Ecuador ante un nuevo ciclo político

Tras la Consulta Popular del 4 de febrero

Por Decio Machado

El pasado 4 de febrero el pueblo ecuatoriano decidió terminar con la hegemonía correista que dominó el país durante los últimos 11 años. Dos de cada tres ecuatorianos votaron a favor de las preguntas de la Consulta Popular impulsada por el Gobierno Nacional en una lógica de disputa auspiciada por el ex mandatario Rafael Correa, produciéndose por primera vez en la historia un rechazo ciudadano mayoritario a los postulados políticos del ex mandatario. Hasta entonces -mediante consultas populares, plebiscitos, referéndums y elecciones- el ex presidente Correa había llegado a acumular en tan solo diez años doce victorias consecutivas en las urnas.

De las siete preguntas impulsadas desde el Ejecutivo, las tres primeras tenían relación directa con el correísmo, abordando temáticas como:

• La supresión de derechos políticos a culpables de corrupción, lo cual afecta a un número cada vez mayor de altos funcionarios que formaron parte del núcleo de poder del antiguo régimen –son ya una decena de ex ministros correista los que se encuentran imputados en distintas causas y este número seguirá en aumento- y que podría terminar afectando al mismo Rafael Correa;

• La eliminación de la enmienda constitucional aprobada en la última fase del gobierno anterior por la cual implementaba la reelección indefinida en los cargos de gestión pública a partir de 2021 y que permitía a Correa volver a presentarse, tal como era su intención, en los próximos comicios presidenciales;

• Y, la recomposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –popularmente conocido como el quinto poder constitucional-, cuyos miembros designaban a parte de los titulares de las instituciones del país, lo cual se le permitió al aparato correista seguir manejando la estructura del Estado más allá de que el ex mandatario ya no ocupara el sillón presidencial.

¿Qué fue el correísmo?

Comprender la situación actual del Ecuador conlleva entender que es lo que fue esto que se ha definido como correísmo y el por qué ha dejado de ser funcional en este momento para las élites ecuatorianas.

Desde 1997, a partir del gobierno de Abdalá Bucaram, Ecuador inauguró una etapa de crisis institucional permanente que hizo que ningún presidente elegido desde entonces en las urnas lograra terminar su mandato. Evidentemente esto generaba gran inestabilidad política y se convirtió en un factor de desequilibrio importante respecto a una política de inversiones que se hacía cada vez más urgente y necesaria para la modernización capitalista que el país debía afrontar tras la crisis financiera vivida en los años 1999-2000.

A la entrada del presente siglo la economía mundial se estabilizó superando las varias e importantes crisis sufridas en diversos países del mundo –México y Venezuela (1994), Tailandia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Corea del Sur… (1997), Rusia (1998) o Argentina (2001)-, lo cual permitió a la economía internacional mejorar su desempeño, con crecimientos entre el 4% y el 6% al iniciar la década, hasta la llegada de la crisis financiera global de 2008.

De igual manera, desde 2003 los precios de los commodities aumentaron por los efectos de huracanes, como el Katrina, en instalaciones petroleras; el crecimiento en la economía de los países emergentes y en los industrializados; y, particularmente, por el auge de la industria de la construcción, que terminó en una burbuja especulativa, que al reventar hizo que los inversionistas vuelquen su interés a mercados especulativos tales como el oro y el petróleo, causando una sobre demanda artificial que hizo subir el precio del crudo a un máximo de 147,27 dólares por barril en julio de 2008.

En ese contexto, el crudo ecuatoriano que depende de la cotización del petróleo norteamericano West Texas Intermediate (WTI) -que es el crudo marcador para el continente americano- y que es básicamente vendido tanto por Petroecuador como por las compañías privadas extranjeras en el país, también elevó notablemente sus precios.

Siendo un país dependiente económicamente del crudo, el crecimiento promedio del PIB ecuatoriano durante la primera década del presente siglo fue de 4,4% mientras que durante los diez años anteriores dicho indicador no superó el 1,8%. Lo anterior indica que a partir del año 2000 la economía ecuatoriana comenzó a consolidarse en gran medida apoyada por condiciones externas favorables –precio del petróleo y las remesas provenientes de los migrantes- generándose las condiciones adecuadas para una tardomodernización del sistema capitalista nacional.

