Los tártaros de Crimea: una víctima más de la disputa geopolítica global

Por Decio Machado

Algo más de tres años han pasado desde el referéndum que propició la anexión rusa de Crimea y el posterior estallido de la guerra civil que aun vive la región ucraniana de Donbáss. A pesar del tiempo transcurrido siguen sin habitarse vías serías para la resolución de este conflicto armado, así como tampoco iniciativas diplomáticas enfocadas a garantizar los derechos de las minorías étnicas colateralmente golpeadas por este conflicto.

Antecedentes

Según revelaron diferentes cables de WikiLeaks, ya desde primeros de febrero del 2008 el entonces embajador de Estados Unidos en Rusia, William Burns, informaba a la OTAN y al Pentágono sobre la preocupación rusa respecto al deseo de Ucrania y Georgia de unirse a la OTAN. Textualmente Burns indica que tales decisiones “no solo tocan una fibra sensible de Rusia, sino que también engendran graves preocupaciones acerca de las consecuencias para la estabilidad en la región”. Lo anterior poco le importó a las potencias occidentales. En 2011, la OTAN reconocía oficialmente a Georgia como miembro aspirante junto a Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro. En el caso ucraniano, el proceso se paralizó tras la vuelta de Viktor Yanukovich a la presidencia del país en 2010. Sin embargo, tras su caída, Putin necesitó articular un conflicto de escala dimensionada y sostenido en el tiempo para controlar la península de Crimea -un territorio con clara mayoría poblacional pro rusa- y de forma paralela debilitar a la Ucrania de Petró Poroshenko (un acaudalado empresario pro occidental que se erigió como mandatario del este país en 2014 y cuyo gobierno está conformado básicamente pro personalidades provenientes del ámbito de los negocios). Esta estrategia rusa no es nueva, teniendo sus antecedentes en Osetia del Sur y Abjasia entre 1991 y 1993 bajo una calculada estrategia de desgaste contra Georgia.

Cabe señalar que este conflicto tiene su origen inmediatamente después de que la corporación estadounidense Shell –una de las cuatro grandes compañías que dominan el mercado petrolero mundial- firmase un acuerdo con el gobierno ucraniano cuyo objetivo era explotar su gas de esquisto. Los principales yacimientos contemplados en dicho acuerdo se encuentran “casualmente” ubicados en Donbáss, actual territorio en disputa, y su explotación hubieran permitido la independencia energética de Ucrania y un suministro de gas más barato a Europa que el de las tarifas actuales de Gazprom.

Enmarcado en la lógica anterior, el 16 de marzo del 2014 la hoy denominada República Autónoma de Crimea y la ciudad federal de Sebastopol celebrarían un referéndum donde su población votó mayoritariamente a favor de su ingreso en la Federación de Rusia. Dicho referéndum no fue reconocido por la comunidad internacional, donde se considera -especialmente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea- que Rusia se ha apoderado indebidamente de un pedazo de Ucrania. No piensa igual la mayoría de la población crimea, quienes viendo lo que actualmente sucede en Ucrania consideran que sin la intervención rusa su territorio estaría hoy en las mismas condiciones. En todo caso y transcurrido ya un trienio de la anexión rusa de Crimea, Ucrania sigue considerando a esta península como parte de su territorio, utilizando el término de región “temporalmente ocupada” para definir su situación actual.

En la actualidad Crimea carece de relaciones comerciales con Ucrania, lo que obliga a que sus suministros lleguen por vía aérea y marítima, encareciéndose considerablemente el valor de estos productos. Buscando soluciones a dicha circunstancia, Rusia trabaja de forma acelerada en la construcción de un puente de ferrocarril y una carrera  que transitando por encima del Mar Negro pretende estar operativa próximamente. Lo anterior, rompería el aislamiento actual al que está sometida la península de Crimea.

Independientemente de cual sea el desenlace futuro del conflicto armado existente en la región de Donbáss, las infraestructuras destinadas a conectar Rusia con Crimea apuntan a la escasa voluntad rusa por reunificar a esta región con Ucrania. El Kremlin entiende que más allá del movimiento de piezas que actualmente se desarrolla en el tablero geopolítico de Europa del Este, recae sobre sus espaldas la responsabilidad de proteger a ese 58,32% (datos censo 2001) de población crimea que es étnicamente rusa.

Intentos fallidos de la diplomacia internacional y continuidad del conflicto

La Unión Europea tiene un interés estratégico respecto a lo que sucede en la zona en conflicto, dado que importa de Rusia más del 40 por ciento del gas que actualmente consume. Pese a que los europeos han puesto en marcha un plan estratégico destinado a reducir dicha dependencia energética mediante la construcción de 14 proyectos gasísticos distribuidos por todo el continente, además de una estación de gas licuado (LNG) en Croacia, varios gasoductos en Finlandia y el Báltico, así como otra red de gasoductos en Rumania, Bulgaria y Grecia, dichas infraestructuras no estarán operativas hasta avanzada la década del 2030.

