La corrupción policial guatemalteca, pendiente de la justicia española

JUNTO AL EX MINISTRO VIELMAN, HAY NUMEROSOS CARGOS POLÍTICOS Y POLICIALES ACUSADOS

Por Decio Machado

Carlos Vielman está acusado de delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita por las muertes de siete reos en 2006 y de tres diputados salvadoreños en 2007.

Desde el 13 de octubre, Vielman, ex ministro del Interior guatemalteco, está en una prisión española, a la espera o no de su extradición a Guatemala. Un principio básico internacional en las extradiciones es que los ciudadanos con nacionalidad del país donde son detenidos se juzgan allí. Y Vielman tiene ciudadanía española, por lo que es muy posible que no sea extraditado, sino juzgado en el Estado español.

El ex ministro del interior Carlos Vielman aparece imputado, al menos, en dos casos emblemáticos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales. En septiembre de 2006 fueron asesinados siete reos en la Granja de Rehabilitación Pavón en Guatemala. La versión oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) es que los fallecimientos fueron resultado del intercambio de disparos entre policías y amotinados. Sin embargo, las declaraciones de 60 testigos presenciales indican que los reclusos murieron por disparos a quemarropa de miembros de la PNC encapuchados, los cuales antes los habían torturado.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) –dependiente de la ONU– investiga este caso desde primeros de 2009 y ha solicitado entre otras la captura de Vielman. Entre la lista de implicados destacan también el ex ministro de Gobernación, Alejandro Giammettei –candidato a las últimas elecciones presidenciales y detenido hace dos meses en Guatemala tras negarle el asilo político el Gobierno de Lobo en Honduras– y Edwin Sperisen, ex director de la PNC –en la actualidad en paradero desconocido.

Según declaró a DIAGONAL Nelson Villarroel, jurista cercano a la Cicig, “la acusación original del Ministerio Público se planteó contra los hermanos Henry Danilo y José Luis Benítez Barrios, integrantes de un grupo especial de la PNC que participó en el operativo. Pero, como suele ser habitual en este tipo de casos en nuestro país, ambos fueron acribillados en una gasolinera de la zona 11, en junio de 2008”. En septiembre de 2010 fueron asesinados también otros dos testigos, Anthony Alexander Cruz García y Sindy Janeht Alvarado, colaboradores de la Cicig en la investigación.

Asesinato de diputados

En febrero de 2007 tres diputados salvadoreños, William Pichinte, Eduardo D’Aubuisson y Jorge González, del Parlamento Centroamericano (Parlacen) fueron secuestrados, torturados y posteriormente asesinados por miembros de la PNC guatemalteca cuando iban en sus vehículos hacia el Parlacen, en Ciudad de Guatemala.

Los cuerpos de los tres diputados salvadoreños, del partido ultraconservador Arena, aparecieron calcinados, al igual que el cadáver de su chófer, en las afueras de la capital guatemalteca. Horas después fueron detenidos cuatro policías de un grupo especial de la PNC como responsables directos de las ejecuciones y trasladados a un penal de alta seguridad donde fueron asesinados violentamente por un grupo de exterminio que operó con toda impunidad dentro de prisión.

Las investigaciones sobre el caso demuestran que los diputados arenistas, entre los que destaca uno de los hijos del ya fallecido Roberto D’Aubuisson –máximo dirigente de los escuadrones de la muerte salvadoreños y fundador de Arena–, llevaban un importante alijo de droga en su coche aprovechando la ausencia de control sobre los coches y personas pertenecientes al órgano legislativo centroamericano. Esta situación provocó que bandas organizadas en coordinación con miembros de la PNC hubieran articulado el asesinato de los diputados con el fin de hacerse con el clandestino cargamento de estupefacientes.

El juicio de este caso comenzó el 21 de octubre en Guatemala. En su primera declaración, el ex diputado Manuel Castillo, también entre los acusados, declaró: “Quienes los cuidaban eran policías, quienes los secuestraron eran policías y quienes los mataron eran policías, díganme qué hago yo aquí. Quienes deberían estar acá son el ex ministro de Gobernación (Carlos Vielman), el ex director de la Policía (Erwin Sperisen) y el ex director de investigación (Javier Figueroa). Ellos dirigían el grupo de ejecuciones en la Policía”.

Quien conoce Guatemala no necesita tener mucha imaginación para atar cabos entre redes de narcotráfico, grupos paramilitares, narcopolítica, sicariato y PNC. Según Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización de derechos humanos: “Todo esto indica que esas organizaciones criminales son manejadas desde muy altas esferas”. La existencia de mafias organizadas en la PNC ha sido reiteradamente denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos, pero “nunca ha pasado nada”.

Redes de corrupción en PNC

Para Polanco, durante el actual Gobierno de Colom la estrategia de “aparentar hacer algo, pero no hacer nada” ha sido aplicada repetidas veces. A mediados de enero de 2008, días después de conformarse su Gobierno, 269 agentes de la PNC fueron despedidos por actos de corrupción. El entonces ministro de Interior, Vinicio Gómez, explicó que la destitución era un claro mensaje a los miembros de la Policía implicados en corrupción. Entre los destituidos se incluían cinco comisarios, ocho inspectores y varios oficiales. “La finalidad es devolver la credibilidad a la institución, blanco de denuncias de corrupción y de limpieza social”, afirmó entonces Gómez.

Para Claudia Miracán, del movimiento indígena guatemalteco, “las medidas de Colom tampoco pueden ser calificadas de muy novedosas o valientes. En el Gobierno anterior de Óscar Berger, en el cual Vielman, Giammetei o Sperisen ocuparon altos cargos, fueron destituidos al menos 2.245 agentes de la PNC por diversos delitos similares, nunca nada cambió y ellos eran la cabeza real de la corrupción interna en la PNC”.

A primeros de marzo de este año, la Cicig, en coordinación con las autoridades del país centroamericano, desarticuló “una estructura criminal” incrustada en la PNC dirigida por su propio director. Según fuentes cercanas a la policía, la forma de operar de esta red era simple gracias a la información que manejaba la policía. Robaban armas y droga, para luego venderlas a diversos grupos de narcotráfico dentro y fuera del país.

A Baltazar Gómez ya se le abrió una investigación en 2002, cuando un comando armado robó 1.604 kilos de cocaína de las bodegas del Departamento de Operaciones Antinarcóticas, incluso se le destituyó y luego fue reinstalado por no haber pruebas en su contra. Gómez fue nombrado director de la PNC el 7 de agosto de 2009 –en el Gobierno de Colom– en sustitución de Porfirio Pérez Paniagua, a quien también se detuvo por sindicación del robo de droga y dinero del narcotráfico. Incluso, el propio presidente Colom ha sido acusado en varias ocasiones de recibir financiación de estos sectores, pero nunca ha sido probada ninguna de estas acusaciones.

“El PNC al descubierto”

En marzo era desestructurado un grupo criminal en la propia PNC, con la implicación de altos cargos policiales. Según el jurista español Carlos Castresana, entonces jefe de la Cicig: “Con esas capturas quedó al descubierto que el director de la PNC, Baltazar Gómez, la principal responsable del combate del tráfico de estupefacientes, Nelly Bonilla y el oficial Fernando Carrillo, destacado en la Dirección de Puertos y Aeropuertos de esa institución, formaban parte de la cúpula responsable de varios robos de droga”.

Publicado en el periódico Diagonal, 15 de noviembre de 2010