En ese contexto el sector más dinámico del capital ecuatoriano entendió que podía mejorar sus posibilidades de negocio propiciando un mayor nivel de consumo en los mercados internos a través de cierto reparto del excedente petrolero –no de la distribución de la riqueza que continúa en manos de unos pocos- y la incorporación al mercado de sectores populares mediante el endeudamiento familiar y financiarización popular (democratización del consumo con base en préstamos del sector financiero privado). Este es el rol que fundamentalmente desempeñó el gobierno de Rafael Correa durante el último período de bonanza económica en Ecuador.

A lo largo de la primera década del presente siglo, el mayor rubro de participación en el PIB en la economía nacional ha sido el consumo privado, el cual representó un promedio de 66,6% del PIB, convirtiéndose en el factor que más contribuyó al crecimiento nacional durante el período previo a la caída de los precios del petróleo.

La dinamización de la economía nacional teniendo como motor al Estado, eje de la política económica correista, significó que los sectores empresariales y financieros fueran los principales beneficiados de una acción que carecía de riesgos para la inversión privada pues se hacía en base al erario público. El respeto demostrado por el gobierno correista a la matriz de acumulación heredada de la era neoliberal, conllevó que no existiera la más mínima transformación de carácter estructural sobre los pilares que fundamentan los ejes constitutivos de poder en Ecuador; ello, pese a que los sectores históricamente olvidados pudieran beneficiarse durante el período de bonanza de ciertas políticas asistencialistas basadas en la transferencia del excedente derivado de la agudización de las políticas extractivistas. A la postre, esto significó que mientras se ponía hincapié en un propagandístico discurso soberanista, al interior del país se agudizara cada vez más la dependencia económica internacional de los mercados especulativos globales y se reprimarizara sustancialmente la economía nacional.

El modelo económico funcionó e incluso gozó de amplio apoyo popular, milagro económico lo llamaron, mientras duró el boom de los commodities, viniéndose al traste todo el andamiaje de las políticas sociales y económicas correistas a partir de la caída del precio del crudo en 2013.

Es a partir de entonces cuando comienzan a deteriorarse ciertos servicios públicos, la economía nacional se paraliza, el consumo interno cae y los indicadores de disminución de la pobreza e incremento de la capacidad adquisitiva por parte de los trabajadores comienza a deteriorarse.

En febrero del 2014 el gobierno del Presidente Rafael Correa comenzaría a sentir el desgaste político de su mandato, perdiendo en las elecciones seccionales las principales alcaldías del país ante partidos de oposición. Los sectores empresariales que en otro momento se habían visto beneficiados por las políticas correistas, entienden ahora que pasado el período de la economía fácil es necesario aminorar el gasto público, reducir el volumen del Estado y volver a liberalizar la economía. Ante la nueva falta de liquidez del Estado ecuatoriano, este dejó de ser funcional para seguir dinamizando la economía nacional y vuelve a ponerse en cuestión la política de subsidios sociales.

Lo anterior conllevó un incremento de las movilizaciones populares en el conjunto del país, lo cual derivó en una convocatoria de paro/movilización convocado en agosto del 2015 por el movimiento indígena y el sindicalismo no clientelar que terminó siendo vergonzosamente reprimido por las fuerzas de seguridad del Estado.

El conflicto Correa vs Moreno

En estas condiciones y en medio de una agresiva política de endeudamiento público que derivó en que el volumen de deuda externa actual supere con creces los niveles heredados de la época neoliberal, el entonces mandatario ecuatoriano decidió no presentarse a las elecciones del 2017, pero dejó abierta la puerta para una nueva postulación en 2021.

