ECSA y el Estado ecuatoriano con una fuerte oposición social, de manera especial en la zona afectada. En menos de sesenta días se firmará el contrato con Kinross para explotar el yacimiento Fruta del Norte, otra nueva fuente de conflictos que se avecina.
Más allá de la resistencia indígena y de los pobladores de la zona, el contrato de ECSA abrió muchas interrogantes entre la población ecuatoriana. Básicamente estas consisten en: ¿Por qué Ecuador, situado en el puesto 120 del Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparency Internaciotional[7] firma un contrato con la transnacional china sin aclarar las 17 irregularidades que la Contraloría ecuatoriana indica en la concesión?
Efectivamente el gobierno firmó el contrato para la explotación del proyecto Mirador sin resolver las 17 dudas que la Contraloría General tiene sobre la concesión. Los auditores de la Contraloría encontraron desde errores geográficos en la delimitación de la concesión hasta problemas administrativos que involucran a la extractiva y a los ministerios del Ambiente (MAE) y de Recursos no Renovables. Otras observaciones indican que 1.447 hectáreas del área concesionada están dentro del Bosque Protector Cordillera del Cóndor, sin embargo la empresa tiene a su favor un certificado emitido por el MAE donde se asegura que el proyecto Mirador “no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.
Otro problema grave es la posible afectación a las fuentes y nacientes de agua: se identificaron 227 fuentes en la concesión. Según la Contraloría, la existencia de estas fuentes de agua es razón para que la concesión se extinguiese.
El 27 de julio de 2010, el MAE aprobaba la auditoría ambiental señalando algunas No Conformidades Menores al cumplimiento del plan de manejo ambiental. La Contraloría no las menciona, pero sí enumera ocho problemas que los técnicos del ministerio no detectaron. Entre ellos: “No se detalló de manera específica las especies existentes en el lugar ni se realizó un monitoreo de la flora y fauna del proyecto”. Tampoco se “realizó el control de la disposición final de los residuos”.[8]
La respuesta presidencial se daba el 10 de diciembre de 2011 cuando el presidente Correa indicaba: “Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, (…) los que nos hacen perder tiempo también son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que se vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomio”[9].
Con todos estos ingredientes arrancaba el 8 de marzo la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos desde el cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, zona de afectación de la explotación minera. Los movimientos sociales habían convocado de forma paralela movilizaciones en las principales ciudades ecuatorianas.
El oficialismo concentraba sus fuerzas en la capital del país, utilizando el día de la mujer como escusa para que desde los ministerios se convocaran a los seguidores del régimen. Unas veinte mil personas juntó el oficialismo, trayendo a gran parte de los convocados en buses financiados por las gobernaciones y con compromiso de suministro de desayuno, comida y 20 dólares como pago. Bajo el lema de “No pasaran”, el correísmo ponía en uso las mismas practicas desarrolladas por el franquismo para llenar la Plaza de Oriente de Madrid cada 20 de noviembre mientras vivió el dictador. En oposición, movimientos sociales y organizaciones de la izquierda política convocaban ese mismo día a unas siete mil personas a una manifestación en solidaridad con las reivindicaciones de la Marcha.
El presidente Correa en el mitin central de la movilización oficialista ironizaba sobre la marcha indígena, definiéndola como un fracaso. Allí, el primer mandatario bailó y cantó junto a su canciller Ricardo Patiño, quien se encuentra altamente cuestionado tras el descubrimiento en Italia de 40 kilos de cocaína en la valija diplomática ecuatoriana.
En efecto, la marcha arrancó con tan solo 300 personas en el cantón El Pargui, aunque el apoyo fue multitudinario a su paso por Yanzatza y su llegada a Zamora. Al día siguiente, los marchantes caminaron a Loja y la entrada a la capital sureña fue protagonizada por 2.000 personas. Por último, en el día de ayer eran 2.500 las que llegaban a Saraguro, siendo recibido por un pueblo en fiestas.
De forma paralela, la ciudad de Cuenca, tercera ciudad en número de habitantes del país, protagonizaba una movilización contra la minería a gran escala y en solidaridad con los marchantes que llegarán allá el próximo lunes, alcanzando más de quince mil manifestantes. Las contramanifestaciones oficialistas apenas llegaron a juntar los 2.500 convocados.
Esa misma mañana un desencajado Rafael Correa anunciaba con claro talante xenófobo durante su enlace sabatino que “el 22 nos vemos centenas de miles en Quito, si ellos son 500 nosotros seremos 5.000. No permitiremos que la izquierda infantil, con plumas, con ponchos, desestabilice ese proceso de cambio”.
Así las cosas, mientras la marcha indígena y las expresiones de solidaridad con esta crecen gota a gota como un torrente, la intolerancia que esta genera desde las estructuras de poder también crecen de forma paralela.
[1] El consorcio CRCC-Tongguan es una filial de las empresas chinas Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd y Railway Construction Corporation Limited, se abrió la puerta a la era de la mega minería en el Ecuador.
[2] Datos extraídos de la revista Tierra Incognita No.36.
[3] Estudio Impacto Ambiental Ampliatorio Proyecto Mirador, Ecuacorriente SA – Terrambiente C. Ltda, pag 11.
[4] Sacher, William y Acosta, Alberto. La minería a gran escala en Ecuador. Abya Yala. Quito, 2012. Pag. 77.
[5] Martínez, Mateo. El Cascabel del Gatopardo. FLACSO-Abya Yala. Quito, 2011. Pag. 99.
[6] La teoría del pico de Hubbert, también conocida como cenit del petróleo, petróleo pico o agotamiento del petróleo, es una influyente teoría acerca de la tasa de agotamiento a largo plazo del petróleo, así como de otros combustibles fósiles
[7] Ecuador aparece en el puesto 120 de 182 países clasificados. Su puntuación global es 2’7, más cercana al 1’0 del último país de la lista, Somalia, que al primero, Nueva Zelanda con 9’5.
[8] http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=3048705&idcat=19308&tipo=2
[9] Cita del president Rafael Correa en la ciudad de Macas, 10 de diciembre de 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario