Crónica de un derrame de crudo en la amazonia ecuatoriana

Por Decio Machado (Quito / Ecuador)

Periódico Diagonal

Al mediodía del pasado 31 de mayo se registra la alerta en las dependencias del Ministerio de Ambiente, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la empresa estatal Petroecuador. Tras una serie de llamadas telefónicas comienzan a desplegarse mapas del nororiente ecuatoriano sobre diversas mesas de trabajo. A su alrededor se concentran autoridades y técnicos de diversa índole. El punto señalado es la pequeña población amazónica El Reventador, en el kilómetro 82 de la carretera que une Quito con Lago Agrio, la capital petrolera del país.

El despliegue es rápido, en las siguientes dos horas aparecen una multitud de vehículos oficiales y camiones militares en la zona del siniestro. Los vecinos de El Reventador, una localidad con algo más de 1.500 habitantes de los cuales aproximadamente el 70% son pobres, repiten una y otra vez su narración de los hechos al ser interrogados. Unos y otros comentan que sobre las 9:30 horas de la mañana, tras dos días de fuertes lluvias en la zona, “se produjo un fuerte deslave en una loma situada a pocos metros de la entrada a la población”. El desprendimiento de tierras ocasionó la ruptura del oleoducto que recorre el lugar. “Sonó durísimo, así como cuando explotó el Reventador”, indican algunos moradores señalando al volcán que da nombre a la parroquia y que tuvo su última erupción en noviembre del 2002. El talud ocasionó la ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una red de tuberías conocida como la “serpiente metálica” que atraviesa gran parte de la amazonia ecuatoriana hasta llegar a la ciudad de costera de Esmeraldas –donde el crudo es embarcado hacia otros países-, cruzando previamente la Cordillera de los Andes.

Algunos pobladores denuncian que sus animales enfermaron tras la ingestión del agua del río y aproximadamente unas 60.000 personas quedaron desabastecidas del líquido vital. Automáticamente el Estado puso en marcha una flota de camiones que movilizándose desde Quito suministró agua embotellada a los afectados; de igual manera, llegaron tanqueros con agua potable desde Lago Agrio y Shushufindi; y Petroecuador construyó de manera inmediata un acueducto de dos kilómetros para transportar el líquido desde el río Payamino a la planta de tratamiento de agua del Coca, desde donde se abastece a toda la capital de la provincia de Orellana.

Los altos funcionarios del gobierno ecuatoriano tienen sus prioridades claras. De inmediato aparece un comunicado oficial indicando que “la emergencia no afectará a las exportaciones de crudo ni al abastecimiento de las refinerías”. Técnicos de la empresa estatal de cudro manifiestan que “tenemos suficiente crudo almacenado tanto en Lago Agrio como en Esmeraldas para que no se vean afectadas ni las refinerías del país ni nuestras exportaciones”.

Operadores de distintos ministerios recorren las poblaciones afectadas dejando diversas hojas informativas. En ellas se distinguen frases como “ahora si el petróleo es para la Amazonía”, “estamos construyendo la sociedad del Buen Vivir”, “nuestros recursos naturales son la base de nuestro desarrollo” o “Ecuador ama la vida”.

Los pronunciamientos oficiales indican que la ruptura de la tubería ha provocado un derrame de unos 11.480 barriles de petróleo, provocando contaminación en los ríos Coca y Napo. La reparación del oleoducto fue rápida, en apenas tres días el SOTE reanudó su bombeo de crudo, a la par que ya se trabaja en el plan de remediación ambiental. Según los dirigentes de Petroecuador la intervención del Estado ha sido un éxito. Este mensaje junto al de que Ecuador es el país con la Constitución “más verde del planeta” es repetido de manera continuada por diversas autoridades en los actos oficiales que se enmarcan en la “semana del ambiente”, la cual irónicamente tuvo su inicio apenas tres días después del derrame.

Sin embargo, y a pesar de la propaganda oficial, no todo es perfecto. El informe de la compañía estadounidense Oil Spill Response Limited, contratada por Petroecuador para la evaluación de las actividades de respuesta en el área afectada, señala que el derrame afectó a 400 kilómetros a lo largo de las riberas del río Coca y el río Napo, desde el Reventador hasta la entrada de la laguna Añangucocha en el Perú. Según manifiestan algunos de los 300 trabajadores que han sido contratados para la remediación ambiental, ésta no estará terminada hasta dentro de seis meses dada la extensión de terreno por la cual se ha esparcido el crudo. Mientras, voceros de las organizaciones ambientalistas y dirigentes indígenas señalan que un río afectado por un derrame de petróleo pierde su capacidad de sostener flora y fauna acuática, muchas de las sustancias que contiene el crudo se depositan en los sedimentos y son de difícil degradación y fácilmente bioacumulables. Se calcula que metales pesados como el vanadio puede permanecer en los sedimentos de los ríos por lo menos unos 10 años.

Para el biólogo Diego Mosquera, director de la Estación de Biodiversidad de Tiputini del Parque Nacional Yasuní, "en los últimos 30 años por las operaciones petroleras en la Amazonía se han derramado algo así como 20 millones de galones de petróleo". Los datos del Ministerio del Ambiente constatan la magnitud del problema: la media de accidentes entre 2000 y 2011 fue de casi 50 al año. Pero nadie parece tenerlo tan claro como Lizbeth Wachapa, una joven estudiante de la ciudad del Coca que nos indica: “mientras de la Amazonía se siga viendo el verde de los dólares por delante del verde de nuestros árboles, se perpetuará la devastación y contaminación de nuestro entorno”.