Estratégicamente el correísmo consideró que era mejor que fuera otro mandatario quien procediera con las políticas económicas de ajuste ya inaplazablemente necesarias en el país, permitiendo así una regeneración de la imagen de Rafael Correa, quien estratégicamente volvería en 2021 para “salvar” al Ecuador de los programas de ajuste fruto de un déficit fiscal galopante e insostenible. Así las cosas, en diciembre del 2015, la bancada oficialista aprobó forzadamente una reforma constitucional que permitía la reelección del mandatario para el período inmediatamente posterior a una legislatura marcada por la crisis económica heredada de la gestión saliente. Sin embargo, la estrategia para la vuelta al poder de Rafael Correa pasaba por la necesidad de seguir controlando el aparato del Estado durante el actual período, bloqueándose cualquier posibilidad de fiscalización y auditorias internas que pudiera hacerse sobre un modelo de gestión pública altamente corrupto que significó durante diez años la subyugación de todos los poderes y órganos del control del Estado al Ejecutivo.

Lo anterior implicó la necesidad de que Alianza PAIS ganara las elecciones del 2017, quedando la mayor parte de las instituciones públicas en manos de ex funcionarios de probada cercanía con el ex mandatario. La única figura con la que contaba Alianza PAIS para ganar estas elecciones era Lenín Moreno, quien por sus funciones como enviado especial del Secretario General de Naciones Unidos sobre Discapacidad y Accesibilidad había residido en Ginebra desde 2014, lo que implicaba que se hubiera mantenido al margen del deterioro correista de los últimos años.

Hay que remontarse muy atrás en la historia del Ecuador para encontrar un mandatario que tras diez años de gestión continuada en el poder terminase su período con cierto respaldo político -pese a la decadencia de los últimos años- como era el caso de Rafael Correa. Más allá la enorme polarización social creada entorno a su figura, Correa abandonó la poltrona presidencial con todavía un importante apoyo social fundamentalmente entre los sectores populares, los cuales le reconocían el impulso a proyectos sociales de carácter asistencialista y la inversión realizada durante la última década en el ámbito de la infraestructura y modernización del Estado. Sin embargo, ha sido una concatenación acelerada de errores político estratégicos los que han hecho que el ex mandatario perdiera la hegemonía que aun mantenía políticamente en el país.

Con la llegada la nueva administración de Lenín Moreno, el correísmo dejaba en puestos estratégicos a gran parte de su anterior equipo de gestión. Esto implicaba que mantenía el control sobre un enorme y desmedido aparato de propaganda gubernamental articulado durante la pasada década, al igual que lo hacía respecto al control sobre la producción –sobre la que el Estado ecuatoriano ha tenido una notable incidencia durante los últimos diez años-, en aras a las responsabilidades establecidas en torno a la figura del inicial Vicepresidente de la República, Jorge Glas, el principal hombre de confianza de Rafael Correa en el nuevo gabinete y quien se mantenía como responsable del cambio de matriz productiva y la inversión en megaproyectos. Pero al mismo tiempo, el correísmo mantenía el control también sobre el frente político del gobierno a través de figuras como la primera titular de la Cartera de la Gestión Política –Paola Pabón- y del consejero presidencial Ricardo Patiño –el principal operador político al interior de Alianza PAIS durante la gestión gubernamental anterior-, al igual que lo hacía respecto a la Asamblea Nacional –el legislativo ecuatoriano- a través de sus operadores en la bancada mayoritaria de Alianza PAIS. No contento con esto, Rafael Correa controlaba también, mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los órganos de fiscalización y control del aparato del Estado, cuya designación de responsable respondía íntegramente a personalidades afines al ex presidente en instituciones tales como el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de la Judicatura o la Defensoría del Pueblo entre otras.

Pese a que las tensiones entre Lenín Moreno y el ala dura correista son palpables desde el mismo momento de la investidura del actual Presidente de la República, el 24 de mayo del pasado año, momento en que la nueva administración descubrió el estado real de las finanzas públicas, es la entrega de la sede social de la CONAIE –estructura organizativa del movimiento indígena y la organización social más importante del país- y el anuncio en julio pasado de los primeros indultos a líderes populares criminalizados durante el régimen anterior lo que generó las primeras reacciones descalificadoras de Rafael Correa respecto a su sucesor.

A partir de ahí los operadores correistas ubicados en funciones de dirección de los distintos medios públicos comienzan a articular una campaña contra la imagen del Presidente Moreno, aduciendo que el país volvía a las políticas del pasado y que se estaba produciendo un reparto de poderes con las élites oligárquicas, lo que conllevó a que la nueva administración morenista nombrase nuevos responsables en dichos medios de comunicación. De esta manera el ex presidente Correa perdía el control del inmenso aparato de propaganda y comunicación cuya creación había sido auspiciada por él mismo.

