Revolución ciudadana: un camino hacia la reeducación y control social

Por Decio Machado

Para Revista Rupturas

Los procesos de reforma del pensamiento o reeducación social, consisten en la aplicación de diversas técnicas de persuasión -coercitivas o no-, mediante las cuales se busca cambiar, en mayor o menor grado, el pensamiento y comportamiento de una sociedad, con el propósito de ejercer sobre esta su reconducción y control.

A lo largo de la historia, se ha recurrido a diversas formas de control de pensamiento de los individuos, pero ha sido en las sociedades autoritarias desarrolladas en el transcurso del siglo XX, en las que primero se han aplicado conocimientos científicos para mejorar las técnicas de reeducación social, y que hoy han sido incluso estandarizadas como método de curación en psiquiatría, apoyados frecuentemente con el uso de fármacos que inhiben las capacidades cognitivas del paciente.

Estos procesos de reeducación social se aplican en sociedades donde el gobierno mantiene una firme pugna por el control de los medios de comunicación de masas y del sistema educativo, y usa este control para diseminar la propaganda en una escala particularmente intensiva, lo que busca predeterminar las pautas de pensamiento y comportamiento de grandes sectores de la población. Acompañado de un fuerte aparato de propaganda oficial, la estrategia busca influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta, mediante un fuerte discurso persuasivo que pretende la adhesión del otro a sus intereses. El método consiste en utilizar una información presentada y difundida masivamente con la intención de apoyar una determinada opción ideológica, y donde aunque el mensaje contiene determinadas dosis de información real, se la trabaja bajo la estrategia de que se difunda de manera incompleta, adulterada y partidista (desinformación), utilizando mecanismos asimétricos de información, la subjetivización y un fuerte impacto emocional. Su uso primario proviene del contexto político y el secundario corresponde a la publicidad de empresas privadas, obteniendo su sofisticación total cuando se combinan ambos espacios fruto del alineamiento total entre el poder político y económico.

Para obtener dicho control social se utiliza una combinación entre medios informales o no institucionalizados (medios de comunicación, la educación o las normas morales); y los medios formales que se implementan a través de estatutos, leyes y regulaciones contra las conductas no deseadas por el poder, lo que produce desde sanciones hasta el encarcelamiento.

Desde la ciencia política se identifica al autoritarismo (no confundir con totalitarismo o gobiernos de partido único) como una doctrina política que aboga por el énfasis en la autoridad del Estado. Se da en sistemas controlados por legisladores electos, lo que suele permitir un cierto grado de libertad, y puede definirse como un comportamiento político en el que sobresale una persona o institución en el ejercicio de su autoridad. El autoritarismo se expresa entonces como el uso abusivo del poder, condición que implica que la autoridad sea frecuentemente confundida con el despotismo, y donde a pesar de que el poder político no cuente con una ideología “dura” y bien elaborada que cumpla el rol de direccionamiento ideológico al conjunto de la sociedad, mantienen una mentalidad peculiar -justificación ideológica del régimen-, en los que su líder ejerce el poder dentro de un límite formalmente mal definido.

El caso ecuatoriano

El neopopulismo ecuatoriano tiene como objetivo obtener legitimación social mientras se mantiene en el poder una élite específica que controla la hegemonía política a costa de la popularidad de su líder. En este sentido, la distancia entre el discurso y la praxis se acrecientan, desarrollándose medidas populistas que bajo discursos rupturistas posicionan beneficios limitados para la población (mayor cobertura social e incremento de la capacidad adquisitiva de la población), pero que lejos están de significar transformaciones profundas en los pilares del Estado ni en las relaciones sociales, económicas y políticas que se desarrollan en el país; mientras los sectores más poderosos de la sociedad se ven notablemente beneficiados (el incremento en concepto de pago de Impuesto de la Renta de los grandes grupos económicos contemplando entre los ejercicios del 2010 y 2011 –USD 650 millones y USD 798 millones respectivamente- fue del 23,61% mientras en ese período el salario mínimo se incrementó solo el 10%, la economía nacional continúa hiperconcentrada y el gran beneficiario de la dinamización económica es el sector importador por encima de los pequeños y medianos productores).

