Por Decio Machado // Sociólogo y periodista
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La
crisis que vive el Estado español evidentemente no solo es económica, sino que
tiene también perfil social y político.
La
economía española tras haberse comprimido en un -3.7% en el año 2009, -0.1% en
el año 2010, -0.6% en el año 2011, -2.1% en el año 2012 y -1.2% en el año 2013,
tuvo un saldo positivo en 2014 con un crecimiento del 1.4% y, a falta de datos
oficiales, tiene una previsión de crecimiento –según el FMI- de 3.1% para el
año 2015. Sin embargo, la existencia de estos indicadores favorables vinculados
a las políticas de ajuste –con fuerte incidencia sobre los salarios- y la
reestructuración de la economía nacional, no sacan al país de su fuerte
vulnerabilidad ante la nueva crisis global en ciernes: el crecimiento mundial
se ralentiza, principalmente en los países emergentes (salvo India) y esta
tendencia se retroalimenta con la caída de los precios de las materias primas y
se transmite a los países avanzados.
Es
el ministro de Economía y Competitividad español, el conservador Luís de
Guindos, quien admitiría públicamente a mediados de diciembre que a pesar de
que el Estado español pueda recuperar los niveles de PIB y renta previos a la
crisis, todavía tiene una tasa de desempleo del 21% -dos millones menos de
trabajadores que en el año 2006 previo a la crisis- y una fuerte vulnerabilidad
desde el punto de vista financiero. Un informe de Cáritas subrayaba hace pocos
años que, en el marco de la actual crisis, la desigualdad existente y el crecimiento
de las diferencias entre los más acaudalados y los más pobres se había
incrementado en un 30%, llegando la pobreza extrema a alcanzar una cifra de
tres millones de personas en el país.
A su
vez, la prolongación de la crisis económica latinoamericana –segundo año
consecutivo de crisis en que importantes economías regionales como Argentina,
Brasil o Venezuela decrecen- es una muy mala noticia para la economía española,
ya que la región ha sido el destino preferente de muchas inversiones hispanas en
los últimos años.
Es
en ese contexto en el cual se han desarrollado las elecciones presidenciales
del pasado 20 de diciembre, la cual como indica Iñigo Errejón –número dos de
Podemos- no era una competición ordinaria, dado que vanía marcada por el sello
de hasta donde los españoles iban a limitar los cambios y asegurar la
supervivencia de las viejas élites políticas de este país.
Estas
elecciones han convertido al Estado español es un país ciertamente
ingobernable, donde sin mayorías absolutas, Podemos y el resto de fuerzas que
propugnan el cambio político de momento consiguen bloquear cualquier intento de
recomponer el viejo modelo partidocrático. Si bien, este quedó resquebrajado, estas
fuerzas políticas emergentes aún carecen del acumulado necesario para dirigir
un gobierno que marque la ruptura con el momento anterior.
Es
así que a pesar de la victoria electoral del conservador Partido Popular (PP), podemos apreciar como dicha formación
política ha perdido 3.5 millones de votos respecto a las elecciones anteriores,
sufriendo un fuerte castigo debido a sus altos niveles de corrupción y sus
políticas de austeridad; mientras la socialdemocracia liberal encarnada por el
PSOE obtiene su peor resultado electoral desde la reinstauración de la
democracia en España.
Estos
dos partidos mayoritarios en la política española “sólo” consiguieron la mitad
de los votos, cuando en elecciones anteriores habían obtenido el 73%. De igual
manera, tan solo obtuvieron el 60% de los curules cuando siempre habían ocupado
el 80% de estos.
El
espacio que quedó abierto ha sido ocupado principalmente dos nuevas formaciones
emergentes, Podemos y Ciudadanos, las cuales registran muy buenos resultados.
Al respecto, cabe destacar que en el caso de Ciudadanos, la derecha new age, sus resultados quedan lejos de
su pretendida intención por reconducir el voto conservador de las marchitadas
élites políticas españolas. Se desinflaron debido a sus contradicciones en el
tramo final de campaña.
Esto
convierte a Podemos en la fuerza de mayor proyección nacional, pues con el 21%
de los votos –algo más de cinco millones de electores- se ha convertido en el
referente político de los sectores más jóvenes, sectores urbanos y de las
regiones económicas con mayor dinamismo del país. Si bien es cierto que el PP
ganó las elecciones, ha sido Podemos quien ganó la campaña electoral.