Un mes después, a primeros de agosto y ya con el agua al cuello fruto de las investigaciones judiciales que se hacían respecto a la trama de Odebrecht en Ecuador, el entonces Vicepresidente Jorge Glas –quien fuera también el segundo al mando durante la ultima fase de la era Correa- emitía una extensa carta pública contra el actual jefe de Estado, acusándolo de converger con los sectores políticamente más reaccionarios del país. La ruptura de relaciones entre el Presidente Moreno y Jorge Glas conllevó la inhabilitación en el cargo del segundo, lo que produjo la pérdida del control por parte de Rafael Correa sobre el aparato productivo y las inversiones en los megaproyectos implementados en el país. Meses más tarde y fruto de las investigaciones judiciales anticorrupción, Jorge Glas terminaría ocupando un celda en la Cárcel No. 4 de Quito y siendo revocado de su cargo. El correísmo perdía de esta forma también su incidencia sobre el aparato productivo.

Pocos días después del exabrupto vicepresidencial y en aras a solucionar este conflicto, el Presidente Moreno enviaría a Bruselas -lugar de residencia actual de Rafael Correa- a los principales operadores políticos del gobierno, todos ellos vinculados durante la gestión anterior al ex mandatario, con el fin de reconducir de forma amigable las relaciones con ex presidente. Para sorpresa del Ejecutivo, tras la vuelta a Quito de dicha delegación, sus principales cabezas -Ricardo Patiño, Paola Pabón y Virgilio Hernández- anunciaban en rueda de prensa la renuncia a sus cargos en el Ejecutivo. De esta manera, Rafael Correa perdía en este caso el control del frente político gubernamental.

Rotos ya todos los canales de comunicación entre el correísmo y el gobierno morenista, el Presidente Moreno anunciaría a primeros del pasado mes de octubre la convocatoria de una Consulta Popular donde algunas preguntas tenían que ver con una lógica de reforma institucional post-caudillista que enrumbase al país por una vía superadora del régimen anterior. Esto terminaría de dinamitar internamente al partido de gobierno. Los sectores afines al ex mandatario determinaron expulsar, de forma irregular, a Lenín Moreno de Alianza PAIS convocando sin legitimidad jurídica una convención nacional de dicha organización política con escaso éxito de convocatoria. Lo anterior conllevó a que tras una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, el correísmo perdiera también el control de su propio partido.

El último episodio de este mar de desaciertos correistas se dio ya en enero del presente año, cuando Correa llamó a la desafiliación de sus seguidores de Alianza PAIS, lo cual implicó que también perdiera el control del legislativo, quedando el correísmo con apenas 29 asambleístas y alineándose los 45 restantes de la bancada oficialista con Lenín Moreno.

En resumen, si bien es difícil encontrar un ex mandatario que tras diez años de gestión mantuviera el nivel de apoyo de Correa, también lo es encontrar alguno que haya demostrado tal capacidad para dilapidarlo tan rápidamente.

Consulta y posconsulta

Fue así que se llegó al 4 de febrero, momento en el que el correísmo saboreó por primera vez una derrota electoral. En el fondo, no asistimos a algo que fuera más allá que la plasmación política de una realidad indiscutible en Ecuador: el correísmo nunca construyó una fuerza social y política afín, sino que utilizó al aparato del Estado operando bajo lógicas clientelares en pro del partido de gobierno y la construcción de la imagen mediática de Rafael Correa como un gran caudillo populista. Esto implicó que tras abandonar la poltrona presidencial y no gozar a su antojo de las instituciones del Estado su apoyo político disminuyera notablemente.

La sociedad ecuatoriana ha votado por la conformación de un régimen de transición que le permita superar la herencia implantada por el anterior gobierno, generando las condiciones para la construcción de una nuevo escenario político tras el fin de la hegemonía correista. Queda cortado el cordón umbilical que vinculaba al nuevo gobierno con el régimen anterior, lo cual inhabilita la narrativa correista de que Lenín Moreno ocupa la presidencia del país gracias al endoso de votos derivado de la figura de Rafael Correa.