Lo anterior explica el hecho de que la Unión Europea –especialmente Alemania y Francia- haya desarrollado numerosas iniciativas diplomáticas de intermediación en el conflicto de Donbáss (Declaración Conjunto de Ginebra sobre Ucrania, los Acuerdos Minsk I y Minsk II, el Formato de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral), teniendo todas ellas dos cuestiones en común: el escaso cumplimiento de los acuerdos alcanzados por ambas partes y el haber ignorado en dichas negociaciones la cuestión de Crimea. Esta última cuestión es imputable al éxito estratégico de la diplomacia rusa, la cual en palabras de Dmitri Peskov -portavoz del Kremlin- considera que Crimea “es una región de la Federación rusa y Rusia no aborda ni abordará nunca con nadie la situación de sus regiones”.

Pese a que los responsables de desencadenar la guerra civil ucraniana son los países occidentales, dada su pretensión por ampliar la OTAN hasta el mismo corazón de lo que fue la extinta Unión Soviética, la actual disputa geopolítica se decanta a favor de Putin. Con el Acuerdo de Minks II estancado y con dos regiones secesionistas -Donetsk y Lugansk- al interior de Ucrania, dicho país queda impedido de unirse militarmente a la OTAN y comercialmente a la Unión Europea.

Las víctimas

Pero más allá de los interés geopolíticos de las diferentes potencias involucradas en el conflicto y el número de víctimas por el conflicto bélico en Donbáss (cifra que oscila entre 10 mil y 50 mil personas, según la fuente), lo que aparece como una urgencia humanitaria hasta ahora ignorada en la agenda diplomática internacional es la necesidad de  garantizar el respeto a los derechos humanos de las minorías étnicas en Crimea.

A mediados del pasado mes de diciembre, el informe In the Dark: The silencing of dissent elaborado por Amnistía Internacional, acusa a las autoridades rusas de “persecución sistemática” a los líderes y activistas de la comunidad tártara de Crimea. En dicho informe se relata con cierto detalle las lógicas represivas utilizadas por las autoridades rusas contra su minoría tártara. Esta comunidad, cuantificada como el 12 por ciento de la población de Crimea se muestra mayoritariamente contraria a la ocupación rusa, condición por la que sufren una oleada represiva cuyo objetivo es silenciar su disidencia y garantizar su sometimiento a la anexión. De esta manera, según el informe, se han enjuiciado y forzado a exiliarse prácticamente a todas las voces críticas en Crimea, incluidos los principales líderes y activistas de tártaros.  

Entre las estrategias represivas aplicadas por la autoridad rusa en Crimea, se destaca el uso de hospitales psiquiátricos como espacios donde están siendo enviados los activistas tártaros que no han podido salir del territorio, utilizando lógicas de psiquiatría punitiva, algo que ya tal se practicó durante la era estalinista. Los allá trasladados son extraoficialmente acusados de participación en la organización Hizb ut-Tahrir (Partido de la Liberación), una organización panislamista que pese a desechar el uso de violencia como forma de intervención política ha sido fuertemente reprimida en países como Turkestán y Uzbekistán, y a la que Rusia considerada como un grupo terrorista pese de la inexistencia de acciones terroristas en Crimea.

El silencio internacional respecto a la violación sistemática de derechos fundamentales sobre la minoría tártara es un ejemplo más de las falencias del sistema internacional de los derechos humanos, el cual se supone está integrado por una amplia red de tratados, protocolos y organismos internacionales, regionales y nacionales, cuya estructura fundamental se articula en las NNUU.

Cabe recordar que el ejercicio de la represión sobre la comunidad tártara de Crimea no es algo nuevo. En 1944, a finales de la Segunda Guerra Mundial, dicha población ya sufrió una brutal oleada represiva durante el régimen de Stalin. En aquel momento fueron acusados de colaboracionismo con los invasores nazis, lo que derivó en deportaciones masivas en las muchos de ellos murieron por enfermedades e inanición. Desde finales de la década de 1980, aproximadamente unos 250.000 tártaros volvieron a Crimea, generándose entonces tensiones con la mayoría rusa debido al no reconocimiento de sus derechos territoriales, la carencia de viviendas adecuadas para los repatriados e incluso la denegación de la entonces ciudadanía ucraniana a muchos de ellos.

El hecho de que la mayoría de la población de Crimea respalde la anexión a Rusia de su territorio no puede justificar la violación de derechos humanos a sus minorías. La rectificación sobre las condiciones a la que actualmente está sometida la disidencia tártara en Crimea que debe comenzar por la anulación de la sentencia emitida por su Corte Suprema, mediante la cual se proscribe al “Mejlis” (Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea), el cual fue fundado en 1991 y es el cuerpo representativo de dicha comunidad.