El discurso del “socialismo del siglo XXI” en el Ecuador apareció como una “tercera vía” superadora del tradicional conflicto existente entre el neoliberalismo y los sectores populares en resistencia. En contradicción con su discurso de confrontación con los “pelucones”, el Presidente de la República ha manifestado en reiteradas ocasiones tras los comicios presidenciales de febrero del 2013, su satisfacción por la conformación de una “derecha ideológica” encabezada por el propietario de la segunda más grande institución financiera del país, reafirmando que los principales enemigos del “proceso revolucionario” son: el ecologismo, el izquierdismo “infantil” y las organizaciones indígenas más referenciales de su tejido social nacional.

El fracaso del neoconstitucionalismo ecuatoriano

Todo proyecto político, jurídico o social está integrado bajo un contexto que depende de la ideología dominante, lo que impregna todas sus prácticas y ejercicios de poder.

El poder articula diversas formas diferentes para emerger y legitimarse, utilizando fórmulas más o menos explícitas, lo que abre un abanico que va desde la manipulación psicológica hasta la violencia física. En ese contexto, el Derecho es quien instrumentaliza el poder, encubriéndolo y difuminándolo; justificándolo y convirtiéndolo en orden social y político. Las verdades se transforman en función del régimen, en los discursos en el que están sumergidas, reconfigurándose las Leyes y el Derecho según el sistema político del que forman parte, generando mecanismos de poder adaptados a la ideología dominante, en función del momento histórico histórico y sus circunstancias.

Mediante la aplicación del Derecho, las respuestas a los conflictos de poder adquieren una supuesta legitimidad, generando respuestas normativas que pretenden garantizar la solución no arbitraria de conflictos sociales. Este sería el caso de sentencias tan discutibles en esencia y forma como las protagonizadas en los últimos años por la justicia ecuatoriana: 10 de Luluncoto, líderes sociales de Quimsacocha, los periodistas Calderón y Zurita, el proceso contra el periódico El Universo, la sentencia sobre Cléver Jiménez y los otros dos firmantes de su demanda, la líder sindical Mery Zamora o los jóvenes del Central Técnico entre otras donde quedan claramente cuestionados conceptos normativos de carácter constitucional. Queda claro entonces, que el efecto de universalización es uno de los mecanismos aplicados por los más poderosos, a través del cual se ejerce la dominación simbólica y la imposición legitimada de un nuevo orden social.

En la actualidad, la masiva presencia de principios existentes en el neoconstitucionalismo ecuatoriano (sus primeros 86 artículos están dedicados a señalar los derechos de los que gozarán individuos y grupos sociales), exigen lógicas argumentativas, ya no solo basadas en la subsunción, sino también en la ponderación y en el juicio de proporcionalidad anteriormente referenciadas. En este contexto, el Estado incluso debería perder su rol histórico, pasando a ostentar como papel principal estar al servicio de la satisfacción de los derechos fundamentales, dejando de justificarse a si mismo, para pasar a ejercer una mera función instrumental.

Sin embargo, desde los sucesos de Dayuma (diciembre de 2007) hasta hoy, la práctica demuestra que cualquier activista social que se movilice contra las políticas del Estado, especialmente la extractivista, está amenazando con la aplicación de todo el “peso” de la ley. Salve decir, que dicha ley es la legislación antiterrorista proveniente de la época de la dictadura militar, y que si bien la figura del terrorismo ha existido desde hace muchos años en la normativa penal del país, otros gobiernos anteriores al actual nunca la aplicaron. Para que no quede duda sobre la situación actual, un informe presentado el diciembre del 2011 por la Defensoría del Pueblo del Ecuador señala textualmente: "En nuestro país se evidencian procesos de criminalización de las actividades realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, principalmente, cuando estas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado ecuatoriano".

