Resumen:
La destitución e
inhabilitación de Gustavo Petro por la Procuraduría General de la Nación, ha
abierto una crisis institucional que va acompañada de un debate nacional sobre
la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia. El conflicto en
torno a la alcaldía de Bogotá ha implicado a múltiples actores –nacionales e
internacionales-, que cuestionan la legitimidad del proceso y los “megapoderes”
otorgados a una institución no elegida por sufragio universal. Su resolución
consolidará o deteriorará aún más el sistema “democrático” colombiano.
Decio Machado: sociólogo y periodista. Miembro del
equipo fundador del periódico español Diagonal
e investigador de la ecuatoriana Fundación Alternativas de Desarrollo Humano y
Estudios Antropológicos (ALDHEA).
Palabras claves: Procuraduría General de la Nación, Alejandro
Ordoñez, recolección de basura, Gustavo Petro, Bogotá, Colombia.
El pasado 9 de
diciembre, la Procuraduría General de la Nación consumaba el proceso iniciado
meses atrás de destitución e inhabilitación por 15 años para aspirar a cargos
públicos del alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Dicha sanción se basa en
supuestas irregularidades y mala gestión en la reforma del sistema de recolección
de basura en la capital colombiana, hechos acontecidos en diciembre del 2012 y
a través de los cuales el gobierno municipal desprivatizó este servicio
público.
El origen del caso Petro
La destitución
del alcalde capitalino se originó en la puesta en marcha del programa “Basura
Cero”, un compromiso electoral que Gustavo Petro asumió como dirigente del Movimiento
Progresista -tras apartarse del Polo Democrático Alternativo- durante su
campaña electoral en la segunda mitad del 2011[1].
Mediante la aplicación
de este programa, la alcaldía de Bogotá buscaba reducir en miles de toneladas
la basuras que produce diariamente dicha urbe[2]. Así,
el 18 de diciembre de 2012, el gobierno municipal de Bogotá decidió el traspaso
de competencias de la recogida de basuras de manos de operadores privados a la
empresa pública Aguas de Bogotá, vehículo de expansión de la Empresa Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)[3]. La
medida, aplicada con cierta improvisación y apresuramiento, provocó que a
través de una acción concertada por parte de determinados contratistas privados,
quienes hasta entonces se habían beneficiados por prórrogas permanentes de sus
contratos, se acumularan basuras durante los tres primeros días de esta medida[4]. Fruto
de esta situación, el gobierno municipal tuvo que afrontar de forma transitoria
la firma de nuevos contratos con operadores privados, mientras consolidaba su
programa público de recogida de basuras y reciclaje.
A pesar de que el
plan “Basura cero” reduce notablemente las tarifas del servicio de recolección
de desechos, a la par que formaliza las condiciones laborales de unos 14.500
recicladores que quedaron vinculados al proyecto, la Procuraduría General de la
Nación, liderada por el ultraconservador Alejandro Ordoñez, resolvió abrir una
investigación por “presuntas conductas irregulares” [5]. En
descargo del dirigente socialdemócrata, cabe indicar que la medida aplicada
está estrechamente vinculada a lo que fueron los principales ejes de su campaña
electoral: la defensa de lo público, lo ambiental y la lucha contra las mafias.
Mafias ancladas a la recolección de
basura
Entre los
empresarios beneficiados por las prórrogas sine
die de la recolección de desechos en Bogotá, destacan dos grandes y
controvertidos contratistas colombianos: William Vélez y Alberto Ríos[6]. Ambos
fueron protagonistas de diversas maniobras que tuvieron como objetivo la prórroga
de sus contratos, congestionando con todo tipo de observaciones las
licitaciones que en diferentes momentos se dieron por parte del municipio
bogotano. Esta estrategia se basó en el impulso de un amplio abanico de
observaciones a los términos de referencia contractuales propuestos por la alcaldía,
los cuales iban desde la modificación de los indicadores de gestión propuestos
hasta la solicitud de cambios en los sistemas de remuneraciones para funciones
complementarias, como era el caso de quienes cortan el césped o podan los árboles.
Debido a que dichas observaciones conllevan la necesidad de respuesta rápida
por parte de una burocracia administrativa incapaz de cumplir con tales fines,
lograron en sucesivas ocasiones el retraso de las licitaciones, manteniéndose
como beneficiarios de los contratos a pesar de que sus concesiones hubieran
finalizado.
En lo referente a
la vinculación de determinados grupos empresariales y políticos con el
paramilitarismo, el caso de William Vélez es paradigmático[7].
