martes, 25 de abril de 2017

Unas rápidas reflexiones sobre la evolución del mercado de trabajo en Ecuador

Por Decio Machado / Director Fundación ALDHEA

Lenín Moreno recibirá el próximo 24 de mayo un gobierno con incremento del desempleo y subempleo, un triste salario básico de U$D 375, el descenso de la recaudación tributaria y la inversión extranjera directa, el decrecimiento del producto interno bruto y una deuda pública que aumenta paulatinamente.

Entre 2006 y 2014, Ecuador experimentó un crecimiento promedio del PIB de 4.3% impulsado por los altos precios del petróleo (ver Gráfico 1) e importantes flujos de financiamiento externo al sector público (fundamentalmente a través de la caja del IESS y transferencias desde el BCE).
            

Esto permitió un mayor gasto público, incluyendo la expansión del gasto social e inversiones emblemáticas en los sectores de energía y transporte. En ese período, la pobreza disminuyó del 37.6% al 22.5% y el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo de 0.54 a 0.47 (ver Gráfico 2) debido a que los ingresos de los segmentos más pobres de la población crecieron más rápido que el ingreso promedio. 

Gráfico 2.


Sin embargo, estos logros comenzaron a deteriorarse fuertemente debido a los bajos precios del petróleo y la apreciación del dólar. Contexto que fue agravado por un terremoto que afectó la zona costera del país el 16 en abril de 2016.

En ausencia de una moneda local y ahorros fiscales, el gobierno se ha visto en la necesidad de reducir la inversión pública y contener el aumento del gasto corriente, procediendo con una agresiva política de endeudamiento. De igual manera el gobierno se ha visto obligado a aplicar medidas temporales destinadas a aumentos los ingresos públicos no petroleros y restringir las importaciones. Estas políticas han permitido amortiguar temporalmente los efectos de los bajos precios del crudo, pero también han aumentado los pasivos públicos.

Y aunque la IED no es la solución a los problemas del país, es muy necesaria para el fomento del crecimiento, sobre todo en países que no cuentan de manera integral con la capacidad de generar grandes flujos de inversión interna (Ver Gráfico 3).


En ese contexto, Ecuador es uno de los países que menos IED recibe en relación al tamaño de su economía, con una participación de 1,3% del PIB en 2015 (ver Gráfico 4).


Concentrándose a su vez esta escasa inversión principalmente en la explotación de minas y canteras, lo cual tampoco produce gran cantidad de empleo (ver Gráfico 5).


Así las cosas, el crecimiento del PIB se deterioró notablemente en el año 2015 y pasó a ser negativo en el año 2016, manteniendo una estimación negativa por parte del FMI también para el presente año y el siguiente (ver Gráfico 6)


Con esta situación el peso de la deuda se ha ido incrementando paulatinamente sobre las arcas del Estado, llegándose a la condición de tener que adquirir nuevas deudas para cumplir con las obligaciones actualmente existentes (ver Gráfico 7).


Derivado lo anterior del incremento sostenido de la deuda externa (ver Gráfico 8) tanto pública como privada.


Lo que hace que esta se eleve por encima del techo del 40% sobre el PIB (ver Gráfico 9) constitucionalmente trazado.


Afrontándose a su vez la dramática situación de que las reservas existentes en el Banco Central del Ecuador sean notablemente insuficientes para afrontar los pasivos a corto plazo (ver Gráfico 10). 


El gobierno pretendió en algún momento mejorar la redistribución, generar la estimulación del empleo, impulsar la producción de bienes y servicios articulando un cambio de conductas ecológicas, sociales y económicas. Para ello impulsó 22 reformas tributarias diferentes en estos últimos 10 años. También buscaron una mayor recaudación de tributos y, por ende, más ingresos a las arcas fiscales. Sin embargo y fruto de la contracción económica que vive el país, la recaudación de impuestos no se incrementa en el último año pese a la caída anterior (ver Gráfico 11), a la par que los ingresos derivados del comercio exterior cayeron 8% al cierre del pasado año fruto de la reducción del precio de los commodities. 


