Por Decio Machado /
Oaxaca (México)
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Tras
la declaración de “guerra” contra la delincuencia organizada y el narcotráfico
que tuvo su inicio durante el gobierno de Felipe Calderón, son múltiples los
casos de violaciones de derechos humanos y procesos judiciales irregulares que
se han desarrollado en México, los cuales permiten encubrir, de forma paralela,
la represión selectiva contra dirigentes y activistas sociales a lo largo y ancho
del país.
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| Pancarta cinco activistas detenido Foto: Decio Machado |
Según
los voceros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de
diversas organizaciones sociales de Oaxaca, es en ese contexto en el que se
enmarca la detención, los días 17 y 18 del pasado mes de mayo, de Mario Olivera
Osorio, Lauro Atilano Grijalva, Leonel Manzano Sosa, Sara Altamirano Ramos y
Damián Gallardo Martínez, por su presunta colaboración en un secuestro de dos
menores de edad. Dos de estos detenidos son maestros pertenecientes al ala más
combativa del SNTE, la sección 22, siendo los otros tres, miembros del Frente
Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), una
organización que interviene políticamente
con sectores excluidos y poblaciones indígenas.
Argelia
Manzano Sosa, hermana de uno de los detenidos, indica que sólo ha podido ver a
Leonel una vez desde su detención, gracias a una movilización organizada por la
sección 22 de la SNTE frente al Penal de Máxima Seguridad Puerta Grande en
Jalisco. “Mi hermano y otros tres compañeros suyos fueron detenidos el 17 de
mayo por cuerpos de élite al servicio de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuando transitaban por una de
las calles céntricas de la ciudad. Fueron llevados a un sitio de detención
clandestino, en donde fueron torturados hasta hacerles firmar sus respectivas confesiones”
denuncia la hermana del detenido. Los familiares de los encarcelados no supieron
de la detención de estos hasta 36 horas después de su desaparición, cuando
mediante un enlace con varios medios de comunicación la Secretaría de
Gobernación [equivalente al Ministerio del Interior] y la Procuraduría General
Federal los presentó como responsables del secuestro de dos menores de edad
vinculados familiarmente de la máxima autoridad empresarial del país.
De
manera similar se manifiesta Gregorio Gallardo Vázquez, padre de otro de los
detenidos, indicando que “mi hijo Damián [el quinto activista detenido] se lo
llevaron de su domicilio a las dos de la madrugada del 18 de mayo, y también
estuvo desaparecido hasta el domingo, lo golpearon y le hicieron confesar
crímenes que no ha cometido”.
Sara
Altamirano Ramos, única mujer detenida en el operativo policial, había sido
nominada como candidata a la alcaldía del municipio de Jalapa del Marques
–comunidad ubicada en el Estado de Oaxaca- por una alianza electoral entre PRD,
PAN y PT unos días antes, lo que motivó la reunión de apoyo que se dio en un
céntrico café oaxaqueño momentos previos a su detención.
“¿De
verdad alguien se cree que maestros, activistas sociales e incluso una
candidata electoral estén involucrados en un secuestro de niños?”, se pregunta Elisa
Ivonne Santos Carrasquedo, maestra y portavoz del FACMEO. Según esta profesora
de enseñanza primaria, “lo que busca el gobierno con estas detenciones es
atemorizar a los dirigentes sociales que se oponen a las reformas de
profundización neoliberal que estamos viviendo en el país, la estrategia no es
nueva y la han aplicado con anterioridad sobre los sectores más sociales más
combativos”. Santos Carrasquedo hace referencia a las acusaciones que se
vertieron en el 2002 sobre Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, quien fuera
fundador y presidente de FACMEO e imputado también por el secuestro de un menor,
cargo por el que fue detenido durante seis años para ser posteriormente
liberado por falta de pruebas. Rodríguez Enríquez, fue asesinado el 24 de
diciembre de 2011, al ser baleado al interior de su vehículo por unos
desconocidos sin que hasta la fecha se haya realizado detención alguna por
dicho homicidio.
Inconsistencias en la acusación
Entre
el 17 y el 19 de mayo fueron detenidas doce personas por el secuestro ocurrido el
pasado 14 de enero de dos sobrinos menores de edad del presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, e hijos del distribuidor
de mercancías al mayoreo en Oaxaca, Juan José Álvarez Candiani. Entre los
encarcelados se encuentran los cinco dirigentes sociales, sobre los cuales se
piden condenas de hasta 75 años de prisión.
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| Dossier violaciones derechos humanos Oaxaca Foto: DM |
Para
el secretario de Relaciones de la sección 22 del SNTE, David Estrada Baños, las
detenciones realizadas sobre los cinco dirigentes sociales se basan en pruebas
fabricadas y buscan involucrar a estos activistas en crímenes que no han
cometido. En ese sentido, Argelia Manzano Sosa denuncia que los cuerpos de
seguridad nunca presentaron orden de detención contra ninguno de los
activistas, y “en el caso de mi hermano, mientras le golpeaban, le decían que
tenían en su poder a sus hijas y que si no firmaba la autoinculpación, estas
serían violadas frente a él y posteriormente asesinados todos los miembros de
su familia. De igual manera, no pudieron contactar con sus abogados hasta un
mes después de haber sido detenidos, no permitiendo tampoco el acceso de los familiares
a los penales donde habían sido recluidos”.
Según
Elías González Luna, coordinador de sección magisterial del Derechos Humanos,
hasta el testimonio de los menores durante el proceso evidencian la inocencia
de los activistas detenidos, pues señalan que en sus conversaciones con los
secuestradores, estos les indicaron que “trabajaban a las órdenes de una
persona muy cercana a su padre, que lo odiaba y lo envidiaba, situación que
nada tiene que ver con nuestros compañeros”, y añade, “nuestra constitución
señala que toda declaración obtenida bajo tortura no es válida, y a nuestros
compañeros les tuvieron que levantar el brazo y guiar sus manos tras las
torturas recibidas para que lograran firmar sus autoinculpaciones”.
Los
abogados de defensores de los detenidos informan que se interpuso un recurso
legal de revisión sobre las detenciones de los cinco activistas sociales, y
aunque su resolución se pospone de forma permanente, aun mantenemos la
esperanza de que sean liberados. “Mientras tanto mantendremos nuestro plantón
diario, que se aproxima ya a los seis meses, frente al Palacio de Gobierno en
la Plaza del Zócalo de Oaxaca”, anuncia César León, miembro de la comisión de
prensa y propaganda de la Unión de Comunidades Indígenas de Oaxaca (UCIO), una
de las múltiples organizaciones sociales que se han solidarizado con la causa
de los detenidos.