En los últimos diez años, Vélez se convirtió en uno de los grandes contratistas
de obras públicas del país, habiendo construido el holding empresarial Grupo ETHUSS, el cual factura por encima de los
200 millones de dólares anuales y opera más allá de las fronteras colombianas[8]. El
nombre de Vélez ha sido referido en múltiples ocasiones por ex jefes
paramilitares –destacan las declaraciones de Freddy Rendón Herrera, alias “el
Alemán”; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alías “Monoleche”-, los
cuales le identifican como testaferro de Vicente Castaño, alias “el Profe”, uno
de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) [9]. Su
nombre aparece también en memorandos del Bloque Norte de las AUC relacionados
con el negocio de la basura. En círculos empresariales, Vélez es señalado como
protegido y gran amigo del ex presidente Álvaro Uribe.
Con respecto al empresario
Alberto Ríos Velilla, quien es socio de la empresa Aseo Capital, cabe señalar
que el clan Ríos Velilla es socio de la familia Nule –Grupo Nule- en polémicos
negocios que en la actualidad son investigados por las autoridades judiciales. Al
respecto, a mediados del 2010 salieron a la luz pruebas que evidencian la
negociación de multimillonarias comisiones por parte del ex congresista Germán
Olano al empresario Miguel Nule Velilla, cuya empresa manejaba contratos de
distintas obras públicas que se desarrollaban en Bogotá durante la gestión de
Samuel Moreno. La
principal obra que se vio directamente afectada en dichas negociaciones
irregulares fue la construcción del sistema de transporte público TransMilenio,
la cual llegó a tener casi dos años de retraso y notables incrementos en sus
costos iniciales.
En la lista de
los implicados en el llamado “Carrusel de Contratación” –hechos que sacudieron la
gestión municipal de Samuel Moreno-, aparecen entre otros los contratistas Miguel,
Manuel y Guido Nule, todos ellos detenidos e imputados por la Fiscalía en
diferentes delitos vinculados a este escándalo. En abril del 2013, una
investigación periodística descubría la participación del clan Ríos Velilla en
la sociedad anónima Land Developer Investment Inc[10],
con sede en el paraíso fiscal de Panamá, la cual se beneficia de un porcentaje
del pago de cada uno de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte
Público (SITP)[11]. Periodistas del diario El Tiempo[12] [13] documentaron en
Bogotá, Cartagena, Panamá y Santiago de Chile la presencia en la sombra de
miembros de la familia Ríos Velilla en la firma recaudadora de los pasajes del
SITP, así como su conexión panameña. Estas triangulaciones de empresas se
complejizan con la aparición de empresas como Inversiones Alsacia SA, compañía
que presta servicios de transporte público en Santiago de Chile, y tiene entre
sus accionistas de forma indirecta a los Ríos Velilla[14].
Más allá de lo
anteriormente expuesto, el hecho de que ambos empresarios se mantuvieran por
más tiempo de lo estipulado en la recolección de basuras de Bogotá, implicó
unas tarifas 20% más altas de lo establecido por la regulación vigente.
Procuraduría General de la Nación: el ariete
contra Petro
La Procuraduría
General de la Nación ejerce como un organismo de control autónomo del Estado
que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir irregularidades
de los gobernantes, los funcionarios públicos y las agencias del Estado colombiano. Dicho
organismo pretende garantizar la vigencia de los derechos colectivos de la
ciudadanía, actuando en representación de la sociedad civil. Su máximo
representante, el procurador general, es elegido por el Senado por un periodo
de cuatro años a partir de una terna integrada por candidatos postulados por el
Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado.
Según Claudia Ruíz, ex
investigadora de la Corporación Arco Iris y ex secretaria de acción social de
la administración Peñalosa en la Alcaldía de Bogotá, el procurador Alejandro
Ordóñez "compró” su reciente reelección (2013-2017) “vendiéndole a
los congresistas puestos y contratos en la Procuraduría". Más allá de la
polémica, cabe recordar que el propio Petro avaló con su voto como senador
(2009) el primer nombramiento de Ordoñez como procurador general[15] [16].
Alejandro Ordóñez,
un hombre que reza diariamente el rosario y es un fiel seguidor de la doctrina
ortodoxa del monseñor Lefebvre, goza de fama por lo intransigente de sus
actuaciones[17]. Sus antecedentes se
remontan a la quema de libros considerados “eróticos” de autores como Thomas
Mann, Rousseau, Marcel Proust o Víctor Hugo, cuando aún era estudiante en el
Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga[18].