Ecuador: ¿Estado autoritario?

Max Horkheimer -referente de la Primera Teoría Crítica de la Escuela de Francfurt-, definía al Estado autoritario como un fenómeno sociológico que se origina tras circunstancias históricas donde surge la anarquía, el desorden y la crisis; presentándose como la vía para la superación de los problemas existentes.

En el caso del Ecuador, desde la reinstauración de la democracia liberal y el “Estado de derecho burgués”, el sistema político ha estado en crisis permanente, proceso agudizado con el paso del tiempo. Desde la forzada sucesión de Jaime Roldós hasta la toma de posesión de Rafael Correa, el sillón presidencial no ha sido ocupado más que mediocres gobiernos, situación que determinó que ninguno de ellos  terminase desde 1996 su legislatura. La legitimación del actual gobierno de perfil autoritario pero estable políticamente deviene fruto de ese consenso social.

El gobierno unificó al conjunto de la sociedad (véanse los resultados electorales), bajo el criterio de lograr un concreto objetivo: la construcción de un futuro en donde se logre superar las causas que generaron la crisis. A partir de esa premisa, se justifica el recorte de libertades y derechos con la finalidad de combatir el “libertinaje”, enarbolando principios convertidos en valores supremos, como la autoridad, disciplina, Patria y orden.

En el desarrollo de esta lógica, el Estado determinó su voluntad por dirigir una forma de construcción del individuo –reeducación y disciplina- para su “correcto” desarrollo político, justificándose a si mismo como guía debido a la “supuesta” inmadurez ciudadana. El tratamiento desde el poder hacia la disidencia, definió el desarrollo de un germen interior que tiene todo Estado autoritario en su fase inicial: el monopolio de la violencia y el desarrollo de la autocensura de la oposición en todas facetas (social, periodística, cultural y política).

Como consecuencia, mientras las lógicas de control social y criminalización de las disidencias se acentúan, las mayorías lo aceptan, en su priorización por una mejor situación económica (la evolución de ingresos familiares en 2006 conllevaba una cobertura de la canasta básica familiar de tan solo un 66,7%, mientras se estima que en el presente año llegue al 103%). Bajo las condiciones de un creciente nivel de vida (desde la perspectiva consumista), la disconformidad con el sistema aparece como socialmente inútil, y más aún si aparece con tangibles desventajas económicas y políticas (comodidad y riesgo respectivamente) y pone en peligro el buen funcionamiento del conjunto. En la fase actual de modernización del capitalismo ecuatoriano, la “sociedad libre” ya no puede ser definida en términos clásicos, requiere nuevos modos de realización, y corresponde al aparato de propaganda del gobierno definirlos al conjunto de la población.

La libertad política no puede conceptualizarse como antes porque implicaría la liberación de las personas de una política sobre la que no ejercen ningún control efectivo. Lo mismo sucede con la libertad intelectual, dado que de lo contrario podría restaurarse el pensamiento individual cada vez más absorbido por la comunicación y el adoctrinamiento de masas.

Como fenómeno reeducacional, se refleja un proceso de conservadurismo en la sociedad ecuatoriana, donde se establece entre otros valores que todo lo que haga el líder es adecuado per se, dado que es él quien sabe lo que se debe hacer (“confíen en mí”). Esto en la práctica, supone el debilitamiento del tejido social autónomo existente y el control social sobre una sociedad, que en general empieza a aceptar prescindir de los escasos canales existentes para su real expresión y el potencial de reivindicación que esto conlleva.

La ilusión de que el Estado puede impulsar por si mismo un cambio radical en la sociedad conlleva el olvido respecto a que el Estado no es más es una forma de relación social enraizada en las relaciones sociales capitalistas separando a las personas del control de sus propias condiciones de producción y, por ultimo, de sus propias vidas.