En este periodo complejo, Ecuador enfrenta el desafío de alcanzar los consensos políticos necesarios para adecuar su economía al nuevo contexto internacional, retomar una senda hacia el crecimiento sostenible con mayor participación del sector privado y proteger los avances sociales logrados durante la bonanza ahora en peligro. Será crítico mejorar la efectividad y progresividad de la política fiscal con el fin de lograr consolidar que proteja a la población más vulnerable con un equilibrio ahora inexistente. Cabe señalar al respecto que en el año 2006, momentos antes de la llegada de Rafael Correa al poder, la carga tributaria existente en Ecuador era del 9.1%, muy por debajo del 13.9% que suponía la media latinoamericana. En 2015 dicho indicador se situó en 15.4%, lo que significa apenas una décima más que el promedio regional. Sin embargo, dicha presión fiscal no recae sobre quienes más tienen debido a unas estructuras impositivas regresivas como son los impuestos al consumo, cierta tolerancia respecto a la evasión fiscal y un conjunto de políticas enfocadas a las excepciones fiscales para grandes capitales. En la actualidad, el pago de impuestos a la renta para los sectores más ricos del país no supera el 3% de sus ingresos (ver Gráfico 12), por debajo incluso de la ya de por si injusta media regional estimada en el 5.4%.


En un contexto en que la inversión pública no podrá continuar siendo motor del crecimiento, es indispensable una mejora sistemática en el clima de inversiones que promueva una mayor participación privada y agilice la movilidad del capital y del trabajo a actividades emergentes. En la situación actual se hace imposible proceder de otra manera para diversificar la economía ecuatoriana, aumentar su productividad y generar empleos de calidad, aunque Estado y unas tristes organizaciones sindicales fuertemente desestructuradas deben velar por que esto se haga sin que recaiga sobre los trabajadores el peso de la salida de la crisis.

El mercado laboral ecuatoriano

La falta de reformas estructurales hace que en esta última década el mercado de trabajo no se haya transformado sustancialmente, quedando el discurso del cambio de matriz productiva, el de gobierno de los trabajadores y los aspectos vinculados a la dignificación del empleo bastante en entredicho. Así, podemos apreciar como la estructura del empleo bruto, es decir, ignorando si el o la trabajadora tiene un empleo adecuado o no, carece de cambios sustanciales respecto a lo que sucedía 10 años atrás (ver Cuadro 1) y lo mismo sucede respecto al empleo adecuado (ver Cuadro 2).


Por otro lado, si hablamos de cuál es la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el mercado laboral podemos notar avances porcentuales en este sentido (ver Gráfico 13), si bien podrían considerarse escasos en relación al discurso estructurado al respecto desde el poder durante toda esta década.

Cabe señalar respecto a los salarios medios anteriores que el precio de la canasta básica se ubica actualmente en U$D 709.22, lo que la deja casi equiparada en estos momentos en relación con los ingresos familiares (ver Gráfico 14).



Pero el problema de fondo está en que, a pesar de que creció notablemente la tasa de participación bruta y global (porcentaje de la fuerza de trabajo de personas con más de 10 años respecto a la población total del país) (ver Gráfico 15 y 16), no sólo no hubo cambios en la estructura sectorial del mercado de trabajo ecuatoriano, sino que tampoco lo ha habido a la postre en las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en Ecuador (ver Gráfico 17).


 
Quizás por eso sorprende que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) emitiese el pasado 18 de abril los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondiente a marzo de este año, aseverando que el desempleo nacional muestra el descenso más importante de los últimos cinco años. Los datos manejados indican que el desempleo nacional pasó a 4,4% en marzo de 2017 comparado con el 5,7% de marzo de 2016. Esto significaría que casi 100.000 personas salieron del desempleo. 

Pero lo que se pretende ignorar es que el empleo adecuado está en su nivel más bajo desde que la información es comparable, mientras que el inadecuado en el más alto (ver Gráfico 17). Lo anterior implica que entre marzo del 2016 y el pasado marzo casi 380.000 personas pasaron a las filas del subempleo (trabajador que no recibe un salario básico ni trabaja 40 horas, aunque si tiene voluntad y disponibilidad para ello). 

La cosa básicamente se resume en que tan solo 4 de cada 10 trabajadores/as en el mercado laboral ecuatoriano tienen condiciones dignas, entendiendo por estas llegar o superar los U$D 375 mensuales de salario (este índice pasó del 17.1% al 21.4%), mientras otras casi 30.000 perdieron su empleo (ver Gráfico 18) manteniéndose las mujeres como sector más desfavorecido (ver Gráfico 19).



Para terminar y devenido de lo anterior, pasó a ser mayor -en el ejercicio comparativo entre marzo 2016 y marzo 2017- el número de personas integradas de alguna forma en el mercado laboral sin cobertura social (ver Gráfico 19) pese a que el sector formal creciera respecto al informal en lo que tiene que ver con el número de empleados (ver Gráfico 20). 

Lo anterior no viene a significar otra cosa que el mantenimiento del indicador de deterioro respecto al mundo del trabajo en Ecuador.

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