En la actualidad, más allá de la destitución e inhabilitación de Gustavo Petro,
el procurador mantiene duras batallas contra el “matrimonio igualitario”
–habiendo la Procuraduría anulado todos matrimonios de personas del mismo sexo
que se han dado en el país-[19];
obstaculizando paralelamente todos los esfuerzos que se generan desde diversos
ámbitos por garantizar la prestación de los servicios de interrupción de
embarazos incluso en los casos admitidos por la ley[20];
para terminar ejerciendo una férrea oposición a los debates sobre la
legalización de la droga y al Proceso de Paz que se desarrolla con la
insurgencia[21].
Respecto al caso
Petro, la Procuraduría General de la Nación esgrimió varias acusaciones de
irresponsabilidad para sostener su destituir e inhabilitación. La primera hace
referencia a la improvisación, determinando que el burgomaestre “de manera
libre, consciente y voluntaria ordenó asignarle la prestación del servicio de
aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”. Según
el Procurador, esto generó “la grave emergencia que afrontó la ciudad para los
días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012”. Añadiendo que dicha improvisación
significó la compra y alquiler de compactadores en detrimento al patrimonio
distrital, habiendo que contratar nuevamente a operadores privados.
La Procuraduría
considera a su vez, que desde el gobierno distrital se implementó un modelo
para el aseo de la ciudad que está fuera de la ley, vulnerando así “los
principios de la libre empresa y competencia”. Ordoñez sostiene que Petro actuó
de forma consciente y voluntaria, sabiendo que sus medidas eran irregulares. Por
último, el procurador le imputa como falta disciplinaria la autorización de “prestación
de servicio de aseo con volquetas”, decisión que se tomó ante la acumulación de
“entre 6 mil y 9 mil toneladas de basura” durante los tres días de caos en
Bogotá.
En resumen, según
la Procuraduría General de la Nación, el alcalde Petro había provocado “la
crisis y el caos en diciembre de 2012, la incorrecta prestación del servicio de
aseo por volquetas hasta junio de 2013 y el riesgo actual de que los
compactadores estén a punto de perderse”. De esta manera, se habría vulnerado
el principio de “lealtad de empresa”, poniendo en riesgo la salud del conjunto
de ciudadanos de Bogotá.
Las estrategias de Gustavo Petro
A partir de su destitución,
Gustavo Petro jugó a liderar un proceso que pretende tener características similares
a los “indignados”, el cual tuvo su origen en la “primavera árabe” –diciembre
del 2010- y que posteriormente se expandió a través del 15-M español, la toma
de Wall Street en Nueva York o las más reciente protestas masivas en distintas
ciudades brasileñas contra el alza del transporte y los gastos del mundial de
fútbol[22].
Para ello se posicionaron mensajes como “Bogotá se levanta indignado”, y un
llamado a la movilización permanente en protesta contra la desproporcionada
sanción emitida por la Procuraduría. Petro llegó a afirmar, la misma noche de
su destitución, desde la Plaza Bolívar –hoy rebautizada como “plaza de los
indignados”- que “el alcalde se queda si ustedes se quedan”, en referencia a
las acampadas urbanas protagonizadas en otros países.
Sin embargo, los indignados
que han protagonizado movilizaciones en otros países se han movilizado en
protesta contra los altos niveles de desempleo, la corrupción o la ausencia de
libertades políticas. Sus
discursos comparten ejes que van desde el cuestionamiento al poder de las
transnacionales hasta la bancocracia
y los malos servicios públicos, derrocando a regímenes dictatoriales o en otras
ocasiones, evidenciando las falencias de sistemas “democráticos” a través de la
consigna “somos el 99%”.
Si bien Petro supo aglutinar
al conjunto de afectados por las arbitrariedades de la Procuraduría –jóvenes
por la despenalización del consumo de las drogas, movimientos de mujeres pro-abortistas
o el frente LGBT-, lo cierto es que el alcalde de Bogotá no deja de representar
una burocracia de más de 80.000 servidores públicos y una institución-plataforma[23]
para aspirar a la Presidencia de la República, en la cual su último presupuesto
municipal suma 14 billones de pesos (casi 500 millones de dólares). Con estos
condicionantes, la Plaza Bolívar quedó lejos de equipararse a la Plaza Tahrir,
en Egipto, aunque la capacidad de movilización del petrismo es indudable[24].