En
este contexto solo se vislumbran dos posibilidades para la formación de
gobierno: o bien hay un pacto progresista entre PSOE, Podemos e Izquierda
Unida; o un gran pacto de gobierno entre
la vieja élite política (PP+PSOE) que incorpore a Ciudadanos.
En
el primero de los casos la posibilidad parece difícil, dado que Podemos exige
para pactar cinco condiciones en principio inaceptables para los socialistas: la
reforma de la ley electoral, el blindaje de los derechos sociales en la
Constitución, la prohibición constitucional de puertas giratorias
(incorporación de ex altos funcionarios a las transnacionales españolas), la
independencia de la justicia y el derecho a decidir (autodeterminación de Cataluña
y otros territorios).
La
segunda posibilidad, seguramente enterraría al PSOE electoralmente, pues gran
parte sus bases no aceptarían un pacto con los conservadores y a la postre
beneficiaria el voto a Podemos en una futuras elecciones.
Entender la realidad política plurinacional
del Estado español
Secundar
el discurso político de “salvaguardar la unidad nacional” bajo una gran
coalición de gobierno española, significa ignorar que el resultado de las
elecciones del 20 de diciembre arroja que un 32,2% de los electores escogió
alternativas políticas plurinacionales. La nueva formación política Podemos
–con sus alianzas territoriales- consiguió en los cinco territorios donde existentes
dos lenguas (el castellano más la lengua autóctona) un 25% de los votos
válidos, frente al 18% obtenido en el resto de España. A esto habría que sumar
los importantes porcentajes de voto obtenidos por las fuerzas nacionalistas en
cada uno de sus respectivas comunidades autónomas. Por lo tanto, un acuerdo
político que ignore esta realidad beneficiará a la larga electoralmente a
Podemos, dada la frustración que significará para importantes targets de
población en las nacionalidades históricas.
Respecto
a la autodeterminación, especialmente de Cataluña, Podemos viene a reflejar una
opción política ni centralista (españolista) ni independentista.
Este
es un espacio político complicado para Podemos, pero donde se ha desenvuelto
con resultados sorprendentemente exitosos. Esta formación política sin dejar
claro que no es partidario de la independencia de los territorios que tienen
demandas nacionales históricas en el Estado español, ha lanzado múltiples
guiños a la sociedad catalana asegurando que respetaría la decisión ciudadana de
los afectados. En todo caso y más allá de las indefiniciones, Podemos tiene una
propuesta de organización territorial de España que se basa en “reconocer el
derecho a la autodeterminación” pero manteniendo la unidad del estado de manera
“asimétrica” y asegurando el “carácter plurinacional del Estado”, lo cual
conlleva primar a los territorios históricos, que tendrían condiciones de
autogobierno diferenciadas.
Los miedos de Angela Merkel con Podemos
Unos
días antes de los comicios electorales españoles, el presidente Mariano Rajoy
se encontró con la premier alemana Angela Merkel durante la última cumbre
celebrada por la Unión Europea. Allí unas indiscretas grabaciones mostraron
como Rajoy le indicaba a Merkel que según sus encuestas el PP quedaría primero
en las presidenciales y el puesto de segundos estaba muy reñido entre “o
Podemos o los socialistas”. El estupor de la mandataria alemana es visible en
las imágenes, lo que la obligó a repreguntar a Rajoy por dicha aseveración.
“Sí, sí, Podemos”, contestaría vasallamente Rajoy.
Las
preocupaciones de Merkel no son gratuitas. A primeros de este año los
eurodiputados de Podemos presentaron una resolución en el Parlamento de
Estrasburgo donde solicitan a la Unión Europea que estudie y prepare mecanismos
para la “disolución ordenada de la zona euro”. También dejaron abierto proponer
un debate con el fin de establecer los mecanismos que permitan a un país
integrado en la moneda única abandonarla para adoptar, si lo estiman pertinente,
por otra divisa.
Ante
una realidad de la Unión Europea hecha pedazos para sus países del Sur, Angela
Merkel junto a otros mandatarios del centro y norte europeos temen que la
proliferación de tendencias políticas alternativas en los países mediterráneos
conlleven a un confluencia que busque recuperar la soberanía monetaria y
política de dichos países. De esta manera quedaría en cuestión una moneda que
en la actualidad no está controlada por las instituciones democráticas.
En
palabras del mismo Pablo Iglesias, “lo que tenemos claro es que este euro no
sirve”.
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