Tras esta consulta el país entra en una nueva fase política. Por un lado, el Presidente Lenín Moreno ha ganado momentáneamente su pulso con su antecesor, si bien todavía Rafael Correa mantiene un tercio del electorado ecuatoriano. Correa y sus seguidores, tras su desafiliación de Alianza PAIS, están obligados a conformar un nuevo movimiento político nacional, pese a que la popularidad de su líder esté en decadencia. Correa, consciente de que el sector de antiguos líderes de Alianza PAIS que le acompañan esta nueva aventura aportan realmente poco dada la mala imagen de la que gozan ante la sociedad, está obligado a liderar personalmente la construcción del nuevo partido. Será una tarea urgente y nada fácil para el neocorreísmo crear una nueva figura política que tenga posibilidades de disputar la Presidencia de la República en el año 2021.

Por su parte, la voluntad de esta tendencia es ocupar el espacio político de la izquierda ecuatoriana, algo que ya hicieron en el 2006 más allá de los desencuentros entre su discurso y su praxis. Conseguir tal objetivo pasa por bloquear cualquier posibilidad de construcción de alternativas políticas en el campo popular, algo urgentemente necesario para un país que sufre de una izquierda cuyo discurso político se encuentra sin capacidad de sintonizar con la sociedad, donde no existe generación de nuevos liderazgos, y que se ve carente de construir una propuesta convincente para un nuevo modelo de sociedad y país.

Si bien es cierto que la izquierda política y social ecuatoriana ha sido fraccionada, en muchos casos cooptada y hasta perseguida por el régimen correista durante los diez últimos años, también lo es que existe una incapacidad política por parte de su endogámica dirigencia para reinventarse y reposicionarse con un discurso adaptado al momento actual de vive el país. El mero hecho de que gran parte de esta izquierda apoyara en su lógica anticorreista la candidatura del conservador Guillermo Lasso es la segunda vuelta de las últimas presidenciales, es una demostración palpable de su desorientación política y el descrédito del que actualmente gozan ante la ciudadanía ecuatoriana.

En la orilla conservadora, las fuerzas políticas que hasta el momento decidieron no hacerle una oposición política contumaz al actual gobierno cambiaran de actitud. La cercanía de las próximas elecciones seccionales, las cuales tendrán lugar en un año, hace que las organizaciones políticas de la derecha vuelvan a asumir protagonismo tras una alianza anti-natura que permitió que muy diferentes sensibilidades ideológicas establecieran un pacto de no agresión a cambio de trabajar todos por el Sí en esta consulta con el fin de enterrar políticamente al correísmo.

Medios de comunicación, sectores empresariales y fuerzas políticas conservadoras ya anunciaron cambios respecto a su accionar frente el gobierno de Lenín Moreno, lo cual significará el incremento de la presión política y posiblemente movilizaciones callejeras, buscando que el Gobierno Nacional adopte posiciones más reaccionarias fundamentalmente en el ámbito de la política económica.

En todo caso los sectores de la derecha se mantiene divididos, existiendo dos cabezas, hasta ahora políticamente enfrentadas, que responden a grupos de intereses diferenciados. Tanto Guillermo Lasso de forma abierta como Jaime Nebot de manera más sutil aspiran a la Presidencia de la República en el año 2021 o incluso antes si son capaces de forzar el fin anticipado de mandato morenista, un gobierno sobre el que visualizan debilidades no existentes en el gobierno anterior.

Así las cosas, el Gobierno Nacional enfrenta una situación inédita a partir de ahora, la cual consistirá en recibir indiscriminadamente ataques tanto de la derecha –inclusive medios de comunicación privados y lobbies empresariales- como de esta pretendida nueva izquierda correista. Que Lenín Moreno y su equipo de gestión sean capaces de hacer frente a estas presiones está por ver, en todo caso, la estrategia de uno y otro bando ya ha comenzado, en algunos casos incluso con apoyo internacional, tal y como es el caso de Rafael Correa quien en breve dispondrá de la plataforma televisiva Russian Today (RT), un medio de comunicación sensacionalista al servicio del aparato de propaganda putiniano, como herramienta para atacar al actual gobierno.