El alcalde destituido supo,
tras la medida propugnada por la Procuraduría, convertir una gestión hasta
entonces escasamente considerada –su imagen favorable era tan solo del 30%-, en
una poderosa herramienta de propaganda que conllevó incluso pronunciamientos al
respecto de Naciones Unidas. Petro y su equipo están haciendo todo lo posible
por situar el caso en el ámbito internacional, cuya estrategia se basa en la solicitud
de medidas cautelares a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), bajo
el argumento de la persecución ideológica[25].
El corregidor bogotano también viajó a Washington, reuniéndose con un grupo de
congresistas estadounidenses, incluido el senador demócrata Jim McGovern -un
habitual en temas colombianos-, ejerciendo presión sobre el Palacio de Nariño[26].
En paralelo, Petro ha recibido declaraciones de apoyo desde los alcaldes de la
Red de Ciudades Sudamericanas (REDCISUR)[27] y
de los diputados de Izquierda Verde del Parlamento Europeo[28].
Con esta visibilidad
internacional, los petristas lograron dilatar los efectos del fallo, aumentando
el costo político de sus adversarios en el supuesto de que este se hiciera
efectivo. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha fallado
varias tutelas a favor de Petro, lo cual también frena provisionalmente decisión
del procurador. Estos recursos fueron interpuestos por ciudadanos –en el marco
de las disposiciones constitucionales- a
los que se les dio la razón bajo el argumento de que “la destitución de un
funcionario elegido popularmente limita el goce efectivo del derecho
fundamental al control político”. Dicha decisión ha sido impugnada por la
Procuraduría, dejando en un limbo jurídico la destitución de burgomaestre.
Revocatoria:
estrategia uribista que actúa como “boomerang” petrista
Tras los sucesos de diciembre
del 2012, el congresista Miguel Gómez -Partido de la U- impulsó la recolección
de firmas con el objetivo de revocar a Gustavo Petro. Para ello, necesitaba 289.263
firmas –40% del total de votos de Petro en las últimas elecciones-, presentando
en total 640 mil.
Si el cuestionado alcalde hubiera
aceptado enfrentar la revocatoria, tenía grandes posibilidades de ser relegitimado,
el referéndum se habría realizado entre septiembre u octubre del pasado año[29].
Sin embargo, su estrategia optó por dilatar el proceso lo máximo posible,
reivindicando su derecho a la revisión de firmas. Tras la validación de 355.000
de estas, y la interposición de sucesivos recursos legales, el proceso llegaría
a su fin cuando la Registraduría certificó de forma definitiva las firmas. El pasado 18 de diciembre era denegada la
última de las más de 200 tutelas interpuestas por los petristas, con lo cual la
revocatoria ya no tenía vuelta atrás, fijándose el 2 de marzo como la fecha
para su realización.
Las acciones de la
Procuraduría comenzaron seis meses después de que el uribismo iniciase su
recogida de firmas, y lo cierto es que la situación generada por el fallo de
destitución no pudo tener mejor impacto para el corregidor bogotano. Una
encuesta de la firma Cifras y Conceptos, realizada pocos días después del fallo,
indicaba que la solidaridad generada con el alcalde de Bogotá había elevado su nivel
de aprobación del 30% al 53%[30].
Esta misma firma encuestadora, reafirmaba a finales del mes de enero, la
progresión positiva de la imagen de Petro, la cual ya alcanzaba el 58%. A la
pregunta concreta referente a si se está de acuerdo con su destitución, tan
sólo un 30% dijo respaldar la sanción de la Procuraduría General[31].
La decisión del presidente Santos, al momento de terminar este artículo, de desestimar las medidas cautelares de la CIDH y validar el fallo de la Procuraduría clausura la consulta por la revocatoria y cierra legalmente el caso. Posiblemente lo que no quede cerrado con el nombramiento del nuevo alcalde interino Rafael Pardo Rueda sea el descontento generalizado con la Procuraduría, a la que se le cuestionan sus «megapoderes» por romper el equil
Lo anteriormente
descrito a propiciado un debate social de gran magnitud, en el que se debate
desde reformar el rol de la Procuraduría hasta la necesitan cambios
estructurales en el sistema de justicia de Colombia.
[1] Algunos analistas
políticos manifestaron que su inscripción para las elecciones municipales
podría ser declarada nula, en la medida que el candidato podría haber incurrido
en doble militancia -según el artículo 2º de la ley estatutaria que da forma a
la reforma política aprobada en el 2009-. Según esta versión, Gustavo Petro
debería haber renunciado al Polo Democrático Alternativo al menos un año antes
de su postulación como candidato por otra formación política. El 30 de octubre
del 2011 Petro fue elegido alcalde de Bogotá, cuyo mandato comenzó el 1 de
enero del siguiente año. De los 4.904.572 de votantes potenciales, 2.324.885
participaron, recibiendo Petro 721.308 (32,16%), mientras que su rival más
próximo, Enrique Peñalosa, obtuvo 559.307 (24,93%), quedando en tercer lugar
Gina Parody con 375.574 (16,74%).
