El alto coste público de la operación de rescate de los clientes abandonados por la compañía contrasta con la baja inversión inicial destinada por sus promotores.
Si el Ministerio de Fomento hubiera querido montar una aerolínea de bajo coste como Air Madrid, podría incluso haberse ahorrado dos millones de euros con respecto a lo que le han costado los 16 vuelos y 4.000 repatriaciones que, tan sólo en diciembre, ha tenido que atender tras la suspensión de las actividades de la aerolínea.
Según informaba el periódico económico Negocio, Air Madrid se constituyó con un capital social de 4,5 millones de euros. Los operativos de rescate ya le costaban al erario público al cierre de esta edición un tercio más de esta cantidad: hasta seis millones y medio de euros, tal y como anunció la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.
A finales de 2004, cuando renovó su licencia de explotación como compañía de transporte aéreo de categoría A, Air Madrid tan sólo disponía de 2,4 millones de euros. Una cifra insuficiente para acometer un nuevo ejercicio fiscal e inferior a su deuda en ese momento. Al cierre del ejercicio de 2004, Air Madrid podría haber quedado liquidada con la ley en la mano si no realizaba con urgencia una ampliación de capital. A pesar de ello, la dirección de Aviación Civil dependiente del Ministerio de Fomento le concedió la licencia por otros cinco años más.
En ese momento, la compañía aérea contaba con un capital social suscrito de 4,5 millones de euros, aunque sólo estaban desembolsados 1,5 millones. Con ese capital inicial Air Madrid ya había conseguido la licencia que le permitió operar, según fuentes de la compañía citadas por el citado diario.
Con semejantes vaivenes, resulta poco extraño que la compañía haya tenido una trayectoria fugaz. Inició operaciones en mayo del 2004 con una flota de dos aviones. Entre sus planes se encontraba terminar 2007 con 17 aeronaves, además de cotizar en bolsa a mediados de este recién iniciado año.
Como parte de su estrategia de combinación de negocios, el grupo Optursa, propietario de la compañía y cuyo presidente es José Luis Carrillo, planeaba comprar un hotel en cada una de las localidades de destino de los vuelos de Air Madrid. En noviembre de 2006, el grupo turístico hotelero contaba ya con 51 propiedades, tras una operación en junio donde se hizo, por 150 millones de euros en subasta, con 10 establecimientos de la cadena hotelera británica Acorn situados en Baleares, y poco después con otros tres situados en Managua, Buenos Aires y Brasil. Así la red de hoteles abarcaba Suiza, Bélgica, Nicaragua, Argentina y Brasil, más allá de los situados en el Estado español.
Los 4.500 empleados bajo el paraguas del conglomerado empresarial de Optursa carecen de representación sindical. Según han declarado a diferentes medios de comunicación algunos de sus empleados, la afiliación sindical es motivo de despido.
El corto trayecto de la aerolínea no pudo tener peor final. La compañía deja colgados a 300.000 viajeros con reservas de billetes, de los cuales 130.000 ya estaban en sus destinos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a finales del pasado mes una investigación por posible fraude en la venta de billetes “con conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar”. Las denuncias, desde Europa, América Latina o el propio Estado español arrecian, mientras los bancos consideran a Air Madrid en situación técnica de insolvencia.
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