Negociaciones de paz: enemigo ubicuo

Por Decio Machado

La llegada de Gustavo Petro al Palacio de Nariño ha permitido reactivar -casi cinco años después de su suspensión- el diálogo político entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberal Nacional (ELN), la última guerrilla ofialmente en armas en el país, en busca de un acuerdo de paz.

Apenas dos meses después de su investidura, el presidente Petro y varios dirigentes del ELN anunciarían que se reanudan los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el grupo insurgente. Así las cosas y mientras Antonio García, primer comandante del ELN, manifestaba su optimismo declando públicamente que “la confianza que tenemos ahora es que hay un viraje en la política de paz”; Danilo Rueda, alto comisionado para la paz, optaba por posiciones más pragmáticas: “partimos de lo ya existente, de lo ya pactado, no nos estamos inventando nada”.

Antededentes inmediatos

El proceso de diálogo entre el Ejecutivo colombiano y el ELN tuvo extraoficialmente su arranque en marzo del 2016 en Caracas, auspiciado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, haciéndose público y oficial a partir de enero del siguiente año en Ecuador con Noruega como país garante, sumándose posteriormente Cuba y Venezuela. Santos buscaba tras los acuerdos de paz firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 24 de noviembre de 2016, proseguir un proceso similar con el ELN que tuviera frutos antes de agosto de 2018, fecha de finalización de su mandato.

Sin embargo y pese al antecedente con las FARC, el proceso de negociación con los elenos fue más lento de lo que se esperaba y terminaría siendo heredado por el gobierno de Iván Duque, pupilo político del gran crítico con estos acuerdos Álvaro Uribe. A los seis meses de gobierno, Duque desconocería los protocolos anteriormente firmados por el gobierno de Colombia con el ELN y países garantes, quedando suspendidas dichas negociaciones tras la explosión de un carro bomba en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional en Bogotá.

Vuelta a las negociaciones

El proceso actual, en realidad significa para el ELN su tercera apuesta por llegar a un acuerdo que permita su desmovilización militar. Más allá del episodio ya mencionado, en los años noventa esta guerrilla, agrupada entonces en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar junto a las FARC - EP y el Ejército Popular de Liberación (EPL), intentaron de forma fallida llegar a un acuerdo con el gobierno de César Gaviria. Posteriormente, aunque ya en la sombra, se mantuvieron diálogos -no negociaciones- con los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana entre los años 1994 y 2002.

La primera ronda de estas retomadas negociaciones de paz tuvieron lugar en un hotel del Cerro Ávila, en las afueras de Caracas, y cuyas delegaciones de ambas partes fueron encabezadas por Otty Patiño -exguerrillero del M-19 y amigo personal del presidente Petro- y Pablo Beltrán -miembro del Comando Central del ELN- y cuyo nombre real es Israel Ramírez Pineda.

En la agenda inicial están los puntos que ya antaño comenzaron a tratarse: participación de la sociedad en la construcción de paz, democracria para la paz, transformaciones para la paz, víctimas del conflicto, fin del conflicto armado e implementación del posible acuerdo.

En la actualidad además de los actuales países garantes, la Iglesia y las Naciones Unidas, se le ha extendido la invitación a sumarse a dicho proceso a Brasil, Chile y México y se les ha abierto la puerta abierta también a otros países europeos e incluso a los Estados Unidos. Todo ello en un contexto en el cual el peso de las izquierdas en los gobiernos latinoamericanos ha crecido notablemente en los últimos años, a la par que  los demócratas recuperaron la Casa Blanca.

El fin de esta primera fase de negociaciones tuvo lugar el pasado 12 de diciembre, con una declaración conjunta donde se reconocen cuatro acuerdos iniciales: acuerdo parcial sobre “acciones y dinámicas humanitarias” aplicables a partir de enero del próximo año en Bajo Calima -Departamento del Valle del Cauca- y Medio San Juan -en el Chocó-; un plan de “atención de emergencia humanitaria a un grupo del presos políticos” elenos recluídos en diferentes cárceles del país; y, la liberación paulatina de secuestrados -suman ya una veintena desde la llegada de Petro a la Casa Nariño- por parte de la guerrilla.

