Detenciones y violaciones de derechos humanos en la provincia de Oaxaca

Por Decio Machado / Oaxaca (México)

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Tras la declaración de “guerra” contra la delincuencia organizada y el narcotráfico que tuvo su inicio durante el gobierno de Felipe Calderón, son múltiples los casos de violaciones de derechos humanos y procesos judiciales irregulares que se han desarrollado en México, los cuales permiten encubrir, de forma paralela, la represión selectiva contra dirigentes y activistas sociales a lo largo y ancho del país.

Pancarta cinco activistas detenido      Foto: Decio Machado 

Según los voceros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de diversas organizaciones sociales de Oaxaca, es en ese contexto en el que se enmarca la detención, los días 17 y 18 del pasado mes de mayo, de Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva, Leonel Manzano Sosa, Sara Altamirano Ramos y Damián Gallardo Martínez, por su presunta colaboración en un secuestro de dos menores de edad. Dos de estos detenidos son maestros pertenecientes al ala más combativa del SNTE, la sección 22, siendo los otros tres, miembros del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), una organización que  interviene políticamente con sectores excluidos y poblaciones indígenas.

Argelia Manzano Sosa, hermana de uno de los detenidos, indica que sólo ha podido ver a Leonel una vez desde su detención, gracias a una movilización organizada por la sección 22 de la SNTE frente al Penal de Máxima Seguridad Puerta Grande en Jalisco. “Mi hermano y otros tres compañeros suyos fueron detenidos el 17 de mayo por cuerpos de élite al servicio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuando transitaban por una de las calles céntricas de la ciudad. Fueron llevados a un sitio de detención clandestino, en donde fueron torturados hasta hacerles firmar sus respectivas confesiones” denuncia la hermana del detenido. Los familiares de los encarcelados no supieron de la detención de estos hasta 36 horas después de su desaparición, cuando mediante un enlace con varios medios de comunicación la Secretaría de Gobernación [equivalente al Ministerio del Interior] y la Procuraduría General Federal los presentó como responsables del secuestro de dos menores de edad vinculados familiarmente de la máxima autoridad empresarial del país.

De manera similar se manifiesta Gregorio Gallardo Vázquez, padre de otro de los detenidos, indicando que “mi hijo Damián [el quinto activista detenido] se lo llevaron de su domicilio a las dos de la madrugada del 18 de mayo, y también estuvo desaparecido hasta el domingo, lo golpearon y le hicieron confesar crímenes que no ha cometido”.

Sara Altamirano Ramos, única mujer detenida en el operativo policial, había sido nominada como candidata a la alcaldía del municipio de Jalapa del Marques –comunidad ubicada en el Estado de Oaxaca- por una alianza electoral entre PRD, PAN y PT unos días antes, lo que motivó la reunión de apoyo que se dio en un céntrico café oaxaqueño momentos previos a su detención.

“¿De verdad alguien se cree que maestros, activistas sociales e incluso una candidata electoral estén involucrados en un secuestro de niños?”, se pregunta Elisa Ivonne Santos Carrasquedo, maestra y portavoz del FACMEO. Según esta profesora de enseñanza primaria, “lo que busca el gobierno con estas detenciones es atemorizar a los dirigentes sociales que se oponen a las reformas de profundización neoliberal que estamos viviendo en el país, la estrategia no es nueva y la han aplicado con anterioridad sobre los sectores más sociales más combativos”. Santos Carrasquedo hace referencia a las acusaciones que se vertieron en el 2002 sobre Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, quien fuera fundador y presidente de FACMEO e imputado también por el secuestro de un menor, cargo por el que fue detenido durante seis años para ser posteriormente liberado por falta de pruebas. Rodríguez Enríquez, fue asesinado el 24 de diciembre de 2011, al ser baleado al interior de su vehículo por unos desconocidos sin que hasta la fecha se haya realizado detención alguna por dicho homicidio.

Inconsistencias en la acusación

Entre el 17 y el 19 de mayo fueron detenidas doce personas por el secuestro ocurrido el pasado 14 de enero de dos sobrinos menores de edad del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, e hijos del distribuidor de mercancías al mayoreo en Oaxaca, Juan José Álvarez Candiani. Entre los encarcelados se encuentran los cinco dirigentes sociales, sobre los cuales se piden condenas de hasta 75 años de prisión.  

Dossier violaciones derechos humanos Oaxaca Foto: DM

Para el secretario de Relaciones de la sección 22 del SNTE, David Estrada Baños, las detenciones realizadas sobre los cinco dirigentes sociales se basan en pruebas fabricadas y buscan involucrar a estos activistas en crímenes que no han cometido. En ese sentido, Argelia Manzano Sosa denuncia que los cuerpos de seguridad nunca presentaron orden de detención contra ninguno de los activistas, y “en el caso de mi hermano, mientras le golpeaban, le decían que tenían en su poder a sus hijas y que si no firmaba la autoinculpación, estas serían violadas frente a él y posteriormente asesinados todos los miembros de su familia. De igual manera, no pudieron contactar con sus abogados hasta un mes después de haber sido detenidos, no permitiendo tampoco el acceso de los familiares a los penales donde habían sido recluidos”.

Según Elías González Luna, coordinador de sección magisterial del Derechos Humanos, hasta el testimonio de los menores durante el proceso evidencian la inocencia de los activistas detenidos, pues señalan que en sus conversaciones con los secuestradores, estos les indicaron que “trabajaban a las órdenes de una persona muy cercana a su padre, que lo odiaba y lo envidiaba, situación que nada tiene que ver con nuestros compañeros”, y añade, “nuestra constitución señala que toda declaración obtenida bajo tortura no es válida, y a nuestros compañeros les tuvieron que levantar el brazo y guiar sus manos tras las torturas recibidas para que lograran firmar sus autoinculpaciones”.

Los abogados de defensores de los detenidos informan que se interpuso un recurso legal de revisión sobre las detenciones de los cinco activistas sociales, y aunque su resolución se pospone de forma permanente, aun mantenemos la esperanza de que sean liberados. “Mientras tanto mantendremos nuestro plantón diario, que se aproxima ya a los seis meses, frente al Palacio de Gobierno en la Plaza del Zócalo de Oaxaca”, anuncia César León, miembro de la comisión de prensa y propaganda de la Unión de Comunidades Indígenas de Oaxaca (UCIO), una de las múltiples organizaciones sociales que se han solidarizado con la causa de los detenidos.