[2] Bogotá es una ciudad
que tiene una extensión de 1.776 km2, con una población aproximada de ocho
millones de habitantes, en permanente crecimiento territorial y poblacional, en
la que cada bogotano produce una media de 24 kilos de basura al mes.
[3] Aguas de Bogotá es una
empresa participada en más de un 99% por entidades del orden distrital como la
EAAB, la Empresa de Energía de Bogotá ESP, Metrovivienda, el Municipio de La
Mesa y Colvatel.
[4] Durante su último día
de operaciones, los privados dejaron de recoger entre 2.000 y 3.000 toneladas
de desechos, los cuales estaban fuera de la programación prevista de la recién
llegada EAAB. La privatización de la recogida de basuras en Bogotá llegó de la
mano de la desaparición de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS),
liquidada en 1996 tras escándalos de corrupción y sobrecostos. Las nuevas
contrataciones, una vez finalizadas las primeras concesiones, debieron ser
ejecutadas durante el último período del mandado de Antanas Mockus, posteriormente
durante la gestión de Luís Eduardo Garzón y parte del mandato de Samuel Moreno.
Los trámites al respecto, protagonizados por este último, se vieron
interrumpidos por las investigaciones que se realizaron al calor del escándalo
sobre la contratación de obras públicas durante su gestión. La corrupción en la
contratación pública en la alcaldía de Bogotá, en parte denunciada por el
propio Gustavo Petro, motivó la expulsión de Samuel Moreno del Polo Democrático
Alternativo (septiembre de 2011), quien posteriormente fue detenido al
considerársele responsable de dichas irregularidades.
[5] El procurador Alejandro
Ordóñez, que ha criticado otras medidas de Petro como la prohibición del uso de
la plaza de toros municipal para las corridas -“arte” del cual Ordoñez es
un apasionado-, fue el protagonista de la suspensión de Samuel Moreno como
alcalde de Bogotá en 2011. En la actualidad, Moreno sigue enjuiciado por
concierto para delinquir y otros delitos vinculados a la corrupción.
[6] Las sucesivas prórrogas
de los contratos de recogida de basuras en Bogotá, incluidas dos declaratorias
de urgencia manifiesta, vinieron a significar que incluso el Contralor
Distrital de la ciudad, Diego Ardila, declarara en 2012 que esta situación no
podía continuar, dando plazo hasta diciembre de ese año –fecha de la aplicación
del plan “Basura cero”- para solventar dicha situación.
[7] Fue precisamente
Gustavo Petro, en representación del Polo Democrático Alternativo, quien desde
el Senado denunció, entre otras tramas corruptas y criminales, el escándalo de
la “parapolítica”, destapando los vínculos económicos y políticos de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que llevó a investigar, procesar y
encarcelar a un tercio de los miembros del Congreso de entonces, en su mayoría
aliados del uribismo.
[8] Las empresas del Grupo
ETHUSS desarrollan su actividad en países como México, Panamá, Chile, República
Dominicana y Ecuador, además de Colombia.
[9] José Vicente Castaño
Gil, paramilitar y narcotraficante colombiano, es hermano de Carlos Castaño
–jefe y fundador de las AUC-, y está pedido en extradición por la corte del sur
de Nueva York por el delito de narcotráfico, aunque su paradero en la
actualidad es desconocido.
[10] El presidente de Land Developer es el empresario Danny
David Cohen Mubrabi, quien fue inhabilitado y excluido por “falta de
honestidad” para participar en contratos con la Autoridad del Canal de Panamá
-según un edicto del 25 de enero de 2012-. Cohen Mugrabi también es miembro de
la junta directiva de la compañía colombiana Megaterra SA, creada en el 2010 y
dedicada a proyectos de inversión, junto con los hermanos Joseph y Daniel
Mildenberg Mizrachi. Dichos hermanos forman parte de la Corporación Karibana
Beach Golf & Marina Club Cartagena de Indias, donde están asociados a su
vez con los hermanos Javier y Alberto Ríos.
[11] Esta concesión, ideada
en 2011 con una duración de 16 años, ha sido la más grande que se ha adjudicado
en Colombia.