Apenas una semana después, el ELN anunciaría un “cese al fuego unilateral” durante el período de Navidad y fin de año en territorio colombiano. En paralelo, voceros gubernalmentales pasaban a notificar sobre un “plan de abastecimiento y atención humanitaria” para miles de personas afectadas por el conflicto armado en los departamentos del Choco y Valle del Cauca. Todo ello pese a que la guerrilla e incluso el Ejecutivo desconfían de que pueda darse alguna operación militar durante dicho período que desembocara en una escala militar del conflicto.

Respecto a los militares cabe señalar que su participación en el proceso se da de la siguiente manera: cuatro militares activos tiene el estatus de observadores de la negociación y dos militares retirados forman parte del equipo de negociación. La estrategia petrista parte de la premisa de que el rol de los cuadros militares en la negociación auspiciada por Juan Manuel Santos con las FARC - EP fue fundamental, pese a las tensiones internas que se originaron en la institución militar, al momento de alcanzar acuerdos definitivos. Tras la primera fase de negociación entre gobierno y elenos, se evidencia que existen fuertes tensiones en las filas militares y que estas, al igual que antes, es fundamental que sean controladas por el Ministerio de Defensa y la institucionalidad en su conjunto.

Ambas partes negociadoras, optimistas respecto a la evolución del proceso, volverán a sentarse -en esta ocasión en territorio mexicano- a partir de enero para arrancar con la segunda ronda de negociaciones. Pendiente queda al respecto, la invitación hecha por los equipos negociadores y avalada por los países garantes para que Estados Unidos se una al proceso de paz. Hasta el momento desde Washington se ha guardado silencio, pese a que fuentes extraoficiales indican que la administración Biden tiene “mucho interés” y espera un mayor avance en las negociaciones antes de anunciar su respaldo al respecto.

Sin duda el rol de Estados Unidos en estas negociaciones es importante, dado que existen varios expedientes judiciales abiertos por la justicia de dicho país contra miembros de la guerrilla a los que se les vincula a redes internacionales de narcotráfico. 

El nuevo gobierno colombiano recibió el país en una situación crítica y de fortalecimiento de los grupos armados a nivel nacional. Es por ello que más allá de estas negociaciones, Gustavo Petro es consciente que para llegar al objetivo de la anunciada “Paz Total”, su administración debe sentarse también con los grupos rebeldes disidentes del acuerdo con las FARC - EP e incluso con otros grupos armados que operan en el país disputandose el control de la producción y el tráfico de cocaína.

Como respuesta a esta invitación gubernamental al diálogo y a la negociación, cerca de veintidos grupos de diversa capacidad militar manifiestan interés en acogerse a esta medida -entre ellos el Estado Mayor Central, La Segunda Marquetalia e incluso el Clan del Golfo- y respecto a lo cual la administración Petro recientemente anunció el cese multilateral al fuego con cerca de una decena de ellos.

En resumen, la apuesta petrista por la “Paz Total” pasa por tres riesgos donde se combinan asuntos de carácter territorial, socioeconómico y de derechos humanos: en primer lugar y más allá de las disputas entre grupos armados y el Estado, las disputas territoriales entre distintos grupos armadas por el control de determinadas zonas revela la necesidad de establecer estrategias complementarias aun no visibles por parte del gobierno; en segundo lugar, las medidas implementadas para reducir los asesinados de líderes y lideresas sociales en las zonas de conflicto hasta el momento siguen sin mostrar efectividad; y por último, los territorios donde se implementan los acuerdos de paz y los municipios afectados deben gozar de oportunidades y alternativas para su desarrollo que hasta ahora no se operativizan.

Sin embargo y más allá de lo anterior, el principal reto que deberá afrontar el gobierno de Petro es el político, y la utilización de la violencia como mecanismo de desestabilización social en el país durante su mandato por parte de fuerzas y sensibilidades políticas ultraconservadoras.