Penúltimo capítulo del culebrón entre Gustavo Petro y el presidente Santos

Gustavo Petro vuelve a la Alcaldía de Bogotá

Por Decio Machado // Quito (Ecuador)

Para periódico Diagonal

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Bogotá vive inmerso en un galimatías jurídico propio de aquellas viejas películas hollywoodenses como “12 hombres sin piedad”, “Matar a un ruiseñor” o “Testigo de cargo”, pero con una dirección cinematográfica notablemente deficiente si la comparamos con las de Sidney Lumet, Stanley Kramer o Billy Wilder.

Para Martín Maldonado, un estudiante bogotano que ha estado en prácticamente todas las movilizaciones de respaldo a Gustavo Petro en estos últimos meses, el nivel baja de su estatus cinematográfico al de “culebrón” latinoamericano. Según este universitario, “lo que vivimos en la ciudad es como una telenovela de la cual Petro es el protagonista, y cuyo guionista se ha propuesto sorprendernos en cada capítulo, semana tras semana, para mantenernos en tensión permanente y que no nos perdamos ningún episodio de la serie”.

Pero más allá de referencias cinematográficas y libretos especializados en “punto de giro” y otras estrategias de enganche y adicción televisiva, lo que sucede en Bogotá pasará factura más temprano que tarde a sus 7,8 millones de habitantes. Así lo asegura Jaime Castro, ex-alcalde de la ciudad, cuando indica: “Estamos en un verdadero laberinto jurídico, político, administrativo, institucional y nadie sabe cuál será la salida, porque están pendientes muchas acciones judiciales más. Sin duda alguna esto afecta la ciudad”. De momento están sin suministro hídrico algunos barrios de la capital, motivo por el cual se comienzan a enviar camiones con tanques de agua a diversos hospitales y otros centros de atención prioritaria.

El más reciente de estos episodios se dio el pasado martes, 22 de abril, cuando para sorpresa de todos, incluida la alcaldesa encargada María Mercedes Maldonado, el Tribunal Superior de Bogotá a través de un fallo de tutela se pronunció a favor de la restitución de Gustavo Petro, respetando así las medidas cautelares emitidas con anterioridad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas habían sido previamente ignoradas por el presidente Juan Manuel Santos, motivo que permitió que se consumara la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde capitalino promovida por el procurador Alejandro Ordoñez.

La acción de tutela es como se denomina al mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución colombiana, por el cual se busca proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Según el profesor académico Galo Stalin Blacio, la tutela “es la garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través en un recurso efectivo”.  No es baladí que esta carta magna, en vigor desde 1991, sea conocida popularmente como la “Constitución de los Derechos”, habiendo sido fruto del proceso de paz y desarme del grupo insurgente M-19, así como de una fuerte movilización estudiantil que obligó al Estado colombiano a proceder en su día con un proceso constituyente.

Sin embargo, las garantías constitucionales existentes en la ley de leyes colombiana históricamente siempre han molestado a sus mandatarios, y el presidente Santos no es una excepción. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá no ha sido un plato de buen gusto para Juan Manuel Santos, aun resuenan en los oídos de la ciudadanía bogotana su frase “no tengo alternativa”, mientras firmaba el acta de restitución de Gustavo Petro a su alcaldía. Ese mismo día, al primer mandatario tampoco le faltó tiempo para hacer un llamado de atención sobre la aplicación de las garantías constitucionales establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano, señalando que el “uso indiscriminado de la acción de tutela puede conducir a la inseguridad jurídica, al caos administrativo y político”.

El presidente Santos, más allá del procurador general Alejandro Ordoñez, es el responsable de que la ciudad de Bogotá sume tres alcaldes diferentes en tan solo una semana, con el consiguiente caos administrativo y parálisis de su gestión. En ese sentido, Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la CIDH, recordó que el 18 de marzo pasado la institución a la que representa había dictado medidas cautelares en favor de Gustavo Petro, por las cuales se pedía al Estado no ejecutar la decisión de destitución e inhabilitación demandada desde la Procuraduría General del Estado. Santos desoyó dicho mandato, alegando que las medidas de la CIDH no eran obligatorias y que pesaban más las decisiones de las autoridades nacionales, por lo que firmó al día siguiente lo que en aquel momento era la “sentencia de muerte política” de Petro.

Queda por ver el desenlace de este drama judicial o lo que para el joven Maldonado sería el capitulo final del “culebrón Petro”, dado que el procurador Ordoñez –responsable también entre otras de la destitución e inhabilitación de la ex senador Piedad Córdoba- ya anunció que impugnará de forma inmediata la restitución de Gustavo Petro.

En todo caso, y para bien, las coyuntura actual ha propiciado un gran debate social en este país andino, el cual va desde cuestionar los ultra-poderes otorgados a un cargo no electo por la ciudadanía como es la Procuraduría General de la Nación, hasta la necesidad cambios estructurales en el sistema de justicia colombiano.