A pesar de la normalización de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia el pasado mes de diciembre y la nueva imagen que pretende desarrollar el gobierno del presidente Santos, la situación de violencia interna en Colombia sigue generando el incremento constante de desplazados forzosos en territorio ecuatoriano.
El pasado 20 de diciembre el presidente Rafael Correa recibió en Quito al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el ex presidente portugués Antonio Guterres, con el fin de analizar la temática de los refugiados colombianos en el país.
Ecuador es el país con mayor número de refugiados en América Latina, registrando oficialmente unas 53 mil personas colombianas con ese estatus (el 98% de los refugiados existentes en el país), tras un proceso acelerado de registro desarrollado por el gobierno de Correa entre marzo del 2009 y abril del 2010 denominado Sistema de Registro Ampliado. Sin embargo, diversos estudios desarrollados por organizaciones no gubernamentales estiman que el número de refugiados se eleva en realidad a unas 135 mil personas, lo cual indica que a pesar de los esfuerzos gubernamentales aun faltaría más de la mitad de refugiados por regularizar, dado que el proceso tan sólo se desarrolló en las tres provincias fronterizas del norte del país.
Se estima que el 60% de la población refugiada en territorio ecuatoriano vive en zonas urbanas –aproximadamente 40.000 en Quito- y la mayoría del 40% restante permanece en torno a la frontera con Colombia, en regiones poco desarrolladas y aisladas, con limitados servicios básicos y carentes de infraestructuras.
Según el ACNUR, la situación paulatinamente empeora dado que se registra un flujo creciente de entrada de población refugiada, unas mil personas al mes, por la frontera con Colombia. Es por ello que Guterres ha levantado la voz de alarma ante los propios refugiados colombianos en su visita a la frontera norte: “Quiero apelar a la comunidad internacional para que dé más apoyo para mejorar la vida de vosotros”.
La migración forzosa de miles de colombianos que todos los meses escapan de la guerra, los secuestros, los “falsos positivos” y los abusos de grupos armados y del Ejército, genera que el Estado ecuatoriano se vea imposibilitado de asegurar sus necesidades básicas a pesar de una política voluntarista en ese sentido.
Consultado por Diagonal, el ministro saliente de Seguridad Interna y Exterior ecuatoriano, Miguel Carvajal, declara: “La nuestra es una política de brazos abiertos, solidaria, pero implica gastos en salud, educación y energía. Calculamos que, por año, sólo en lo que tiene que ver con refugiados, Ecuador invierte entre 39 y 50 millones de dólares”. Por si esto fuera poco, al problema de refugiados se le suma el problema de seguridad interna que implica para Ecuador su situación fronteriza con Colombia, 700 kilómetros de frontera de los cuales el 80% es zona selvática de difícil control. Dichos gastos en seguridad y equipamiento militar ha aumentado sustancialmente desde que el primero de marzo de 2008 el país fuera agredido en una operación militar colombiana contra un campamento clandestino de las FARC en Angostura, zona selvática a 1.800 metros de la frontera con Colombia (en la llamada Operación Fénix, el operativo militar colombiano con apoyo logístico de los EEUU asesinó a 22 guerrilleros insurgentes mientras dormían, incluyendo el segundo comandante en rango de las FARC, Raúl Reyes). Según Carjaval, desde entonces “Ecuador mantiene una presencia militar de 10 a 11 mil efectivos, lo que significa al menos 100 millones de dólares al año”, y prosigue, “la frontera norte de Ecuador ha visto agravarse los problemas de seguridad, el tráfico de armas, el narcotráfico, porque hay cerca de 30.000 hectáreas de cultivos de coca frente al Ecuador, y su procesamiento requiere de laboratorios, muchos instalados en la misma frontera, a ambos lados”.
Según denuncia a Diagonal Oswaldo Padilla, refugiado colombiano ubicado en el poblado fronterizo de Mataje: “Vivimos en un territorio que a pesar de ser Ecuador, sufre el azote de la guerra civil existente en nuestro país, la frontera es frecuentemente violada por los grupos armados –FARC, ELN y paramilitares- que se disputan el control del territorio en el sur del departamento colombiano de Nariño. A pesar de la inseguridad a la que seguimos sometidos, el documento de identidad de refugiado ha sido una bendición para nosotros; ahora se lo podemos enseñar a la policía ecuatoriana para que vea que somos legales en este país y respeten nuestros derechos”.
A pesar de ello, el Comité contra la Tortura de la ONU denunció en un dictamen presentado en Ginebra el pasado 19 de noviembre, “continuos abusos y actos de violencia contra la población civil, en particular solicitantes de asilo y refugiados de nacionalidad colombiana, por parte de grupos armados ilegales y miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas”, en zonas de frontera. En el ámbito de responsabilidad de Ecuador, el informe da cuenta de “agresiones sexuales a refugiadas y solicitantes de asilo, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas ecuatorianas”; y aunque reconoce que no es la política impulsada desde el gobierno, en la práctica “mujeres y niñas, en su gran mayoría de nacionalidad colombiana, serían acosadas sexualmente y amenazadas” por los uniformados.
Voluntarios del Servicio Jesuita a Refugiados que trabajan en la zona manifiestan que: “En el caso de las mujeres existe violencia multiplicada, por una lado la proveniente del mismo Plan Colombia del que huyen, por otro su inseguridad económica, a su vez la violencia intrafamiliar a las que muchas están sometidas y por último el acoso a la que están sometidas por determinados miembros de los cuerpos de seguridad”.
Si bien no existen estudios fiables sobre la violencia sexual a la que están sometidas las refugiadas colombianas, un informe desarrollado por UNICEF en el año 2003 ya indicaba que “la explotación sexual en la zona de frontera, particularmente en la provincia de Sucumbíos, por la presencia de trabajadores petroleros y militares, así como en la provincia de Esmeraldas por la presencia del turismo, es una realidad”, y existen redes de explotación que están utilizando a menores de edad y aprovechando la particular situación de vulnerabilidad que viven las mujeres colombianas en la zona de frontera. En este sentido, un estudio desarrollado por la Fundación Esperanza en el año 2004, denominado “Naturaleza y Entorno de la Explotación Sexual de Niñas y Adolescentes en el Ecuador” señala que ya en esas fechas existían 25.000 trabajadoras sexuales, de las cuales un 20% eran adolescentes de entre 15 y 17 años. Según fuentes policiales consultadas, todos los indicadores apuntan a que “dicha situación ha ido creciendo con los años”.
Según Melardo Acosta, afrocolombiano refugiado irregular, “No solamente nuestras mujeres están sometidas a la explotación laboral, muchos de los hombres trabajamos en condiciones lamentables y con salarios de miseria en las camaroneras que están destrozando los manglares, en las madereras y en las plantaciones de Palma Africana en la zona de frontera”. Según indica un miembro de las comunidades afroecuatorianas que resisten el avance de las palmicultoras en la provincia de Esmeraldas, y que nos manifiesta su voluntad de anonimato: “La consecuencia del avance de las palmicultoras no solamente está generando explotación laboral, acentuada en el caso de los refugiados colombianos, sino extensión del monocultivo con una especie extraña a la zona y de gran impacto ambiental; pero además estas empresas en muchos de los casos están vinculadas al sicariato y al narcotráfico y por extensión a paramilitares colombiano. Estos compran las tierras a los pequeños propietarios locales -ejerciendo en muchos casos presiones y amenazas- a través de testaferros, transformando nuestras formas de vida, desplazando a la población afro de sus territorios ancestrales y comprando incluso voluntades políticas locales”.
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