[14] En el balance de
Inversiones Alsacia SA del 2011, se señala que la firma Global Public Services
SA –quien coparticipa de la primera- tiene el 99,98% de sus acciones, siendo
este grupo controlado por los Ríos Velilla.
[16] En múltiples
movilizaciones pro-petristas se han visualizado carteles con la frase
"Cría Ordoñez y te sacarán los ojos" en alusión a este hecho.
[17] Su decisión de cambiar
el retrato del general Francisco de Paula Santander que adornaba la sala
plenaria de esta la Procuraduría por un enorme crucifijo, dejó constancia de su
disposición a ejercer sus cargos públicos con profundo apego a su fe religiosa,
a pesar de que Colombia se define como un Estado laico.
[18] Durante esa época,
Alejandro Ordoñez se desempeñaba como jefe departamental de las Juventudes
Conservadoras. Posteriormente ejerció como concejal del Partido Conservador en
Bucaramanga, juez del tribunal administrativo de Santander, docente e
investigador de varias universidades, llegando a presidente del Consejo de
Estado, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo de Colombia.
[19] Esta situación se da a
pesar de que tanto la Corte Constitucional de Colombia como el Consejo de
Estado ya determinaran que las parejas del mismo sexo también pueden constituir
una familia.
[20] Desde mayo de 2006 la
ley colombiana autoriza la interrupción del embarazo en tres casos: cuando hay
malformación del feto, en embarazos producto de una violación, o cuando peligra
la vida o la salud mental de la madre.
[21] El procurador Alejandro
Ordóñez fue quien inhabilitó por 18 años a la senadora Piedad Córdoba, por
supuestos vínculos con las FARC.
[22] En Colombia ya ha
habido fracasados intentos de apropiarse del modelo “indignados” con
anterioridad. Destaca en este sentido la fallida reforma a la Justicia, donde
mucha gente se indignó con el Congreso y con el presidente Santos, aunque el
conato de desobediencia no duró lo suficiente como para consolidarse en un
movimiento más allá de su efímera vida en las redes sociales.
[23] La alcaldía de Bogotá
se considera el segundo cargo de mayor importancia en el país.
[24] Para ese propósito,
entre otras cosas, el equipo de la Alcaldía dispone de un Comité de Defensa de
la Bogotá Humana que coordina la ex secretaria de Integración de Bogotá, Teresa
Muñoz. Este Comité está organizado por más de 30 nodos que agrupan distintas
comunidades como los animalistas, las mujeres, las fuerzas políticas o la
población LGBT.
[25] Actualmente, la CIDH
tiene un atraso procesal de más 8.000 peticiones, y la de Petro al parecer no
tiene las características suficientes para que se aplique el per saltum -la prioridad que se le da a
casos de, por ejemplo, víctimas de tortura o menores de edad-, por lo que
deberá esperar en la extensa fila de carpetas.
[26] La agenda de Gustavo
Petro en EEUU incorporó también reuniones con ONGs y think tanks relacionados con temas latinoamericanos y derechos
humanos, entre los que destacan Human Rights Watch, Diálogo Interamericano, el
Centro Woodrow Wilson y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA).
[27] La REDCISUR manifestó
su preocupación mediante una misiva a la CIDH, cuestionando que “una acción de
una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular
de manera legítima”. El grupo, que incluye a los alcaldes de 11 capitales
suramericanas, fue liderado por la alcaldesa limeña Susana Villarán quien ya
salió airosa de un intento de revocatoria en su contra.
[28] Estos diputados
europeos enviaron un carta al presidente Juan Manuel Santos preocupados por el
trasfondo político de su destitución.
[29] Desde la entrada en
vigor de la Constitución de 1991 ninguna de las más de 40 revocatorias que
llegaron a las urnas fue exitosa.
[30] Polimétrica. Análisis
sobre instituciones, política, economía y sociedad. Especial Bogotá. Diciembre
de 2013. http://cifrasyconceptos.com/cms/modules/productos/files/FXXW.2013%20Polimétrica%20%20Diciembre%20Alcald%C3%ADa%20Bogotá.pdf
[31] Polimétrica para
Caracol Radio y Red + Noticias. http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/el-65-de-los-bogotanos-no-esta-de-acuerdo-con-la-destitucion-de-petro/20140127/nota/2063481.aspx
[32] La posición del
presidente Santos se complica aún más estando en la antesala de las elecciones
presidenciales, las cuales tendrán lugar el próximo 25 de mayo.
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